Sin embargo, hoy en día, los medios de vida de la mayoría de los pueblos se ven amenazados por la sobreexplotación de los recursos naturales, la expansión de la frontera agrícola, la instalación de carreteras, obras de infraestructura y otras actividades de escala industrial que modifican su entorno. Estos proyectos extractivistas ponen en riesgo su sobrevivencia y, por ello es necesario contar con herramientas que fortalezcan su gobernanza y autonomía, en la defensa de su territorio y sus recursos naturales.

La experiencia que queremos compartir en este artículo es el trabajo conjunto desarrollado con las autoridades del Territorio Indígena Multiétnico (TIM): el Gobierno Indigena Autónomo, la Subcentral de Cabildos Indigenales y la Subcentral de Mujeres. Esta sinergia, que amalgamó los saberes ancestrales con las nuevas tecnologías de mapeo, concluyó con la elaboración de un Atlas y un conjunto de herramientas cartográficas para optimizar su gobernanza y fortalecer su autonomía. 

Un territorio en donde conviven cinco pueblos

El Territorio Indígena Multiétnico se encuentra en la Amazonía boliviana, en los llamados llanos de Mojos: la tercera sabana inundable más importante de América del Sur. El TIM fue reconocido como territorio indígena por el Decreto Supremo 22.611 que se obtuvo tras la primera marcha protagonizada por los Pueblos Indígenas de Tierras Bajas en 1990. Se denomina Multiétnico porque este territorio está conformado por 28 comunidades pertenecientes a cinco Pueblos Indígenas: Mojeño Ignaciano, Mojeño Trinitario, Movima, Yuracaré y T’simane. De este modo, el TIM es un ejemplo de convivencia armónica entre diversas etnias y la naturaleza.

En 2010, un Encuentro de Corregidores (máxima instancia de decisión territorial) tomó la decisión de iniciar la constitución de un gobierno autónomo en el Territorio Indígena Multiétnico, tal como lo establece la Constitución Política del Estado. El complejo proceso comenzó con el cumplimiento de múltiples requisitos como la construcción participativa y la aprobación en varias instancias de un estatuto donde se prevén las reglas del nuevo gobierno indígena. La particularidad de la Autonomía Indígena del TIM es que se constituye sobre el conjunto de todo el territorio ancestral titulado como tierras colectivas, a diferencia del resto de las ocho autonomías indígenas reconocidas hasta ahora, cuyas jurisdicciones territoriales son las mismas de los antiguos municipios.

A través de mapas parlantes y el uso de imágenes satelitales, se han georreferenciado los sitios importantes para cada comunidad y pueblo, y se han detallado sus diversos usos dentro del territorio.

A través de mapas parlantes y el uso de imágenes satelitales, se han georreferenciado los sitios importantes para cada comunidad y pueblo, y se han detallado sus diversos usos dentro del territorio.

Después de 13 años de largos trámites llevados adelante por la Subcentral de Cabildos Indigenales y la Subcentral de Mujeres, el 1° de marzo de 2023 lograron acceder a la autonomía con la adopción de la Ley N° 1497, que crea la Unidad Territorial del Territorio Indígena Multiétnico – TIM. En noviembre de ese mismo año, se posesionaron las autoridades que formarían parte del nuevo Gobierno Indígena Autónomo.

Desde 2020, la Organización de Apoyo Legal y Social – ORE trabaja con las autoridades del TIM brindando apoyo en materia de gestión de sus bienes naturales comunes, la conservación de sus bosques y, su sistema de control y vigilancia. En ese marco de trabajo conjunto con las organizaciones y autoridades indígenas, se han elaborado mapas ambientales, geográficos, demográficos y culturales. A través de mapas parlantes y el uso de imágenes satelitales, se han georreferenciado los sitios importantes para cada comunidad y pueblo, y se han detallado sus diversos usos dentro del territorio.

Uso de la cartografía en la gobernanza del TIM

Este trabajo ha permitido la compilación de mapas en un Atlas del TIM que contiene información sobre la “Unidad Territorial”: detalla ubicación, superficie, límites y comunidades que lo conforman; e identifica aspectos físicos, geológicos e hidrográficos. Por otro lado, en un largo trabajo conjunto con las comunidades, se ha actualizado la información social como el acceso a la salud y la educación en sus diferentes niveles, y la identificación de debilidades y fortalezas para garantizar el ejercicio de estos dos derechos humanos fundamentales.

Este atlas constituye una herramienta visual y política que no sólo tiene el propósito de registrar el uso y distribución del territorio, sino también de fortalecer la identidad cultural y profundizar la memoria histórica. Los mapas incorporan tanto el conocimiento ancestral como las tecnologías modernas, dando lugar a una representación dinámica que respeta las tradiciones y, al mismo tiempo, se adapta a las demandas actuales. Recoge también, un mapa histórico relatado por las comunidades, sobre la ubicación de las reducciones jesuíticas que se establecieron en 1600. Asimismo, identifica las áreas que, siglos más tarde, serían ocupadas por las madereras y que ahora han vuelto a manos de los Pueblos Indígenas de Mojos. 

El mapeo permite observar los límites del territorio y a la vez monitorear, en tiempo real, los focos de calor: una información crucial durante la época de incendios en agosto, septiembre y octubre (el final de la temporada seca).

El mapeo permite observar los límites del territorio y a la vez monitorear, en tiempo real, los focos de calor: una información crucial durante la época de incendios.

Este mapeo histórico y cultural cobra relevancia en la doble dimensión de lo que se entiende por gobernanza territorial. Por una parte, en la gobernanza interna, que consiste en tomar control de los asuntos propios: el ejercicio efectivo de los derechos colectivos referidos a la gestión territorial y el funcionamiento de las instituciones locales, sistemas de distribución de beneficios de los recursos, acuerdos intercomunales y gestión de conflictos internos. Por otra parte, la gobernanza externa, que abarca la legitimación hacia afuera de las estructuras de representación, instancias que deben fortalecerse para desarrollar políticas orgánicas de concertación con los actores que pretenden tomar decisiones en el territorio. 

El acceso a información cartográfica no se limita a un atlas físico y se han generado mapas interactivos que están disponibles en la página web de la gobernanza del TIM. Esta herramienta permite a las autoridades, comunarios, estudiantes y público en general, elaborar sus propios mapas en línea a través de un geovisor de fácil uso que descarga capas de información geográfica, ambiental y social. Además, posibilita observar los límites del territorio y a la vez monitorear, en tiempo real, los focos de calor: una información crucial durante la época de incendios en agosto, septiembre y octubre (el final de la temporada seca).

Un área de conservación que fortalece la cultura

Un elemento clave para la gestión y gobernanza del territorio fue trabajar la zonificación bajo un largo y participativo proceso con sus comunidades. En ella se mapean seis zonas de uso: cuerpos de agua, pampa, sabanas, tierras de uso pecuario, tierras de uso agrícola, bosques de uso tradicional y un área de conservación. En base a esta zonificación, el 26 noviembre de 2022, durante un Encuentro de Corregidores, la Subcentral de Cabildos Indigenales y la Subcentral de Mujeres propusieron la creación del “Área de Conservación Loma Santa”.

Durante las reducciones jesuíticas, los habitantes ancestrales del Gran Mojos se desplazaron en búsqueda de un lugar ideal en el medio del monte, en donde no había enfermedades ni explotación humana, y abundaban la paz y los alimentos. A ese lugar, lo llamaron “Loma Santa”. Siglos más tarde, el 3 de octubre de 2024, el Gobierno Indígena Autónomo del TIM promulgó la Ley Autonómica N° 003/2024 que creó el Área de Conservación del Patrimonio Histórico, Cultural, Social y Espiritual bajo el nombre de “Loma Santa”, consolidando así la decisión adoptada por el Encuentro de Corregidores dos años antes. 

Esta área de conservación es la primera área protegida indígena creada en la Amazonía boliviana. La cartografía muestra cómo la “Loma Santa” se encuentra dentro de un importante mosaico de conservación entre áreas protegidas y territorios indígenas, y  vinculada al gran corredor de biodiversidad Vilcabamba-Amboró, que se extiende por la región central del territorio nacional traspasando la frontera hacia Perú. De la misma manera, se destaca la ubicación del TIM como parte de un gran humedal de importancia mundial, el Sitio RAMSAR “Río Matos”.

La cartografía: una herramienta para la autonomía indígena

En los últimos años, el TIM ha enfrentado diversas amenazas, desde la explotación de sus recursos naturales hasta fenómenos climáticos como incendios e inundaciones. Disponer de información precisa y actualizada permite tomar decisiones oportunas y proteger el territorio. En respuesta a estos desafíos, se ha desarrollado un Sistema de Control y Vigilancia Territorial que busca garantizar la seguridad de los bienes naturales comunes, monitorear cambios ambientales y fortalecer la gobernanza indígena frente a presiones externas.

El mapeo territorial de los Pueblos Indígenas de Bolivia representa un acto de recuperación y reafirmación de los espacios que han habitado tradicionalmente. Durante décadas, la explotación de recursos naturales ha causado el desplazamiento y la desestructuración social y cultural de estas comunidades. En ese sentido, el proceso de titulación de los territorios buscó, en cierta medida, reparar ese daño.

Las herramientas cartográficas, por tanto, no son solamente la representación estática de una realidad geográfica, sino la expresión dinámica de acontecimientos históricos y las decisiones políticas que han ido adoptando los pueblos. Buscan mostrar situaciones, dar a conocer información y reafirmar los derechos que tienen los Pueblos Indígenas sobre su territorio, su biodiversidad y los demás elementos de la naturaleza que existen en él.

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Ya en la década del ‘80, comenzaron a generarse alianzas contra amenazas concretas. Un caso emblemático fue el de Brasil: bajo la consigna del “desarrollo”, el Gobierno militar comenzó a implementar programas mineros y forestales destinados a apropiarse de la Amazonía a través de carreteras que planeaban atravesar su geografía. En este marco, el ambientalismo tomó contacto con las poblaciones indígenas de la región, potenció sus campañas de denuncia por la destrucción del medio ambiente y las posicionó como aliadas naturales de la conservación.

Por su lado, los pueblos indígenas visibilizaron sus demandas, vincularon sus derechos humanos con el reconocimiento legal de su territorio y se posicionaron como el principal actor de la protección de las selvas y los bosques. El punto máximo de esta alianza llegó con la Cumbre de Río de 1992, cuando la agenda ambiental y la indígena encontraron eco en una comunidad internacional sensibilizada por los desastres naturales de los países del norte. En efecto, la Agenda 21 puso énfasis en la relación histórica de los pueblos indígenas con sus territorios y su papel para la conservación de los ecosistemas.

Vista área de Mercedes del Cavitu. Las comunidades indígenas de la amazonía boliviana tienen plena conciencia sobre la importancia de proteger sus territorios. Foto: Ore

El caso de Bolivia

Al calor de la ebullición social de comienzos del siglo XXI, los movimientos sociales bolivianos llegaron a promover la llamada “gestión compartida” de las áreas protegidas, sobre todo, en los casos de presencia indígenas. Sin embargo, en la actualidad, la gestión de las áreas protegidas puede calificarse como regresiva a partir del conflicto por el intento de construcción de una carretera que iba a atravesar el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Finalmente, esta obra fue detenida por dos marchas nacionales.

Al mismo tiempo, los pueblos indígenas en Bolivia lograron titular colectivamente 12,5 millones de hectáreas en las Tierras Bajas, es decir, el Subtrópico, el Chaco y la Amazonía. Sin embargo, los títulos de propiedad no lograron garantizar el pleno ejercicio de los derechos territoriales en el marco de la Libre Determinación, reconocida también en la Constitución Política del Estado. En efecto, existen territorialidades, impuestas por privados o estatales, que atraviesan los territorios indígenas y desconocen sus derechos colectivos, sus autoridades y su realidad socio-cultural. De más está decir que esto perjudica la gobernanza y la gestión.

En este marco, los territorios indígenas titulados han desaparecido como unidad de análisis y no son tomados en cuenta en la definición de políticas públicas. El Estado se articula a través de las unidades territoriales republicanas (como el departamento y el municipio) y, en el mejor de los casos, las comunidades quedan subordinadas a los distritos municipales. Pero no a través de los territorios indígenas que solo son considerados desde la óptica agraria, lo cual niega su entidad política y su lucha reivindicativa que generó su consolidación legal.

A esto se les suman las áreas protegidas solapadas, donde los instrumentos de gestión, como los planes de manejo, definen el uso, acceso y aprovechamiento del territorio, estableciendo las restricciones que suelen estar lejos de la realidad social y cultural de los pueblos indígenas que las habitan. Si bien el proceso de elaboración del plan de manejo suele ser altamente participativo, el ordenamiento territorial del área tiene como lógica sus condiciones ambientales y los elementos culturales e históricos son considerados, en el mejor de los casos, como “objetos de conservación”.

La VIII Marcha Indígena en defensa del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) volvió a posicionar a los indígenas de Tierras Bajar como guardianes de la naturaleza. Foto: Los Tiempos

El caso del Territorio Indígena Multiétnico

En este contexto, los instrumentos de gestión propios de los pueblos indígenas han cedido frente a otros esquemas de planificación pública que invisibilizan los Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC). Esto va de la mano con la crisis de representatividad de las organizaciones indígenas que protagonizaron la lucha por la titulación de los territorios: sus espacios colectivos de reflexión y deliberación con sus bases están muy debilitados.

Frente a esta situación, la agenda de los pueblos indígenas ha sido retomada por las organizaciones territoriales, que vienen proponiendo herramientas y procesos para construir de manera autónoma su propio desarrollo con perspectiva histórica. Los pueblos indígenas también vienen utilizando de manera estratégica las competencias constitucionales establecidas para las autonomías indígenas. Una de ellas es la creación de áreas protegidas subnacionales y de ordenamiento territorial, recuperando la iniciativa política y asumiendo la autoría que le demanda el presente momento histórico.

Ubicado en la Amazonía Sur de Bolivia, el Territorio Indígena Multiétnico (TIM) logró la titulación de 600 mil hectáreas como territorio colectivo de los cinco pueblos indígenas que habitan las 26 comunidades que lo componen: Mojeño Trinitario, Mojeño Ignaciano, Movima, T’simane y Yuracaré. El TIM ha empleado, de forma creativa, las herramientas técnicas de observación y control de la biodiversidad para ponerlas al servicio de la gobernanza y la gestión autónoma de su territorio a través de un sistema integral de control territorial.

Al mismo tiempo, se llevó adelante una serie de estudios que concluyeron con un Plan de Gestión de Recursos Naturales que incluye la zonificación de su territorio y asigna niveles de prioridad para su conservación y protección. Este Plan de Gestión decidió la creación del Área de Conservación Loma Santa ya que reúne condiciones ambientales, de vulnerabilidad y de alto valor biológico. Este lugar es considerado estratégico para la reproducción de la biodiversidad y de los sistemas de vida del territorio.

Comunidad Jorori del pueblo tsimane, ubicada en el Territorio Indígena Multiétnico (TIM). Los cinco pueblos del TIM emplean herramientas técnicas de forma creativa. Foto: Ore

El Área de Conservación Loma Santa

Esta área protegida fue creada en el marco del ejercicio de la libre determinación reconocida por la Constitución Política del Estado y las normas del Estatuto Autonómico que respaldan la obligación de tomar acciones para el control y la defensa territorial frente a las amenazas. Esta decisión política expresa una afirmación histórica porque el Área de Conservación Loma Santa reúne las casi 200 mil hectáreas conquistadas a través del Decreto Supremo 22.611, luego de la Primera Marcha Indígena de 1990.

Por otro lado, este área de conservación persigue el objetivo de consolidar un territorio que, por muchos años, fue objeto de extracción ilegal de madera y fauna nativa. De este modo, la creación del Área de Conservación Loma Santa adquiere características de defensa territorial porque intenta contrarrestar un conjunto de amenazas: la construcción de la carretera del TIPNIS, los avasallamientos y, el aprovechamiento ilegal de áridos y minerales en la cabecera de los ríos.

Todo esto se traduce en una afirmación política que integra los temas ambientales en el marco del proyecto histórico de vida de los cinco pueblos que habitan la región. Así, las comunidades se posicionan como un actor social relevante en la región del Gran Mojos, que armonizan su construcción histórica y social con las prioridades de conservación ambiental que, a su vez, permiten su reproducción como pueblo indígena.

El Área de Conservación Loma Santa tiene el objetivo de consolidar el territorio y defenderlo de los avasallamientos y la extracción ilegal de madera. Foto: Ore

El Parque Nacional “Kaa-Iya” en el chaco boliviano

La autonomía del pueblo Guaraní, Charagua Iyambae, ha sido el primer gobierno indígena del Estado Plurinacional y funciona desde 2016. Charagua está ubicada en la región semiárida del Chaco y su extensión suma más de 7.000.000 de hectáreas, de las cuales el 68% están declaradas como área protegida. Como el proceso de titulación de sus territorios colectivos no fue exitoso, la estrategia del pueblo Guaraní para recuperarlos fue crear áreas protegidas o de conservación ecológica, de modo paralelo a la demanda de autonomía. De este modo, la reconstitución territorial como medio para alcanzar el ivi mareï o tierra sin mal no fue a través de la devolución de sus espacios ancestrales, sino de un gobierno propio.

El camino fue largo. En los años ‘90 se creó el Parque Nacional Kaa-Iya (dueño del monte, en guaraní) del Gran Chaco con el objetivo de recuperar este territorio ancestral de 3,4 millones de hectáreas, el más grande de Bolivia. Este Parque Nacional cuenta con tres particularidades: su extraordinaria superficie de bosque tropical, la presencia de grandes felinos como el jaguar y el taguá, y es una zona de tránsito de los últimos ayoreos en aislamiento voluntario. Si bien en un principio fue cogestionado entre las capitanías del Isoso y el SERNAP, en la actualidad el Estado lo administra casi de manera excluyente. La participación indígena es mínima a través del Comité de Gestión.

Además, Charagua Iyambae cuenta con otras tres áreas de conservación propias creadas por iniciativa del gobierno autónomo. Se trata de Irenda (lugar del agua), Guajukaka (guanaco) y Ñembi Guasu (gran refugio). Más allá de su interés ecológico, esta última también es un área de tránsito de los ayoreos en aislamiento voluntario. En estos casos los modelos de gobernanza y gestión están en debate a partir del proyecto de Ley de Áreas Protegidas, en la que se está discutiendo un sistema de gestión y administración desde el gobierno autónomo con su propia impronta.

Con 3,4 millones de hectáreas, el Parque Nacional Kaa-Iya del Gran Chaco es el más grande de Bolivia. Foto: Ore

La gobernanza de la biodiversidad bajo la lógica indígena

El Área de Conservación Loma Santa y el Parque Nacional “Kaa-Iya” evidencian cómo los pueblos indígenas están a la vanguardia de la protección de la biodiversidad. Para ellos no es una novedad. Al contrario, la creación de áreas protegidas es un instrumento más para instrumentar una cosmovisión que entiende que el hombre y la naturaleza son complementarios. Tienen muy en claro que la sobreexplotación del territorio amenaza su propia existencia.

El gran desafío que se les presenta hoy a los pueblos indígenas es cómo sus territorios y las zonas de gran riqueza en biodiversidad pueden ser gobernadas bajo sus propias lógicas y sus propias autoridades tradicionales. En este marco, los pueblos indígenas tienen, además, la enorme responsabilidad de convertirse en actores de la conservación, en tanto su reproducción económica y social depende de la preservación de las funciones ambientales de la naturaleza.

En una coyuntura que nuevamente intenta marginarlas, las organizaciones indígenas deben construir una nueva agenda política que les permita posicionarse en el debate público sobre el cambio climático y la conservación. Los pueblos indígenas tienen siglos de experiencia como para generar un aporte sobre la gestión de las áreas protegidas. De cara al futuro, deben cumplir un rol protagónico en la lucha global contra el cambio climático.

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