Aferrarse al colonialismo: el Estado de Guatemala y el despojo de los pueblos indígenas

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Los discursos y acciones contra los indígenas siguen presentes en el país centroamericano. El gobierno guatemalteco implementa políticas de asimilación, disminuye el presupuesto de los organismos vinculados a derechos humanos, no realiza la consulta previa y no respeta los derechos territoriales. Al mismo tiempo, el estado de sitio es un método recurrente para reprimir la protesta social, el denominado “pacto de corruptos” avanza en la impunidad y el racismo se consolida en forma de desigualdad económica y marginación política.

“Nada que celebrar”. Con esta consigna, los pueblos indígenas de Guatemala manifestaron su rechazo a la conmemoración oficial de los 200 años de la independencia centroamericana. Para las comunidades, los discursos y prácticas colonialistas, como el despojo, el racismo, el negacionismo y la violencia, continúan prevaleciendo en la sociedad. Al aferrarse al colonialismo, el Estado sigue viendo a los indígenas como una amenaza para la estabilidad y el avance hacia la modernidad y, por ello, les niega sus derechos fundamentales.

La obsesión colonialista del Estado guatemalteco se evidencia en varias dimensiones: el retroceso en derechos humanos y derechos indígenas; la recurrente negativa a las demandas y propuestas indígenas; la represión violenta contras sus manifestaciones, incluyendo la imposición de estados de sitio; el otorgamiento de licencias extractivas sobre territorios ancestrales; y las prácticas recurrentes de racismo estructural y exclusión social y política.

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Indígenas de Nahualá a fines del siglo XIX. Foto: A. G. Valdeavellano

El retroceso de los derechos indígenas en Guatemala

En la narrativa hegemónica, los derechos humanos son un obstáculo para el ejercicio del poder bajo el argumento de que restringe la capacidad de las fuerzas de seguridad en imponer el orden público y combatir la delincuencia. Este discurso ha sido asimilado por buena parte de la población que exige acciones más contundentes, incluyendo la justicia por propia mano y la aplicación de la pena de muerte. La propuesta para que se reconozca la jurisdicción indígena, es decir, la aplicación de justicia en función de su cultura y valores propios, no ha logrado ser aprobada bajo el argumento de que debe prevalecer el estado de derecho y la institucionalidad jurídica oficial.

La supresión de parte de la institucionalidad en materia de derechos humanos está a la vista. La Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) ha reducido el presupuesto de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) cuando el procurador de turno no ha sido afín a los intereses del oficialismo. En efecto, cooptada por el oficialismo, la PDH actual no ha alzado su voz para proteger los derechos de las comunidades indígenas víctimas de desalojo violento de sus tierras ancestrales. Tampoco se ha pronunciado por la criminalización y represión que sufren cientos de líderes y lideresas por defender sus tierras y bienes naturales.

A pesar de que el país ratificó y elevó a rango constitucional el Convenio 169 de la OIT y adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la práctica no se han desarrollado los instrumentos que permitan su operativización. La demanda de los pueblos indígenas para que el Estado reconozca sus derechos a las tierras ancestrales ha sido ignorada de forma recurrente.

Las consultas ni son previas a la aprobación de los proyectos ni son vinculantes: en los hechos son un simple procedimiento para justificar que se cumplió con el requisito y nunca determinan la cancelación de un proyecto.

La Corte de Constitucionalidad ha decidido suspender temporalmente los proyectos extractivos de la Mina San Rafael (de capital canadiense) y la Mina Fénix (de capital ruso) hasta que no se cumpla con los procesos de consulta y se apruebe un instrumento para llevarlas a cabo. Sin embargo, las consultas ni son previas a la aprobación de los proyectos ni son vinculantes: son un simple procedimiento para justificar que se cumplió con el requisito y nunca determinan la cancelación de un proyecto en caso de que la consulta sea rechazada. De este modo, las empresas siguen operando independientemente de que la población consultada brinde su aprobación o rechazo al proyecto.

Finalmente, la negación sobre los derechos de tenencia ancestral de la tierra y la atención a los conflictos territoriales es aún más enérgica. En 2020, el gobierno suprimió la Secretaría de Asuntos Agrarios y el Mecanismo de Diálogo Permanente, entidades públicas que hasta entonces contribuían a la solución de los conflictos por derechos de tenencia. Además, se desmanteló por completo la institucionalidad creada para cumplir con los Acuerdos de Paz firmados en 1996, tal como la Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República (SEPAZ) y el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR). En consecuencia, el gobierno abandonó por completo los compromisos adquiridos por el Estado para la construcción de una paz firme y duradera.

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Presentación de amparos ante el Poder Judicial. Foto: Silvel Elías

Estados de sitio y criminalización

En Guatemala, el estado de sitio recuerda los excesos cometidos por la policía y las Fuerzas Armadas durante el largo conflicto armado interno (1960-1996). Si bien las cicatrices perduran en la memoria colectiva, el estado de sitio ha sido un método recurrente para mantener el orden en lugares conflictivos, ya sea por disputa de derechos territoriales o por movilizaciones ciudadanas contra la imposición de proyectos extractivos. De más está decir que esta disposición restringe las garantías ciudadanas a la libertad de movilización, de reunión y de organización contenidas en la Constitución Política de la República.

A pesar de esta terrible demostración de fuerza, los conflictos territoriales no han sido resueltos debido a que no se analizan sus causas subyacentes, situación que hace que los mismos vuelvan a resurgir en el corto plazo. Tampoco se han modificado los procedimientos inconsultos para otorgar licencias extractivas, especialmente de minas e hidroeléctricas, que vulneran a las comunidades y ponen en riesgo sus medios de vida. Por otra parte, se ha incrementado la represión y criminalización de defensores de derechos humanos, incluidos dirigentes indígenas y campesinos, muchos de los cuales han sido encarcelados o asesinados.

Paralelamente, la impunidad avanza. El gobierno y los grupos de poder aglutinados en el denominado “pacto de corruptos”, conformado por ex funcionarios, políticos y empresarios acusados de corrupción, lograron el cierre y la expulsión del país de la Comisión Internacional contra Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG). Al mismo tiempo, emprendieron la persecución penal contra investigadores, fiscales, abogados y periodistas que han luchado contra la corrupción y ahora enfrentan juicios provenientes de acusaciones espurias o han tenido que asilarse en el extranjero. Esto favoreció el cierre de varios casos de corrupción y fortaleció al “pacto de corruptos”.

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Marcha indígena contra la corrupción. Foto: Silver Elías

Racismo, exclusión y pobreza estructural

El discurso y las prácticas racistas y excluyentes se manifiestan en formas sutiles en la sociedad guatemalteca. Esta situación está en la base de la profunda desigualdad social que hace que los indígenas se vean más afectados por la pobreza, tal como lo muestran los indicadores en ingresos, educación, salud y nutrición. Esta desigualdad se sigue profundizando en la medida en que no existen leyes, políticas públicas ni programas diferenciados para atender a los pueblos indígenas.

La situación podría comenzar a modificarse a partir del reconocimiento de sus derechos territoriales, a la autodeterminación y a construir su propio modelo de desarrollo. Sin embargo, el Estado evita las acciones diferenciadas en educación, justicia, desarrollo y recursos naturales, bajo el argumento de la igualdad de los ciudadanos y la narrativa del nacionalismo. Según esta mirada, no debe hablarse de indígenas y ladinos, sino de guatemaltecos en igualdad de derechos y obligaciones. Esta perspectiva ignora la realidad de las desigualdades étnicas que afectan a la sociedad.

Si bien los indígenas guatemaltecos representan el 45% de la población, su representación en el Congreso de la República nunca ha sido mayor al 10%.

La exclusión es igual de evidente en cuanto a la participación política. Si bien los indígenas guatemaltecos representan el 45 por ciento de la población, su representación en el Congreso de la República nunca ha sido mayor al 10%. Más allá de no superar el 10 por ciento de los diputados, quienes han llegado ahí tampoco representan los intereses indígenas, sino de los partidos políticos tradicionales que los postulan.

Las mujeres indígenas son quienes más padecen las prácticas de racismo y exclusión debido a la cultura patriarcal dominante en el país. Sus voces y demandas son constantemente invisibilizadas y muchas de ellas siguen reclamando justicia por las violencias que padecen. Cabe resaltar que tras mucho tiempo de lucha, en los últimos tres años las mujeres indígenas de los pueblos Q’eqchi, Ixil y Achí lograron que los tribunales de justicia condenaran a militares y paramilitares que las habían agredido sexualmente durante el conflicto armado interno.

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La lideresa Thelma Cabrera en una marcha de protesta. Su candidatura a presidenta fue rechazada por el Tribunal Supremo Electoral. Foto: Mujeres Bacanas

Silenciados por las políticas coloniales

El colonialismo imperante en Guatemala también se observa en la nula participación de los pueblos indígenas en la gestión de políticas públicas. La mayoría de los instrumentos de gestión gubernamental no incorporan los avances de los convenios internacionales ratificados por el país. Las políticas sobre medio ambiente, bosques, cambio climático, biodiversidad y áreas protegidas no incluyen aspectos relacionados con los conocimientos y formas de uso propios. Tampoco se reconocen sus esfuerzos en la gobernanza, a pesar de que se ha demostrado que los indígenas son los verdaderos guardianes de la madre naturaleza.

La crisis política que vive el país desde 2015, marcada por la lucha contra la corrupción y sus detractores, ha tenido implicaciones graves sobre los pueblos indígenas. No solo han visto retroceder los pocos avances que habían logrado en el reconocimiento de sus derechos. El reacomodamiento del poder paralelo detuvo los procesos de restitución de tierras ancestrales y, aumentó la represión contra dirigentes indígenas que defienden sus tierras y territorios contra el despojo y la imposición de proyectos extractivos. La migración de indígenas hacia el exterior también aumentó considerablemente. Por si esto fuera poco, el Tribunal Supremo Electoral rechazó la inscripción, como candidata a la Presidencia de la República, de la única mujer indígena que se postuló a las elecciones de 2023.

De la mano de la crisis política, las prácticas colonialistas se volvieron más intensas para acallar las luchas indígenas. Esto evidencia que el colonialismo sigue vigente y se ha renovado como mecanismo para perpetuar el despojo y la acumulación por desposesión. Mientras el gobierno y las élites de poder han hecho gala de las conmemoraciones sobre el bicentenario de la independencia y de los procesos electorales, los pueblos indígenas siguen siendo excluidos y despojados de sus derechos. Ellos no tienen nada que celebrar.

Silvel Elías

Silvel Elías es indígena Maya K'iché, originario de Totonicapán (Guatemala). Es Profesor en la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde coordina el Programa de Estudios Rurales y Territoriales (PERT-FAUSAC).