En principio, el resultado global de las izquierdas superaba ligeramente a la suma de las derechas. De hecho, hubo un acuerdo entre las izquierdas para votar en contra del candidato oligárquico, que en su año de gobierno había realizado reformas neoliberales y militarizado al país, con graves vulneraciones a los derechos humanos (como el asesinato extrajudicial de cuatro niños afroecuatorianos detenidos por el ejército). Este empate técnico se volteó con bonos y dádivas en las semanas previas a la segunda vuelta, y con un Consejo Nacional Electoral que permitió que el presidente y candidato Noboa realizara campaña con dinero público. En medio de denuncias de fraude el mismo día de la votación, Noboa ganó la elección por 10 puntos y fue proclamado presidente.

Sin embargo, tras la elección, la Corte Constitucional, que había avalado la irregular campaña presidencial, falló contra el gobierno en varios de sus decretos de militarización. Esto generó una fuerte crisis institucional. Como forma de amenaza, Noboa propuso una reforma constitucional, sin el aval de la Corte Constitucional, y convocó a realizar marchas alrededor de su sede, señalando a los magistrados. Incluso, se llegó a intentar desalojar la propia Corte por un supuesto aviso de bomba. 

Una guerra contra los sectores populares

En medio de esta crisis institucional, el 12 de septiembre, el gobierno emitió el Decreto 126 que eliminaba el subsidio al diésel. Esta medida había sido un factor muy importante de los paros y levantamientos populares e indígenas que se dieron en octubre de 2019 y junio de 2022 y había paralizado al país 8 y 18 días respectivamente. Estos habían terminado tras las negociaciones entre el movimiento indígena y el gobierno de turno, que terminó retirando la medida. El levantamiento popular por el subsidio de los combustibles tiene dos premisas: por un lado, el encarecimiento de la canasta básica y, por otro lado, la medida anula la única forma de atenuar el enriquecimiento de los grupos económicos que se han beneficiado de la extracción petrolera. 

Así, la dirigencia del movimiento indígena, de las centrales sindicales y las organizaciones de izquierda llamaron a una movilización contra el Decreto 126. Pocos días después, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) convocó a un paro nacional, que comenzaría el 22 de septiembre. Como demostración de fuerza, el gobierno de Ecuador trasladó la presidencia a la ciudad al sur de Quito, Latacunga, y la vicepresidencia a Otavalo, la ciudad al norte. Ambas ciudades son las sedes de dos de las organizaciones indígenas más importantes del país, las de la provincia de Cotopaxi e Imbabura, es decir, los núcleos de los levantamientos de 2019 y 2022.

En los primeros días del paro, la Corte Constitucional finalmente le otorgó al gobierno la consulta popular, tras acudir por la vía ordinaria. Se aprobaron cuatro preguntas: dos de corte populista, que preguntarían sobre la reducción de asambleístas en el órgano legislativo y sobre la eliminación de fondos a partidos políticos; y dos de fondo como permitir las bases estadounidenses en suelo ecuatoriano (en línea con la agenda militar de Donald Trump) y la verdadera pregunta, convocar un nuevo proceso constituyente. De esta forma, el gobierno oligárquico planteaba una guerra contra los sectores populares y un escenario de eliminación de una de las constituciones más avanzadas en derechos.

Una represión inusitada

El paro comenzó con un mayor corte de vías en la Sierra Norte, especialmente en Imbabura, acompañados por más bloqueos en la Sierra Centro y en Quito. También hubo marchas en otros puntos de Ecuador como en Cuenca, la tercera ciudad del país, que en las semanas previas al Decreto 126 había vivido una histórica marcha contra la minería metálica de grandes empresas transnacionales, después de que tres referéndums populares habían rechazado la extracción minera. También se dieron acciones de apoyo en 16 de las 24 provincias durante los tres primeros días de paro nacional.

El despliegue militar multiplicó la capacidad de guerra del Estado ecuatoriano contra el paro: fusiles de asalto, tanquetas militares, uso de helicópteros y drones de manera masiva. Al mismo tiempo, en los primeros días del paro, se llevó a cabo una violencia administrativa con el congelamiento de 70 cuentas bancarias de personas e instituciones de organizaciones sociales y colectivos afines, bajo el falso argumento de persecución del terrorismo y el narcotráfico. Esto comprobó las denuncias que organizaciones de derechos humanos habían realizado meses antes contra la Ley de Transparencia Social, que limita el derecho de asociación en el país. 

La presencia de la Vicepresidencia en Otavalo generó un gran despliegue militar en la capital demográfica y simbólica del pueblo Kichwa, que, desde el primer día, reprimió las movilizaciones. 

El uso de balas de alto calibre hizo que durante los primeros días hubiese numerosos heridos de bala con diagnósticos muy graves. 

Ante este despliegue dictatorial contra el paro popular e indígena, organizaciones de derechos humanos comenzaron a documentar la situación de persecución política que se estaba generando en Ecuador. Por un lado, la Alianza de Derechos Humanos, que reportó las agresiones y detenciones por parte del Estado (continuando el trabajo de informes y acción judicial realizado en 2019 y 2022). Por otro lado, el registro de la coalición de mapeo de la represión estatal, que durante el levantamiento de 2022 había realizado un seguimiento a las acciones de persecución estatal y las movilizaciones de apoyo al paro.

Pese a sus diferentes metodologías, ambas estadísticas documentaron una escalada de violencia estatal desde el primer día de paro. La presencia de la Vicepresidencia en Otavalo generó un gran despliegue militar en la capital demográfica y simbólica del pueblo Kichwa, que, desde el primer día, reprimió las movilizaciones, a través de una novedosa forma de represión directa contra las marchas y bloqueos pacíficos del movimiento indígena. El uso de balas de alto calibre dirigidas a los cuerpos de las personas manifestantes hizo que durante los primeros días hubiese numerosos heridos de bala con diagnósticos muy graves. 

Un gobierno decidido a matar

Una de las primeras escenas que sacudió al país fue el asesinato de Efraín Fueres, kichwa de Cotacachi, en la que una cámara de seguridad mostró cómo los militares le dispararon y, lejos de brindarle atención médica, apalearon a la persona que trató de apoyarlo y dejaron a ambos inconscientes. El gobierno primero negó las imágenes y, más tarde, las justificó. Además, 12 jóvenes otavaleños detenidos estuvieron en paradero desconocido y finalmente fueron trasladados a cárceles de “máxima seguridad”, donde en los últimos años se han desatado varias masacres carcelarias pese a estar militarizadas. Durante los días siguientes, se dieron detenciones y violencia contra las marchas en Quito, y fueron especialmente duras las imágenes de represión contra el pueblo Kichwa de Saraguro, en la Sierra Sur.

La represión se extendió por todo el país. En Saraguro (Loja), la mujer mayor  kichwa Rosa Paqui murió por el impacto indirecto de bombas lacrimógenas; y José Guamán, kichwa de Otavalo (Imbabura), fue asesinado por disparos de bala. Además, se documentaron fuertes imágenes de represión en Imbabura, disparos a la cara a pocos metros de distancia a personas que pedían el cese de la violencia y el corte de trenzas de cabello a manifestantes indígenas, lo que supone una forma de violencia que retrotrae a los tiempos de la esclavitud hacendataria. Como muestra del racismo desplegado por el Estado, la simbólica fecha del 12 de octubre fue la jornada con más represión estatal documentada.

La violencia militar ejercida, la capacidad del gobierno de atenazar a una parte de los movimientos sociales y la convulsión por la violencia del crimen organizado, hicieron que en 2025 la capacidad del Estado de contrarrestar la movilización fuera mayor.

 El paro se extendió por 33 días, con 678 acciones de movilización en las 24 provincias del país y en 78 de los 224 cantones.

Según la Coalición de Mapeo de la Persecución, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) sumó una serie de reivindicaciones al paro: además de la retirada del Decreto 126, reclamó detener las políticas extractivas. En medio de la brutalidad estatal desplegada en Otavalo, el paro se redobló. Las organizaciones de base de Otavalo lideradas por la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) rechazaron los contactos que las dirigencias de la provincia entablaron para acabar con la movilización. El paro se extendió por 33 días, con 678 acciones de movilización en las 24 provincias del país y en 78 de los 224 cantones.

La provincia de Imbabura, donde está Otavalo, registró 226 acciones y la provincia de Pichincha, donde están Quito y Cayambe, 195. A diferencia de 2019 y 2022, la CONAIE levantó el paro el 24 de octubre sin arrancarle medidas al Estado ecuatoriano. La enorme violencia militar ejercida, la capacidad del gobierno de atenazar a una parte de los movimientos sociales y la convulsión por la violencia del crimen organizado en el que se encuentra Ecuador, hicieron que en 2025 la capacidad del Estado de contrarrestar la movilización fuera mayor. El paro dejó en claro que el gobierno de Daniel Noboa estaba encaminado a asegurar la transformación constitucional a través de la violencia militar.

Para detener el poder oligárquico

Sin embargo, el paro supuso una fuerte caída de la popularidad presidencial, tanto por el encarecimiento del transporte y los productos básicos, como por el descrédito de la violencia militar y policial ejercida. A pesar de la derrota, la respuesta popular fue inmediata: ni bien terminó el paro, comenzó la campaña contra el Referéndum Constitucional. Por su parte, el presidente no logró demostrar qué tendría de diferente y de superador una nueva constitución. Noboa sólo explicó que sería elaborada por personajes “notables” (de las derechas y las oligarquías) y, en los últimos días, mencionó la importancia de ChatGPT para la redacción del texto constitucional.

Por otro lado, el Gobierno informó que las nuevas bases militares estadounidenses se instalarían en las Islas Galápagos. La noticia generó una ola de indignación por la memoria de destrucción que dejó el Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial en el emblema natural y simbólico del Ecuador. Enfrente, el gobierno tuvo una multiplicidad de diferentes sectores sociales, que realizaron campañas por el “NO”. A través de varios mensajes, la oposición logró movilizar al conjunto del electorado con una enorme originalidad. 

El resultado ha sido un rechazo democrático al presidente Daniel Noboa por más del 60 % del electorado, y por tanto, a sus propuestas políticas que conjugan el neoliberalismo oligárquico, el autoritarismo patriarcal y el militarismo fascista. El paro y el referéndum demuestran que solamente se puede detener el poder absoluto de las élites que gobiernan el país a través de la articulación de los sectores populares, junto con los pueblos y nacionalidades del Ecuador.

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Las nociones de propiedad, límites y exclusividad sobre el espacio se profundizaron durante los periodos republicanos, especialmente a partir de las reformas agrarias del siglo XX. Todos estos procesos de colonización implicaron el contacto violento y el genocidio de muchos pueblos amazónicos. En este contexto, llegó una técnica que pervive hasta hoy e impuso los límites entre la colonización agraria-extractiva y los territorios indígenas: la geometría del polígono. Entonces, los Pueblos Indígenas amazónicos tuvieron que ponerle un límite al parcelamiento de sus espacios de vida, a través de la declaración de sus propios  polígonos. 

Sin embargo, los Pueblos Indígenas que continuaron en aislamiento siguieron con sus movilidades. No a través de una forma de habitar el espacio “como si nada hubiera ocurrido”, pero sí tensionando las fronteras y polígonos en los que nunca participaron, y solamente fueron percibidos a través de la violencia de la ocupación colonial de sus espacios. Por ello, los polígonos realizados con Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la protección de los Pueblos Indígenas en aislamiento se ven tensionados por sus dinámicas reales y cambiantes.

Tagaeri y taromenane en el Ecuador

El reconocimiento de los Pueblos Indígenas Aislados del Ecuador fue paulatino y comenzó con la creación de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT) en 1999. La ZITT se creó en base a las áreas donde se fue arrinconando a los Pueblos Indígenas Aislados a lo largo de los siglos XX y XXI. Este polígono ha excluido las áreas de vías y pozos petroleros, causantes de su progresivo confinamiento, lo que ya muestra un límite en su definición: se crea su polígono a partir de áreas de exclusión, en una clara jerarquía menor respecto a las actividades extractivas.

Paralelamente, alrededor de la ZITT se creó un buffer (franja o zona de transición que rodea un área protegida o sensible) de 10 kilómetros llamada Zona de Amortiguamiento, que permitía continuar con la actividad petrolera dónde ya estuviera iniciada, y se limitaba su ampliación. El Estado ecuatoriano reconoció la intangibilidad de la ZITT en la Constitución de 2008 y ha generado diferentes áreas de influencia de los distintos grupos indígenas en aislamiento a través de polígonos.

En este rastreo de los Pueblos Indígenas Aislados, el Estado ecuatoriano ha utilizado metodologías de señales visuales, relatos de los pueblos vecinos y vuelos de dron, para determinar los lugares donde estos pueblos habitan.

En este rastreo de los Pueblos Indígenas Aislados, el Estado ha utilizado metodologías de señales visuales, relatos de los pueblos vecinos y vuelos de dron.

También en 2008, resultó crucial la Iniciativa Yasuní-ITT, que propuso dejar bajo el suelo el petróleo del bloque 43 (y sus campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha) a cambio de una contribución financiera internacional en reconocimiento de la deuda ecológica del norte global. Así, el país se encaminaba hacia la justicia climática en la preservación de uno de los lugares más biodiversos del mundo y hogar de los Pueblos Indígenas Aislados. Esta iniciativa llevó a que el Ministerio del Ambiente definiera en 2012 cuatro círculos de influencia, tres de ellos fuera del límite del polígono de la ZITT, reconociendo la vida y la territorialidad más allá del área de conservación definida.

En este rastreo de los Pueblos Indígenas Aislados, el Estado ecuatoriano ha utilizado metodologías de señales visuales, relatos de los pueblos vecinos y vuelos de dron, para determinar los lugares donde estos pueblos habitan. Estos se determinan a partir de la observación de personas, casas, cultivos, objetos o donde se han producido enfrentamientos. El Estado ha justificado tradicionalmente sus polígonos en base a la reunión de estos puntos y el establecimiento de áreas de mayor presencia. Esto ha sido a partir de visiones de conservación o de explotación, pero siempre con una metodología muy limitada basada en el binarismo presencia/no presencia en una relación puntos-polígonos propio de los Sistemas de Información Geográfica (SIG).

La lucha frente a la explotación petrolera del Yasuní

En 2013, el gobierno ecuatoriano canceló la iniciativa para dar paso a la explotación petrolera en el bloque 43. El Ministerio de Justicia cambió mágicamente el mapa, redujo de cuatro a tres los polígonos e hizo desaparecer los lugares de explotación petrolera en el bloque 43, en contra de lo que había sostenido el Estado hasta entonces. Ante la cancelación de la Iniciativa Yasuní-ITT, se organizó el frente Yasunidos, que inicialmente convocó protestas y después activó el mecanismo constitucional de recoger firmas para convocar una consulta popular que detuviera la explotación petrolera en el bloque 43. 

La explotación petrolera se realizaría bajo la promesa del mínimo impacto ambiental, asegurando que solamente el 1 por 1000 (la décima parte del 1 por ciento) sería explotada, y consideraba únicamente como impacto a la deforestación. Esto ignoraba los Estudios de Impacto Ambiental de la actividad petrolera, que muestra la deforestación producida, y las áreas de impacto directo e indirecto por contaminación acústica, por combustión del aire o por vertidos al agua, así como la actividad sísmica, que llegaría a más del 19 por ciento del bloque petrolero (190 veces más de lo prometido). Ante esta falacia, se organizó una batalla geográfica que se desarrolló en los años siguientes. De ella, se resaltan dos hitos: el monitoreo de actividades petroleras y la lucha contra el Decreto 251. 

Las inspecciones en terreno se dedicaron a demostrar que el impacto sería mucho mayor al aprobado por la Asamblea Nacional. El frente reunió a instituciones científicas de la sociedad civil como el Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, GeoYasuní y el MAAP que, en colaboración con Yasunidos y la Alianza por los Derechos Humanos, lograron develar la opacidad de la actividad petrolera y sus fuertes impactos. Por un lado, el uso de imagen satelital mostró la presencia de enormes desbroces (eliminación de la vegetación natural) o la presencia de mecheros (antorchas de combustión de gas asociado a la extracción de petróleo). Por otro lado, la cartografía de los Estudios de Impacto Ambiental demostró la invasión de la Zona de Amortiguamiento, los impactos directos y los pozos petroleros oblicuos.

La imprecisión geográfica del Estado

Al mismo tiempo, la acción de este conglomerado junto con la Defensoría del Pueblo, permitió realizar en 2019 una inspección en campo que mostró el uso de tecnología obsoleta y el impacto desmedido: la construcción de carreteras que modifican la orografía, la presencia de mecheros y descompresores, así como los desbroces y unos niveles de ruido mayores que en áreas industriales. Esto llevó a una serie de acciones judiciales que permitieron ralentizar el avance petrolero. Ante la abundancia de pruebas presentadas por la sociedad civil en estos juicios, el Estado ecuatoriano se limitó a mostrar videos con mapas grotescamente inexactos y videos 3D de animación de situaciones ideales que no existían en los campos petroleros. 

El Decreto 251 se formuló en 2019 para la ampliación de la ZITT, pero añadiendo la permisividad de nuevas áreas de explotación petrolera en la Zona de Amortiguamiento, lo cual desprotegía ocho veces la cantidad que se protegía. Esto llevó a que el conglomerado social contra la explotación petrolera utilizara las vías legislativa y judicial para dejar sin efecto la desprotección de la Zona de Amortiguamiento. En este caso, hubo una victoria muy fuerte al ser sancionados los ministros del Ambiente y de Energía en la Asamblea Nacional. En 2022, la Corte Constitucional dejó sin efecto los artículos del decreto que permitían la nueva explotación, incluidos los 320 pozos petroleros que estaban previstos en el área de Ishpingo en el bloque 43. En estos procesos, la importancia de la cartografía realizada por la sociedad civil fue fundamental, al mostrar a la Corte Constitucional la realidad de la explotación petrolera, sus estándares y su alcance espacial. 

Finalmente, la consulta popular promovida por el colectivo Yasunidos se llevó a cabo en 2023, tras 10 años de fraudes y dilaciones, con un resultado del 59 por ciento a favor de que el petróleo del bloque 43 quedara bajo el suelo, aun en medio de la fuerte crisis económica y social que vive Ecuador en los últimos años. En la campaña del referéndum y en el debate oficial, la disputa geográfica alrededor del relato sobre la explotación petrolera estuvo muy presente. Poder demostrar los resultados de las inspecciones geográficas en el Yasuní o explicar por qué la Corte Constitucional había considerado el Decreto 251 una muestra de agresión contra los Pueblos Indígenas Aislados fueron elementos cruciales en la toma de conciencia del electorado ecuatoriano.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En 2025, la CorteIDH, de obligado cumplimiento para los Estados que forman parte de la OEA, dictó la primera sentencia para las Américas que reconoce los derechos de los Pueblos Indígenas Aislados. Tras 15 años de presentar evidencias al Estado ecuatoriano, el conglomerado social compuesto por el movimiento indígena y organizaciones ecologistas ha logrado una sentencia histórica: la CorteIDH condena al Estado como responsable de vulnerar los derechos de los Pueblos Indígenas Aislados Tagaeri y Taromenane, así como ordena una serie de medidas de reparación.

En su sentencia, la CorteIDH reconoce la evidencia geográfica presentada frente a la explotación petrolera, especialmente los derrames petroleros y los pozos petroleros direccionales. Esto se muestra en los argumentos del Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador en la sentencia de la CorteIDH, tales como la contaminación petrolera (ver mapa sobre los derrames petroleros) o la invasión de los pozos petroleros en el área legalmente reservada a los Pueblos Indígenas Aislados del Yasuní (ver mapa sobre zonas de ampliación de actividad petrolera). La sentencia dicta la necesidad de limitación de la actividad y la prohibición de la apertura de nuevas infraestructuras. Además, insta al gobierno a que amplíe los polígonos de protección para acercarse de una forma más adecuada al territorio que realmente ocupan y disputan los Pueblos Indígenas Aislados.

 Son necesarias formas más complejas de representar el espacio, así como de propiciar diálogos interculturales que puedan hacer que la sentencia de la CorteIDH sea implementada en el territorio en términos reales y profundos.

Sólo con el acuerdo y la asunción de propuestas y necesidades de los pueblos que cohabitan el Yasuní se podrán implementar medidas de protección a largo plazo.

Pero queda un reto extra que está en las manos de las ciencias sociales y geográficas en diálogo con los diferentes Pueblos Indígenas (Waorani, Kichwa, Shuar) y los campesinos con los que los indígenas aislados cohabitan en el Yasuní: la necesidad de ir más allá de la lógica binaria de protección. Si bien los polígonos de la ZITT y los círculos de presencia han resultado una herramienta muy valiosa en términos visuales y judiciales para explicar las agresiones estatales y petroleras contra los Pueblos Indígenas aislados, las lógicas de multiplicidad en el territorio entre diferentes pueblos exigen entendimientos que puedan ir más allá del límite, la frontera y la prohibición de actividades. 

La lucha de los Pueblos Indígenas y la sociedad civil de Ecuador demuestra que son necesarias formas más complejas de representar el espacio, así como de propiciar diálogos interculturales que puedan hacer que la sentencia de la CorteIDH sea implementada en el territorio en términos reales y profundos. Solamente con el acuerdo y la asunción de propuestas y necesidades de los pueblos que cohabitan el Yasuní se podrán implementar medidas de protección a largo plazo.

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