La extracción de barita y el crimen organizado en México: el caso de la minería en Chicomuselo

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En 2006, la compañía Blackfire adquirió la concesión para la explotación de barita, un mineral muy utilizado en los pozos petroleros y las pinturas para autos. Con este fin, violó la normativa vigente y el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas de la región. Tras el asesinato de unos de los referentes de la lucha contra la minería, el gobierno del Estado la clausuró, pero dejó la puerta abierta para que la compañía reinicie sus actividades. Sin embargo, en los últimos años, la llegada del crimen organizado busca reactivar la extracción de barita mediante la intimidación y las amenazas a pobladores, funcionarios y organizaciones sociales.

El municipio de Chicomuselo se encuentra al sureste del estado de Chiapas y forma parte de la depresión de la Sierra Madre, la cual se extiende hasta Guatemala. En esta región se ubica una de las tres vetas de barita más grandes del mundo: un mineral muy utilizado en la perforación de pozos petroleros, pinturas para automóviles y salas de rayos X. En 1999, la minera nacional El Caracol solicitó la concesión para su explotación.

La población de Chicomuselo cuenta con una ascendencia indígena diversa: Tsotsil, Cho’ol y Mam. Aunque la mayoría no habla sus lenguas originarias, casi la totalidad se autoadscriben como parte de alguno de esos pueblos, mantienen sus costumbres y practican formas de convivencia tradicionales. Esta región forma parte de la diócesis católica de San Cristóbal de Las Casas, que cuenta con un profundo trabajo de evangelización, participación comunitaria, capacitación y orientación de una iglesia comprometida con los pobres.

Paralelamente, las organizaciones campesinas ligadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD) se disputan el control político de sus pobladores. En los últimos años, el crimen organizado ha comenzado a cooptar a sus organizaciones sociales a través de promesas de riqueza. La ambición y la corrupción de los habitantes no hizo más que empeorar la situación.

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En 2017, los habitantes de Chicomuselo conformaron consejos de vigilancia para detener la minería. Foto: Chiapas Paralelo

Explotación, contaminación y movilización

En 2006, la concesión de la explotación de barita de Chicomuselo fue adquirida por la compañía minera canadiense Blackfire. No tuvo que hacer ningún trámite ante el Estado. Simplemente la compró a la minera El Caracol. Con el apoyo de los gobiernos estatal y municipal, y bajo el entusiasmo de la inversión extranjera directa, Blackfire realizó el contrato de arrendamiento de las tierras superficiales perteneciente al ejido Grecia. Esto facilitó que las operaciones de extracción se emprendieran rápidamente.

De este modo, a Blackfire no le importó violar las normas vigentes: no contó con el permiso de cambio de uso de suelo, no hubo referendo ni consulta ciudadana, no respetó el Manifiesto de Impacto Ambiental ni cumplió con el Derecho a la Consulta y Consentimiento Previo e Informado. Tras el desinterés inicial, la sociedad civil comenzó a movilizarse cuando observó el daño ambiental que producía el transporte de barita a través de la cabecera de Chicomuselo: organizada en la asociación Dos Valles Valientes, se decidió entrar en contacto con la Red Mexicana de Afectados por la Minería, una institución que capacita a los ciudadanos de la región.

En menos de seis meses, los activistas de Dos Valles Valientes organizaron un plantón permanente en las oficinas de la compañía y en las calles por donde pasan los camiones que trasladan la barita.

La alta jerarquía de la Iglesia se hizo eco del reclamo y exhortó al gobernador a cerrar la mina, dadas las irregularidades y las afectaciones socioambientales.

Con muchos años de formación en derechos humanos, la parroquia de Chicomuselo informó a las comunidades el impacto ambiental que generaría la extracción de barita. A través de marchas y oraciones, inició un largo “peregrinar” para que se cumplan los derechos individuales y colectivos, y también solicitó la intervención de las tres diócesis de Chiapas. La alta jerarquía de la Iglesia se hizo eco del reclamo y exhortó al gobernador a cerrar la mina, dadas las irregularidades de su apertura y las afectaciones socioambientales en la región.

El gobierno de Chiapas hizo caso omiso a la petición de la Iglesia y, por el contrario, sirvió de mediador entre los habitantes del ejido de Grecia y la multinacional Blackfire. Su único objetivo era que los ejidatarios permitieran la extracción de la barita. Pese a los acuerdos alcanzados, la compañía no cumplió lo pactado. En consecuencia, en menos de seis meses, los activistas de Dos Valles Valientes organizaron un plantón permanente en las oficinas de la compañía y en las calles por donde pasan los camiones que trasladan la barita. La resistencia había comenzado.

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La Diócesis de San Cristóbal ha jugado un rol muy importante al apoyar a los campesinos que resisten la extracción de barita. Foto: Chiapas Paralelo

Entre los vicios del proceso y la ausencia de consulta previa

Durante poco más de un año, la compañía Blackfire operó violando las normas, ante la omisión de los funcionarios de los tres ámbitos de gobierno. Esta situación no se prolongó por más tiempo, a raíz del asesinato en 2009 de Don Mariano Abarca, uno de los opositores más visibles a la explotación minera y la consecuente indignación internacional que generó el crimen. Fue entonces que el gobierno del Estado decidió clausurar la mina por motivos legales “nimios” como que el camino para el tránsito de maquinaria excedía las dimensiones legales y afectaba la flora a su paso. El gobierno del Estado dejó abierta la posibilidad de que la compañía reiniciara su actividad extractiva.

Frente a la clausura temporal de la extracción de barita por acción del gobierno de Chiapas, de Blackfire demandó internacionalmente al gobierno mexicano por el supuesto incumplimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la ley nacional de minería. Desafiando la medida del Gobierno de Chiapas, en 2013, la compañía comenzó a financiar a las autoridades del ejido Santa María para que ellas mismas extrayeran el mineral. Si bien la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente confirmó la falta del permiso ambiental, no se inició ninguna acción jurídica contra la compañía. Como si esto fuera poco, el abuelo del que fuera gobernador del estado de Chiapas durante 2012 y 2018, Manuel Velasco Coello, invitaba y alentaba a los ejidos y comunidades a que explotaran la barita por su cuenta.

Un proceso de consulta serio, que busque establecer una verdadera relación intercultural, dialogal y edificante, debería incluir a los tres actos de autoridad: la concesión, el permiso y la opinión.

Un proceso de consulta serio debería incluir a los tres actos de autoridad: la concesión, el permiso y la opinión.

Como se ha apuntado, una de las principales irregularidades de la minería de barita es que no hubo un proceso de consulta, ni siquiera en los términos que se plantea en la consulta ciudadana del Código de Elecciones y Participación del Estado de Chiapas. Sin embargo, el escenario es más complejo porque un proceso acotado a procedimientos de democracia electoral no abarca ni contempla las características históricas y étnico-culturales de la población. Mucho menos toma en cuenta la concurrencia de competencias de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.

Las competencias se solapan. Por un lado, la concesión de explotación minera le corresponde a la Secretaría de Economía del gobierno nacional y, por otro lado, las licencias por cambio de uso de suelo son potestad del Ayuntamiento Municipal (las cuales, a su vez, solo se otorgan con la opinión técnica favorable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales). Un proceso de consulta serio, que busque establecer una verdadera relación intercultural, dialogal y edificante, debería incluir a los tres actos de autoridad: la concesión, el permiso y la opinión. Ya sea por separado o bien incluirse en un paquete de consulta a las comunidades indígenas, apegándose a los requisitos del Convenio 169 de la OIT.

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Pancarta con la imagen del activista asesinado Mariano Abarca Robledo durante una protesta frente a la embajada de Canadá en México en 2009. Foto: Eduardo Verdugo

La llegada del crimen organizado

En la actualidad, ese escenario cambió con la presencia de cárteles del crimen organizado que cooptan a los pobladores, organizaciones sociales y funcionarios municipales bajo amenaza de muerte. Con ello, garantizan el control territorial y la extracción minera por la vía de la intimidación y la amenaza. La consecuencia fue muy triste: a finales de 2022, el obispo de la Diócesis de San Cristóbal se declaró a favor de la minería. Ese apoyo es contrario al legado y herencia de la iglesia de los pobres que había construido y dejado Monseñor Samuel Ruiz García, quien fue obispo de la Diócesis de San Cristóbal.

En este contexto, a principios de 2023, representantes del ejido Nueva Morelia fueron “visitados” por un grupo de hombres armados que se presentaron como independientes de cualquier empresa minera y argumentaron que su trabajo era sacar la barita que Blackfire había dejado en un predio dentro de Nueva Morelia. El mineral fue saqueado con la complicidad de la Fiscalía General de la República, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Nunca se supo su destino final.

Los habitantes se siguen oponiendo a la extracción de barita con el temor de que esta decisión provoque que los mineros outsourcing (tercerizados) tomen sus vidas a cambio.

Los habitantes se siguen oponiendo a la extracción de barita con el temor de que los mineros outsourcing tomen sus vidas a cambio.

Actualmente, las bandas armadas presionan a los habitantes para que acepten que la minería se reactive. Si bien existe una suspensión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, los habitantes se siguen oponiendo a la extracción de barita con el temor de que esta decisión provoque que los mineros outsourcing (tercerizados) tomen sus vidas a cambio. La resistencia solo es posible porque los pobladores conocen muy bien los estragos que la minería le ocasiona al territorio en el que habitan.

En Chiapas, como en muchos lugares de la República de México, se vive un periodo preelectoral para elegir a la persona que ocupe la cabeza del Ejecutivo Federal. Todo indica que, más allá del partido político vencedor, continuará el incumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Lamentablemente, se mantendrá el modelo económico extractivista que afecta los territorios a través de megaproyectos y también continuará la inseguridad contra las personas defensoras de derechos humanos y ambientales. Todo seguirá igual o, en todo caso, empeorará.

Elisa Cruz Rueda

Elisa Cruz Rueda es abogada y antropóloga. Actualmente, se desempeña como profesora de la Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena de la Universidad Autónoma de Chiapas.