Desde las montañas de la Sierra Nevada, el desierto de la Guajira, la costa pacífica y las cordilleras andinas hasta la selva Amazónica, Colombia es habitado por más de 116 Pueblos Indígenas. Estos pueblos fueron y siguen siendo víctimas del conflicto armado y socio-político, y del desplazamiento forzado que esto ha generado. El impacto para estos pueblos es muy grave porque representa el desarraigo y la ruptura de su vida comunitaria. Además el desplazamiento aumenta su situación de vulnerabilidad y marginalidad en el contexto urbano y rural del mundo occidental, donde enfrentan discriminacion y racismo estructural.  

En este contexto, el pueblo Je’eruriwa debió superar varias adversidades. Tras sufrir la violencia del conflicto armado, tuvo que soportar la revictimización y la negación de sus derechos de parte de la entidad a cargo de su reparación y dignificación durante casi una década. Luego, llevó su lucha hasta la Corte Constitucional hasta obtener un fallo favorable. El pueblo Je’eruriwa se reúne y alza la voz para celebrar, pero no puede parar la lucha porque ahora hay que hacer cumplir la sentencia y volver a obtener su territorio.

Garantías que no se reflejan en la realidad indígena

Mientras que en el papel los derechos de la población desplazada y de los Pueblos Originarios son muy claros, y hay muchas políticas públicas y sentencias favorables a su protección, la realidad es otra. La Corte Constitucional ha venido reconociendo la afectación diferencial de los Pueblos Indígenas por el conflicto armado y el desplazamiento forzado en el Auto 004 de 2009 y varios autos posteriores, todos en seguimiento a una sentencia T-025 de 2004, que declaró la situación de víctimas de desplazamiento forzado como un Estado de Cosas Inconstitucionales.

En estos autos, la Corte llamó la atención sobre el riesgo de exterminio físico y cultural que corren los Pueblos Indígenas desplazados por la fuerza y denunció el silencio y la inacción del Estado ante la violencia desplegada contra ellos. En uno de estos autos de seguimiento, los se’eruriwas están enlistados como uno de los Pueblos Indígenas que se encuentra en exterminio físico y cultural. Por ende, se ordenó al Ministerio del Interior a crear un Plan Pilotaje de Salvaguarda y, a la Unidad para Víctimas, priorizar a este pueblo en el marco de los programas de reparación colectiva. Sin embargo, ninguno de los dos organismos ha cumplido hasta la fecha.

Por su parte, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior está sobrecargada: ni responde a los derechos de petición (solicitud formal reglamentada a la cual cualquier entidad tiene la obligación de responder dentro de 15 días hábiles) ni cumple con los compromisos adquiridos. Si no insistimos durante semanas, no cumplen con convocar reuniones interinstitucionales ni llevar las actas. La Unidad para las Víctimas supuestamente ha priorizado nuestro pueblo, pero no ha llegado a ningún resultado.

El pueblo del agua y del tigre

El pueblo Je’eruriwa somos un pueblo originario de la quebrada Waniya, un pequeño afluente del bajo Río Caquetá, en el departamento del Amazonas de Colombia. Recién fuimos reconocidos por el Ministerio del Interior en 2017 dado que contamos con nuestra propia lengua, cosmovisión, territorio de origen, usos y costumbres propios. 

Somos del territorio sagrado del Yuruparí. Somos gente de agua y gente de tigre, nietos de la boa de agua (ide jĩno). Nuestras prácticas ancestrales y actividades socioculturales están ligadas al ciclo de las épocas de nuestro calendario y a nuestra Ley de Origen, la cual se ha transmitido de generación en generación para convivir sana, física y espiritualmente, con el resto de la humanidad, los recursos naturales, la madre tierra y los ayawaroa (espíritus).

A lo largo de la historia sufrimos violentas guerras intertribales y la destructiva colonización europea. Previamente, tras indicaciones chamanísticas sobre la invasión española, una parte de nuestros ancestros se aislaron selva adentro y hoy son denominados como un pueblo en aislamiento voluntario. De la parte que no se aisló, sólo sobrevivieron dos personas, una mujer y un hombre, que fueron acogidos, pero marginalizados, por el pueblo Camejeya. Más tarde, durante la explotación del caucho y la llegada de los misioneros católicos, se volvieron a repetir los hechos violentos y los ataques hacia nuestra cultura y espiritualidad. 

Sin embargo, los je’eruriwas no nos dejamos vencer y luchamos por la pervivencia de nuestro pueblo. Así, a inicios de los años 70, logramos reorganizarnos y asentarnos, ya de manera independiente, en un predio privado, que compramos en la trocha entre los ríos Mirití Paraná y Apaporis. Ahí vivíamos en armonía con la naturaleza y con los Pueblos Indígenas vecinos. Cazábamos, pescábamos, cultivábamos nuestras chacras y nos curábamos con las plantas medicinales de la selva. Teníamos nuestra maloca, a donde invitábamos a otros pueblos a mambear y realizar bailes y prácticas espirituales, según nuestro calendario ecológico. Allí, nuestros sabios y mayores transmitían el conocimiento ancestral a las nuevas generaciones.

La lucha por renacer

Todo cambió en 1986, cuando nuestra vida en unión fue interrumpida por la incursión de unas 35 personas armadas de las FARC-EP: detuvieron las actividades de la comunidad, realizaron formación en la maloca, impusieron su himno y llevaron a cabo prácticas de tiro con personas reclutadas. Los guerrilleros nos amenazaron: quien sea un sapo (traidor) iba a ser inmediatamente fusilado. Pronto, empezaron a apropiarse de nuestros víveres y gasolina. Como también intentaron reclutar a algunos menores de edad, nuestros padres nos enviaron a una escuela de los Curas Capuchinos.

Tras un tiempo bajo ocupación, el comandante a cargo nos ordenó abandonar nuestra tierra inmediatamente por la amenaza del ejército colombiano de bombardear o enfrentar a la FARC-EP. Fue un momento de mucha zozobra: todos huimos con lo mínimo que teníamos puesto, dejando atrás nuestras tierras, sitios y elementos sagrados, cultivos, nuestras raíces, nuestro presente y nuestro futuro. Cada núcleo familiar buscó su manera de sobrevivir: algunos en la selva, otros encontraron refugio en las cabeceras municipales o en resguardos indígenas de otros pueblos de la Amazonía. Hubo intentos de volver a unirnos, pero no se logró.

Teníamos que renacer: la separación provocada por el desplazamiento colectivo tuvo un impacto devastador para nuestra cultura. Nuestra niñez había estado expuesta al mundo blanco y debíamos transmitir nuestros conocimientos ancestrales.

Teníamos que renacer: la separación provocada por el desplazamiento colectivo y las huidas individuales tuvieron un impacto devastador para nuestra cultura.

Entre 2000 y 2016, nuevamente volvimos a vivir amenazas personales y desplazamientos forzados por nuestro liderazgo en defensa del ambiente, de la autonomía de los Pueblos Indígenas y contra el reclutamiento forzado. Poco a poco, fuimos huyendo de la Amazonía hacia la ciudad de Villavicencio, otros municipios de Meta y, finalmente, a Medina (Cundinamarca). Si bien esta región del centro-oriente es muy diferente a nuestro territorio ancestral, posee algunas características parecidas en cuanto a vegetación y ha servido como refugio para otros pueblos amazónicos. 

Tuvimos que volver a empezar de cero. Nuestro hermano sabio Pejriwaca compró un predio, nos reorganizamos, fortalecimos nuestra unión familiar y comunitaria, y buscamos nuevas tierras para constituir un resguardo y asegurar nuestra pervivencia. Teníamos que renacer: la separación provocada por el desplazamiento colectivo y las huidas individuales hacia las ciudades tuvieron un impacto devastador para nuestra cultura. Nuestra niñez (nuestro futuro) había estado expuesta al mundo blanco y debíamos crear un nuevo espacio para practicar y transmitir nuestros conocimientos ancestrales y nuestra lengua propia.

La victoria judicial

En 2018, declaramos nuestro desplazamiento de 1986 con el fin de ser reconocidos como sujeto de reparación colectivo y obtener una respuesta integral frente al daño causado por el desarraigo de nuestro territorio ancestral. El camino no fue fácil. Comenzamos a ser víctimas de la negación constante con argumentaciones falsas, inconstitucionales y una completa falta de enfoque diferencial por parte de la Unidad para las Víctimas: paradójicamente, este organismo creado por el Estado colombiano para apoyarnos, negaba nuestra existencia y sostenía que existíamos desde 2017 cuando fuimos reconocidos por el Ministerio del Interior.

No bajamos los brazos. Agotamos todos los pasos judiciales a través de la reposición, apelación y solicitud de revocatoria, con la esperanza de un cambio a partir de la llegada del primer gobierno progresista de Colombia. Lamentablemente, nuestra petición no tuvo eco. Así, en 2024 interpusimos una acción de tutela, el mecanismo en Colombia para reclamar una violación de la Constitución. Otra vez tuvo que pasar por todas las instancias, evidenciando que las instancias más bajas siguen desconociendo los derechos y la realidad de los Pueblos Originarios. Finalmente, procedimos ante la Corte Constitucional para que revisara nuestro caso y velara por nuestros derechos fundamentales.

La Corte aprobó, revisó y llegó a la conclusión de que la Unidad para Víctimas había violado durante años nuestro derecho al debido proceso, identidad cultural y reparación integral. En un fallo ejemplar, ordenó a reconocer nuestra preexistencia, incluirnos en el Registro Único de Víctimas como Sujeto de Reparación Colectiva y la implementación de medidas de reparación sin barreras adicionales. Como pueblo preexistente, celebramos este fallo histórico y exigimos a la Unidad de Víctimas y a todas las entidades que cumplan los fallos favorables y derechos estipulados para los Pueblos Originarios. Especialmente de los que se encuentran en exterminio físico y cultural.

Mientras tanto seguimos gritando: “Somos sujeto de reparación colectivo, somos pueblo, somos historia. Somos el pueblo Je’eruriwa”.

Para más información sobre nuestro caso, revisar el sitio de la Corporación Jurídica Yira Castro y la Sentencia T-185 de la Corte Constitucional de 2025.

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