Los wampís comparten raíces históricas y culturales con otros pueblos del grupo jíbaro, como los shuar, awajún y achuar. Desde mediados del siglo XX, comenzaron a organizarse en comunidades nucleadas y, más adelante, en federaciones como el Consejo Aguaruna y Huambisa (CAH), dando origen a una estrategia de recuperación territorial que desembocaría en el proyecto autonómico actual.

El GTANW no surgió de un vacío, sino de un proceso de acumulación de luchas, debates y construcción organizativa. Durante décadas, las comunidades denunciaron las limitaciones del modelo de comunidades nativas y comenzaron a elaborar visiones más integrales de territorio, identidad y autogobierno. De este modo, la creación del GTANW fue una afirmación colectiva de continuidad histórica y una respuesta a los vacíos jurídicos del Estado peruano.

Orígenes históricos de la lucha territorial wampís

La historia del autogobierno Wampís no comienza en 2015. Durante siglos, este pueblo amazónico ha defendido su territorio frente a diversos actores. Su autonomía se nutre de una larga trayectoria de defensa territorial contra los incas, colonizadores, caucheros, colonos andinos, invasores y actores estatales. De este modo, la resistencia territorial ha sido una constante.

A mediados del siglo pasado, las familias wampís comenzaron a agruparse en comunidades nucleadas, motivadas principalmente por el acceso a la educación. Fue entonces cuando surgió el modelo de “comunidades nativas”, impulsado por la Ley de Comunidades de 1974, que reconocía la propiedad colectiva pero fragmentaba el territorio ancestral.

La formación del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís fue el resultado de décadas de organización, experiencias comunitarias, estudios técnicos y afirmación identitaria. Fue también una respuesta a los límites del modelo estatal.

La formación del GTANW fue el resultado de décadas de organización, experiencias comunitarias, estudios técnicos y afirmación identitaria. 

Por este camino, en 1976 se creó el Consejo Aguaruna y Huambisa (CAH), que representaba tanto a los awajún como a los wampís. Desde entonces, la reivindicación territorial fue asumida como una prioridad colectiva de ambos pueblos. En efecto, como las primeras titulaciones no cubrían la totalidad de los territorios ancestrales, comenzaron a demandar una “reserva comunal” integral. Este reclamo nunca fue atendido por el Estado.

Esta frustración llevó a que las comunidades wampís plantearan una estrategia más ambiciosa: reconstruir su autonomía desde el territorio y la cultura. De este modo, la formación del GTANW fue el resultado de décadas de organización, experiencias comunitarias, estudios técnicos y afirmación identitaria. Fue también una respuesta a los límites del modelo estatal.

Consolidar la autonomía: organización, diagnóstico y formación

Desde su proclamación, el GTANW ha desarrollado un amplio proceso de planificación y ejecución territorial. Ha realizado estudios jurídicos, mapas culturales y acuerdos de límites con pueblos vecinos. Paralelamente, ha puesto en marcha diagnósticos participativos sobre salud, educación, juventud, mujeres y territorio. A partir de estos resultados, definió cinco ejes de acción: educación, salud, economía, comunicaciones y biodiversidad.

En este sentido, destacan la Escuela de Líderes Sharian, que ha formado a decenas de jóvenes de las comunidades Kanús y Kankaim en liderazgo político, historia y derechos indígenas. También se han realizado siete talleres para comunicadores y comunicadoras, fortaleciendo la radio Tuntui, el periódico Nakumak, el sitio web y las redes sociales del GTANW. Estas herramientas han sido claves para visibilizar la agenda autónoma desde la propia voz wampís.

El Código de Convivencia Comunitaria y el Código Penal Wampís, actualmente en debate en las asambleas, buscan fortalecer la justicia indígena y los mecanismos internos de resolución de conflictos.

El Código de Convivencia Comunitaria y el Código Penal Wampís buscan fortalecer la justicia indígena y los mecanismos internos de resolución de conflictos.

Otro hito ha sido la elaboración de un censo autónomo que permitió corregir las omisiones del censo nacional y actualizar el número real de habitantes. En paralelo, el proceso de zonificación territorial con enfoque cultural e indígena ha delineado áreas de uso tradicional, zonas sagradas, territorios de conservación y espacios productivos. Este trabajo técnico se articula con planes de manejo que recuperan saberes ancestrales y proponen una economía sostenible desde el bosque.

Además, se han elaborado documentos muy importantes como el Código de Convivencia Comunitaria y el Código Penal Wampís, actualmente en debate en las asambleas. Estas normas buscan fortalecer la justicia indígena y los mecanismos internos de resolución de conflictos. Su desarrollo muestra la capacidad normativa del GTANW y la profundidad del proceso autonómico.

Enfrentar amenazas: el oro, la madera, el lote 64 y la expropiación estatal

La nación Wampís ha debido enfrentar diversas amenazas externas: la parcelación de sus comunidades, la extracción ilegal de oro y madera, los intentos de categorización estatal del cerro Kampankias y las concesiones petroleras sin consulta previa. La nación Wampís ha respondido con acciones legales, denuncias, alianzas con organizaciones como la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), y con el monitoreo ambiental a través del grupo de control socioambiental Charip (relámpago en idioma wampís), formado por voluntarios entrenados en vigilancia territorial.

Uno de los principales conflictos fue con la corporación colombiana Geopark, especializada en la exploración y producción de petróleo y gas, que pretendía operar el Lote 64 en el territorio de Kankaim. Durante la pandemia, la empresa ingresó acompañada por el ejército, lo que desencadenó una fuerte reacción comunitaria y una dura demanda por falta de consulta previa. Finalmente, Geopark se retiró, pero la amenaza continúa vigente, ya que Petroperú busca nuevos socios para explotar el lote.

La minería ilegal no sólo contamina el agua con mercurio, poniendo en grave peligro la salud de los habitantes, sino que fractura la cohesión social.

La minería ilegal no sólo contamina el agua con mercurio, poniendo en grave peligro la salud de los habitantes, sino que fractura la cohesión social.

En cuanto a la minería ilegal, el GTANW ha enfrentado intentos de extracción de oro con dragas en zonas como Pastacillo. Esta actividad no sólo contamina el agua con mercurio, poniendo en grave peligro la salud de los habitantes, sino que fractura la cohesión social. También se han reportado amenazas directas contra líderes como el Pamuk (máxima autoridad) Wrays Pérez. Ante ello, el Estado otorgó medidas de protección que aún no se han implementado eficazmente.

Finalmente, frente a la intención estatal de convertir el cerro Kampankias en un Área Protegida, el GTANW ha insistido en que se trata de un territorio sagrado para la Nación Wampís y le ha advertido al gobierno que aceptar esa categorización implicaría una expropiación indirecta. Por eso, han documentado su uso ancestral y han realizado acciones de incidencia a nivel nacional e internacional.

Diplomacia desde el territorio y proyección continental

La autonomía wampís también se ejerce en clave diplomática. El GTANW ha establecido alianzas con gobiernos regionales, universidades, ONG nacionales e internacionales (IWGIA, Nia Tero, Amazon Watch), embajadas (Reino Unido, Suecia, España) y organismos internacionales como el Foro Permanente de la Organización de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Estas alianzas han servido no sólo para visibilizar su lucha, sino para acceder a apoyo técnico, recursos logísticos y respaldo político. Por ejemplo, el GTANW ha logrado que algunos gobiernos regionales reconozcan de facto su existencia mediante ordenanzas. En el plano internacional, han presentado informes y documentos oficiales ante la ONU y la Organización de Estados Americanos.

Frente a un Estado que aún niega el reconocimiento jurídico a las naciones originarias, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís ha trazado un camino propio, con resultados tangibles y proyección internacional.

La red emergente de gobiernos territoriales autónomos fortalece una visión compartida de autodeterminación indígena.

Además, han compartido su experiencia con otros procesos autonómicos en Perú, como los pueblos Awajún, Chapra, Achuar, Shawi y Shipibo. Esta red emergente de gobiernos territoriales autónomos fortalece una visión compartida de autodeterminación indígena, con intercambio de metodologías, estrategias y defensa colectiva.

La experiencia wampís demuestra que el autogobierno es posible desde el territorio y la memoria colectiva. Frente a un Estado que aún niega el reconocimiento jurídico a las naciones originarias, el GTANW ha trazado un camino propio, con resultados tangibles y proyección internacional. Ante amenazas extractivas o sanitarias, el GTANW ha logrado coordinar con instituciones públicas y organismos cooperantes. Esta articulación le ha permitido sostener una autonomía práctica, más allá de la falta de reconocimiento jurídico formal.

Un modelo para otras autonomías indígenas

La experiencia del GTANW no es un caso aislado. En los últimos años, al menos una docena de pueblos amazónicos han iniciado procesos similares de autodeterminación. Algunos ya cuentan con gobiernos autónomos en funcionamiento, como los Chapra, Shawi o Shipibo-Conibo. Otros están en fase de demarcación o redacción de estatutos. Estos procesos expresan una nueva etapa del movimiento indígena amazónico. 

Más allá de la lucha por títulos de propiedad, los pueblos amazónicos plantean una reorganización del poder territorial y una exigencia de reconocimiento como sujetos jurídicos colectivos. Desde un enfoque de gobernanza indígena, los gobiernos territoriales autónomos articulan derecho consuetudinario, espiritualidad, planificación territorial y estrategias legales. Esta combinación les permite sostener una gestión práctica del territorio, incluso sin reconocimiento legal por parte del Estado.

El Gobierno Autónomo de la Nación Wampís funciona como un modelo de referencia, por su legitimidad interna, continuidad institucional y capacidad de incidencia. Este pueblo amazónico ha demostrado que el autogobierno no es una aspiración simbólica, sino una realidad en construcción. Con resultados concretos y un horizonte político claro, su experiencia interpela al Estado peruano y ofrece inspiración a otros pueblos que luchan por su autonomía y dignidad.

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En los últimos años hemos sido testigos de algunos cambios positivos en el movimiento ambientalista internacional frente a la demanda de los pueblos indígenas amazónicos respecto del derecho a la titularidad de sus territorios. A eso ha contribuido el nuevo enfoque de las propias instituciones ambientalistas: la protección indígena de los bosques y selvas, que conservan una gran parte de la biodiversidad de la Amazonía, es una de las claves para el futuro de la humanidad. Pero entonces, ¿qué falta?

El pueblo Wampís, ubicado en la Amazonía peruana, tiene una existencia de más de 7.000 años y posee un apego simbiótico a la naturaleza. Foto: Candy Sotomayor

Un sistema cultural que respeta la reproducción de la vida

Una pieza clave para que el ambientalismo asuma este nuevo enfoque de respeto a los derechos indígenas es el reconocimiento a la libre determinación. Esto supone que tanto el ambientalismo como la institucionalidad ambiental de los Estados reconozcan, en un primer lugar, la titularidad indígena sobre sus territorios. Otro aspecto fundamental es la necesidad de comprender la distancia que existe entre el enfoque paisajista clásico y la intervención de la naturaleza propuestos por el conservacionismo, en contraposición al sistema cultural de los pueblos indígenas.

Originalmente, el enfoque paisajista del ambientalismo proponía vedar el acceso de los pobladores locales a sus recursos naturales a tal punto de promover su expulsión con el objetivo de promover el turismo para el disfrute y la diversión. Por su parte, el enfoque de intervención de la naturaleza es una perspectiva más tecnocrática, economicista y hasta mercantilista que, a partir del objetivo de la conservación, categoriza los espacios y les asigna las categorías de uso o no uso.

En cambio, la lógica de la “conservación” indígena es un sistema cultural que rechaza la separación entre la sociedad humana y la naturaleza, dando lugar a una interdependencia mutua. Desde esta cosmovisión, es un error que el hombre se perciba como algo ajeno a la naturaleza y la explote intensivamente desde una visión de superioridad. En el sistema cultural indígena tanto la sociedad como la naturaleza son parte de un todo integral y actúan en el marco de reglas de relacionamiento y de mutua dependencia. De ahí que la Nación Wampís habla de “bondades de la naturaleza” para referirse a lo que afuera se denomina “recursos naturales”.

Uno de los principios del Tarimat Pujut (buen vivir o vida plena, en idioma wampís) reconoce la “agotabilidad” en el tiempo de los bienes de la naturaleza, por lo que su cultura prescribe prácticas que respeten y cuiden a la naturaleza. De ahí que los niños y jóvenes hayan crecido aprendiendo de sus familias sobre el aprovechamiento de esas bondades y, al mismo tiempo, acerca de los límites que hay que imponerse en su aprovechamiento.

Las prácticas de respeto y de cuidado de la naturaleza se transmiten de generación en generación. Foto: Jacob Balzani

El control territorial de la Nación Wampís

Allí donde el Estado, los misioneros o los procesos socioeconómicos han concentrado a las poblaciones indígenas en asentamientos permanentes se tiende a producir un rápido deterioro de los recursos locales, principalmente de la fauna. El cambio cultural promovido por las escuelas conduce al agotamiento localizado y rápido de ciertos recursos. En el abanico de opciones de “desarrollo” no figura la continuidad de las prácticas culturales que hacen frente a las necesidades de manera sostenible. Por esa razón, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) ve la necesidad de reformar la currícula educativa, crear oportunidades de “bionegocios sostenibles” y pensar nuevos instrumentos para la protección del territorio.

El consumismo y los modelos externos ejercen presión sobre las bondades de la naturaleza, y se suman a las amenazas a la seguridad de los territorios. Por ello, en el marco de la autonomía y el derecho a la autodeterminación, el GTANW plantea implementar un sistema integral de control territorial basado en las enseñanzas tradicionales, el establecimiento de pactos por la naturaleza a perpetuidad y el uso de herramientas modernas. Entre éstas, cabe mencionar el monitoreo constante del estado de los bosques, de los cuerpos de agua y de la fauna con el objetivo de reforzar acuerdos y prevenir daños a medida que el mercado pone en valor recursos que corren el riesgo de ser agotados a través de su explotación intensiva e irracional.

La otra herramienta promovida por el GTANW es la zonificación cultural y dinámica del territorio, mediante categorías construidas a partir de valoraciones, percepciones, necesidades y conocimientos locales. La zonificación wampís reconoce seis categorías, desde las más restringidas en sus usos y protegidas culturalmente hasta distintas zonas de aprovechamiento. Aún está pendiente que esta zonificación macro sea trabajada a nivel de espacios comunales, entendiendo siempre que el territorio es un patrimonio común heredado de los antepasados. Naturalmente, los pactos internos para la protección del ambiente y la aplicación de la zonificación requieren del fortalecimiento del sistema de justicia indígena.

Con base en este sistema de control territorial, el GTANW viene impulsando la formación y articulación de monitores ambientales que reportan a las autoridades wampís y a las comunales, lo cual requiere una prevención temprana. El caso más reciente es el de mineros dedicados a la extracción de oro que se habían hecho presentes cerca del Cerro Histórico Paish Nain, en territorio de la comunidad Boca Ayambis, cuenca del río Kanús. La intervención del GTANW logró que los mineros ilegales abandonaran el lugar de manera pacífica. En otras ocasiones, al amparo del derecho al territorio, la zonificación y las normas nacionales, se coordinó la intervención de autoridades nacionales para desarrollar operativos conjuntos, sea contra la minería aluvial o contra la tala ilegal.

Autoridades del GTANW dialogan con la población sobre el desalojo de mineros ilegales en Boca Ayambis. Foto: Nación Wampís

Desencuentros con el ambientalismo en el territorio wampís

Gracias a este sistema cultural, la Nación Wampís ha cuidado durante siglos la cordillera Kampankias, una zona crítica para su territorio ancestral en la medida que allí se originan muchos de los afluentes que nutren las cuencas de los ríos Kanús (Santiago) y Kankaim (Morona). En efecto, la cordillera articula en muchos sentidos estas dos cuencas que componen el territorio wampís. De este modo, además de ser un área vital para la reproducción de los animales, para los wampís es un lugar de fortalecimiento espiritual con alto valor cultural.

Atendiendo al carácter complejo de la formación geológica de Kampankias y a la importancia de su conservación, en enero de 1999 autoridades ambientales del Estado peruano establecieron unilateralmente la denominada Zona Reservada Santiago Comainas. A los funcionarios no les importó que mediante esta decisión arbitraria se dividía en dos al territorio wampís. No sorprende que, desde entonces, los wampís hayan considerado a esta área protegida y a la pretendida creación de una reserva comunal como un intento de expropiación territorial.

El decreto original que estableció la zona reservada abarcaba un área sustancialmente más grande que la actual e, incluso, se superponía a los títulos de decenas de comunidades de los pueblos Wampís y Awajún. Tras las fuertes protestas que ponían en riesgo la paz social (que finalmente se quebró en 2009 con el Baguazo), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) redimensionó la zona reservada, pero no su intención de expropiar Kampankias. Desde entonces han habido diversos momentos de crisis cada vez que el SERNANP pretendía avanzar con estudios para su categorización.

El conflicto refleja el enfoque de la institucionalidad ambiental peruana que, como un soberano absolutista, señala en un mapa dónde deben crearse las áreas protegidas. Pero resulta que el área que pretende categorizar ha sido territorio wampís por más de 7.000 años. Así, mientras el “nuevo paradigma ambientalista” de Durban señalaba que las áreas de conservación debían tomar en cuenta a los pueblos indígenas, el Estado peruano desconocía tanto a los derechos indígenas como a los compromisos adquiridos a través del Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

A la fecha, el Estado peruano continúa sosteniendo que no importa cuánto reclamen los pueblos originarios como sujetos de derecho. Para el Estado solo existen las comunidades a las que les ha entregado un título de propiedad, desconociendo la realidad de pueblos y sus territorios.

El Estado peruano desconoce los derechos indígenas y los compromisos asumidos a través de instrumentos internacionales. Foto: Pablo Lasansky / IWGIA

Conclusiones

En el Perú, lo más cerca que está el ambientalismo del nuevo paradigma de Durban y que llama a la participación de los pobladores originarios en la gestión de las áreas protegidas es el establecimiento de reservas comunales. Su administración tiene un régimen especial que consiste en la suscripción de contratos con el Estado en el que intervienen las comunidades aledañas. El establecimiento de reservas comunales supone que una parte del territorio ancestral pasa a ser registrada como área protegida del Estado peruano. A cambio del control estatal sobre esta porción de las tierras indígenas, las comunidades obtienen el “derecho de participación”, lo que constituye un blanqueo de una expropiación territorial.

Actualmente, existe una docena de reservas comunales en territorios indígenas de la Amazonía. En un inicio, estos contratos se firmaron para preservar áreas que el Estado se negaba a titular como comunidades indígenas. Sin embargo, en 1997, la Ley de Áreas Naturales Protegidas N° 26834 integró las reservas comunales al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) y en 2001 les otorgó el régimen especial. Más tarde, a pesar de que las reservas comunales no excluyen la superposición con los lotes petroleros, las organizaciones y comunidades aceptaron el nuevo régimen porque era la única alternativa a proyectos extractivos.

En el caso de la Zona Reservada Santiago Comainas, la institución ambiental tiene planeado establecer una reserva comunal sobre la Cordillera Kampankias. Si bien durante el breve gobierno transitorio de Francisco Sagasti (2020-2021), el GTANW logró que el entonces Ministro de Ambiente Gabriel Quijandría se comprometiera a una moratoria en las acciones destinadas a su categorización, a partir de agosto del 2021 todo regresó a su cauce normal. Así, el Estado desconoció los argumentos y derechos de la Nación Wampís, y mostró desinterés por las acciones llevadas a cabo por el GTANW para proteger su territorio.

Queda siempre la expectativa de que el Estado peruano termine por reconocer, más pronto que tarde, a los pueblos indígenas y sus territorios, al mismo tiempo que las autoridades ambientales comprendan que se puede conservar zonas críticas a base de otros acuerdos y pactos de colaboración. Por su parte, en el Protocolo de relacionamiento, concertación y diálogo de mutuo respeto de la Nación Wampís con el Estado peruano, el GTANW ha ofrecido rutas de diálogo para la construcción de propuestas concertadas.

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