El mecanismo REDD+ significa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal, y del papel de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo. Desarrollado originalmente en el marco de las negociaciones climáticas de la ONU para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal, este enfoque ha evolucionado hacia un sistema que involucra a desarrolladores privados, ONG de conservación, organismos de certificación, intermediarios financieros y agencias estatales.

Para los Pueblos Indígenas, las implicaciones son enormes. Las investigaciones muestran de manera consistente que los bosques bajo gobernanza indígena suelen registrar tasas más bajas de deforestación y mejores resultados ecológicos que las áreas protegidas administradas por el Estado. Sin embargo, los derechos territoriales indígenas, incluidos los derechos consuetudinarios sobre la tierra, siguen siendo débiles, incompletos o carecen de reconocimiento. Esto crea las condiciones para que gobiernos y actores privados reclamen autoridad sobre el «carbono forestal», eludiendo la gobernanza indígena y los derechos de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras y territorios.

El artículo 6 del Acuerdo de París corre el riesgo de ampliar estos daños al permitir que gobiernos y actores privados generen créditos de carbono jurisdiccionales en vastos territorios sin garantizar previamente los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, reconocer sus instituciones y autoridades consuetudinarias o asegurar un consentimiento significativo.

De las salvaguardas al despojo

Si bien las salvaguardas internacionales deberían proteger los derechos de los Pueblos Indígenas en el marco de los proyectos de carbono, en la práctica, estas protecciones suelen ser débiles, no vinculantes o fácilmente eludibles. En múltiples regiones, las organizaciones indígenas informan sobre patrones recurrentes: contratos opacos, procesos de consulta apresurados, acceso desigual a la información, decisiones adoptadas sin información suficiente y crecientes restricciones sobre la tenencia consuetudinaria de la tierra.

El Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) suele reducirse a una formalidad procedimental o a un simple requisito de verificación. A menudo, se contacta a las comunidades mediante reuniones aisladas, presentaciones técnicas o consultas realizadas en idiomas extranjeros y bajo una presión considerable. Los contratos suelen implicar complejos acuerdos jurídicos y financieros que se extienden durante décadas, mientras que las comunidades reciben escaso apoyo jurídico o técnico independiente para evaluar sus implicaciones a largo plazo. Esta brecha de información deja espacio para que intermediarios, a veces descritos como piratas o vaqueros del carbono, obtengan contratos abusivos.

En muchos casos, la asimetría de conocimientos y de poder es profunda. Los desarrolladores de proyectos de carbono, intermediarios y organismos de certificación operan con conocimientos especializados, equipos jurídicos y acceso a financiamiento internacional. Las comunidades, por el contrario, suelen verse obligadas a tomar decisiones sobre instrumentos financieros abstractos y futuras obligaciones territoriales con información limitada sobre las estructuras de precios, los riesgos contractuales o la distribución de ingresos. El resultado es un entorno en el que los territorios indígenas se incorporan a mercados globales de carbono volátiles sin que los titulares de derechos participen de manera informada y significativa en el proceso.

Proyectos piloto de REDD+ en África subsahariana han impuesto controles estrictos sobre la agricultura itinerante y el pastoreo en bosques, mientras las comunidades denuncian que los beneficios de la conservación no compensan la pérdida de medios de vida.

Proyectos piloto de REDD+ en África subsahariana han impuesto controles estrictos sobre la agricultura itinerante y el pastoreo en bosques.

Las restricciones impuestas en nombre de la conservación del carbono afectan prácticas como la agricultura itinerante, el pastoreo, la caza, la recolección o el uso forestal a pequeña escala. En algunos contextos, los proyectos de carbono reproducen antiguos modelos de «conservación fortaleza», en los que la propia presencia indígena es considerada una amenaza para la protección ambiental. Por ejemplo, proyectos piloto de REDD+ en África subsahariana han impuesto controles estrictos sobre la agricultura itinerante y el pastoreo en bosques, mientras las comunidades denuncian que los beneficios de la conservación no compensan la pérdida de medios de vida, lo que ha llevado a muchas de ellas a desvincularse de estos programas. Una investigación sobre una iniciativa fallida de REDD+ en Tanzania concluyó que las narrativas de la “naturaleza salvaje” fueron utilizadas para justificar medidas coercitivas, desalojos forzosos y el tratamiento de habitantes indígenas como intrusos en sus propios territorios.

Además, los proyectos de carbono transforman los sistemas de gobernanza local, profundizan las desigualdades internas y generan conflictos en torno a la representación, la distribución de beneficios y la autoridad territorial. La distribución de beneficios suele ser opaca, tardía y mínima, y las comunidades reciben apenas una pequeña fracción de los ingresos totales. Con frecuencia, mujeres, jóvenes y autoridades tradicionales quedan excluidos de las negociaciones —a pesar de soportar gran parte de la carga social y ambiental—, mientras que los ingresos de los proyectos, cuando llegan a materializarse, pueden ser capturados por élites locales o intermediarios externos.

Créditos fantasmas y la lógica de la compensación

Las investigaciones sobre los mercados voluntarios de carbono han constatado que una gran cantidad de créditos forestales  son “créditos fantasma”: créditos emitidos por reducciones de emisiones que no ocurrieron o que no pueden verificarse de manera fiable. Sin embargo, estos mismos créditos son utilizados de forma rutinaria por grandes corporaciones para respaldar afirmaciones de “cero emisiones netas” mientras continúan con la extracción de combustibles fósiles y modelos de negocio altamente emisores. De este modo, la compensación de carbono no funciona como una vía para superar la dependencia de los combustibles fósiles, sino como un mecanismo que permite que las emisiones continúen en otros lugares.

Esta contradicción pone de manifiesto uno de los problemas centrales de los mercados de carbono. Simplemente no existe suficiente tierra en el planeta para compensar los niveles actuales de consumo de combustibles fósiles manteniendo al mismo tiempo los patrones existentes de extracción y crecimiento económico. La idea de que las emisiones continuas en el Norte Global pueden equilibrarse indefinidamente mediante proyectos de conservación en el Sur Global se basa en supuestos ecológicos cada vez más insostenibles.

El problema también es epistemológico. Los mercados de carbono privilegian sistemas de medición, verificación y monitoreo basados en lógicas tecnocráticas y financieras: imágenes satelitales, cálculos de biomasa, contabilidad del carbono y registros digitales.

El problema también es epistemológico. Los mercados de carbono privilegian sistemas de medición que marginan las concepciones indígenas del territorio.

Para muchos Pueblos Indígenas, esto no constituye simplemente un fracaso técnico, sino una continuación de las relaciones coloniales. Los territorios del Sur Global se convierten en espacios encargados de absorber los costos ambientales de las economías industriales (como lo son las emisiones de gases de efecto invernadero) generados en otros lugares. De este modo, los bosques se reducen a reservas de carbono registradas en bases de datos distantes, mientras se espera que los Pueblos Indígenas carguen con el peso de la mitigación climática para economías que siguen dependiendo del petróleo, el gas y la minería.

El problema también es epistemológico. Los mercados de carbono privilegian sistemas de medición, verificación y monitoreo basados en lógicas tecnocráticas y financieras: imágenes satelitales, cálculos de biomasa, metodologías de contabilidad del carbono y registros digitales. Estos marcos suelen marginar las concepciones indígenas del territorio, fundamentadas en la reciprocidad, la relacionalidad y las responsabilidades entre la vida humana y la no humana.

Entre el rechazo y el involucramiento estratégico

Las respuestas de los Pueblos Indígenas frente a los mercados de carbono no son uniformes ni estáticas. En distintas regiones, numerosas organizaciones y movimientos territoriales rechazan de plano los mercados de carbono, argumentando que constituyen falsas soluciones que mercantilizan la naturaleza ypermiten que los principales contaminadores eviten realizar reducciones significativas de emisiones en origen.

Al mismo tiempo, la realidad sobre el terreno suele ser más compleja. Los mercados de carbono ya se están expandiendo rápidamente por los territorios indígenas, en contextos marcados por presiones simultáneas de la minería, el agronegocio, la tala, la expansión de infraestructuras y el crimen organizado, incluido el narcotráfico. Para algunas comunidades, la participación en proyectos de carbono no surge de una adhesión a estos mecanismos, sino de la necesidad de desenvolverse en un entorno político y económico cada vez más restrictivo.

Las organizaciones indígenas exigen protecciones territoriales, contratos transparentes, apoyo jurídico independiente, distribución de beneficios controlada por las comunidades y procesos de consulta de acuerdo con los sistemas de gobernanza indígena.

Las organizaciones indígenas exigen protecciones territoriales, contratos transparentes, apoyo jurídico independiente, distribución de beneficios y procesos de consulta previa.

En ciertos casos, las comunidades consideran que las iniciativas de carbono representan una amenaza menor en comparación con otras formas de desarrollo extractivo. Otras optan por involucrarse estratégicamente para obtener reconocimiento territorial, fortalecer la gobernanza colectiva o ganar capacidad de negociación en procesos que probablemente continuarán independientemente de la oposición de los Pueblos Indígenas. En este sentido, la participación funciona más como una estrategia de defensa y supervivencia política, que como una aceptación.

Esto ha dado lugar a formas de involucramiento cauteloso, basadas en derechos y centradas en fortalecer la capacidad de decisión de los Pueblos Indígenas, antes que en legitimar a los propios mercados de carbono. En distintas regiones, las organizaciones indígenas exigen protecciones territoriales, contratos transparentes, apoyo jurídico independiente, mecanismos de distribución de beneficios controlados por las comunidades y procesos de consulta diseñados de acuerdo con los sistemas de gobernanza indígena, y no en función de los cronogramas de los proyectos.

Más allá de los mercados de carbono

A pesar de la diversidad de posiciones de los Pueblos Indígenas respecto de los mercados de carbono, existe una demanda que se mantiene constante en todos los contextos: la autodeterminación. Ya sea que las comunidades opten por el rechazo, la negociación o una participación selectiva, la cuestión central es el derecho de los Pueblos Indígenas a decidir qué sucede en sus territorios de acuerdo con sus propias instituciones, sistemas de conocimiento y prioridades políticas. La seguridad en la tenencia colectiva de la tierra debe ser una condición previa para cualquier forma legítima de participación.

Cada vez más, las organizaciones indígenas promueven enfoques alternativos centrados en los derechos territoriales, el acceso directo al financiamiento climático y formas no mercantiles de acción climática. Estas propuestas ponen el énfasis en la gobernanza indígena y sus protocolos, los derechos colectivos sobre la tierra, la soberanía alimentaria, la restauración ecológica y la defensa de los territorios vivos.

La expansión de los mercados de carbono sugiere que la economía global sigue buscando formas de gestionar la crisis climática sin enfrentar las estructuras que la produjeron. Las críticas de los Pueblos Indígenas ponen de relieve los límites de ese enfoque.

La expansión de los mercados de carbono sugiere que la economía global sigue buscando formas de gestionar la crisis climática sin enfrentar las estructuras que la produjeron.

Estos enfoques también cuestionan la economía política más amplia que sustenta los mercados de carbono. Abordar el cambio climático requiere mucho más que nuevos instrumentos financieros. Exige una transformación estructural radical de la sociedad y la economía, que facilite una rápida eliminación progresiva de los combustibles fósiles; una regulación estricta de las industrias extractivas y de las cadenas de suministro vinculadas a la deforestación; la cancelación de deudas ilegítimas; y una inversión pública a gran escala en iniciativas lideradas por Pueblos Indígenas y comunidades locales.

La expansión de los mercados de carbono sugiere que la economía global sigue buscando formas de gestionar la crisis climática sin enfrentar las estructuras que la produjeron en primer lugar. Las críticas de los Pueblos Indígenas ponen de relieve los límites de ese enfoque. Nos recuerdan que los bosques no son simplemente reservorios de carbono y que la justicia climática no puede reducirse a ejercicios contables realizados en centros financieros distantes.

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La organización Ujamaa Community Resource Team (UCRT) aborda estos desafíos apoyando a las comunidades en la obtención de Certificados de Tierras Comunales de la Aldea (CVL) y Certificados Comunales de Derecho Consuetudinario de Ocupación (CCRO), que son pasos fundamentales para asegurar la tenencia de la tierra. Los CVL se obtienen una vez que  las aldeas vecinas han llegado a un acuerdo sobre sus sus respectivos límites externos y, en ocasiones, requiere la resolución de conflictos existentes. Una vez completado el plan de uso de la tierra, las áreas de uso común, como las destinadas al pastoreo, la caza y la recolección, se titulan con un CCRO.

Estas herramientas legales proporcionan a las comunidades indígenas los medios para controlar y gestionar sus tierras de manera sostenible. Al promover la conectividad y las prácticas tradicionales de uso de la tierra, como el pastoreo rotacional, Ujamaa Community Resource Team ayuda a las comunidades a adaptarse a los impactos del cambio climático, como las sequías severas que son cada vez más frecuentes en las regiones áridas del norte de Tanzania.

Fortaleciendo la gobernanza para la gestión sostenible de los recursos

Asegurar los derechos territoriales es sólo el primer paso. Una gestión efectiva de los recursos requiere instituciones de gobernanza responsables que integren las prácticas consuetudinarias con los marcos legales formales. Ujamaa Community Resource Team aboga por estructuras de gobernanza transparentes y equitativas que empoderen a las comunidades para tomar decisiones colectivas sobre su tierra y sus recursos. Este enfoque no solo garantiza una gestión sostenible de los recursos naturales, sino que también contribuye a la preservación de las prácticas culturales y el conocimiento tradicional.

Los esfuerzos de UCRT incluyen la facilitación de Planes de Uso de la Tierra en Aldeas Participativas (PVLUP) y Planes de Uso de la Tierra en Aldeas Conjuntas (JVLUP) con el fin de promover una gestión coordinada de los recursos compartidos. Estos planes mejoran la conectividad de las tierras de pastoreo y permiten que tanto el ganado como la fauna silvestre se desplacen libremente por el paisaje. Esto es crucial para mantener el equilibrio ecológico y la resiliencia ante los impactos climáticos.

El enfoque de fortalecimiento de capacidades no solo mejora la resiliencia climática, sino que también incrementa la seguridad alimentaria y reduce la pobreza al diversificar las fuentes de ingresos mediante emprendimientos.

El enfoque de fortalecimiento de capacidades no solo mejora la resiliencia climática, sino que también incrementa la seguridad alimentaria y reduce la pobreza.

Por otra parte, uno de los objetivos fundamentales de Ujamaa Community Resource Team es fortalecer la capacidad comunitaria para la administración responsable del medio ambiente. Al promover prácticas como la gestión sostenible de las tierras de pastoreo e integrar el conocimiento científico con enfoques tradicionales, UCRT contribuye a que las comunidades creen ecosistemas más saludables y resilientes al cambio climático. Por ejemplo, en el distrito de Longido,  trabaja con las comunidades para mejorar la gestión de más de 400.000 hectáreas de tierras de pastoreo, lo que beneficia tanto al medio ambiente como a los medios de vida locales.

A través de estas iniciativas, Ujamaa Community Resource Team empodera a las comunidades para que tomen medidas proactivas en la adaptación a la variabilidad climática, como el desarrollo de estrategias para la conservación del agua y el control de la erosión del suelo. Este enfoque de fortalecimiento de capacidades diversifica las fuentes de ingresos mediante emprendimientos basados en la naturaleza, como el ecoturismo y los proyectos de carbono, desarrollados en alianza con actores externos. Esto no sólo mejora la resiliencia climática, sino que también incrementa la seguridad alimentaria y reduce la pobreza.

Promoviendo la gobernanza inclusiva y la equidad social

La gestión equitativa de los recursos es crucial para el desarrollo sostenible. Por eso, Ujamaa Community Resource Team pone un fuerte énfasis en empoderar a los grupos marginados,  las mujeres y los jóvenes. A través de los Foros de Derechos y Liderazgo de las Mujeres (WRLF), el enfoque inclusivo de UCRT fomenta la influencia social, el empoderamiento económico, las oportunidades de desarrollo de habilidades, el fortalecimiento de  las instituciones comunitarias y la  gobernanza justa de los recursos.

Al garantizar que todos los miembros de la comunidad amplifiquen sus voces en los procesos de toma de decisiones, UCRT busca crear sistemas de gobernanza que sean  efectivos y justos. Este modelo inclusivo respalda el objetivo más amplio de lograr derechos territoriales equitativos y una gestión adecuada de los recursos, que son esenciales para construir comunidades resilientes capaces de soportar los impactos del cambio climático.

Al colaborar con redes nacionales como PINGOs Forum y Tanzania Land Alliance, UCRT amplifica las voces de las comunidades indígenas y presiona por cambios en las políticas que reflejen sus necesidades y prioridades.

Al colaborar con redes nacionales como PINGOs Forum y Tanzania Land Alliance, UCRT amplifica las voces de las comunidades indígenas y presiona por cambios en las políticas.

El trabajo de UCRT en asegurar los derechos territoriales y promover la gestión sostenible de los recursos es vital para la resiliencia de las comunidades indígenas en Tanzania. Al vincular la seguridad en la tenencia de la tierra con la resiliencia climática, UCRT propone un modelo de conservación liderado por indígenas que apoya tanto el bienestar humano como el ambiental. A medida que los desafíos del cambio climático y la alienación de la tierra se intensifican, la necesidad de enfoques impulsados por la comunidad se vuelve cada vez más clave.

Los esfuerzos de defensa de UCRT se amplifican a nivel nacional gracias a su colaboración con organizaciones nacionales como PINGOs Forum y Tanzania Land Alliance. También,  trascienden las fronteras de Tanzania: sus miembros participan en plataformas internacionales, como la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC). Estos compromisos tienen como objetivo compartir las mejores prácticas sobre estrategias de resiliencia climática indígena basadas en la comunidad, influir en las políticas a múltiples niveles y asegurar que las perspectivas indígenas se incluyan en las discusiones sobre la gobernanza climática global.

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