Finalmente, otra incógnita es si el conflicto sirvió para frenar las medidas estructurales de modificación del modelo económico (que inicialmente implicaba el retroceso en conquistas sociales) o si, más bien, le sirvió a las organizaciones movilizadas para potenciar la demanda de renuncia del presidente (pedido central en la última parte del conflicto). Sobre esto último, varios líderes de organizaciones y de comunidades campesinas explicaban que la demanda se canalizaría en la renuncia del primer mandatario, siguiendo la consecuente sucesión constitucional del vicepresidente, Edman Lara, y una convocatoria a nuevas elecciones en el plazo de tres meses. Algunos incluso proponían la habilitación del ex presidente Evo Morales, por ahora, negada por la Justicia.

Un presidente que nadie vio venir

Rodrigo Paz Pereira, hijo del ex presidente Jaime Paz Zamora, llegó a la primera magistratura como una completa sorpresa. De familia de izquierda y guerrillera, su padre fue presidente y jefe del antiguo Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), gracias a un insólito acuerdo político con el ex dictador de derecha Hugo Banzer, tras las elecciones de 1989. En 2025, Paz Pereira ganó el ballotage contra el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga con los votos que quedaron dispersos por la desaparición del MAS: estos votantes, de extracción popular, nunca habrían optado por un candidato de la ultraderecha como “Tuto”.

Asumido el cargo, Paz desactivó temporalmente la emergencia de la escasez de combustible, a través de acuerdos con Estados Unidos y países aliados de la región. Sin embargo, muy pronto empezó a firmar decretos y resoluciones destinadas a desmontar lo que él mismo llamó “Estado tranca”. En realidad, se trató de medidas que favorecían a los sectores de poder económico de la región del Oriente, dando la espalda a su electorado en la zona andina. Así, aprobó la eliminación del impuesto a las grandes fortunas y dictó el Decreto Supremo 5503, que a través de 121 artículos establecía un procedimiento fast-track de flexibilización en la aprobación de contratos de inversión extranjera en infraestructura y aprovechamiento de recursos naturales, sin aprobación parlamentaria ni consentimiento previo de los Pueblos Indígenas afectados. Además, eliminó casi en su totalidad el subsidio a los hidrocarburos líquidos, lo cual duplicó el precio de la gasolina y triplicó el del diésel. 

Justamente en estos primeros días se puede rastrear uno de los antecedentes del conflicto posterior. El presidente y su gobierno plantearon una posición distante del vicepresidente, Edman Lara, un ex policía de gran aceptación popular. Incluso antes de la asunción, Lara acusó al presidente, a través de sus redes sociales, de incumplir las promesas acordadas y construir un gobierno sin su participación. Cuando la reyerta escaló, el gobierno aprobó un decreto que eliminó las atribuciones constitucionales del vicepresidente y le quitó casi todo el financiamiento. Mientras Paz acusaba a Lara de ser una persona no apta para el cargo, un sector no despreciable de su electorado leyó esto como una traición de clase: sobre todo los sectores populares andinos representados por campesinos, comerciantes, cuentapropistas, transportistas y trabajadores, que son más refractarios a las clases medias y altas de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, considerados por ellos como de “derecha”.

Una sumatoria de demandas

La composición de la movilización fue cambiando con el tiempo. En abril, el presidente aprobó de manera completamente inconsulta la Ley 1720, con la que se pretendía convertir las pequeñas propiedades agrarias en medianas a través de un trámite administrativo y otorgar una moratoria de verificación de la función económica y social de predios medianos. El gobierno y los sectores del agronegocio intentaron posicionarla como una norma beneficiosa para el campesinado pequeño, aunque era evidente que estaba dirigida de manera directa a los terratenientes del Oriente. En efecto, el principal empresario y senador de esta región se encargó de difundir y defender su aprobación. 

En este contexto, la primera protesta fue protagonizada por las organizaciones campesinas del Norte Amazónico que iniciaron una marcha exigiendo la abrogación de la Ley 1720. En el camino se sumaron organizaciones indígenas del departamento del Beni, que se desmarcaron de los acuerdos asumidos por la Confederación de Naciones y Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (CIDOB) con el gobierno, el cual intentaba restarle peso a la marcha campesina. A su vez, esta movilización despertó a los mineros cooperativistas y al magisterio con sus propias peticiones. Hasta aquí, el gobierno había procesado las protestas como un conjunto de conflictos sectoriales atribuidos a la herencia de los “20 años del MAS” y al intento de desestabilización de líderes políticos, desplazados del poder y ligados al ex presidente Evo Morales. 

El 1° de mayo, la Central Obrera Boliviana (COB) presentó en El Alto su pliego petitorio y el conflicto entró en otra fase: asumió un carácter estructural y escaló la polarización social, que se expresó en las calles, en los medios y en las redes sociales.

El 1° de mayo, la Central Obrera Boliviana presentó su pliego petitorio y el conflicto entró en otra fase: asumió un carácter estructural y escaló la polarización social.

Abrogada parcialmente la ley 1720 y firmado el decreto 5613, que habilita la dotación de áreas fiscales de vocación forestal a las comunidades campesinas e indígenas amazónicas, el gobierno declaró que las movilizaciones ya no tenían carácter reivindicativo, sino político. Especialmente porque empezó a emerger con mayor fuerza el pedido de renuncia del presidente: una demanda de la cual se despegaron las organizaciones indígenas tras la abrogación parcial de la Ley 1720. Adicionalmente, el gobierno aprobó una resolución ministerial que otorgaba a los mineros la regularización de contratos en áreas protegidas y territorios indígenas, sin consulta previa. De este modo, se consolidó la violación de los derechos indígenas establecidos en la Constitución, con la única intención de neutralizar uno de los sectores más fuertes de la protesta. 

Por su parte, el 1° de mayo, la Central Obrera Boliviana (COB) presentó en El Alto su pliego petitorio y el conflicto entró en otra fase: adquirió un carácter estructural y escaló la polarización social, que se expresó en las calles, en los medios y en las redes sociales. En esta nueva etapa, las organizaciones movilizadas fueron otras: los cocaleros del Chapare, que iniciaron una marcha hacia La Paz, y los campesinos de la histórica “Túpac Katari”, que aglutina a los denominados “ponchos rojos”, uno de los sectores más combativos del país. Los bloqueos se extendieron por casi toda la zona andina y el campesinado comunitario se incorporó masivamente a las movilizaciones en sus territorios. Ahora sí, la demanda excluyente fue la renuncia de Rodrigo Paz por la comercialización de combustibles líquidos de mala calidad, la falta de dólares y la creciente inflación. 

Un conflicto que parecía nunca acabar

Otra arista del conflicto es el impacto en los sectores populares andinos por la alianza de Rodrigo Paz con los sectores de poder del Oriente (tras la victoria electoral). Sumado a las medidas de corte neoliberal que afectan las conquistas sociales inscriptas en la Constitución, las clases populares procesaron este acuerdo como una traición al voto que lo llevó a Paz a ganar las elecciones. A esto se agregó la ausencia de los elementos simbólicos indígenas en los símbolos del Estado y un cambio en el lenguaje y prácticas con las que el gobierno se relacionó con los sectores movilizados: sin interlocutores que entendieran las problemáticas sociales, el conflicto no encontraba salida y se extendía en el tiempo.

El gobierno apostó siempre al diálogo, sin ceder a la demanda de renuncia presidencial, y encaró al conflicto como sectorial. Durante varias semanas, la renuncia presidencial fue la única forma de levantar los casi 100 cortes de ruta que comenzaban a asfixiar a La Paz, la sede de gobierno. El lenguaje xenófobo y discriminatorio hacia los movilizados se impuso en las redes sociales y los medios de comunicación, completamente volcados hacia el gobierno. Por su parte, los movilizados respondieron con una agresividad solo justificada por la impotencia.

Como sucede en otros conflictos liderados por las organizaciones populares de la región andina, la polarización se expresó en el tensionamiento de las fisuras históricas de Bolivia, principalmente las de orden étnico y regional.

Como sucede en otros conflictos liderados por la región andina, la polarización se expresó en las fisuras históricas de Bolivia, principalmente de orden étnico y regional.

De este modo, el gobierno apeló a la estrategia del desgaste y evitó dictar el estado de excepción, para no activar otros sectores y generar un caos mayor. Si bien la ausencia de represión armada (como la vivida en tiempos de Jeanine Añez o Gonzalo Sánchez de Lozada, con un reguero de muertos, heridos y detenidos) mantuvo la protesta dentro de los carriles institucionales manejables, la extensión del conflicto le generó al presidente un daño político importante en el conjunto de la sociedad, que le exigía sacar el Ejército a las calles.

Como sucede en otros conflictos liderados por las organizaciones populares de la región andina, la polarización se expresó en el tensionamiento de las fisuras históricas de Bolivia, principalmente las de orden étnico y regional. En Santa Cruz, el bloqueo fue leído como una medida que, en realidad, iba dirigida contra ese departamento, en tanto proveedor de muchos productos consumidos en Occidente. Mientras que, desde la intelectualidad indígena de las ciudades, sobre todo aimara y quechua, el conflicto habría hecho aflorar el racismo y la discriminación contra la población originaria de los Andes, que era nuevamente postergada en la gestión pública. Asimismo, se planteaba de modo generalizado que las conquistas incorporadas en la Constitución estaban en peligro.

El rol de Evo Morales

Dentro de los ejes de descalificación mediática, el gobierno le endilgó a Evo Morales estar detrás de una intentona sediciosa y de financiar los bloqueos  a través del narcotráfico, con el único objetivo de lograr su habilitación para unos supuestos comicios post renuncia presidencial. En realidad, salvo por la movilización de los cocaleros del Chapare, el ex presidente tuvo más participación mediática que en las acciones concretas, en tanto está enfrentado a varios de los sectores que protestaron. Si bien confluyeron en la demanda principal del conflicto, la multiplicidad de actores articulados por la Central Obrera Boliviana y los campesinos fue mayor a la movilización del sector cocalero, desde su histórico enclave del Chapare hacia la sede del gobierno. 

Los momentos de mayor tensión se vivieron durante mayo, con la entrada de diferentes marchas a La Paz y el bloqueo total de la ciudad. Las organizaciones multiplicaron las agresiones contra comercios que no cerraban e, incluso, de ciudadanos de a pie que rechazaban la radicalidad de las medidas y el pedido de renuncia a solo seis meses de iniciado el gobierno de Rodrigo Paz. A nivel nacional, los bloqueos paralizaron la economía y provocaron, de manera directa e indirecta, la muerte de 22 personas: tanto por  impedir el paso en los puntos de bloqueo a las ambulancias (lo que imposibilitaba la atención médica) como por la escasez de insumos que no llegaron a los hospitales para pacientes en situación crítica. 

La sociedad urbana también le reprochó al Presidente una ineficiente gestión de la crisis, que desnudó la falta de conocimiento acerca de cuáles sectores reclamaban, sobre todo, en lo relacionado a la tierra y territorio. En este caso, la vocería fue manejada por el senador y empresario terrateniente Branko Marincovic, del partido Alianza Libre del ex candidato presidencial de extrema derecha Jorge “Tuto” Quiroga. Este fue otro de los ingredientes que potenció a los movilizados, puesto que veían en Marincovic a un descendiente de extranjeros, terrateniente, blanco y de la región oriental, promoviendo una reforma que claramente perjudicaba al campesinado pequeño, con argumentos poco creíbles ante la sociedad. 

La tregua y la incertidumbre

El conflicto finalizó con la firma del acuerdo el 26 de junio, que si bien no representa una agenda política del movimiento popular, podría ser una bisagra en el relacionamiento entre el Estado y un amplio espectro social sobre sus conquistas históricas: soberanía nacional; respeto a los Pueblos Indígenas; consulta y participación en las decisiones que puedan afectarles; y la no autorización de actividades mineras en áreas protegidas y territorios indígenas. Un punto fundamental fue el compromiso de Rodrigo Paz de no entregar los recursos naturales (gas y litio) ni privatizar las empresas estratégicas nacionales. Finalmente,  el resarcimiento por la afectación de vehículos por los combustibles en mal estado, medidas para proteger la canasta familiar, recomposición salarial y previsional. 

A casi un mes de la firma del acuerdo, es evidente que varias de las demandas no fueron solucionadas. En lo político, el presidente, Rodrigo Paz, no renunció y declaró el estado de excepción, que, de todos modos, no fue el mecanismo para desmontar los bloqueos. Además, la atomización en el Congreso se mantiene y las organizaciones populares no se han recompuesto ni fortalecido: negociaron demandas puntuales y volvieron a sus regiones. En lo económico, no existe claridad en la política de desarrollo, que combina discursos altisonantes con una indispensable dependencia de créditos internacionales para cubrir los huecos presupuestarios que dejó la caída de la renta gasífera.

El correr de los días y los meses demostrará quién venció a quién en este conflicto. El gobierno está reponiendo lentamente varios de los puntos de su agenda económica: dejar fluctuar el tipo de cambio para “sincerar” su cotización; proponer normas que atraigan la inversión extranjera directa; y la flexibilización de impuestos y trabas estatales. La conversión de la pequeña propiedad en mediana, que dio origen al conflicto, ha sido recientemente repuesta a partir de dos proyectos de ley, con varios retoques y una salvaguarda expresa para la propiedad colectiva de los territorios indígenas. No se sabe si se trata de una iniciativa del agronegocio o del propio gobierno. En este último caso, sería realmente jugar con fuego, sin haber salido aún de la crisis generada por los bloqueos.

The post Fin del gran bloqueo nacional en Bolivia: ¿sin vencedores ni vencidos? appeared first on Debates Indígenas.

Sin embargo, hoy en día, los medios de vida de la mayoría de los pueblos se ven amenazados por la sobreexplotación de los recursos naturales, la expansión de la frontera agrícola, la instalación de carreteras, obras de infraestructura y otras actividades de escala industrial que modifican su entorno. Estos proyectos extractivistas ponen en riesgo su sobrevivencia y, por ello es necesario contar con herramientas que fortalezcan su gobernanza y autonomía, en la defensa de su territorio y sus recursos naturales.

La experiencia que queremos compartir en este artículo es el trabajo conjunto desarrollado con las autoridades del Territorio Indígena Multiétnico (TIM): el Gobierno Indigena Autónomo, la Subcentral de Cabildos Indigenales y la Subcentral de Mujeres. Esta sinergia, que amalgamó los saberes ancestrales con las nuevas tecnologías de mapeo, concluyó con la elaboración de un Atlas y un conjunto de herramientas cartográficas para optimizar su gobernanza y fortalecer su autonomía. 

Un territorio en donde conviven cinco pueblos

El Territorio Indígena Multiétnico se encuentra en la Amazonía boliviana, en los llamados llanos de Mojos: la tercera sabana inundable más importante de América del Sur. El TIM fue reconocido como territorio indígena por el Decreto Supremo 22.611 que se obtuvo tras la primera marcha protagonizada por los Pueblos Indígenas de Tierras Bajas en 1990. Se denomina Multiétnico porque este territorio está conformado por 28 comunidades pertenecientes a cinco Pueblos Indígenas: Mojeño Ignaciano, Mojeño Trinitario, Movima, Yuracaré y T’simane. De este modo, el TIM es un ejemplo de convivencia armónica entre diversas etnias y la naturaleza.

En 2010, un Encuentro de Corregidores (máxima instancia de decisión territorial) tomó la decisión de iniciar la constitución de un gobierno autónomo en el Territorio Indígena Multiétnico, tal como lo establece la Constitución Política del Estado. El complejo proceso comenzó con el cumplimiento de múltiples requisitos como la construcción participativa y la aprobación en varias instancias de un estatuto donde se prevén las reglas del nuevo gobierno indígena. La particularidad de la Autonomía Indígena del TIM es que se constituye sobre el conjunto de todo el territorio ancestral titulado como tierras colectivas, a diferencia del resto de las ocho autonomías indígenas reconocidas hasta ahora, cuyas jurisdicciones territoriales son las mismas de los antiguos municipios.

A través de mapas parlantes y el uso de imágenes satelitales, se han georreferenciado los sitios importantes para cada comunidad y pueblo, y se han detallado sus diversos usos dentro del territorio.

A través de mapas parlantes y el uso de imágenes satelitales, se han georreferenciado los sitios importantes para cada comunidad y pueblo, y se han detallado sus diversos usos dentro del territorio.

Después de 13 años de largos trámites llevados adelante por la Subcentral de Cabildos Indigenales y la Subcentral de Mujeres, el 1° de marzo de 2023 lograron acceder a la autonomía con la adopción de la Ley N° 1497, que crea la Unidad Territorial del Territorio Indígena Multiétnico – TIM. En noviembre de ese mismo año, se posesionaron las autoridades que formarían parte del nuevo Gobierno Indígena Autónomo.

Desde 2020, la Organización de Apoyo Legal y Social – ORE trabaja con las autoridades del TIM brindando apoyo en materia de gestión de sus bienes naturales comunes, la conservación de sus bosques y, su sistema de control y vigilancia. En ese marco de trabajo conjunto con las organizaciones y autoridades indígenas, se han elaborado mapas ambientales, geográficos, demográficos y culturales. A través de mapas parlantes y el uso de imágenes satelitales, se han georreferenciado los sitios importantes para cada comunidad y pueblo, y se han detallado sus diversos usos dentro del territorio.

Uso de la cartografía en la gobernanza del TIM

Este trabajo ha permitido la compilación de mapas en un Atlas del TIM que contiene información sobre la “Unidad Territorial”: detalla ubicación, superficie, límites y comunidades que lo conforman; e identifica aspectos físicos, geológicos e hidrográficos. Por otro lado, en un largo trabajo conjunto con las comunidades, se ha actualizado la información social como el acceso a la salud y la educación en sus diferentes niveles, y la identificación de debilidades y fortalezas para garantizar el ejercicio de estos dos derechos humanos fundamentales.

Este atlas constituye una herramienta visual y política que no sólo tiene el propósito de registrar el uso y distribución del territorio, sino también de fortalecer la identidad cultural y profundizar la memoria histórica. Los mapas incorporan tanto el conocimiento ancestral como las tecnologías modernas, dando lugar a una representación dinámica que respeta las tradiciones y, al mismo tiempo, se adapta a las demandas actuales. Recoge también, un mapa histórico relatado por las comunidades, sobre la ubicación de las reducciones jesuíticas que se establecieron en 1600. Asimismo, identifica las áreas que, siglos más tarde, serían ocupadas por las madereras y que ahora han vuelto a manos de los Pueblos Indígenas de Mojos. 

El mapeo permite observar los límites del territorio y a la vez monitorear, en tiempo real, los focos de calor: una información crucial durante la época de incendios en agosto, septiembre y octubre (el final de la temporada seca).

El mapeo permite observar los límites del territorio y a la vez monitorear, en tiempo real, los focos de calor: una información crucial durante la época de incendios.

Este mapeo histórico y cultural cobra relevancia en la doble dimensión de lo que se entiende por gobernanza territorial. Por una parte, en la gobernanza interna, que consiste en tomar control de los asuntos propios: el ejercicio efectivo de los derechos colectivos referidos a la gestión territorial y el funcionamiento de las instituciones locales, sistemas de distribución de beneficios de los recursos, acuerdos intercomunales y gestión de conflictos internos. Por otra parte, la gobernanza externa, que abarca la legitimación hacia afuera de las estructuras de representación, instancias que deben fortalecerse para desarrollar políticas orgánicas de concertación con los actores que pretenden tomar decisiones en el territorio. 

El acceso a información cartográfica no se limita a un atlas físico y se han generado mapas interactivos que están disponibles en la página web de la gobernanza del TIM. Esta herramienta permite a las autoridades, comunarios, estudiantes y público en general, elaborar sus propios mapas en línea a través de un geovisor de fácil uso que descarga capas de información geográfica, ambiental y social. Además, posibilita observar los límites del territorio y a la vez monitorear, en tiempo real, los focos de calor: una información crucial durante la época de incendios en agosto, septiembre y octubre (el final de la temporada seca).

Un área de conservación que fortalece la cultura

Un elemento clave para la gestión y gobernanza del territorio fue trabajar la zonificación bajo un largo y participativo proceso con sus comunidades. En ella se mapean seis zonas de uso: cuerpos de agua, pampa, sabanas, tierras de uso pecuario, tierras de uso agrícola, bosques de uso tradicional y un área de conservación. En base a esta zonificación, el 26 noviembre de 2022, durante un Encuentro de Corregidores, la Subcentral de Cabildos Indigenales y la Subcentral de Mujeres propusieron la creación del “Área de Conservación Loma Santa”.

Durante las reducciones jesuíticas, los habitantes ancestrales del Gran Mojos se desplazaron en búsqueda de un lugar ideal en el medio del monte, en donde no había enfermedades ni explotación humana, y abundaban la paz y los alimentos. A ese lugar, lo llamaron “Loma Santa”. Siglos más tarde, el 3 de octubre de 2024, el Gobierno Indígena Autónomo del TIM promulgó la Ley Autonómica N° 003/2024 que creó el Área de Conservación del Patrimonio Histórico, Cultural, Social y Espiritual bajo el nombre de “Loma Santa”, consolidando así la decisión adoptada por el Encuentro de Corregidores dos años antes. 

Esta área de conservación es la primera área protegida indígena creada en la Amazonía boliviana. La cartografía muestra cómo la “Loma Santa” se encuentra dentro de un importante mosaico de conservación entre áreas protegidas y territorios indígenas, y  vinculada al gran corredor de biodiversidad Vilcabamba-Amboró, que se extiende por la región central del territorio nacional traspasando la frontera hacia Perú. De la misma manera, se destaca la ubicación del TIM como parte de un gran humedal de importancia mundial, el Sitio RAMSAR “Río Matos”.

La cartografía: una herramienta para la autonomía indígena

En los últimos años, el TIM ha enfrentado diversas amenazas, desde la explotación de sus recursos naturales hasta fenómenos climáticos como incendios e inundaciones. Disponer de información precisa y actualizada permite tomar decisiones oportunas y proteger el territorio. En respuesta a estos desafíos, se ha desarrollado un Sistema de Control y Vigilancia Territorial que busca garantizar la seguridad de los bienes naturales comunes, monitorear cambios ambientales y fortalecer la gobernanza indígena frente a presiones externas.

El mapeo territorial de los Pueblos Indígenas de Bolivia representa un acto de recuperación y reafirmación de los espacios que han habitado tradicionalmente. Durante décadas, la explotación de recursos naturales ha causado el desplazamiento y la desestructuración social y cultural de estas comunidades. En ese sentido, el proceso de titulación de los territorios buscó, en cierta medida, reparar ese daño.

Las herramientas cartográficas, por tanto, no son solamente la representación estática de una realidad geográfica, sino la expresión dinámica de acontecimientos históricos y las decisiones políticas que han ido adoptando los pueblos. Buscan mostrar situaciones, dar a conocer información y reafirmar los derechos que tienen los Pueblos Indígenas sobre su territorio, su biodiversidad y los demás elementos de la naturaleza que existen en él.

The post La cartografía como herramienta para la gobernanza indígena en el Territorio Indígena Multiétnico appeared first on Debates Indígenas.

Ya en la década del ‘80, comenzaron a generarse alianzas contra amenazas concretas. Un caso emblemático fue el de Brasil: bajo la consigna del “desarrollo”, el Gobierno militar comenzó a implementar programas mineros y forestales destinados a apropiarse de la Amazonía a través de carreteras que planeaban atravesar su geografía. En este marco, el ambientalismo tomó contacto con las poblaciones indígenas de la región, potenció sus campañas de denuncia por la destrucción del medio ambiente y las posicionó como aliadas naturales de la conservación.

Por su lado, los pueblos indígenas visibilizaron sus demandas, vincularon sus derechos humanos con el reconocimiento legal de su territorio y se posicionaron como el principal actor de la protección de las selvas y los bosques. El punto máximo de esta alianza llegó con la Cumbre de Río de 1992, cuando la agenda ambiental y la indígena encontraron eco en una comunidad internacional sensibilizada por los desastres naturales de los países del norte. En efecto, la Agenda 21 puso énfasis en la relación histórica de los pueblos indígenas con sus territorios y su papel para la conservación de los ecosistemas.

Vista área de Mercedes del Cavitu. Las comunidades indígenas de la amazonía boliviana tienen plena conciencia sobre la importancia de proteger sus territorios. Foto: Ore

El caso de Bolivia

Al calor de la ebullición social de comienzos del siglo XXI, los movimientos sociales bolivianos llegaron a promover la llamada “gestión compartida” de las áreas protegidas, sobre todo, en los casos de presencia indígenas. Sin embargo, en la actualidad, la gestión de las áreas protegidas puede calificarse como regresiva a partir del conflicto por el intento de construcción de una carretera que iba a atravesar el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Finalmente, esta obra fue detenida por dos marchas nacionales.

Al mismo tiempo, los pueblos indígenas en Bolivia lograron titular colectivamente 12,5 millones de hectáreas en las Tierras Bajas, es decir, el Subtrópico, el Chaco y la Amazonía. Sin embargo, los títulos de propiedad no lograron garantizar el pleno ejercicio de los derechos territoriales en el marco de la Libre Determinación, reconocida también en la Constitución Política del Estado. En efecto, existen territorialidades, impuestas por privados o estatales, que atraviesan los territorios indígenas y desconocen sus derechos colectivos, sus autoridades y su realidad socio-cultural. De más está decir que esto perjudica la gobernanza y la gestión.

En este marco, los territorios indígenas titulados han desaparecido como unidad de análisis y no son tomados en cuenta en la definición de políticas públicas. El Estado se articula a través de las unidades territoriales republicanas (como el departamento y el municipio) y, en el mejor de los casos, las comunidades quedan subordinadas a los distritos municipales. Pero no a través de los territorios indígenas que solo son considerados desde la óptica agraria, lo cual niega su entidad política y su lucha reivindicativa que generó su consolidación legal.

A esto se les suman las áreas protegidas solapadas, donde los instrumentos de gestión, como los planes de manejo, definen el uso, acceso y aprovechamiento del territorio, estableciendo las restricciones que suelen estar lejos de la realidad social y cultural de los pueblos indígenas que las habitan. Si bien el proceso de elaboración del plan de manejo suele ser altamente participativo, el ordenamiento territorial del área tiene como lógica sus condiciones ambientales y los elementos culturales e históricos son considerados, en el mejor de los casos, como “objetos de conservación”.

La VIII Marcha Indígena en defensa del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) volvió a posicionar a los indígenas de Tierras Bajar como guardianes de la naturaleza. Foto: Los Tiempos

El caso del Territorio Indígena Multiétnico

En este contexto, los instrumentos de gestión propios de los pueblos indígenas han cedido frente a otros esquemas de planificación pública que invisibilizan los Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC). Esto va de la mano con la crisis de representatividad de las organizaciones indígenas que protagonizaron la lucha por la titulación de los territorios: sus espacios colectivos de reflexión y deliberación con sus bases están muy debilitados.

Frente a esta situación, la agenda de los pueblos indígenas ha sido retomada por las organizaciones territoriales, que vienen proponiendo herramientas y procesos para construir de manera autónoma su propio desarrollo con perspectiva histórica. Los pueblos indígenas también vienen utilizando de manera estratégica las competencias constitucionales establecidas para las autonomías indígenas. Una de ellas es la creación de áreas protegidas subnacionales y de ordenamiento territorial, recuperando la iniciativa política y asumiendo la autoría que le demanda el presente momento histórico.

Ubicado en la Amazonía Sur de Bolivia, el Territorio Indígena Multiétnico (TIM) logró la titulación de 600 mil hectáreas como territorio colectivo de los cinco pueblos indígenas que habitan las 26 comunidades que lo componen: Mojeño Trinitario, Mojeño Ignaciano, Movima, T’simane y Yuracaré. El TIM ha empleado, de forma creativa, las herramientas técnicas de observación y control de la biodiversidad para ponerlas al servicio de la gobernanza y la gestión autónoma de su territorio a través de un sistema integral de control territorial.

Al mismo tiempo, se llevó adelante una serie de estudios que concluyeron con un Plan de Gestión de Recursos Naturales que incluye la zonificación de su territorio y asigna niveles de prioridad para su conservación y protección. Este Plan de Gestión decidió la creación del Área de Conservación Loma Santa ya que reúne condiciones ambientales, de vulnerabilidad y de alto valor biológico. Este lugar es considerado estratégico para la reproducción de la biodiversidad y de los sistemas de vida del territorio.

Comunidad Jorori del pueblo tsimane, ubicada en el Territorio Indígena Multiétnico (TIM). Los cinco pueblos del TIM emplean herramientas técnicas de forma creativa. Foto: Ore

El Área de Conservación Loma Santa

Esta área protegida fue creada en el marco del ejercicio de la libre determinación reconocida por la Constitución Política del Estado y las normas del Estatuto Autonómico que respaldan la obligación de tomar acciones para el control y la defensa territorial frente a las amenazas. Esta decisión política expresa una afirmación histórica porque el Área de Conservación Loma Santa reúne las casi 200 mil hectáreas conquistadas a través del Decreto Supremo 22.611, luego de la Primera Marcha Indígena de 1990.

Por otro lado, este área de conservación persigue el objetivo de consolidar un territorio que, por muchos años, fue objeto de extracción ilegal de madera y fauna nativa. De este modo, la creación del Área de Conservación Loma Santa adquiere características de defensa territorial porque intenta contrarrestar un conjunto de amenazas: la construcción de la carretera del TIPNIS, los avasallamientos y, el aprovechamiento ilegal de áridos y minerales en la cabecera de los ríos.

Todo esto se traduce en una afirmación política que integra los temas ambientales en el marco del proyecto histórico de vida de los cinco pueblos que habitan la región. Así, las comunidades se posicionan como un actor social relevante en la región del Gran Mojos, que armonizan su construcción histórica y social con las prioridades de conservación ambiental que, a su vez, permiten su reproducción como pueblo indígena.

El Área de Conservación Loma Santa tiene el objetivo de consolidar el territorio y defenderlo de los avasallamientos y la extracción ilegal de madera. Foto: Ore

El Parque Nacional “Kaa-Iya” en el chaco boliviano

La autonomía del pueblo Guaraní, Charagua Iyambae, ha sido el primer gobierno indígena del Estado Plurinacional y funciona desde 2016. Charagua está ubicada en la región semiárida del Chaco y su extensión suma más de 7.000.000 de hectáreas, de las cuales el 68% están declaradas como área protegida. Como el proceso de titulación de sus territorios colectivos no fue exitoso, la estrategia del pueblo Guaraní para recuperarlos fue crear áreas protegidas o de conservación ecológica, de modo paralelo a la demanda de autonomía. De este modo, la reconstitución territorial como medio para alcanzar el ivi mareï o tierra sin mal no fue a través de la devolución de sus espacios ancestrales, sino de un gobierno propio.

El camino fue largo. En los años ‘90 se creó el Parque Nacional Kaa-Iya (dueño del monte, en guaraní) del Gran Chaco con el objetivo de recuperar este territorio ancestral de 3,4 millones de hectáreas, el más grande de Bolivia. Este Parque Nacional cuenta con tres particularidades: su extraordinaria superficie de bosque tropical, la presencia de grandes felinos como el jaguar y el taguá, y es una zona de tránsito de los últimos ayoreos en aislamiento voluntario. Si bien en un principio fue cogestionado entre las capitanías del Isoso y el SERNAP, en la actualidad el Estado lo administra casi de manera excluyente. La participación indígena es mínima a través del Comité de Gestión.

Además, Charagua Iyambae cuenta con otras tres áreas de conservación propias creadas por iniciativa del gobierno autónomo. Se trata de Irenda (lugar del agua), Guajukaka (guanaco) y Ñembi Guasu (gran refugio). Más allá de su interés ecológico, esta última también es un área de tránsito de los ayoreos en aislamiento voluntario. En estos casos los modelos de gobernanza y gestión están en debate a partir del proyecto de Ley de Áreas Protegidas, en la que se está discutiendo un sistema de gestión y administración desde el gobierno autónomo con su propia impronta.

Con 3,4 millones de hectáreas, el Parque Nacional Kaa-Iya del Gran Chaco es el más grande de Bolivia. Foto: Ore

La gobernanza de la biodiversidad bajo la lógica indígena

El Área de Conservación Loma Santa y el Parque Nacional “Kaa-Iya” evidencian cómo los pueblos indígenas están a la vanguardia de la protección de la biodiversidad. Para ellos no es una novedad. Al contrario, la creación de áreas protegidas es un instrumento más para instrumentar una cosmovisión que entiende que el hombre y la naturaleza son complementarios. Tienen muy en claro que la sobreexplotación del territorio amenaza su propia existencia.

El gran desafío que se les presenta hoy a los pueblos indígenas es cómo sus territorios y las zonas de gran riqueza en biodiversidad pueden ser gobernadas bajo sus propias lógicas y sus propias autoridades tradicionales. En este marco, los pueblos indígenas tienen, además, la enorme responsabilidad de convertirse en actores de la conservación, en tanto su reproducción económica y social depende de la preservación de las funciones ambientales de la naturaleza.

En una coyuntura que nuevamente intenta marginarlas, las organizaciones indígenas deben construir una nueva agenda política que les permita posicionarse en el debate público sobre el cambio climático y la conservación. Los pueblos indígenas tienen siglos de experiencia como para generar un aporte sobre la gestión de las áreas protegidas. De cara al futuro, deben cumplir un rol protagónico en la lucha global contra el cambio climático.

The post Gobernanza indígena y conservación de los bienes comunes en Bolivia appeared first on Debates Indígenas.

La mayoría de los ayoreo fueron sacados violentamente de su territorio tradicional en la segunda mitad del siglo XX para ser “reducidos” a pequeños asentamientos, donde hoy subsisten como sedentarizados. Los primeros contactos datan de 1711 y 1726, cuando los jesuitas fundaron la reducción San Ignacio de Zamucos con varios grupos locales ayoreo. En 1745, una sublevación acabó con esta reducción. Pasaron más de 100 años hasta que se tuvieron noticias de los ayoreo con un acercamiento del grupo local Jnupegosode a trabajadores del ferrocarril Santa Cruz-Puerto Suárez en Bolivia.

Hasta mediados del siglo XX, los trabajadores de empresas petroleras tuvieron encuentros en el Chaco Paraguayo. En la década del 60, se inició un proceso sistemático de búsqueda y contacto de los ayoreo, que culminó con su deportación y reducción en aldeas misioneras. El último caso de contacto y sedentarización de grupos aislados en Paraguay data de 2004.

La Autonomía Guaraní de Charagua busca conservar las áreas protegidas para garantizar la decisión autónoma de no contacto de los ayoreo aislados. Foto: ORE / Andrés Unterladstaetter

La Autonomía de Charagua Iyambae busca conservar las áreas protegidas para garantizar la decisión de no contacto de los ayoreo. Foto: ORE / Andrés Unterladstaetter

Evidencias y testimonios de la presencia de aislados

La presencia de grupos aislados en Bolivia y Paraguay es conocida en ambos países. En Bolivia, se ha recogido información de manera metódica y sistemática, aunque ha sido difícil hacerlo de forma sostenida. En Paraguay, Iniciativa Amotocodie efectúa el monitoreo sistemático de la presencia de grupos aislados desde 2002.

Mediante el testimonio de los ayoreo sedentarizados y el registro de señales de presencia, Iniciativa Amotocodie estima la existencia de al menos 10 grupos pequeños (o grupos familiares), separados y aparentemente sin comunicación entre sí, que continúan con su vida nómada en el norte y oeste del Chaco paraguayo. Se trataría de entre 80 y 150 personas y al menos uno de los grupos pertenece al pueblo local Totobiegosode. Los otros no pudieron ser identificados aún.

En poco más de diez años, se pudieron identificar áreas y circuitos de los grupos nómadas. Los indicadores que se registran son varios: huecos de extracción reciente de miel en los árboles; marcas clánicas en cortezas de árboles y cactáceas; utensilios y chozas hallados en zonas de desmontes y trazado de nuevas picadas; marcas chamánicas advirtiendo a otros la presencia de un grupo o el límite hasta donde se puede avanzar sin peligro de choques violentos; huellas en aguadas y senderos dentro del monte; y objetos dejados cerca de algún asentamiento en señal de paz, amistad o intercambio.

Entre los indicadores testimoniales, se encuentran los avistamientos de personas desnudas con armas o utensilios, y las voces o gritos escuchados por no indígenas. Uno de los registros más importantes es el testimonio de los ancianos ayoreo que recuerdan a algún pariente que nunca salió del monte y que, por el tiempo transcurrido, se supone que aún está vivo.

Deforestación, usurpación y riesgo de contacto

El avance del desmonte pone en peligro tanto la subsistencia de las poblaciones aisladas como su forma de vida. Diariamente, el Chaco paraguayo pierde alrededor de 800 hectáreas de bosques, lo cual representa la deforestación más acelerada del planeta. El territorio tradicional del pueblo Ayoreo recibe el impacto directo de este ecocidio y los grupos en aislamiento voluntario son los más vulnerables. A esta amenaza se suman la construcción de carreteras, el narcotráfico, la acción misionera, la minería, la prospección petrolera y, por supuesto, el cambio climático. Cabe destacar que el Estado paraguayo todavía no reconoce formalmente la existencia de los grupos aislados ni posee políticas públicas para su protección.

El avance de la explotación económica hacia sus territorios significa la ocupación de áreas vitales para los grupos ayoreo. En la actualidad, el agronegocio es el principal causante de la deforestación del bosque nativo chaqueño y, con ello, el motor de la destrucción del mundo ayoreo. Además de una irrecuperable pérdida de hábitat, esto representa el aumento exponencial de situaciones de riesgo para los aislados: el desplazamiento forzado, el contagio de enfermedades, la pérdida de soberanía alimentaria, la muerte física, los contactos no deseados y los choques violentos con víctimas de ambos lados.

A veces, los aislados son tomados como intrusos cuando ingresan a propiedades privadas. Debido a la creciente escasez de agua, se ven obligados a exponerse a posibles situaciones de contacto acercándose por las noches a las haciendas ganaderas para extraer agua de los tajamares. Esta misma estrategia es empleada para recolectar sal.

En este contexto cabe recordar que Paraguay posee la concentración de tierra más alta del mundo: con un coeficiente de Gini de 0,93, su desigualdad es casi perfecta. La mayoría de los latifundios, deforestados para el monocultivo o la ganadería, fueron adquiridos de manera espuria. El territorio Ayoreo comenzó a ser usurpado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y los gobiernos del Partido Colorado (1989-2008). Basándose en privilegios otorgados por el gobierno y en artilugios jurídicos, los supuestos nuevos propietarios desconocen cualquier derecho a la tierra, que precede al otorgado por los Estados nacionales. El conflicto suele derivar en enfrentamientos y asesinatos, lo cual está provocando un aumento de la violencia en la zona.

En medio de esta concentración de tierra y la deforestación, los ayoreo aislados siguen practicando su forma de vida nómada y recorren las mismas rutas migratorias utilizadas por varias generaciones. En su cosmovisión no existen los límites fronterizos actuales ni la idea del territorio asegurado por la legalidad moderna. Estas rutas migratorias están cada vez más perturbadas y fragmentadas por los ocupantes, las cercas, las carreteras y las instalaciones de las industrias extractivas. La consecuencia es obvia: la ocupación de sus tierras perjudica las prácticas tradicionales de los últimos ayoreo en aislamiento voluntario.

El monte y el agronegocio. Los cultivos de soja y maíz avanzan junto a la deforestación, en detrimento de la biodiversidad del Chaco. Foto: ORE / Andrés Unterladstaetter

Los cultivos de soja y maíz avanzan junto a la deforestación. Foto: Andrés Unterladstaetter

Incendios, caminos y evangelización forzada

En 2012, en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se demostró que la acelerada ampliación de la frontera agrícola en los territorios donde transitan los ayoreo aislados había intensificado los avistamientos en todo el Chaco. Ese mismo año, el gobierno boliviano aprobó el Decreto Supremo N° 1286 en el que estableció un área de 536.568 hectáreas con la finalidad de aplicar medidas de protección territorial previo a la realización de estudios interdisciplinarios. La zona se ubicó en el Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu, que abarca una parte del Parque Nacional Kaa-Iya y otra del Parque Nacional Otuquis, dentro de la jurisdicción de la Autonomía Indígena Guaraní de Charagua Iyambae (en la frontera con Paraguay). Sin embargo, nunca se hicieron los estudios ordenados por el decreto y tampoco se implementaron medidas.

El evento más catastrófico, que afectó las áreas de tránsito de las familias ayoreas en aislamiento y en contacto, se registró durante agosto y octubre de 2019, con los incendios forestales ocurridos en la Chiquitanía y el Chaco boliviano, que adquirieron dimensiones nunca vistas. Según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, la superficie afectada fue de 3.519.843 millones de hectáreas, aunque otros estudios señalan que alcanzó más de 5 millones. El fuego comprometió sobre todo los ecosistemas definidos en el Decreto Supremo N° 1286 dentro del área protegida guaraní Ñembi Guasu, en la frontera con el Paraguay. Esta catástrofe hace presumir que se han modificado de manera definitiva las zonas de nomadismo de los aislados, dejando al decreto, en gran medida, descontextualizado.

La expansión de la red de caminos representa un gran impacto sobre el territorio, con efectos traumáticos e irreversibles sobre la vida de los aislados. Un camino abierto es el preludio de un nuevo desmonte, la incursión de saqueadores de maderas preciosas, la presencia de cazadores furtivos y de especuladores inmobiliarios. Si las carreteras son pavimentadas, el impacto es aún mayor. Las obras de infraestructura tienen efectos negativos derivados de la deforestación y la pérdida de los servicios ecosistémicos vitales para la población indígena y no indígena. Para los aislados, además, representa un corte en la continuidad de su territorio, una referencia nueva y un nuevo obstáculo a superar.

En 2020, se hizo visible un proyecto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay para habilitar un camino que atraviesa el Parque Nacional Defensores del Chaco y alteraría de manera definitiva el tránsito por parte de los aislados y la fauna de la zona. Sería el segundo de alto tránsito y alta velocidad que cruza el parque. Según el proyecto, se están planificados puentes y alcantarillas sobre los riachos y sobre el río Timane, lo que significa que será una ruta nacional y provocará una fuerte alteración ambiental.

Finalmente, aunque a esta altura se considera inadmisible la idea de contactar a los aislados “para salvarlos y entregarles la palabra de Cristo”, la acción misionera continúa en el siglo XXI. En ambos países, la iglesia A Nuevas Tribus persigue la evangelización de los ayoreo y organizan constantes viajes internacionales e intercomunitarios. De esta manera, los ayoreo se ven forzados a negar su cosmovisión debido a las determinaciones impuestas por los misioneros cristianos, lo cual también representa una forma de etnocidio.

Los megaincendios forestales que azotaron a Bolivia en 2019 afectaron a más de 3,5 millones de hectáreas, poniendo en riesgo la vida de los aislados. Foto: Pablo Ortiz

Los incendios de 2019 afectaron a más de 3,5 millones de hectáreas, poniendo en riesgo a los aislados. Foto: Pablo Ortiz

La configuración de genocidio

La violenta transformación y usurpación del territorio tradicional Ayoreo obliga a los aislados a abandonar regiones. Las huidas son siempre traumáticas y conllevan riesgos: pueden encontrarse en el monte con intrusos e incluso, muchas veces, los invasores realizan cacerías humanas para expulsarlos y ocupar el terreno, una típica operación de limpieza étnica. Los ancianos que vivieron esas situaciones y que hoy están sedentarizados detallan que intentar comprender desde su cultura qué ocurre con el monte es muy difícil y doloroso. El temor a lo desconocido los lleva a un estado de tensión que produce un estrés social e individual. En ocasiones, retirarse del lugar no es una opción por lo que permanecen cerca de la zona de riesgo, sin saber cuánto tiempo más perdurará el peligro.

Los ayoreo en aislamiento voluntario están experimentando un agravamiento de las condiciones ya arduas en las que sobreviven. Del lado boliviano, la Autonomía Guaraní de Charagua está considerando la posibilidad de crear una categoría especial de área protegida, con carácter de intangibilidad, para garantizar la decisión autónoma de no contacto de los ayoreo aislados. La demarcación de un territorio intangible representaría una doble coraza de protección y permitiría recomponer un territorio afectado por una catástrofe ambiental sin precedentes. El territorio es una condición fundamental para poder mantenerse lejos del contacto de la sociedad nacional.

Las diferentes amenazas expuestas configuran una situación de genocidio promovida por el modelo de desarrollo y activamente apoyada por los gobiernos nacionales. Los responsables estatales deben detener inmediatamente este crimen en desarrollo implementando acciones: limitar el acceso de particulares, devolver los territorios tradicionales al pueblo Ayoreo, detener el tránsito y la penetración en los territorios, y restaurar los ecosistemas afectados por los incendios. Los Estados paraguayo y boliviano tienen el poder de tomar estas medidas, lo único necesario es la voluntad política de detener este genocidio.

The post Los ayoreo: los últimos aislados fuera de la Amazonía appeared first on Debates Indígenas.