¡Suno jawano, pyare sathiyon;
¡Suno – miren la historia de la India!
¡Suno – abandonen las políticas anti-pueblo!
¡Suno – establezcan lazos con las luchas del pueblo!Escuchen, soldados; escuchen, queridos compañeros:
escuchen: miren la historia de la India;
escuchen: abandonen las políticas contrarias al pueblo;
escuchen: únanse a las luchas del pueblo.

Como parte de los Pueblos Indígenas del mundo, las numerosas comunidades adivasis del centro-oriente de la India continúan apelando a sus conocimientos tradicionales y a su herencia cultural para proteger sus tierras, medios de vida y el ambiente: jal (agua), jangal (bosques) y jameen (tierra). Esta tarea de protección y cuidado resulta fundamental para mantener el delicado equilibrio de los extensos y biodiversos bosques de la región, de los cuales dependen para su supervivencia y subsistencia. 

El Quinto Anexo de la Constitución de la India reconoce y protege los derechos de los adivasis —denominados allí como Tribus Registradas (Scheduled Tribes)— sobre sus tierras y recursos. Este marco normativo surgió del modelo de gobernanza adoptado por el régimen británico a mediados del siglo XIX, cuando, frente a numerosos levantamientos indígenas contra el despojo y el desplazamiento, sus territorios fueron legislados como zonas jurídicas especiales, reconociendo las leyes consuetudinarias adivasis y las prácticas tradicionales.

Tras la independencia, las políticas públicas continuaron fundamentando el desarrollo en la lógica colonial de la extracción y la industrialización, reclamando el dominio sobre las tierras adivasis. Esta concepción del desarrollo abarca la construcción de represas y carreteras, y servicios públicos de salud y educación, en nombre del “bien común mayor”. Bajo este enfoque, el gobierno se arroga la facultad de apropiarse de tierras y recursos que considera propiedad del Estado. En consecuencia, el desarrollo legitima la exclusión de los Pueblos Indígenas, quienes han experimentado este proceso como “violencia desarrollista”.

El desarrollo como violencia desarrollista

Este tipo de violencia se da principalmente de dos maneras. Por un lado, adopta la forma de desplazamiento forzado: aunque los adivasis representan el 8,6% de la población de la India, constituyen casi la mitad (alrededor del 47%) de los 70 millones de personas desplazadas por proyectos industriales y mineros entre 1947 y 2010. Grandes proyectos multipropósito de riego y generación eléctrica, como el proyecto del Valle del Damodar, la represa de Nagarjunasagar y el proyecto del Valle del Narmada, fueron construidos en tierras adivasis, con la consiguiente inundación de aldeas.

Por otro lado, esta violencia se manifiesta a través de una criminalización en aumento. Los adivasis que resisten la pérdida de sus tierras y recursos son reprimidos cotidianamente y sufren una violencia brutal. Los casos más graves son las matanzas perpetradas por la fuerza policial, como la masacre de Koel Karo. A esto, se suma la clasificación  de los territorios adivasis como zonas que plantean una “amenaza a la seguridad interna”. Esta estrategia, utilizada por varios Estados, habilita la militarización de los territorios con el objetivo de facilitar el accionar de las empresas extractivas.

Los adivasis han puesto en primer plano una paz basada en la justicia social, económica y política, y la rendición de cuentas de los responsables de la violencia. Asimismo, exigen una distribución justa de los recursos de los que los adivasis son privados.

Los adivasis han puesto en primer plano una paz basada en la justicia social, económica y política, y la rendición de cuentas de los responsables de la violencia.

Por su parte, la resistencia adivasi ha adoptado múltiples formas: desde rebeliones y luchas armadas, hasta movilizaciones que exigen la autonomía (garantizada constitucionalmente), derechos territoriales y derechos sobre los recursos naturales, tal como se establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), ratificada por la India. Así, los adivasis han puesto en primer plano una paz basada en la justicia social, económica y política, y la rendición de cuentas de las personas responsables de la violencia. Asimismo, exigen una distribución justa de los recursos de los que los adivasis son privados mientras la élite del país disfruta del “desarrollo”.

Como observó el joven activista adivasi y ex secretario general del entonces Movimiento para salvar a los Pueblos Indígenas, Gajendra Mandavi: “El personal recién reclutado y llegado de la Central Reserve Police Force (CRPF) y el District Reserve Guards (DRGs) nos pide documentos de identidad y tarjetas Aadhaar. Nosotros vivimos aquí desde hace generaciones: deberíamos ser nosotros quienes les preguntemos a ellos de dónde vienen. En cambio, si no les damos los datos, nos golpean y nos maltratan. Si viéramos transporte público circulando por las carreteras que se están construyendo, estaríamos de acuerdo en que eso es desarrollo, pero aquí no hay nada de eso”.

El conflicto entre el Estado y la insurgencia naxalita

El Estado indio intenta generar consentimiento en torno a su concepción del desarrollo centrando el discurso de la “amenaza a la seguridad interna” en la insurgencia naxalita, como se denomina a los grupos revolucionarios marxistas, asentados en las regiones adivasis. En particular, el Estado está preocupado por la División Bastar del estado de Chhattisgarh, en el centro de la India, que ha dificultado el acceso de las corporaciones mineras a la zona. 

Esta región conformada por colinas boscosas y sistemas fluviales ecológicamente sensibles, de gran biodiversidad, constituye un área de 39.000 kilómetros cuadrados que alberga a varios pueblos Adivasis, además de abundantes reservas minerales. Entre 2022 y 2023, un solo distrito de Bastar, Dantewada, aportó el 50% de los ingresos minerales de Chhattisgarh, por un total de 153 millones de dólares. En contraste, los indicadores de desarrollo humano y los niveles de vida de Bastar se mantienen entre los más bajos de la India.

Desde enero de 2024, se ha registrado un aumento exponencial de las ejecuciones extrajudiciales para erradicar el naxalismo. Más de 560 personas han sido asesinadas, en su mayoría insurgentes, así como pobladores, incluidos niños y niñas.

Más de 560 personas han sido asesinadas, en su mayoría insurgentes naxalitas —que también son adivasis—, así como pobladores, incluidos niños y niñas.

El Estado indio presenta al movimiento naxalita como la causa de este empobrecimiento y sostiene que su erradicación es esencial para el desarrollo de las regiones adivasis. Dado que la intención real es facilitar los intereses corporativos, el Estado ha creado una “red permanente de contrainsurgencia” compuesta por campamentos policiales militarizados. Estos están destinados a la vigilancia, la restricción de la circulación y de las libertades de asociación y reunión, así como a la instrumentalización de políticas de bienestar y servicios públicos, en un contexto de temor general a detenciones y encarcelamientos arbitrarios. 

Desde enero de 2024, se ha registrado un aumento exponencial de las ejecuciones extrajudiciales para cumplir con el “plazo” fijado por el gobierno para erradicar el naxalismo antes del 31 de marzo de 2026. Al momento de redactar este texto, más de 560 personas han sido asesinadas, en su mayoría insurgentes naxalitas —que también son adivasis—, así como pobladores y pobladoras, incluidos niños y niñas. Entre 2021 y 2024, habitantes de distintas aldeas denunciaron cinco ataques con drones, y las mujeres reportaron episodios de vigilancia aérea mientras se bañaban.

Juventudes adivasi reimaginando la construcción de paz

En 2021, en la aldea de Silger, se llevó a cabo una protesta pacífica contra la instalación de un campamento de seguridad en tierras adivasi sin el consentimiento de la comunidad. La represión policial provocó la muerte de cuatro personas. A partir de ese hecho, surgió un método innovador: la protesta se transformó en un movimiento encabezado por juventudes adivasi. Muchos de estos jóvenes habían sido testigos en su infancia del asesinato o la violación de integrantes de sus familias por parte de la milicia Salwa Judum, patrocinada por el Estado, y habían sufrido los interminables ciclos de represión que siguieron. 

El ex presidente del Moolwasi Bachao Manch (MBM) de la División Bastar, Raghu Midiyami, describió cómo el movimiento se apoya en la gestión indígena del territorio y la participación democrática: “Hemos organizado nuestra estructura desde la aldea hasta los comités de panchayat, bloque y distrito, que se coordinan entre sí para acciones comunes. Nuestro objetivo es visibilizar nuestras problemáticas y alzar nuestras voces contra todas las formas de injusticia, como los falsos enfrentamientos, los ataques con drones, la apertura de carreteras anchas, la tala de innumerables árboles valiosos, la instalación ilegal de campamentos y la violencia sexual contra nuestras mujeres y niñas. Cada vez que se planifica o instala un campamento, la gente de esa zona nos informa; entonces evaluamos nuestra presencia allí y planificamos una protesta”.

Las autoridades indias humillaron, intimidaron, detuvieron y arrestaron sistemáticamente a líderes juveniles para desmantelar el movimiento. Sin embargo, estos no hicieron más que crecer.

Las autoridades humillaron, intimidaron y arrestaron a líderes juveniles para desmantelar el movimiento. Sin embargo, estos no hicieron más que crecer. 

Sin embargo, el Estado presentó esta movilización adivasi por la paz como una amenaza a su agenda corporativa, en flagrante violación de la UNDRIP y, de los derechos a la libertad de asociación y de expresión conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), reiterados en una declaración conjunta de Relatores Especiales en septiembre de 2025. Las autoridades humillaron, intimidaron, detuvieron y arrestaron sistemáticamente a líderes juveniles para desmantelar el movimiento juvenil. No obstante, estos no hicieron más que crecer. 

Finalmente, el 30 de octubre de 2024, el Gobierno de Chhattisgarh declaró al MBM “organización ilegal”, al considerar que su construcción de paz basada en la justicia constituía una instigación contra la “visión de desarrollo” del Estado. El MBM agotó todas las vías legales disponibles —incluidas presentaciones ante el gobierno, una petición ante el Tribunal Superior de Chhattisgarh y un recurso ante la Corte Suprema de la India— sin obtener reparación alguna. Aunque la proscripción venció el 30 de octubre de 2025, continúa vigente de facto: alrededor de 40 jóvenes adivasi vinculados al MBM han atravesado períodos de encarcelamiento de diversa duración.

¿Por qué poner el foco en Bastar?

En este contexto, el Estado indio intenta debilitar a los naxalitas a través de ejecuciones indiscriminadas y rendiciones forzadas. Paralelamente, desmantela movimientos masivos de construcción de paz, mediante el encarcelamiento y la desacreditación de sus líderes juveniles. Este enfoque simultáneo acelera el rediseño violento de Bastar para despejar la región en favor de los intereses de las corporaciones mineras. Oficialmente, la política militar del Estado ha sido declarada como “limpiar, construir, mantener”.

En su relación con funcionarios para su labor de incidencia y su proscripción ilegal, la experiencia del MBM ejemplifica la relación del Estado indio con sus comunidades indígenas. Cada vez que los adivasi han exigido paridad participativa, la autonomía constitucionalmente garantizada, la autogobernanza consuetudinaria y el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado, el Estado indio ha optado por privilegiar el capital privado, traicionar la confianza adivasi y no respetar sus obligaciones en materia de derechos humanos. 

En Bastar, la Constitución permanece en un estado de suspensión, debido a la connivencia de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo con la violencia desarrollista en la región.

En Bastar, la Constitución está en estado de suspensión, debido a la connivencia de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo con la violencia desarrollista.

Las principales leyes que operacionalizan las protecciones constitucionales del Quinto Anexo en las regiones adivasi nunca se han implementado ni en la letra ni en el espíritu. Estas garantías establecen la autoridad de las gram sabhas (asambleas comunitarias) en la toma de decisiones locales; aseguran derechos individuales y colectivos sobre las tierras y recursos forestales; e incorporan el Consentimiento Libre, Previo e Informado en la planificación de proyectos mineros, industriales, de infraestructura o de militarización. Por el contrario, en Bastar, la Constitución permanece en un estado de suspensión, debido a la connivencia de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo con la violencia desarrollista en la región.El MBM sostuvo de manera constante una práctica de solidaridad con las luchas indígenas a nivel internacional: ha conmemorado el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y el Día Internacional de las Mujeres. En la actualidad, sus pronunciamientos públicos apelan a la solidaridad de los Pueblos Indígenas del mundo con Bastar. Aunque esas voces han sido acalladas, la amenaza existencial que enfrentan las comunidades adivasi por la militarización estatal de sus territorios exige que su reclamo resuene en los movimientos indígenas de América Latina, Asia y África.

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