Sin garantías: el proceso de Consulta Previa
para la explotación de hidrocarburos en la Amazonía peruana

Por Kathia Carrillo

7 de febrero de 2020 - Podcast disponible en Radio Encuentros

Los territorios indígenas amazónicos en Perú a los que se superpone el lote petrolero 192 han sufrido los impactos de la industria de hidrocarburos por casi 50 años. Los reclamos de las poblaciones indígenas forman parte de la deuda histórica que tiene el Estado peruano con ellos. Frente a una nueva concesión por 30 años, el Gobierno debe encarar un proceso de Consulta Previa tal como estipula la normativa internacional.

Un camino de dos horas por trocha separa a las comunidades Nuevo Andoas y José Olaya, ubicadas en la Amazonía nororiental de Perú, cerca de la frontera con Ecuador. El verdor del bosque hace contraste con el intenso color ocre de la tierra que compone la trocha. El chofer de la camioneta sortea con agilidad los baches y huecos del camino ocasionados por las lluvias y el paso constante de maquinaria pesada al servicio de la industria petrolera. A pesar de eso, de vez en cuando, serpientes y tigrillos cruzan el camino. La vida silvestre en ese lugar aún persiste.

El lote petrolero 192 en Perú, anteriormente llamado lote 1AB, se superpone a los territorios de tres pueblos indígenas amazónicos, el quechua de la cuenca del Pastaza, el achuar de la cuenca del Corrientes y el kichwa del río Tigre, quienes desde hace 49 años sufren las consecuencias de la actividad petrolera. Casi medio siglo después de que las primeras exploraciones de la Occidental Petroleum Company (OXY) descubrieran el que sería por varias décadas el yacimiento petrolero de mayor producción del país, el Estado Peruano ha proyectado 30 años más de extracción, por lo que dará el lote en concesión a la empresa estatal de derecho privado Petroperú.

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Reunión para la reanudación de la consulta previa en José Olaya el 23/01/20. Foto: PUINAMUDT

Tres empresas petroleras han estado presentes desde entonces, y ninguna ha tenido licencia social. En 1971, cuando la OXY ingresó al territorio, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales aún no se había concebido y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas estaba lejos de ser aprobada y adoptada por los gobiernos. Para cuando la empresa Pluspetrol obtuvo el permiso para operar el lote en el año 2000, el Convenio 169 tenía siete años de haber sido ratificado por el Perú, pero no fue sino hasta 2011 que la ley 29785 de Consulta Previa fue promulgada, por lo que una vez más, los pueblos indígenas afectados no fueron consultados sobre las operaciones petroleras en sus territorios. Es recién en 2015, luego de la exigencia de los pueblos indígenas de la zona, que el Estado realiza el primer proceso de Consulta Previa para Hidrocarburos en territorio amazónico. Dicho proceso fue accidentado y terminó abruptamente sin que el Estado y las comunidades llegaran a acuerdos, por lo que fue catalogado como fraudulento. A pesar de ello, el lote fue dado en concesión a la empresa canadiense Pacific Stratus, que en 2017 cambió su nombre a Frontera Energy, y que continúa operando hasta hoy bajo un contrato temporal.

Al llegar a la comunidad de José Olaya, perteneciente al pueblo achuar del Corrientes, una delegación de mujeres espera a los y las visitantes en las graderías del campo deportivo, donde han colocado baldes llenos de masato (una bebida tradicional hecha a base de yuca) que van sirviendo y repartiendo en “pining” (potes hechos con cerámica). Dirigentes comunales de las tres cuencas se han dado cita el 22 de enero para acordar con el Estado los términos bajo los que se reanudará el proceso de Consulta Previa del lote, suspendido desde julio de 2019. La expectativa es alta puesto que Perupetro, la entidad estatal a cargo de otorgar en concesiones los lotes petroleros y a quien se le ha encargado gestionar la reunión, ha comprometido la presencia del Viceministro de Hidrocarburos, Víctor Murillo, a pedido de las federaciones indígenas.

Finalmente, los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Cultura y hasta del Fondo Nacional del Ambiente (FONAM) llegan y caminan casi en línea hacia el espacio tradicional de recibimiento con masato. Son presididos por el Gerente General de Perupetro, pero no hay señal del Viceministro de Hidrocarburos. Todos saludan cortésmente a los y las dirigentes comunales, pero solo tres, un funcionario de cultura y las dos personas del FONAM, aceptan la invitación a tomar masato. Los demás se dirigen rápidamente al salón comunal donde se realizará la reunión.

"El trabajo da cuenta de que, en efecto, hay población, sobre todo niños, expuesta a sustancias tóxicas y con niveles altos de metales pesados como mercurio, cadmio, bario, plomo, en sangre y orina."

Las tres federaciones indígenas de las comunidades afectadas por el lote 192, junto con otra federación más de los pueblos kukama y urarina del río Marañón, formaron en 2011 la plataforma de Pueblos Indígenas Amazónicos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT), a través de la cual lograron iniciar una mesa de trabajo multisectorial con entidades del Estado para la atención a sus demandas fundamentales. En 2015, luego de fuertes movilizaciones contra la consulta fraudulenta que paralizaron el lote petrolero recién concesionado a Frontera Energy, PUINAMUDT logró importantes compromisos con el Estado.

Las federaciones accedieron a la continuación de la explotación petrolera en sus territorios gracias a la firma de tres actas de acuerdos (Acta de Lima, Acta de Teniente López y Acta de José Olaya), donde el Estado asumió compromisos en materia de salud, territorio, remediación ambiental, agua y otras garantías básicas para la supervivencia de la población en el marco de la explotación de hidrocarburos.

“Hay una desconfianza histórica en el Estado”, afirma el líder achuar Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca Corrientes (FECONACOR). “Hemos pedido que el diálogo sea de alto nivel, porque si no están presentes personas con capacidad de decisión, nada nos garantiza que se va a cumplir”, expresa.

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Trabajos de limpieza del derrame del 1/12/19 en Nuevo Andoas. Foto: Elmer Hualinga, monitor indígena de FEDIQUEP

La desconfianza histórica a la que hace referencia el “apu” (jefe) de la federación tiene sus fundamentos en los pocos avances que, a regañadientes, se logran sobre los compromisos asumidos por el Estado. El que la población mira con mayor preocupación es el que tiene que ver con la atención especial en salud a personas expuestas a metales pesados. Durante 49 años, las petroleras han operado el lote incumpliendo estándares ambientales mínimos, lo que ha generado diversos daños al ambiente y a la salud.

En julio de 2019, el Ministerio de Salud publicó, en cumplimiento de un compromiso asumido en el Acta de Lima de 2015 y luego de meses de insistencia por parte de las federaciones, el informe final del Estudio Toxicológico y Epidemiológico sobre niveles de metales pesados en la población de las cuencas amazónicas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón. El trabajo da cuenta de que, en efecto, hay población, sobre todo niños, expuesta a sustancias tóxicas y con niveles altos de metales pesados como mercurio, cadmio, bario, plomo, en sangre y orina. El informe también indica que las personas con mayores niveles de afectación son aquellas que viven más cerca de sitios impactados o contaminados. Por si fuera poco, otros Estudios de Riesgo a la Salud1, hechos por el Fondo Nacional del Ambiente, indican que existe riesgo de desarrollo de cáncer para las poblaciones expuestas a contaminación.

Ante tales diagnósticos, las federaciones han exigido que se diseñe e implemente, con la participación de ellas, un plan especial de atención que aborde de manera multisectorial los mecanismos para frenar la exposición a sustancias tóxicas. En agosto de 2019, la entonces Ministra de Salud, Zulema Tomás, se comprometió a impulsar y firmar una resolución para conformar una comisión y dar inicio al desarrollo del plan. Sin embargo, hubo cambios en la cartera ministerial del actual presidente del Perú, Martín Vizcarra, y la nueva encargada de la institución, la Doctora Elizabeth Hinostroza, no ha si quiera accedido a reunirse con los dirigentes indígenas ni respondido a sus comunicaciones.

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Ductos corroídos y descuidados en el lote 192. Foto: PUINAMUDT

El cuarto intermedio termina y los funcionarios y funcionarias del gobierno vuelven a ingresar al salón comunal, dispuestos a continuar y lograr su objetivo: firmar una adenda al Plan de Consulta donde se modifique el cronograma del proceso que se detuvo en julio en medio de la etapa informativa. Según la ley, durante dicha etapa la entidad promotora, que es el Ministerio de Energía y Minas, debe brindar información a las comunidades sobre las “posibles” afectaciones y “beneficios” de la actividad petrolera a futuro. Esto es posiblemente uno de los puntos más difíciles de la consulta previa de este lote petrolero puesto que la población ha experimentado en carne y hueso, por 49 años, las consecuencias, afectaciones y “beneficios” de la explotación de hidrocarburos. Los funcionarios y funcionarias saben que a este lugar no se puede venir con falsas promesas de desarrollo y que deben estar preparados para recibir las exigencias sobre la deuda histórica que el Estado tiene con los pueblos.

“Ustedes pueden firmar un compromiso para firmar esta consulta, pero al final pasan dos meses, los cambian y sus compromisos no los cumplen”, dice el líder quechua Aurelio Chino, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), dirigiéndose a los funcionarios y funcionarias. “No sé si [la ausencia de una autoridad de alto nivel] es una forma de estrategia del estado para ganar tiempo, para luego decir que por los indios no se ha terminado la consulta. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de nuestra vida para la generación que viene. Estamos pidiendo que venga el ministro o viceministro para poder retomar la confianza”.

Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), complementa el reclamo del representante quechua y señala: “No creo que es prioridad el contrato y la concesión antes de la salud y vida de nuestros hijos. Estamos aquí para que logremos mirar desde un modo integral los problemas que afectan a los pueblos indígenas. Hemos llegado aquí a raíz de muchas ‘mingas2’ donde se comenzó a plantear la necesidad de trabajar un contrato diferente. Tengamos también una mirada política más allá del mercantilismo de la vida”.

"En los menos de cinco años de operaciones que tiene la empresa Frontera Energy, se han registrado más de 70 derrames de petróleo debido a la corrosión de los ductos y a fallas operativas de la empresa."

En efecto, en 2017, las federaciones y sus comunidades realizaron un “minga por los derechos” ya que el Estado pretendía dar en concesión el lote 192 nuevamente sin llevar a cabo un proceso de Consulta Previa. Luego de la movilización, que duró cerca de tres meses, se firmó un acta en la comunidad de Nuevo Andoas donde se acordó la realización de una nueva consulta y algunas condiciones mínimas para su buen desenlace. Una de ellas fue la implementación de una mesa de trabajo entre las federaciones, Perupetro y el Ministerio de Energía y Minas para elaborar cláusulas sociales y ambientales del nuevo contrato de concesión para llegar con un diálogo avanzado al proceso de consulta; ya que la ley de Consulta en Perú obliga a los actores a dialogar en temporalidades demasiado cortas.

En el marco de dichos acuerdos, las federaciones y su equipo técnico elaboraron cuatro propuestas de cláusulas importantes para el problema ambiental del lote, dos de las cuales están relacionadas con las exigencias de que la nueva empresa opere bajo un solo instrumento de gestión ambiental integral, y que los pozos y los ductos internos de transporte de crudo reciban mantenimiento y sean readecuados. Estas dos exigencias surgen a raíz de los múltiples daños ambientales ocasionados por las empresas y la falta de atención a los mismos. De hecho, en los menos de cinco años de operaciones que tiene la empresa Frontera Energy, se han registrado más de 70 derrames de petróleo debido a la corrosión de los ductos y a fallas operativas de la empresa. Varios de los ductos y válvulas dentro del lote datan de los años 70 y hasta ahora no han sido readecuados. Que el Estado peruano pretenda concesionar un lote con estas condiciones de infraestructura obsoleta por 30 años más, significa condenar a los pueblos indígenas afectados y al territorio amazónico a una muerte segura.

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Representantes indígenas kichwa de OPIKAFPE. Foto: PUINAMUDT

Por si fuera poco, el nuevo Viceministro de Hidrocarburos, que debía estar presente en la reunión, ha permitido que la empresa Pluspetrol, que dejó de operar el lote en 2015 y que es responsable de más de 1199 sitios contaminados3, siga comprando tiempo para evadir su responsabilidad ambiental. Ello debido a que, en lugar de desaprobar el tercer Plan de Abandono presentado por la empresa e implementar medidas que por fin hagan posible la remediación de los mencionados sitios, el Viceministro decidió que dicho plan sea reevaluado desde cero, a pesar de que la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del mismo Ministerio de Energía y Minas ya había emitido una opinión desfavorable al respecto.

“Las federaciones confiaron en que el Ministerio de Energía y Minas se iba a poner firme sobre el plan de abandono de Plus, pero no lo hizo. Lo que me encomiendan que comunique es que están aquí porque están dispuestos a continuar con la consulta, teniendo en cuenta de que se les había dicho que vendría el viceministro. La confianza se ha roto debido a su inasistencia -explica Mario Zúñiga, asesor técnico de las federaciones-. El Estado debe entender que los pueblos indígenas tienen formas de respeto, y esta acción de que alguien dé su palabra y no cumpla es una acción de irrespeto, es una acción intercultural negativa”.

Al final de la reunión, las federaciones hacen entrega a los funcionarios de sus propuestas que aseguran que la Consulta Previa respetará sus derechos y de las garantías que los pueblos necesitan antes de que un nuevo operador ingrese al lote. Luego de firmada el acta, parte de la delegación gubernamental se retira de la comunidad sin compartir un último trago de masato y es llevada en camionetas a Nuevo Andoas, donde un vuelo privado la espera para llevarla rápidamente a la ciudad de Lima.

Soledad Cuje Pizango, Madre Indígena kichwa (cargo de vocería dado a una mujer de cada comunidad) de la comunidad San Juan de Bartra señala: “Cuando trabaje la empresa, más va a contaminar el agua. ¿No ves cómo está el derrame en los pozos? Lo que han dejado, el petrólero que han derramado en la quebrada de este tamaño está. Si limpian, pueden trabajar, pero lo que queremos es que ya no derramen”.

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1. ECODES-VARICHEM, FONAM (2019). Planes de Rehabilitación de 32 Sitios Impactados por las Actividades de Hidrocarburos. Volver

2. Jornadas de trabajo colectivo. Volver

3. Resolución Directoral 1551-2016-OEFA/DFSAI. Volver

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Kathia Carrillo es comunicadora ecofeminista y ha acompañado los procesos de organizaciones indígenas amazónicas en Perú vinculados a territorialidad, autodeterminación y defensa de derechos frente a los impactos de la industria de hidrocarburos.