El mecanismo REDD+ significa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal, y del papel de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo. Desarrollado originalmente en el marco de las negociaciones climáticas de la ONU para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal, este enfoque ha evolucionado hacia un sistema que involucra a desarrolladores privados, ONG de conservación, organismos de certificación, intermediarios financieros y agencias estatales.

Para los Pueblos Indígenas, las implicaciones son enormes. Las investigaciones muestran de manera consistente que los bosques bajo gobernanza indígena suelen registrar tasas más bajas de deforestación y mejores resultados ecológicos que las áreas protegidas administradas por el Estado. Sin embargo, los derechos territoriales indígenas, incluidos los derechos consuetudinarios sobre la tierra, siguen siendo débiles, incompletos o carecen de reconocimiento. Esto crea las condiciones para que gobiernos y actores privados reclamen autoridad sobre el «carbono forestal», eludiendo la gobernanza indígena y los derechos de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras y territorios.

El artículo 6 del Acuerdo de París corre el riesgo de ampliar estos daños al permitir que gobiernos y actores privados generen créditos de carbono jurisdiccionales en vastos territorios sin garantizar previamente los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, reconocer sus instituciones y autoridades consuetudinarias o asegurar un consentimiento significativo.

De las salvaguardas al despojo

Si bien las salvaguardas internacionales deberían proteger los derechos de los Pueblos Indígenas en el marco de los proyectos de carbono, en la práctica, estas protecciones suelen ser débiles, no vinculantes o fácilmente eludibles. En múltiples regiones, las organizaciones indígenas informan sobre patrones recurrentes: contratos opacos, procesos de consulta apresurados, acceso desigual a la información, decisiones adoptadas sin información suficiente y crecientes restricciones sobre la tenencia consuetudinaria de la tierra.

El Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) suele reducirse a una formalidad procedimental o a un simple requisito de verificación. A menudo, se contacta a las comunidades mediante reuniones aisladas, presentaciones técnicas o consultas realizadas en idiomas extranjeros y bajo una presión considerable. Los contratos suelen implicar complejos acuerdos jurídicos y financieros que se extienden durante décadas, mientras que las comunidades reciben escaso apoyo jurídico o técnico independiente para evaluar sus implicaciones a largo plazo. Esta brecha de información deja espacio para que intermediarios, a veces descritos como piratas o vaqueros del carbono, obtengan contratos abusivos.

En muchos casos, la asimetría de conocimientos y de poder es profunda. Los desarrolladores de proyectos de carbono, intermediarios y organismos de certificación operan con conocimientos especializados, equipos jurídicos y acceso a financiamiento internacional. Las comunidades, por el contrario, suelen verse obligadas a tomar decisiones sobre instrumentos financieros abstractos y futuras obligaciones territoriales con información limitada sobre las estructuras de precios, los riesgos contractuales o la distribución de ingresos. El resultado es un entorno en el que los territorios indígenas se incorporan a mercados globales de carbono volátiles sin que los titulares de derechos participen de manera informada y significativa en el proceso.

Proyectos piloto de REDD+ en África subsahariana han impuesto controles estrictos sobre la agricultura itinerante y el pastoreo en bosques, mientras las comunidades denuncian que los beneficios de la conservación no compensan la pérdida de medios de vida.

Proyectos piloto de REDD+ en África subsahariana han impuesto controles estrictos sobre la agricultura itinerante y el pastoreo en bosques.

Las restricciones impuestas en nombre de la conservación del carbono afectan prácticas como la agricultura itinerante, el pastoreo, la caza, la recolección o el uso forestal a pequeña escala. En algunos contextos, los proyectos de carbono reproducen antiguos modelos de «conservación fortaleza», en los que la propia presencia indígena es considerada una amenaza para la protección ambiental. Por ejemplo, proyectos piloto de REDD+ en África subsahariana han impuesto controles estrictos sobre la agricultura itinerante y el pastoreo en bosques, mientras las comunidades denuncian que los beneficios de la conservación no compensan la pérdida de medios de vida, lo que ha llevado a muchas de ellas a desvincularse de estos programas. Una investigación sobre una iniciativa fallida de REDD+ en Tanzania concluyó que las narrativas de la “naturaleza salvaje” fueron utilizadas para justificar medidas coercitivas, desalojos forzosos y el tratamiento de habitantes indígenas como intrusos en sus propios territorios.

Además, los proyectos de carbono transforman los sistemas de gobernanza local, profundizan las desigualdades internas y generan conflictos en torno a la representación, la distribución de beneficios y la autoridad territorial. La distribución de beneficios suele ser opaca, tardía y mínima, y las comunidades reciben apenas una pequeña fracción de los ingresos totales. Con frecuencia, mujeres, jóvenes y autoridades tradicionales quedan excluidos de las negociaciones —a pesar de soportar gran parte de la carga social y ambiental—, mientras que los ingresos de los proyectos, cuando llegan a materializarse, pueden ser capturados por élites locales o intermediarios externos.

Créditos fantasmas y la lógica de la compensación

Las investigaciones sobre los mercados voluntarios de carbono han constatado que una gran cantidad de créditos forestales  son “créditos fantasma”: créditos emitidos por reducciones de emisiones que no ocurrieron o que no pueden verificarse de manera fiable. Sin embargo, estos mismos créditos son utilizados de forma rutinaria por grandes corporaciones para respaldar afirmaciones de “cero emisiones netas” mientras continúan con la extracción de combustibles fósiles y modelos de negocio altamente emisores. De este modo, la compensación de carbono no funciona como una vía para superar la dependencia de los combustibles fósiles, sino como un mecanismo que permite que las emisiones continúen en otros lugares.

Esta contradicción pone de manifiesto uno de los problemas centrales de los mercados de carbono. Simplemente no existe suficiente tierra en el planeta para compensar los niveles actuales de consumo de combustibles fósiles manteniendo al mismo tiempo los patrones existentes de extracción y crecimiento económico. La idea de que las emisiones continuas en el Norte Global pueden equilibrarse indefinidamente mediante proyectos de conservación en el Sur Global se basa en supuestos ecológicos cada vez más insostenibles.

El problema también es epistemológico. Los mercados de carbono privilegian sistemas de medición, verificación y monitoreo basados en lógicas tecnocráticas y financieras: imágenes satelitales, cálculos de biomasa, contabilidad del carbono y registros digitales.

El problema también es epistemológico. Los mercados de carbono privilegian sistemas de medición que marginan las concepciones indígenas del territorio.

Para muchos Pueblos Indígenas, esto no constituye simplemente un fracaso técnico, sino una continuación de las relaciones coloniales. Los territorios del Sur Global se convierten en espacios encargados de absorber los costos ambientales de las economías industriales (como lo son las emisiones de gases de efecto invernadero) generados en otros lugares. De este modo, los bosques se reducen a reservas de carbono registradas en bases de datos distantes, mientras se espera que los Pueblos Indígenas carguen con el peso de la mitigación climática para economías que siguen dependiendo del petróleo, el gas y la minería.

El problema también es epistemológico. Los mercados de carbono privilegian sistemas de medición, verificación y monitoreo basados en lógicas tecnocráticas y financieras: imágenes satelitales, cálculos de biomasa, metodologías de contabilidad del carbono y registros digitales. Estos marcos suelen marginar las concepciones indígenas del territorio, fundamentadas en la reciprocidad, la relacionalidad y las responsabilidades entre la vida humana y la no humana.

Entre el rechazo y el involucramiento estratégico

Las respuestas de los Pueblos Indígenas frente a los mercados de carbono no son uniformes ni estáticas. En distintas regiones, numerosas organizaciones y movimientos territoriales rechazan de plano los mercados de carbono, argumentando que constituyen falsas soluciones que mercantilizan la naturaleza ypermiten que los principales contaminadores eviten realizar reducciones significativas de emisiones en origen.

Al mismo tiempo, la realidad sobre el terreno suele ser más compleja. Los mercados de carbono ya se están expandiendo rápidamente por los territorios indígenas, en contextos marcados por presiones simultáneas de la minería, el agronegocio, la tala, la expansión de infraestructuras y el crimen organizado, incluido el narcotráfico. Para algunas comunidades, la participación en proyectos de carbono no surge de una adhesión a estos mecanismos, sino de la necesidad de desenvolverse en un entorno político y económico cada vez más restrictivo.

Las organizaciones indígenas exigen protecciones territoriales, contratos transparentes, apoyo jurídico independiente, distribución de beneficios controlada por las comunidades y procesos de consulta de acuerdo con los sistemas de gobernanza indígena.

Las organizaciones indígenas exigen protecciones territoriales, contratos transparentes, apoyo jurídico independiente, distribución de beneficios y procesos de consulta previa.

En ciertos casos, las comunidades consideran que las iniciativas de carbono representan una amenaza menor en comparación con otras formas de desarrollo extractivo. Otras optan por involucrarse estratégicamente para obtener reconocimiento territorial, fortalecer la gobernanza colectiva o ganar capacidad de negociación en procesos que probablemente continuarán independientemente de la oposición de los Pueblos Indígenas. En este sentido, la participación funciona más como una estrategia de defensa y supervivencia política, que como una aceptación.

Esto ha dado lugar a formas de involucramiento cauteloso, basadas en derechos y centradas en fortalecer la capacidad de decisión de los Pueblos Indígenas, antes que en legitimar a los propios mercados de carbono. En distintas regiones, las organizaciones indígenas exigen protecciones territoriales, contratos transparentes, apoyo jurídico independiente, mecanismos de distribución de beneficios controlados por las comunidades y procesos de consulta diseñados de acuerdo con los sistemas de gobernanza indígena, y no en función de los cronogramas de los proyectos.

Más allá de los mercados de carbono

A pesar de la diversidad de posiciones de los Pueblos Indígenas respecto de los mercados de carbono, existe una demanda que se mantiene constante en todos los contextos: la autodeterminación. Ya sea que las comunidades opten por el rechazo, la negociación o una participación selectiva, la cuestión central es el derecho de los Pueblos Indígenas a decidir qué sucede en sus territorios de acuerdo con sus propias instituciones, sistemas de conocimiento y prioridades políticas. La seguridad en la tenencia colectiva de la tierra debe ser una condición previa para cualquier forma legítima de participación.

Cada vez más, las organizaciones indígenas promueven enfoques alternativos centrados en los derechos territoriales, el acceso directo al financiamiento climático y formas no mercantiles de acción climática. Estas propuestas ponen el énfasis en la gobernanza indígena y sus protocolos, los derechos colectivos sobre la tierra, la soberanía alimentaria, la restauración ecológica y la defensa de los territorios vivos.

La expansión de los mercados de carbono sugiere que la economía global sigue buscando formas de gestionar la crisis climática sin enfrentar las estructuras que la produjeron. Las críticas de los Pueblos Indígenas ponen de relieve los límites de ese enfoque.

La expansión de los mercados de carbono sugiere que la economía global sigue buscando formas de gestionar la crisis climática sin enfrentar las estructuras que la produjeron.

Estos enfoques también cuestionan la economía política más amplia que sustenta los mercados de carbono. Abordar el cambio climático requiere mucho más que nuevos instrumentos financieros. Exige una transformación estructural radical de la sociedad y la economía, que facilite una rápida eliminación progresiva de los combustibles fósiles; una regulación estricta de las industrias extractivas y de las cadenas de suministro vinculadas a la deforestación; la cancelación de deudas ilegítimas; y una inversión pública a gran escala en iniciativas lideradas por Pueblos Indígenas y comunidades locales.

La expansión de los mercados de carbono sugiere que la economía global sigue buscando formas de gestionar la crisis climática sin enfrentar las estructuras que la produjeron en primer lugar. Las críticas de los Pueblos Indígenas ponen de relieve los límites de ese enfoque. Nos recuerdan que los bosques no son simplemente reservorios de carbono y que la justicia climática no puede reducirse a ejercicios contables realizados en centros financieros distantes.

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Un crédito representa una “unidad” cuantificada, medible y comercializable de un resultado positivo para la biodiversidad, como la restauración o protección de determinados ecosistemas o especies. Las principales iniciativas insisten que, a diferencia de las compensaciones tradicionales, estos créditos deberían servir únicamente como inversiones adicionales en biodiversidad y no como mecanismos para compensar daños causados en otros lugares. En este marco, se los presenta como una herramienta voluntaria para empresas e inversores que buscan demostrar contribuciones “positivas para la naturaleza”. Sin embargo, la distinción entre créditos y compensaciones sigue siendo poco clara en la práctica. 

Varios esquemas impulsados por Estados y actores privados han explorado el “uso dual”, mediante el cual las unidades de biodiversidad contribuyen tanto a requisitos regulatorios de compensación como a mercados voluntarios de “créditos para la naturaleza”. Sin embargo, esta posibilidad sigue siendo objeto de controversia debido a preocupaciones relacionadas con la doble contabilización y la integridad de los sistemas. Los enfoques nacionales varían. La Ley de Medio Ambiente de Inglaterra de 2021 estableció un mercado regulado obligatorio de unidades de biodiversidad. Nueva Zelanda, por su lado, apoya actualmente un mercado voluntario y gestionado por actores privados, que eventualmente podría interactuar con los mecanismos regulatorios de compensación.

La promoción del financiamiento privado

Los principales organismos de certificación de carbono y consultoras también están ingresando en este ámbito. Organizaciones como Verra, South Pole, Plan Vivo, rePLANET, Terrasos y ValueNature han desarrollado metodologías para certificar resultados positivos para la biodiversidad y crear unidades comercializables. El atractivo es evidente: un nuevo producto para inversores y empresas, y una nueva fuente de ingresos para intermediarios que ya controlan gran parte del mercado de carbono.

Una creciente red de iniciativas está configurando la arquitectura de las finanzas para la naturaleza y promoviendo mercados de biodiversidad de “alta integridad”: la Biodiversity Credit Alliance, la plataforma Financing for Nature del Foro Económico Mundial, el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza (TNFD) y el Fondo para el Marco Mundial de Biodiversidad del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Paralelamente, iniciativas como el Panel Asesor Internacional sobre Créditos de Biodiversidad están impulsando una Hoja de Ruta Global para los créditos de biodiversidad mediante procesos voluntarios y multipartícipes.

La Hoja de Ruta hacia los Créditos para la Naturaleza no aborda adecuadamente los derechos de los Pueblos Indígenas, incluidos sus derechos sobre tierras, territorios y recursos.

La Hoja de Ruta hacia los Créditos para la Naturaleza no aborda adecuadamente los derechos de los Pueblos Indígenas sobre sus territorios y recursos.

En la COP 16 del CDB, los gobiernos priorizaron la movilización de financiamiento privado para el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y la puesta en funcionamiento del Fondo para el Marco Mundial de Biodiversidad, pero evitaron respaldar formalmente los mercados de créditos de biodiversidad. Aunque el Fondo reconoce los derechos de los Pueblos Indígenas y contempla salvaguardas sociales, persisten serias dudas sobre cómo se garantizará el cumplimiento de estos compromisos en la práctica. Especialmente, a medida que aumente la financiación para la biodiversidad.

En julio de 2025, la Comisión Europea publicó su Hoja de Ruta hacia los Créditos para la Naturaleza, un marco basado en el mercado destinado a movilizar inversiones del sector privado para la conservación de la biodiversidad, bajo la premisa de que la financiación pública por sí sola es insuficiente. La Hoja de Ruta no aborda adecuadamente los derechos de los Pueblos Indígenas, incluidos sus derechos sobre tierras, territorios y recursos. Tampoco enfrenta de manera suficiente los impulsores estructurales de la pérdida de biodiversidad, como los subsidios perjudiciales para la biodiversidad, los flujos financieros y los sistemas de producción.

¿Puede la biodiversidad estandarizarse y venderse?

Sus defensores sostienen que los créditos de biodiversidad pueden desbloquear financiamiento para la conservación, recompensar una buena gestión ambiental e incentivar mejores prácticas empresariales. Sin embargo, el enfoque de la “brecha de financiamiento” adoptado en el MMBKM oculta el hecho de que las propuestas actuales dependen en gran medida del capital privado de los principales responsables de la pérdida de biodiversidad. Esto refuerza patrones en los que los Estados y las corporaciones más ricas mantienen el control sobre los flujos de “financiamiento para la naturaleza”. 

De este modo, los créditos de biodiversidad corren el riesgo de reproducir dinámicas coloniales, al concentrar el poder de decisión y la extracción de valor en el Norte Global, mientras los territorios y pueblos del Sur Global son presentados como espacios de “reparación” ambiental. El lenguaje técnico de la “integridad de los mercados” termina sosteniendo un proyecto político que preserva patrones económicos extractivos, al tiempo que desplaza la responsabilidad por los daños ecológicos hacia los territorios de los Pueblos Indígenas y las comunidades racializadas.

Las estrategias actuales privilegian de manera desproporcionada a los instrumentos basados en el mercado, evitando fortalecer los derechos territoriales, la paralización de proyectos destructivos o la reforma de subsidios.

Las estrategias privilegian los instrumentos del mercado, evitando fortalecer los derechos territoriales, la paralización de proyectos destructivos o la reforma de subsidios.

No obstante, los desafíos fundamentales suelen presentarse como cuestiones técnicas: definir una unidad de biodiversidad que sea científicamente sólida, medible y escalable. En la práctica, estos esfuerzos se enfrentan a problemas ecológicos y éticos más profundos. La biodiversidad está profundamente ligada al lugar: los ecosistemas no son intercambiables, sus relaciones son complejas y, a menudo, solo se comprenden de manera parcial. Los intentos de definir una “equivalencia ecológica” ya han fracasado en los sistemas de compensación de biodiversidad. Una revisión global concluyó que la mayoría de estos esquemas no logró cumplir su promesa de “ninguna pérdida neta”, debido a un monitoreo deficiente, una aplicación débil de las normas y plazos poco realistas para la restauración. 

También existe una cuestión más amplia sobre la dependencia de los mercados para resolver una crisis impulsada, en gran medida, por la acumulación de riqueza. Las herramientas económicas, como los créditos, deberían complementar —y no sustituir— la regulación, la financiación pública y las formas colectivas de gobernanza. Sin embargo, las estrategias actuales privilegian de manera desproporcionada a los instrumentos basados en el mercado, evitando fortalecer los derechos territoriales, la paralización de proyectos destructivos o la reforma de subsidios.

Los territorios indígenas en la primera línea de las finanzas para la biodiversidad

Muchos proyectos piloto de créditos de biodiversidad se están desarrollando en el Sur Global, particularmente en territorios boscosos gobernados por Pueblos Indígenas. Se trata de las mismas tierras que han albergado proyectos de compensación de carbono durante las últimas dos décadas, frecuentemente acompañados por violaciones de derechos y conflictos sociales. Las áreas protegidas se han establecido de manera reiterada sin reconocer la tenencia consuetudinaria, sin garantizar el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y con severas restricciones a los medios de vida tradicionales. Es probable que los créditos de biodiversidad intensifiquen estas dinámicas de diversas maneras: 

Presión sobre la tierra. La asignación de un valor financiero a los resultados de conservación de la biodiversidad hace que los territorios indígenas resulten más atractivos para los inversores en conservación, especialmente allí donde los derechos territoriales siguen sin resolverse, lo que genera el riesgo de acuerdos de gestión a largo plazo que marginen a las instituciones consuetudinarias.

Control y vigilancia. Los sistemas de verificación, como sensores remotos, indicadores estandarizados y tokens digitales, desplazan los conocimientos y sistemas de gobernanza indígenas al otorgar prioridad a expertos externos y, al mismo tiempo, posibilitar el monitoreo de la forma en que las comunidades utilizan sus propios territorios.

Contratos injustos. Al igual que ocurre con los proyectos de carbono, las comunidades suelen carecer de asesoramiento jurídico independiente; los contratos pueden ser firmados por grupos reducidos de liderazgo sin consentimiento colectivo, mientras que las pequeñas y poco transparentes participaciones en los ingresos son vulnerables a la captura por élites.

División y criminalización. Cuando hay sumas importantes de dinero en juego, los intermediarios pueden explotar las diferencias internas para obtener consentimiento. Quienes cuestionan los proyectos corren el riesgo de ser etiquetados como opositores al desarrollo o una amenaza para la conservación, una preocupación especialmente grave en un contexto de creciente criminalización y asesinato de personas defensoras del ambiente.

Detrás de estos riesgos concretos subyace un conflicto más profundo de valores. Las metodologías de los créditos de biodiversidad reducen la naturaleza a aquello que puede contarse, valorarse económicamente y comercializarse, mientras que muchos sistemas de conocimiento indígenas se basan en la responsabilidad, la reciprocidad y el carácter sagrado de la naturaleza, donde el territorio no puede fragmentarse en mercancías. Cuando esta visión relacional del mundo es tratada como un obstáculo y no como un fundamento para las políticas públicas, los créditos de biodiversidad se convierten en otra herramienta de colonización.

¿La integridad de quién?

En respuesta a las crecientes críticas, las iniciativas de créditos de biodiversidad destacan principios de “alta integridad”, como una gobernanza sólida, el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), una distribución equitativa de beneficios y mecanismos de reclamación. Algunos fondos multilaterales incluso reconocen a los Pueblos Indígenas como custodios de la biodiversidad. Sin embargo, existe una marcada brecha entre el discurso y la práctica. Los principios y metodologías fundamentales están siendo diseñados por coaliciones de instituciones financieras, ONG de conservación y organismos de establecimiento de estándares, con una participación indígena limitada o incorporada en etapas tardías.

Desde la adopción del MMBKM, numerosas organizaciones indígenas, entre ellas el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, han advertido reiteradamente que los mercados de biodiversidad corren el riesgo de reproducir las dinámicas de despojo, desigualdad y control territorial observadas en los proyectos de compensación de carbono. Estas organizaciones subrayan que el financiamiento para la biodiversidad debe abordar las injusticias históricas, fortalecer la financiación directa para los Pueblos Indígenas y evitar la mercantilización de la naturaleza a costa de debilitar la gobernanza territorial colectiva. Cualquier marco emergente de créditos de biodiversidad debe incorporar de manera crítica estas posiciones.

La gobernanza debe reflejar un liderazgo indígena genuino. Las organizaciones indígenas deben ocupar espacios reales de toma de decisiones en el diseño y la supervisión de los mecanismos de financiamiento para la biodiversidad.

Se necesitan normas vinculantes para evitar el uso de créditos para justificar actividades como la minería, la extracción de combustibles fósiles o grandes proyectos.

Se requieren tres transformaciones fundamentales para evitar que los créditos de biodiversidad reproduzcan los daños asociados a los mercados de carbono. En primer lugar, los derechos deben preceder a los mercados: el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras, territorios y formas colectivas de tenencia debe ser una condición previa para cualquier esquema de créditos, y no una aspiración futura. Esto implica la plena implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente en lo relativo al CLPI y a la libre determinación, tanto en la legislación como en la práctica.

En segundo lugar, la gobernanza debe reflejar un liderazgo indígena genuino. Las organizaciones indígenas deben ocupar espacios reales de toma de decisiones, y no meramente consultivos, en el diseño y la supervisión de los mecanismos de financiamiento para la biodiversidad, con financiamiento específico y respeto por la diversidad de sistemas de conocimiento. En tercer lugar, el papel de los créditos debe ser limitado. No deben servir para legitimar actividades destructivas mediante mecanismos de compensación ni para sustituir la regulación y la financiación pública. Por eso, se necesitan normas vinculantes para evitar la doble contabilización, el lavado verde y el uso de créditos para justificar actividades como la minería, la extracción de combustibles fósiles o grandes proyectos de infraestructura en otros lugares.

Elegir un camino diferente

El impulso a los créditos de biodiversidad busca responder a un problema real: la insuficiente financiación crónica para la biodiversidad, especialmente en contextos donde los Pueblos Indígenas son sus principales custodios, pese a haber sufrido una histórica marginación. Sin embargo, la financiación directa de iniciativas de conservación lideradas por Pueblos Indígenas, junto con reformas legales destinadas a garantizar los derechos territoriales y de gobernanza, probablemente produciría resultados mucho más duraderos que los esquemas especulativos de créditos.

Que los Pueblos Indígenas decidan o no participar en estos mercados es una cuestión de libre determinación. Sin embargo, cualquier decisión debe basarse en el Consentimiento Libre, Previo e Informado, con información transparente sobre los riesgos y las alternativas existentes. Los gobiernos y los actores privados no deben considerar los esquemas de créditos como un atajo para evitar decisiones más difíciles, como poner fin a las industrias destructivas y enfrentar las relaciones de poder desiguales.

La cuestión fundamental es qué visiones de la naturaleza, el desarrollo y la justicia definirán el futuro. Si los créditos de biodiversidad simplemente reafirman la lógica extractiva que generó la crisis de biodiversidad, representarán una nueva ronda de sacrificios impuesta a los Pueblos Indígenas.

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En la Conferencia de las Partes realizada al norte de Brasil, 24 países reaccionaron ante el hecho de que la decisión principal, la decisión Mutirão, omitiera cualquier referencia directa a los combustibles fósiles, reflejando la oposición de los países productores y las divisiones entre los bloques negociadores. En respuesta, estos países emitieron la Declaración de Belém sobre la transición fuera de los combustibles fósiles, en la que se exige una acción coordinada entre los Estados para acelerar la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y anclar la acción climática en enfoques basados en la ciencia y en los derechos.

Alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y cumplir las obligaciones de los Estados de proteger el medio ambiente requerirá una cooperación internacional sin precedentes para garantizar que ningún país ni comunidad quede atrás. Según los organizadores, la conferencia se guió por un conjunto de principios centrados en la acción, la evidencia científica y la participación inclusiva. Es un espacio para los gobiernos y las partes interesadas que están comprometidas con el avance de una transición justa, ordenada y equitativa que permita alejarse de los combustibles fósiles, priorizando la implementación y las soluciones prácticas en lugar de continuar con el diagnóstico o la persuasión.

Una conferencia climática centrada en los combustibles fósiles

La conferencia se estructuró en torno a tres pilares temáticos. El primero se centró en superar la dependencia económica de los combustibles fósiles, promoviendo la diversificación económica y la reconversión productiva. El segundo eje abordó la necesidad de transformar la oferta y la demanda, impulsando el cambio de combustible, la soberanía energética y el acceso equitativo a la energía, junto con la eliminación gradual de los factores que impulsan la demanda. Asimismo, se propuso la reducción progresiva de la extracción de combustibles fósiles, incluyendo las responsabilidades medioambientales, la distribución equitativa de impactos, la cobertura de costes y la gestión de activos varados, así como la reorientación de los subsidios hacia las energías limpias. 

Finalmente, el tercer pilar estuvo orientado a promover la cooperación internacional y la diplomacia climática para cerrar las brechas en la implementación, la gobernanza y la cooperación, incluidos los desafíos en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). De este modo, la conferencia se propuso abordar las barreras jurídicas internacionales, en particular aquellas vinculadas a los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados.

Los combustibles fósiles siguen siendo el principal motor de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin estrategias específicas para reducir tanto su producción como su uso, limitar el calentamiento a 1,5 °C está cada vez más fuera del alcance.

Los combustibles fósiles siguen siendo el principal motor de las emisiones de gases de efecto invernadero.

A diferencia de otras cumbres climáticas, que a menudo abordan múltiples asuntos en materia de mitigación, adaptación y financiación, este evento se enfocó exclusivamente en los combustibles fósiles. La conferencia buscó reunir a gobiernos, sociedad civil, Pueblos Indígenas, comunidades afrodescendientes, trabajadores, jóvenes, academia y actores privados para codiseñar políticas viables y hojas de ruta orientadas a avanzar más allá de la energía fósil.

Este enfoque es fundamental porque los combustibles fósiles siguen siendo el principal motor de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin estrategias específicas para reducir tanto su producción como su uso, limitar el calentamiento a 1,5 °C está cada vez más fuera del alcance. Las proyecciones gubernamentales indican que la producción planificada de combustibles fósiles superaría los niveles compatibles con el Acuerdo de París en más de un 120 % para 2030. Para 2050, podría ser unas 4,5 veces superior a la compatible con una trayectoria de 1,5 °C. Estas proyecciones ponen de relieve la urgencia de una acción global coordinada para eliminar progresivamente el carbón, el petróleo y el gas.

Implicaciones para los derechos de los Pueblos Indígenas

Uno de los objetivos principales de la Conferencia era crear un espacio de diálogo entre gobiernos, expertos, la sociedad civil y los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes para intercambiar puntos de vista sobre las vías hacia una transición justa. La Conferencia fue concebida explícitamente como un foro de diálogo y definición de agenda, en el que se plantearon propuestas; entre ellas, la posible creación de un panel global de expertos para acelerar la transición fuera de los combustibles fósiles, aunque ninguna fue formalmente adoptada. 

Si bien este enfoque inclusivo reconoció el papel de los Pueblos Indígenas y creó oportunidades para su participación, no estableció salvaguardas concretas, ni garantizó su autoridad en la toma de decisiones, ni incorporó mecanismos de rendición de cuentas que aseguren el respeto de los derechos indígenas en el proceso de transición energética. Un ejemplo de este reconocimiento parcial es que se realizó una ceremonia indígena en la inauguración de la conferencia antes del presidente: miembros del Pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, que cuentan con una larga trayectoria en la protección de sus territorios ancestrales, abrieron el evento con un ritual tradicional de armonización, celebrado en su idioma y acompañado de instrumentos ancestrales. 

Se plantearon temas relevantes para los Pueblos Indígenas: la necesidad de una participación significativa en las estrategias de transición energética; la valoración de los conocimientos y liderazgos indígenas; y la preocupación por los impactos socioeconómicos.

Los representantes indígenas destacaron la importancia de ser incluidos en cualquier esfuerzo futuro para poner fin a la extracción de combustibles fósiles.

Paralelamente, delegaciones indígenas de la Amazonía de toda Latinoamérica y otras regiones del mundo acudieron a la conferencia con el objetivo explícito de presionar para que se adoptaran medidas más contundentes. Esta amplia participación refleja la frustración por la falta de compromisos significativos en los procesos climáticos mundiales y el reclamo generalizado por una transición basada en derechos, que aborde las causas fundamentales de la crisis. Sin embargo, estos elementos se quedaron en el ámbito de la presión política, en lugar de convertirse en compromisos respaldados por los Estados.

En lugar de adoptar decisiones vinculantes, la Conferencia funcionó principalmente como un espacio político y de definición de la agenda. En este contexto, se plantearon varios temas relevantes para los Pueblos Indígenas: la necesidad de una participación significativa en las estrategias de transición energética; la importancia de basar tales estrategias en marcos de derechos humanos y justicia; la valoración de los conocimientos y liderazgos indígenas; y la preocupación por los impactos socioeconómicos de la eliminación gradual de los combustibles fósiles en los territorios afectados. Los representantes indígenas también destacaron la importancia de ser incluidos en cualquier esfuerzo futuro para poner fin a la extracción de combustibles fósiles.

Oportunidades y expectativas de la conferencia

Los representantes indígenas instaron a la Conferencia a rechazar la reproducción de la violencia extractiva a través de la minería “verde” y abordar las barreras estructurales que impiden el acceso a la justicia. En este sentido, los Pueblos Indígenas de las siete regiones socioculturales presentaron una posición estructurada: el pleno respeto del derecho a la autodeterminación y al consentimiento libre, previo e informado; la protección jurídica de sus territorios y aguas; el fin del de extractivismo, incluidas la minería “verde” y la geoingeniería; una financiación climática directa, accesible y sostenida para estrategias de transición justa lideradas por los Pueblos Indígenas; y la valoración de los sistemas de conocimiento y la gobernanza indígenas como fundamentos de la acción climática.

Además, los Pueblos Indígenas pidieron que estas normas y propuestas quedaran reflejadas de forma explícita en el informe final de esta Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles. Asimismo, los líderes y lideresas exigieron incluir salvaguardas mínimas para garantizar una participación significativa con poder de decisión, la protección de los defensores indígenas, la trazabilidad de las inversiones relacionadas con la transición y, garantías para la seguridad y la soberanía energéticas de los Pueblos Indígenas.

Los países participantes acordaron elaborar “hojas de ruta” nacionales para orientar la transición hacia la eliminación progresiva del petróleo, el gas y el carbón, lo que supone un paso de los compromisos generales hacia una planificación más operativa.

Los países participantes acordaron elaborar “hojas de ruta” nacionales para orientar la transición hacia la eliminación progresiva del petróleo, el gas y el carbón.

La conferencia supuso un cambio en el enfoque, ya que el documento de “conclusiones” reconoció a los Pueblos Indígenas como participantes del proceso y como actores relevantes en el acceso a la financiación y las soluciones energéticas. Sin embargo, este reconocimiento sigue siendo limitado y, en gran medida, instrumental: se hace referencia a los indígenas junto a una amplia gama de partes interesadas, prestando una atención superficial a sus derechos. En efecto, el documento no incorpora la autodeterminación, el consentimiento libre, previo e informado, o la protección de los territorios y los sistemas de gobernanza indígenas como elementos fundamentales de la transición. En consecuencia, los incluye pero no refleja un enfoque basado en los derechos que sitúe a los Pueblos Indígenas como actores centrales en la toma de decisiones para configurar vías de transición equitativas.

Los países participantes acordaron elaborar “hojas de ruta” nacionales para orientar la transición hacia la eliminación progresiva del petróleo, el gas y el carbón, lo que supone un paso de los compromisos generales hacia una planificación más operativa. Entre los resultados se incluyen la creación de líneas de trabajo específicas (como las dependencias macroeconómicas y financieras; y la armonización entre productores y consumidores) junto con la puesta en marcha de un panel científico internacional para respaldar la formulación de políticas basadas en datos empíricos. Finalmente, la conferencia puso especial énfasis en la necesidad de abordar los factores estructurales que impulsan la dependencia de los combustibles fósiles: las restricciones fiscales, la carga de la deuda y las asimetrías en la arquitectura financiera mundial. 

De cara al futuro

Si bien no se adoptaron acuerdos vinculantes, la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles reunió a más de 50 países en un esfuerzo compartido y contribuyó a redirigir el debate mundial hacia pasos concretos: la reforma de los subsidios, la reestructuración financiera y el fortalecimiento de la cooperación internacional. De manera crucial, subrayó que el desafío central ya no es si se deben eliminar gradualmente los combustibles fósiles, sino cómo hacerlo de forma coordinada, económicamente viable y fundamentada en la justicia. Particularmente, para los Pueblos Indígenas y otras comunidades de primera línea cuyos territorios y medios de vida se ven más directamente afectados.

La conferencia abrió un posible nuevo espacio político en la gobernanza climática mundial, situando la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en el centro del debate internacional y poniendo de relieve las cuestiones de justicia, deuda y desarrollo. Sin embargo, tal como lo demuestran los casos presentados, el impulso político por sí solo resulta insuficiente sin una rendición de cuentas estructural.

En Santa Marta, los Pueblos Indígenas ejercieron una influencia significativa en la configuración del tono y el enfoque del evento, contribuyendo a orientar el discurso hacia la justicia territorial, los límites de los mercados de carbono y los riesgos del extractivismo “verde”. No obstante, su influencia sigue siendo desigual: no fueron involucrados de manera estructural en los procesos de toma de decisiones y no surgieron compromisos vinculantes para salvaguardar sus derechos.

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