El pueblo se hizo internacionalmente famoso durante la década del ’80, cuando el aventurero israelí Yosseph Ghinsberg ingresó a la selva desde Rurrenabaque, junto a tres amigos, en busca de una cantera de oro y de una aldea indígena tacana sin contacto con la sociedad occidental. La expedición terminó en tragedia: dos integrantes desaparecieron (sus cuerpos nunca fueron encontrados) y la balsa que transportaba al resto terminó destruyéndose en una cascada. Mientras el cuarto explorador fue rescatado por pescadores, Yossi estuvo tres semanas perdido, sobreviviendo en soledad a los peligros de la selva.

Finalmente, Yosseph fue rescatado por una expedición de lugareños y narró la experiencia en un libro titulado Jungle: a harrowing true story of survival. La historia se convirtió rápidamente en un best seller y generó que miles de jóvenes israelíes, recién salidos del servicio militar obligatorio, comenzaran a viajar a Bolivia para conocer el famoso pueblo ubicado en la Amazonía. La historia cambió en 2014, cuando el entonces presidente Evo Morales emitió un decreto para comenzar a exigir visa a los turistas de Israel, un aliado de Estados Unidos. El impacto en el turismo fue instantáneo.

Sin la misma cantidad de turistas que años atrás, la oferta hotelera de Rurrenabaque es un imán para aquellos eventos nacionales o internacionales que reúnan una gran cantidad de público. Especialmente, si la temática incluye a la Amazonía.

La ciudad de Rurrenabaque desde las alturas, una de las principales atracciones turísticas de Bolivia. Foto: Damián Andrada

Un diálogo entre las justicias indígena y agroambiental

Hoy es 28 de abril y Rurrenabaque recibe a las autoridades que participan del Evento Amazónico de Deslinde Competencial en Recursos Naturales Renovables. Cerca de 100 líderes y lideresas indígenas, originarias y campesinas llegaron desde diferentes pueblos amazónicos para poder dialogar con las autoridades de la justicia agroambiental. El objetivo es conocer la normativa y delimitar las competencias que tiene cada jurisdicción, al mismo tiempo que mejorar la coordinación y cooperación interjurisdiccional, tal como obliga la Constitución Política del Estado. El encuentro cobra especial relevancia en el marco de la profundización del modelo extractivista en los territorios indígenas bolivianos.

La magistrada del Tribunal Agroambiental, Elva Terceros, explica que con la nueva Constitución sancionada en 2009, la Justicia Ordinaria, conformada por casi 1000 jueces, perdió competencias en favor de dos nuevas jurisdicciones. Por un lado, se creó la Justicia Agroambiental que, con 63 jueces y juezas a lo largo y ancho del país, dicta sentencias sobre los bosques de la Amazonía, las aguas de sus ríos y su biodiversidad. Por otro lado, el Estado Plurinacional sumó una justicia que no es nueva. “La jurisdicción Indígena Originaria Campesina siempre existió. Solo que comenzó a ser reconocida. Existen más de 24.000 comunidades y, por lo tanto, más de 24.000 autoridades. Esto significa que está presente en cada lugar del país”, comenta Terceros durante los discursos de apertura.

Por su parte, las autoridades indígenas reconocen la potencialidad de la complementación entre ambas jurisdicciones. Así lo manifiesta el presidente de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), Eloy Cartagena Yoamona: “Si con la jurisdicción Agroambiental logramos la coordinación, esa palabra mágica, podemos lograr muchas cosas juntos. Seguramente, vamos a solucionar los problemas agrarios que tenemos. Es importante que los jueces y las juezas puedan trabajar en conjunto con las organizaciones indígenas”. El dirigente agrega que el departamento de Pando está intentando cambiar su plan de uso de suelos para beneficiar la expansión de la frontera agrícola-ganadera. La propuesta busca copiar el modelo del agronegocio de Santa Cruz, algo que ya había hecho el departamento de Beni en 2019. Millones de hectáreas de bosques convertidas en campo para la soja o pasto para las vacas.

El caso de Pando nos sirve para ilustrar la disyuntiva que enfrenta el modelo boliviano. Con las reservas de gas en declive, el Gobierno de Luis Arce Catacora parece inclinarse por el extractivismo en los bosques, selvas y ríos amazónicos para conseguir los dólares que no ingresarán por los gasoductos que conectan al país con Argentina y Brasil. En este punto, comienzan algunas de las discusiones que estarán presentes durante el evento: ¿los suelos amazónicos están preparados para la producción agrícola y la cría de ganado? ¿La tierra debe ser dotada a las comunidades indígenas para garantizar su existencia o debe ser otorgada a los campesinos para cumplir una actividad productiva? ¿Qué jurisdicción tiene competencia para atender los conflictos que afectan a la naturaleza en los territorios indígenas?

La Magistrada Elva Terceros durante los discursos de apertura del Evento Amazónico de Deslinde Competencial en Recursos Naturales Renovables. Foto: Damián Andrada

El objetivo de democratizar la justicia

Cuando la República de Bolivia se convirtió en un Estado Plurinacional en 2009, entre las múltiples transformaciones que se gestaron estuvo la de democratizar el acceso a una justicia que, como en otros países latinoamericanos, posee un marcado tinte colonial, racista y antropocéntrica. Y que, en los hechos, actuaba como el último dique de contención de la impunidad de las élites económicas. Si bien el cambio ha sido notorio, al punto de que los magistrados se eligen por el voto popular, las y los especialistas coinciden en que la Justicia sigue careciendo de independencia. En cuanto a las nuevas jurisdicciones creadas, las transformaciones van más lento de lo deseado.

La Jurisdicción Agroambiental tiene atribuciones sobre la resolución de conflictos vinculados a cuestiones agrarias, forestales, ambientales, de aguas, derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad. Asimismo, debe resolver demandas sobre actos que atenten contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente; o sobre prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies o animales. Su máximo órgano es el Tribunal Agroambiental, con sede en la capital Sucre, y la obligación de organizar y establecer a los juzgados en los diferentes municipios del país.

Por su parte, la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC) es ejercida a través de la aplicación de sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios. Dado que cada comunidad tiene sus autoridades, es la Jurisdicción más democrática del país. Si bien la innovación jurídica que significa es notoria, una de las discusiones entre los especialistas radica en el ámbito de vigencia material en donde se ejerce la JIOC. Mientras en la Constitución su radio de acción es amplio, la ley que la reglamenta ha limitado sus competencias dentro de los territorios indígenas y campesinos.

Otro punto de conflicto es que, frente a la opinión pública, la Justicia Indígena Originaria Campesina aparece en la palestra mediática cuando una sanción no respeta a los derechos humanos: desde el linchamiento comunitario hasta atar al infractor a un árbol de palo santo para ser picado por las hormigas. En este sentido, las autoridades de la JIOC coinciden en que sus normas y procedimientos propios deben avanzar en el respeto a los derechos humanos y evitar las sanciones físicas.

Las Autoridades de la Justicia Indígena Originaria Campesina reconocen los avances, pero siguen reclamando igualdad de jerarquías. Foto: Damián Andrada

Extracción de madera y minería de oro Amazonía boliviana

Si bien Bolivia es conocida internacionalmente por la belleza cultural de su Altiplano, en realidad casi dos tercios de tu territorio corresponde a las Tierras Bajas. Esta región es el hogar de más de 30 pueblos indígenas que conviven en ecosistemas tan diversos como el monte chaqueño (compartido con Argentina y Paraguay), los fértiles valles dedicados a la producción de frutas y verduras, el bosque seco chiquitano y la Amazonía. Esta incomparable biodiversidad cobija entre 45 y 60 millones de hectáreas de bosques fundamentales para el equilibrio climático de la tierra. El problema es que también alberga una serie de recursos naturales codiciados por el modelo de desarrollo occidental.

Luis Acosta Arce es especialista en sistemas de producción y agricultura tropical sostenible y asesor del Tribunal Agroambiental: “Bolivia es uno de los 10 países más megadiversos del mundo. En este momento, las principales amenazas a los recursos naturales renovables son los incendios forestales, la presión sobre las especies maderables más requeridas por el mercado internacional (como el cedro, el tajibo y la mara) y, finalmente, los chaqueos y la agricultura migratoria. Primero se deforesta la zona y luego llegan personas a transformar ese bosque en un suelo de producción agrícola. Se deforestan cerca de dos canchas de fútbol por hora”.

En cuanto a recursos no renovables, Acosta Arce resalta a la minería del oro: “Por un lado, las mineras no cumplen la ley y, por otro lado, es necesario que haya un aprovechamiento racional”. Diariamente, el mercurio que se utiliza para extraer el oro es vertido a ríos como el Beni y el Madre de Dios, y, por lo tanto, se contamina a toda la cuenca amazónica. Los problemas de salud comienzan cuando el mercurio es ingerido a través del consumo de pescado, uno de los principales alimentos de las comunidades de la región. Como el metal no se degrada en el organismo, daña el sistema nervioso, genera discapacidades y afecta, especialmente, a mujeres embarazadas y, a los niños y niñas. Incluso se ha encontrado mercurio en la leche materna.

El problema de la minería del oro parece no encontrar una solución a corto plazo. Como en otros países amazónicos, la minería seguirá funcionando por las necesidades económicas del Estado boliviano y, en segundo lugar, porque los mineros constituyen un bloque de poder difícil de contrarrestar. Por otro lado, Acosta Arce agrega que se debería realizar un tratamiento de mitigación ambiental a los desechos para que no afecten los cuerpos de agua. Esto difícilmente sucederá dado que la gracia de utilizar mercurio es su baja inversión. De hecho, el principal costo es la salud de los mineros y el daño a la biodiversidad: un pasivo que no impacta en el bolsillo de los operadores.

El Río Beni y el Estrecho de El Bala, una maravilla de la naturaleza amenazada por la instalación de centrales hidroeléctricas. Foto: Damián Andrada

Las hidroeléctricas que amenazan al área protegida

A menos de una hora de Rurrenabaque se encuentra una de las principales atracciones naturales de Bolivia: el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. El acceso es a través del amarronado Río Beni que aguas arriba, a solo 13,5 kilómetros de Rurrenabaque, cruza el maravilloso Estrecho de El Bala. La superficie del área protegida supera los 1.895.750 de hectáreas y se extiende desde los 180 metros sobre el nivel del mar hasta los 6.000, reuniendo ecosistemas tan diversos como el altiplano, los yungas, el bosque seco y la pampa. Además, alberga a 33 comunidades de indígenas tacanas, lecos y chimanes, y a familias de araonas no contactadas. Los turistas hacen excursiones de tres días con el objetivo de ver monos, guacamayos y mariposas. En cambio, cruzarse con jaguares o víboras puede no tener un final feliz.

La guía Rosa nos deja en el Puesto de Control El Bala. Un cartel grande da la bienvenida a los turistas que aprovechan para sacarse fotos: “Las acciones que tomes hoy con la naturaleza determinarán el trato que reciban tus hijos mañana”. El guardaparque explica que “el parque nacional más diverso del mundo” tiene un área de manejo integrado para que vivan las comunidades indígenas y puedan practicar su agricultura comunitaria. Entre las amenazas, está el crecimiento del narcotráfico, que conecta a Bolivia con Perú, e incluye la construcción de pistas de aterrizaje clandestinas. A esto se suma el desmonte, los incendios forestales y, por supuesto, la llegada del mercurio a través de los ríos que bajan desde el departamento de La Paz.

Sin embargo, la principal amenaza pende de un hilo. Desde 1958, los gobiernos nacionales tienen el proyecto de construir una represa hidroeléctrica en el estrecho de El Bala. El proyecto fue retomado en 1998 por Hugo Banzer y, más tarde, en 2007 por Evo Morales. Y se complementa con una segunda represa en Chepete, a 70 kilómetros de Rurrenabaque. Las represas alcanzarían los 180 metros de altura y juntas tendrían una potencia instalada de 3.676 MW, con una generación total de 18.048 GWh por año. Si bien el proyecto está encarado bajo el eslogan de la “soberanía energética” y un mejor control del Río Beni frente a los desbordes durante las épocas de lluvia, en verdad apunta a seguir manteniendo a Bolivia como el proveedor de energía de sus países vecinos.

A pesar de la fuerte inversión calculada en 7.000 millones de dólares y su grave impacto ambiental, la actual falta de divisas que atraviesa la economía boliviana ha vuelto a llamar la atención del gobierno nacional. Esta vez bajo la conducción de Luis Arce Catacora. Las noticias han vuelto a poner en guardia no solo al pueblo de Rurrenabaque que vería, una vez más, afectado el turismo, sino también a las comunidades indígenas que sufrirían el impacto en sus ríos y territorios: los pueblo Mosetén, Tsimane, Esse Ejja, Leco, Tacana y Uchupiamona.

Debia y Vicente son indígenas tacana de la comunidad de San Miguel del Bala. Se dedican a la agricultura, la cría de gallinas y el turismo comunitario. Foto: Damián Andrada

Una justicia que busca su lugar

Los pueblos indígenas y campesinos reconocen varias dificultades para acceder a la justicia. En primer lugar, no conocen la ley y los procedimientos, por eso destacan la realización de reuniones en las cuales se socializan la norma. Quienes conocen la normativa agregan que las leyes no reflejan la realidad de los pueblos indígenas originarios campesinos y que existen vacíos legales como la falta de protección a los árboles y plantas medicinales. De este modo, sienten que se imponen leyes sin tener en cuenta a las personas que viven día a día en el territorio.

A esto se suman otras dificultades como la falta de recursos humanos, de presupuesto y de conocimientos de quienes redactan las leyes y ejecutan las acciones de gobierno sobre los territorios. Por otro lado, pensar la posibilidad de control territorial y la acción de las fuerzas de seguridad, en zonas donde la economía ilegal se maneja como pez en el agua, con nexos transfronterizos muy bien aceitados y la vista gorda de los órganos de gobierno, es un punto de partida que la mayoría no ve posible revertir. Al menos en el corto plazo.

Finalmente, se cuestiona la igualdad de jerarquías. Si bien la Constitución Política del Estado contempla la igualdad, no siempre se cumple. “La Justicia Indígena Originaria Campesina siempre va estar supeditada a las demás jurisdicciones”, explica un dirigente campesino que se enoja porque no les permiten sumar hectáreas de tierra para la producción agrícola. La intromisión de la justicia ordinaria es un reclamo que se repite: el conflicto se profundiza porque estas decisiones no siempre respetan lo establecido en la Constitución.

A casi 15 años de la nueva Constitución Política del Estado, el funcionamiento de ambas jurisdicciones ha encontrado una serie de obstáculos que han demorado su potencial democratizador. Aún así, con la mirada en el largo plazo, es innegable que se ha abierto una ventana de transformación cuyos horizontes son imprevisibles. Con dificultades, la creación de la jurisdicción agroambiental, el reconocimiento de la justicia indígena y la comprensión de la naturaleza como sujeto de derechos ponen a Bolivia a la vanguardia de la escena internacional.

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En este contexto, la disputa de territorios en la Patagonia y una serie de incendios intencionales en la provincia de Río Negro (cuyos autores aún son desconocidos) ha ocupado el centro de la agenda mediática: “conflicto mapuche”, “violencia mapuche” o “indios al ataque” son algunas de las narrativas que las grandes medios de comunicación han intentado instalar en el debate público.

En lugar de difundir encuadres interculturales, poner en diálogo al pueblo Mapuche con la sociedad no indígena o describir un conflicto territorial complejo que lleva más de un siglo sin ser resuelto, los ataques de un sector del periodismo argentino buscan que la opinión pública se incline hacia la militarización del territorio y la represión de las comunidades indígenas en resistencia. Qué comunicar y cómo comunicarlo es el recurso que tiene el poder económico para incidir en el debate social.

Establishment periodístico, racismo y criminalización

Lejos de profundizar en la complejidad del conflicto, la prensa argentina volvió a posicionarse del lado de las inmobiliarias, los terratenientes y la minería al generalizar un reclamo aislado: no se trataba de pequeños grupos radicalizados, sino de todo el pueblo Mapuche. La generalización siempre ha sido una falacia argumentativa para estigmatizar o criminalizar a una nación o a una cultura. Veamos algunos titulares y sus bajadas:

– Mapuches violentos: sus nexos con una ministra, ex montoneros y La Cámpora
Los vínculos de los usurpadores de tierras con movimientos pro-kurdos y pro-palestinos. Insólitos apoyos de organismos públicos a la violencia.

– La violencia mapuche y su peligrosa cercanía con los años 70
Disfrazada de un reclamo social por justicia, los violentos ataques de la RAM en el sur evocan el inicio de la actividad guerrillera de los años 70. No cuentan, como entonces, con el apoyo social que también tuvo la violencia estatal de la dictadura, pero aparecen amparados por el Estado, por funcionarios y por agrupaciones oficialistas. Tal vez sea hora de hablar con seriedad sobre la violencia política en el país.

– Mapuchismo
La reivindicación violenta de quienes se llaman originarios es reaccionaria -el regreso a un pasado ideal- y racista.

Los clásicos titulares a los que la prensa argentina nos tiene acostumbrados, se vieron superados por un informe del programa Periodismo Para Todos (PPT): “Indios al ataque: mapuches, terrorismo y complicidad estatal”. Una burda generalización, estigmatización, música de guerra y racismo son los condimentos de una pieza de 14 minutos que vale la pena estudiar en las escuelas de periodismo y comunicación.

Tras recoger los testimonios del intendente de la localidad patagónica de El Bolsón que califica el incendio de un club y la vandalización de una iglesia como “terrorismo”, un dron muestra un pequeño acampe Mapuche y los movimientos de una mujer. Desde lejos, un micrófono toma los dichos de la lideresa Romina Jones Huala: “Yo estudié periodismo y lo que hacen ustedes no es periodismo”.

El pueblo Mapuche aún recuerda las coberturas racistas del programa en 2017, cuando replicaba el discurso del gobierno de Mauricio Macri durante la desaparición de Santiago Maldonado y luego legitimaba la represión que terminó con el asesinato de un tiro por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel. Tras ligar durante todo el informe a la violencia con el pueblo Mapuche, un periodista concluye: “No está claro quién cometió ahora los atentados de El Bolsón, pero está claro que fueron atentados muy planificados con conocimiento de técnicas de explosivos”.

Cuando el periodismo le da espacio a las voces indígenas

Si bien las corporaciones mediáticas manejan encuadres que criminalizan al pueblo Mapuche, en los últimos años una nueva generación de periodistas y de medios ha comenzado a disputar las agendas del establishment periodístico. De este modo, lentamente la mirada y los testimonios de los líderes indígenas comienzan a llegar a los medios de la Ciudad de Buenos Aires.

– Mauro Millán: “La inmensa mayoría del pueblo mapuche no incendia, sino que construye” (Santiago Rey en El Diario Ar).

Mauro Millán es lonko (jefe) de la comunidad Pillán Mahuiza, en Chubut. Hace 21 años participó de esa recuperación territorial. Hoy acompaña procesos similares en distintos puntos de la Patagonia. Dice que “las recuperaciones no se van detener con un final represivo a las comunidades” y que “la inmensa mayoría del pueblo mapuche no participa de ataques”.

– Lef Nawel: “Esta ciudadanía argentina nos ha sido impuesta a través de un genocidio” (Entrevista al referente Mapuche en Radio Con Vos).

Del mismo modo que cuestionamos las coberturas racistas, también es necesario señalar estos ejemplos de pluralidad de voces, interculturalidad y esfuerzos de una nueva generación de periodistas por comprender una realidad compleja. Es falso que todos los comunicadores son trabajadores a sueldo. En esta puja por la producción de sentido, es necesario valorar y destacar a quienes realizan su trabajo con un fuerte compromiso por los derechos humanos.

Herramientas frente a la criminalización

El establishment periodístico que promueve la indignación invocando la ley y el orden, olvida, ignora u oculta que los pueblos indígenas cuentan con un amplio abanico de herramientas jurídicas para defender su derecho a los territorios que tradicionalmente ocupan. No solo en la legislación argentina, sino también en el derecho internacional.

En primer lugar, el Artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional es más que claro sobre la propiedad indígena tradicional: “(…) reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten (…)”.

Es necesario visibilizar la apropiación de la Patagonia por terratenientes extranjeros. ¿Cuántas ciudades de Buenos Aires entran en el casi millón de hectáreas que posee Carlo Benetton? ¿Cuántos lagos se esconden en la hacienda de Joe Lewis?

Es necesario visibilizar la apropiación de la Patagonia por terratenientes extranjeros. ¿Cuántas ciudades de Buenos Aires entran en el casi millón de hectáreas que posee Carlo Benetton?

A nivel internacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por la Argentina, señala el derecho de los pueblos originarios a la consulta previa, libre e informada. Además de promover la participación política en la toma de decisiones públicas, el convenio eleva los estándares de exigencia y cumplimiento de los derechos indígenas.

Por fuera del ámbito jurídico, es necesario visibilizar la apropiación de la Patagonia por grandes terratenientes extranjeros. ¿Cuántas ciudades de Buenos Aires entran en el casi millón de hectáreas que posee Carlo Benetton? ¿Cómo hizo para apropiarse de tantas tierras un millonario italiano? ¿Cuántos lagos se esconden en la hacienda de Joe Lewis? ¿Cuáles son los vínculos de Lewis con la política argentina y la estructura económica del país?

Más y mejor política

Es muy cierto lo que señala el profesor Marcelo Munsante en la nota Marcar, reprimir, privatizar: “Los principales medios se esfuerzan por instalar el miedo al ‘terrorismo mapuche’ y advierten del ‘peligro de perder la Patagonia’. El periodismo estigmatiza y el Estado adquiere legitimidad para reprimir. En silencio, los sectores empresarios se frotan las manos y esperan la resolución del “problema indígena” para apropiarse de los territorios en disputa”.

Una vez más, el establishment periodístico argentino ha decidido ubicarse del lado del poder económico que saquea los recursos de la Patagonia. Cuando criminaliza al pueblo Mapuche, está intentando construir una corriente de opinión que reclame represión. O, por lo menos, que haga la vista gorda si las fuerzas de seguridad reprimen. Cuando los medios de comunicación generan encuadres racistas contra los pueblos indígenas, en el fondo, están invisibilizando cómo los terratenientes, el turismo, la minería y la actividad petrolera usurpan sus territorios. Eso es lo que debemos visibilizar.

Mientras un sector del periodismo reclama represión y sangre, es necesario insistir en que la solución no está en las balas, sino en más y mejor política. Es necesario aprender de la experiencia chilena. La radicalización del conflicto se encuentra en la falta de diálogo. Los Estados latinoamericanos modernos del siglo XXI deben hacer frente a los problemas irresueltos del siglo XIX. La plurinacionalidad y el reconocimiento de derechos territoriales son el único camino posible a la pacificación.

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Frente a un mundo que continúa condicionado por la pandemia, nos pone muy contentos haber cumplido un segundo año dialogando y debatiendo sobre temáticas indígenas y ambientales. Estamos satisfechos con haber incorporado artículos sobre África, Asia y Oceanía, al mismo tiempo que nos enorgullece que más de la mitad de nuestros autores sean mujeres. Es nuestro pequeño aporte a un mundo con mayor equidad.

Durante este año, hemos intentado poner en diálogo los problemas estructurales, con los temas de agenda y las problemáticas complejas. La vulneración estructural sigue estando marcada por el incumplimiento al derecho al territorio y la vida digna: la criminalización de defensores, el impacto de la minería del oro, los obstáculos que atraviesan las gobernanzas indígenas, la situación de indígenas en aislamiento voluntario y las migraciones forzadas (o no tanto) de indígenas.

Entre los temas de coyuntura que denotan urgencia, tal vez los más interesantes para aquellas audiencias no vinculadas cotidianamente con las agendas indígenas y ambientales, abordamos las protestas de indígenas y afrodescendientes en Colombia, la Convención Constituyente en Chile, las movilizaciones y elecciones en Perú, el recorrido de los zapatistas por Europa, las protestas por la demarcación en Brasilia y la criminalización del pueblo Mapuche en Argentina.

A lo largo del año hemos dado un fuerte interés a temas complejos que generan intensos debates: las mujeres indígenas privadas de su libertad en las cárceles latinoamericanas, las ambigüedades de los procesos de reconciliación que suelen ser señalados como casos de éxitos, la vulnerabilidad de los derechos de niños y niñas indígenas, y el establecimiento de parques eólicos en territorios indígenas que afectan la vida de las comunidades.

En esta construcción colectiva, nos resta seguir profundizando el diálogo entre diferentes regiones del mundo y que cada vez más líderes y lideresas indígenas escriban en nuestra revista. También debemos avanzar en la implementación de formatos de información más atractivos para las nuevas generaciones.

Queremos también agradecer a las y los lectores que apoyan nuestros contenidos y sugieren nuevos temas de discusión. Durante este año hemos publicado varios artículos en inglés y para 2022 esperamos reforzar la versión bilingüe de la revista.

De cara a nuestro tercer año de vida, contamos con una fortaleza: el compromiso de nuestros redactores y audiencias en la búsqueda de un mundo más justo. Ustedes saben que cuentan con el compromiso de Debates Indígenas.

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