El jaguar en la habitación: ¿cómo vivir la autonomía territorial en América Latina?

Por Rajiv Maher

29 de febrero de 2020

En 2017, conviví con el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW) en la Amazonía peruana donde aprendí la importancia de seguir su cosmovisión llamada Tarimat Pujut, la cual no sería compatible con actividades extractivas. A mi regreso al territorio, me encontré con otros señores wampis y con un dirigente awajún, quienes afirmaron que la mejor manera de vivir la autonomía indígena en la Amazonia sería a través de la extracción de petróleo por parte de los indígenas y así financiar a la creación de su nación. Es necesario reflexionar sobre la paradoja o dilema que llamo “el jaguar en la habitación”1, es decir, un problema que nadie quiere reconocer y que trata sobre qué camino de desarrollo tomar para sostener las autonomías territoriales conquistadas por los pueblos indígenas en América Latina.

Los actores estatales, privados, internacionales e incluso algunos indígenas están tratando de influir o hasta cooptar a pueblos indígenas para que se suban al tren del desarrollo extractivista a través de megaproyectos, argumentando que esto les permitiría disfrutar la autonomía que tanto anhelan. Cabe recordar que en enero de 2019 para promover la minería en los territorios de pueblos indígenas, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró: “El indio es cada vez más un ser humano como nosotros. Entonces, vamos a hacer que el indio se integre en la sociedad y sea realmente dueño de su tierra indígena”.

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El jaguar

Para otros presidentes neoliberales de América Latina, los pueblos indígenas que se oponen a los proyectos extractivistas en sus territorios son un ejemplo de resentimiento. El ex Presidente de Perú Alan García afirmó en su ensayo de 2007 titulado “El síndrome del perro del hortelano” que los indígenas de la Amazonía peruana vivían de acuerdo a la ley que reza: “Si no lo hago yo que no lo haga nadie”. El entonces Presidente nos invitó a que reflexionemos sobre qué legitimidad tienen los actores externos no-indígenas para influir en la elección de un tipo de desarrollo de una comunidad que lucha por su autonomía: ¿qué legitimidad tienen otros actores indígenas que no son del territorio autónomo para intervenir en el plan de vida local? Son preguntas sobre la ética y la moralidad sin respuestas claras. No obstante, lo que se observa es que por no abordar estos dilemas, se está fragmentando el tejido social de las comunidades indígenas del continente.

La mayoría de los casos conocidos de comunidades indígenas en América Latina que luchan por su autonomía o autogobierno lo hacen en pro de poder llevar a cabo el “buen vivir”. La cosmovisión de la Nación Wampis tiene como horizonte que el territorio conviva en armonía con la naturaleza, tanto con los seres vivos como con los seres no vivos que transitan por el territorio. Una visión así no permite la existencia de proyectos de gran envergadura que intervienen el territorio ya que perturban el equilibrio espiritual y elementos sagrados como el agua, las montañas o las plantas nativas.

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Créditos: Pablo Lasansky - IWGIA

De modo diferente, desde las comunidades con grandes proyectos extractivistas o hidroeléctricas se ha instalado también el discurso de la “asociatividad” o “modelo preferido”. El argumento afirma que, para poder prosperar como comunidad autónoma, necesitan generar recursos económicos. Bajo esta premisa, al ser socios de empresas privadas que instalan sus proyectos en sus territorios, los pueblos indígenas ven más fácil ejercer su autonomía por dos vías: recaudando recursos económicos que posteriormente pueden ser reinvertidos en la comunidad y teniendo acceso a servicios básicos como la electricidad o agua potable que puede proveer la empresa socia.

En resumen, el “jaguar en la habitación” se refiere a cómo las comunidades indígenas quieren ejercer sus soberanías: ¿junto al extractivismo y la intervención “responsable” de sus territorios o a través de un buen vivir donde se prioriza la protección de la naturaleza, la espiritualidad, la cultura y la medicina ancestral?

Lamentablemente estos conflictos generados por el dilema sobre los grandes proyectos es algo que ya vemos en varias comunidades del continente. En el sur de Chile, algunas comunidades mapuches están divididas entre aceptar o no los proyectos hidroeléctricos en sus territorios que les ofrecen compartir las utilidades (generalmente en torno al 1 por ciento de las ganancias). Según varios activistas indígenas, esto es nada más que una estrategia para aprovecharse de la miseria y las necesidades. Sin embargo, la consecuencia más grave es la fractura de la cohesión social de la comunidad. La pregunta que emerge es clara: ¿de dónde viene esta nueva aproximación de convertir a los indígenas en socios de los grandes proyectos extractivistas en pos de su autonomía?

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Foto Télam

Antecedentes de la asociatividad entre comunidades indígenas y empresas

La idea de las alianzas entre los pueblos indígenas y empresas en torno a los grandes proyectos en territorios indígenas nace con los Acuerdos de Desarrollo Comunitarios (ADC), también llamados Acuerdos de Beneficios Comunitarios. Los ADC se originaron desde el sector minero en países desarrollados como Australia y Canadá durante los años 90 y posteriormente proliferaron. El profesor Ciaran O’Faircheallaigh señala: “Los ADC están diseñados para minimizar los impactos negativos del proyecto y garantizar que las comunidades locales obtengan beneficios del desarrollo que no disfrutarían en ausencia de acuerdos, lo que ayuda a reducir o eliminar los conflictos que rodean el desarrollo”.

En esta línea, en su último informe de 2013 el entonces Relator Especial James Anaya recomendó que los pueblos indígenas sean dueños y controlen como socios el proyecto extractivo en su territorio, lo cual él entiende es la mejor forma para que ejerzan su autodeterminación. Anaya habla sobre el “modelo preferido” de extractivismo elegido por los pueblos indígenas que implica “el derecho de los pueblos indígenas a emprender sus propias iniciativas para extraer los recursos de sus territorios si así lo desean”. Inspirándose en ejemplos alrededor del mundo, el Relator Especial afirma: “Se conocen varios casos notables en América del Norte, por ejemplo, de naciones o tribus indígenas que poseen y administran empresas que se dedican a la producción de gas y petróleo, gestionan redes de energía eléctrica o invierten en las energías alternativas. En muchos de esos casos, los pueblos indígenas se han asociado con compañías no indígenas para crear empresas extractivas en las que obtienen, con el tiempo, una participación mayoritaria”. La gran diferencia entre lo que propone Anaya y los ADC, respecto a lo que pide el Presidente Bolsonaro de Brasil es que los anteriores también exigen que los proyectos extractivistas en los territorios indígenas sean responsables y mitiguen sus impactos nocivos. Para muchos indígenas y ecologistas, esta mirada peca de mucha ingenuidad.

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Créditos: Pablo Lasansky - IWGIA

Pese a sus palabras a favor de un “modelo preferido”, el ex Relator Especial también recuerda que los pueblos indígenas tienen el derecho a vetar proyectos en sus territorios: “Los Estados no deben insistir, o permitir que las empresas insistan, en que los pueblos indígenas participen en consultas sobre los proyectos de extracción a los que hayan expresado claramente su oposición. Cuando los pueblos indígenas interesados se oponen inequívocamente a los proyectos propuestos y declinan participar en las consultas, como ha ocurrido en varios países, la obligación de consulta de los Estados deja de existir. En esos casos, ni los Estados ni las empresas necesitan ni deberían insistir en las consultas”. Probablemente, en esta aclaración haya influido la realidad de América Latina.

Anaya le da la razón a ambas corrientes de pensamiento sobre cómo ejercer la autonomía territorial indígena. No es sorprendente que el Estado, las empresas privadas, las organizaciones internacionales y algunas ONGs colaborativas con empresas extractivas hayan abrazado la idea del modelo preferido para llevarles el “desarrollo” a los pueblos indígenas.

Estas dos posiciones han llevado a los activistas a denunciar formalmente en 2016 a organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por promover la asociatividad entre empresas y comunidades indígenas, lo cual está causando conflictos internos entre los comunarios que viven en los territorios indígenas.

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Foto: Diario Futrono

El caso de Maihue sirve como un buen ejemplo para entender la disputa entre las dos perspectivas de “el jaguar en la habitación”. Después de años de lucha colectiva, la comunidad mapuche logró derrotar, en 2011, un proyecto de hidroeléctrica de la empresa noruega SN Power. Sin embargo, años después, con la intervención de privados y el Estado, parte de la comunidad manifestó su interés en formar parte de un proyecto con varias hidroeléctricas a menor escala que sigue el “modelo preferido” de Anaya. Esto ha causado mucha decepción en los comunarios que tienen una mirada anti-extractivista, dirigentes ancestrales (los lonkos), mapuches de otros territorios y activistas no-mapuches. Sin embargo, este caso nos sirve como un buen ejemplo de cómo estas dos visiones chocan sobre el desarrollo de su autonomía territorial.

Ahora que identificamos al jaguar en la habitación, la siguiente pregunta es sobre quiénes tienen la legitimidad para abordar el debate sobre la libre determinación de los pueblos. Si bien las declaraciones de presidentes racistas no tienen fundamento, ¿qué legitimidad podrían tener las intervenciones de otros indígenas que no vivan en el territorio en cuestión? Una lección aprendida es que las comunidades indígenas que luchan por su autonomía o autodeterminación deben decidir sobre su propio camino y destino solos, sin la intervención de agentes ajenos, con la excepción de aquellos que sean invitados por parte de la misma comunidad para ayudar en este ejercicio complejo de realizar su autonomía.

Referencias

  • Anaya, J. (2013). Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples. Extractive Industries and Indigenous Peoples. UN General Assembly Report No. A/HRC/24/41; United Nations: Geneva, Switzerland.
  • O'Faircheallaigh, C (2013). Community development agreements in the mining industry: an emerging global phenomenon, Community Development, 44:2, 222-238, DOI: 10.1080/15575330.2012.705872

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1. Prefiero hablar del “jaguar” en lugar de “elefante en la habitación” para ser más fiel al contexto de Latinoamérica. Volver

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Rajiv es investigador posdoctoral (Marie Curie Fellow) en Trinity College Dublín. Lleva 12 años aprendiendo e investigando sobre los conflictos socio-ambientales en América Latina, las resistencias indígenas contra los megaproyectos, estrategias de responsabilidad social y autonomías indígenas.