En este momento, existen espacios de negociación y diálogo para plantear políticas públicas sobre el acceso a la educación y las políticas ambientales. Asimismo, solicitan avances en deudas históricas y necesidades básicas: la salud, la economía propia, el cumplimiento de la Sentencia T-302 (el fallo de la Corte Constitucional en 2017 que ordenó al Estado a tomar medidas para frenar la muerte de niños wayuu causada por enfermedades prevenibles), el saneamiento básico, la vivienda digna para pueblos indígenas y afrodescendientes, y el acceso al agua potable. Lo más básico de lo básico.

El crecimiento de los índices de pobreza se reflejan en los más vulnerables: los niños wayúu. Foto: Joanna Barney

El crecimiento de los índices de pobreza se reflejan en los más vulnerables: los niños wayúu. Foto: Joanna Barney

Los wayúu y el problema del agua

En La Guajira, la etnia predominante es el pueblo Wayúu. Entre Colombia y Venezuela, se estima que hay al menos 400.000 miembros, de los cuales un 40% tenía menos de 14 años en 2018. Si bien son más nómadas que sedentarios, esto ha ido cambiando para adaptarse a sus nuevas realidades: han vivido de la cría de caprinos, bovinos y de la pesca. En la baja Guajira, el paisaje es diferente, y su clima y cantidad de lluvias hacen posible los cultivos de gran extensión.

El pueblo Wayúu se divide en castas y son representados por un animal totémico que los diferencia entre ellos. Sus mujeres usan mantas y sus hombres solo conservan las alpargatas y el sombrero tradicional. Han contado con la extraña suerte de tener muchas riquezas naturales: carbón, gas, sal, sol y viento. De estas riquezas, el único que se alimenta es el Estado colombiano y unas pocas multinacionales.

Sin embargo, en este departamento tan rico, árido y caliente, falta un recurso vital como el agua. Sin ríos de agua dulce y con lluvias escasas, la región también ha sido afectada por el fenómeno de El Niño y dependen de los acuíferos subterráneos. Los indígenas responsabilizan a los más de 30 años de explotación de carbón de contaminar sus reservorios. Como si fuera poco, las empresas mineras han conseguido licencias para desviar ríos y explotar sus lechos. En consecuencia, se han secado los pozos que los indígenas contaban para superar el verano.

Sumado a los cambios culturales, los wayúu cultivan menos, no recuerdan las semillas que los abuelos sembraban según las estrellas, no leen el clima con la frecuencia de antes y su ganado disminuye año a año por la escasez de alimento. Dependen cada vez más del arijuna, es decir, de los no indígenas. Pero los arijunas les ofrecen centavos por grandes transacciones, compran sus mochilas solo si estas están baratas, presionan a las mujeres wayúu para que cambien sus técnicas y materiales tradicionales por fórmulas menos costosas. De igual forma, las empresas que ingresan al territorio prometen trabajos precarios: si tienen suerte serán empleados de servicios o vigilantes de los proyectos.

A pesar de esto, su territorio es muy valioso para el Estado y está protegido por la Constitución de 1991 como un “territorio inembargable, inalienable e imprescriptible”, y la consulta previa, libre e informada planteada por el convenio 169 de la OIT. Sin embargo, el Estado ha declarado de “interés nacional” a las industrias extractivas que condenaron a las comunidades al reasentamiento involuntario y los desplazamientos que engrosan los cinturones de miseria de las ciudades. De esos primeros desplazamientos salen las fotos de niños indígenas comiendo de la basura que tanto circulan en los medios de comunicación.

Ese mismo Estado no ha resuelto un recurso vital como el agua y solo ha acudido a medidas transitorias en detrimento de las comunidades. A todo lo anterior, hay que sumar una fuerte ola migratoria que llega desde Venezuela. Los retornados, como los mismos wayúu llaman a los nacidos en Colombia y criados en Venezuela, han regresado por la crisis. Si bien muchos lograron estudiar, la oferta de trabajo formal en la Guajira es muy limitada.

Los no indígenas presionan a las mujeres wayúu para que cambien sus técnicas y materiales tradicionales por fórmulas menos costosas. Foto: Joanna Barney

Los no indígenas presionan a las mujeres wayúu para que cambien sus técnicas y materiales tradicionales por fórmulas menos costosas. Foto: Joanna Barney

Medidas para problemas históricos

Como toda comunidad que va perdiendo sus fuentes de sustento y su acceso al agua, la situación humanitaria se ha tornado preocupante. Sumado al precario acceso a la salud, la migración y el paulatino abandono de sus medios culturales, los índices de pobreza comienzan a subir y se suelen ver reflejados en los más vulnerables: los niños wayúu. Es así que la Sentencia T-302 del 2017 recogió cifras de mortalidad y desnutrición infantil difíciles de digerir.

La Corte Constitucional había tenido en cuenta las cifras referidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que había reportado 4.770 decesos de niños por desnutrición o enfermedades asociadas, en un lapso de ocho años. De acuerdo al análisis estadístico, la mortalidad se relaciona con la falta de acceso a fuentes de agua mejorada, necesidades básicas insatisfechas y barreras a los servicios de salud en la primera infancia. Para 2013, la tasa de mortalidad asociada a desnutrición en menores de 5 años en La Guajira fue de 32,54 por cada 1.000 niños, mientras que el promedio nacional fue de 6,76.

Para 2020, cuando se cumplían cuatro años de emitida la sentencia, diversas organizaciones hicieron un balance de los indicadores: la mayoría estaba en rojo. De los más de 50 indicadores propuestos para los eventuales seguimientos, ni siquiera la mitad estaban construidos. Azotados por el Covid-19, la situación está lejos de mejorar. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sitúa a La Guajira como el departamento con mayor pobreza extrema. Esta posición siempre se la disputan entre la Guajira y el Choco, dos departamentos ricos en recursos y pobres en calidad de vida. El Defensor del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo, confirmó que los problemas de alimentación, salud y agua potable persisten a tal grado que, durante 2021, se registran 17 menores Wayúu muertos por desnutrición o enfermedades asociadas a ella.

Para visibilizar lo anterior, el DANE elaboró un índice denominado “Incidencia de pobreza monetaria extrema” que se diferencia de la pobreza monetaria. Para ello, recaudó información de los hábitos de consumo de estos hogares y elaboró una canasta básica de alimentos que garantiza 2.100 calorías diarias para la subsistencia. Según el indicador, un 39,7% de la población de La Guajira no alcanza la alimentación óptima. Por otra parte, el indicador SIVIGILA, creado por la misma Sentencia T-302, arroja que del universo de pobres extremos 433 niños indígenas menores de cinco años ya están en condición de desnutrición durante 2021.

El ganado de los wayúu disminuye año a año por la escasez de alimento. Foto: Joanna Barney

El ganado de los wayúu disminuye año a año por la escasez de alimento. Foto: Joanna Barney

Combatir el hambre y la corrupción

Por su lado, Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins elaboraron un informe de seguimiento de la T-302 para instar al gobierno de Iván Duque a adoptar medidas concretas para garantizar los derechos de los niños indígenas wayúu de La Guajira. Entre las recomendaciones se destacan:

• Aumentar y orientar, de manera urgente, los esfuerzos para brindar alimentos, agua potable y elementos de higiene a las familias de La Guajira expuestas a un mayor riesgo de desnutrición. Particularmente, mientras las escuelas estén cerradas debido a la pandemia.

• Apoyar la extensión de actividades agrícolas, brigadas de salud animal, cooperativas agropecuarias y establecimientos agrícolas comunitarios a corto plazo, y tomar medidas para monitorear y mitigar los efectos del cambio climático a largo plazo.

• Agilizar el proyecto “Guajira Azul” del Ministerio de Vivienda para construir pilas públicas en todo La Guajira, orientando los esfuerzos a las comunidades expuestas a un mayor riesgo.

• Establecer y mantener sistemas permanentes de agua en las comunidades wayuu.

• Llevar a cabo un censo integral y una encuesta nutricional de las comunidades wayuu de la región para determinar la cantidad de casos de mortalidad infantil y desnutrición, así como el alcance de la migración venezolana, con el fin de definir políticas públicas.

• Aumentar la cantidad de fiscales, jueces e investigadores que se dedican a las investigaciones penales, disciplinarias y administrativas sobre corrupción en La Guajira, y brindarles protección y capacitación adecuada para que puedan seguir adelante con su trabajo.

• Intensificar los esfuerzos para prevenir la corrupción en La Guajira y garantizar procesos de contratación competitivos y transparentes.

Si bien es cierto que a la Guajira ingresan limitados recursos, también es cierto que una gran parte de ellos se pierden. De hecho, pocos gobernadores alcanzan a terminar sus períodos antes de ser destituidos por corrupción y desviación de recursos. Los recursos destinados a los programas de salud y alimentación tampoco han llegado a buen fin y en su gran mayoría son desviados por los mecanismos de corrupción del departamento.

El aumento de la mortalidad se relaciona con la falta de acceso a fuentes de agua mejorada y necesidades básicas insatisfechas. Foto: Joanna Barney

El aumento de la mortalidad se relaciona con la falta de acceso a fuentes de agua mejorada y necesidades básicas insatisfechas. Foto: Joanna Barney

La urgencia de actuar

Todo lo anterior revela la importancia de hacer un constante seguimiento a las sentencias y autos de la Corte Constitucional Colombiana, que ha identificado magistralmente las profundas problemáticas en La Guajira. Sin embargo, no debemos quedarnos solo aquí: debemos pasar ya del papel a la realidad.

Como en el Acuerdo Final de Paz, el diablo está en los detalles y aparece cuando se pretende poner en práctica lo ya decretado. En los últimos ocho años, bien sea porque la ingobernabilidad ha limitado la gestión de las instituciones o porque los recursos se pierden o por pura desidia, lo único cierto es que para los más vulnerables la realidad no ha dejado de empeorar. Cada año los números son más preocupantes. Y más allá de esos números, los niños wayúu siguen muriendo por causas evitables.

Lo anterior ha llevado a que las sentencias y las acciones judiciales también aumenten. Entonces, la solución al abandono histórico de La Guajira está en la ruptura de este eterno dialelo que se ha formado entre la inoperancia del sistema y las cortes. Implementar, implementar e implementar se debería convertir en el nuevo mantra.

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Al alejarse de los cascos urbanos, las carreteras son reemplazadas por polvorientos caminos, mientras que las viviendas elaboradas con yotojoro, el corazón seco del cactus cardomo, sustituyen a las casas construidas en ladrillo con techo de zinc. Tampoco existe energía eléctrica y solo quedan unos cuantos postes que evidencian los tímidos intentos por electrificar una zona donde todo se lo lleva la corrupción.

Sin embargo, la más dura escasez, es la del agua, en parte, por culpa del cambio climático. Según el último Censo Agropecuario de 2014, los chivos ascendían a cerca de un millón de cabezas y están en crisis al no obtener el mínimo de agua necesaria para criar nuevas camadas. “Se les seca la leche antes de que la cría mame”, dice con tristeza una líder indígena. El acueducto, prometido en cada campaña electoral, nunca ha logrado materializarse y el agua solo llega en costosos carrotanques que las comunidades almacenan al lado de sus viviendas.

La Guajira es la tierra del pueblo indígena Wayuu: los hijos del desierto. Según el último Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en 2018 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), su población binacional asciende a 380.460 miembros y se estima que pueden ser aún más debido a los movimientos migratorios desde y hacia Venezuela, más allá de la resistencia de algunos a ser censados. Aun así, son la etnia más numerosa de Colombia y también una de las menos comprendidas.

La vulneración de los derechos fundamentales del pueblo Wayuu es tan extrema, que la Corte Constitucional colombiana ha emitido varias sentencias a su favor. Entre ellas, se destaca la T-302, del 8 de mayo de 2017, que declara la existencia de un estado de cosas inconstitucional, en consonancia con las medidas cautelares adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales aplicables a las políticas públicas del Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales y municipales de la Guajira. Si bien la medida tutela los derechos fundamentales a la salud, agua potable, alimentación y seguridad alimentaria de los niños Wayuu, no se olvida de la necesidad de que se garantice el derecho fundamental a la participación de los beneficiarios.

Pastores de cabras en un pozo de agua salobre en Cabo de la Vela. Foto: INDEPAZ

Un desierto de recursos naturales

En contraste con esta dura realidad, los Wayuu están rodeados de energía y riqueza. En su subsuelo descansan más de 3.670 millones de toneladas de carbón térmico, donde se origina el 35% del gas extraído en Colombia y se encuentran los nuevos yacimientos que garantizarán el gas para los años venideros. Todo lo anterior sin contar las expectativas de petróleo costa fuera que vienen y van, y la minería de talco y otros materiales de construcción. Como si todo lo anterior fuera poco, ahora se habla de su gran potencial eólico y solar. Toda esta riqueza está concentrada en un área de 1.080.336 hectáreas: un territorio cobijado como resguardo indígena por la Constitución de 1991.

A pesar de esta demarcación, al menos una docena de empresas multinacionales y multilatinas pretenden desarrollar los parques eólicos de Colombia en La Guajira. Los poderosos inversionistas llegaron a estas tierras abandonadas por el Estado para establecer acuerdos de uso del territorio con centenares de comunidades. El Estado nunca vigiló los procesos de información y concertación para que se respeten los derechos del pueblo Wayuu y de otros pobladores de la región. La irresponsabilidad estatal ha dejado al azar y a la incertidumbre la suerte de la gente de La Guajira y la seguridad jurídica de las inversiones.

El mensaje que han recibido las empresas ha sido el de crear situaciones de hecho. El lema oficial de los megaproyectos energéticos en la península parece ser: “Avancen con sus proyectos que en el camino les arreglamos lo que sea necesario”. Para las comunidades, la realidad acerca de lo que se pretende en sus territorios va apareciendo de a poco y con promesas de baratijas. Algunas comunidades llevan años de acercamientos al tener a su cuidado las torres de medición necesarias para viabilizar proyectos ante la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) en las zonas pretendidas para los parques. Otras observan por un plazo a la empresa que opera en su territorio e inician conversaciones, pero, al poco tiempo, la compañía vende su negocio a otra: como resultado, la confusión y la desconfianza reinan en la región.

Actualmente, las comunidades en inmediaciones a los parques eólicos en Alta Guajira afirman que no se han concluido las Consultas Previas, mientras que, en algunos casos, ni siquiera se han comenzado. Más allá de que las consultas deben ser previas, las compañías ya cerraron varios negocios de venta de energía con el Estado. Incluso ya han adquirido aerogeneradores a empresas extranjeras valuados entre 1 y 2 millones de dólares dependiendo de su capacidad. En este marco, el último trámite que les falta por hacer debería ser el primero: el consentimiento de las comunidades dueñas del territorio.

El Parque Eólico Jepírachi entró en operación en 2004 y posee 15 aerogeneradores que significan una capacidad instalada de 19,5 MW de potencia nominal. Foto: INDEPAZ

El pronunciamiento de la Procuraduría sobre las consultas previas

En respuesta a las denuncias y al informe elaborado por INDEPAZ El viento del Este llega con revoluciones, la Procuraduría General de la Nación instó, en agosto de 2020, al Ministerio de Minas y Energía, la Unidad de Planeación Minero-Energética, la Autoridad de Licencias Ambientales, Copoguajira y al Ministerio del Interior a no olvidar el principio de la moralidad administrativa. De este modo, la Justicia colombiana solicitó la suspensión del proyecto Línea de Transmisión Asociada la Conexión Cuestecitas-Colectora 1 a 500Kv en tanto no se agote el procedimiento de Consulta Previa y la obtención del Consentimiento Libre, Previo e Informado de las comunidades étnicas que se encuentran dentro del área de impacto.

La construcción de la Colectora fue contratada mediante una licitación a la empresa de Energía de Bogotá en 2017 y es indispensable para la evacuación de la electricidad que producirán los parques eólicos de la Alta Guajira. Su obra depende de que se hagan las consultas previas a las 248 comunidades indígenas del área. Bajo las líneas de alta tensión, la reglamentación vigente estipula que no puede haber construcciones ni asentamientos en una franja conocida como de servidumbre de un ancho de 60 metros. Además del perpetuo derecho de tránsito de la empresa por sus tierras, esto supone el reasentamiento de los pueblos indígenas y campesinos que habitan la zona.

Si bien algunas comunidades ya habían llegado a etapas avanzadas de la Consulta Previa, INDEPAZ pudo evidenciar que debieron volver a comenzar a petición de las mismas comunidades por la confusión o falta de entendimiento entre los líderes. Este caso se repite también con los parques eólicos, donde los miembros de la comunidad son deslegitimados por no contar con el respaldo de los dueños ancestrales o tíos maternos y deben reiniciar las consultas, siempre y cuando las empresas así lo consideren.

Es siempre útil aclarar que los Wayuu funcionan como unidades federadas y que cada urruku o ranchería tiene autoridad para decidir sobre el futuro de su familia. Sin embargo, debe ser guiado por el dueño ancestral de su territorio, lo que ha llevado al fraccionamiento y enfrentamientos al interior de las comunidades.

Las viviendas Wayuu son elaboradas con yotojoro, el corazón seco del cactus cardomo, y sustituyen a las casas construidas en ladrillo con techo de zinc. Foto: INDEPAZ.

Defendiendo los intereses de las empresas

El Gobierno de Colombia no ha ahorrado esfuerzos para agilizar el trámite de las Consultas Previas a las empresas: desde el intento de simplificación “Guajira consulta y actúa”, pasando por la circular que las habilitaba de manera virtual, hasta la creación de plataformas impulsadas por contratos con organizaciones multilaterales internacionales en franco apoyo a las empresas. En la misma línea, en plena pandemia, el Decreto 990 de 2020 autorizó a los funcionarios del Ministerio del Interior a visitar a las comunidades indígenas, ya golpeadas por el Covid-19, para presionarlas.

Pero la estocada final a los procesos de Consulta Previa llegaría con la Directiva Presidencial N° 8, emitida el 9 de septiembre pasado, que tiene como asunto Guía para la realización de consulta previa. Esta directiva introduce el delicado término de “Test de proporcionalidad” que puede ser aplicado por el gobierno cuando, en un plazo no mayor a los tres meses de iniciado el acercamiento con las comunidades, no llegaran a un acuerdo, por la inasistencia de las autoridades o falta de representatividad de la comunidad étnica. Este último punto parece pensado para la comunidad Wayuu donde los conflictos entre los líderes ancestrales, quienes realmente deciden sobre los territorios y los achones, y los sobrinos que no tienen la potestad de decidir, está presente en casi todos los proyectos eólicos.

De más está decir que la finalidad de este test es permitirle al gobierno decidir las medidas adecuadas para prevenir, corregir o mitigar las afectaciones directas. Sin embargo, en base a eufemismos, el Gobierno limita el derecho de las comunidades a decidir sobre sus territorio y las obliga a adaptarse a los tiempos impuestos por el Ministerio del Interior y las empresas. Esto último va en contra de la esencia misma de la Consulta Previa, tal como es concebida en la Convención 169 de la OIT.

Las comunidades de La Guajira se han dirigido por muchas vías al Estado colombiano para que intervenga como garante de los derechos de la Nación Wayuu y no como simples aliados de las multinacionales. Se escuchan voces de líderes y, sobre todo, de lideresas que rechazan los megaproyectos por poner en riesgo a la comunidad. Otras autoridades piden que se llegue a acuerdos y a consentimientos con previa información, en términos justos y con beneficios reales, dada la transformación que estos megaproyectos generarán en el territorio hasta 2100.

Son muchas las preguntas que se hacen en La Guajira sobre la ocupación de sus territorios para producir energías renovables, cuando al mismo tiempo se extienden las concesiones para extraer carbón, gas y petróleo. La orden de la Procuraduría General de la República debe ser una oportunidad para que se revisen las ejecuciones de esos contratos y se siente un precedente sobre el respeto a los derechos de la Nación Wayuu. Esto es necesario para avanzar en una transición energética con proyectos verdaderamente limpios, en lugar de atropellar y amenazar a todo un pueblo indígena, y condenarlo al sacrificio en nombre de las llamadas energías verdes.

Joanna Barney es psicóloga con maestría en Paz y Resolución de conflictos. Además, es investigadora de INDEPAZ en temas de empresas y derechos humanos y en los últimos años hace acompañamientos a comunidades indígenas en conflicto con multinacionales. Coautora del libro El viento del este llega con revoluciones, multinacionales y transición con energía eólica en territorio Wayuu.

Autoridad tradicional Alta Guajira. Foto: INDEPAZ

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