Paralelamente, el mercado global de la cocaína está experimentando un crecimiento sin precedentes. El Informe Mundial sobre las Drogas de la Organización de Naciones Unidas de 2024 reveló que la producción de cocaína alcanzó las 2.700 toneladas en 2022, un aumento del 20 por ciento respecto al año anterior y el triple de los niveles registrados hace una década.

Aunque a primera vista estas dos economías ilícitas, el oro y la cocaína, parecen separadas, están cada vez más interconectadas. Esta convergencia plantea graves amenazas para los Pueblos Indígenas del Amazonas y tiene consecuencias ambientales devastadoras para la selva tropical.

Una red de economías ilícitas en el Amazonas

Según el informe Amazon Underworld, la cuenca del Amazonas se ha convertido en un importante centro de tránsito para las economías criminales de América Latina. El informe revela que los grupos armados están activos en el 70 por ciento de los municipios estudiados en seis países y que casi todas las principales organizaciones criminales participan en algún eslabón de la minería ilegal. Estas actividades incluyen el control de concesiones, la extorsión a mineros, el tráfico de mercurio o el contrabando de oro. Las áreas más afectadas por la minería ilegal son el sur de Venezuela, particularmente el estado de Bolívar, así como los estados brasileños de Pará y Roraima. A su vez, la minería ilegal de oro también está en expansión en Ecuador, Perú y Colombia.

El territorio yanomami en Brasil es un ejemplo de esta crisis. La llegada de mineros ilegales ha devastado tierras indígenas, con grupos criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) infiltrándose en las operaciones. Conocido principalmente por el narcotráfico, el PCC se ha expandido al comercio ilegal de oro, ofreciendo protección a los mineros, controlando operaciones de dragado e imponiendo “impuestos” a la producción. Aunque el PCC es uno de los grupos criminales más grandes y organizados del Amazonas, el panorama criminal de la región sigue siendo fragmentado.

En Colombia, los Acuerdos de Paz de 2016 lograron desmovilizar 13.000 combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y crearon un vacío de poder que rápidamente fue ocupado por facciones disidentes y grupos armados más pequeños. Esto ha resultado en intensas disputas territoriales por áreas claves que son utilizadas como rutas de tráfico, plantaciones de coca y zonas ricas en minerales. Un informe del Departamento Contra el Crimen Transnacional (DTOC) destaca que el control de áreas ricas en oro es altamente valioso para las organizaciones criminales, ya que la creciente demanda global ha hecho del oro un negocio extremadamente rentable (a veces incluso más lucrativo que el narcotráfico).

Lavado de dinero en la Amazonía peruana

El oro también desempeña un papel en el lavado de dinero, ya que las organizaciones criminales lo utilizan para legitimar ganancias del narcotráfico. Esto es especialmente evidente en Perú, donde la minería de oro representa una parte significativa de la economía. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú estima que entre el 30 y el 70 por ciento de las exportaciones de oro podrían proceder de fuentes ilegales. El Informe Mundial sobre las Drogas 2023 de la ONU destaca que la minería aurífera es una de varias industrias en las que los narcotraficantes peruanos están activamente involucrados, canalizando ingresos del narcotráfico hacia operaciones mineras, financiando dragas, excavadoras y otras maquinarias pesadas.

Vladimir Pinto, abogado y coordinador de Amazon Watch en Perú, explica que la minería ha sido históricamente central en la economía del país y, en los últimos años, se ha expandido dramáticamente debido al aumento de los precios y rentabilidad del oro. Esta expansión ha pasado de los Andes al Amazonas, con una minería ilegal a gran escala, particularmente en el departamento de Madre de Dios. “Es más fácil lavar dinero del narcotráfico a través de la minería porque, con las drogas, el producto es ilegal en todas las etapas: producción, venta y consumo. Con el oro, sólo la extracción es ilegal”, explica Pinto. Una vez extraído, el oro puede convertirse fácilmente en un recurso legal y rentable en comparación con la cocaína. Esta dinámica está desdibujando las líneas entre los negocios de la minería y las drogas.

Aunque existen mecanismos para supervisar y rastrear si el oro se extrae legal o ilegalmente, Pinto señala que estos sistemas son fácilmente eludidos. Los productores autodeclaran información sobre el origen del oro, la cual no es verificada de manera independiente, permitiendo el lavado de oro ilícito. Este blanqueo de oro se extiende más allá de Perú. Una investigación de Convoca descubrió un sistema sofisticado de lavado de oro ilegal en Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador. Las tácticas incluyen facturas de compra y venta falsificadas, autorizaciones fraudulentas y concesiones fantasmas, lo que revela la naturaleza generalizada y sistemática del problema.

La creciente crisis de la minería ilegal en Ecuador

Ecuador ha sido testigo de un aumento dramático de la minería ilegal de oro, con un incremento del 325 por ciento entre 2015 y 2021. Casi la mitad de esta actividad ocurre en tierras indígenas. El sociólogo ecuatoriano Pablo Ortiz-T explica que, aunque el país no es un gran productor de cocaína, sirve como una ruta de tránsito crítica para la cocaína colombiana destinada a Europa. Según Amazon Watch, grupos criminales como Los Lobos y Los Choneros, que a menudo trabajan con disidentes de las FARC colombianas, han establecido una base de operaciones en el sector de la minería ilegal de oro en Ecuador. 

El crimen organizado controla concesiones, extorsiona a los mineros locales y contrabandea oro a través de las fronteras de Ecuador. Ortiz-T destaca un cambio clave durante la presidencia de Rafael Correa, quien apoyó activamente al sector y elevó la importancia económica de la minería en el PIB. Antes de esto, la minería de oro no era tan prominente en el país como lo ha sido en Perú y Bolivia. Este respaldo político elevó la importancia de la minería, pero también abrió la puerta para que florecieran las operaciones ilegales. Ahora los mineros invaden áreas protegidas, amenazando el medio ambiente y los medios de vida indígenas.

Las organizaciones criminales brindan protección armada a los mineros irregulares y extorsionan concesiones legales. Con el tiempo, los obligan a entregar parte de la producción o secuestran a los propietarios de las minas legales para exigir rescates.

La llegada de mineros a Napo ha interrumpido prácticas tradicionales, contaminado ríos y desencadenado conflictos internos.

En la provincia de Napo, la minería ilegal ha traído violencia, contaminación e inestabilidad social a las comunidades kichwas. Una lideresa local kichwa, que permanece en el anonimato por razones de seguridad, describe cómo, a lo largo del río Jatunyacu, las empresas mineras están apoderándose de tierras mediante coacción o explotando la desesperación económica. La llegada de mineros ha interrumpido prácticas tradicionales, contaminado ríos y desencadenado conflictos internos.

La lideresa señala que los mineros están altamente organizados y están involucrados en el narcotráfico y otras actividades violentas. Según un informe de Amazon Watch sobre la minería ilegal en Ecuador, las organizaciones criminales brindan protección armada a los mineros irregulares y extorsionan concesiones legales. Con el tiempo, intensifican sus demandas, obligando a los mineros a entregar parte de su producción diaria o secuestrando a los propietarios de las minas legales para exigir rescates. Eventualmente, las bandas criminales buscan controlar por completo las concesiones mineras, expulsando a los propietarios y apoderándose de sus operaciones y equipos.

La fractura del tejido social

El impacto ambiental de la minería ilegal es particularmente grave en los territorios indígenas. La lideresa kichwa mencionada explica que el comercio de oro ha contaminado el río del que su comunidad depende para pescar. Aunque no hay proyectos mineros en su aldea, las actividades río arriba están contaminando el agua y matando peces río abajo. En la provincia de Napo, los mineros ilegales han deforestado 832 hectáreas desde 2017, liberando metales pesados como cobre, hierro, plomo y mercurio en los ríos. Estos contaminantes han tenido efectos devastadores en la salud y los medios de vida indígenas. 

Las consecuencias sociales de la minería ilegal en tierras indígenas son profundamente preocupantes, ya que la llegada de los mineros interrumpe el tejido social de las comunidades. Los conflictos internos surgen a partir de transacciones en las que personas indígenas venden sus tierras para fines mineros. Los vendedores suelen ser coaccionados a apoyar la minería, priorizan las ganancias a corto plazo sobre la sostenibilidad a largo plazo y, de este modo, se crean tensiones con quienes resisten. Esta explotación y degradación ambiental amenazan la supervivencia de todas las comunidades en la región. Esta situación ha provocado un aumento del alcoholismo entre las familias que vendieron sus tierras, lo cual desestabiliza la zona y la vuelve cada vez más peligrosa.

Finalmente, en Ecuador, la presencia de los mineros está erosionando el conocimiento tradicional. La generación más joven está siendo reclutada por forasteros para participar en actividades ilícitas y está comenzando a adoptar sus comportamientos. “Nuestra conciencia se está muriendo lentamente”, lamenta la lideresa kichwa y agrega que hablar, como ella lo hace, conlleva riesgos significativos de persecución. Según Pablo Ortiz-T, quien trabaja estrechamente con las comunidades kichwas en la provincia de Napo, muchas personas se han visto obligadas a huir de sus hogares debido a las amenazas.

Enfrentando una crisis multifacética

Las economías ilícitas del oro y la cocaína en la Amazonía constituyen una crisis compleja sin soluciones simples. Es necesario supervisar de modo más estricto a los compradores de oro y comprender que la influencia política de los grupos criminales son problemas críticos. Sin embargo, los gobiernos enmarcan estos problemas de manera limitada, tratándolos solo como desafíos policiales o judiciales, sin considerar sus raíces sociales más profundas. Asimismo, es importante incorporar las voces indígenas en la toma de decisiones y reconocer que, mientras exista una demanda global de oro y de drogas, alguien intervendrá para satisfacerla. 

La lideresa Kichwa aboga por iniciativas económicas que permitan a las comunidades prosperar sin recurrir a la venta de sus tierras. Destaca el potencial del lavado de oro tradicional, libre de productos químicos: una práctica transmitida a través de generaciones de mujeres indígenas, quienes también fabrican joyas con el oro. Ampliar esto a un negocio local podría garantizar la sostenibilidad, mantener la industria enraizada en la comunidad y reducir la intrusión de forasteros.

Las economías ilícitas entrelazadas del oro y la cocaína están impulsando la deforestación, la violencia y el desplazamiento en toda la Amazonía, con los Pueblos Indígenas soportando el peso de la crisis. Han enfrentado formas similares de explotación durante décadas.

Las economías ilícitas entrelazadas del oro y la cocaína están impulsando la deforestación, la violencia y el desplazamiento en toda la Amazonía.

Sin embargo, la dirigenta destaca que estos proyectos necesitan financiamiento y, aunque muchas personas se acercan a ella y a otros miembros de la comunidad para discutir los problemas que enfrentan, expresa su frustración porque la ayuda prometida frecuentemente no llega a concretarse. También agrega que es necesario restaurar los hábitats de los peces y generar conciencia comunitaria sobre los beneficios limitados de la minería.

Las economías ilícitas entrelazadas del oro y la cocaína están impulsando la deforestación, la violencia y el desplazamiento en toda la Amazonía, con los Pueblos Indígenas soportando el peso de la crisis. Han enfrentado formas similares de explotación durante décadas. Como expresa con contundencia la lideresa kichwa: “Antiguamente, eran los españoles quienes venían a invadir nuestras tierras, violar a nuestras mujeres. Ahora, viene el crimen organizado para explotar nuestras tierras, destruyendo todo”. Sus palabras sirven como un recordatorio tajante de que la lucha contra las economías ilícitas es una confrontación con una historia colonial de violencia y explotación.

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De acuerdo con GFW, Bolivia se clasifica de manera constante como uno de los países de América Latina con mayor pérdida de cobertura arbórea debido a incendios, solo superado por Brasil, con una pérdida anual promedio de 89.700 hectáreas. A su vez, este año ha marcado récords históricos: las alertas de incendios comenzaron a dispararse dramáticamente a mediados de julio, y Bolivia se encuentra, actualmente, entre los países con el mayor número de alertas a nivel mundial. 

A la fecha, los datos sobre la superficie afectada por los incendios no han sido actualizados desde el nivel central del Estado. A nivel departamental, las autoridades de Santa Cruz han cuantificado un impacto en siete millones de hectáreas. Organizaciones de la sociedad civil, como Fundación Tierra y el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), denuncian que a la fecha la superficie de hectáreas es mayor y superó la superficie quemada en 2019, cuando se quemaron seis millones de hectáreas a nivel nacional. Los departamentos más afectados incluyen Santa Cruz y Beni, donde el bosque seco Chiquitano y el Amazonas están en llamas, afectando reservas forestales, áreas protegidas y territorios indígenas.

Una amenaza recurrente para la vida indígena

Aunque este año es devastador, no es la primera vez que ONG locales, organizaciones indígenas y el público han buscado llamar la atención global sobre la crisis. La frecuencia de los incendios ha estado aumentando constantemente e impactan profundamente a las comunidades indígenas, poniendo en peligro su integridad física, salud y medios de vida. 

Yirka Mendoza, líder del cuerpo de bomberos voluntarios en su comunidad dentro del territorio indígena Monte Verde, ubicado en el bosque seco chiquitano, comenta: “Tenemos miedo hasta de perder la vida porque La Chiquitania todavía está ardiendo, y no sabemos qué más hacer”. A su vez, explica que estos incendios son una amenaza recurrente e impactan severamente a las personas que viven en su territorio: “Lastimosamente, cada año enfrentamos estos incendios, y temo que seguiremos siendo afectados. En años anteriores, siempre se ha quemado todo el bosque y nuestros cultivos, pero este año el fuego ha sido de gran magnitud como ningún otro, incluso han arrasado nuestras viviendas”. Por otra parte, destaca que muchos en el territorio dependen de la miel y los productos artesanales, de los bosques y la fauna que ahora están siendo destruidos. 

Los incendios también han pasado factura a la salud de la comunidad: el denso humo ha deteriorado significativamente la calidad del aire, dificultando la respiración y causando dolores de cabeza frecuentes e irritación ocular. Además, se suman los impactos negativos sobre las fuentes de agua. Desde hace poco más de una década, los efectos del cambio climático y la deforestación han intensificado el contexto de estrés hídrico en las comunidades del bosque seco chiquitano. En la actualidad, las pocas fuentes de agua se encuentran contaminadas por la presencia de ceniza. Estos riesgos para la salud, el acceso al agua y la integridad física son especialmente preocupantes para grupos vulnerables como niños y ancianos.

La escasez crítica de agua y medicinas, combinadas con el humo y el fuego, están obligando a muchos a abandonar sus hogares y territorios, generando un fenómeno de desplazamiento forzoso.

La escasez crítica de agua y medicinas, combinadas con el humo y el fuego, obligan a muchos a abandonar sus hogares, generando un fenómeno de desplazamiento forzoso.

Ante este contexto, los pueblos indígenas en Bolivia a menudo asumen el papel de bomberos: muchas de las comunidades en el territorio de Monte Verde han establecido sus propios cuerpos de bomberos. Después de los devastadores incendios en 2019, los miembros de la comunidad indígena fueron entrenados para combatir incendios forestales de manera más efectiva. Sin embargo, Yirka enfatiza que carecen de herramientas adecuadas. Ella y su equipo de 20 bomberos voluntarios están en primera línea, arriesgando sus vidas en ropa regular mientras intentan proteger sus comunidades y cultivos de los incendios en curso. Sin las herramientas adecuadas o equipos de protección, sus esfuerzos son aún más peligrosos. 

Según el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB), dependiente del CEJIS, los incendios forestales han llevado a pérdidas de cultivos y complicaciones de salud debido a la contaminación del aire en varios territorios indígenas. A su vez, la escasez crítica de agua y medicinas, combinadas con el humo y el fuego, están obligando a muchos a abandonar sus hogares y territorios, generando un fenómeno de desplazamiento forzoso que constituye una violación más a los derechos fundamentales de estas comunidades indígenas. 

De acuerdo al CEJIS, en el Territorio de Monte Verde, al menos 10 comunidades indígenas pertenecientes a la Central Indígena de Comunidades de Concepción (CICC) y la Central Indígena Paikoneca de San Javier se vieron obligadas a abandonar sus casas y refugiarse en los centros urbanos de Concepción y San Javier. Un reporte de Apoyo para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano (APCOB) da cuenta que las comunidades El Regreso, Sagrado Corazón de Jesús, Puerto San Pedro, Makanaté y Monte Verde fueron las más afectadas

Causas subyacentes de los incendios forestales

El World Resources Institute informa que la creciente tendencia de los incendios forestales está estrechamente vinculada con el cambio climático en un bucle de retroalimentación: las condiciones más cálidas y secas alimentan los incendios forestales, que, a su vez, liberan más carbono en la atmósfera, intensificando aún más el cambio climático y aumentando la probabilidad de futuros incendios. Además, el instituto destaca que, mientras el cambio climático hace que los bosques sean más vulnerables, la deforestación impulsada por productos básicos también es un factor importante que contribuye al creciente número de incendios forestales en las regiones tropicales. 

Por otra parte, ONG bolivianas atribuyen el aumento de incendios a políticas gubernamentales que promueven la expansión de tierras agrícolas. En los últimos 40 años, la superficie agrícola en la región de Santa Cruz se ha incrementado más de once veces, pasando de 264.800 hectáreas a más de tres millones. Grandes terratenientes, especialmente los dedicados a la ganadería y la producción de soja, han obtenido beneficios significativos. Esta élite agrícola ejerce una influencia política sustancial y colabora con corporaciones transnacionales como Monsanto y Cargill. Durante la presidencia de Evo Morales, se otorgaron concesiones a la élite agrícola para mantener la estabilidad política, con planes para expandir la frontera agrícola en un millón de hectáreas anualmente hasta 2025. 

A su vez, se suma el sector campesino y colonizador (intercultural), que trabaja la tierra produciendo monocultivos en pequeñas propiedades y busca un cambio en el tamaño de su propiedades para ser consideradas medianas y grandes. De este modo, intentan acceder a recursos financieros y profundizar su modelo de producción que interpela la propiedad colectiva indígena de la tierra por su carácter improductivo. Este sector es el principal responsable del avasallamiento de territorios indígenas, áreas protegidas y tierras fiscales. De manera crítica, un conjunto de normas conocidas como “leyes incendiarias” facilitan la conversión de bosques en tierras agrícolas e incentivan la deforestación bajo el argumento de promover la seguridad alimentaria. 

En las tierras bajas bolivianas, es común usar fuego para despejar tierras para nuevos pastos o campos agrícolas. Sin embargo, durante períodos de sequía, estos fuegos intencionados pueden descontrolarse fácilmente y expandirse rápidamente.

La creciente tendencia de los incendios forestales está estrechamente vinculada con el cambio climático en un bucle de retroalimentación.

De acuerdo al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), para el 2023, las cicatrices de quema se presentan de la siguiente manera: 37% propiedades empresariales y medianas, 18% en propiedades comunales y pequeñas, 16% en Territorios Indígenas, 10% en Tierras Fiscales Disponibles y 17% en Tierras Fiscales no Disponibles. En octubre de 2023, la Procuraduría General del Estado realizó una investigación sobre los responsables de los incendios generados durante esta gestión, identificando a 41 entidades agrarias y ganaderas en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Beni como responsables.

 Según el monitoreo realizado por el Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA), dependiente del CEJIS, hasta el 20 de septiembre de este año la superficie quemada afectó a los territorios indígenas de la siguiente manera en el departamento de Santa Cruz: 56% Monte Verde, 41% Zapocó, 41% Guarayos y 70% Pantanal. A su vez, una investigación realizada por el CEJIS en 2021 cuantificó que, entre 2010 y 2020, el 58 % del total de la superficie titulada en condición de TCOs a favor de 34 pueblos indígenas fue afectada por incendios.

En las tierras bajas bolivianas, es común usar fuego para despejar tierras para nuevos pastos o campos agrícolas. Sin embargo, durante períodos de sequía, estos fuegos intencionados pueden descontrolarse fácilmente y expandirse rápidamente. Muchas ONG consideran esta práctica una de las principales razones para el incremento de los incendios forestales en Bolivia. A medida que los incentivos para despejar tierras crecen, los fuegos utilizados para este propósito se escapan más frecuentemente. Una vez que estas áreas están quemadas, los daños causados al bosque a menudo son irreversibles.

Cambio climático y la deforestación: una crisis que exige acciones

Mientras los pueblos indígenas enfrentan el impacto devastador de los incendios forestales, es crucial ampliar nuestra perspectiva más allá de la crisis inmediata y considerar el papel de los actores en las cadenas de suministro de soja y ganado. En Bolivia, los incendios no son solo un resultado del cambio climático; también están impulsados por factores políticos y económicos que se arraigan en una demanda global que se extiende mucho más allá de las fronteras del país. Las corporaciones multinacionales e importadores de soja y ganado son contribuyentes significativos a esta crisis, ya que continúan incentivando la expansión agrícola en áreas forestadas, provocando una mayor deforestación. 

Si bien el apoyo inmediato es urgentemente necesario —como proporcionar mejores equipos para las brigadas de bomberos voluntarios y asegurar el acceso a agua y medicación—, estas medidas solo ofrecerán alivio temporal. El problema no se resolverá hasta que se aborden las cuestiones más amplias: el cambio climático y los sistemas económicos que promueven la deforestación. 

Esta crisis no es nueva. Aunque este año puede ser particularmente severo en Bolivia, el problema ha estado escalando durante años. Sin un cambio en las políticas y prácticas globales, así como un esfuerzo genuino por abordar el cambio climático, la deforestación y las fuerzas que impulsan la expansión agrícola, es probable que los incendios forestales continúen devastando Bolivia y otras regiones tropicales alrededor del mundo.

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