Asimismo, el Informe de Fin de Año 2025 de la Alianza de Pueblos Indígenas del Archipiélago (AMAN) registró 135 casos de despojo de territorios indígenas, frente a los 121 del año anterior. El sector minero concentró la mayor cantidad de casos, con 69 incidentes que afectaron 1,06 millones de hectáreas. El sector de las plantaciones provocó los daños de mayor extensión, que alcanzaron 1,95 millones de hectáreas. Ese mismo año, las comunidades indígenas perdieron 3,8 millones de hectáreas de sus territorios ancestrales y las autoridades criminalizaron a 162 personas indígenas por defender sus espacios de vida.

En términos generales, existen tres mecanismos interrelacionados que impulsan tanto el deterioro ecológico como las violaciones de los derechos indígenas. En primer lugar, la legislación reduce la realidad ecológica a categorías administrativas, como bosques estatales y zonas industriales. En segundo lugar, el extractivismo concibe la naturaleza como un capital que debe ser explotado: la Ley de Minería de Minerales y Carbón, la Ley de Plantaciones y la Ley de Creación de Empleo constituyen la base jurídica para la expansión de la minería y de la palma aceitera. En tercer lugar, las políticas de conservación y climáticas que excluyen la participación suelen reproducir las mismas lógicas extractivistas: los mercados de carbono restringen el acceso de indígenas a sus bosques mediante prohibiciones que afectan la agricultura itinerante y la recolección de leña.

Estos tres mecanismos convergen en un mismo punto: los cuerpos de las mujeres indígenas, que día a día cuidan y sostienen sus tierras y comunidades.

La carga que recae sobre los cuerpos de las mujeres indígenas

Las mujeres indígenas buscan agua, recolectan leña y plantas medicinales, y cuidan los cultivos de rotación. Cuando los ecosistemas se degradan, estas tareas se vuelven más pesadas y riesgosas. Cuando los ríos se contaminan, las mujeres deben recorrer mayores distancias para encontrar agua limpia. Cuando los bosques desaparecen, también lo hacen las plantas medicinales, por lo que las mujeres deben cuidar a sus familiares enfermos sin los remedios que utilizan habitualmente.

El deterioro de los ecosistemas también está relacionado con problemas de salud. Las mujeres que viven cerca de las minas de carbón en Kalimantan Oriental señalan que el polvo generado por los caminos utilizados para el transporte minero altera sus ciclos menstruales y afecta la salud de sus hijos e hijas. El agua contaminada con metales pesados provoca infecciones cutáneas y trastornos reproductivos. Las Evaluaciones de Impacto Ambiental (AMDAL) rara vez recogen estos datos, ya que miden parámetros de calidad del agua y límites de emisiones, pero no la carga de trabajo doméstico de las mujeres ni su salud reproductiva.

En muchos territorios, cuando los bosques son reemplazados por plantaciones de monocultivo, las mujeres pierden los ingresos que obtienen de los productos forestales no madereros y su posición dentro del hogar se debilita.

Cuando los bosques son reemplazados por plantaciones, las mujeres pierden los ingresos que obtienen de los productos forestales y su posición en el hogar se debilita.

A su vez, el deterioro de los ecosistemas interrumpe la transmisión de los conocimientos ecológicos indígenas. A lo largo de generaciones, las mujeres indígenas han adquirido conocimientos sobre las temporadas de fructificación, los ciclos migratorios de los animales y la ubicación de las plantas medicinales mediante la observación directa. En los territorios indígenas Rejang, Serawai y Malin Deman, en Bengkulu, las mujeres indígenas identifican cientos de especies de plantas del bosque que utilizan como alimento y medicina. Cuando los bosques son desmontados para dar lugar a plantaciones o minas, las generaciones más jóvenes pierden la oportunidad de adquirir estos conocimientos de primera mano.

Por último, los territorios indígenas también constituyen espacios para la vida ritual y las actividades económicas de las mujeres. En muchos territorios, cuando los bosques son reemplazados por plantaciones de monocultivo, las mujeres pierden los ingresos que obtienen de los productos forestales no madereros y su posición dentro del hogar se debilita.

La crisis climática profundiza la doble carga

Las crisis de biodiversidad y climática están estrechamente relacionadas. La deforestación libera el carbono almacenado en los bosques y las turberas, lo que acelera el calentamiento global. Las mujeres indígenas soportan los mayores impactos de ambas crisis.  A medida que desaparecen los bosques, el suelo pierde su capacidad de almacenar agua. Las estaciones secas se vuelven más áridas y las lluviosas traen consigo un mayor riesgo de inundaciones. Las mujeres, responsables de garantizar el agua para sus hogares, deben recorrer distancias cada vez mayores durante la estación seca y, durante la temporada de lluvias, enfrentan daños en sus cultivos y la contaminación del agua.

Los cambios en las temporadas de siembra también alteran los conocimientos indígenas de las mujeres sobre los indicadores ecológicos. Cuando los ciclos estacionales se vuelven impredecibles, las cosechas disminuyen. En muchos hogares indígenas, las mujeres son las primeras en reducir sus propias porciones de comida para garantizar que sus hijos e hijas tengan suficiente para alimentarse. Los mecanismos de los mercados de carbono suman nuevos riesgos. Estos requieren grandes extensiones de bosque y, como consecuencia directa, suelen imponer restricciones de acceso que no tienen en cuenta las necesidades de las mujeres indígenas para practicar la agricultura itinerante y, recolectar resina y leña.

El deterioro de los ecosistemas también amenaza a especies clave que forman parte de los sistemas de conocimiento de las mujeres indígenas. El tigre de Sumatra, el orangután y el elefante pierden sus hábitats a medida que los bosques son convertidos en plantaciones de palma aceitera y zonas mineras. Para las mujeres indígenas, la presencia de determinadas especies funciona como un indicador de la calidad de los bosques y del agua. Cuando estas especies desaparecen, las mujeres pierden una de las herramientas que utilizan cotidianamente para interpretar y comprender su entorno.

Las mujeres y la recuperación de los bienes comunes

Las mujeres indígenas encabezan la resistencia frente al avance de proyectos extractivos y desarrollan prácticas de conservación basadas en los conocimientos indígenas. En Kendeng, se cubrieron los pies con cemento frente al Palacio de Estado para oponerse a la instalación de una fábrica de cemento en las montañas y luego continuaron su labor de incidencia mediante el monitoreo de la calidad y el caudal del agua de los manantiales. Por su parte, las mujeres de Papúa resistieron la expansión de un proyecto agroindustrial a gran escala en Merauke y documentaron sus conocimientos sobre el procesamiento del sagú para evitar que se perdieran.

En Bengkulu, las mujeres rejang conservan semillas de variedades locales de arroz entre una temporada de siembra y otra, a modo de banco de germoplasma vivo, al mismo tiempo que mantienen la rotación de cultivos para recuperar la fertilidad del suelo. En las aldeas de Merpas y Linau, en la zona costera del sur de Bengkulu, las mujeres evitan el uso de artes de pesca destructivas y han acordado establecer zonas de desove en la laguna. Estas prácticas demuestran que la conservación no requiere expulsar a las personas de las áreas protegidas. La conservación basada en los conocimientos de las mujeres indígenas se sustenta en su participación activa, no en la restricción del acceso.

Commoning Movement construye solidaridad entre las comunidades de mujeres indígenas, promueve el trabajo conjunto con organizaciones jurídicas e impulsa políticas que exijan el Consentimiento Libre, Previo e Informado de las mujeres indígenas.

Commoning Movement construye solidaridad entre las comunidades de mujeres indígenas y promueve el trabajo con organizaciones jurídicas como Akar Law Office.

Akar Global Initiative desarrolló el marco Rebuilding the Commons (Reconstruir los bienes comunes) para fortalecer las contribuciones de las mujeres en cuatro dimensiones. Commoning Land recupera las tierras indígenas como espacios de gestión colectiva mediante el mapeo participativo, la restauración basada en especies locales y formas de gobernanza colectiva que incluyen a las mujeres indígenas en la toma de decisiones. Commoning Care reconoce las tareas de cuidado de las mujeres como trabajo ecológico y promueve su sostenimiento mediante infraestructura de agua potable, la documentación de las tareas de cuidado y los servicios de salud reproductiva en las zonas afectadas.

Commoning Culture recupera las prácticas rituales y los conocimientos ecológicos indígenas mediante la documentación oral y programas educativos intergeneracionales, de modo que las más jóvenes puedan recibir los conocimientos de las ancianas. Commoning Movement construye solidaridad entre las comunidades de mujeres indígenas, promueve el trabajo conjunto con organizaciones jurídicas como Akar Law Office e impulsa políticas que exijan el Consentimiento Libre, Previo e Informado de las mujeres indígenas para los permisos relacionados con la minería, las plantaciones y los proyectos energéticos. Estas cuatro dimensiones se refuerzan mutuamente. 

Desafíos sobre el terreno

Este marco de acción colectiva enfrenta tres desafíos concretos. En muchas regiones, las estructuras tradicionales colocan a los hombres como representantes de la comunidad, por lo que la participación formal de las mujeres indígenas suele encontrar resistencias. Los programas de conservación todavía miden sus resultados en función de la superficie de las áreas protegidas o del volumen de carbono almacenado, y no de los cambios en las condiciones de vida de las mujeres indígenas. Mientras estos indicadores no cambien, las contribuciones de las mujeres indígenas seguirán sin recibir reconocimiento oficial. Asimismo, la expansión de la minería y de los proyectos estratégicos aumentan año tras año, por lo que los procesos de recuperación impulsados por las comunidades se enfrentan a nuevas amenazas cuya escala supera la capacidad de los Pueblos Indígenas para responder por sí solos.

Por su parte, la restauración y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas requieren cambios jurídicos, no solo programas técnicos de rehabilitación. Las evaluaciones de impacto ambiental deben incorporar indicadores que den cuenta de los efectos sobre los cuerpos de las mujeres indígenas, como la distancia que deben recorrer para encontrar agua limpia o la cantidad de plantas medicinales que han dejado de estar disponibles en su entorno cotidiano. Los marcos jurídicos deben reconocer los conocimientos ecológicos de las mujeres indígenas sobre las estaciones, las semillas y los indicadores ecológicos en igualdad con los estudios científicos, mediante el Consentimiento Libre, Previo e Informado de las mujeres indígenas como requisito para la validez de los permisos.

Las crisis de biodiversidad y deforestación de Indonesia no son problemas técnicos aislados. Sus consecuencias recaen con mayor intensidad sobre las mujeres indígenas, que buscan agua, conservan las semillas y llevan adelante los rituales ecológicos.

Las crisis de biodiversidad y deforestación de Indonesia recae sobre las mujeres indígenas, que buscan agua, conservan las semillas y llevan adelante los rituales ecológicos.

Los paradigmas del derecho ambiental también deben dejar atrás un enfoque basado en la soberanía estatal sobre los recursos naturales y avanzar hacia una gobernanza compartida, en la que las mujeres indígenas participen en la toma de decisiones y no sean consideradas meramente como participantes en procesos de consulta. La justicia ecológica exige reparación, no solo compensaciones económicas. Esto implica restituir las tierras indígenas, las fuentes de agua, los espacios rituales y las especies perdidas, junto con programas de regeneración ecológica liderados por mujeres indígenas.

Las crisis de biodiversidad y deforestación de Indonesia no son problemas técnicos aislados. Sus consecuencias recaen con mayor intensidad sobre las mujeres indígenas, que buscan agua, conservan las semillas y llevan adelante los rituales ecológicos que vinculan cotidianamente a sus comunidades con la naturaleza. La recuperación de la biodiversidad de Indonesia solo será posible cuando las políticas reconozcan a las mujeres indígenas como agentes fundamentales de esa recuperación y no como beneficiarias pasivas de programas de conservación diseñados sin su participación.

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En otras palabras, los gobiernos rendirán un examen para responder una pregunta sencilla, pero decisiva para la salud de la Tierra: ¿están haciendo realmente lo que prometieron para frenar la destrucción de la naturaleza y recuperar la biodiversidad perdida? Bolivia es uno de los países llamados a mostrar qué ha hecho. Para llegar a ese examen, durante la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en Ereván, Armenia, del 19 al 30 de octubre de 2026, los países debieron presentar una rendición de cuentas previa. Lo hicieron a través del Séptimo Informe Nacional (7NR), un reporte en el que cada gobierno detalla las medidas adoptadas y los resultados alcanzados. 

La fecha límite para entregarlo fue el 28 de febrero de 2026. Estos informes servirán como insumo para la primera revisión mundial del progreso colectivo. Bolivia también entregó su reporte, un documento que permite reconstruir (desde la versión oficial del Estado) qué avances declara y dónde reconoce dificultades.

El gran desafío

En 2022, durante la COP15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica,los países adoptaron el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y trazaron una hoja de ruta para alcanzar, de aquí a 2050, un mundo en armonía con la naturaleza. Para lograr ese desafío, fijaron 23 metas para 2030 que no solo comprometen a los gobiernos a detener la pérdida de biodiversidad, sino que colocan a los Pueblos Indígenas y las comunidades locales en un lugar central, como titulares de derechos y actores fundamentales en la conservación de sus territorios y formas de vida.

Esa relación entre conservación y derechos indígenas es transversal al Marco. Esto se refleja especialmente en las metas 1 y 3. La primera plantea una planificación territorial que reduzca la pérdida de áreas de importancia para la biodiversidad respetando los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, mientras que la 3, conocida como el objetivo 30×30, establece que la conservación de al menos el 30% de las tierras y aguas del planeta debe respetar los derechos de estos pueblos sobre sus territorios tradicionales. El mensaje es claro: la conservación de la biodiversidad no puede estar separada de los Pueblos Indígenas. Frente a ello, ¿qué ha hecho Bolivia en estos últimos cuatro años para cumplir con lo comprometido?

Si los territorios indígenas son parte de la estrategia de Bolivia para conservar la biodiversidad, ¿qué está ocurriendo realmente con sus bosques frente a la deforestación, los avasallamientos y las demás presiones que el propio Estado reconoce?

Si los territorios indígenas son parte de la estrategia de Bolivia para conservar la biodiversidad, ¿qué está ocurriendo realmente con sus bosques?

En el Séptimo Informe Nacional, elaborado por la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el Estado boliviano sostiene que los territorios indígenas forman parte de su estrategia de conservación. El documento, sin especificar cifra alguna, reporta avances en la titulación de nuevas Tierras Comunitarias de Origen (TCO) / Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) y la elaboración de planes de vida y el fortalecimiento de formas de gobernanza indígena. También destaca la creación de áreas de conservación bajo gestión indígena y experiencias de manejo forestal, aprovechamiento sostenible, restauración y vigilancia territorial.

Pero el mismo informe deja ver un escenario más complejo. Bolivia reconoce la existencia de avasallamientos, conflictos por el uso de la tierra y sobreposición de derechos, además de presiones derivadas de actividades extractivas, expansión agropecuaria y asentamientos ilegales. También admite dificultades para actualizar y compatibilizar los planes de vida y, sobre todo, una ausencia de información para medir el cambio de uso de suelo y la tenencia de la tierra en los territorios ancestrales y comunidades locales. En el documento se lee: “No hay datos disponibles”.

La paradoja es significativa. Bolivia presenta a los territorios indígenas como pieza clave para la conservación y meta internacional de proteger al menos el 30% de las tierras y aguas del planeta, pero cuando debe mostrar qué está ocurriendo en el interior de ellos, el propio Estado reconoce que todavía no cuenta con los datos necesarios para reportar uno de los indicadores establecidos por el Marco Mundial de Biodiversidad. Si los territorios indígenas son parte de la estrategia de Bolivia para conservar la biodiversidad, ¿qué está ocurriendo realmente con sus bosques frente a la deforestación, los avasallamientos y las demás presiones que el propio Estado reconoce?

Bosques bajo presión

Una investigación realizada por Amazonía Traficada (un proyecto periodístico apoyado por el Pulitzer Center, Mongabay Latam, RAI Bolivia y Asuntos Centrales) puso bajo el prisma de los datos satelitales a una región clave para la conservación: la Amazonía indígena boliviana.  Analizó la deforestación registrada en el interior de 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica boliviana y encontró que, entre 1986 y 2024, estos espacios ancestrales tuvieron una pérdida acumulada de 257.000 hectáreas de bosque. La cifra representa el 3,4% de toda la superficie deforestada en Bolivia durante el mismo período, que alcanzó los 7,6 millones de hectáreas.

Para determinar cuánto de esa deforestación ocurrió dentro del marco legal, se cruzó información con las autorizaciones de desmonte emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) entre 2003 y 2023. Los registros muestran que, durante esas dos décadas, la institución aprobó el desmonte de casi 80.000 hectáreas de bosque en 41 territorios indígenas. Sin embargo, solo 17.900 hectáreas de esa superficie autorizada perdieron efectivamente su cobertura boscosa. La mayor parte de la pérdida ocurrió fuera de las áreas con permiso. 

En otras palabras, entre 2003 y 2023, la deforestación registrada en zonas sin autorización alcanzó las 168.670 hectáreas. La proporción permite dimensionar el problema: por cada hectárea talada dentro de un área autorizada, más de nueve fueron desmontadas fuera de ellas. Es decir que cerca del 90% de la pérdida de bosque registrada en los territorios indígenas amazónicos durante ese período ocurrió al margen de los mecanismos de autorización estatal. La presión sobre estos territorios forma parte de una tendencia nacional.El informe del World Resources Institute (WRI) muestra que Bolivia volvió a ocupar en 2025 el segundo lugar mundial en pérdida de bosque primario, solo por detrás de Brasil.

Una demanda territorial que no termina

La presión a los territorios indígenas no se limita al bosque, también alcanza la tenencia y la seguridad jurídica de los territorios indígenas. En su Séptimo Informe Nacional, Bolivia afirma haber ampliado la superficie de las TCO/TIOC mediante nuevas titulaciones, aunque no especifica cuántas hectáreas fueron incorporadas. 

Sin embargo, el cruce de datos de investigaciones realizadas por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) pone de manifiesto que la lucha de los Pueblos Indígenas de Tierras Bajas por el reconocimiento, la titulación y la defensa de su dominio ancestral está lejos de haber concluido. 

Mientras gran parte de esta demanda sigue sin resolverse, el Estado ha continuado adjudicando tierras a terceros en áreas colindantes a los territorios indígenas.

Mientras gran parte de esta demanda sigue sin resolverse, el Estado ha continuado adjudicando tierras a terceros en áreas colindantes a los territorios indígenas.

Desde la década de los 90 hasta lo que va del siglo XXI, los 48 territorios indígenas de la cuenca amazónica, en conjunto, solicitaron el reconocimiento legal de alrededor de 22,7 millones de hectáreas. Sin embargo, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) solo tituló 11,7 millones de hectáreas, apenas el 52% de la superficie solicitada. En otras palabras, más de 11 millones de hectáreas quedaron fuera de la titulación.

Mientras gran parte de esta demanda sigue sin resolverse, el Estado ha continuado adjudicando tierras a terceros en áreas colindantes a los territorios indígenas. Entre 2009 y 2019, el INRA entregó aproximadamente 318.500 hectáreas a interculturales y campesinos (organizaciones sociales afines con el partido político que gobernó Bolivia entre 2006 y 2025) para el establecimiento de 236 comunidades.

Cuando la protección no alcanza

La brecha entre la protección que el Estado declara y lo que ocurre dentro de los territorios indígenas también aparece en el propio Séptimo Informe Nacional. Bolivia reconoce que no dispone de información para medir, entre otros aspectos, la tenencia de la tierra en los territorios ancestrales de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales. También admite problemas de avasallamiento y tenencia ilegal.

Además de la presión que ejercen las comunidades de terceros asentadas, con la autorización del Instituto Nacional de Reforma Agraria, alrededor de los territorios indígenas titulados, estos pueblos ancestrales se enfrentan al avasallamiento de sus espacios legalmente reconocidos por el Estado, es decir, en los territorios que cuentan con un título de propiedad colectiva.

Mientras las comunidades indígenas denuncian el avasallamiento y las instituciones estatales tardan meses (e incluso años) en actuar, los árboles siguen cayendo y los territorios indígenas, traficándose.

Mientras las comunidades indígenas denuncian el avasallamiento y las instituciones estatales tardan meses (e incluso años) en actuar, los árboles siguen cayendo y los territorios indígenas, traficándose.

El análisis de entrevistas realizadas a líderes de 30 de los 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica concluye que 28 de estos espacios ancestrales registraron avasallamientos durante las últimas dos décadas y, en 22 casos, los conflictos continúan sin resolverse. Detrás de estas ocupaciones, según los líderes consultados, existen redes que buscan activar un mercado ilícito de tierras en la Amazonía boliviana, principalmente, para habilitar superficies destinadas a actividades agropecuarias a gran escala.

Mientras las comunidades indígenas denuncian el avasallamiento y las instituciones estatales tardan meses (e incluso años) en actuar, los árboles siguen cayendo y los territorios indígenas, traficándose. Pero esta no es la única presión. Los 30 líderes indígenas señalaron, además, conflictos y amenazas vinculadas con mercados de carbono, minería ilegal, tráfico de madera y narcotráfico.

Conservar más allá del mapa

En Ereván, Bolivia tendrá que mostrar cuánto ha avanzado hacia el 30×30. Podrá hablar de territorios titulados, gobernanza indígena y conservación bajo gestión de los Pueblos Indígenas. Pero detrás de esas cifras hay territorios donde los árboles siguen cayendo, donde persisten disputas por la tierra y donde comunidades indígenas esperan durante años una respuesta del Estado frente a los avasallamientos y el tráfico de sus tierras.

El 30×30 puede parecer alcanzable cuando se mira desde un mapa, pero la conservación no ocurre sobre el mapa, sino en territorios concretos, donde los Pueblos Indígenas defienden sus bosques, sus derechos y sus formas de vida. El asunto por resolver que Bolivia llevará a la COP17 no es solo cuántas hectáreas puede declarar como conservadas, sino cuánto de aquello que dice proteger está realmente a salvo y cuánto puede frenar o controlar de aquello que reconoce en el mismo Séptimo Informe Nacional: expansión de la frontera agropecuaria, actividades extractivas y asentamientos humanos como causas principales de la pérdida de biodiversidad y deforestación.

En otras palabras, más allá del examen que debe rendir en octubre, el Estado boliviano (sin importar quien sea el inquilino de turno del poder en La Paz) debe ser capaz de hacer respetar las reglas que ha creado y garantizar la protección de los bosques y de quienes habitan estos espacios ancestrales. Esta no es solo una obligación con los bolivianos, sino también una responsabilidad con un planeta al que ya no le queda tiempo para esperar que las promesas se conviertan en acciones.

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Los límites territoriales de Taung Pat Lal están demarcados por los arroyos Tho Doe The Loe y Chein Loe Yo (arroyo del Tigre), El Bra Loe Chee, Chein Loe Htit (roca del Tigre), Thaw Kha Loe Chee y las crestas de las montañas YaeKa Hday y Kyar Mwe. La comunidad gestiona un sofisticado sistema de zonificación que integra de manera armónica la producción de alimentos, la conservación de la biodiversidad y la protección espiritual. Este sistema comprende tierras destinadas a la agricultura rotativa (Shwe Pyaung Taung Ya), huertos agroforestales perennes gestionados por las familias y, tierras comunales: áreas protegidas de cuencas hidrográficas y sitios sagrados como la Montaña de la Oración (Su Taung Taung), una gruta mariana (Mae Taw Gu) y el cementerio comunitario.

La tenencia consuetudinaria de la tierra se rige por principios de equidad. La herencia de los huertos y las tierras familiares se distribuye por igual entre hijas e hijos, sin discriminación de género. Los límites de las tierras se respetan mediante acuerdos orales consuetudinarios y referencias geográficas naturales. Para proteger los territorios ancestrales, las normas consuetudinarias prohíben vender las tierras heredadas a personas ajenas a la comunidad. Si una familia debe transferir sus tierras, estas deben permanecer en manos de familiares o miembros de la comunidad. La resolución de conflictos está a cargo de los ancianos de la aldea, las autoridades locales y referentes religiosos; y culmina en prácticas tradicionales de reconciliación, como apretones de manos simbólicos y oraciones colectivas.

Conocimientos indígenas y conservación de los ecosistemas

El valor de las tierras indígenas para la conservación proviene directamente de los profundos conocimientos ecológicos indígenas transmitidos de generación en generación. En Taung Pat Lal, la gestión consuetudinaria de los recursos incluye mecanismos que regulan su aprovechamiento y, protegen la fauna y la flora de los bosques.

1. Agrobiodiversidad y control biológico de plagas

En las parcelas de cultivo rotativo de arroz, los agricultores Gheba Karen practican la agricultura diversificada plantando Phor Li Phor Par (flores de cresta de gallo) en los márgenes de los arrozales. Según los conocimientos consuetudinarios, estas flores de vivos colores atraen a los insectos y los alejan del arroz, proporcionando un control biológico natural que reduce al mínimo los daños a los cultivos sin utilizar pesticidas químicos. Además, las parcelas rotativas albergan una gran diversidad de cultivos alimentarios, preservando así un banco genético de plantas y especies locales resilientes.

2. Conservación de semillas y liderazgo de las mujeres indígenas

Las mujeres (Maetaw Thami) desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la agrobiodiversidad. Después de la cosecha, seleccionan cuidadosamente las semillas heredadas, las secan al sol, las ahúman sobre los fogones de las viviendas para protegerlas de los insectos y, finalmente, las almacenan para la temporada de siembra. Los rituales consuetudinarios refuerzan la preservación de las semillas: cuando el grano cosechado se traslada al granero familiar, un puñado de arroz y un ramo de flores se atan al poste principal de la casa y permanecen allí durante todo el año, asegurando que el espíritu de los cultivos (Saba Leik Pyar) permanezca vinculado a la tierra y vuelva a sembrarse en primavera.

3. Normas para el aprovechamiento sostenible

La comunidad aplica estrictas normas estacionales y biológicas para la recolección de productos forestales no maderables. Los brotes de bambú (Myit) son fundamentales para la subsistencia y los medios de vida de las familias, que los recolectan de manera estacional preservando la integridad de las raíces. Las plantas medicinales, como las raíces de Bhon Ma Ra Za y las orquídeas silvestres, se recolectan de manera selectiva para evitar su agotamiento.

4. Patrimonio y prácticas de medicina tradicional indígena

El Comité de Asuntos Gheba Karen y jóvenes de la comunidad documentaron una amplia variedad de plantas medicinales. Entre las especies documentadas, los sanadores locales utilizan Dwi Yin Kaung (un helecho silvestre del bosque), que se machaca para preparar una cataplasma con aceite de sésamo, cúrcuma y aglutinantes locales destinada al tratamiento de fracturas óseas graves y lesiones de tejidos. Otras especies silvestres del bosque, como las hojas de Yae Yin Pyar, las hojas de yaca silvestre y las raíces de jengibre, se emplean para los cuidados posparto y el tratamiento de traumatismos físicos.

Amenazas crecientes: conflicto, destrucción y vulnerabilidad climática

A pesar de estas prácticas sostenibles, los Pueblos Indígenas de las regiones de bosques tropicales enfrentan amenazas estructurales cada vez mayores que ponen en peligro tanto sus derechos como sus ecosistemas.

1. Intensificación del conflicto y violaciones de derechos humanos

El contexto en el estado de Kayin (Karen) está marcado por un intenso conflicto militar y desplazamientos forzados. La población civil sufre frecuentes ataques aéreos, bombardeos de artillería pesada e incendios de aldeas perpetrados por el régimen militar, lo que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en zonas boscosas, sin poder regresar a sus aldeas. Diversos informes documentan numerosas víctimas, entre ellas las causadas por los ataques aéreos del régimen del 29 de abril de 2026 en Thandaunggyi, que dejaron 20 civiles muertos. Estas condiciones impiden mantener los ciclos agrícolas regulares y amenazan la seguridad de las personas. Asimismo, las comunidades indígenas Gheba Karen deben asumir la responsabilidad de albergar y asistir a otras personas desplazadas, lo que ejerce una presión aún mayor sobre sus recursos y su capacidad de resiliencia. 

2. Pérdida de biodiversidad y conocimientos indígenas

La deforestación y la destrucción de hábitats, intensificadas por una larga historia de explotación comercial, han provocado una fuerte disminución de especies raras de plantas medicinales. A medida que los mayores fallecen sin que sus saberes sean debidamente registrados, los conocimientos indígenas sobre el cuidado de la salud corren el riesgo de desaparecer para siempre. Documentar estas prácticas es fundamental para evitar la pérdida de conocimientos indígenas y garantizar que los futuros mecanismos de participación en los beneficios respeten la titularidad de las comunidades sobre estos saberes.

3. Fenómenos climáticos extremos y crisis de roedores

Las comunidades de los bosques tropicales se encuentran en la primera línea de los impactos del cambio climático. En 2024, las lluvias monzónicas extremas provocaron graves deslizamientos de tierra en Taung Pat Lal, que destruyeron arrozales de montaña, cultivos de cúrcuma y valiosos sistemas agroforestales tradicionales de cardamomo. Esta vulnerabilidad se ve agravada por crisis ecológicas cíclicas. En 1975 y 2016, la floración masiva del bambú (ciclos de Mautam) provocó una proliferación súbita de las poblaciones de roedores que destruyeron los arrozales de montaña y obligaron a las comunidades a atravesar prolongados procesos de recuperación económica.

4. Conservación impuesta y exclusión de las políticas públicas

Históricamente, los modelos de conservación impulsados por el Estado y las iniciativas diseñadas por el poder han ignorado los sistemas consuetudinarios de tenencia de la tierra y han considerado a los Pueblos Indígenas como una amenaza para los bosques, en lugar de reconocerlos como sus principales guardianes. Los actuales mecanismos de conservación orientados por el mercado, como los créditos y las compensaciones de carbono y biodiversidad, corren el riesgo de reproducir modelos de “conservación de fortaleza” si se implementan sin respetar el derecho de los Pueblos Indígenas al Consentimiento Libre, Previo e Informado.  Esto podría provocar el desplazamiento de las comunidades de sus tierras ancestrales.

La demanda  de alinear los objetivos globales con las realidades locales

La evidencia de Taung Pat Lal (Khlo Do) demuestra que los objetivos mundiales de biodiversidad no pueden alcanzarse mediante mandatos impuestos desde arriba ni estrategias corporativas de compensación. Mientras las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) negocian la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (MMBKM) en la COP17 en Armenia, la experiencia de las comunidades indígenas de Myanmar señala una serie de prioridades fundamentales en materia de políticas públicas.

1. Aplicar salvaguardas y  el Consentimiento Libre, Previo e Informado

Todos los proyectos de conservación, mitigación del cambio climático y compensación deben aplicar las salvaguardas de la Sección C. La ampliación de áreas protegidas, los proyectos de infraestructura verde y los sistemas de créditos de carbono y biodiversidad solo deben avanzar después de obtener el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) de los Pueblos Indígenas respecto de sus territorios ancestrales. Deben eliminarse los sistemas de conservación y, de créditos de carbono y biodiversidad que conduzcan al despojo de los Pueblos Indígenas.

2. Reconocimiento directo de los Territorios Indígenas

La Meta 3 (30×30) no debe interpretarse únicamente como una ampliación de las áreas protegidas gestionadas por el Estado o de los parques nacionales de uso exclusivo para la conservación. Las Partes del CDB deben reconocer formalmente y proteger jurídicamente los Territorios Indígenas como figuras de conservación diferenciadas y autogobernadas. Sistemas como la gestión consuetudinaria de las tierras en barbecho y la protección de los bosques comunales de Taung Pat Lal constituyen modelos eficaces de conservación que contribuyen a preservar los territorios de bosques tropicales y su biodiversidad. Por ejemplo, las áreas sagradas, huertos y cuencas hidrográficas  conservan la cobertura forestal intacta.

3. Protección de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales

Se debe garantizar la participación plena y equitativa de los Pueblos Indígenas en la toma de decisiones, y respetar íntegramente sus derechos de tenencia de la tierra. Asimismo, debe garantizarse mecanismos de protección jurídica y financiamiento para las personas defensoras de derechos. En las regiones de bosques tropicales afectadas por conflictos, los Pueblos Indígenas que protegen sus tierras constituyen la última línea de defensa frente a la tala ilegal, la extracción de recursos y el colapso de los ecosistemas. La implementación de la Meta 22 requiere mecanismos operativos que brinden protección a los guardianes locales frente a los conflictos violentos, los ataques aéreos y el acaparamiento de tierras.

4. Financiamiento directo para el clima y la biodiversidad

A pesar de proteger sumideros de carbono fundamentales y áreas de gran importancia para la biodiversidad, las organizaciones comunitarias locales y las organizaciones indígenas enfrentan barreras sistémicas para acceder directamente al financiamiento. Los mecanismos financieros internacionales deben establecer vías de financiamiento directo y accesible para las organizaciones indígenas de base, evitando la intermediación de los canales estatales centralizados, con el fin de apoyar el mapeo liderado por las comunidades, la preservación de los conocimientos tradicionales y las iniciativas de resiliencia climática.

Gestión resiliente de los bosques tropicales

Los bosques tropicales de Myanmar perduran gracias a los Pueblos Indígenas que los gestionan y protegen. La gobernanza consuetudinaria de las tierras, las prácticas de agrobiodiversidad y el patrimonio y las prácticas de medicina tradicional indígena de la comunidad Gheba Karen de Taung Pat Lal (Khlo Do) constituyen una prueba contundente de que la conservación de la biodiversidad y los derechos humanos están intrínsecamente vinculados.

Mientras los líderes internacionales se reúnen en la COP17 para evaluar los avances en el marco del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (MMBKM), las políticas internacionales deben basarse en estas realidades locales. Alcanzar plenamente los objetivos del MMBKM exige el reconocimiento formal de los territorios indígenas, la protección jurídica de los sistemas consuetudinarios de tenencia, la inversión en mecanismos de monitoreo liderados por los Pueblos Indígenas y salvaguardas sólidas para las personas defensoras del ambiente que se encuentran en primera línea.

La persona autora de este artículo prefiere permanecer en el anonimato.

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El elevado precio internacional del oro ha reforzado los incentivos económicos para la expansión de estas actividades. Según el Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), en 2025 la región amazónica perdió más de 736.000 hectáreas de bosque primario, y una parte significativa de las zonas afectadas por minería se encuentra dentro de áreas protegidas y territorios indígenas. Frente a esta realidad, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trabaja en la elaboración de un informe regional que analizará la relación entre la minería ilegal de oro, la vulneración de derechos, los territorios y la gobernanza en distintos países de la Amazonía y el Escudo Guayanés.

De las alertas al análisis regional

La decisión de elaborar este informe se inscribe en un proceso de monitoreo y documentación que la Comisión Interamericana y su Relatoría Especial vienen desarrollando desde hace varios años frente a una preocupación creciente en la región, que la REDESCA identificó como un ámbito prioritario de atención en su Plan de Trabajo 2024-2026. En 2019, en su informe sobre Pueblos Indígenas y tribales de la Panamazonía, la CIDH advirtió sobre la exposición a altos niveles de mercurio y sus efectos en el agua, la biodiversidad y la salud. En 2021, la Resolución 3/21 sobre Emergencia Climática señaló la degradación ambiental como una de las grandes amenazas para los derechos humanos en la región. 

En abril de 2024, durante una visita in loco a Colombia, la Comisión y su Relatoría Especial identificaron la minería ilegal como una causa de contaminación hídrica, desplazamiento forzado y financiamiento de estructuras criminales. En octubre de ese mismo año, la CIDH y la REDESCA alertaron sobre la situación del pueblo Yanomami en el Arco Minero del Orinoco, atravesada por desplazamientos, contaminación por mercurio y la presencia de grupos armados. En marzo de 2025, la REDESCA instó a fortalecer la cooperación internacional, la trazabilidad del oro y el control del comercio de insumos como el mercurio. En marzo de 2026, emitió una nueva alerta sobre los impactos de la actividad minera ilegal en el derecho humano al agua. Esta problemática también ha sido documentada de manera recurrente en los informes anuales de la Relatoría sobre diferentes países de la región.

La REDESCA presta especial atención a los impactos diferenciados sobre los Pueblos Indígenas, las comunidades afrodescendientes y tribales, las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y las personas defensoras de los derechos humanos y del ambiente.

La REDESCA presta especial atención al impacto sobre Pueblos Indígenas, comunidades afrodescendientes y tribales, mujeres, niñas, niños y adolescentes.

El objetivo del informe es analizar, desde una perspectiva de derechos humanos y, en particular, de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, los impactos de la minería ilegal de oro, así como las dinámicas territoriales, transfronterizas y de gobernanza que acompañan su expansión. La REDESCA presta especial atención a los impactos diferenciados sobre los Pueblos Indígenas (incluidos aquellos en aislamiento voluntario y contacto inicial), las comunidades afrodescendientes y tribales, las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y las personas defensoras de los derechos humanos y del ambiente.

Sin anticipar las conclusiones del informe, actualmente en elaboración, la información recopilada permite identificar dimensiones particularmente relevantes para el análisis: la contaminación por mercurio y, otros impactos sobre la salud y la alimentación; la deforestación y degradación de ecosistemas; la pérdida de control territorial; la expansión de economías ilícitas y actores armados; las debilidades de la respuesta institucional; y las dificultades para asegurar la trazabilidad y la debida diligencia a lo largo de la cadena de suministro del oro.

Un proceso construido a partir del diálogo y la consulta

El proceso de elaboración ha combinado distintos mecanismos de diálogo, consulta y recopilación de información. Como parte de este trabajo, la CIDH convocó una audiencia regional de oficio en el marco del 195.º Período de Sesiones, celebrado en Ciudad de Guatemala, con participación de organizaciones de la sociedad civil, representantes de comunidades y Pueblos Indígenas. Posteriormente, la REDESCA remitió solicitudes de información a los Estados y abrió una convocatoria para recibir contribuciones de organizaciones, comunidades afectadas y personas expertas.

Entre el 15 y el 19 de junio de 2026, la REDESCA realizó una visita de trabajo a Brasil, donde sostuvo reuniones en Brasilia y Boa Vista, Roraima, con autoridades y organizaciones de la sociedad civil. En ese marco, participó en la 8.ª Asamblea General de la Asociación Hutukara Yanomami, junto con liderazgos indígenas. En julio, la Relatoría llevó a cabo una consulta híbrida con personas expertas en Bogotá y participó en el Encuentro Regional sobre Minería, Gobernanza Territorial y Derechos Indígenas en la Amazonía, realizado en Tena, Ecuador. El encuentro fue organizado por PAKKIRU, FOIN Ecuador y el Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supay, con el apoyo de IWGIA. Allí dialogó con lideresas y líderes indígenas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Estos espacios han permitido incorporar no solo información sobre las afectaciones, sino también las experiencias, conocimientos y respuestas desarrolladas por los propios Pueblos Indígenas. En distintos territorios, las comunidades, organizaciones y autoridades indígenas han impulsado mecanismos de monitoreo y protección territorial, herramientas de cartografía y documentación ambiental, sistemas de alerta y estrategias de interlocución con las autoridades. Incorporar esos conocimientos y experiencias resulta fundamental para comprender las dinámicas territoriales de la minería ilegal y para diseñar respuestas que reconozcan la autonomía, la participación efectiva y las prioridades definidas por los propios pueblos.

DESCA, territorio y continuidad de la vida comunitaria

Los impactos de la minería ilegal de oro no se limitan a la contaminación o a la pérdida de cobertura forestal. En los territorios indígenas, la deforestación, la alteración de los cursos de agua y la degradación de los ecosistemas pueden afectar las relaciones territoriales que sostienen la alimentación, la salud, los medios de vida, las prácticas culturales y espirituales y, en términos más amplios, las condiciones necesarias para la continuidad de la vida comunitaria. Desde una perspectiva interamericana de derechos humanos, la protección de los bosques se encuentra así estrechamente vinculada con la protección de los territorios, los DESCA, la identidad cultural y la libre determinación de los Pueblos Indígenas.

Entre las principales preocupaciones que surgen de la información relevada se encuentra la contaminación por mercurio. Una vez liberado al ambiente, el mercurio puede transformarse en metilmercurio, acumularse en peces y otros organismos acuáticos y, a través de ellos, ingresar en la cadena alimentaria de los habitantes de la Amazonía. De este modo, la contaminación de los ríos compromete también el derecho a la alimentación al afectar la dieta de numerosas comunidades indígenas y ribereñas, y al poner en riesgo prácticas alimentarias tradicionales.

Cuencas y territorios de Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela y otros países dan cuenta de la relación entre expansión minera, pérdida de bosque, degradación de fuentes de agua y presión sobre áreas protegidas y territorios indígenas.

Territorios de Perú, Colombia, Brasil, Ecuador y Venezuela dan cuenta de la relación entre expansión minera, pérdida de bosque y degradación de fuentes de agua.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido sobre los graves daños neurológicos asociados a la exposición al metilmercurio y sobre los riesgos particularmente elevados para niñas, niños y mujeres gestantes. Estudios citados en la información examinada por la REDESCA han detectado niveles elevados de mercurio en comunidades indígenas de Brasil y Perú. A ello se suman otras afectaciones a la salud: la transformación del territorio asociadas a la minería pueden favorecer condiciones para la proliferación de vectores de enfermedades como la malaria.

La deforestación y fragmentación de hábitats constituye otra dimensión central de las problemáticas que atraviesa la Amazonía. Cuencas y territorios de Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela y otros países dan cuenta de la relación entre expansión minera, pérdida de bosque, degradación de fuentes de agua y presión sobre áreas protegidas y territorios indígenas. Estas dinámicas se agravan cuando convergen con otras economías ilícitas y con actores que disputan el control territorial.

Minería ilegal, economías ilícitas y gobernanza territorial

La minería ilegal de oro no opera de manera aislada. En diferentes regiones de la Amazonía, la actividad se articula con redes de narcotráfico, tala ilegal, contrabando, tráfico de insumos y otras economías ilícitas. Esta convergencia puede traducirse en el control territorial por parte de grupos armados, amenazas a comunidades y autoridades indígenas, restricciones a la movilidad y, el debilitamiento de las capacidades estatales de prevención, fiscalización y protección.

El oro presenta características que facilitan su incorporación a circuitos comerciales aparentemente legales: tiene un alto valor por peso, puede ser fundido y mezclado con producción de origen lícito y circular mediante documentación irregular o a través de jurisdicciones con controles insuficientes. Por ello, la respuesta no puede limitarse al lugar de extracción. Requiere mecanismos efectivos de trazabilidad, cooperación transfronteriza y coordinación entre autoridades ambientales, aduaneras, financieras y judiciales. Asimismo, precisa de responsabilidades claras para los actores empresariales que participan en la cadena de suministro.

Los riesgos son especialmente graves para los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, ya que cualquier interferencia externa puede tener consecuencias irreversibles. Las afectaciones también alcanzan de manera diferenciada a mujeres, niñas, niños y adolescentes, comunidades afrodescendientes y tribales, y personas defensoras de derechos humanos y del ambiente. En contextos adversos,  estas personas enfrentan amenazas, hostigamiento y violencia.

Un informe pensado como herramienta

El desafío no termina con documentar el avance de la minería ilegal ni con identificar sus impactos. La cuestión central es cómo traducir los estándares de derechos humanos en respuestas capaces de proteger efectivamente los territorios, prevenir nuevas afectaciones y fortalecer la capacidad de los pueblos para participar en las decisiones que inciden sobre sus formas de vida.

El informe regional que prepara la REDESCA busca contribuir a ese objetivo mediante la sistematización de estándares y la formulación de recomendaciones para Estados, empresas y otros actores relevantes. Al mismo tiempo, su elaboración procura incorporar las experiencias, conocimientos y perspectivas de los Pueblos Indígenas y comunidades afectadas, no solo como fuentes de información, sino como actores indispensables para comprender el territorio y construir respuestas adecuadas.

Frente a una economía ilícita que atraviesa fronteras, cadenas comerciales y territorios, las respuestas también deberán ser coordinadas, preventivas y transfronterizas. El propósito es que los hallazgos y estándares del informe puedan convertirse en herramientas útiles para el diálogo, la promoción de derechos y la adopción de medidas que coloquen en el centro la protección de los derechos humanos, los bosques y el derecho de los pueblos a decidir sobre el presente y el futuro de sus territorios.

Las opiniones expresadas en este artículo son de carácter personal y no representan necesariamente la posición de la REDESCA, de la CIDH ni de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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Sin embargo, esta relación de larga data se encuentra sometida a presiones cada vez mayores. En distintas zonas del sur y el este de Camerún, los territorios forestales se ven afectados por la explotación maderera, la expansión agrícola, las actividades extractivas, el desarrollo de infraestructura y la ampliación de las áreas de conservación. A medida que el bosque se deteriora, el pueblo Baka debe recorrer distancias cada vez mayores para encontrar determinados frutos, plantas medicinales y otros productos forestales no maderables. Los peces y los animales de caza son cada vez más escasos, mientras que el acceso a determinadas áreas utilizadas tradicionalmente se vuelve más difícil.

En el sur y el este de Camerún, las restricciones al acceso a los recursos forestales y las dificultades relacionadas con la garantía de los derechos sobre la tierra afectan directamente los medios de vida de las comunidades.  El pueblo Baka depende en mayor medida de los productos forestales no maderables y la disminución de los recursos, especialmente cuando es consecuencia de restricciones al acceso al bosque, puede alterar profundamente sus patrones de producción y consumo. Esta situación demuestra que la protección de los bosques no puede separarse de la garantía de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas que dependen de ellos.

Cuando la conservación se convierte en una cuestión de justicia

El desafío resulta particularmente evidente en determinadas áreas protegidas. La conservación de la biodiversidad es esencial para preservar los bosques de la cuenca del Congo, pero los modelos de conservación que excluyen a las poblaciones indígenas de sus territorios pueden tener efectos adversos sobre los derechos humanos. Investigaciones realizadas en el sur y el este de Camerún han documentado las consecuencias socioeconómicas de los modelos de “conservación de fortaleza”, en los que las comunidades Baka tienen escasas posibilidades de negociar su acceso a las áreas forestales.

Por lo tanto, la cuestión no es elegir entre los bosques y las comunidades indígenas, sino cómo proteger el bosque junto con estas comunidades. El pueblo Baka posee conocimientos ancestrales sobre las especies, los ciclos estacionales, las fuentes de agua, las plantas medicinales y, las zonas de caza y recolección. Estos conocimientos constituyen un patrimonio ecológico que puede contribuir a los objetivos de conservación. Al mismo tiempo, las comunidades indígenas deben ser consideradas titulares de derechos y no meramente beneficiarias de proyectos ambientales.

Este enfoque requiere, en particular, garantizar la participación efectiva y significativa del pueblo Baka en las decisiones relativas a sus territorios. Además, los gobiernos de la región deben respetar su derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado cuando las medidas o los proyectos puedan afectar sus tierras, recursos o modos de vida.

La conservación basada en derechos

La experiencia de la African Indigenous Women Organization Central African Network (AIWO-CAN) demuestra que la participación indígena puede adoptar formas muy concretas. En 2010, un grupo de lideresas indígenas baka y bagyeli participaron en la creación de un jardín de bosque tropical presentado en el Chelsea Flower Show de Londres. Las mujeres dieron a conocer sus tradiciones, así como los desafíos que enfrentan sus comunidades: la deforestación, la expansión industrial, la discriminación y la pérdida de acceso a la biodiversidad de sus bosques. También se incorporaron al proyecto mapas elaborados por el pueblo Baka para representar sus usos tradicionales del bosque.

Este ejemplo es importante porque demuestra que los Pueblos Indígenas pueden documentar la relación con sus territorios y transmitir sus propios mensajes en espacios internacionales. Un mapa, por lo tanto, no es simplemente una herramienta técnica: se convierte en un medio para visibilizar un territorio y formas de uso del bosque que pueden estar ausentes de los mapas administrativos o de los planes de gestión.

Un proyecto de conservación no puede ser sostenible si las comunidades afectadas no cuentan con medios para plantear sus preocupaciones, cuestionar una decisión o solicitar reparación cuando consideran que sus derechos han sido vulnerados.

Un proyecto de conservación no puede ser sostenible si las comunidades afectadas no cuentan con medios para plantear sus preocupaciones.

Más recientemente, el paisaje de Dja ofrece un ejemplo interesante de este avance hacia una gobernanza más inclusiva. En el marco del programa GEF-8 dedicado al paisaje de Dja, AIWO-CAN recibió el encargo de contribuir al establecimiento de un Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos , diseñado para que los Pueblos Indígenas y las comunidades locales puedan expresar sus preocupaciones y acceder así a un mecanismo de reclamación accesible. Este mecanismo está concebido como complemento del proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado de los Pueblos Indígenas.

Esta experiencia resulta especialmente importante para la conservación de la cuenca del Congo. Un proyecto de conservación no puede ser sostenible si las comunidades afectadas no cuentan con medios para plantear sus preocupaciones, cuestionar una decisión o solicitar reparación cuando consideran que sus derechos han sido vulnerados. El establecimiento de mecanismos de diálogo y reclamación culturalmente apropiados puede, por lo tanto, transformar la conservación: pasar de un modelo en el que las comunidades indígenas son pensadas desde un rol pasivo a otro en el que pueden participar, cuestionar, proponer y exigir rendición de cuentas.

Las mujeres indígenas en el centro de la conservación

La participación de las mujeres también es fundamental. Las mujeres indígenas de Camerún desempeñan un papel importante en la transmisión de conocimientos relacionados con las plantas, la alimentación, la medicina tradicional y el uso de los recursos naturales. Asimismo, se ven directamente afectadas por las consecuencias económicas y sociales de la degradación de estos recursos.

La experiencia de AIWO-CAN demuestra la importancia de fortalecer sus capacidades para que las mujeres indígenas puedan participar en los procesos de toma de decisiones, defender sus derechos territoriales y contribuir a las políticas climáticas y ambientales. Este enfoque resulta especialmente pertinente en el contexto de la cuenca del Congo, donde la conservación y la adaptación al cambio climático deben basarse en las realidades de las comunidades.

La conservación sostenible de la cuenca del Congo debe ser una conservación basada en derechos: una conservación que proteja los ecosistemas sin desplazar a los Pueblos Indígenas que tradicionalmente los han protegido.

La conservación sostenible de la cuenca del Congo debe ser una conservación basada en derechos: una conservación valore los conocimientos indígenas.

El Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal ofrece una oportunidad importante para repensar las políticas de conservación desde un enfoque basado en derechos. Su implementación en Camerún no debería evaluarse únicamente en función del número de áreas protegidas o de especies conservadas, sino también del grado en que se garantizan los derechos y la participación de los Pueblos Indígenas.

Por lo tanto, alcanzar los objetivos mundiales de conservación no debería conducir a una mayor exclusión de las comunidades indígenas de los bosques. Por el contrario, las políticas de biodiversidad deberían reconocer sus conocimientos, garantizar su participación efectiva y significativa, proteger sus territorios y asegurar su intervención en las decisiones que afectan sus tierras y recursos. La 17° Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica ofrece una oportunidad para recordar que la conservación de la cuenca del Congo no puede separarse de los derechos de los pueblos que la habitan.

Hacia una conservación con los Pueblos Indígenas

Toda esta situación pone de manifiesto una realidad fundamental en materia de derechos humanos. La pérdida del acceso a los territorios forestales, o las restricciones impuestas sobre este, afectan los derechos a la cultura, la alimentación, la salud y los medios de vida de los Pueblos Indígenas de la Cuenca del Congo. En el mismo nivel, afecta el derecho a participar en las decisiones relativas a sus tierras y recursos naturales. Finalmente, la deforestación del bosque también puede socavar la transmisión de los conocimientos ancestrales.

El futuro de los bosques de la cuenca del Congo no dependerá únicamente de las políticas forestales, las inversiones internacionales o la ampliación de las áreas protegidas. También dependerá de la capacidad de los Estados y de los actores de la conservación para reconocer a los Pueblos Indígenas como socios en pie de igualdad y titulares de derechos. En Camerún, la experiencia del pueblo Baka demuestra que el bosque puede ser un espacio de subsistencia, cultura, transmisión de conocimientos y conservación de la biodiversidad. Las iniciativas a las que AIWO-CAN ha contribuido demuestran que la participación indígena puede materializarse de formas concretas: mapeo comunitario, participación en las políticas forestales, mecanismos de reclamación, Consentimiento Libre, Previo e Informado, y fortalecimiento del papel de las mujeres indígenas.

Por lo tanto, la cuestión ya no es simplemente cómo proteger los bosques de la cuenca del Congo, sino también quién decide sobre su futuro y qué garantías se ofrecen a quienes los han habitado durante generaciones. La conservación sostenible de la cuenca del Congo debe ser una conservación basada en derechos: una conservación que proteja los ecosistemas sin desplazar a los Pueblos Indígenas que tradicionalmente los han protegido, que valore los conocimientos indígenas sin explotarlos y que convierta a las comunidades indígenas de los bosques en verdaderos socios en la gobernanza de la biodiversidad.

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El mecanismo REDD+ significa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal, y del papel de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo. Desarrollado originalmente en el marco de las negociaciones climáticas de la ONU para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal, este enfoque ha evolucionado hacia un sistema que involucra a desarrolladores privados, ONG de conservación, organismos de certificación, intermediarios financieros y agencias estatales.

Para los Pueblos Indígenas, las implicaciones son enormes. Las investigaciones muestran de manera consistente que los bosques bajo gobernanza indígena suelen registrar tasas más bajas de deforestación y mejores resultados ecológicos que las áreas protegidas administradas por el Estado. Sin embargo, los derechos territoriales indígenas, incluidos los derechos consuetudinarios sobre la tierra, siguen siendo débiles, incompletos o carecen de reconocimiento. Esto crea las condiciones para que gobiernos y actores privados reclamen autoridad sobre el «carbono forestal», eludiendo la gobernanza indígena y los derechos de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras y territorios.

El artículo 6 del Acuerdo de París corre el riesgo de ampliar estos daños al permitir que gobiernos y actores privados generen créditos de carbono jurisdiccionales en vastos territorios sin garantizar previamente los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, reconocer sus instituciones y autoridades consuetudinarias o asegurar un consentimiento significativo.

De las salvaguardas al despojo

Si bien las salvaguardas internacionales deberían proteger los derechos de los Pueblos Indígenas en el marco de los proyectos de carbono, en la práctica, estas protecciones suelen ser débiles, no vinculantes o fácilmente eludibles. En múltiples regiones, las organizaciones indígenas informan sobre patrones recurrentes: contratos opacos, procesos de consulta apresurados, acceso desigual a la información, decisiones adoptadas sin información suficiente y crecientes restricciones sobre la tenencia consuetudinaria de la tierra.

El Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) suele reducirse a una formalidad procedimental o a un simple requisito de verificación. A menudo, se contacta a las comunidades mediante reuniones aisladas, presentaciones técnicas o consultas realizadas en idiomas extranjeros y bajo una presión considerable. Los contratos suelen implicar complejos acuerdos jurídicos y financieros que se extienden durante décadas, mientras que las comunidades reciben escaso apoyo jurídico o técnico independiente para evaluar sus implicaciones a largo plazo. Esta brecha de información deja espacio para que intermediarios, a veces descritos como piratas o vaqueros del carbono, obtengan contratos abusivos.

En muchos casos, la asimetría de conocimientos y de poder es profunda. Los desarrolladores de proyectos de carbono, intermediarios y organismos de certificación operan con conocimientos especializados, equipos jurídicos y acceso a financiamiento internacional. Las comunidades, por el contrario, suelen verse obligadas a tomar decisiones sobre instrumentos financieros abstractos y futuras obligaciones territoriales con información limitada sobre las estructuras de precios, los riesgos contractuales o la distribución de ingresos. El resultado es un entorno en el que los territorios indígenas se incorporan a mercados globales de carbono volátiles sin que los titulares de derechos participen de manera informada y significativa en el proceso.

Proyectos piloto de REDD+ en África subsahariana han impuesto controles estrictos sobre la agricultura itinerante y el pastoreo en bosques, mientras las comunidades denuncian que los beneficios de la conservación no compensan la pérdida de medios de vida.

Proyectos piloto de REDD+ en África subsahariana han impuesto controles estrictos sobre la agricultura itinerante y el pastoreo en bosques.

Las restricciones impuestas en nombre de la conservación del carbono afectan prácticas como la agricultura itinerante, el pastoreo, la caza, la recolección o el uso forestal a pequeña escala. En algunos contextos, los proyectos de carbono reproducen antiguos modelos de «conservación fortaleza», en los que la propia presencia indígena es considerada una amenaza para la protección ambiental. Por ejemplo, proyectos piloto de REDD+ en África subsahariana han impuesto controles estrictos sobre la agricultura itinerante y el pastoreo en bosques, mientras las comunidades denuncian que los beneficios de la conservación no compensan la pérdida de medios de vida, lo que ha llevado a muchas de ellas a desvincularse de estos programas. Una investigación sobre una iniciativa fallida de REDD+ en Tanzania concluyó que las narrativas de la “naturaleza salvaje” fueron utilizadas para justificar medidas coercitivas, desalojos forzosos y el tratamiento de habitantes indígenas como intrusos en sus propios territorios.

Además, los proyectos de carbono transforman los sistemas de gobernanza local, profundizan las desigualdades internas y generan conflictos en torno a la representación, la distribución de beneficios y la autoridad territorial. La distribución de beneficios suele ser opaca, tardía y mínima, y las comunidades reciben apenas una pequeña fracción de los ingresos totales. Con frecuencia, mujeres, jóvenes y autoridades tradicionales quedan excluidos de las negociaciones —a pesar de soportar gran parte de la carga social y ambiental—, mientras que los ingresos de los proyectos, cuando llegan a materializarse, pueden ser capturados por élites locales o intermediarios externos.

Créditos fantasmas y la lógica de la compensación

Las investigaciones sobre los mercados voluntarios de carbono han constatado que una gran cantidad de créditos forestales  son “créditos fantasma”: créditos emitidos por reducciones de emisiones que no ocurrieron o que no pueden verificarse de manera fiable. Sin embargo, estos mismos créditos son utilizados de forma rutinaria por grandes corporaciones para respaldar afirmaciones de “cero emisiones netas” mientras continúan con la extracción de combustibles fósiles y modelos de negocio altamente emisores. De este modo, la compensación de carbono no funciona como una vía para superar la dependencia de los combustibles fósiles, sino como un mecanismo que permite que las emisiones continúen en otros lugares.

Esta contradicción pone de manifiesto uno de los problemas centrales de los mercados de carbono. Simplemente no existe suficiente tierra en el planeta para compensar los niveles actuales de consumo de combustibles fósiles manteniendo al mismo tiempo los patrones existentes de extracción y crecimiento económico. La idea de que las emisiones continuas en el Norte Global pueden equilibrarse indefinidamente mediante proyectos de conservación en el Sur Global se basa en supuestos ecológicos cada vez más insostenibles.

El problema también es epistemológico. Los mercados de carbono privilegian sistemas de medición, verificación y monitoreo basados en lógicas tecnocráticas y financieras: imágenes satelitales, cálculos de biomasa, contabilidad del carbono y registros digitales.

El problema también es epistemológico. Los mercados de carbono privilegian sistemas de medición que marginan las concepciones indígenas del territorio.

Para muchos Pueblos Indígenas, esto no constituye simplemente un fracaso técnico, sino una continuación de las relaciones coloniales. Los territorios del Sur Global se convierten en espacios encargados de absorber los costos ambientales de las economías industriales (como lo son las emisiones de gases de efecto invernadero) generados en otros lugares. De este modo, los bosques se reducen a reservas de carbono registradas en bases de datos distantes, mientras se espera que los Pueblos Indígenas carguen con el peso de la mitigación climática para economías que siguen dependiendo del petróleo, el gas y la minería.

El problema también es epistemológico. Los mercados de carbono privilegian sistemas de medición, verificación y monitoreo basados en lógicas tecnocráticas y financieras: imágenes satelitales, cálculos de biomasa, metodologías de contabilidad del carbono y registros digitales. Estos marcos suelen marginar las concepciones indígenas del territorio, fundamentadas en la reciprocidad, la relacionalidad y las responsabilidades entre la vida humana y la no humana.

Entre el rechazo y el involucramiento estratégico

Las respuestas de los Pueblos Indígenas frente a los mercados de carbono no son uniformes ni estáticas. En distintas regiones, numerosas organizaciones y movimientos territoriales rechazan de plano los mercados de carbono, argumentando que constituyen falsas soluciones que mercantilizan la naturaleza ypermiten que los principales contaminadores eviten realizar reducciones significativas de emisiones en origen.

Al mismo tiempo, la realidad sobre el terreno suele ser más compleja. Los mercados de carbono ya se están expandiendo rápidamente por los territorios indígenas, en contextos marcados por presiones simultáneas de la minería, el agronegocio, la tala, la expansión de infraestructuras y el crimen organizado, incluido el narcotráfico. Para algunas comunidades, la participación en proyectos de carbono no surge de una adhesión a estos mecanismos, sino de la necesidad de desenvolverse en un entorno político y económico cada vez más restrictivo.

Las organizaciones indígenas exigen protecciones territoriales, contratos transparentes, apoyo jurídico independiente, distribución de beneficios controlada por las comunidades y procesos de consulta de acuerdo con los sistemas de gobernanza indígena.

Las organizaciones indígenas exigen protecciones territoriales, contratos transparentes, apoyo jurídico independiente, distribución de beneficios y procesos de consulta previa.

En ciertos casos, las comunidades consideran que las iniciativas de carbono representan una amenaza menor en comparación con otras formas de desarrollo extractivo. Otras optan por involucrarse estratégicamente para obtener reconocimiento territorial, fortalecer la gobernanza colectiva o ganar capacidad de negociación en procesos que probablemente continuarán independientemente de la oposición de los Pueblos Indígenas. En este sentido, la participación funciona más como una estrategia de defensa y supervivencia política, que como una aceptación.

Esto ha dado lugar a formas de involucramiento cauteloso, basadas en derechos y centradas en fortalecer la capacidad de decisión de los Pueblos Indígenas, antes que en legitimar a los propios mercados de carbono. En distintas regiones, las organizaciones indígenas exigen protecciones territoriales, contratos transparentes, apoyo jurídico independiente, mecanismos de distribución de beneficios controlados por las comunidades y procesos de consulta diseñados de acuerdo con los sistemas de gobernanza indígena, y no en función de los cronogramas de los proyectos.

Más allá de los mercados de carbono

A pesar de la diversidad de posiciones de los Pueblos Indígenas respecto de los mercados de carbono, existe una demanda que se mantiene constante en todos los contextos: la autodeterminación. Ya sea que las comunidades opten por el rechazo, la negociación o una participación selectiva, la cuestión central es el derecho de los Pueblos Indígenas a decidir qué sucede en sus territorios de acuerdo con sus propias instituciones, sistemas de conocimiento y prioridades políticas. La seguridad en la tenencia colectiva de la tierra debe ser una condición previa para cualquier forma legítima de participación.

Cada vez más, las organizaciones indígenas promueven enfoques alternativos centrados en los derechos territoriales, el acceso directo al financiamiento climático y formas no mercantiles de acción climática. Estas propuestas ponen el énfasis en la gobernanza indígena y sus protocolos, los derechos colectivos sobre la tierra, la soberanía alimentaria, la restauración ecológica y la defensa de los territorios vivos.

La expansión de los mercados de carbono sugiere que la economía global sigue buscando formas de gestionar la crisis climática sin enfrentar las estructuras que la produjeron. Las críticas de los Pueblos Indígenas ponen de relieve los límites de ese enfoque.

La expansión de los mercados de carbono sugiere que la economía global sigue buscando formas de gestionar la crisis climática sin enfrentar las estructuras que la produjeron.

Estos enfoques también cuestionan la economía política más amplia que sustenta los mercados de carbono. Abordar el cambio climático requiere mucho más que nuevos instrumentos financieros. Exige una transformación estructural radical de la sociedad y la economía, que facilite una rápida eliminación progresiva de los combustibles fósiles; una regulación estricta de las industrias extractivas y de las cadenas de suministro vinculadas a la deforestación; la cancelación de deudas ilegítimas; y una inversión pública a gran escala en iniciativas lideradas por Pueblos Indígenas y comunidades locales.

La expansión de los mercados de carbono sugiere que la economía global sigue buscando formas de gestionar la crisis climática sin enfrentar las estructuras que la produjeron en primer lugar. Las críticas de los Pueblos Indígenas ponen de relieve los límites de ese enfoque. Nos recuerdan que los bosques no son simplemente reservorios de carbono y que la justicia climática no puede reducirse a ejercicios contables realizados en centros financieros distantes.

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Respecto a las razones que impulsan esta agenda, se nos dice con frecuencia que el principal obstáculo para abordar la crisis de la biodiversidad es la falta de financiamiento para la naturaleza. Según este argumento, la brecha de financiación es demasiado grande para que los gobiernos puedan cerrarla por sí solos, por lo cual se necesita reorientar el capital privado. En este marco, la creación de un mercado financiero de intercambio de créditos de biodiversidad sería la mejor manera. Este relato es discutible y políticamente sesgado.

El relato sesgado sobre la brecha de financiación

En primer lugar, la supuesta brecha de financiamiento anual de 700.000 millones de dólares podría cerrarse fácilmente reasignando una fracción de los 1.700.000 millones de dólares anuales que se destinan a subsidios  para actividades dañinas. Lo que significa que la brecha podría cerrarse por completo con financiamiento público, sin aumentar impuestos ni déficits, lo que cuestiona la supuesta  necesidad de capital privado.

Si se tomara la decisión política de seguir subsidiando la destrucción, y depender, en cambio, del capital privado para la conservación, la forma más eficaz y rápida de reorientarlo sería mediante regulaciones que limiten la degradación ambiental. Esto se debe a que cualquier regulación impactará en las ganancias futuras esperadas de los sectores involucrados y provocará que los flujos de capital privado se ajusten automáticamente a las nuevas expectativas de beneficios.

La creación de un mercado de créditos de biodiversidad constituye la última y menos eficaz opción si el objetivo es abordar la pérdida de biodiversidad.

La creación de un mercado de créditos de biodiversidad constituye la última y menos eficaz opción si el objetivo es abordar la pérdida de biodiversidad.

Pero incluso si consideráramos que las regulaciones ambientales alineadas con los límites planetarios serían demasiado “coercitivas” y eligiéramos usar solo incentivos (y no sanciones), seguiría siendo mucho más rápido, eficiente y rentable hacerlo mediante tratamientos fiscales o regulatorios favorables, en lugar de crear toda una nueva infraestructura de mercado financiero basada en una pseudo mercancía.

La creación de un mercado de créditos de biodiversidad constituye, por lo tanto, la última y menos eficaz opción si el objetivo es abordar la pérdida de biodiversidad. Precedentes como el rescate bancario de 2008, el plan de recuperación de la pandemia de Covid-19 o el reciente aumento del gasto en defensa de la Unión Europea también muestran que los gobiernos pueden encontrar dinero cuando quieren hacerlo.

Falta de integridad ambiental

La privatización y financiarización cambiarán las políticas de conservación, al introducir un requisito de rentabilidad, lo que a su vez las debilitará en comparación con políticas basadas en la regulación. Ya hemos observado las consecuencias perjudiciales de la financiarización en ámbitos como la salud, la educación y la vivienda. A su vez, los créditos de naturaleza implicarían una transferencia de soberanía del Estado hacia los mercados financieros, cuyas prioridades difícilmente coinciden con las prioridades ecológicas. De este modo, se pondría en  riesgo nuestro futuro y supervivencia.

También existe un problema fundamental entre la necesidad de contar con una gran cantidad de tipos de créditos para reflejar el elevado número de especies y, la necesidad de reducir esa diversidad en unos pocos tipos de créditos para contar con un mercado financiero líquido, donde compradores y vendedores puedan encontrar fácilmente contrapartes comerciales. Sin embargo, tal nivel de simplificación no es compatible con la integridad ambiental.

De manera crucial, es probable que los créditos de biodiversidad se utilicen principalmente con fines de compensación, ya que no existe otro modelo de negocio a gran escala. La hoja de ruta de la Unión Europea ya sitúa los créditos de naturaleza más allá de la jerarquía de mitigación, cuyo punto cúlmine es la compensación, lo cual refuerza y legitima este enfoque. Particularmente, porque el actual equilibrio de fuerzas políticas probablemente empuje a la Unión Europea a alinearse con el marco del Panel Asesor Internacional sobre Créditos de Biodiversidad, que explícitamente incorpora la compensación. 

Sin embargo, existe un consenso científico sobre el hecho de que la compensación de biodiversidad no es posible en la mayoría de los casos. Nuestro conocimiento científico sigue siendo incompleto: la ciencia de la restauración aún está en sus primeras etapas y, simplemente, no es posible transformar millones de especies en unos pocos activos líquidos comercializables. Por ello, la compensación de biodiversidad ha tenido un historial muy deficiente en las últimas décadas. Esto hace que la compensación de biodiversidad no sea “mejor que nada” (como a veces se afirma), sino “peor que nada”. Al crear la ilusión de que el problema está siendo abordado, ayuda a mantener la licencia social para destruir la naturaleza y reduce la presión pública para soluciones reales.

Los primeros escándalos ya están emergiendo

Probablemente, los créditos y compensaciones de biodiversidad se desarrollarán en el Sur Global, bajo el argumento de que allí se encuentra la mayor variedad de especies animales y vegetales intactas. Sin embargo, en realidad es porque en América Latina, África y Asia la tierra es mucho más barata como consecuencia del colonialismo. Esto podría conducir al mismo acaparamiento de tierras, tensiones y violaciones de derechos humanos que han sido documentadas con las compensaciones de carbono.

Además, recibir pagos para proteger la naturaleza en un territorio con el fin de permitir su destrucción en otro lugar del planeta podría contradecir los valores y la cosmovisión de muchas comunidades. Los Pueblos Indígenas entienden la tierra, las aguas, los animales y las plantas como parientes o como parte de un territorio vivo, no como “capital natural” externo o un conjunto de “servicios ecosistémicos”. Asimismo, los esquemas basados en el mercado corren el riesgo de subordinar la gobernanza territorial indígena a actores financieros externos y agencias estatales, recentralizando de hecho el control sobre territorios, cuya defensa ha sido sostenida durante generaciones.

Los ingresos pueden ser muy útiles para algunas comunidades indígenas. Sin embargo, la clave está en los detalles: qué proporción del órgano de gobernanza está compuesta por representantes indígenas y si reciben al menos el 50% de los ingresos.

Los ingresos pueden ser muy útiles para algunas comunidades indígenas. Sin embargo, como siempre, la clave está en los detalles.

Actualmente, existe un fuerte impulso para involucrar a los Pueblos Indígenas y otras comunidades dependientes del bosque en las diversas iniciativas internacionales de créditos de biodiversidad. Sin embargo, esto responde más a fines de comunicación que a un verdadero codiseño y a una distribución justa del poder de decisión y de los ingresos. Incluir a algunos líderes indígenas es una forma eficaz y poco costosa de evitar acusaciones de neocolonialismo verde y de desviar la atención de la falta de integridad ambiental de estos esquemas. 

Para ser claros, los ingresos pueden ser muy útiles para algunas comunidades indígenas. Sin embargo, como siempre, la clave está en los detalles: qué proporción de los miembros del órgano de gobernanza está compuesta por representantes indígenas y si reciben al menos el 50% de los ingresos. Además, los proyectos de créditos y compensaciones de biodiversidad suelen promoverse en situaciones en las que las comunidades están sometidas a una fuerte presión económica y política para aceptarlos, lo que puede debilitar el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), y convertirlo en coerción.

El impacto sobre la gobernanza indígena

Es importante aclarar dos puntos: primero, el énfasis actual en la participación indígena indica que una gran proporción de los proyectos de créditos y compensaciones de biodiversidad se llevará a cabo en sus territorios, más que en países del Norte Global.

En segundo lugar, las promesas de ingresos provenientes de la venta de estos créditos son hipotéticos y serán extremadamente volátiles, ya que dependen de los mercados financieros, los cuales son vulnerables a desaparecer en cuanto los líderes del Norte Global dejen de simular que abordan la crisis de la biodiversidad. De hecho, el Reino Unido proporciona un ejemplo claro. Tras iniciar en 2024 un mercado obligatorio de compensación de biodiversidad, el gobierno introdujo en 2025 una alternativa: los promotores inmobiliarios podrían optar por  compensar el 110% de la destrucción residual de la naturaleza causada por sus proyectos mediante el pago de una tarifa única a un fondo de conservación.

Si los mercados colapsan, las comunidades podrían perder la posibilidad de volver a sus medios de vida tradicionales (y sin ingresos estables). Así, serían empujadas hacia el despojo o una mayor mercantilización de sus tierras solo para sobrevivir.

Si los mercados colapsan, las comunidades podrían perder la posibilidad de volver a sus medios de vida tradicionales (y sin ingresos estables).

Eventualmente, las consecuencias para los Pueblos Indígenas serían especialmente graves: los contratos a largo plazo pueden restringir el uso de la tierra y la gobernanza, mientras que los ingresos prometidos suelen ser efímeros e inciertos. Si los mercados colapsan, las comunidades podrían perder la posibilidad de volver a sus medios de vida tradicionales (y sin ingresos estables). Así, serían empujadas hacia el despojo o una mayor mercantilización de sus tierras solo para sobrevivir.

Ya existe un número creciente de escándalos vinculados a los créditos de biodiversidad, que apuntan a problemas estructurales más profundos: TotalEnergies está destruyendo un parque nacional en Uganda para extraer petróleo; Eiffage está construyendo una represa en Costa de Marfil que daña el bosque, mientras promete falsamente una pérdida neta cero; en Mozambique, el megaproyecto de TotalEnergies ha estado asociado con afirmaciones ambientales engañosas; y en Guinea, proyectos mineros respaldados por actores financieros internacionales han estado vinculados a afectaciones ecológicas a gran escala enmarcados mediante mecanismos de compensación.

¿Quién promueve estos mercados?

Entonces, ¿por qué se están promoviendo estos mercados, sabiendo que probablemente serán un fracaso ambiental, igual que lo fueron antes las compensaciones de carbono? El principal objetivo político es proteger el statu quo durante unos años más. Estos mercados dan la ilusión de acción mientras evitan confrontar intereses privados que actualmente se benefician de la destrucción y se niegan a cuestionar paradigmas económicos obsoletos e insostenibles, incluidos la minería, la agroindustria, la infraestructura y el sector inmobiliario.

Dicho de otro modo, la Comisión Europea quiere abordar la crisis de la biodiversidad, pero solo en la medida en que ello no interfiera con el crecimiento económico a corto plazo y la competitividad, que siguen siendo sus prioridades centrales. Probablemente, este mercado pueda ser instrumentalizado para desmantelar aún más las regulaciones ambientales de la Unión Europea, argumentando que ya no son necesarias porque han sido reemplazadas por este mercado. Esto es similar a la política climática y, en particular, a las compensaciones de carbono, que son a la vez un fracaso ambiental y un éxito político, ya que lograron retrasar durante muchos años una acción climática significativa.

Y, por cierto, estos nuevos mercados tampoco están exentos de riesgos para los potenciales inversores privados, que estarían expuestos a altos niveles de riesgo regulatorio y reputacional en esta pseudo-mercancía. Los acontecimientos recientes en el Reino Unido también han puesto de relieve los riesgos de obtener ingresos estables de la venta de créditos de biodiversidad. 

Las soluciones son bien conocidas

Lo que se necesita es reorientar los subsidios dañinos existentes y aplicar regulaciones ambientales más estrictas que aborden las causas estructurales de la pérdida de biodiversidad y estén alineadas con los límites planetarios. El sistema alimentario global es el principal impulsor de la pérdida de biodiversidad, a través de la deforestación para la ganadería. Según la comisión EAT-Lancet, la solución es reducir el desperdicio de alimentos y cambiar la dieta, mediante la reorientación de los subsidios agrícolas, la imposición de impuestos a alimentos no saludables y la regulación de la publicidad. Esto reduciría masivamente la deforestación, recortaría las emisiones de gases de efecto invernadero y disminuiría la contaminación del agua por el uso excesivo de pesticidas.

Otro pilar central es el reconocimiento y fortalecimiento de la gestión indígena. Asegurar títulos colectivos de tierra; reconocer sus sistemas jurídicos y de gobernanza; y proporcionar apoyo público estable y sin condiciones a la conservación la defensa territorial lideradas por Pueblos Indígenas son algunas de las medidas más impactantes que los gobiernos pueden adoptar. Del mismo modo, la sobreexplotación de los recursos naturales, el cambio climático y la contaminación deben abordarse cambiando progresivamente la forma en que consumimos, comemos y viajamos. También se deben implementar regulaciones  como la reducción de la producción de plásticos. Por supuesto, esto requeriría enfrentarse a los lobbies privados como la industria alimentaria y agroindustrial, y el actual contexto político no es favorable.

Sin embargo, la historia del progreso social y ambiental muestra varios ejemplos de cómo los cambios transformadores ocurrieron, a pesar de contextos políticos desfavorables: desde el movimiento sindical hasta las sufragistas, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y el movimiento ambiental, así como las luchas de los Pueblos Indígenas en defensa de sus territorios. Asimismo, varias encuestas muestran que la mayoría de los ciudadanos en todo el mundo están dispuestos a cambiar la forma en que trabajan y viven para abordar la crisis climática. Probablemente, mostrarían el mismo apoyo para abordar la crisis de la biodiversidad. El futuro aún no está escrito: una vez que la organización de base alcance una masa crítica, eventualmente ganaremos.

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Un crédito representa una “unidad” cuantificada, medible y comercializable de un resultado positivo para la biodiversidad, como la restauración o protección de determinados ecosistemas o especies. Las principales iniciativas insisten que, a diferencia de las compensaciones tradicionales, estos créditos deberían servir únicamente como inversiones adicionales en biodiversidad y no como mecanismos para compensar daños causados en otros lugares. En este marco, se los presenta como una herramienta voluntaria para empresas e inversores que buscan demostrar contribuciones “positivas para la naturaleza”. Sin embargo, la distinción entre créditos y compensaciones sigue siendo poco clara en la práctica. 

Varios esquemas impulsados por Estados y actores privados han explorado el “uso dual”, mediante el cual las unidades de biodiversidad contribuyen tanto a requisitos regulatorios de compensación como a mercados voluntarios de “créditos para la naturaleza”. Sin embargo, esta posibilidad sigue siendo objeto de controversia debido a preocupaciones relacionadas con la doble contabilización y la integridad de los sistemas. Los enfoques nacionales varían. La Ley de Medio Ambiente de Inglaterra de 2021 estableció un mercado regulado obligatorio de unidades de biodiversidad. Nueva Zelanda, por su lado, apoya actualmente un mercado voluntario y gestionado por actores privados, que eventualmente podría interactuar con los mecanismos regulatorios de compensación.

La promoción del financiamiento privado

Los principales organismos de certificación de carbono y consultoras también están ingresando en este ámbito. Organizaciones como Verra, South Pole, Plan Vivo, rePLANET, Terrasos y ValueNature han desarrollado metodologías para certificar resultados positivos para la biodiversidad y crear unidades comercializables. El atractivo es evidente: un nuevo producto para inversores y empresas, y una nueva fuente de ingresos para intermediarios que ya controlan gran parte del mercado de carbono.

Una creciente red de iniciativas está configurando la arquitectura de las finanzas para la naturaleza y promoviendo mercados de biodiversidad de “alta integridad”: la Biodiversity Credit Alliance, la plataforma Financing for Nature del Foro Económico Mundial, el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza (TNFD) y el Fondo para el Marco Mundial de Biodiversidad del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Paralelamente, iniciativas como el Panel Asesor Internacional sobre Créditos de Biodiversidad están impulsando una Hoja de Ruta Global para los créditos de biodiversidad mediante procesos voluntarios y multipartícipes.

La Hoja de Ruta hacia los Créditos para la Naturaleza no aborda adecuadamente los derechos de los Pueblos Indígenas, incluidos sus derechos sobre tierras, territorios y recursos.

La Hoja de Ruta hacia los Créditos para la Naturaleza no aborda adecuadamente los derechos de los Pueblos Indígenas sobre sus territorios y recursos.

En la COP 16 del CDB, los gobiernos priorizaron la movilización de financiamiento privado para el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y la puesta en funcionamiento del Fondo para el Marco Mundial de Biodiversidad, pero evitaron respaldar formalmente los mercados de créditos de biodiversidad. Aunque el Fondo reconoce los derechos de los Pueblos Indígenas y contempla salvaguardas sociales, persisten serias dudas sobre cómo se garantizará el cumplimiento de estos compromisos en la práctica. Especialmente, a medida que aumente la financiación para la biodiversidad.

En julio de 2025, la Comisión Europea publicó su Hoja de Ruta hacia los Créditos para la Naturaleza, un marco basado en el mercado destinado a movilizar inversiones del sector privado para la conservación de la biodiversidad, bajo la premisa de que la financiación pública por sí sola es insuficiente. La Hoja de Ruta no aborda adecuadamente los derechos de los Pueblos Indígenas, incluidos sus derechos sobre tierras, territorios y recursos. Tampoco enfrenta de manera suficiente los impulsores estructurales de la pérdida de biodiversidad, como los subsidios perjudiciales para la biodiversidad, los flujos financieros y los sistemas de producción.

¿Puede la biodiversidad estandarizarse y venderse?

Sus defensores sostienen que los créditos de biodiversidad pueden desbloquear financiamiento para la conservación, recompensar una buena gestión ambiental e incentivar mejores prácticas empresariales. Sin embargo, el enfoque de la “brecha de financiamiento” adoptado en el MMBKM oculta el hecho de que las propuestas actuales dependen en gran medida del capital privado de los principales responsables de la pérdida de biodiversidad. Esto refuerza patrones en los que los Estados y las corporaciones más ricas mantienen el control sobre los flujos de “financiamiento para la naturaleza”. 

De este modo, los créditos de biodiversidad corren el riesgo de reproducir dinámicas coloniales, al concentrar el poder de decisión y la extracción de valor en el Norte Global, mientras los territorios y pueblos del Sur Global son presentados como espacios de “reparación” ambiental. El lenguaje técnico de la “integridad de los mercados” termina sosteniendo un proyecto político que preserva patrones económicos extractivos, al tiempo que desplaza la responsabilidad por los daños ecológicos hacia los territorios de los Pueblos Indígenas y las comunidades racializadas.

Las estrategias actuales privilegian de manera desproporcionada a los instrumentos basados en el mercado, evitando fortalecer los derechos territoriales, la paralización de proyectos destructivos o la reforma de subsidios.

Las estrategias privilegian los instrumentos del mercado, evitando fortalecer los derechos territoriales, la paralización de proyectos destructivos o la reforma de subsidios.

No obstante, los desafíos fundamentales suelen presentarse como cuestiones técnicas: definir una unidad de biodiversidad que sea científicamente sólida, medible y escalable. En la práctica, estos esfuerzos se enfrentan a problemas ecológicos y éticos más profundos. La biodiversidad está profundamente ligada al lugar: los ecosistemas no son intercambiables, sus relaciones son complejas y, a menudo, solo se comprenden de manera parcial. Los intentos de definir una “equivalencia ecológica” ya han fracasado en los sistemas de compensación de biodiversidad. Una revisión global concluyó que la mayoría de estos esquemas no logró cumplir su promesa de “ninguna pérdida neta”, debido a un monitoreo deficiente, una aplicación débil de las normas y plazos poco realistas para la restauración. 

También existe una cuestión más amplia sobre la dependencia de los mercados para resolver una crisis impulsada, en gran medida, por la acumulación de riqueza. Las herramientas económicas, como los créditos, deberían complementar —y no sustituir— la regulación, la financiación pública y las formas colectivas de gobernanza. Sin embargo, las estrategias actuales privilegian de manera desproporcionada a los instrumentos basados en el mercado, evitando fortalecer los derechos territoriales, la paralización de proyectos destructivos o la reforma de subsidios.

Los territorios indígenas en la primera línea de las finanzas para la biodiversidad

Muchos proyectos piloto de créditos de biodiversidad se están desarrollando en el Sur Global, particularmente en territorios boscosos gobernados por Pueblos Indígenas. Se trata de las mismas tierras que han albergado proyectos de compensación de carbono durante las últimas dos décadas, frecuentemente acompañados por violaciones de derechos y conflictos sociales. Las áreas protegidas se han establecido de manera reiterada sin reconocer la tenencia consuetudinaria, sin garantizar el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y con severas restricciones a los medios de vida tradicionales. Es probable que los créditos de biodiversidad intensifiquen estas dinámicas de diversas maneras: 

Presión sobre la tierra. La asignación de un valor financiero a los resultados de conservación de la biodiversidad hace que los territorios indígenas resulten más atractivos para los inversores en conservación, especialmente allí donde los derechos territoriales siguen sin resolverse, lo que genera el riesgo de acuerdos de gestión a largo plazo que marginen a las instituciones consuetudinarias.

Control y vigilancia. Los sistemas de verificación, como sensores remotos, indicadores estandarizados y tokens digitales, desplazan los conocimientos y sistemas de gobernanza indígenas al otorgar prioridad a expertos externos y, al mismo tiempo, posibilitar el monitoreo de la forma en que las comunidades utilizan sus propios territorios.

Contratos injustos. Al igual que ocurre con los proyectos de carbono, las comunidades suelen carecer de asesoramiento jurídico independiente; los contratos pueden ser firmados por grupos reducidos de liderazgo sin consentimiento colectivo, mientras que las pequeñas y poco transparentes participaciones en los ingresos son vulnerables a la captura por élites.

División y criminalización. Cuando hay sumas importantes de dinero en juego, los intermediarios pueden explotar las diferencias internas para obtener consentimiento. Quienes cuestionan los proyectos corren el riesgo de ser etiquetados como opositores al desarrollo o una amenaza para la conservación, una preocupación especialmente grave en un contexto de creciente criminalización y asesinato de personas defensoras del ambiente.

Detrás de estos riesgos concretos subyace un conflicto más profundo de valores. Las metodologías de los créditos de biodiversidad reducen la naturaleza a aquello que puede contarse, valorarse económicamente y comercializarse, mientras que muchos sistemas de conocimiento indígenas se basan en la responsabilidad, la reciprocidad y el carácter sagrado de la naturaleza, donde el territorio no puede fragmentarse en mercancías. Cuando esta visión relacional del mundo es tratada como un obstáculo y no como un fundamento para las políticas públicas, los créditos de biodiversidad se convierten en otra herramienta de colonización.

¿La integridad de quién?

En respuesta a las crecientes críticas, las iniciativas de créditos de biodiversidad destacan principios de “alta integridad”, como una gobernanza sólida, el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), una distribución equitativa de beneficios y mecanismos de reclamación. Algunos fondos multilaterales incluso reconocen a los Pueblos Indígenas como custodios de la biodiversidad. Sin embargo, existe una marcada brecha entre el discurso y la práctica. Los principios y metodologías fundamentales están siendo diseñados por coaliciones de instituciones financieras, ONG de conservación y organismos de establecimiento de estándares, con una participación indígena limitada o incorporada en etapas tardías.

Desde la adopción del MMBKM, numerosas organizaciones indígenas, entre ellas el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, han advertido reiteradamente que los mercados de biodiversidad corren el riesgo de reproducir las dinámicas de despojo, desigualdad y control territorial observadas en los proyectos de compensación de carbono. Estas organizaciones subrayan que el financiamiento para la biodiversidad debe abordar las injusticias históricas, fortalecer la financiación directa para los Pueblos Indígenas y evitar la mercantilización de la naturaleza a costa de debilitar la gobernanza territorial colectiva. Cualquier marco emergente de créditos de biodiversidad debe incorporar de manera crítica estas posiciones.

La gobernanza debe reflejar un liderazgo indígena genuino. Las organizaciones indígenas deben ocupar espacios reales de toma de decisiones en el diseño y la supervisión de los mecanismos de financiamiento para la biodiversidad.

Se necesitan normas vinculantes para evitar el uso de créditos para justificar actividades como la minería, la extracción de combustibles fósiles o grandes proyectos.

Se requieren tres transformaciones fundamentales para evitar que los créditos de biodiversidad reproduzcan los daños asociados a los mercados de carbono. En primer lugar, los derechos deben preceder a los mercados: el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras, territorios y formas colectivas de tenencia debe ser una condición previa para cualquier esquema de créditos, y no una aspiración futura. Esto implica la plena implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente en lo relativo al CLPI y a la libre determinación, tanto en la legislación como en la práctica.

En segundo lugar, la gobernanza debe reflejar un liderazgo indígena genuino. Las organizaciones indígenas deben ocupar espacios reales de toma de decisiones, y no meramente consultivos, en el diseño y la supervisión de los mecanismos de financiamiento para la biodiversidad, con financiamiento específico y respeto por la diversidad de sistemas de conocimiento. En tercer lugar, el papel de los créditos debe ser limitado. No deben servir para legitimar actividades destructivas mediante mecanismos de compensación ni para sustituir la regulación y la financiación pública. Por eso, se necesitan normas vinculantes para evitar la doble contabilización, el lavado verde y el uso de créditos para justificar actividades como la minería, la extracción de combustibles fósiles o grandes proyectos de infraestructura en otros lugares.

Elegir un camino diferente

El impulso a los créditos de biodiversidad busca responder a un problema real: la insuficiente financiación crónica para la biodiversidad, especialmente en contextos donde los Pueblos Indígenas son sus principales custodios, pese a haber sufrido una histórica marginación. Sin embargo, la financiación directa de iniciativas de conservación lideradas por Pueblos Indígenas, junto con reformas legales destinadas a garantizar los derechos territoriales y de gobernanza, probablemente produciría resultados mucho más duraderos que los esquemas especulativos de créditos.

Que los Pueblos Indígenas decidan o no participar en estos mercados es una cuestión de libre determinación. Sin embargo, cualquier decisión debe basarse en el Consentimiento Libre, Previo e Informado, con información transparente sobre los riesgos y las alternativas existentes. Los gobiernos y los actores privados no deben considerar los esquemas de créditos como un atajo para evitar decisiones más difíciles, como poner fin a las industrias destructivas y enfrentar las relaciones de poder desiguales.

La cuestión fundamental es qué visiones de la naturaleza, el desarrollo y la justicia definirán el futuro. Si los créditos de biodiversidad simplemente reafirman la lógica extractiva que generó la crisis de biodiversidad, representarán una nueva ronda de sacrificios impuesta a los Pueblos Indígenas.

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A lo largo del taller, una idea se repitió con fuerza: los mercados de carbono no pueden entenderse de manera aislada, sino como parte de una historia de intervención en territorios indígenas. En consecuencia, las y los participantes trazaron una línea que conecta distintos momentos —la colonización, la explotación del caucho, la expansión petrolera y minera— con las actuales iniciativas climáticas. En estos procesos, los territorios son objeto de interés externo, sin que los pueblos que los habitan tengan control sobre las decisiones.

El nuevo rostro del extractivismo

Desde esta perspectiva, el carbono aparece como un nuevo elemento dentro de una lógica conocida. No se trata únicamente de conservar bosques o reducir emisiones, sino de quién define el uso del territorio y bajo qué condiciones. Está más que claro que estos mecanismos responden a intereses globales orientados a sostener los modelos económicos actuales, al permitir que empresas y corporaciones continúen desarrollando actividades contaminantes. A su vez, las corporaciones buscan compensar sus emisiones trasladando la responsabilidad hacia los Pueblos Indígenas que históricamente han conservado sus territorios ancestrales.

Las experiencias compartidas reforzaron esta lectura. Se mencionaron casos de proyectos de conservación que han implicado restricciones al uso ancestral del territorio, limitando prácticas tradicionales como la caza, la pesca o la recolección. En otros casos, la creación de áreas protegidas en territorios indígenas o proyectos de carbono se realizó sin procesos adecuados de consulta, generando conflictos que aún persisten. Además, estos proyectos evidencian que el discurso conservacionista puede funcionar como mecanismo de control.

El problema no es únicamente el mercado de carbono. El lenguaje cambia, pero las relaciones de poder se mantienen. Por eso, más allá de la discusión técnica, el tema fue abordado como una disputa política sobre territorio, autonomía y derechos.

El problema no es únicamente el instrumento del mercado de carbono. El lenguaje cambia, pero las relaciones de poder se mantienen.

Estos procesos no llegan de manera aislada, sino acompañados de narrativas que prometen beneficios económicos, desarrollo local o las (mal) llamadas “mejoras en la calidad de vida”, reducidas a salud y educación, derechos básicos que el Estado debería garantizar plenamente. Varias intervenciones recordaron que promesas similares han sido parte de la historia, especialmente en el contexto petrolero, donde los resultados no correspondieron con las expectativas generadas. Esta memoria colectiva permite interpretar las propuestas vinculadas al carbono en su contexto histórico.

En ese sentido, el problema no es únicamente el instrumento del mercado de carbono, sino la forma en que se inserta en territorios con historias de despojo. El lenguaje cambia, pero las relaciones de poder se mantienen. Por eso, más allá de la discusión técnica, el tema fue abordado como una disputa política sobre territorio, autonomía y derechos, en que los Pueblos Indígenas buscan evitar repetir experiencias del pasado.

Decisiones desiguales y conflictos internos

Otro eje fue el análisis de cómo se toman las decisiones en estos procesos, ya que existen profundas asimetrías entre los actores involucrados. Mientras empresas, ONG y gobiernos cuentan con información técnica, recursos económicos y respaldo institucional, las comunidades enfrentan estas dinámicas con menor acceso a la información y en condiciones marcadamente desiguales. En muchos casos, los actores externos llegan con propuestas previamente definidas, buscando acuerdos rápidos que no responden a los tiempos ni a los mecanismos de deliberación comunitaria. Con frecuencia, las negociaciones se canalizan sin pasar por procesos colectivos como las asambleas, lo que genera tensiones internas.

Uno de los aspectos más destacados fue la falta de información clara y accesible: las comunidades no siempre cuentan con los datos completos sobre los beneficios, compromisos e implicaciones a largo plazo de los proyectos de carbono. Esta situación incrementa los riesgos de tomar decisiones bajo presión o con información incompleta, debilitando la capacidad de los Pueblos Indígena para ejercer plenamente su derecho a la libre determinación.

Frente a este escenario, se coincidió en la importancia de la consulta previa, libre e informada, pero también en la necesidad de ir más allá de su aplicación formal. Para ello, se enfatizó en la necesidad de fortalecer los mecanismos propios de decisión.

Las decisiones se construyen fuera de los territorios y después se trasladan a las comunidades para obtener validación, muchas veces de manera fraudulenta.

El rol del Estado también fue objeto de cuestionamiento. Casos estudiados y registrados de países como Colombia y Bolivia mostraron que leyes y normativas estatales no garantizan procesos transparentes ni equitativos y, en ocasiones, el propio Estado impulsa estos mecanismos sin asegurar la participación efectiva de los Pueblos Indígenas. Esto evidencia que las decisiones se construyen fuera de los territorios y después se trasladan a las comunidades para obtener validación, muchas veces de manera fraudulenta.

Frente a este escenario, se destacó la importancia de la consulta previa, libre e informada, así como la necesidad de ir más allá de su aplicación formal. Para ello, se enfatizó en la necesidad de fortalecer los mecanismos propios de decisión, las asambleas comunitarias, los estatutos internos y los gobiernos territoriales, como espacios fundamentales para garantizar procesos realmente colectivos y evitar decisiones impuestas o fragmentadas.

Autonomía, memoria y propuestas propias

Las intervenciones coincidieron en un punto clave: las decisiones sobre el territorio no pueden quedar subordinadas a agendas externas. La autonomía y la libre determinación no son principios abstractos, sino condiciones concretas para decidir qué se acepta, qué se rechaza y bajo qué términos. Y la memoria histórica atraviesa esta posición. Las experiencias del petróleo y la minería, y las políticas de “conservación y desarrollo” han dejado huellas: promesas incumplidas, territorios afectados y vidas arrebatadas. Por eso, los mercados de carbono no se leen como oportunidades aisladas, sino como parte de una continuidad de intervenciones externas sobre los cuerpos y territorios indígenas.

Lejos de colocarse en una posición reactiva, líderes y lideresas indígenas afirmaron que existen alternativas ya en marcha: gestión comunitaria del bosque, formas propias de producción, medicina ancestral, turismo comunitario y sistemas de conocimiento. Estas alternativas no son discursos, sino prácticas vigentes que sostienen la vida en los territorios, las cuales deben fortalecerse, marcando así un horizonte distinto al de los esquemas de compensación promovidos desde fuera.

En esa línea, el taller no cerró únicamente con cuestionamientos, sino con una orientación clara: fortalecer las agendas propias. El énfasis está en consolidar procesos desde los territorios (organización, economía, comunicación y articulación política) que permitan sostener decisiones autónomas en el tiempo. Más que adaptarse a los mercados de carbono, la apuesta es afirmar un camino propio, donde el territorio no sea un activo negociable, sino la base de la vida colectiva.

Comunicación, articulación y disputa por la narrativa

A partir de los intercambios durante el taller, emergió la necesidad de disputar no sólo el territorio, sino también el relato sobre lo que ocurre en él. Los mercados de carbono no avanzan únicamente a través de acuerdos económicos o marcos legales, sino mediante narrativas que los presentan como las únicas soluciones frente a la inevitable crisis climática. En ese escenario, la comunicación se convierte en un campo estratégico dado que existe una brecha entre cómo se presentan estos proyectos en espacios internacionales y cómo se viven en los territorios. A nivel global se describen como mecanismos de conservación sostenible, pero en las comunidades se viven como procesos de incertidumbre, restricciones, conflictos y vulneraciones de derechos. 

Esta diferencia refuerza la necesidad de que los Pueblos Indígenas construyan y difundan sus propias narrativas. En este sentido, se planteó la importancia de fortalecer redes de comunicación indígena que permitan compartir información, visibilizar experiencias y generar análisis desde los territorios. No solo para informar, sino para construir una voz propia frente a discursos que se imponen desde fuera. La comunicación se constituye en una herramienta para la defensa territorial y la incidencia política.

En conjunto, la disputa en torno a los mercados de carbono no es sólo material sino, sobre todo, simbólica y política. Se trata de quién define el problema, quién propone las soluciones y desde qué lugar se toman las decisiones.

La disputa en torno a los mercados de carbono es simbólica y política: quién define el problema, quién propone las soluciones y dónde se toman las decisiones.

La articulación entre pueblos fue otro aspecto clave, pues aunque los contextos nacionales son distintos, existen problemáticas regionales comunes que les atraviesan. Compartir experiencias, aprendizajes y estrategias permite fortalecer posiciones colectivas y evitar que los procesos se desarrollen de manera aislada. Esta articulación no se limita al ámbito local o nacional, sino que se proyecta hacia espacios internacionales donde se toman decisiones que afectan directamente a los territorios.

Asimismo, se destacó la importancia de identificar aliados y actores en este escenario ya que no todos tienen los mismos intereses. Así, contar con un mapeo permite tomar decisiones informadas, pues es fundamental reconocer aquellas fuerzas que buscan incorporar a los Pueblos Indígenas en agendas que no han sido construidas desde sus propias realidades. En conjunto, la disputa en torno a los mercados de carbono no es sólo material sino, sobre todo, simbólica y política. Se trata de quién define el problema, quién propone las soluciones y desde qué lugar se toman las decisiones. En ese escenario, la comunicación y la articulación son herramientas fundamentales para sostener procesos de resistencia y construcción de alternativas desde los territorios.

Un escenario en disputa: el futuro de los territorios

Lo que dejó el taller no es una conclusión cerrada, sino la confirmación de que se está configurando un nuevo escenario de disputa sobre los territorios indígenas. Los mercados de carbono aparecen como una pieza más dentro de una dinámica global, en que se reconfiguran las formas de control, acceso y decisión sobre la naturaleza. Ya no se trata únicamente de extracción directa, sino de mecanismos más complejos que operan a través de normas, certificaciones, financiamiento y discursos sobre el clima.

En ese contexto, los Pueblos Indígenas no sólo enfrentan un desafío técnico o económico, sino profundamente político. Están en juego sus territorios de vida, sus derechos, su autonomía. Las intervenciones dejaron claro que no existe una aceptación pasiva de estos procesos, sino una lectura crítica que identifica la reconfiguración de formas anteriores de despojo, aunque se presenten con nuevos lenguajes y justificaciones. Al mismo tiempo, el debate no quedó en el rechazo, sino que dio lugar a una reflexión sobre el sentido de qué significa cuidar el territorio, cómo se enfrenta la crisis climática y qué tipo de futuro se quiere construir. 

Lo que está en juego no es sólo un mecanismo, sino el sentido mismo del territorio. Y en ese punto, el mensaje es claro: no hay negociación posible cuando se trata de la vida, la autodeterminación y la soberanía de los pueblos.

La crisis climática no se resuelve trasladando responsabilidades a quienes históricamente han cuidado los bosques.

Frente a una narrativa global que convierte los bosques en activos de mercado, se debe pensar desde otra perspectiva, donde el territorio no es un recurso, sino un espacio de vida, relación y comunidad. Ese contraste define el momento actual. Para quienes participaron en el encuentro, los mercados de carbono no representan una solución, sino una nueva forma de intervención sobre los territorios que bajo el lenguaje de conservación y acción climática, reconfiguran viejas lógicas de control que buscan decidir sobre espacios que no les pertenecen.

Ante este escenario, la posición es clara: los territorios no están en venta, ni pueden ser convertidos en instrumentos de compensación para sostener economías que siguen contaminando. La crisis climática no se resuelve trasladando responsabilidades a quienes históricamente han cuidado los bosques. Lo que está en juego no es sólo un mecanismo, sino el sentido mismo del territorio. Y en ese punto, el mensaje es claro: no hay negociación posible cuando se trata de la vida, la autodeterminación y la soberanía de los pueblos.

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«Sinceramente, no entiendo muy bien cómo funcionan estos proyectos de carbono. Nos dicen que la tierra ahora está “almacenando carbono” y que eso tiene valor en algún lugar lejano. Pero aquí seguimos haciéndonos la misma pregunta: ¿cómo ayuda eso a mi familia hoy?»

Bulari Lolki, de Sesia, en el norte de Kenia

Los mercados de carbono están intensificando la presión sobre los territorios, especialmente en lugares donde los derechos colectivos sobre la tierra son débiles o carecen de reconocimiento formal. Esto ha generado la preocupación generalizada de que los proyectos de créditos de carbono puedan derivar en acaparamientos de tierras o excluir a las comunidades de la toma de decisiones.       

Sin embargo, muchas de las comunidades con las que trabajamos ven con buenos ojos los ingresos que los proyectos de carbono pueden generar para apoyar los medios de vida locales y los esfuerzos de conservación siempre y cuando puedan establecer las condiciones bajo las cuales estos proyectos avanzan.

En la práctica, que las comunidades puedan establecer las condiciones de los proyectos de mercado de carbono sigue siendo difícil. Entre los desafíos más frecuentes se encuentran:

● Lenguaje altamente técnico. Los proyectos de carbono suelen involucrar conceptos jurídicos, financieros y científicos complejos: la contabilidad del carbono (es decir, el proceso de medir y registrar cuánto carbono es almacenado o reducido por un proyecto), así como los derechos legales sobre las remociones y reducciones de emisiones derivadas de sus actividades. Esto dificulta que las comunidades comprendan plenamente los términos, riesgos y beneficios de los proyectos, limitando su capacidad para tomar decisiones informadas.

● Falta de transparencia. Las comunidades suelen tener un acceso limitado a información clara, oportuna y completa sobre los acuerdos del proyecto, los flujos de ingresos y las salvaguardas existentes. La falta de divulgación plena durante las etapas de diseño e implementación genera incertidumbre y puede conducir a la desconfianza o a procesos de consentimiento insuficientemente informados.

● Desequilibrios de poder en las negociaciones. Los desarrolladores de proyectos y los inversionistas suelen contar con recursos, conocimientos técnicos y apoyo legal significativamente mayores que las comunidades con las que interactúan. Muchas de estas comunidades se encuentran en zonas remotas y desatendidas, y han sido históricamente marginadas por los gobiernos, con acceso limitado a servicios básicos. Esto dificulta enormemente que puedan negociar en condiciones de igualdad con los desarrolladores.

Como resultado, las comunidades se encuentran en una encrucijada: buscan los beneficios económicos que prometen los proyectos de carbono para mejorar sus medios de vida, al tiempo que procuran mantener la autonomía sobre sus territorios y recursos. En un contexto de protección jurídica desigual de los derechos comunitarios, enfrentan presiones para aceptar condiciones desfavorables y, con frecuencia, encuentran dificultades para negociar acuerdos justos.

Organizarse colectivamente para superar las asimetrías de poder

En los Pastizales del norte de Kenia se encuentra el mayor proyecto de carbono de suelo del mundo, que incluye a Sesia, una comunidad pastoralista samburu. Inicialmente, la población tuvo dificultades para relacionarse con los promotores del proyecto en condiciones de igualdad. Si bien la primera década trajo numerosos beneficios, entre ellos la mejora de las tierras de pastoreo y la generación de más de 14 millones de dólares en ingresos para las comunidades, persistían preguntas e inquietudes sobre su funcionamiento. Las comunidades reclamaban una transparencia total sobre los ingresos generados y una mayor autonomía para decidir cómo utilizar los recursos que les correspondía.

En 2023, comunidades pastoralistas maasái, samburu, turkana, rendille y borana comenzaron a organizarse colectivamente en toda el área del proyecto, que abarca 2.000.000 de hectáreas. Por primera vez, los comités comunitarios de gestión de tierras lograron acceder al acuerdo de implementación del proyecto, que establecía las normas de manejo de los pastizales, las estructuras de gobernanza y los mecanismos de distribución de ingresos. De manera conjunta, elaboraron una serie de demandas compartidas para negociar un nuevo acuerdo con los responsables del proyecto.

La presentación de estas demandas dio inicio a un proceso de renegociación del acuerdo de implementación del proyecto que continúa en curso e impulsó la renovación del proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).

La demanda dio inicio a la renegociación del proyecto e impulsó la renovación del proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).

Entre sus principales demandas figuraban el acceso a los registros financieros y a los contratos con las empresas comercializadoras de créditos de carbono; la creación de una cuenta bancaria específica del proyecto, con las comunidades como firmantes autorizadas y en la que se depositaran todos los ingresos; y un nuevo esquema de distribución de beneficios que otorgara a las comunidades la mayor parte. Asimismo, propusieron una nueva estructura de gobernanza que incluyera representantes de todos los comités comunitarios de gestión de tierras y de las áreas de conservación involucradas.

La presentación de estas demandas dio inicio a un proceso de renegociación del acuerdo de implementación del proyecto que continúa en curso e impulsó la renovación del proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), con una amplia participación de la población sobre la aprobación de los términos del nuevo convenio. De este modo, Sesia y las comunidades vecinas demuestran que los proyectos de carbono pueden representar una oportunidad, siempre que sus derechos estén plenamente protegidos y que el proyecto se ajuste a su propia visión de futuro.

Estrategias prácticas para proteger los derechos comunitarios

Las herramientas que utilizaron las comunidades pastoralistas del norte de Kenia para superar estos desafíos compartidos reflejan algunas de las principales lecciones que hemos aprendido de las comunidades de primera línea en decenas de países. En conjunto, estas estrategias pueden ayudar a las comunidades a participar desde una posición de mayor fortaleza, al tiempo que refuerzan luchas más amplias por la autodeterminación, los derechos territoriales y la justicia climática.

1. Desmitificar la ley

Antes de relacionarse con los promotores de un proyecto, las comunidades deberían conocer los derechos que les reconocen las leyes nacionales sobre tierras. Las políticas de conservación y los marcos jurídicos que regulan el comercio de carbono también pueden incluir salvaguardas para proteger los derechos comunitarios. Si los derechos territoriales de una comunidad no cuentan con reconocimiento formal, los proyectos de carbono pueden implicar riesgos significativos y dificultar la negociación de acuerdos justos. Además de la legislación nacional, los estándares de carbono suelen exigir salvaguardas que las comunidades pueden utilizar para protegerse: el derecho a acceder a información, a otorgar o negar el consentimiento y a recibir beneficios de inversiones externas.

2. Realizar una investigación exhaustiva

Existen varios aspectos que las comunidades deben evaluar: el tipo de proyecto propuesto; los antecedentes de la entidad promotora; los impactos sobre el uso de la tierra, los ecosistemas locales y los medios de vida comunitarios; los posibles efectos sobre lugares de importancia cultural o espiritual; y los ingresos potenciales. La entidad promotora está obligada a compartir esta información como parte del proceso de CLPI. Se puede solicitar la información a la entidad promotora por escrito, formulando pedidos lo más específicos posible, y consultar registros nacionales e internacionales, como los administrados por Verra, una de las organizaciones que establece estándares para los proyectos y emite créditos de carbono. En este punto, existen dos documentos importantes: a) el Documento de Diseño del Proyecto y b) los informes de monitoreo y verificación.

3. Utilizar la negociación colectiva

La mayoría de los proyectos de carbono afectan a varias comunidades. Esto crea una oportunidad para construir poder colectivo. Las comunidades se encuentran en una posición más sólida cuando negocian juntas y actúan como un frente común. Hemos observado dos prácticas particularmente eficaces: a) formar un equipo negociador que represente los intereses colectivos de la comunidad o de las comunidades involucradas; b) identificar las demandas prioritarias de las comunidades y utilizarlas como base para proponer los términos de un acuerdo. Cuando las comunidades presentan una propuesta propia desde el comienzo, aumentan su capacidad de influir en el resultado.

4. Contar con apoyo jurídico

Las comunidades pueden negociar exitosamente por sí mismas, pero resulta útil contar con el apoyo de promotores jurídicos comunitarios o de abogados en etapas clave, especialmente durante la recopilación de información, la evaluación de ofertas y la revisión final de los borradores contractuales para asegurar que sean ejecutables y compatibles con la legislación vigente. Los promotores jurídicos comunitarios o defensores de la justicia de base también pueden acompañar a las comunidades durante todo el proceso: desde la comprensión de sus derechos y la recopilación de información hasta las negociaciones, el monitoreo y la exigibilidad de los acuerdos alcanzados.

En conjunto, estas estrategias pueden ayudar a las comunidades a participar desde una posición de mayor fortaleza, al tiempo que refuerzan las luchas más amplias y continuas por la libre determinación, los derechos territoriales y la justicia climática.

Construyendo un movimiento global por la justicia del carbono

A partir de la experiencia acumulada en el acompañamiento a comunidades que enfrentan proyectos de carbono en más de 20 países, integrantes de la Red de Justicia de Base (Grassroots Justice Network) han impulsado una campaña global para situar los derechos y el liderazgo comunitarios en el centro de los mercados de carbono. En conjunto, identificaron seis principios fundamentales para que los proyectos de carbono sean justos.

El primero establece que los créditos de carbono no pueden sustituir la obligación de las empresas de reducir sus propias emisiones de gases de efecto invernadero. Los otros cinco principios se centran en las personas que habitan los territorios donde se desarrollan estos proyectos: respetar los derechos sobre la tierra y el agua; garantizar el derecho al CLPI, incluido el derecho a rechazar proyectos propuestos; promover que la mayor parte de los ingresos beneficie a las comunidades; reconocer y valorar el liderazgo comunitario en el cuidado de la tierra; y asegurar la aplicación efectiva de salvaguardas.

Actualmente, se está trabajando para convertir los Principios de Justicia del Carbono en una realidad a escala comunitaria, nacional y global mediante procesos de aprendizaje entre pares y acción colectiva. En primer lugar, con herramientas y recursos prácticos para que los Pueblos Indígenas y las comunidades de primera línea puedan afrontar los desequilibrios de poder. Recientemente, se recopilaron enseñanzas en la guía práctica “Cómo negociar con desarrolladores de proyectos de carbono”, que ofrece estrategias para acceder a información clave sobre un proyecto, negociar desde una posición de mayor fortaleza y supervisar y exigir el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. La publicación incluye estudios de caso de Kenia, Liberia, Zambia, Brasil, Colombia y Filipinas. Asimismo, desarrollamos Carbon Justice 101, un curso virtual que ofrece una introducción práctica al funcionamiento de los mercados de carbono, así como a los riesgos y oportunidades para las comunidades. 

En segundo lugar, promovemos acciones colectivas para influir en las normas que regulan los mercados de carbono. Las leyes nacionales sobre comercio de carbono pueden establecer disposiciones fundamentales para garantizar los derechos territoriales de las comunidades, el derecho al CLPI y mecanismos justos de distribución de beneficios. Con este objetivo, elaboramos una segunda guía práctica, “Cómo la legislación nacional puede avanzar la justicia del carbono”, dirigida a organizaciones de la sociedad civil que participan en la formulación de políticas públicas.

Los marcos normativos internacionales también desempeñan un papel clave al definir los estándares que rigen el mercado global de carbono. Guiados por los Principios de Justicia del Carbono, miembros de la red han impulsado de manera colectiva reglas más estrictas en el marco de Verra y del artículo 6.4 del Acuerdo de París, el mecanismo de las Naciones Unidas que regulará la forma en que los Estados y las empresas podrán comerciar créditos internacionales de carbono mientras cumplen sus compromisos climáticos.

Para más información sobre Carbon Justice 101.

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