En estas condiciones, las mujeres indígenas enfrentan riesgos elevados de violencia de género, como el acoso, violencia sexual e intimidación. Sin embargo, las sobrevivientes a menudo tienen dificultades para acceder a la justicia. Enfrentan discriminación, barreras lingüísticas, apoyo legal limitado y falta de información sobre sus derechos. Como resultado, muchos perpetradores nunca son llevados a rendir cuentas, y las mujeres indígenas quedan sin el apoyo o los recursos que necesitan.

Violencias contra las mujeres en Asia

Un ejemplo trágico ocurrió en 2025, en las Chittagong Hill Tracts de Bangladesh. Una estudiante indígena fue violada en grupo mientras regresaba a su casa luego de sus clases en el área de Guimara. Cuando las comunidades protestaron para exigir justicia, tres jóvenes indígenas fueron baleados y asesinados por el ejército, y otros cuatro resultaron heridos. Después del tiroteo, se saquearon e incendiaron tiendas de indígenas, y las viviendas cercanas fueron dañadas. Este incidente muestra los graves riesgos que enfrentan las comunidades incluso cuando exigen justicia de manera pacífica. La violencia desalienta a las sobrevivientes, y la intimidación disuade a sus comunidades de exigir rendición de cuentas.

En mi propia comunidad en Okinawa, Japón, vivimos con la carga de vivir con una fuerte presencia militar de Estados Unidos. A lo largo de los años, muchas mujeres, desde niñas pequeñas hasta mujeres mayores, han experimentado la violencia sexual vinculada al personal militar. Algunas víctimas incluso han sido asesinadas después de ser agredidas. Muchos casos de violación no son procesados, y algunas víctimas retiran sus denuncias porque buscar justicia puede ser extremadamente difícil.

En otros países de la región, como Camboya, Myanmar y Tailandia, los conflictos armados también exponen a las mujeres indígenas a altos niveles de violencia doméstica, violación y trata de personas. Estos riesgos se agravan por la pobreza y el acceso limitado a la educación. Otro ejemplo proviene de las luchas por la tierra en Indonesia: las mujeres indígenas batak han enfrentado acoso y violencia mientras resisten el acaparamiento de tierras por parte de una empresa de pulpa y papel que opera en su territorio ancestral.

El rol que deben cumplir los gobiernos

Para abordar estos desafíos, los gobiernos deben fortalecer los sistemas legales e institucionales que protegen los derechos de las mujeres indígenas. Los sistemas de justicia deben ser accesibles y culturalmente apropiados para las comunidades. El reconocimiento de múltiples sistemas legales, incluidos los mecanismos de justicia indígena, puede ayudar a asegurar que las mujeres indígenas puedan buscar justicia a través de procesos que respeten sus culturas, manteniendo, al mismo tiempo, los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

Los gobiernos también deben apoyar y empoderar a las organizaciones de mujeres indígenas para que puedan participar en procesos legales y abogar por sus comunidades. La prevención de la violencia de género debe ser una prioridad. Los gobiernos necesitan aplicar leyes y políticas más fuertes para proteger a las mujeres y niñas indígenas, especialmente en las áreas afectadas por la militarización y la extracción de recursos. Las sobrevivientes deben tener acceso a espacios seguros, atención de salud, servicios de salud mental y asistencia legal para que puedan denunciar la violencia de manera segura y buscar justicia.

La rendición de cuentas también es esencial. Los gobiernos, las empresas y otros actores que operan en los territorios indígenas deben ser responsabilizados por las violaciones de derechos humanos. Las mujeres indígenas que defienden sus tierras y comunidades suelen enfrentar amenazas, acoso y violencia. Las autoridades deben adoptar un enfoque de tolerancia cero frente a los ataques contra mujeres defensoras indígenas de derechos humanos. Las violaciones deben ser investigadas, los perpetradores procesados y las víctimas deben recibir reparaciones justas y culturalmente apropiadas.

Apuntes para mejorar el acceso a la justicia

Además de la justicia, las mujeres indígenas deben tener acceso a reparaciones significativas. Estas deben abordar tanto los daños económicos como sociales, incluyendo compensación por medios de vida perdidos, apoyo para salud y educación y, cuando sea posible, la restitución de tierras y recursos. Apoyar a las organizaciones de mujeres indígenas y las iniciativas comunitarias también es fundamental, porque las mujeres indígenas desempeñan un papel central en la protección de sus comunidades, culturas y entornos.

Es necesario entender que lograr justicia requiere abordar las causas profundas de la violencia y la marginación. Los gobiernos deben reconocer los derechos de los Pueblos Indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales, y asegurar que los proyectos de desarrollo respeten el principio de Consentimiento Libre, Previo e Informado.

Finalmente, los gobiernos tienen que comprender que las mujeres indígenas también deben ser incluidas en la toma de decisiones en todos los niveles, desde la gobernanza local hasta las discusiones de política nacional. Su liderazgo y sus conocimientos son esenciales para crear políticas que realmente reflejen las necesidades y experiencias de las comunidades indígenas.

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En Indonesia, las mujeres indígenas enfrentan niveles desproporcionados de discriminación. Más de una de cada tres mujeres indígenas ha sido violada a lo largo de su vida y registran, además, una tasa de mortalidad materna superior al promedio nacional. En Nepal y India, las mujeres indígenas son víctimas de violencia basada en el sistema de castas, mientras que en Bangladesh suelen ser atacadas por sus rasgos físicos distintivos y sus creencias religiosas. 

Además, las mujeres indígenas también son víctimas desproporcionadas de la trata de personas. Un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nepal reveló que el 49% de las mujeres sobrevivientes de trata pertenecen a nacionalidades indígenas, seguidas por mujeres dalit con un 15%. Las madhesis representan el 6%, mientras que otras etnias constituyen el 29% restante. Los Pueblos Indígenas, los dalit y las comunidades madhesi figuran entre los grupos social, política y económicamente más marginados y excluidos de Nepal. El acceso a la justicia para las víctimas de la trata sigue siendo prácticamente inalcanzable.

Violaciones estatales y acceso a la justicia

En países como Bangladesh y Myanmar, el acceso a la justicia es prácticamente inexistente y prevalece una impunidad absoluta. Si bien los tribunales de India son conocidos por sentar jurisprudencia, en los casos de violaciones de derechos humanos, el enjuiciamiento de los responsables requiere una autorización previa del Gobierno. En virtud del artículo 197 del Código de Procedimiento Penal y del artículo 6 de la Ley de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas de 1958, se exige el consentimiento previo de las autoridades ejecutivas para procesar a funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad. En contextos de conflicto armado, dicha autorización suele ser denegada y, en consecuencia, el acceso a la justicia queda bloqueado.

En Nepal, las indígenas fueron víctimas de violencia sexual durante el conflicto maoísta. En 2019, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió una decisión histórica en el caso de una niña indígena que había sido víctima de violación, tortura y trabajo forzado en 2002. A sus 14 años, la niña había sido detenida por la Policía Armada y el Ejército Real, y obligada a trabajar en un cuartel en la construcción de un templo: durante ese período, fue violada y sometida a otras formas de violencia sexual, además de tortura y tratos inhumanos. Tras las agresiones, no pudo orinar, sufrió hemorragias y nunca recibió atención médica. El mayor que la violó la amenazó con matarla si contaba lo ocurrido.

En la Myanmar devastada por la guerra, las mujeres han sido blanco de ataques por parte de las Fuerzas Armadas. En 2023, Free Expression Myanmar (FEM) informó que más de 300 mujeres y niñas (incluidas enfermeras, estudiantes, docentes y activistas) habían sido asesinadas desde el golpe de Estado. Asimismo, los militares recurrieron a la agresión sexual como un arma sistemática para castigar a detenidas por su participación en protestas prodemocráticas: 17 mujeres y niñas fueron violadas y asesinadas. Además, la Junta Militar ha arrestado a 16.432 personas, de las cuales 3.434 son mujeres, y el personal penitenciario militar suele torturar a las presas políticas. Dado que Myanmar no es parte de la mayoría de los convenios internacionales de derechos humanos, las víctimas carecen de justicia.

Violencia ejercida por la sociedad mayoritaria

En toda la región asiática, las mujeres indígenas enfrentan violaciones de derechos debido a sus identidades diferenciadas, sus prácticas culturales o sus creencias religiosas frente a las comunidades mayoritarias no indígenas. Asimismo, en la mayoría de los países asiáticos no se recopilan datos desagregados sobre la violencia contra los Pueblos Indígenas, lo que impide dimensionar la magnitud real del problema. En consecuencia, no se promulgan leyes específicas para abordar el acceso a la justicia.

India ha promulgado leyes progresistas al tipificar los delitos sexuales como crímenes específicos en el marco de la Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act de 1989. El artículo 3 criminaliza “palabras, actos o gestos de naturaleza sexual dirigidos contra una mujer perteneciente a una casta o tribu registrada, a sabiendas de que pertenece a una casta o tribu registrada”, con multas y penas de prisión no inferiores a seis meses y que pueden extenderse hasta cinco años. Sin embargo, los delitos continúan ocurriendo: 1.137 casos de violación de mujeres indígenas en 2020; 1.324 en 2021; y 1.347 en 2022. Aun así, no puede negarse que la legislación proporciona una base para el acceso a la justicia.

En Bangladesh, el acceso a la justicia en casos de violencia sexual resulta impensable. Con frecuencia, agresores sexuales son destinados a la región de las Chittagong Hill Tracts, habitada por Pueblos Indígenas.

En Bangladesh, el acceso a la justicia en casos de violencia sexual resulta impensable. Con frecuencia, agresores sexuales son destinados a Chittagong Hill Tracts, habitada por indígenas.

En Bangladesh, las protestas contra violaciones cometidas por integrantes de la comunidad musulmana mayoritaria suelen derivar en ataques directos de las agencias estatales contra los Pueblos Indígenas. En 2025, tres jóvenes indígenas murieron por disparos y otros cuatro resultaron heridos por personal del Ejército en el upazila de Guimara, en las Chittagong Hill Tracts, mientras protestaban contra la presunta violación grupal de una menor indígena. Tras los disparos, numerosos comercios indígenas fueron saqueados e incendiados en el mercado de Ramesu y las viviendas cercanas también fueron vandalizadas.

En Bangladesh, el acceso a la justicia en casos de violencia sexual resulta impensable. Con frecuencia, agresores sexuales son destinados a la región de las Chittagong Hill Tracts, habitada por Pueblos Indígenas. El 25 de febrero de 2021, Abul Hasnat Mohammad Sohel Rana fue encarcelado en una causa por acoso sexual contra una estudiante indígena. Tras recuperar la libertad, volvió a incorporarse a la escuela, lo que generó protestas. El 20 de septiembre de 2024, Rana fue linchado hasta la muerte por la presunta violación de una estudiante indígena del pueblo Tripura dentro del campus escolar, pero su asesinato desencadenó un nuevo ataque masivo contra comunidades indígenas del área.

Violaciones dentro de la comunidad y acceso de las mujeres indígenas a la justicia

Las mujeres indígenas también enfrentan barreras para acceder a la justicia dentro de sus propias prácticas culturales. La herencia constituye una cuestión crítica. Recién en 2025, la Corte Suprema de India sostuvo que negar a una heredera su derecho a la propiedad agrava la discriminación de género y que la ley debe erradicar esta práctica. En consecuencia, en base al artículo 14 relativo al derecho a la igualdad de la Constitución India, el Tribunal determinó que tanto una mujer tribal como sus herederos legales (sus hijos) tienen derecho a una participación igualitaria en la propiedad ancestral.

Dentro de la comunidad indígena chakma, desde 2014 se desarrolla una forma de derecho consuetudinario y estigmatización, según la cual ciertas personas pueden ser declaradas Ek Goshchey, lo que implica que el resto de la comunidad tiene prohibido mantener vínculos sociales con la familia. Con frecuencia, estas “costumbres” son invocadas por patriarcas autoproclamados para vulnerar los derechos de mujeres y niñas indígenas. En varios fallos, el Tripura High Court declaró inconstitucional la práctica de declarar Ek Goshchey o imponer boicots sociales por parte del Tripura Rejyo Chakma Samajik Parishad (Consejo Social Chakma del Estado de Tripura).

En distintas comunidades de la India, las mujeres indígenas enfrentan la negación sistemática del acceso al poder. En Nagaland, los hombres se opusieron a la reserva del 33% de los escaños para mujeres en los gobiernos locales, lo que impidió la realización de elecciones durante 20 años. Finalmente, las elecciones a los órganos de gobierno local urbano se celebraron el 26 de junio de 2024, en cumplimiento de una orden de la Corte Suprema. 

Abusos digitales contra mujeres y niñas indígenas

La violencia en el mundo real se replica en las redes sociales. A medida que el espacio digital adquiere un papel central en las sociedades contemporáneas, las mujeres y niñas indígenas enfrentan un riesgo creciente de odio y de graves daños digitales, en proporciones más altas que el resto de la población. Dado que muchos países aún se encuentran en proceso de desarrollar marcos legales para abordar los abusos cibernéticos, las mujeres y niñas indígenas permanecen, en gran medida, fuera del alcance efectivo de la protección legal y del acceso a la justicia.

Las múltiples formas de violencia que atraviesan las mujeres indígenas en Asia revelan un patrón estructural de discriminación interseccional que combina género, pertenencia étnica, tradición, religión y casta. La impunidad debido a la falta de voluntad política, consolida un escenario en el que el acceso a la justicia es excepcional y no la regla. Incluso cuando existen normas progresistas o fallos judiciales relevantes, su implementación enfrenta resistencias profundas, tanto en las instituciones estatales como en las propias estructuras patriarcales de sus comunidades.

Frente a este panorama, resulta imprescindible adoptar enfoques integrales que garanticen la protección de los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas de Asia, fortaleciendo su participación política, su autonomía económica y su liderazgo comunitario. Ello implica reformar marcos legales discriminatorios, recopilar datos sobre violencia contra mujeres indígenas y asegurar mecanismos de justicia culturalmente pertinentes. Sin el reconocimiento pleno de sus derechos sobre la tierra, la herencia, su cuerpo y su voz en el espacio público no será posible construir sociedades democráticas, plurales e igualitarias.

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En medio del caos, varias viviendas de líderes políticos, incluida la del Primer Ministro, Khadga Prasad Sharma Oli, fueron incendiadas y tanto él como su Ministro del Interior renunciaron. A su vez, varios parlamentarios estuvieron desaparecidos durante días. Sitios icónicos, como el edificio del Parlamento y la Corte Suprema, también fueron incendiados. Aunque un gobierno interino, formado tras negociaciones con el Movimiento de la Generación Z, está restableciendo los servicios, el Poder Judicial sigue paralizado: miles de documentos se destruyeron, entre ellos, acciones de amparo presentadas por comunidades indígenas. 

Uno de estos amparos apunta a frenar un proyecto de teleférico en una montaña sagrada que el pueblo Limbu ha identificado históricamente como Mukkumlung, renombrada hace un siglo como Pathibhara, en alusión a una diosa hindú. En las últimas décadas, Pathibhara se ha vuelto muy concurrida por peregrinos hindúes. Mukkumlung forma parte del territorio ancestral limbu y, geopolíticamente, es muy delicado al ser limítrofe con Tíbet (China) y Sikkim (India). También es geológicamente frágil, ya que forma parte del Himalaya, una de las zonas ecológicas más biodiversas del planeta. Para preservarlo, en 1997, el gobierno de Nepal declaró esta zona como Proyecto del Área de Conservación del Kanchenjunga.

El embate del desarrollo contra los sitios sagrados

“No creo que debamos entregar nuestras tierras sagradas en nombre del desarrollo. Ni siquiera estamos dispuestos a entregar nuestro bosque comunitario, mucho menos nuestros templos, santuarios y espacios sagrados”, dice Sarita Ghale, de la comunidad Khasur, al norte de Nepal. El cortometraje Que tengas una vida tan larga como la del río explora la tensión entre la sabiduría ancestral, la agencia de los guardianes invisibles de la tierra y la fuerza implacable del “progreso” que impulsa la economía hidroeléctrica. El título en lengua gurung es una bendición de las personas mayores hacia los jóvenes: “Que vivas tanto como el árbol simal, que seas tan fuerte como las rocas del río Marsyangdi”.

Este cortometraje forma parte del proyecto documental gemelo “¿Derechos humanos más allá de lo humano?”, producido en el marco del proyecto de investigación RIVERS (2019-2026). RIVERS examina la relación entre los seres humanos y la naturaleza, y el rol del derecho, a través del trabajo de campo en Nepal, Colombia, Guatemala y las Naciones Unidas. Su contraparte colombiana, Jueza entre mundos, sigue el recorrido espiritual y jurídico de la jueza indígena Belkis Izquierdo. Este retrato íntimo de Aty Seikuinduwa (“madre más allá de la oscuridad”) muestra cómo la autoridad lleva la tierra viva, los múltiples sistemas de vida y las prácticas espirituales indígenas a la sala judicial.

Tanto el gobierno nepalí (que avala el proyecto) como la empresa privada no revelan que se perdería totalmente la cultura limbu y se destruiría la naturaleza mediante la “disneyficación” de la tierra sagrada.

Tanto el gobierno nepalí como la empresa no revelan que se perdería totalmente la cultura limbu y se destruiría la naturaleza mediante la “disneyficación” de la tierra sagrada.

Estos films desafían los marcos jurídicos dominantes al situar en primer plano voces más-que-humanas y la jurisprudencia indígena: ofrecen una reflexión poderosa sobre el pluralismo jurídico, la espiritualidad y la resistencia al extractivismo. En sintonía con estos documentales, el proyecto del teleférico ejemplifica el último embate del “desarrollo” sobre la tierra sagrada. Registrado por la empresa Pathibhara Devi Darshan Private Limited, de un multimillonario nepalí, conectaría la base de la montaña con su cima, sobrevolando el sendero de peregrinación y afectando los bosques montanos. 

Con una inversión estimada de 21.000.000 de dólares, la empresa afirma que el teleférico facilitaría el camino de la peregrinación, impulsaría el turismo y generaría empleo, lo cual traería desarrollo al distrito de Taplejung. Sin embargo, tanto el gobierno nepalí (que avala el proyecto) como la empresa privada no revelan que se perdería totalmente la cultura limbu y se destruiría la naturaleza mediante la “disneyficación” de la tierra sagrada. En efecto, ya se planifican resorts, cafeterías, hoteles y una pista de patinaje en la cima del sitio sagrado.

Violencia burocrática y legal

Como parte del proceso de paz posterior al fin de la “Guerra del Pueblo” que concluyó en 2006, Nepal ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y respaldó la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) en 2007. Estos instrumentos reconocen a los Pueblos Indígenas como titulares de derechos colectivos (a la autodeterminación, a la tierra, al territorio y a los recursos naturales) y establecen el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) sobre decisiones que los afecten.

Inicialmente, Nepal fue celebrado como un líder regional en la protección de los derechos indígenas: fue el primer país asiático en ratificar el Convenio 169 y, en su Constitución de 2015, reconoció explícitamente los derechos de los Pueblos Indígenas. A su vez,  los artículos 26 y 34 protegen los derechos de las comunidades a preservar sus sitios religiosos y sus prácticas culturales. También, ratificó la Convención del Patrimonio Mundial de 1978 y la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2010.

Los bancos multilaterales de desarrollo y el gobierno incumplen sistemáticamente la protección de los derechos indígenas, incluido el CLPI, en los principales proyectos hidroeléctricos. 

Los bancos multilaterales de desarrollo y el gobierno incumplen la protección de los derechos indígenas, incluido el CLPI, en los principales proyectos hidroeléctricos. 

Casi 20 años después, el liderazgo de Nepal ha demostrado ser un falso amanecer. Un informe reciente, “Hanging by a Thread: Indigenous Peoples’ Rights in Renewable Energy Transition”, publicado por Accountability Council y la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Nepal, documenta cómo los bancos multilaterales de desarrollo y el gobierno incumplen sistemáticamente la protección de los derechos indígenas, incluido el CLPI, en los principales proyectos hidroeléctricos. 

Al aprobar el proyecto del teleférico, el gobierno de Nepal también ha autorizado la tala de miles de árboles, la destrucción del hábitat de especies animales amenazadas y, en consecuencia, la eliminación de la misma razón por la que se creó el Proyecto del Área de Conservación del Kanchenjunga. Más recientemente, se ha enviado a la policía armada para reprimir las protestas, lo que incluyó el uso de gases lacrimógenos dentro de las casas en plena noche, la destrucción de cámaras de vigilancia, la detención y agresión física a habitantes y la apertura de fuego contra quienes protestaban, hiriendo a varias personas. A su vez, se iniciaron causas judiciales contra los manifestantes por “generar disturbios”.

¿Podría la Corte de Nepal establecer un referente jurídico en el sur de Asia?

Nepal está impulsando reformas muy necesarias en múltiples frentes. En medio de violencia ejercida por el propio Estado, el futuro legal de Mukkumlung descansa en manos de la Corte Suprema de Nepal que, literalmente, está renaciendo de sus cenizas. ¿Podría este alto tribunal transformar el liderazgo “de papel” de Nepal en materia de protección de los derechos de los Pueblos Indígenas en una verdadera jurisprudencia progresista que permita que la montaña sagrada limbu gane su batalla legal?

La innovadora jurisprudencia indígena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia podría ofrecer nuevas vías legales para los casos nepalíes sobre daños a tierras indígenas vinculados a proyectos de desarrollo y de transición verde. Desde que su Constitución de 1991 reconoció la diversidad étnica y cultural, Colombia ha construido un sólido cuerpo de jurisprudencia multicultural. Sin embargo, recién en 2014 el Poder Judicial nombró a su primera magistrada auxiliar indígena, Belkis Izquierdo Torres, lo que constituyó un hito histórico. Cuatro años más tarde, la magistrada se convirtió en una de las 31 juezas del Tribunal de Paz, junto a otras tres juezas indígenas. 

“Reconocer el territorio como víctima implica considerar que el Territorio está vivo, que es un ser sintiente, que es un sujeto de derecho. Que, en el marco del conflicto armado, ha sufrido, ha sido dañado y está aún dolorido”.

“Reconocer el territorio como víctima implica considerar que el Territorio está vivo, que es un sujeto de derecho. Que, en el marco del conflicto armado, ha sufrido y está aún dolorido”.

Creada en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), la JEP investiga y juzga casos vinculados al conflicto armado, que afectó de manera desproporcionada a comunidades indígenas y afrodescendientes. Fueron estas comunidades las que lograron incluir el Capítulo Étnico (añadido tardíamente) que garantiza el reconocimiento de sus derechos y territorios en el proceso de justicia transicional. En coherencia con su mandato centrado en las víctimas, este tribunal ha elaborado una metodología participativa de investigación territorial.

Como explica Belkis Izquierdo en el cortometraje: “Es necesario salirse [los jueces] un poco del cuadro de la oficina para sentir el Territorio, oler el Territorio. Nuestro conocimiento indígena no sólo viene de la razón humana, viene de los Territorios, porque el conocimiento está territorializado”. La idea de que la tierra misma pueda ser portadora de saber jurídico contrasta fuertemente con la jurisprudencia nepalí sobre derechos indígenas. La jueza añade: “Reconocer el territorio como víctima implica considerar que el Territorio está vivo, que es un ser sintiente, que es un sujeto de derecho. Que, en el marco del conflicto armado, ha sufrido, ha sido dañado y está aún dolorido. Y que es necesario que tenga una voz en el proceso judicial para que se reconozcan los daños, para que se repare”.

Una lucha para transformar el carácter del Estado

La jurisprudencia indígena colombiana marca un hito jurídico: no sólo reconoce que los seres humanos pueden sufrir daño, sino también los sitios sagrados, los seres espirituales y sus interrelaciones. Los territorios indígenas en Colombia son titulares de derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Esto es una novedad dado que antes estos derechos eran reservados únicamente para los individuos y los grupos afectados por el conflicto.

En la misma línea, la Corte Suprema de Nepal podría realizar una visita in situ o una misión de constatación de hechos a Mukkumlung. En la última década, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y varios tribunales superiores latinoamericanos han realizado visitas a comunidades indígenas y afrodescendientes para recabar evidencia y escuchar a todas las partes involucradas. La primera visita in situ de la Corte Interamericana se realizó en 2012, en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador: los jueces viajaron en avión y canoa para realizar audiencias en la comunidad amazónica. Desde entonces, el tribunal ha realizado 15 visitas in situ, seis de ellas a comunidades indígenas.

Aunque las comunidades indígenas de Nepal permanecen escépticas respecto del sistema judicial (al que perciben como estructuralmente sesgado contra los casos indígenas), pocas alternativas quedan más allá de recurrir a los tribunales nacionales. Durante una audiencia en la Corte Suprema en 2025 sobre el proyecto del teleférico, un abogado de la empresa desestimó las reivindicaciones indígenas: “Es como escuchar ficción y poesía. Su argumento pertenece a la edad de piedra”. La ironía es cuán arcaicos resultan esos comentarios racistas en comparación con prácticas jurídicas innovadoras, como las de Colombia, donde la pluralidad de sistemas de conocimiento se integra en litigios ambientales e indígenas.

Como reflexionó Shree Linkhim, uno de los jóvenes líderes indígenas del movimiento #NoCableCar: “El movimiento indígena va mucho más allá de frenar teleféricos e hidroeléctricas. En el fondo, la lucha tiene que ver con transformar el carácter del Estado nepalí”. Si los movimientos indígenas se comprenden como una resistencia permanente, el histórico fallo colombiano de Belkis representa un momento monumental al que Nepal podría aspirar. Que alguna vez lo alcance dependerá de cómo evolucionen el carácter y las prácticas del Estado y del Poder Judicial a la luz del levantamiento del Movimiento de la Generación Z y de las elecciones de 2026, que prometen reconfigurar el panorama político del país.

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Por esta razón, la adquisición de tierras para la minería del carbón continúa sin pausa. Sólo entre el 1° de enero y el 18 de diciembre de 2024, se expropiaron 6.812 hectáreas bajo la Ley de Áreas Carboníferas (Adquisición y Desarrollo) de 1957 para subsidiarias de la compañía estatal Coal India Limited. Ese mismo año se le transfirieron otras 7.032 hectáreas a la empresa. Paralelamente, no se dispone de información sobre la cantidad de tierra adquirida para la minería privada.

En 2014, la India reformó su política minera para permitir la participación privada únicamente en proyectos de uso cautivo, es decir, para el consumo de sus propias plantas. Pero en 2020, en plena pandemia, el país dio un paso más al abrir la minería comercial a las empresas privadas. En la primera subasta, realizada el 18 de junio de 2020, se adjudicaron 20 minas, y para diciembre de 2024 el número ascendía a 113. En diciembre de ese año, el Ministerio de Carbón lanzó además la undécima ronda de subastas, ofreciendo 27 minas adicionales.

Impacto sobre los Pueblos Indígenas y los bosques

La mayor parte del carbón de la India se encuentra bajo tierras boscosas habitadas por Pueblos Indígenas. Estas tierras se están adquiriendo sin respetar el Consentimiento Libre, Previo e Informado establecido en la Ley de Derechos Forestales (2006) y la Ley de Extensión a Áreas Programadas (1996). Ambas normas exigen el consentimiento de las asambleas comunitarias (Gram Sabha) antes de autorizar proyectos extractivos. Sin embargo, el consentimiento suele pedirse después de adjudicadas las minas, reduciéndolo a una formalidad sobre compensaciones y reasentamientos. Esta práctica ha provocado protestas y graves violaciones a los derechos humanos en todo el país.

I. Bosque de Hasdeo Arand 

Este bosque ubicado en el estado de Chhattisgarh, en la región central de India, contempla un área de 170.000 hectáreas habitada por comunidades Gond, Lohar y Oraon. Estos Pueblos Indígenas se oponen a la minería del carbón por el despojo de sus medios de vida, el desplazamiento forzado y la destrucción ambiental. El área, que comprende 23 bloques carboníferos, había sido declarada “zona prohibida” para la minería en 2009 por su valor ecológico. En 2015, veinte asambleas comunitarias aprobaron resoluciones en contra de la subasta de minas, pero fueron ignoradas. 

Un año después, el gobierno estatal revocó los derechos forestales reconocidos a la aldea de Ghatbarra, argumentando que los pobladores “obstaculizaban” la minería, algo que la ley no contempla. Pese a las protecciones iniciales, comenzaron las operaciones en los bloques Parsa East y Kente Basan (PEKB). En 2020 y 2021, el bloque Parsa recibió las autorizaciones ambientales, y en 2022 el gobierno estatal dio su aprobación final. El proyecto es operado por la empresa estatal Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (RVUNL) en asociación con la compañía privada Adani Mining, propiedad de Gautam Adani, uno de los hombres más ricos de la India y del mundo.

El 26 de julio de 2022, la asamblea estatal de Chhattisgarh aprobó una resolución unánime contra la minería en Hasdeo. Sin embargo, en 2023 se reanudó la tala de árboles para la expansión de PEKB. Las protestas fueron reprimidas: el 22 de diciembre de 2023, varios activistas indígenas fueron detenidos, y en octubre de 2024, una nueva manifestación terminó en enfrentamientos violentos con más de 400 policías desplegados.

II. Proyecto minero Deocha-Pachami-Dewanganj-Harinsingha

Ubicado en el estado de Bengala Occidental, en el límite con Bangladesh, este proyecto podría convertirse en la mayor reserva de carbón de la India y la segunda del mundo, con 2.100 millones de toneladas en un área de 12,3 kilómetros cuadrados. En el distrito de Birbhum, se prevé el desplazamiento de unas 21.000 personas, en su mayoría del pueblo Santhal. En febrero de 2022, más de mil personas protestaron contra la adquisición forzada de tierras. El gobierno respondió con un paquete de compensación y reasentamiento. En marzo, las mujeres bloquearon las obras del proyecto colocando un charka (una vara con heno, símbolo tradicional de resistencia) para denunciar la falta de diálogo y compensación.

III. Proyecto minero Bijahan

En el estado de Odisha, sobre el Golfo de Bengala, el proyecto Bijahan, impulsado por Mahanadi Mines & Minerals Pvt. Ltd., una filial del Grupo Adani, planea despejar 608 hectáreas de bosque para extraer 327 millones de toneladas de carbón. Costará unos 310 millones de dólares y afectará a unas 450 familias de cuatro aldeas, la mayoría indígenas. En la comunidad Bhograkachhar, sólo cuatro hogares han recibido títulos de derechos forestales, mientras que en Jharpalam las solicitudes permanecen sin respuesta. La situación es particularmente angustiante para quienes enfrentan un segundo desplazamiento, después de haber sido desplazados por primera vez en la década de 1950 debido al Proyecto Hidroeléctrico Multipropósito Hirakud. En enero de 2025, los pobladores boicotearon la reunión de la Gram Sabha convocada para aprobar el proyecto y realizaron una asamblea paralela donde exigieron transparencia en las compensaciones.

IV. Proyecto minero a cielo abierto de Gondalpara

En el distrito de Hazaribagh, este proyecto de extracción de carbón, impulsado por Adani Enterprises, ha sido rechazado por los Pueblos Indígenas afectados. Se estima que la iniciativa impacte entre 500 y 1.950 hogares, muchos de ellos pertenecientes a comunidades indígenas. En agosto de 2024, los pobladores locales expresaron su oposición al proyecto y a cualquier desarrollo industrial en la zona, advirtiendo sobre las amenazas a sus tierras fértiles y bosques. En respuesta, el gobierno decidió instalar una nueva comisaría en el área para proteger los intereses de Adani frente a las protestas locales.

La injusticia del carbón: derechos indígenas y el futuro energético de la India

Las luchas de Hasdeo Arand, Deocha-Pachami, Bijahan y Gondalpara no son casos aislados, sino el reflejo de un patrón sistemático de desprecio por los derechos indígenas frente al crecimiento del consumo energético. La anulación de los derechos forestales reconocidos, el desconocimiento de las resoluciones de las asambleas comunitarias (Gram Sabha) y el uso del aparato estatal para reprimir las protestas ponen de manifiesto el profundo desequilibrio de poder y la erosión de los procesos democráticos.

Este enfoque no solo perpetúa las violaciones a los derechos humanos, sino que también pone en peligro un patrimonio ecológico y cultural irremplazable, ya que se sacrifican vastas zonas boscosas esenciales para la biodiversidad y la identidad indígena. Estos casos ilustran cómo la minería de carbón destruye los hogares, los medios de vida, las tierras ancestrales, los bosques y las formas de vida ancestrales. Ninguna compensación puede reparar lo que se ha perdido: las comunidades siguen pagando el costo de las ambiciones económicas de la nación.

Los Pueblos Indígenas han estado resistiendo, aunque históricamente esta ha sido una lucha desigual y muchas veces perdida. La India debería buscar fuentes de energía alternativas que protejan la rica diversidad de sus Pueblos Indígenas y garanticen que la búsqueda del progreso nacional no siga cayendo sobre sus espaldas ni destruyendo de manera desproporcionada sus modos de vida.

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El presente artículo se centra en la comunidad Magar de Dungeshwor y en la metodología culturalmente sensible aplicada para llevar a cabo las encuestas comunitarias. Este proceso dio lugar a la creación de un proyecto definido y gestionado por la propia comunidad, orientado a promover su desarrollo autodeterminado mediante el empoderamiento colectivo. El proyecto trabaja activamente en la preservación de su lengua y cultura, al mismo tiempo que revitaliza sus instituciones tradicionales de autogobierno.

La recolección de datos en las comunidades magar

Con una población que supera los 2.000.000 de personas, lo que representa casi el 7 por ciento del total nacional, el Pueblo Indígena Magar es uno de los más numerosos de Nepal. La encuesta comunitaria se llevó a cabo en la comunidad del municipio de Dungeshwor, en el distrito de Dailekh (al oeste de Nepal), en estrecha colaboración con la Federación Nepalí de Nacionalidades Indígenas (NEFIN) – Dailekh y con la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Nepal (LAHURNIP).

Fundada en 1995 por abogados indígenas, LAHURNIP trabaja por los derechos humanos y las libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas en Nepal. Su compromiso es proteger, promover y defender sus derechos, impulsando la implementación efectiva del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Para ello, emplea diversas estrategias como las herramientas de la Iniciativa Navegador Indígena, que permiten monitorear el reconocimiento y cumplimiento de esos derechos.

Los objetivos del taller nacional fueron establecer un entendimiento común sobre derechos y desarrollo indígena, y brindar a los asistentes las habilidades necesarias para recolectar datos de acuerdo con la metodología del Navegador Indígena.

Los objetivos del taller fueron establecer un entendimiento sobre derechos indígenas y brindar las habilidades necesarias para recolectar datos.

Por su parte, NEFIN es una organización autónoma y representativa de los Pueblos Indígenas de Nepal, creada en 1991. Cuenta con filiales distritales en todo el país, entre ellas NEFIN-Dailekh, que apoya a los Pueblos Indígenas del distrito en la promoción y defensa de sus derechos. Lahurnip apoya el interés de NEFIN-Dailekh en monitorear la situación de los Pueblos Indígenas a nivel comunitario. La Iniciativa Navegador Indígena se alineó con esta agenda, lo que llevó a la realización de encuestas comunitarias en dos comunidades Magar del distrito.

Para iniciar la recolección de datos, LAHURNIP organizó un taller nacional de tres días dirigido a comunidades interesadas en generar sus propios datos. Entre los participantes hubo líderes comunitarios, representantes de gobiernos locales y delegados de NEFIN-Dailekh. Los objetivos fueron establecer un entendimiento común sobre derechos y desarrollo indígena, y brindar a los asistentes las habilidades necesarias para recolectar datos de acuerdo con la metodología del Navegador Indígena.

Participación comunitaria en la implementación de la encuesta

Durante el taller, expertos temáticos y un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos capacitaron a los participantes sobre los 12 dominios de derechos indígenas presentes en los cuestionarios. La formación incluyó nociones sobre derechos humanos y libertades fundamentales, derechos de las mujeres y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, funcionarios de la Oficina Nacional de Estadística orientaron a los asistentes sobre el uso y la calidad de los datos en el desarrollo de las políticas públicas.

Tras el taller, NEFIN-Dailekh presentó un plan para realizar una encuesta en dos comunidades Magar. Con base en experiencias previas, se eligió la técnica de grupos focales como método. LAHURNIP recomendó incluir entre 15 y 25 participantes diversos en cada grupo, con al menos un 33 por ciento de representación femenina. Durante los grupos focales, los participantes recibieron una orientación sobre los derechos de los Pueblos Indígenas reconocidos en la UNDRIP y una introducción a los ODS. De este modo, los miembros de la comunidad tomaron conciencia de sus derechos y aprendieron a monitorear su cumplimiento.

La implementación de encuestas comunitarias no es un proceso lineal: requiere un profundo conocimiento de las comunidades involucradas, comprensión del contexto y sensibilidad hacia la vida cotidiana de los participantes.

La implementación de encuestas comunitarias requiere un conocimiento de las comunidades, comprensión del contexto y sensibilidad hacia la vida cotidiana.

La recolección de datos demandó dos días de trabajo continuo con los participantes, lo que dificultó mantener a las mismas personas en ambas jornadas. Además, algunas preguntas resultaban demasiado técnicas para los miembros de la comunidad. Para lograr una participación activa se usaron diferentes herramientas, incluyendo debates apoyados en una revisión bibliográfica, que ayudaron a estimular el diálogo y la producción de datos. Por ejemplo, se formularon preguntas sencillas sobre certificados de nacimiento (un tema que despertó interés entre las mujeres), documentos de ciudadanía, títulos de propiedad y ocupaciones tradicionales.

Cabe destacar que la implementación de encuestas comunitarias no es un proceso lineal: requiere un profundo conocimiento de las comunidades involucradas, comprensión del contexto y sensibilidad hacia la vida cotidiana de los participantes. A su vez, las respuestas fueron contrastadas con otras fuentes de datos disponibles y los resultados se consolidaron en un borrador. El siguiente paso fue realizar un taller con la comunidad para contrastar la información y, a continuación, se envió la encuesta para su revisión a un representante de LAHURNIP. Finalmente, los datos verificados se subieron y se publicaron en el portal del Navegador Indígena.

Revivir el patrimonio y la autogobernanza desde la acción comunitaria

La encuesta puso en evidencia una situación preocupante para las comunidades Magar: la pérdida de su patrimonio cultural. “La encuesta alcanzó a 1.797 personas de nuestra comunidad y reveló hallazgos alarmantes. Descubrimos que nuestro patrimonio cultural y lingüístico, junto con nuestras instituciones consuetudinarias, están perdidos. Siglos de dominación colonial y políticas estatales de asimilación han erosionado nuestra lengua, tradiciones e identidad indígena. En respuesta, decidimos comenzar un trabajo para proteger y promover nuestra identidad, lengua y patrimonio cultural”, explicó la coordinadora local Rama Kumari Thapa.

Las comunidades indígenas que han realizado encuestas con el Navegador Indígena pueden utilizar los resultados para defender sus derechos a nivel local y diseñar soluciones a los problemas identificados, a través de un fondo de pequeñas subvenciones del Navegador Indígena. Actualmente, LAHURNIP acompaña a tres comunidades en este proceso, entre ellas la comunidad Magar en el municipio de Dungeshwor. En un taller de formulación de proyectos organizado por LAHURNIP, los participantes magar utilizaron los datos de la encuesta para identificar los principales desafíos de su comunidad.

“Descubrimos que nuestro patrimonio cultural y lingüístico están perdidos. Siglos de dominación colonial y políticas estatales de asimilación han erosionado nuestra lengua, tradiciones e identidad indígena”, explica la coordinadora Rama Kumari Thapa.

“Siglos de dominación colonial y políticas estatales de asimilación han erosionado nuestra lengua, tradiciones e identidad indígena”, explica la coordinadora Rama Kumari Thapa.

La comunidad Magar decidió que la mejor manera de elaborar una propuesta y monitorear la ejecución de las actividades era conformar un Comité de Implementación del Proyecto, integrado por miembros de la comunidad. Este comité definió los objetivos y actividades a realizar y, con el apoyo de LAHURNIP, preparó una propuesta para recibir un apoyo económico durante un año, en línea con los requisitos del Navegador Indígena.

A partir de la discusión de los resultados de la encuesta comunitaria y de los hallazgos preocupantes, la comunidad resolvió que la subvención debía centrarse en promover su desarrollo autodeterminado mediante el empoderamiento colectivo, el restablecimiento de la institución del autogobierno y, la preservación, al mismo tiempo, de su lengua y su cultura.

Una esperanza para la comunidad

Designada para gestionar la implementación de uno de estos proyectos financiados con pequeñas subvenciones, la lideresa Magar Thapa Magar expresa su esperanza en el proceso: “Como mujer indígena activista de la comunidad en el distrito de Dailekh, siempre me he sentido profundamente vinculada a las luchas de mi pueblo. Durante años fui testigo de la pérdida gradual de nuestro patrimonio cultural, lingüístico e identitario. Pero ahora las cosas están cambiando positivamente gracias al proyecto comunitario del Navegador Indígena”.

En el marco de esta iniciativa, la comunidad Magar de la aldea Oiru logró reestablecer el Bheja, su institución tradicional del autogobierno. Aunque estas instituciones existían en otras zonas magar, habían desaparecido hace mucho tiempo en Dungeshwor. El proyecto no sólo generó conciencia en la comunidad sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, sino que además le proporcionó herramientas y oportunidades para dialogar con el gobierno local y defender su propia agenda de desarrollo.

Como parte del proyecto, se llevaron a cabo diversas actividades de participación comunitaria para vincular a la comunidad Magar del municipio rural de Dungeshwor con las autoridades locales. Como resultado, en 2024 el gobierno local asignó fondos para proteger el patrimonio cultural magar (incluyendo danzas, cantos y vestimentas tradicionales) y apoyar actividades destinadas a preservar su lengua.

Los datos como camino hacia la autodeterminación y la revitalización cultural

La experiencia de la comunidad Magar en Dungeshwor demuestra cómo la recolección de datos liderada por sus miembros, basada en metodologías culturalmente sensibles y guiada por marcos de derechos indígenas, puede evaluar y documentar de manera efectiva los desafíos que enfrentan, como la pérdida del patrimonio cultural. A través de encuestas comunitarias estructuradas, lograron generar información valiosa que no sólo concientizó a sus integrantes sobre sus derechos, sino que además produjo datos desagregados y confiables para respaldar su labor de incidencia.

De manera crucial, los datos recopilados se convirtieron en la base para diseñar e implementar iniciativas concretas, dirigidas por la comunidad, para preservar su lengua, cultura y sistemas de gobernanza. Como resultado, la comunidad logró establecer el Nepal Magar Sang a nivel de gobierno local, que ahora está activo y funcionando de manera independiente. También se formó una Organización de Mujeres Magar de Nepal para promover sus derechos. Ambas organizaciones implementaron actividades vinculadas al Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con un fuerte énfasis en el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y los derechos sobre la tierra, el territorio y los recursos. 

Paralelamente, los esfuerzos por revitalizar y promover la lengua materna Magar aseguraron asignaciones presupuestarias del gobierno local. Más significativamente, el proyecto apoyó la reactivación de la institución tradicional conocida como Veja, lo que marcó un paso fundamental hacia el restablecimiento de la gobernanza tradicional. Sin dudas, este ha sido un paso fundamental en el ejercicio de su derecho a la libre determinación y en la recuperación del control sobre su propio futuro.

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A su vez, el acceso a la educación es muy limitado: si bien muchos niños ingresan a la escuela primaria, pocos logran continuar la secundaria o acceder a la educación superior debido a la pobreza, las barreras lingüísticas, la falta de apoyo institucional y las presiones socioculturales. Por su parte, las mujeres santales cargan con el peso del trabajo agrícola, enfrentan desigualdad de género y carecen de apoyo para mejorar sus medios de vida. Otro grave problema es la discriminación y el aislamiento social: son excluidos de los espacios públicos, sufren marginación cultural y con frecuencia no reciben justicia cuando son víctimas de violencia.

El relevamiento en las comunidades dalu, hodi, khasi, kondo, lushai y santal recopiló datos sobre la implementación (o incumplimiento) de un amplio abanico de derechos indígenas: autodeterminación, vínculos transfronterizos, integridad cultural, empleo, libertad de expresión y de prensa, libertades fundamentales, desarrollo socioeconómico, salud, tierras y recursos, protección jurídica, acceso a la justicia y participación en la vida pública. Los datos generados por la propia comunidad sentaron las bases para impulsar iniciativas orientadas a fortalecer los derechos territoriales indígenas.

Documentar derechos y realidades con la comunidad santal

La organización de derechos humanos Kapaeeng Foundation es la socia implementadora del Navegador Indígena en Bangladesh. Desde ese rol, apoya a las comunidades indígenas en la recolección de datos a través de encuestas comunitarias y discusiones en grupos focales. En la comunidad santal, las encuestas y consultas se llevaron a cabo en 2018 y en 2022. A través de estos esfuerzos, Kapaeeng Foundation sigue implementando activamente el Navegador Indígena, con el objetivo de monitorear sistemáticamente y promover la realización de los derechos de los Pueblos Indígenas.

Kapaeeng Foundation cuenta con una amplia red de contactos en todo el país. Dada la gravedad de los conflictos por la tierra que afectan a la comunidad santal en Parbatipur y Gobindaganj, la fundación consideró crucial incluirlos en las encuestas comunitarias y recurrió a su red para hacerlo posible. De este modo, para la comunidad, el Navegador Indígena se convirtió en una herramienta clave para evidenciar las discrepancias entre los datos oficiales del gobierno y la realidad que viven las comunidades. Esa brecha fue particularmente visible durante el análisis de las encuestas comunitarias.

“El Navegador Indígena ya ha puesto en evidencia ante el gobierno de Bangladesh las brechas de información respecto a la tierra, la educación, la salud, la cultura y los derechos humanos de los Pueblos Indígenas”, destaca Manik Soren.

“El Navegador Indígena ya ha puesto en evidencia las brechas de información respecto a la tierra, la educación, la salud, la cultura y los derechos indígenas”, destaca Manik Soren.

Las encuestas se realizaron mediante grupos focales con una amplia diversidad de participantes: hombres, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y personas mayores. Para los santales (al igual que para otros Pueblos Indígenas), el Navegador Indígena introdujo un marco y un conjunto de herramientas que les permitió generar datos valiosos y, monitorear y documentar su situación general en materia de derechos humanos. Hasta entonces, no existía ninguna documentación formal de la comunidad. Las y los participantes consideraron el cuestionario empoderador y transformador, y se sorprendieron al descubrir que este marco fue diseñado por y para los Pueblos Indígenas.

El joven líder comunitario Manik Soren destacó la relevancia de la iniciativa: “El Navegador Indígena ya ha puesto en evidencia ante el gobierno de Bangladesh las brechas de información respecto a la tierra, la educación, la salud, la cultura y los derechos humanos de los Pueblos Indígenas. Creo que será una herramienta clave para documentar esas carencias y mejorar nuestra situación de derechos humanos. Como marco global, espero que el gobierno utilice esta información y adopte las medidas necesarias para promover y proteger los derechos de los Pueblos Indígenas en el país”.

La defensa de la tierra: el desafío más urgente

Antes de subir la información al portal del Navegador Indígena, los datos fueron analizados y revisados por el equipo de Kapaeeng Foundation, expertos externos y la propia comunidad. A su vez, los resultados fueron compartidos con las y los participantes a través de un taller. Allí se confirmó que el pueblo Santal enfrenta graves desafíos sociales, culturales, económicos y políticos. Paralelamente, la falta de representación política en los gobiernos locales limita aún más su capacidad de incidencia. 

La falta de políticas de acción afirmativas por parte del Estado ha provocado la pérdida de tierras ancestrales. El caso más emblemático es el de Bagda Farm, donde en 2016 más de 2.500 familias santales y bengalíes fueron violentamente desalojadas por la policía: tres hombres santales fueron asesinados y cientos de casas fueron destruidas. Aunque 1.500 familias todavía residen allí, enfrentan una nueva amenaza de desalojo debido a los planes del gobierno para instalar una Zona de Procesamiento de Exportaciones (EPZ) en el territorio que los santales reclaman como propio.

Las consultas comunitarias también señalaron que sus derechos territoriales siguen sin ser reconocidos y se ven obligados a realizar enormes sacrificios para defenderlos. Su herencia cultural y sus estructuras sociales tradicionales están en riesgo de desaparición. Además, los santales sufren discriminación racial por parte de la mayoría bengalí y, las mujeres y niñas están expuestas a violencia sexual y física (incluidos casos de violación, secuestro y causas judiciales fabricadas), utilizadas como mecanismo para generar miedo, inseguridad y forzar su desplazamiento. 

Pequeños proyectos, grandes impactos

Entre todos los problemas analizados, la comunidad identificó la defensa de la tierra como el mayor desafío. Para estos casos, el Navegador Indígena contempla un mecanismo de pequeñas donaciones para que las comunidades participantes puedan desarrollar e implementar sus propios proyectos. En consecuencia, a partir del análisis de las encuestas, las comunidades priorizan colectivamente sus problemas más urgentes y elaboran soluciones a medida, con el respaldo de la iniciativa. En noviembre de 2024, gracias a este mecanismo, Kapaeeng Foundation y las comunidades indígenas lanzaron dos proyectos. 

Uno de los proyectos estuvo destinado a la comunidad santal, que identificó el derecho a la tierra como el asunto más crítico. Ante los desalojos y usurpaciones por parte de grupos bengalíes, agencias estatales y fuerzas de seguridad, la comunidad santal elaboró un proyecto para promover y proteger sus derechos territoriales en los subdistritos de Parbatipur y Gobindaganj, al norte de Bangladesh. Enmarcada como un movimiento colectivo, la propuesta fue diseñada conjuntamente por dos organizaciones: Jatiya Adivasi Parishad y el Comité de Lucha por la Recuperación de Bagda Farm (SBUSC).

El proyecto también apunta a reforzar los vínculos entre los santales, las organizaciones indígenas y las redes nacionales, con el objetivo de unificar y visibilizar sus demandas en la lucha por los derechos territoriales.

Tras la aprobación del proyecto, la comunidad santal manifestó confianza y determinación para avanzar en sus objetivos, convencida de que esta iniciativa los unirá.

Las actividades del proyecto buscan sensibilizar a la comunidad sobre sus derechos y brindarles herramientas para fortalecer sus capacidades de incidencia y defensa. Un componente clave es el acompañamiento de acciones de incidencia frente a las autoridades locales para resolver disputas territoriales. Con este fin, Kapaeeng Foundation elaboró materiales de incidencia en bangla e inglés, destinados a amplificar la voz de la comunidad. El proyecto también apunta a reforzar los vínculos entre los santales, las organizaciones indígenas y las redes nacionales, con el objetivo de unificar y visibilizar sus demandas en la lucha por los derechos territoriales.

Tras la aprobación del proyecto, la comunidad santal manifestó su confianza y determinación para avanzar en los objetivos acordados, convencida de que esta iniciativa los unirá, fortalecerá su relación con actores locales, nacionales e internacionales, y consolidará su lucha por los derechos y la dignidad.

Avanzar en los derechos indígenas desde la base

En Bangladesh, los Pueblos Indígenas, tanto en Chittangong Hill Tracks como en las llanuras, siguen enfrentando la falta de reconocimiento y las violaciones sistemáticas de sus derechos. Entre los problemas más graves se identificó el despojo territorial, que sigue desplazando familias y amenazando su supervivencia cultural. Este contexto general resalta la importancia del Navegador Indígena, que brinda herramientas para empoderar a las comunidades indígenas para definir sus prioridades y diseñar proyectos con soluciones elaboradas por ellas mismas.

Más allá de la experiencia santal, el Navegador Indígena ha brindado orgullo y visibilidad a grupos marginados en todo Bangladesh, como los lushai, pangko, hodi, bagdi y gorait. La disponibilidad de datos comunitarios en una plataforma global se ha convertido en un recurso invaluable para la incidencia y la investigación. De hecho, los esfuerzos de Kapaeeng Foundation han influido para que la Oficina de Estadísticas de Bangladesh incorpore a los Pueblos Indígenas en el censo nacional, lo que permite saldar brechas históricas de información.

Tras un largo trabajo de recolección de datos, la comunidad santal diseñó un proyecto que se centra en sensibilizar sobre los derechos indígenas, fortalecer la incidencia comunitaria y dotar de capacidades para dialogar eficazmente con las autoridades. También reforzó los vínculos entre los santales y otras organizaciones indígenas, consolidando un frente unido en la lucha por la justicia y el reconocimiento. Estos avances demuestran el potencial transformador de los datos precisos y el empoderamiento desde la base. En última instancia, el Navegador Indígena ha tenido un impacto positivo tanto para las comunidades indígenas como para los distintos actores involucrados en la defensa de sus derechos.

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Los Pueblos Indígenas aspiran a ejercer su autogobierno y contar con una soberanía plena sobre sus tierras, territorios y recursos. Sin embargo, esta visión no puede realizarse de forma aislada. El panorama político de Asia (marcado por la represión militar, democracias frágiles y formas rígidas de gobierno centralizado) representa un obstáculo significativo para el autogobierno. Desde la junta militar de Myanmar hasta el estricto control de las comunidades indígenas en Laos, estos desafíos reflejan un patrón generalizado de dominio estatal y represión que ha fracasado en la construcción de instituciones democráticas.

Restaurar el autogobierno

A nivel global, los Pueblos Indígenas han sido colonizados en todas partes. En algunas ocasiones fueron obligados a vivir en países creados y gobernados por descendientes de colonizadores. En otras ocasiones, como ocurre en Asia, fueron obligados a vivir en Estados formados tras la retirada colonial y, hasta hoy, son gobernados por élites de grupos étnicos nativos dominantes. Por ambos caminos, fueron sometidos a diversas formas de colonialismo interno: la discriminación, el despojo y la marginación, que culminaron en la pérdida del autogobierno.

Un patrón común es que muchas comunidades indígenas han sido reubicadas por la fuerza: sus tierras han sido expropiadas, sus bosques arrasados, sus montañas explotadas por la minería y sus valles sufrieron la construcción de represas y fueron inundados. Actualmente, a sus niñas y niños se les obliga a asistir a escuelas donde no se habla su lengua ni se enseñan sus conocimientos y valores. Además, son gobernados por autoridades sobre las que pueden ejercer poca participación o influencia.

La búsqueda del autogobierno en Asia requiere avanzar con los procesos democráticos. Los Estados deben replantear sus arquitecturas institucionales para reconocer, garantizar y proteger el derecho de los Pueblos Indígenas al autogobierno.

La búsqueda del autogobierno en Asia requiere avanzar con los procesos democráticos.

Por ello, la descolonización (incluida la descolonización mental) es un paso necesario para abrir espacio a la recuperación de las visiones tradicionales, los sistemas de valores, las cosmovisiones y las prácticas que sustentan el autogobierno indígena. Este proceso les permitirá a los Pueblos Indígenas reconstruir, recuperar y restaurar un orden social y político basado en el consenso y las instituciones libres.

La búsqueda del autogobierno en Asia requiere avanzar con los procesos democráticos. Los Estados deben replantear sus arquitecturas institucionales para reconocer, garantizar y proteger el derecho de los Pueblos Indígenas al autogobierno. Este derecho es central en sus luchas, ya que les permite desarrollarse individual y colectivamente de manera autodeterminada. Así, la visión y la misión de los Pueblos Indígenas siempre han estado profundamente arraigadas en el autogobierno.

Descolonización y democratización

En Asia, el movimiento indígena se basa fundamentalmente en la descolonización: cuestionar los sistemas históricos y actuales que suprimen el autogobierno y la autonomía de los Pueblos Indígenas. El autogobierno indígena es un derecho cultural que amplía el espacio democrático en contextos autoritarios. Históricamente, las estructuras de gobernanza indígena funcionaron como sistemas democráticos: toma de decisiones colectiva, liderazgo participativo y resolución de conflictos basada en el consenso. Sin embargo, los Estados coloniales y poscoloniales han socavado estas estructuras y las sustituyeron por gobiernos centrados en el control estatal.

En el noreste de India, el Sexto Anexo de la Constitución otorga una autonomía limitada a los Consejos de Distrito, pero la intromisión del Estado debilita su autoridad. Buscar el reconocimiento estatal de los sistemas de gobernanza indígena conlleva riesgos, ya que los gobiernos suelen intentar cooptar las instituciones indígenas integrándolas en sus estructuras y diluyendo así su autonomía. En consecuencia, los movimientos indígenas se enfocan en organizar a sus comunidades para recuperar el autogobierno como una forma de resistencia ante las estructuras represivas, al mismo tiempo que sus modelos de gobernanza reflejan sus cosmovisiones y prioridades.

La educación es un terreno clave en la lucha por la supervivencia cultural: académicos y activistas indígenas intentan descolonizar los contenidos curriculares, integrar epistemologías indígenas y empoderar a las nuevas generaciones con su herencia y tradiciones de gobernanza.

La educación es un terreno clave en la lucha por la supervivencia cultural. Académicos y activistas lideran iniciativas para descolonizar los contenidos curriculares.

Además, los sistemas educativos estatales y la historia oficial borran las identidades, lenguas y memorias indígenas. En países como Tailandia y Camboya, los idiomas ancestrales y sus relatos históricos son frecuentemente excluidos de los planes de estudio escolares, lo que refuerza la hegemonía de la cultura nacional. Como respuesta, los movimientos indígenas documentan la memoria oral, promueven la educación en lenguas indígenas y crean redes de intercambio de conocimientos liderados por ellos mismos. La educación es un terreno clave en la lucha por la supervivencia cultural: académicos y activistas indígenas lideran iniciativas para descolonizar los contenidos curriculares, integrar epistemologías indígenas y empoderar a las nuevas generaciones con conocimientos sobre su herencia y sus tradiciones de gobernanza.

Asimismo, muchos gobiernos presentan el autogobierno indígena como una amenaza separatista, como ocurre en Myanmar, Indonesia, India y Filipinas. Por eso, los movimientos indígenas desafían estas narrativas recurriendo a mecanismos de la Organización de Naciones Unidas para visibilizar que su forma de gobierno es un derecho democrático, y no una rebelión contra el Estado. La criminalización del activismo indígena, especialmente a través de leyes antiterroristas y respuestas militarizadas, refleja un patrón más amplio de represión estatal que se orienta a mantener el control centralizado. No obstante, las comunidades indígenas siguen resistiendo mediante la incidencia política, litigios legales y campañas de solidaridad.

Fortalecimiento de la representación política

Los Pueblos Indígenas son marginados políticamente en Asia y enfrentan barreras sistémicas que limitan su participación. En consecuencia, los movimientos indígenas abordan esta desigualdad a través de la incidencia política, el desarrollo de liderazgos y la construcción de redes. Por esta razón, la participación en espacios internacionales de incidencia es clave para fortalecer el autogobierno indígena. Mecanismos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) y el Convenio 169 de la OIT ofrecen marcos para exigir el reconocimiento estatal de la soberanía indígena. 

En muchos países, las y los candidatos indígenas han tenido históricamente dificultades para acceder a escaños legislativos o parlamentarios debido a las desventajas estructurales de los sistemas electorales. En países como Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, India y Nepal, diversas organizaciones indígenas colaboran con organismos de derechos humanos para impulsar reformas electorales que garanticen una representación justa. Además, organizaciones regionales como el Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia (AIPP), mediante plataformas como la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN (AICHR), visibilizan la exclusión política y exigen transformaciones estructurales.

Las organizaciones indígenas facilitan diálogos entre líderes indígenas, expertos jurídicos y responsables de políticas públicas, con el fin de diseñar estructuras de gobernanza que reconozcan la soberanía indígena sin comprometer la cohesión nacional.

Las organizaciones indígenas facilitan diálogos entre líderes indígenas, expertos jurídicos y responsables de políticas públicas.

También se adoptan métodos alternativos. En la India continental, se promueven modelos de autogobierno local como alternativas al poder estatal excesivamente centralizado. En Myanmar, los Pueblos Indígenas han abogado durante mucho tiempo por el federalismo como vía para resolver los conflictos étnicos y la dominación militar. Las organizaciones indígenas apoyan estos esfuerzos facilitando diálogos entre líderes indígenas, expertos jurídicos y responsables de políticas públicas, con el fin de diseñar estructuras de gobernanza que reconozcan la soberanía indígena sin comprometer la cohesión nacional.

En Nepal, los movimientos indígenas recurrieron al Convenio 169 de la OIT para impulsar el reconocimiento constitucional de sus derechos. De forma similar, en Malasia, grupos indígenas utilizaron la incidencia internacional para cuestionar políticas de despojo territorial. Un ejemplo destacado es la Ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRA) de Filipinas, que, pese a sus limitaciones, ofrece una base legal para que los Pueblos Indígenas ejerzan control sobre sus territorios ancestrales. Estos casos muestran cómo los movimientos indígenas interactúan estratégicamente con instituciones internacionales para fortalecer sus reivindicaciones.

Defensa de la soberanía territorial

El despojo territorial no es sólo un problema indígena: es una herramienta de control autoritario utilizada para consolidar el poder estatal, marginar la disidencia e imponer modelos de desarrollo extractivistas. Los Pueblos Indígenas de toda Asia enfrentan el despojo masivo de sus tierras a través de la minería, el monocultivo, los proyectos hidroeléctricos, las políticas de conservación y la expansión militar. Estas invasiones vulneran sus derechos sobre la tierra y el territorio, al mismo tiempo que también debilitan sus sistemas tradicionales de gobernanza, su tejido social y sus relaciones espirituales con la tierra.

La negativa del Estado a reconocer la tenencia y gobernanza indígena genera una espiral de violencia que se vuelve sistémica. Por ejemplo, en Camboya y Laos, las comunidades indígenas suelen ser desplazadas en nombre de concesiones económicas de tierras y Zonas Económicas Especiales. En Malasia e Indonesia, se talan bosques ancestrales para establecer plantaciones de palma aceitera, ignorando la propiedad consuetudinaria. La conservación militarizada, es decir, la creación de áreas protegidas sin el consentimiento indígena, es otra estrategia empleada para socavar la soberanía territorial, especialmente en países como Nepal e India.

Las redes de solidaridad regional respaldan los esfuerzos comunitarios de defensa territorial. Estas acciones incluyen campañas contra el desarrollo militarizado, el intercambio de estrategias legales y visitas a las comunidades amenazadas.

Las redes de solidaridad regional respaldan los esfuerzos comunitarios de defensa territorial a través de estrategias legales y visitas a las comunidades amenazadas.

Los movimientos indígenas resisten las invasiones a sus territorios reivindicando la tenencia consuetudinaria, realizando mapeos comunitarios, presentando demandas legales y fortaleciendo sus sistemas tradicionales de gobernanza que garantizan el cuidado colectivo de la tierra. A través de estas estrategias, desafían los discursos estatales que describen sus territorios como “vacíos” o “infrautilizados”, y destacan cómo la gestión indígena ha sostenido la biodiversidad durante generaciones.

Por su parte, las redes de solidaridad regional respaldan los esfuerzos comunitarios de defensa territorial. Estas acciones incluyen campañas contra el desarrollo militarizado, el intercambio de estrategias legales y visitas a las comunidades amenazadas. Este enfoque colaborativo ayuda a fortalecer la resiliencia y a cambiar la mirada del “uso de la tierra” hacia la “gobernanza territorial”, donde los Pueblos Indígenas son reconocidos como legítimos guardianes de sus territorios.

Un futuro democrático arraigado en la autodeterminación indígena

Las comunidades indígenas autónomas fueron las primeras entidades autogobernadas antes de la formación de los Estados nación. Estas comunidades practicaban formas de autogobierno desarrolladas de manera orgánica y negociadas dentro de estructuras sólidas de organización comunitaria o aldeana. En estos sistemas de gobernanza consuetudinaria, la autoridad principal residía en la propia comunidad, incluyendo la propiedad y el control de sus tierras, territorios y recursos tradicionales. El objetivo principal del gobierno era garantizar el bienestar de los seres humanos y no humanos dentro de sus territorios.

En la actualidad, la autodeterminación indígena no es una amenaza para la soberanía estatal, sino una oportunidad para democratizarla. Al reconocer el derecho de los Pueblos Indígenas a autogobernarse y a cuidar sus territorios de acuerdo con sus valores, los Estados pueden superar los legados coloniales y el control autoritario. Los modelos indígenas de gobernanza ofrecen alternativas democráticas basadas en el consentimiento, la rendición de cuentas, el cuidado de los bienes comunes y la responsabilidad intergeneracional.

En un continente marcado por el retroceso democrático y la represión política, los Pueblos Indígenas de Asia están en la primera línea de una lucha por la justicia, la inclusión y la gobernanza participativa. Sus movimientos no son aislados: forman parte de una resistencia regional contra el autoritarismo, el desarrollo no sostenible y la invisibilización. Apoyar la autodeterminación indígena es apoyar la democracia misma, no sólo como un sistema electoral, sino como una práctica viva de toma de decisiones por consenso, pertenencia y cuidado, enraizada en la tierra y el territorio.

Parte de la opinión expresada en este artículo está tomada del Plan Estratégico 2025-2028 de AIPP, el cual se encuentra en proceso de elaboración por Christian Erni, Colin Nicolas, Gam A. Shimray y Ke Jung.

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La primera ola fue la migración masiva de los grupos hindúes Bahun-Chetri hacia las colinas tras la invasión musulmana en el norte de la India después del siglo XIV y la introducción del sistema de castas entre los indígenas newar por el rey Jaysthiti Malla. La segunda ola fue la colonización del rey Prithvi Narayan Shah en el siglo XVIII que resultó en la pérdida de autonomía y el despojo de territorios indígenas. Una tercera ola fue la introducción de la jurisprudencia hindú con la promulgación del primer código civil de Nepal en 1854, que clasificó a los Pueblos Indígenas como castas bebedoras de licor dentro de la jerarquía hindú, diferenciando entre “masinya” (esclavizables) y “namasinya” (no esclavizables).

En una cuarta ola, se dio la nacionalización de los bosques en 1956 y la abolición del sistema de tenencia comunal de tierras Kipat en 1963. En una quinta ola, en la década de 1970, se introdujo el modelo de conservación tipo fortaleza: se crearon parques nacionales, reservas de vida silvestre, áreas de caza, zonas de conservación y bosques comunitarios sin presencia indígena. Finalmente, la sexta ola fue la aplicación de la teoría del dominio eminente y la agresión en nombre del desarrollo desde los años 70.

Del despojo a la resistencia

En los últimos 250 años, el Estado ha arrebatado las tierras, territorios y recursos de los Pueblos Indígenas mediante agresiones, guerras, tratados y apropiación de tierras sin reconocimiento de propiedad, aplicando doctrinas similares a la terra nullius (“tierra de nadie”) y regalian doctrine (“jurisdicción real”). Por ello, los indígenas nepalíes luchan por recuperar sus tierras y volver a ser sus guardianes. No obstante, esta lucha no solo es cuesta arriba, sino que se ha convertido en una guerra prolongada e invisible que ha consumido varias generaciones y podría consumir muchas más en el futuro.  

Antes de 1951, la resistencia contra el Estado comenzó con las rebeliones de los pueblos Yakthung (Limbu), Magar, Tamang, Tamu (Gurung) y Sherpa contra los gobernantes autocráticos Rana, así como con la creación de la Tharu Kalyankari Sabha por los indígenas tharu en 1950. Durante el régimen autocrático del Panchayat sin partidos políticos (1960-1990), la resistencia de los Pueblos Indígenas continuó a través del movimiento Setamagurali. Posteriormente, los Pueblos Indígenas participaron en la Guerra Popular Maoísta (1996-2006) por la autonomía y el derecho a la autodeterminación con derecho a la secesión. Sin embargo, el Partido Maoísta no cumplió su promesa durante la redacción y promulgación de la Constitución en 2015.

En particular, los yakthung (Limbu) y tharu intensificaron su lucha por la autonomía, pero fueron brutalmente reprimidos por el gobierno. Por ello, la revitalización de esta agenda inconclusa ha cobrado un nuevo impulso. Actualmente, los Pueblos Indígenas se encuentran divididos en tres principales grupos:  aquellos que luchan incansablemente por la autonomía con autodeterminación, autogobierno consuetudinario y custodia de tierras, territorios y recursos; los que son miembros y líderes de los principales partidos políticos, dominados por los grupos de castas mayoritarias, que se oponen firmemente a este movimiento; y un grupo intermedio que no puede renunciar a su identidad indígena ni a sus derechos colectivos, pero que tampoco persigue la autonomía y el autogobierno con autodeterminación. En su lugar, se conforman con derechos culturales, incluidos la autonomía cultural.  

Las luchas pacíficas de los indígenas nepalíes

Durante los últimos años, los Pueblos Indígenas nepalíes llevaron adelante distintas luchas con el objetivo de fortalecer sus procesos autonómicos. Si bien los resultados fueron heterogéneos, estas luchas demuestran que el deseo de autodeterminación continúa latente.

– Durante el primer mandato de la Asamblea Constituyente elegida entre 2008 y 2012, los Pueblos Indígenas formaron un Caucus Indígena que logró plantear eficazmente la cuestión de las áreas autónomas, protegidas y especiales para los indígenas. Sin embargo, tras la disolución de la primera Asamblea Constituyente, el Caucus Indígena fue prohibido en la segunda Asamblea, lo que provocó la desaparición del movimiento por la autonomía.

– Los tharu de Baridya iniciaron el reconocimiento legal del Barghar, su sistema de autogobierno consuetudinario, mediante una ley del Municipio de Baridya. Posteriormente, otros municipios también reconocieron formalmente este sistema.  

– El pueblo Newa declaró el Estado Autónomo Newa en 2009, aunque han enfrentado dificultades para implementarlo. El municipio de Kirtipur aprobó una ley que declaraba la autonomía cultural de la ciudad.

– Los newa del Valle de Katmandú, su territorio ancestral, protestaron contra el proyecto de ley gubernamental que intentaba eliminar su autogobierno consuetudinario Guthi, fusionándolo con instituciones religiosas hindúes.  

En Ramechap, los majhi se oponen al Proyecto de Energía Hidroeléctrica de Sunkoshi y a la desviación de recursos hídricos hacia el río.

– Los tharu lograron con éxito la aprobación de una ley en Morang que declaraba a Gramthan como su sitio sagrado.  

– En Dhorpatan, los magar kham protestan contra la instalación de una Reserva de Caza en sus tierras ancestrales sin su Consentimiento Previo, Libre e Informado. Se enfrentan cara a cara con la policía armada y el Ejército de Nepal, que busca establecer una base militar en la zona.  

– En Ramechap, los majhi se oponen al Proyecto de Energía Hidroeléctrica de Sunkoshi y a la desviación de recursos hídricos hacia el río.  

– Los khambu (Rai) en Koshi protestaron contra el plan gubernamental de destruir una roca sagrada llamada Khuwalung en el río Koshi. Debido a la fuerte presión de la comunidad, el gobierno finalmente se retractó.

Cinco casos de luchas violentas 

En primer lugar, debemos destacar que los magar, tharu, tamang, tamu (gurung), majhi, khambu (rai) y yakthung (limbu) fueron pilares del Ejército de Liberación Popular del CPN-Maoísta, que llevó a cabo la Guerra Popular entre 1996 y 2006. Este fue un movimiento basado en la lucha de clases y dirigido por no indígenas. Como resultado, alrededor de 17.000 personas murieron. Sin embargo, una vez terminado el conflicto, los maoístas abandonaron la promesa de autonomía, autodeterminación y secesión para los Pueblos Indígenas.

En segundo lugar, el 24 de agosto de 2015, miles de miembros de la comunidad Tharu se manifestaron en sus tierras ancestrales exigiendo una provincia autónoma separada de Tharuhat/Tharuwan, lo cual había sido rechazado en la Constitución de Nepal, promulgada sin el Consentimiento Libre, Previo e Informado. La policía lanzó gases lacrimógenos y los manifestantes mataron a ocho de los agentes. En represalia, la policía llevó a cabo arrestos arbitrarios, detenciones, torturas y malos tratos contra los tharu, acusándolos de asesinato y robo. Según el informe de Amnistía Internacional “Nepal: torturas y confesiones forzadas”, los detenidos fueron obligados a firmar confesiones bajo coacción.  

En tercer lugar, un manifestante yakthung fue asesinado y dos resultaron heridos por disparos de las fuerzas de seguridad durante el Movimiento No Koshi en Biratnagar. Anteriormente, otros dos indígenas habían sido asesinados por la policía durante el movimiento por la autonomía de Limbuwan. La Policía Armada utilizó balas prohibidas, balas de goma, gases lacrimógenos, cañones de agua y bastones contra los manifestantes.  

Si el gobierno está dispuesto a usar una fuerza excesiva, cometer crímenes de lesa humanidad y violar los derechos humanos para proteger teleférico, ¿hasta dónde llegarían si los Pueblos Indígenas declararan su autonomía o se rebelaran con las armas?

Si el gobierno está dispuesto a cometer crímenes de lesa humanidad para proteger teleférico, ¿hasta dónde llegarían si los Pueblos Indígenas declararan su autonomía o se rebelaran con las armas?

En el mismo sentido, durante el Movimiento No Cable Car, dos personas recibieron disparos en el pecho y los pulmones, sufrieron fracturas en el fémur y en el hombro por golpes con la culata de rifles, y fracturas en las manos y heridas profundas en el cuello provocadas por khukuris (grandes cuchillos “gurkha”). Además, se registraron agresiones con bastones y piedras, así como torturas infligidas por la policía y los vigilantes contra niños, niñas, mujeres, familiares y visitantes en horas de la medianoche. Todo esto ocurrió mientras el gobierno apoyaba con la fuerza policial armada la construcción de un teleférico en el sitio sagrado Mukkumlung, del pueblo Yakthung.  

Finalmente, en Bojeni, cerca del Valle de Katmandú, la policía amenazó con disparar a mujeres tamang que protestaban contra la construcción de una subestación de alta tensión. La comunidad ha sido aterrorizada por las fuerzas de seguridad, que han amenazado con desalojarlos. Lo que se desprende de estos conflictos entre los Pueblos Indígenas y el Estado es que, si el gobierno está dispuesto a usar una fuerza excesiva, cometer crímenes de lesa humanidad y violar los derechos humanos para proteger teleférico, ¿hasta dónde llegarían si los Pueblos Indígenas declararan su autonomía o se rebelaran con las armas?

Obstáculos para lograr la autonomía 

Existen obstáculos tanto externos como internos para la realización de la autonomía en Nepal. Entre los obstáculos externos podemos mencionar: el racismo creciente y persistente; la continuidad de la colonización, el Brahmanismo, es decir, la dominación de la casta bahun (los sacerdotes hindúes de las colinas), que representan sólo el 12% de la población total de Nepal; la hinduización y sanscritización; la militarización y globalización, la criminalización indígena y el patriarcado hindú.

Entre los obstáculos internos se encuentran: los Bansha Gaddar o los traidores del clan; los cuadros de los “niños y niñas de ojos azules”, es decir, los líderes y seguidores de los principales partidos políticos controlados por los grupos de castas dominantes; la mentalidad cautiva de algunos Pueblos Indígenas y la desconexión entre la generación más joven y los ancianos. En este sentido, se dice que los Pueblos Indígenas saben cómo “dar”: dar tierras, dar territorios, dar recursos, dar su sangre, pero no saben cómo tomar de los demás. En cambio, los grupos dominantes saben cómo tomar sin devolver nada. Incluso la educación “moderna”, los empleos en el extranjero, las principales religiones y los medios de comunicación están contribuyendo a la degradación de la autonomía indígena.  

Las personas del grupo dominante nunca se cansan de hablar de democracia, federalismo, estado de derecho, justicia y derechos humanos. Sin embargo, sus mentalidades, políticas, acciones y prácticas reflejan exactamente lo contrario. Para los Pueblos Indígenas, estos grupos no son más que colonizadores, depredadores, agresores del desarrollo, dictadores, antifederalistas y antiindígenas. Ellos establecen las reglas del juego y las aceptan si ganan, pero las rechazan si pierden, creando nuevas reglas y repitiendo el mismo ciclo vicioso.

La esperanza en las nuevas generaciones

Existe una luz de esperanza en la implementación efectiva de los compromisos nacionales e internacionales sobre autonomía y autodeterminación. Aunque el movimiento indígena rechaza la Constitución de Nepal de 2015 por ser racista y depredadora con los Pueblos Indígenas, su Artículo 56(5) establece que se promulgará una ley para la creación de áreas autónomas, especiales y protegidas. La Corte Suprema de Nepal ha emitido una orden para su implementación en línea con los compromisos internacionales. Sin embargo, el gobierno no ha mostrado avances en este sentido.

Paralelamente, Nepal ha ratificado la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales; y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP). En este sentido, la CEDAW recomendó a Nepal en 2018 y 2025 a enmendar su Constitución en línea con la UNDRIP para reconocer explícitamente el derecho a la autodeterminación  y los derechos de las mujeres indígenas. Si Nepal implementa estas recomendaciones de manera genuina y significativa, los Pueblos Indígenas podrían vivir su modo de vida colectivo en Shangri-La.

Tras estos avances, ya no es necesario luchar por el reconocimiento internacional del derecho a la autodeterminación con autonomía y autogobierno consuetudinario. Ahora, se necesita su aplicación en Nepal, lo cual no ha sido fácil desde el siglo XV. La nueva generación de indígenas nepalíes está en una encrucijada: o tomar el camino que conduzca a la realización de la autonomía o tomar el camino de la desaparición definitiva de los Pueblos Indígenas en Nepal.

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