En Indonesia, las mujeres indígenas enfrentan niveles desproporcionados de discriminación. Más de una de cada tres mujeres indígenas ha sido violada a lo largo de su vida y registran, además, una tasa de mortalidad materna superior al promedio nacional. En Nepal y India, las mujeres indígenas son víctimas de violencia basada en el sistema de castas, mientras que en Bangladesh suelen ser atacadas por sus rasgos físicos distintivos y sus creencias religiosas. 

Además, las mujeres indígenas también son víctimas desproporcionadas de la trata de personas. Un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nepal reveló que el 49% de las mujeres sobrevivientes de trata pertenecen a nacionalidades indígenas, seguidas por mujeres dalit con un 15%. Las madhesis representan el 6%, mientras que otras etnias constituyen el 29% restante. Los Pueblos Indígenas, los dalit y las comunidades madhesi figuran entre los grupos social, política y económicamente más marginados y excluidos de Nepal. El acceso a la justicia para las víctimas de la trata sigue siendo prácticamente inalcanzable.

Violaciones estatales y acceso a la justicia

En países como Bangladesh y Myanmar, el acceso a la justicia es prácticamente inexistente y prevalece una impunidad absoluta. Si bien los tribunales de India son conocidos por sentar jurisprudencia, en los casos de violaciones de derechos humanos, el enjuiciamiento de los responsables requiere una autorización previa del Gobierno. En virtud del artículo 197 del Código de Procedimiento Penal y del artículo 6 de la Ley de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas de 1958, se exige el consentimiento previo de las autoridades ejecutivas para procesar a funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad. En contextos de conflicto armado, dicha autorización suele ser denegada y, en consecuencia, el acceso a la justicia queda bloqueado.

En Nepal, las indígenas fueron víctimas de violencia sexual durante el conflicto maoísta. En 2019, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió una decisión histórica en el caso de una niña indígena que había sido víctima de violación, tortura y trabajo forzado en 2002. A sus 14 años, la niña había sido detenida por la Policía Armada y el Ejército Real, y obligada a trabajar en un cuartel en la construcción de un templo: durante ese período, fue violada y sometida a otras formas de violencia sexual, además de tortura y tratos inhumanos. Tras las agresiones, no pudo orinar, sufrió hemorragias y nunca recibió atención médica. El mayor que la violó la amenazó con matarla si contaba lo ocurrido.

En la Myanmar devastada por la guerra, las mujeres han sido blanco de ataques por parte de las Fuerzas Armadas. En 2023, Free Expression Myanmar (FEM) informó que más de 300 mujeres y niñas (incluidas enfermeras, estudiantes, docentes y activistas) habían sido asesinadas desde el golpe de Estado. Asimismo, los militares recurrieron a la agresión sexual como un arma sistemática para castigar a detenidas por su participación en protestas prodemocráticas: 17 mujeres y niñas fueron violadas y asesinadas. Además, la Junta Militar ha arrestado a 16.432 personas, de las cuales 3.434 son mujeres, y el personal penitenciario militar suele torturar a las presas políticas. Dado que Myanmar no es parte de la mayoría de los convenios internacionales de derechos humanos, las víctimas carecen de justicia.

Violencia ejercida por la sociedad mayoritaria

En toda la región asiática, las mujeres indígenas enfrentan violaciones de derechos debido a sus identidades diferenciadas, sus prácticas culturales o sus creencias religiosas frente a las comunidades mayoritarias no indígenas. Asimismo, en la mayoría de los países asiáticos no se recopilan datos desagregados sobre la violencia contra los Pueblos Indígenas, lo que impide dimensionar la magnitud real del problema. En consecuencia, no se promulgan leyes específicas para abordar el acceso a la justicia.

India ha promulgado leyes progresistas al tipificar los delitos sexuales como crímenes específicos en el marco de la Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act de 1989. El artículo 3 criminaliza “palabras, actos o gestos de naturaleza sexual dirigidos contra una mujer perteneciente a una casta o tribu registrada, a sabiendas de que pertenece a una casta o tribu registrada”, con multas y penas de prisión no inferiores a seis meses y que pueden extenderse hasta cinco años. Sin embargo, los delitos continúan ocurriendo: 1.137 casos de violación de mujeres indígenas en 2020; 1.324 en 2021; y 1.347 en 2022. Aun así, no puede negarse que la legislación proporciona una base para el acceso a la justicia.

En Bangladesh, el acceso a la justicia en casos de violencia sexual resulta impensable. Con frecuencia, agresores sexuales son destinados a la región de las Chittagong Hill Tracts, habitada por Pueblos Indígenas.

En Bangladesh, el acceso a la justicia en casos de violencia sexual resulta impensable. Con frecuencia, agresores sexuales son destinados a Chittagong Hill Tracts, habitada por indígenas.

En Bangladesh, las protestas contra violaciones cometidas por integrantes de la comunidad musulmana mayoritaria suelen derivar en ataques directos de las agencias estatales contra los Pueblos Indígenas. En 2025, tres jóvenes indígenas murieron por disparos y otros cuatro resultaron heridos por personal del Ejército en el upazila de Guimara, en las Chittagong Hill Tracts, mientras protestaban contra la presunta violación grupal de una menor indígena. Tras los disparos, numerosos comercios indígenas fueron saqueados e incendiados en el mercado de Ramesu y las viviendas cercanas también fueron vandalizadas.

En Bangladesh, el acceso a la justicia en casos de violencia sexual resulta impensable. Con frecuencia, agresores sexuales son destinados a la región de las Chittagong Hill Tracts, habitada por Pueblos Indígenas. El 25 de febrero de 2021, Abul Hasnat Mohammad Sohel Rana fue encarcelado en una causa por acoso sexual contra una estudiante indígena. Tras recuperar la libertad, volvió a incorporarse a la escuela, lo que generó protestas. El 20 de septiembre de 2024, Rana fue linchado hasta la muerte por la presunta violación de una estudiante indígena del pueblo Tripura dentro del campus escolar, pero su asesinato desencadenó un nuevo ataque masivo contra comunidades indígenas del área.

Violaciones dentro de la comunidad y acceso de las mujeres indígenas a la justicia

Las mujeres indígenas también enfrentan barreras para acceder a la justicia dentro de sus propias prácticas culturales. La herencia constituye una cuestión crítica. Recién en 2025, la Corte Suprema de India sostuvo que negar a una heredera su derecho a la propiedad agrava la discriminación de género y que la ley debe erradicar esta práctica. En consecuencia, en base al artículo 14 relativo al derecho a la igualdad de la Constitución India, el Tribunal determinó que tanto una mujer tribal como sus herederos legales (sus hijos) tienen derecho a una participación igualitaria en la propiedad ancestral.

Dentro de la comunidad indígena chakma, desde 2014 se desarrolla una forma de derecho consuetudinario y estigmatización, según la cual ciertas personas pueden ser declaradas Ek Goshchey, lo que implica que el resto de la comunidad tiene prohibido mantener vínculos sociales con la familia. Con frecuencia, estas “costumbres” son invocadas por patriarcas autoproclamados para vulnerar los derechos de mujeres y niñas indígenas. En varios fallos, el Tripura High Court declaró inconstitucional la práctica de declarar Ek Goshchey o imponer boicots sociales por parte del Tripura Rejyo Chakma Samajik Parishad (Consejo Social Chakma del Estado de Tripura).

En distintas comunidades de la India, las mujeres indígenas enfrentan la negación sistemática del acceso al poder. En Nagaland, los hombres se opusieron a la reserva del 33% de los escaños para mujeres en los gobiernos locales, lo que impidió la realización de elecciones durante 20 años. Finalmente, las elecciones a los órganos de gobierno local urbano se celebraron el 26 de junio de 2024, en cumplimiento de una orden de la Corte Suprema. 

Abusos digitales contra mujeres y niñas indígenas

La violencia en el mundo real se replica en las redes sociales. A medida que el espacio digital adquiere un papel central en las sociedades contemporáneas, las mujeres y niñas indígenas enfrentan un riesgo creciente de odio y de graves daños digitales, en proporciones más altas que el resto de la población. Dado que muchos países aún se encuentran en proceso de desarrollar marcos legales para abordar los abusos cibernéticos, las mujeres y niñas indígenas permanecen, en gran medida, fuera del alcance efectivo de la protección legal y del acceso a la justicia.

Las múltiples formas de violencia que atraviesan las mujeres indígenas en Asia revelan un patrón estructural de discriminación interseccional que combina género, pertenencia étnica, tradición, religión y casta. La impunidad debido a la falta de voluntad política, consolida un escenario en el que el acceso a la justicia es excepcional y no la regla. Incluso cuando existen normas progresistas o fallos judiciales relevantes, su implementación enfrenta resistencias profundas, tanto en las instituciones estatales como en las propias estructuras patriarcales de sus comunidades.

Frente a este panorama, resulta imprescindible adoptar enfoques integrales que garanticen la protección de los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas de Asia, fortaleciendo su participación política, su autonomía económica y su liderazgo comunitario. Ello implica reformar marcos legales discriminatorios, recopilar datos sobre violencia contra mujeres indígenas y asegurar mecanismos de justicia culturalmente pertinentes. Sin el reconocimiento pleno de sus derechos sobre la tierra, la herencia, su cuerpo y su voz en el espacio público no será posible construir sociedades democráticas, plurales e igualitarias.

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Por esta razón, la adquisición de tierras para la minería del carbón continúa sin pausa. Sólo entre el 1° de enero y el 18 de diciembre de 2024, se expropiaron 6.812 hectáreas bajo la Ley de Áreas Carboníferas (Adquisición y Desarrollo) de 1957 para subsidiarias de la compañía estatal Coal India Limited. Ese mismo año se le transfirieron otras 7.032 hectáreas a la empresa. Paralelamente, no se dispone de información sobre la cantidad de tierra adquirida para la minería privada.

En 2014, la India reformó su política minera para permitir la participación privada únicamente en proyectos de uso cautivo, es decir, para el consumo de sus propias plantas. Pero en 2020, en plena pandemia, el país dio un paso más al abrir la minería comercial a las empresas privadas. En la primera subasta, realizada el 18 de junio de 2020, se adjudicaron 20 minas, y para diciembre de 2024 el número ascendía a 113. En diciembre de ese año, el Ministerio de Carbón lanzó además la undécima ronda de subastas, ofreciendo 27 minas adicionales.

Impacto sobre los Pueblos Indígenas y los bosques

La mayor parte del carbón de la India se encuentra bajo tierras boscosas habitadas por Pueblos Indígenas. Estas tierras se están adquiriendo sin respetar el Consentimiento Libre, Previo e Informado establecido en la Ley de Derechos Forestales (2006) y la Ley de Extensión a Áreas Programadas (1996). Ambas normas exigen el consentimiento de las asambleas comunitarias (Gram Sabha) antes de autorizar proyectos extractivos. Sin embargo, el consentimiento suele pedirse después de adjudicadas las minas, reduciéndolo a una formalidad sobre compensaciones y reasentamientos. Esta práctica ha provocado protestas y graves violaciones a los derechos humanos en todo el país.

I. Bosque de Hasdeo Arand 

Este bosque ubicado en el estado de Chhattisgarh, en la región central de India, contempla un área de 170.000 hectáreas habitada por comunidades Gond, Lohar y Oraon. Estos Pueblos Indígenas se oponen a la minería del carbón por el despojo de sus medios de vida, el desplazamiento forzado y la destrucción ambiental. El área, que comprende 23 bloques carboníferos, había sido declarada “zona prohibida” para la minería en 2009 por su valor ecológico. En 2015, veinte asambleas comunitarias aprobaron resoluciones en contra de la subasta de minas, pero fueron ignoradas. 

Un año después, el gobierno estatal revocó los derechos forestales reconocidos a la aldea de Ghatbarra, argumentando que los pobladores “obstaculizaban” la minería, algo que la ley no contempla. Pese a las protecciones iniciales, comenzaron las operaciones en los bloques Parsa East y Kente Basan (PEKB). En 2020 y 2021, el bloque Parsa recibió las autorizaciones ambientales, y en 2022 el gobierno estatal dio su aprobación final. El proyecto es operado por la empresa estatal Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (RVUNL) en asociación con la compañía privada Adani Mining, propiedad de Gautam Adani, uno de los hombres más ricos de la India y del mundo.

El 26 de julio de 2022, la asamblea estatal de Chhattisgarh aprobó una resolución unánime contra la minería en Hasdeo. Sin embargo, en 2023 se reanudó la tala de árboles para la expansión de PEKB. Las protestas fueron reprimidas: el 22 de diciembre de 2023, varios activistas indígenas fueron detenidos, y en octubre de 2024, una nueva manifestación terminó en enfrentamientos violentos con más de 400 policías desplegados.

II. Proyecto minero Deocha-Pachami-Dewanganj-Harinsingha

Ubicado en el estado de Bengala Occidental, en el límite con Bangladesh, este proyecto podría convertirse en la mayor reserva de carbón de la India y la segunda del mundo, con 2.100 millones de toneladas en un área de 12,3 kilómetros cuadrados. En el distrito de Birbhum, se prevé el desplazamiento de unas 21.000 personas, en su mayoría del pueblo Santhal. En febrero de 2022, más de mil personas protestaron contra la adquisición forzada de tierras. El gobierno respondió con un paquete de compensación y reasentamiento. En marzo, las mujeres bloquearon las obras del proyecto colocando un charka (una vara con heno, símbolo tradicional de resistencia) para denunciar la falta de diálogo y compensación.

III. Proyecto minero Bijahan

En el estado de Odisha, sobre el Golfo de Bengala, el proyecto Bijahan, impulsado por Mahanadi Mines & Minerals Pvt. Ltd., una filial del Grupo Adani, planea despejar 608 hectáreas de bosque para extraer 327 millones de toneladas de carbón. Costará unos 310 millones de dólares y afectará a unas 450 familias de cuatro aldeas, la mayoría indígenas. En la comunidad Bhograkachhar, sólo cuatro hogares han recibido títulos de derechos forestales, mientras que en Jharpalam las solicitudes permanecen sin respuesta. La situación es particularmente angustiante para quienes enfrentan un segundo desplazamiento, después de haber sido desplazados por primera vez en la década de 1950 debido al Proyecto Hidroeléctrico Multipropósito Hirakud. En enero de 2025, los pobladores boicotearon la reunión de la Gram Sabha convocada para aprobar el proyecto y realizaron una asamblea paralela donde exigieron transparencia en las compensaciones.

IV. Proyecto minero a cielo abierto de Gondalpara

En el distrito de Hazaribagh, este proyecto de extracción de carbón, impulsado por Adani Enterprises, ha sido rechazado por los Pueblos Indígenas afectados. Se estima que la iniciativa impacte entre 500 y 1.950 hogares, muchos de ellos pertenecientes a comunidades indígenas. En agosto de 2024, los pobladores locales expresaron su oposición al proyecto y a cualquier desarrollo industrial en la zona, advirtiendo sobre las amenazas a sus tierras fértiles y bosques. En respuesta, el gobierno decidió instalar una nueva comisaría en el área para proteger los intereses de Adani frente a las protestas locales.

La injusticia del carbón: derechos indígenas y el futuro energético de la India

Las luchas de Hasdeo Arand, Deocha-Pachami, Bijahan y Gondalpara no son casos aislados, sino el reflejo de un patrón sistemático de desprecio por los derechos indígenas frente al crecimiento del consumo energético. La anulación de los derechos forestales reconocidos, el desconocimiento de las resoluciones de las asambleas comunitarias (Gram Sabha) y el uso del aparato estatal para reprimir las protestas ponen de manifiesto el profundo desequilibrio de poder y la erosión de los procesos democráticos.

Este enfoque no solo perpetúa las violaciones a los derechos humanos, sino que también pone en peligro un patrimonio ecológico y cultural irremplazable, ya que se sacrifican vastas zonas boscosas esenciales para la biodiversidad y la identidad indígena. Estos casos ilustran cómo la minería de carbón destruye los hogares, los medios de vida, las tierras ancestrales, los bosques y las formas de vida ancestrales. Ninguna compensación puede reparar lo que se ha perdido: las comunidades siguen pagando el costo de las ambiciones económicas de la nación.

Los Pueblos Indígenas han estado resistiendo, aunque históricamente esta ha sido una lucha desigual y muchas veces perdida. La India debería buscar fuentes de energía alternativas que protejan la rica diversidad de sus Pueblos Indígenas y garanticen que la búsqueda del progreso nacional no siga cayendo sobre sus espaldas ni destruyendo de manera desproporcionada sus modos de vida.

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