Cincuenta años de destierro e injusticia para el pueblo Ãwa

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El hostigamiento colonial contra los sobrevivientes del pueblo Avá-Canoeiro, más conocido como Ãwa, sigue vigente. Un nuevo fallo judicial ha reducido su territorio y obligó al pueblo a vivir en áreas inundables y sin acceso al río Javaés. El conflicto se complejiza aún más dada la existencia de un asentamiento de familias campesinas creado durante la década de 1990 por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria.

Hace exactamente cincuenta años, en 1973, durante la dictadura militar, la Fundación Nacional del Indio (Funai) forzó el contacto con 11 sobrevivientes del pueblo Avá-Canoeiro del Río Araguaia, lo que llevó al desplazamiento de la comunidad y benefició a grupos económicos que se apropiaron de su territorio. Tres años después, solamente cinco estaban vivos y, en la actualidad, el grupo supera las 30 personas, como resultado de matrimonios interétnicos. Desde entonces, este pueblo de habla tupí, que se autodenomina Ãwa, ha estado esperando en tierra ajena para regresar a su propio territorio y reunirse con sus parientes. Aquel violento y atroz desalojo fue la culminación de siglos de genocidio y persecución de un pueblo que nunca se rindió al colonizador y que aún hoy sufre sus desastrosas consecuencias.

Ante la injusticia estatal, el pueblo Ãwa logró algunas victorias importantes contra el Estado brasileño que se plasmaron en medidas de reparación: el reconocimiento oficial de la Tierra Indígena Taego Ãwa en 2016, por parte del Ministerio de Justicia (aunque todavía estaba invadida); y tres acciones civiles interpuestas a su favor por el Ministerio Público de la Federación que solicitaban la reparación por daños morales y materiales, el deslinde de tierras indígenas y la protección de familiares “en aislamiento”. El marzo de este año, el Juzgado Regional Federal de la 1a Región decidió, por unanimidad, a favor de la solicitud de compensación, con reducción parcial de los valores. Sin embargo, una inquietante decisión judicial, tomada en noviembre de 2022, revivió la vieja y perenne opresión colonizadora.

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Kaukamã, la última sobreviviente de contacto en la Tierra Indígena Taego Ãwa. Foto: Patrícia de Mendonça Rodrigues

Una decisión judicial contra el pueblo Ãwa

En el proceso judicial por la demarcación de la Tierra Indígena Taego Ãwa (TITA), el Juez Federal de Gurupi decidió reducir cerca del 30 por ciento de su territorio, beneficiando a terceros con el acceso al río Javaés, el principal de la región para la pesca, el transporte y las actividades cotidianas. De este modo, el pueblo Avá-Canoeiro quedaría en una zona inundable, casi en su totalidad, cuyo único lugar seco no tiene acceso a agua potable. Si bien los avá-canoeiro se adaptaron admirablemente a este territorio inhóspito, con esta decisión judicial se los limitó a un territorio prácticamente inhabitable.

La decisión causó profunda perplejidad porque, en su larga argumentación, el juez reconoció plenamente los derechos indígenas y aceptó sin objeciones los argumentos del informe antropológico oficial de la Funai de 2012, que condujo a la declaratoria de propiedad indígena por parte del Ministerio de Justicia. La pericia judicial realizada en 2021 confirmó tanto los argumentos antropológicos como el Informe de la Comisión Nacional de la Verdad de 2014 que destaca el caso Avá-Canoeiro.

El Juez Federal de Gurupi decidió reducir cerca del 30 por ciento de su territorio, beneficiando a terceros con el acceso al río Javaés, el principal de la región para la pesca, el transporte y las actividades cotidianas.

Estos documentos oficiales relatan en detalle una secuencia de errores y actos de violencia del Estado brasileño entre 1973 y 1976. En primer lugar, el intempestivo ataque y captura de indígenas, sobrevivientes al genocidio, en la Hacienda Canuanã tras un tiroteo que mató a una niña llamada Typyire, un hecho omitido en los boletines oficiales de la Funai. Segundo, la utilización de indígenas xavantes como “cazadores de indios” (un antiguo rol colonial), con el objetivo de ubicar el refugio de los avá-canoeiro. Luego, la exposición pública (y sumamente bochornosa) de las personas capturadas en un recinto de la lujosa finca ante decenas de curiosos.

Asimismo, se constató la negligencia por la baja inmunidad de las personas recién contactadas. El virus de la neumonía provocó, por lo menos, la muerte de un hombre denominado Tutxi, cuyo cuerpo fue llevado a Goiânia y nunca devuelto a los familiares. Por otro lado, se usó la Guardia Indígena Rural de Ilha do Bananal para generar relaciones de dominación entre diferentes pueblos (llevando a los javaé a desempeñar el papel de “domadores” de los avá-canoeiro) y existieron abusos físicos y emocionales que forman parte de la memoria traumática del grupo. También se trasladó a los sobrevivientes avá-canoeiro a una aldea de los javaé, donde fueron marginados y pasaron a vivir como si estuvieran en el exilio.

El juez concluyó su razonamiento diciendo que el conflicto requiere un “esfuerzo argumentativo extra” para modificar el área con el objetivo de “dejarla por debajo de la delimitada previamente por la Funai”. La justificación de este recorte fue beneficiar a la mayoría de los lotes del Proyecto Asentamiento Caracol que deben ser excluidos de la Tierra Indígena Taego Ãwa. El magistrado argumentó que buscaba mitigar el impacto social que genera el desplazamiento de más de 100 familias de campesinos, además del impacto económico en la región de Formoso.

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Tierras Indígenas no Médio Araguaia (2013). Mapa: Patrícia de M. Rodrigues y Dan Pasca

La consecuencia de una política de tierras equivocada

Aprovechando la negligencia de la Funai, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) estableció un asentamiento de familias campesinas en la década de 1990, precisamente en la zona donde los 11 sobrevivientes habían sido atacados. Las familias provenían del Parque Indígena Araguaia (un territorio ubicado en la Isla del Bananal y lindante al área tradicional de los avá-canoeiro) y fueron trasladadas por orden judicial.

En los hechos, los campesinos habían sido trasladados desde una Tierra Indígena regularizada a otra que aún no había sido regularizada. Con recursos federales, el Incra había adquirido estas áreas apropiadas por la Hacienda Canuanã y luego revendidas al propio Estado brasileño. Este traslado irregular es la base del actual conflicto territorial entre indígenas y ocupantes, quienes también son víctimas de políticas de tierras erradas, omisiones y negligencias históricas por parte del Estado.

A pesar de toda la evidencia histórica recopilada, la ocupación indígena tradicional fue dejada de lado en favor de esta ocupación más cercana en el tiempo y errada.

En la sentencia, el juez informa que sólo 30 familias campesinas (de las 103 que actualmente viven en la Tierra Indígena Taego Ãwa) están en el territorio desde el comienzo del asentamiento. Los lotes de las otras familias son tierras del Estado federal y fueron transferidos ilegalmente a lo largo de los años. A esto se suma que las tierras están en una zona arenosa e inundable la mayor parte del año, poco aptas para el tipo de actividad agrícola que desarrollan estas familias. Además, los campesinos deben alquilar pastos fuera del asentamiento durante la temporada de inundaciones porque no hay lugares secos para el ganado.

A pesar de toda la evidencia histórica recopilada, la ocupación indígena tradicional, reconocida por el Estado brasileño, fue dejada de lado en favor de esta ocupación más cercana en el tiempo y errada. Además, según los recientes argumentos jurídicos del Ministerio Público Federal, en el recurso de apelación contra la decisión judicial no corresponde a un juez de primera instancia definir los límites de una tierra indígena (es una atribución técnica del organismo indigenista). Mucho menos en un caso que sólo pedía la continuación del proceso de demarcación al Estado brasileño.

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El líder histórico Tutawa, en la aldea Boto Velho, y el comunario Agàek en la Terra Indígena Taego Ãwa. Foto: Patrícia de Mendonça Rodrigues

La continuidad de la opresión

En marzo de 2022, aún bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, se realizó una audiencia de conciliación entre las partes interesadas. El Incra y los ocupantes particulares de dos fincas presentaron propuestas que eran lesivas de los derechos indígenas. El objetivo era negociar los límites de la Tierra Indígena Taego Ãwa, sin la oposición de la Procuraduría Federal Especializada de la Funai, que también estaba representada en la audiencia.

Por parte de los terratenientes, sólo se proponía ayuda económica para la instalación de una futura aldea en lo que quedaba de la Tierra Indígena, siempre que las fincas quedaran excluidas. Por su parte, el Incra presentó una propuesta para excluir todos los lotes del asentamiento de la Tierra Indígena, manteniendo únicamente las áreas de reserva legal, que son totalmente inundables y sin acceso al río Javaés. Ambas propuestas dejaban al pueblo Avá-Canoeiro con sólo 7.101 hectáreas del total de 29.000 declaradas por el Ministerio de Justicia. Es decir, se quedarían con solo el 25 por ciento del territorio original donde no es posible vivir ni enterrar a los muertos.

La reducción de tierras indígenas representa la continuidad de un largo proceso de opresión y exilio vivido por los avá-canoeiro desde el inicio de la colonización.

El pueblo Avá-Canoeiro no aceptó ningún tipo de negociación. La propuesta presentada era tan perjudicial y desventajosa que recordaba los tiempos en que eran conocidos como los pueblos del Centro de Brasil que más resistieron al colonizador y, por lo tanto, eran cazados como animales salvajes. La propuesta del Incra y los terratenientes trató a los ãwa como si el hostigamiento colonial y genocida aún estuviera en marcha: un espacio físico donde los humanos no pueden habitar implica otorgarles el lugar más bajo de una jerarquía simbólica perversa. Es un acto más de racismo. Los indígenas, célebres en la historia por preferir la muerte al sometimiento, fueron completamente deshumanizados.

La decisión judicial mitigó parcialmente el furor colonizador excluyendo “solamente” alrededor del 30 por ciento de la Tierra Indígena, conservando algunos lugares secos y significativos. Por otro lado, le quitó el acceso al río a un pueblo que pasó a ser conocido en la literatura como canoeiro por desplazarse en canoas. En las condiciones propuestas, la reducción de tierras indígenas representa la continuidad de un largo proceso de opresión y exilio vivido por los avá-canoeiro desde el inicio de la colonización.

Este artículo resume la nota técnica incluida en el reportaje “Por decisão de juiz, povo Avá-Canoeiro perde 30 % do território tradicional”, escrito junto a la bióloga Luciana Ferraz.

Patrícia de Mendonça Rodrigues

Patrícia de Mendonça Rodrigues es antropóloga y Coordinadora del Proyecto Estudios Etnoterritoriales (FINATEC). Contacto: dituhe@hotmail.com