La autonomía, como expresión de la libre determinación, requiere, en primer lugar, de una base territorial que permita ejercerla. La interdependencia de derechos, reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala la estrecha relación que existe dentro del conjunto de derechos indígenas contemplados por los Estados. No solo se vulnera un derecho cuando se desaloja una comunidad indígena: también implica el desconocimiento y la vulneración de otros derechos, como la identidad cultural, el derecho al agua y el derecho a la alimentación adecuada. Y, por ende, la imposibilidad de ejercer los derechos a la autonomía y a la libre determinación. 

En Argentina, la lejanía de la autonomía y la libre determinación es evidente. En un contexto de regresión normativa, administrativa y jurisprudencial que impacta directamente el día a día de las comunidades indígenas, una seguidilla de desalojos (e intentos de desalojo) confronta con lo que el mismo Estado había reconocido en el papel. Esta divergencia pone de manifiesto el modelo estatal que va puliendo sus formas. Este modelo, asentado en el extractivismo y en la promoción constante a la inversión de empresas extranjeras a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para favorecer la extranjerización de la tierra, tiene la necesidad de despojar a las comunidades indígenas de sus territorios.

La lejanía de la libre determinación y la autonomía indígena

Difícilmente pueda hablarse de respeto a la libre determinación y a la autonomía cuando la política pública es la negación de la existencia y preexistencia de los Pueblos Indígenas en la Argentina. Esta negación incide directamente en los desalojos. Es llamativo, que en diversos puntos del país, los jueces dispongan que las comunidades deben dejar sus territorios. 

Más allá de las puntuales decisiones judiciales, estas medidas pueden interpretarse dentro de un contexto más general, adverso para los derechos indígenas. La promoción de actividades extractivas, los intereses económicos en los territorios indígenas (entre ellos, los inmobiliarios) y el desconocimiento de la actual gestión de gobierno de los derechos indígenas son elementos que se conjugan para gestar una situación difícil de gestionar.

Pero los desalojos no sólo se producen a través de órdenes judiciales. El amedrentamiento, las amenazas y el miedo también forman parte de los mecanismos utilizados para vaciar los territorios. La correlación de fuerzas es muy dispar, y las comunidades indígenas se ven acorraladas frente a las fuerzas de seguridad que no vacilan a la hora de ejecutar los desalojos.    

La inseguridad jurídica de los Pueblos Indígenas del norte argentino

Distintos casos de desalojos permiten ilustrar las afirmaciones anteriores. En julio de 2026, en la localidad de Garuhapé, provincia de Misiones, el Poder Judicial llevó adelante un desalojo ilegal contra la Comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II. Durante el operativo, alrededor de 50 policías presentaron una orden de desalojo con múltiples irregularidades y expulsaron a las familias de la comunidad mediante amenazas y violencia. A pesar de que la comunidad regresó a sus tierras ancestrales, la disputa de larga data con la empresa Arauco, una de las empresas forestales más grande de América Latina, se profundiza. 

Este desalojo debe leerse y entenderse como parte de una transformación territorial que va de la mano de un modelo de producción basado en el monocultivo y el agronegocio.  La denuncia del empresario que provocó el desalojo de Puente Quemado II es una clara señal del desplazamiento progresivo de los Pueblos Indígenas frente a intereses que responden a una matriz económica claramente incompatible con las formas de vida de las comunidades. 

Las comunidades indígenas se encuentran atrapadas por los empresarios, pero también por el Estado, que claramente ha tomado partido y desprecia el modo de vida que sostienen los Pueblos Indígenas.

Las contradicciones de las diferentes formas de vida, reflejadas en modelos económicos opuestos, no solo se profundizan, sino que señalan quiénes son los que tienen más que perder.

En la provincia de Salta, la Comunidad Diaguita Kalchakí Las Pailas de Cachi sufrió un violento desalojo, ejecutado de manera irregular y que implicó la exclusión de mujeres, infancias y adultos mayores de su territorio. El discurso oficialista apunta a relativizar la identidad indígena y confrontarla con los titulares registrales de las fincas, quienes serían, según los funcionarios del Estado, los genuinos propietarios. La tensión entre los reclamos territoriales de las comunidades indígenas y la propiedad privada se reedita una y otra vez. 

La fotografía de lo que ocurre en Misiones y en Salta permite vislumbrar la película completa. Las contradicciones de las diferentes formas de vida, reflejadas en modelos económicos diametralmente opuestos, no solo se profundizan, sino que señalan quiénes son los que tienen más que perder. Las comunidades indígenas se encuentran atrapadas por los empresarios, pero también por el Estado, que claramente ha tomado partido y desprecia el modo de vida que sostienen los Pueblos Indígenas. 

El despojo en el sur de la Argentina

En la Patagonia, los desalojos y los intentos son habituales, y generan un clima permanente de zozobra y violencia en las comunidades. Los casos de las comunidades mapuche Quintriqueo y Melo, en Villa La Angostura, provincia de Neuquén, son un claro ejemplo dado el alto valor inmobiliario de la tierra por la afluencia del turismo. La orden de desalojo a favor de una ciudadana de origen belga, quien tendría títulos de propiedad de la década de 1970 (calificados como irregulares o fraudulentos por la comunidad y que, supuestamente habrían sido vendidos a sociedades particulares), se contrapone con documentos y estudios antropológicos que acreditan la presencia de la comunidad desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX sumado a una resolución actual de Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que constata la ocupación tradicional. 

En un tema tan sensible como la extranjerización de la tierra, el desalojo de las comunidades generó apoyó de organizaciones y vecinos. Actualmente, la Lof Melo sufre nuevas amenazas de desalojo, lo que genera un clima de enorme tensión. Ambas comunidades cuentan con personería jurídica y la carpeta técnica producto de un relevamiento catastral realizado por el propio Estado. Por eso, resulta incomprensible que el propio Estado, que realiza actos de constatación de la ocupación pública y tradicional, simultáneamente desconozca la propiedad comunitaria indígena y decida a favor de un particular.

Existe un nexo entre el impulso estatal a la extracción de los recursos naturales, las políticas de territorios vacíos, la sucesión de desalojos, el desconocimiento de derechos indígenas y el incentivo para que las empresas se instalen en la Argentina.

Basta recorrer el país, para advertir las dificultades que atraviesan y las inseguridades que sufren ante las amenazas de desalojo siempre latentes.

Existe un vínculo evidente entre el accionar judicial, las órdenes que reciben las fuerzas de seguridad desde el Poder Ejecutivo y, los requerimientos de particulares y empresas, tanto nacionales como extranjeros. La vulneración de los derechos indígenas constitucionales y los instrumentos jurídicos internacionales se vuelve mucho más evidente. Basta recorrer el país y contactarse con las comunidades indígenas para advertir las dificultades que atraviesan y las inseguridades que sufren ante las amenazas de desalojo siempre latentes.

Esto no responde a la casualidad. Existe un nexo muy claro entre el impulso estatal a la extracción de los recursos naturales, las políticas de territorios vacíos, la sucesión de desalojos, el desconocimiento de derechos indígenas y el incentivo para que las empresas se instalen en la Argentina. Este hilo permite trazar el recorrido de un viaje que inició con la conquista y que hoy, en pleno siglo XXI, sigue implicando una embestida cultural que solo significa avasallamiento de derechos. 

Nada cambia: contextos actuales y crisis frente al extractivismo

La irrupción del extractivismo provocó un impacto notable en las comunidades indígenas. Actualmente,  las nuevas derechas presentan una agenda política muy lejos de los derechos indígenas. Las políticas refractarias a cualquier tipo de diversidad, sumado a políticas económicas basadas en la explotación de los recursos naturales, van desplazando a los Pueblos Indígenas del foco de interés de una agenda que siempre fue austera con respecto a ellos. En pocas palabras, el desconocimiento de los derechos indígenas se hace cada vez más ostensible y se toman decisiones sobre sus territorios sin respetarlos. 

Una muestra de esto es el RIGI, pergeñado por la actual gestión de gobierno, que facilita el ingreso de empresas para la explotación de litio e hidrocarburos. Las exenciones de impuestos para aquellos actores que pretendan invertir en la Argentina subordinan cualquier tipo de derecho, incluido el reconocimiento constitucional de la preexistencia de los Pueblos Indígenas. Las discusiones actuales alrededor a la Ley de Tierras, que pone límites a su extranjerización y que el gobierno de Javier Milei derogó en un Decreto de Necesidad y Urgencia en los inicios de su gobierno (DNU 70/23) encuentra un nuevo foco de conflicto en dos últimas decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

La crisis que provoca el modelo de desarrollo y productivo imperante y, consecuentemente, la matriz energética que se desprende de ellos, no augura buenos tiempos para los sectores de la población que viven en y de la tierra.

Existen núcleos de resistencia, pero también de proactividad, desde los cuales se busca proteger los territorios y la naturaleza.

Al dejar sin definir la constitucionalidad del decreto 70/23, ni siquiera la última instancia judicial de Argentina está dispuesta a hacer respetar la Constitución, como se supone es su función. Esta situación también enciende luces de advertencia en las comunidades indígenas, que vislumbran cómo se profundizan las amenazas sobre sus territorios y cómo se despliega en todo el país una política de desalojo que no es casual. En los hechos, los desalojos son el termómetro de las medidas que se van tomando en el ámbito económico. 

La crisis que provoca el modelo de desarrollo y productivo imperante y, consecuentemente, la matriz energética que se desprende de ellos, no auguran buenos tiempos para los sectores de la población que viven en y de la tierra. Sin embargo, existen núcleos de resistencia, pero también de proactividad, desde los cuales se buscan proteger los territorios y la naturaleza y se intenta incidir en ámbitos más proclives a acompañarlos en sus luchas. Los ciclos políticos son largos y los Pueblos Indígenas han sobrevivido durante más de cinco siglos a todo tipo de ataques. 

Proyecciones y horizontes

Los escenarios locales y globales nos indican tiempos turbulentos y violentos. Las contradicciones que generan las formas de vida de los Pueblos Indígenas, un capitalismo que sigue acentuando su peor rostro, Estados que no protegen derechos   (y persiguen a quienes los reclaman) se van acentuando. Son todas expresiones de retrocesos que no deben ser interpretados como definitivos. Por el contrario, forman parte de un devenir que va dejando hitos que, en un marco más propicio, permitirá avizorar otros horizontes. 

Desde ya, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con sus luces y sombras, acompaña la lucha de los Pueblos Indígenas por sus derechos. Con dificultades en la ejecución de sus sentencias, como es el caso de Lhaka Honhat, sus fallos siguen siendo invocados como argumento de autoridad. Las transformaciones que exigen sus sentencias, a pesar de las dificultades, pueden esgrimirse para trabajar por un cambio de la realidad. 

La administración de justicia sigue siendo una alternativa que debe estar subordinada a una estrategia política más amplia, definida por las organizaciones y comunidades indígenas.

Sería importante encarar una reforma constitucional, aunque no son éstos los tiempos propicios para hacerlo.

A nivel local, a pesar de la desconfianza hacia un Poder Judicial siempre alineado a los intereses políticos de turno, existen excepciones que ameritan seguir intentando la vía judicial. Es un camino plagado de obstáculos, pero debe transitarse a fin de acudir a todas las opciones en el marco de un Estado de derecho. Sin embargo, la administración de justicia sigue siendo una alternativa que debe estar subordinada a una estrategia política más amplia, definida por las organizaciones y comunidades indígenas. 

Finalmente, los horizontes están claros. En el caso de Argentina, deben realizarse cambios normativos. Por ejemplo, una ley especial de propiedad comunitaria indígena que nunca alcanzó a debatirse en el seno del Congreso. Por otra parte, sería importante encarar una reforma constitucional, aunque no son éstos los tiempos propicios para hacerlo. Cambios constitucionales, discusión de nuevas leyes, cambios institucionales, hoy se encuentran en un horizonte lejano. A más de cinco siglos de la conquista, los Pueblos Indígenas siguen demandando la efectivización de sus derechos. Afortunadamente, los ciclos políticos también se renuevan. 

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Ubicada en el Noroeste argentino, en los últimos años, la geografía de Jujuy atraviesa una metamorfosis profunda. Ya no se trata solo de la minería histórica de plomo y zinc: en la época de los autos eléctricos y la llamada “transición energética”, la fiebre del litio en las salinas y la búsqueda de tierras raras conviven con una vitivinicultura emergente y un turismo que satura los paisajes. Estos procesos encarados por inversionistas privados, amparados por reformas diseñadas a medida del capital, impactan sobre los territorios indígenas y las tierras de los campesinos cuya seguridad jurídica es de por sí precaria.

A partir de estas preocupaciones, referentes de organizaciones indígenas y campesinas fueron convocados a compartir el taller “Políticas y estrategias de defensa de los territorios indígenas en Jujuy” con el equipo de Antropología de las Políticas de Desarrollo y Territoriales del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Durante el encuentro, se problematizaron los conflictos socio-ambientales de los territorios, poniendo el foco en las tensiones, contradicciones y retrocesos de las políticas nacionales y provinciales, los problemas ambientales y las acciones en defensa del territorio. 

La Ley 26.160 ante el avance del mercado y la deuda estatal

Los territorios indígenas se están viendo tensionados por la reprimarización económica y el extractivismo. El Decreto 749/2024 reglamenta el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y garantiza beneficios fiscales y estabilidad jurídica por 30 años a proyectos de gran escala en minería, hidrocarburos y energía. Entre noviembre de 2006 y diciembre de 2024, la Ley N° 26.160 de Emergencia Territorial actuó como una tregua jurídica en Argentina, suspendiendo desalojos y ordenando el relevamiento de los territorios indígenas. Sin embargo, en Jujuy, esta política se ha convertido en un laberinto de carpetas incompletas y dilaciones que dejan a los territorios en una vulnerabilidad extrema.

Para David, de la comunidad de Rodero, el relevamiento ha funcionado durante casi 20 años  como un escudo frente a un Estado que los amenaza con el despojo cuando “no hay un documento oficial”. Ante la percepción de que la ley ha perdido su vigencia, David advierte que la defensa surge de la identidad y del arraigo histórico de los habitantes al territorio: “Hay que lograr que las comunidades tengan su ordenamiento y luego el título. Si no tenés un documento te pueden sacar la tierra”. Esta deuda estatal no constituye un hecho aislado. 

En 2023, la Red Puna denunció que el relevamiento jurídico-catastral nunca fue terminado. Estas dilaciones suelen profundizarse en territorios donde el suelo se valoriza para el sector privado. En Chucalezna, Florencia relata cómo el interés de un vecino por expandir viñedos y proyectos turísticos sobre una casa familiar de 1800 terminó por bloquear la entrega de su carpeta técnica: “Por  eso no tenemos la carpeta: entró el conflicto y quedó interrumpido. ¡Pero sí hicimos el relevamiento!”. El escenario actual revela una paradoja crítica: mientras el Estado demora el reconocimiento legal, la presión de los sectores minero, vitivinícola y turístico avanzan, obligando a las comunidades a defender con el cuerpo su permanencia en el territorio.

La Consulta Previa, Libre e Informada como simulacro

Argentina posee un sólido blindaje jurídico para los Pueblos Originarios, pero carece de leyes operativas sobre propiedad comunitaria y consulta previa. Esta orfandad legislativa convierte al Convenio 169 de la OIT en una herramienta de resistencia solitaria. En teoría, la Consulta Previa Libre e Informada debería otorgar un rol protagónico a las comunidades, pero en la práctica se ha transformado en un simulacro administrativo que las empresas y el Estado suelen omitir o delegar en manos privadas.

Para los asistentes del taller, el diagnóstico es claro: el Estado provincial actúa bajo una lógica de “presencia selectiva”. Se ausenta al momento de garantizar que la consulta sea legítima, pero interviene con celeridad para autorizar exploraciones mineras. Esta dinámica repone un imaginario colonial en el que territorio indígena es narrado como un “espacio sacrificable” en nombre del crecimiento económico, reforzando una discriminación que despoja de valor al conocimiento y la autonomía comunitaria.

Las comunidades de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc han creado su propio protocolo biocultural: el Kachi Yupi (Huellas de la Sal). Este documento narra el derecho sagrado al agua y establece que las decisiones deben pasar por la Asamblea General de la Cuenca.

Ante el vacío estatal, las comunidades de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc han creado su propio protocolo biocultural: el Kachi Yupi (Huellas de la Sal).

Por su parte, los estudios de impacto ambiental son financiados por las mismas empresas y las comunidades los perciben como documentos diseñados para respaldar intereses externos. La consulta suele ejecutarse rompiendo las lógicas locales: se convocan reuniones fragmentadas, se ignoran los tiempos de las asambleas y se ofrece información escasa. Así resume Daniel este sentimiento de indefensión: “Decimos que somos dueños de todo, pero después se declara tal lugar como Patrimonio de la Humanidad y no se nos consulta nada. Nadie nos defiende”.

Ante el vacío estatal, las comunidades de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc han creado su propio protocolo biocultural: el Kachi Yupi (Huellas de la Sal). Este documento narra el derecho sagrado al agua y establece que las decisiones deben pasar por la Asamblea General de la Cuenca. Sin embargo, el Decreto 7751/2023 reduce la consulta a una “reunión informativa” entre las empresas y las comunidades. Para Flavia, presidenta de Santuario Tres Pozos, el Estado ignora el protocolo comunitario: “Recibirlos es considerado como dar el consentimiento. Todo es a cambio de negociar rápidamente y por unas cositas: un proyector, un grupo electrógeno”.

Postales del despojo: el Estado, las mineras y la industria vitivinícola

La conflictividad socioambiental en Jujuy ha dejado de ser una disputa por parcelas para convertirse en una lucha por la supervivencia. En un escenario donde el agua y la tierra son acechados por intereses extractivos, inmobiliarios y estatales, las comunidades indígenas despliegan estrategias que van desde la diplomacia jurídica hasta la acción directa y movilización en el territorio. “El Estado entregó la tierra a las multinacionales con nosotros adentro”, sintetiza Débora, de la comunidad Casa Grande. 

En la zona controlada por la minera El Aguilar, los efectos del extractivismo son innegables: diques de cola con desechos tóxicos y una escasez hídrica que compromete la vida. Anabella, de Abra Pampa, denuncia un “genocidio silencioso” que incluye la contaminación con plomo que afecta a niños y niñas en un sistema sanitario desmantelado. Griselda, de Finca El Pongo, relata cómo el modelo de agricultura familiar de tres generaciones fue arrasado por emprendimientos de cannabis medicinal y parques industriales de litio. Aquí, el Estado no está ausente, sino que promueve los desplazamientos: la policía custodia la casa de Griselda mientras las máquinas rompen el suelo y les niegan el acceso al agua de riego.

Cuando las instituciones comunitarias se ven cooptadas por intereses empresariales, la respuesta es la fisión: comunidades que se dividen para crear nuevas unidades (como es el caso de Antigal de Moya) y así recuperar la autonomía de lucha.

La presión inmobiliaria sobre los territorios y comunidades indígenas ha fracturado incluso los lazos internos entre parientes y vecinos.

En la Quebrada de Humahuaca, la presión inmobiliaria disfrazada de “progreso vitivinícola” genera nuevas heridas. En la comunidad de Chucalezna, el avance de las bodegas y los loteos turísticos ha modificado el cauce de los ríos: estas transformaciones topográficas están provocando aludes que entierran sembradíos y casas. Florencia y Amalia denuncian la privatización de ojos de agua comunitarios y destacan la desigualdad en las herramientas que se emplean: “Nos quieren quitar el agua. Nosotros hicimos el trabajo a pala y pico; el empresario lo hace a máquina”.

Esta presión inmobiliaria sobre los territorios y comunidades indígenas ha fracturado incluso los lazos internos entre parientes y vecinos. Cuando las instituciones comunitarias se ven cooptadas por intereses empresariales, como el caso de los delegados que a la vez son empleados de las bodegas, la respuesta es la fisión: comunidades que se dividen para crear nuevas unidades (como es el caso de Antigal de Moya) y así recuperar la autonomía de lucha. Aunque ello signifique una fragmentación dolorosa.

“Sembrar agua” y “caminar la tierra”: estrategias de defensa

Frente al desamparo, las comunidades han comenzado a construir soluciones desde adentro. La lucha comienza muchas veces en el papel, mediante la presentación de actas, denuncias y la creación de alianzas con universidades y ONG. Es un proceso de aprendizaje colectivo donde las comunidades deben navegar los “vericuetos burocráticos” e identificar aliados. Sin embargo, cuando los canales formales se agotan, la protesta se traslada al cuerpo y a la ruta: desde bloqueos y huelgas de hambre hasta la captura de maquinaria pesada. Ante la falta de justicia, la movilización y la organización son las herramientas más certeras. “Estar agrupados en el Consejo, ahí se adquiere fuerza”, señala una comunaria.

En la Puna, el Grupo de Mujeres Defensoras del Hábitat Natural (Casa Grande, Vizcarra y El Portillo) ha resignificado la protesta transformándola en cuidado ambiental activo. Ante la disminución de la queñua (un árbol nativo capaz de almacenar grandes cantidades de agua que fue devastado por la minería y la apertura de caminos), estas mujeres han iniciado una gesta de restauración y sanación del medio ambiente. “Sembrar agua para las próximas generaciones”, es la consigna bajo la que decidieron plantar 15.000 queñuas durante 2025. Este proceso requirió una “limpieza” interna: debieron buscar liderazgos independientes de la minera, ya que hasta 2017 sus representantes eran trabajadoras de la misma firma.

Para Diego y David, de la comunidad de Rodero, la resistencia es permanencia. Frente a la gentrificación turística y la presión extractiva, el turismo comunitario y las escuelas rurales surgen como estrategias para frenar el éxodo joven.

Para Diego y David, la resistencia es, ante todo, permanencia. El turismo comunitario y las escuelas rurales surgen como estrategias para frenar el éxodo joven.

Otra forma de resistencia fue la “Caminata de Mujeres en Defensa de la Pachamama” en agosto de 2025. Desde la Laguna de Pozuelos, las mujeres recorrieron 282 kilómetros hasta San Salvador de Jujuy para denunciar cómo la minería desmantela las redes de vida y los modos tradicionales de existencia. Esta acción no fue solo una denuncia, sino un tejido intercomunitario que afirmó el rol central de las mujeres como guardianas del territorio.

Para Diego y David, de la comunidad de Rodero, la resistencia es, ante todo, permanencia. Frente a la gentrificación turística y la presión extractiva, el turismo comunitario y el fortalecimiento de las escuelas rurales surgen como estrategias para frenar el éxodo joven: “Estudié en Tucumán y volví porque extrañaba la comunidad. Estar en el territorio es la mejor defensa. Trabajamos para no perder la identidad”. David complementa esta visión con una urgencia demográfica: “Nosotros conocemos el territorio, pero necesitamos que la gente se quede”. Un territorio habitado y con identidad fuerte es mucho más difícil de sacrificar que un “espacio vacío” en los mapas de inversión.

Imaginando otros futuros posibles

Sin embargo, no todas las estrategias son celebradas unánimemente. Existe un fenómeno creciente: la fisión de comunidades. Ante tensiones internas o cooptaciones políticas por parte de las empresas, grupos de comunarios como los de la nueva comunidad Antigal de Moya han optado por separarse de sus unidades originales. Si bien estas rupturas buscan resguardar la autonomía de quienes sí quieren luchar, también evidencian la capacidad del modelo extractivo para horadar la cohesión de los Pueblos Originarios que habitan el noroeste argentino.

En suma, el informe elaborado por el equipo de Antropología de las Políticas de Desarrollo y Territoriales del Instituto de Ciencias Antropológicas no sólo da cuenta de los conflictos y desafíos que afectan cotidianamente a las comunidades indígenas y campesinas, sino que abre un horizonte de posibilidades para invitarnos a imaginar otras formas de habitar y relacionarnos con el medioambiente. Las experiencias que nos comparten las comunidades indígenas y campesinas de Jujuy pone de manifiesto que el territorio no es un mero recurso para la planificación extractiva, sino un tejido vivo de historias, que se resiste a ser reducido por la lógica del mercado.

Poniendo en diálogo los saberes locales y académicos, el informe visibiliza prácticas, experiencias, resistencias y estrategias territoriales que suelen ser silenciadas: desde la creación de protocolos bioculturales propios hasta la siembra colectiva de queñuas. La experiencia en Jujuy demuestra que la defensa se escribe con el cuerpo y la permanencia en los territorios. Y subraya una certeza compartida: frente a un modelo que proyecta “espacios vacíos”, el arraigo identitario y la ocupación efectiva constituyen la más sólida frontera contra el despojo.

Puede leer el informe del equipo de Antropología de las Políticas de Desarrollo y Territoriales en la página del Instituto de Ciencias Antropológicas.

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Este reclamo marcó el inicio de la organización Lhaka Honhat (“nuestra tierra”, en idioma wichi), que reúne a todas las comunidades de los cinco pueblos que habitan el mismo territorio. La solicitud presentada aclara que no están pidiendo títulos individuales por comunidad, sino un solo título sin divisiones internas a nombre de todas. La historia de lucha de la Lhaka Honhat arranca formalmente en 1991, con la presentación de un mapa de topónimos que refleja las áreas tradicionalmente ocupadas, abarcando una superficie de 530.000 hectáreas. El pedido se sustenta en una fundamentación histórico-jurídica, basada en el derecho internacional y las normas nacionales que les compete en tanto Pueblos Indígenas. 

La zona, conocida como lotes fiscales 55 y 14, había sido ocupada desde principios del siglo XX por familias de ganaderos no indígenas. Esto provocó un grave deterioro ambiental, acelerado por la tala del monte nativo que aún perdura. Desde entonces, las comunidades han acrecentado la demanda de protección solicitada al Estado. En 1992, Lhaka Honhat obtuvo su personería jurídica, un requisito exigido por el gobierno de Salta como condición para la titulación, según el decreto 2609/91. La norma prevía la entrega de tierras a ambos grupos, sin considerar la demanda indígena sustentada en argumentos presentados ante las autoridades junto con el mapa del territorio de uso tradicional. 

En defensa del territorio: el camino judicial

El decreto quedó sin efecto mientras se avanzaba con la puesta en marcha del llamado “corredor bioceánico”, destinado a unir Argentina con Paraguay y, en una etapa posterior (2026-2027), con Brasil y Chile, con el objetivo de facilitar el comercio internacional entre el Mercosur y Asia. La primera fase consistió en la construcción de un puente internacional entre la comunidad Misión La Paz (Argentina) y Pozo Hondo (Paraguay). Ante esta nueva situación, Lhaka Honhat decidió presentar un recurso de amparo ante la justicia local, para defender los recursos naturales y exigir la realización de estudios de impacto ambiental.

En 1996, durante 23 días, más de mil indígenas ocuparon el puente para protestar públicamente por la falta de consulta previa, libre e informada. Además, advertían sobre el impacto que el tránsito de personas provocaría al territorio de uso tradicional y a las comunidades de los cinco Pueblos Indígenas, sus cuidadores desde tiempos inmemoriales. La protesta concluyó luego de la firma de un acta acuerdo mediante la cual el gobierno salteño se comprometió a entregar el título a las comunidades.

De la superficie total del territorio de uso tradicional, Lhaka Honhat resolvió descontar 130.000 hectáreas que no son usadas intensivamente, para su titulación a favor de las familias criollas.

De la superficie total del territorio de uso tradicional, Lhaka Honhat resolvió descontar 130.000 hectáreas para su titulación a favor de las familias criollas.

Una vez más, el gobierno salteño incumplió su compromiso y Lhaka Honhat decidió acudir a la justicia internacional. En 1998, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), como representante de la asociación, elevó una denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos exponiendo el reclamo de titulación del territorio. Además de su presentación, el CELS adjuntó un dictamen antropológico que describe, desde una perspectiva histórica, la organización social, política y económica de las comunidades. A su vez, presentó un informe ambiental ratificado por la Administración de Parques Nacionales sobre el estado de los lotes 55 y 14. 

En el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se dio inicio a un proceso de solución amistosa entre el Estado y Lhaka Honhat, que motivó cambios sustantivos en el pedido originario. Por un lado, las comunidades resolvieron aceptar la incorporación de las familias no indígenas a la discusión, no como parte del caso judicial, sino como una estrategia amigable para impulsar una solución. De la superficie total del territorio de uso tradicional, Lhaka Honhat resolvió descontar 130.000 hectáreas que no son usadas intensivamente, para su titulación a favor de las familias criollas. 

Audiencia de las partes y sentencia de la Corte IDH

En 2006, la CIDH dictó su Informe de Admisibilidad de la Denuncia y, más tarde, en 2012, dictó el Informe de Fondo, en el que reconoce la violación de los derechos de las comunidades y ordena al Estado argentina las reparaciones correspondientes dentro de un plazo de tiempo que sería renovado en 23 oportunidades. Finalmente, ante el  incumplimiento del Estado, la CIDH decide trasladar el caso a la Corte Interamericana (Corte IDH) en 2018.

En 2019, la Corte convocó a las partes (el Estado y Lhaka Honhat) a una audiencia en Costa Rica para escuchar a los coordinadores de la organización indígena y a los funcionarios del Estado nacional y provincial, quienes expusieron sus razones y respondieron a las preguntas formuladas por los ministros. Además, la Corte solicitó informes periciales, jurídicos y antropológicos que fueron incorporados al análisis final.  

La Corte le ordenó al Estado argentino que en el plazo máximo de seis años (2020-2026) “delimitara, demarcara y titulara a nombre de todas las comunidades una superficie unificada, sin divisiones internas, bajo un solo título”.

La Corte le ordenó al Estado que delimitara, demarcara y titulara a nombre de todas las comunidades una superficie sin divisiones internas, bajo un solo título.

Como resultado de esta audiencia, el 6 de febrero del 2020, la Corte condenó al Estado argentino por la violación de los derechos indígenas. La Corte IDH dictaminó que el Estado de Argentina: 1) violó el derecho de propiedad comunitaria indígena, así como los derechos a la identidad cultural, a un ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua; 2) incumplió su obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular el artículo 21 (derecho de propiedad) en relación con los derechos de garantía y protección judicial; el artículo 23.1 (derechos políticos); y el artículo 26 (derechos, económicos, sociales, culturales y ambientales); y 3) desatendió el artículo 8.1 por la demora en la resolución de una causa judicial y por no adoptar medidas eficaces para detener actividades perjudiciales para estos derechos.

En cuanto a la demanda de fondo, la Corte le ordenó al Estado argentino que en el plazo máximo de seis años (2020-2026) “delimitara, demarcara y titulara a nombre de todas las comunidades una superficie unificada, sin divisiones internas, bajo un solo título”. A su vez, dispuso algunas medidas de reparación: no realizar actos, obras o emprendimientos sin la consulta previa, libre e informada (CLPI); presentar a la Corte un estudio sobre situaciones críticas de falta de agua potable o alimentos; y un plan de acción para atender e implementar medidas para garantizar el acceso permanente a agua potable y crear un fondo de desarrollo comunitario.

Un detalle no menor de esta sentencia es la decisión adoptada por la Corte de incluir a las familias criollas, sin menoscabar la defensa de los derechos indígenas. Con ese fin, se dispuso que aquellas familias residentes en el territorio indígena acordaran con las comunidades indígenas su traslado a la zona libre de ocupación tradicional.

Resultados desalentadores

En 2020, desde el Estado provincial se dispuso la creación de una Unidad Ejecutora Provincial encargada de definir los límites junto a un equipo de técnicos territoriales.  El trabajo se llevó adelante en el marco de un Plan de Trabajo con el acompañamiento de un indígena y un criollo.  Al año siguiente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación creó la Unidad Ejecutora Nacional Temporaria Para la Ejecución de la Sentencia (UENT), con el fin de “articular con los organismos del Estado nacional, provincial y municipal la ejecución de iniciativas conjuntas para dar cumplimiento a las medidas de reparación ordenadas por el fallo”. 

En 2023, la UENT se desarmó y las actividades que debía encarar para la ejecución de las medidas de reparación fueron suspendidas. En la nueva gestión del gobierno nacional, la dependencia de los derechos indígenas pasó de la Secretaría de Derechos Humanos al Ministerio del Interior y, dentro de éste, el Instituto Nacional de Asuntos  Indígenas (INAI) pasó a ser Secretaría de Asuntos Indígenas. La Corte supervisará el cumplimiento total de la sentencia y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya cumplido con todo lo dispuesto. El 6 de febrero de 2026, a seis años de la sentencia, la implementación muestra resultados exiguos y desalentadores para las comunidades.

Entre 2020 a 2026, el territorio indígena sigue siendo ocupado por población fronteriza, los alambrados de los ganaderos no han sido retirados y la tala del bosque nativo aumenta sin control.

Entre 2020 a 2026, el territorio indígena sigue siendo ocupado por población fronteriza, los alambrados de los ganaderos no han sido retirados y la tala del bosque nativo aumenta sin control.

El objetivo 1, que tiene por finalidad la delimitación del territorio tradicional, depende  del diálogo entre ambos grupos. Por el momento, el último mapa acordado  en 2023 revela que está pendiente la realización de reuniones para acordar los límites de los asentamientos de las familias criollas y el territorio indígena. A ello se suma la incertidumbre respecto de quiénes son los responsables directos de la tarea, dados los cambios en el INAI y las dificultades para el trabajo en el terreno debido a la temporada de lluvia de los meses de verano. Respecto del objetivo operacional 2, relativo a la provisión de agua potable y alimentación adecuada, los trabajos que comenzaron con los acuerdos entre la Unidad Ejecutora Nacional y otros organismos del Estado nacional (como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) se descontinuaron en el nuevo gobierno del presidente Javier Milei.

Mientras tanto, entre 2020 a 2026, el territorio indígena sigue siendo ocupado por población fronteriza, los alambrados de los ganaderos no han sido retirados y la tala del bosque nativo aumenta sin control. A esto cabe agregar el resurgimiento del interés de los gobiernos del Mercosur por continuar con el trazado del corredor bioceánico, que renueva la preocupación enfatizada por la sentencia de la violación del derecho de consulta y el acceso a información libre y previa. Todo esto va más allá del agravamiento del deterioro ambiental que, una vez más, se opone al reconocimiento del uso tradicional de los recursos vitales para la población de los cinco pueblos.

Importancia de la sentencia para los Pueblos Indígenas en Argentina

La Corte extendió el alcance de esta sentencia al resto de los Pueblos Indígenas del país, al enfatizar que Argentina no cuenta con la normativa adecuada para garantizar en forma suficiente el derecho a la propiedad comunitaria. Según la Corte, esto significa que las comunidades indígenas no cuentan con una tutela efectiva de su derecho a la propiedad.

En consecuencia, el “caso” 12094 Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat contra Estado de Argentina es un emblema de la lucha indígena en el país que afecta a todas las comunidades. Sin embargo, llamativamente, es poco conocido en la Argentina. En ese entendido, la Corte recomendó al Estado que la sentencia debía ser publicada por medios gráficos oficiales: es un hecho de enorme impacto para la situación de inseguridad jurídica en que viven muchas comunidades debido a la falta de una legislación u otras medidas necesarias para dar seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria indígena.

Mientras, vuelven a escucharse las voces de los líderes preguntando insistentemente: “¿Y ahora qué podemos hacer nosotros? ¿Hasta cuándo tenemos que seguir esperando?”.

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Allí trabajaban bajo un sistema de explotación, disciplinamiento y sometimiento a cambio de pequeñas sumas de dinero que, al regresar de la zafra, les permitía adquirir ropa, herramientas y utensilios en los comercios de Las Lomitas y otras poblaciones. Cuando intentaban volver a vivir a sus territorios, se enfrentaban con los criollos que procuraban despojarlos y, en alianza con las autoridades, los intimaban a asentarse en la Reducción Bartolomé de las Casas (ubicada a 130 kilómetros del lugar). En su defecto, eran presionados a trasladarse a dos colonias agrícola-ganaderas aborígenes similares que se fundarían en 1936, también en zona militarizada, bajo vigilancia y control militar.

Hambrientos, enfermos y perseguidos por la violencia que imperaba contra ellos, los pilagá habían acudido a La Bomba desde diferentes parajes en torno a un sanador, Luciano Córdoba (Tonkiet), cuyo poder reparaba las heridas de la explotación económica y de la colonización. La imaginación colonial de los criollos convirtió la congregación de indígenas en un grupo “irreductible” de número inusual, luego en amenaza de ataque y finalmente en la razón justificatoria para un ataque militar.

Una masacre nacional y colonial

Antes de la masacre, las autoridades instaron a los pilagá a desconcentrarse y a asentarse en Bartolomé de Las Casas. Después de la masacre, lograron confinar a los sobrevivientes allí mismo, en donde serían explotados en condiciones de semi-esclavitud. Plantación, reducción, explotación económica y vigilancia militar constituyen así una red de espacios de impronta colonial que conforman la base de una estructura de violencia. 

Durante los años siguientes, mientras los acontecimientos permanecieron relativamente ocultos para el resto de la sociedad argentina, los indígenas recurrían a sus propios mecanismos sociales para tramitar el daño. Muchos se distanciaron de “la vida de antes” y se entregaron al Evangelismo y, bajo él, procesaron el trauma y procuraron eludir el hostigamiento del Estado. En los años 1990 y 2000, surgieron en el Chaco distintos tipos de acciones en demanda de memoria, verdad y justicia en el contexto de las modificaciones que se generaron a escala nacional y los efectos del reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas en el país y la región.

Rincón Bomba permite cuestionar la idea de la masacre como un hecho aislado, temporal y espacialmente singular. Por una parte, tal acontecimiento se inserta en una cadena de violencias. Por otra parte, su inscripción espacial es dispersa y extendida. Una y otra expansión conducen a pensar en la dimensión colectiva del daño: a nivel temporal, mostrando las varias generaciones que han enfrentado la violencia y sus legados. A nivel espacial, mostrando la amplitud geográfica de las afectaciones. 

Una masacre anunciada

La primera gran manifestación de violencia registrada en el siglo XX se dio con el ataque al fortín Yunká en 1919 por lo que los pilagá sufrieron, equivocadamente, una violenta represión [1]. El diario de campo del militar sueco Gustav Emil Haeger, quien en 1920 realizó una expedición al Gran Chaco, registra el caso del colono Anselmo Calermo, “un viejo amigo”, que al ser “corrido por los pilagá” de la “cañada de Descanso” acudió al fortín Chávez desde donde promovió una expedición militar contra Nelagadik y su gente, evidenciando la complicidad entre militares y ganaderos criollos [2].

Por su parte, el antropólogo Jules Henry refiere otros ataques por parte del ejército en 1933, en los que varios indígenas fueron asesinados y otros llevados a 50 millas al oeste de los lugares de sus “comunidades” tradicionales [3]. En 1935, cientos de pilagá que habían huido al Paraguay a causa de los ataques de la Gendarmería acudieron a la Misión El Toba en busca de la protección de los misioneros, quienes fundarían después la Misión Pilagá [4]. Entre 1937 y 1939, varios testimonios de misioneros anglicanos de la Misión Pilagá indican que “los enfrentamientos de los pilagá con el ejército, los ganaderos y los colonos [eran] moneda corriente” [5]. 

Al reconocerse como “argentinos” por haber colaborado con el ejército y haberse asumido como vigías fronterizos, los pilagá mantuvieron confrontaciones con sus enemigos tradicionales, los nivaĉle y los maká, que habían sido reconvertidos por la guerra en paraguayos.

Al reconocerse como “argentinos” por haber colaborado con el ejército, los pilagá mantuvieron confrontaciones con sus enemigos tradicionales, los nivaĉle y los maká.

Asimismo, los misioneros detallan cómo los indígenas enfrentaban una violencia sistemática por parte de los soldados paraguayos. Entre esos ataques se destacan dos matanzas: la de seis indígenas en abril de 1937 y la de otros siete en 1938 [6]. Por su parte, los pobladores criollos también asesinaban impunemente a los pilagá, a quienes acusaban del robo de ganado. Cuando en 1939 el antropólogo Alfred Métraux recorrió la zona encontró un paisaje de “decadencia y muerte”: la viruela arrasaba, los conflictos con el ejército eran constantes y los criollos ocupaban los campos indígenas. Durante la década de 1930, en el contexto de la guerra del Chaco, los pilagá enfrentaron también la violencia de los soldados paraguayos [7]. 

Al mismo tiempo, al reconocerse como “argentinos” por haber colaborado con el ejército y haberse asumido como vigías fronterizos, los pilagá mantuvieron confrontaciones con sus enemigos tradicionales, los nivaĉle y los maká, que habían sido reconvertidos por la guerra en paraguayos. De acuerdo a la Doctora en Antropología Social Anne Gustavsson, antes de 1947, una docena de hombres pilagá encabezada por Sedaakie´n y Peletooe´n salió a mariscar al norte de Laguna Yema y fueron emboscados por unos criollos que, en complicidad con la policía, los engañaron y masacraron. Solamente Sedaakie´n y Peletooe´n pudieron escapar. Después de “la masacre de los mariscadores”, el lugar sería llamado “Pozo Quemado” por los rastros de incendio que quedaron [8].

Mapeando la masacre

Ampliemos la escala también en términos geográficos. El ataque de la Gendarmería en Rincón Bomba no marcó un sitio, sino más bien un conjunto de lugares. La tarde del 10 de octubre de 1947, el escuadrón 18, dividido en dos grupos, disparó varias ráfagas contra un número indeterminado de indígenas que se habían congregado en La Bomba [A]. En los días anteriores, los pilagá habían sido desarmados por los mismos gendarmes, quienes pretendían que “se desmovilizaran” y accedieran a reducirse. 

El 11 de octubre y los días siguientes, los ataques continuaron y los pilagá intentaron huir. La mayoría de ellos fue hacia el norte, sin agua y sin comida, en largas caminatas nocturnas y escondiéndose en el monte. En algunas ocasiones tuvieron que abandonar a sus hijos más chicos. En Pozo de los Chanchos Panorí, dos niños fueron atacados por una patrulla y dos jóvenes que huían con el grupo de Desade’en murieron por heridas de bala [B]. En las tierras del productor Esteban Curesti, en Campo del Cielo, una mujer llamada Seecholé y su familia fueron detenidos todo el día, bajo 40 grados de calor y sin agua. Los gendarmes separaron del grupo a una niña y el segundo comandante del escuadrón, Aliga Pueyrredón, la violó [C].

En Pozo del Tigre, los gendarmes encontraron a una pareja, la quemaron viva y a una niña la ejecutaron de un disparo en la cabeza. Los días 13 y 14 de octubre, alcanzaron al grupo de Piakqolek que escapaba hacia Navagán, retuvieron a tres personas y los fusilaron frente a todo el grupo.

En Pozo del Tigre, los gendarmes buscaban casa por casa a los fugitivos: encontraron una pareja, la quemaron viva y a una niña la ejecutaron de un disparo en la cabeza.

En El Descanso, cerca de Pozo del Tigre, Panorí’, otros dos niños y más de 50 personas fueron detenidas en un corral de animales [D]. En La Alcoba, cerca de El Descanso, tres ancianos fueron detenidos, atados a un árbol y quemados vivos hasta su muerte [E]. En Pozo del Tigre, los gendarmes buscaban casa por casa a los fugitivos: encontraron una pareja, la quemaron viva y a una niña la ejecutaron de un disparo en la cabeza [F]. Los días 13 y 14 de octubre, los gendarmes alcanzaron al grupo de Piakqolek que escapaba hacia Navagán, retuvieron a tres personas y los fusilaron al frente de todo el grupo [G]. 

El grupo de Dasae’en, que había huido hacia el norte después de la masacre de La Bomba, fue alcanzado por la gendarmería cerca del paraje La Lagunita gracias a la denuncia de unos pobladores criollos; allí hirieron a una mujer [H]. Cerca de la frontera con Paraguay, siete personas fueron asesinadas [I]. El 16 de octubre, un avión Junker que había despegado el día anterior de la base de El Palomar en Buenos Aires, disparó desde el aire contra varios indígenas con una ametralladora [J]. En El Cuervo fue capturado Oñedié, trasladado al fortín La Soledad y, posteriormente, enviado a Colonia Muñiz [K]. En el documento confidencial N° 1047 se dejó constancia de 15 personas muertas en un supuesto enfrentamiento sin verificación judicial ni registro del destino de esos cuerpos [L].

Después de la represión, muchos pilagá se entregaron a las autoridades. Posteriormente, fueron concentrados en Pozo del Tigre y luego fueron conducidos a la estación, en donde los llevaron en tren hasta Estanislao del Campo y, desde allí, trasladados en camión hasta Bartolomé de Las Casas y Francisco Muñiz [M]. Allí fueron obligados a trabajar sin salario, siguiendo el esquema reduccional, al menos hasta febrero de 1948 [22]. Un asentamiento de tipo agrícola fue creado bajo administración del “cacique Coquero”, con la promesa gubernamental del otorgamiento de título de tierras y su posterior desarrollo como núcleo poblacional para los pilagá sobrevivientes de la masacre [N].

Disputas por reconocimiento, restitución y reparación

En los años siguientes, las reuniones colectivas (incluyendo las asambleas evangélicas) estuvieron casi proscritas y, todavía en la década de 1950, eran objeto de hostigamiento por parte de la policía. En las décadas siguientes, y bajo un seguimiento estatal mayor, la inscripción legal de las iglesias indígenas operó como salvoconducto.

Algunas familias que se escondieron en el monte volvieron después de un tiempo a sus asentamientos limitando cada vez más su movilidad en territorios tradicionales de caza, pesca y recolección, de los que poco a poco se apropiaron los productores ganaderos. Otros se instalaron en comunidades como Namqom en Formosa, lejos de sus comunidades tradicionales y mayoritariamente habitadas por los qom, sus enemigos tradicionales. En todos los casos, los pilagá adoptaron una mayor sedentarización y una menor movilidad entre comunidades.

En 2019, el Poder Judicial reconoció la responsabilidad del Estado Nacional en la masacre y destacó la dimensión colectiva del daño. La Federación de Comunidades Pilagá ha insistido que las reparaciones son insuficientes y es necesario incluir los territorios usurpados.

En 2019, el Poder Judicial reconoció la responsabilidad del Estado Nacional en la masacre y destacó la dimensión colectiva del daño.

En 2007, la Justicia argentina autorizó excavaciones en el lugar donde se inició la masacre, en donde hasta ese entonces funcionaba el polígono de tiro de Gendarmería Nacional de Las Lomitas y cuyas tierras habían sido apropiadas. En otras excavaciones se hallaron tres fosas y cadáveres. En 2019, el Poder Judicial reconoció la responsabilidad del Estado Nacional en la masacre y destacó la dimensión colectiva del daño. La Federación de Comunidades Pilagá, principal promotora de la demanda, ha insistido desde entonces que las reparaciones son insuficientes y que es necesario incluir los territorios usurpados.

Los nuevos tiempos que soplan en Argentina no son promisorios para la garantía de los derechos territoriales indígenas. Peor aún, una ley de relevamiento territorial incumplida durante 20 años los deja en una clara situación de indefensión jurídica frente a un contexto en el que el gobierno nacional quiere avanzar aún más en la construcción de un modelo económico basado en el extractivismo. Asimismo, la restitución de los territorios usurpados mediante la violencia a las comunidades indígenas es hoy, como ayer, tarea pendiente.

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El marco normativo de la República Argentina respecto a los Pueblos Indígenas tiene rango constitucional: se reconoce su preexistencia y el derecho a la propiedad comunitaria de sus territorios y la gestión de sus recursos naturales. Si bien la Argentina ha suscrito el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, no existen leyes que reglamenten la propiedad comunitaria ni la Consulta Previa, Libre e Informada. Por ello, el acceso de los Pueblos Indígenas al pleno ejercicio de sus derechos colectivos específicos suele quedar sujeto a la voluntad de los Estados nacional y provincial.

Retrocesos normativos y vulneración de derechos en Argentina

La República Argentina firmó y ratificó el Acuerdo de París. En diciembre de 2020, Argentina presentó la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional y se comprometió a no superar la emisión neta de 359 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2030, de conformidad con el artículo 4.4 del Acuerdo. No obstante, las actuales acciones del gobierno apuntan a una dirección contraria. El presidente Javier Milei, quien niega el cambio climático e insiste que “es otra mentira que se cae”, ordenó el retiro de la misión argentina en el tercer día de la COP29, celebrada en la ciudad de Bakú (Azerbaiyán), lo cual generó una gran conmoción entre las delegaciones.

Además, en el último tiempo, el gobierno ha introducido algunos cambios normativos que generan importantes y preocupantes vulneraciones en los derechos de nuestras comunidades indígenas. Estas medidas desregulan los sistemas de control sobre actividades extractivistas y tienen un impacto significativo sobre los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas. Asimismo, promueven y favorecen la explotación intensiva de recursos naturales mediante la derogación de leyes calificadas como “restrictivas” y la eliminación de estructuras estatales de supervisión, lo que refleja un enfoque de liberación total en sectores como el agropecuario, energético y minero. 

A su vez, el Poder Ejecutivo Nacional ha dictado el Decreto de Necesidad y Urgencia 1083/2024 que deroga la última prórroga a la Ley de Emergencia Territorial Indígena. La finalización de la emergencia territorial expone a las comunidades a posibles desalojos (algunos ya han empezado a concretarse), lo cual contribuye a una conflictividad que debe evitarse en forma inminente con la sanción definitiva de la ley de instrumentación de la propiedad comunitaria indígena. Además, en 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la sentencia “Lhaka Honat vs Argentina”, en la cual, la Corte obliga a la Argentina a que adopte “medidas legislativas y/o de otro carácter para dotar de seguridad jurídica el derecho humano de propiedad comunitaria indígena”.

Un nuevo tipo de colonialismo

En este contexto adverso para los derechos indígenas, avanza la explotación del litio, un mineral crítico para la transición energética. La Directora Ejecutiva Adjunta de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Pía Marchegiani, sostiene que en los últimos años se ha registrado un aumento vertiginoso en la demanda del litio, debido a las crecientes presiones del Norte Global para avanzar hacia un modelo de transición energética. “¿Qué pasa con los ecosistemas y los derechos humanos?”, cuestiona la especialista. 

Efectivamente, se han intensificado las denuncias de los Pueblos Indígenas debido a la explotación de los recursos naturales, que realizan las empresas con el apoyo de gobiernos provinciales y nacional, sin considerar los informes de impacto ambiental ni los derechos humanos de quienes sufren las consecuencias. Por ello, si bien es urgente abandonar la explotación y consumo de los combustibles fósiles, hacerlo replicando el modelo actual de uso desmedido de los recursos naturales perpetuará las mismas lógicas del modelo energético actual: un esquema extractivista abusivo, individualista y violatorio de los derechos humanos.

La lógica colonialista se intensificó en las últimas décadas en toda la región por la concentración de tierra y recursos en manos de grandes corporaciones extranjeras habilitadas por los gobiernos locales. No obstante, las organizaciones indígenas están respondiendo.

La lógica colonialista se intensificó en la región por la concentración de tierra y recursos en manos de grandes corporaciones extranjeras habilitadas por los gobiernos locales.

La extracción de litio ha causado graves daños en varias regiones de Argentina. Este fenómeno no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una larga historia de saqueo y sacrificio de bienes naturales que se repite en todo el continente. Desde la colonización europea, los territorios de América Latina han sido concebidos como reservas de materias primas para el Norte global. En este contexto, las resistencias frente al extractivismo evidencian una continuidad en la defensa de los territorios.

La lógica colonialista se intensificó en las últimas décadas en toda la región como parte del proceso de concentración de tierra y recursos en manos de grandes corporaciones extranjeras habilitadas por los gobiernos locales. No obstante, las organizaciones indígenas están respondiendo.

Mujeres diaguitas defensoras de la vida

En el discurso oficial que levantan tanto las empresas trasnacionales como los gobiernos locales, la transición energética aparece como la llegada del progreso a los territorios rurales. En la provincia de Catamarca, las campañas mediáticas y los anuncios oficiales intentan reforzar la idea de “las bondades” que brindaría la minería. Desde esa perspectiva, pareciera que las economías domésticas y las formas de organización local estuvieran “atrasadas” frente a la innovación y “prosperidad” que traerían los megaproyectos mineros, junto a la promesa de generar trabajo. 

Las jóvenes indígenas de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita impulsan una estrategia de defensa comunitaria frente a las paradojas que presenta la transición energética en su territorio. Ellas despliegan prácticas concretas y situadas que desafían a las políticas de explotación, frenan el saqueo de los territorios y llaman a la acción. Las jóvenes provenientes del Valle de Yocavil, ubicado al este de Catamarca, aseguran que la vida se defiende en tiempo presente: “No se puede seguir mirando cómo las empresas destruyen los territorios sin hacer nada”.

“Sabemos muy bien la riqueza que tenemos, no queremos su progreso. Por eso nos organizamos para preservar nuestro territorio de las mineras”, explica Milagros Romero.

Milagros Romero: “Sabemos muy bien la riqueza que tenemos, no queremos su progreso. Por eso nos organizamos para preservar nuestro territorio de las mineras”.

El Valle de Yocavil cuenta con una extensa historia de lucha por parte de los pueblos que lo habitan ancestralmente. Las jóvenes lideresas diaguitas sostienen que eligen cuidar la tierra hoy porque mañana será tarde, y explican que el progreso y el desarrollo no son lo mismo. Milagros Romero, de la comunidad Toro Yaco, sostiene que la vida plena se relaciona con una práctica y una reflexión en torno a las formas de consumir, de producir y de cuidar la naturaleza. Por eso, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita produce y comercializa sus alimentos, condimentos y artesanías cuidando el entorno natural del que son parte, al mismo tiempo que bloquean el ingreso de las empresas extractivas. “Sabemos muy bien la riqueza que tenemos, no queremos su progreso. Por eso nos organizamos para preservar nuestro territorio de las mineras”, explica Milagros.

En el mismo sentido, en diciembre de 2024, la Unión Solidaria de Comunidades del Pueblo Diaguita Cacano emitió una declaración en la que repudió el decreto presidencial que derogó la Ley de Emergencia Territorial Indígena y convocó al parlamento indígena. En el documento, se argumentaba que el único propósito era permitir la libre explotación de la Madre Tierra y despojar a las comunidades indígenas de sus legítimos derechos, reconocidos en Tratados Internacionales y la legislación nacional. Además, se advertía que la situación se había agravado debido a que el gobierno consideraba excesivo el número de comunidades registradas y las calificaba de inexistentes.

Los kollas de Salinas defienden su territorio frente al avance del litio

En Jujuy, las comunidades de la región de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc viven una grave situación de vulneración de sus derechos humanos y ambientales. La exploración minera continúa avanzando a pesar de no contar con estudios de impacto ambiental completos e integrales sobre toda la cuenca, que sirvan de base para identificar los riesgos reales en la zona de escasez hídrica. La mesa de Comunidades Indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc llevan décadas de lucha e incidencia en diversos ámbitos. Incluso han redactado su propio protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada, que nunca implementó el Estado provincial. 

Además, los hermanos y hermanas del Pueblo Kolla de Jujuy de Salinas Grandes integran el denominado Tercer Malón de la Paz, que enfrentó al entonces gobierno provincial de Gerardo Morales en 2023. En aquel momento, el ejecutivo había impuesto una reforma constitucional provincial que favorece la explotación de recursos a costa de los derechos de los Pueblos Indígenas. En consecuencia, las comunidades tuvieron que resistir violentas represiones, toda clase de métodos de persecución y la criminalización de la protesta social.

El Banco Mundial suspendió todo estudio hidrológico que se pretendía realizar sin consulta y participación de las comunidades indígenas de la cuenca de Salinas.

El Banco Mundial suspendió todo estudio hidrológico que se pretendía realizar sin consulta y participación de las comunidades indígenas de la cuenca de Salinas.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Jujuy hizo lugar a un amparo y ratificó el derecho a la información pública ambiental. Esta decisión beneficia a las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc y les reconoce el derecho a recibir información ambiental confiable (algo ya contemplado en el Acuerdo de Escazú). El recurso fue presentado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) con el objetivo de acceder a la información sobre las solicitudes mineras de litio y borato para operar en sus territorios. 

Finalmente, a través de una carta fechada el 24 de febrero de 2025, las comunidades Kollas de Jujuy recibieron otra noticia alentadora: el Banco Mundial suspendió todo estudio hidrológico que se pretendía realizar sin consulta y participación de las comunidades indígenas de la cuenca de Salinas. Asimismo, la entidad financiera ordenó suspender el relevamiento hasta que las partes involucradas encuentren una vía de diálogo.

Una transición que garantice los derechos humanos

La transición energética en nuestros países debe ser una oportunidad para avanzar hacia procesos de producción y distribución de energía más justos y equitativos. En este sentido, el rol del sistema internacional de protección es fundamental para garantizar la vigencia de los derechos humanos en las soluciones a la crisis climática.

De acuerdo a lo manifestado por el Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático, en su documento final de incidencia sobre “Transición Justa” para la COP28 de la CMNUCC: “Los derechos, perspectivas, sistemas de conocimiento y experiencias vividas de los Pueblos Indígenas deben ser considerados y tenidos en cuenta en las definiciones, criterios e implementación de los proyectos y programas de Transición Justa”.

Tanto el marco normativo plasmado en la Declaración, como el compromiso asumido en el Acuerdo de París, nos permite acercarnos al paradigma de “lo justo” en materia de Transición Energética. Sin embargo, actualmente, la explotación de minerales de transición como el litio, el cobre y el níquel se están realizando en territorios indígenas sin su Consentimiento Previo, Libre e Informado, lo cual dista mucho de lo que concebimos como justo. 

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A los pocos días, se filtra un proyecto de decreto firmado por el titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad que propone derogar la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias del país. Esta medida afecta la Ley 26.160, sancionada en 2006, que suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras indígenas. La ley fue prorrogada en tres ocasiones y vuelta a prorrogar en el 2021 por Alberto Fernández mediante decreto, ante la inminente caída de la ley por falta de acuerdo en el Parlamento. Este decreto tiene vigencia hasta noviembre de 2025, pero el Gobierno de Milei ya tiene escrita su inminente caída burocrática. 

La defensa de lo sagrado

Tan solo dos días después de concluido el juicio, notificaron los fundamentos de la condena contra los y las integrantes de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu. Se trata de los hechos ocurridos en noviembre de 2017 en torno a la recuperación territorial realizada por la comunidad de las tierras bajo dominio de Parques Nacionales. Los condenan a dos años de pena privativa de la libertad por el delito de “usurpación por despojo” al considerar que la comunidad entorpeció el acceso al predio de las fuerzas de seguridad y de Parques Nacionales. Estamos ante los mismos sucesos en donde la Prefectura asesinó al joven activista mapuche Rafael Nahuel de un disparo por la espalda. Tenía 22 años. Pero siempre hay una razón más profunda.

Luego de un proceso de fortalecimiento espiritual y levantamiento del rewe (sitio ceremonial y sagrado del pueblo Mapuche), los y las integrantes de la comunidad Lafken Winkul tomaron la decisión de recuperar su territorio por una cuestión que nos precede a todas y todos, incluso a ellos: una de las integrantes fue elegida por los ancestros para fungir de autoridad espiritual. 

La comunidad Winkul inició el proceso de recuperación de las tierras en dominio de Parques Nacionales porque allí debía ubicarse el rewe, su sitio ceremonial. Se trata de tierras disputadas por gobiernos, obispado, empresarios locales e intereses inmobiliarios.

La comunidad Winkul inició el proceso de recuperación de las tierras en dominio de Parques Nacionales porque allí debía ubicarse el rewe, su sitio ceremonial.

“No elegí este rol, sino que me descubrió otra machi, antes de que naciera. Desde el vientre de mi madre tuve este rol designado. Cuando llegó el momento determinado comencé a prepararme para mi rol; es un espíritu de machi que no puedo negar ni desconocer. El vínculo con el lugar existió desde mucho tiempo antes del inicio del expediente”, relata Betiana Colhuan en el cuartel militar convertido en sala de audiencia. 

La machi es una de las autoridades políticas y espirituales del pueblo Mapuche. Su rol es velar por la salud física y espiritual de la comunidad y sus integrantes, así como del cuidado del territorio que requiere del vínculo con seres no humanos que lo protegen. La comunidad Winkul inició el proceso de recuperación territorial de las tierras en dominio de Parques Nacionales porque allí debía ubicarse el rewe, su sitio ceremonial. Se trata de tierras disputadas por diferentes actores: gobiernos, obispado, empresarios locales e intereses inmobiliarios. Fueron los newenes y fuerzas los que señalaron el lugar.  

Proyectos de ley que vulneran derechos

En el Congreso de la Nación se están impulsando dos proyectos de ley de Propiedad Comunitaria Indígena (PCI). Por un lado, el proyecto 2390-D-2024 fue presentado por la diputada Roxana Monzón, del partido Unión por la Patria; por otro lado, el proyecto 0331-D-2024 fue impulsado por el diputado Gerardo Milman del partido Propuesta Republicana. Aunque ambos partidos políticos tienen ideología, historia y tradición opuestas, coinciden en la aparente urgencia de regular el acceso a la tierra de los Pueblos Originarios. 

El proyecto de Monzón regula derechos ya incluidos en el ordenamiento jurídico vigente y, no avanza en brindar soluciones y seguridad jurídica a las problemáticas históricas que padecen los pueblos y comunidades indígenas: presión inmobiliaria, expoliación de los recursos naturales, despojos y desalojos arbitrarios. Tampoco reconoce al territorio en su aspecto amplio dado que no lo abarca en toda su dimensión y caracteres (espacio aéreo, subsuelo y manejo de los recursos naturales). Además, limita el reconocimiento de la Propiedad Comunitaria Indígena al trámite de inscripción de la personería jurídica de la comunidad cuando el marco jurídico establece que la personería es declarativa y no constitutiva. El proyecto tampoco dice nada sobre los modos de adquisición de la PCI y guarda silencio sobre los sitios sagrados y de culto.

Pese a definir y abordar el territorio en base a estándares internacionales, el proyecto de Milman contiene artículos problemáticos en lo que respecta al acceso a la tierra de los pueblos. El artículo 15 brinda potestad al Ejecutivo de solicitar a la justicia desalojos de comunidades en casos de disolución o cancelación de la personería jurídica. Por su parte, el artículo 14 establece: “El miembro de una comunidad adjudicataria de tierras que las abandone no podrá reclamar ningún derecho sobre la propiedad comunitaria”. Lo anterior no responde a las situaciones de facto que se dan en los territorios indígenas ante el avance de la frontera productiva, instalación de grandes proyectos extractivos y, situaciones de pobreza y violencia que habilitan migraciones forzadas. Además, contradice estándares internacionales que determinan que los derechos territoriales no prescriben, siempre y cuando subsista el vínculo espiritual con la tierra (fallo de la CorteIDH Yakye Axa vs. Paraguay).

Un candado al reconocimiento y ejercicio de derechos

El 28 de octubre de 2024, el Gobierno de la provincia de Río Negro presentó un proyecto que rápidamente se convirtió en ley: “Procedimiento de convocatoria para realizar la Consulta Previa, Libre e Informada para las Comunidades Originarias que se encuentran en el Área de Influencia y que cuenten con Personería Jurídica reconocida por la Autoridad Provincial”. Estamos ante un protocolo de consulta (sin consulta) que establece un plazo de 40 días, contradiciendo los estándares internacionales vigentes que exigen que los procesos deben ser culturalmente adecuados y respetar los tiempos, instituciones y formas de gobierno.

Además, el Werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, explica que sólo el 40% de las comunidades que habitan la provincia tiene personería jurídica. Lo anterior no es un dato menor al analizar los proyectos legislativos de PCI y consulta, los cuales exigen personería jurídica para reconocer derechos colectivos a los pueblos y comunidades. Al derogar el registro de inscripción, el Gobierno construye un candado institucional en materia de reconocimiento y ejercicio de derechos. Nada más inconstitucional y alejado de los estándares internacionales.

“Este proyecto nace mal parido porque es una decisión unilateral sin diálogo intercultural. El proyecto lo escribió el gobernador con algunas empresas mineras para promocionar la industria extractiva y cercenar los derechos comunitarios”, explica el werken. 

“El proyecto lo escribió el gobernador con algunas empresas mineras para promocionar la industria extractiva y cercenar los derechos comunitarios”, explica el werken. 

Según el protocolo, las decisiones del proceso de consulta no tendrán carácter vinculante y estarán cimentadas en la Declaración Jurada de Buenas Prácticas que deberá presentar el titular del proyecto. Así, todo el proceso de consulta se basará en dicha declaración que deberá contener la información y documentación mínima. “Este proyecto nace mal parido porque es una decisión unilateral sin diálogo intercultural. El proyecto lo escribió el gobernador con algunas empresas mineras para promocionar la industria extractiva y cercenar los derechos comunitarios y colectivos. Hicimos dos presentaciones marcando que es claramente inconstitucional”, explica el werken del Parlamento Mapuche-Tehuelche. 

Los proyectos de ley de PCI, el protocolo de consulta y la derogación de la emergencia territorial indígena que suspende desalojos se desarrollan en un contexto donde el Gobierno consiguió convertir en ley el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de grandes beneficios impositivos a las empresas en miras a estimular inversiones en el país. Otorga estabilidad cambiaria, financiera y aduanera por 30 años, así como la falta de obligación de liquidar en el mercado las ganancias obtenidas transcurridos los cuatro años. Los especialistas advierten sobre la eliminación de la matriz productiva industrial como efecto de mediano plazo, convirtiendo a la Argentina en un mero exportador de materias primas, que, mayoritariamente, están en los territorios indígenas.

Ante la ofensiva: organización, audacia y tiempo

El 11 de noviembre, Argentina fue el único país de la ONU que votó en contra de una resolución sobre derechos de los Pueblos Indígenas. Basados en los principios de la Agenda 2030, varios países impulsaron una resolución que reconoce la imperiosa necesidad de que los Pueblos Indígenas participen en las agendas de desarrollo, paz, seguridad y justicia. El documento hace hincapié en reforzar la protección y promoción de los derechos humanos de los pueblos, así como la obligación de las empresas de respetarlos, en base al principio de responsabilidad social y ambiental. Al ser consultado por el voto negativo, Milei planteó que su Gobierno se opone a toda acción afirmativa que vaya en contra de la libertad y la soberanía nacional.

Como respuesta, el movimiento indígena organizado difundió un comunicado titulado “Un voto en contra que no borra nuestra preexistencia ni nuestros derechos”, en donde denuncian una política de Estado de “borramiento y aniquilación” de los Pueblos Indígenas de la Argentina. Destacan que el voto en contra no exime al país de respetar y cumplir cada uno de los compromisos internacionales ratificados que generan una obligación internacional.

La matriz del Estado argentino siempre ha sido genocida, colonialista, racista y capitalista. Más bien la novedad radica en la avanzada del desprecio sin descanso ni respiro por todos los frentes posibles, obstruyendo y debilitando el espacio de reacción.

La novedad de Milei radica en la avanzada del desprecio sin descanso ni respiro por todos los frentes posibles, obstruyendo y debilitando el espacio de reacción.

Las vulneraciones de derechos de esta crónica sucedieron entre septiembre y noviembre de 2024. En la Argentina de hoy vivimos en un permanente estado de alerta, donde los incendios descontrolados se producen todos los días. La urgencia se vuelve estructura estructurante. Lo inmediato moldea los procesos organizativos y las vidas personales, generando un clima de mareo, frustración, desesperanza y confusión permanente. Una determinada manera de relacionarnos con el presente, y por tanto con el pasado y con el futuro, es impuesta desde arriba. El plan económico del Gobierno tiene como objetivo ideológico-político neutralizar las resistencias quebrando el marco epistémico de una visión genealógica y procesual de la historia, y toda posibilidad de imaginar y construir un horizonte emancipatorio.

Lo novedoso no es la política de saqueo y acumulación por desposesión amasada desde el aparato institucional de poder. La matriz del Estado argentino siempre ha sido genocida, colonialista, racista y capitalista. Más bien la novedad radica en la avanzada del desprecio sin descanso ni respiro por todos los frentes posibles, obstruyendo y debilitando el espacio de reacción. Una típica estrategia de guerra desde la legalidad. Hasta el día de hoy la comunidad Winkul continúa en proceso de resistencia del territorio recuperado. No hay tiempo para la urgencia. Pasado, presente y futuro ocurren en simultáneo. Mañana esperamos un nuevo incendio. Hay destellos que iluminan el camino.

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En este contexto, la disputa de territorios en la Patagonia y una serie de incendios intencionales en la provincia de Río Negro (cuyos autores aún son desconocidos) ha ocupado el centro de la agenda mediática: “conflicto mapuche”, “violencia mapuche” o “indios al ataque” son algunas de las narrativas que las grandes medios de comunicación han intentado instalar en el debate público.

En lugar de difundir encuadres interculturales, poner en diálogo al pueblo Mapuche con la sociedad no indígena o describir un conflicto territorial complejo que lleva más de un siglo sin ser resuelto, los ataques de un sector del periodismo argentino buscan que la opinión pública se incline hacia la militarización del territorio y la represión de las comunidades indígenas en resistencia. Qué comunicar y cómo comunicarlo es el recurso que tiene el poder económico para incidir en el debate social.

Establishment periodístico, racismo y criminalización

Lejos de profundizar en la complejidad del conflicto, la prensa argentina volvió a posicionarse del lado de las inmobiliarias, los terratenientes y la minería al generalizar un reclamo aislado: no se trataba de pequeños grupos radicalizados, sino de todo el pueblo Mapuche. La generalización siempre ha sido una falacia argumentativa para estigmatizar o criminalizar a una nación o a una cultura. Veamos algunos titulares y sus bajadas:

– Mapuches violentos: sus nexos con una ministra, ex montoneros y La Cámpora
Los vínculos de los usurpadores de tierras con movimientos pro-kurdos y pro-palestinos. Insólitos apoyos de organismos públicos a la violencia.

– La violencia mapuche y su peligrosa cercanía con los años 70
Disfrazada de un reclamo social por justicia, los violentos ataques de la RAM en el sur evocan el inicio de la actividad guerrillera de los años 70. No cuentan, como entonces, con el apoyo social que también tuvo la violencia estatal de la dictadura, pero aparecen amparados por el Estado, por funcionarios y por agrupaciones oficialistas. Tal vez sea hora de hablar con seriedad sobre la violencia política en el país.

– Mapuchismo
La reivindicación violenta de quienes se llaman originarios es reaccionaria -el regreso a un pasado ideal- y racista.

Los clásicos titulares a los que la prensa argentina nos tiene acostumbrados, se vieron superados por un informe del programa Periodismo Para Todos (PPT): “Indios al ataque: mapuches, terrorismo y complicidad estatal”. Una burda generalización, estigmatización, música de guerra y racismo son los condimentos de una pieza de 14 minutos que vale la pena estudiar en las escuelas de periodismo y comunicación.

Tras recoger los testimonios del intendente de la localidad patagónica de El Bolsón que califica el incendio de un club y la vandalización de una iglesia como “terrorismo”, un dron muestra un pequeño acampe Mapuche y los movimientos de una mujer. Desde lejos, un micrófono toma los dichos de la lideresa Romina Jones Huala: “Yo estudié periodismo y lo que hacen ustedes no es periodismo”.

El pueblo Mapuche aún recuerda las coberturas racistas del programa en 2017, cuando replicaba el discurso del gobierno de Mauricio Macri durante la desaparición de Santiago Maldonado y luego legitimaba la represión que terminó con el asesinato de un tiro por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel. Tras ligar durante todo el informe a la violencia con el pueblo Mapuche, un periodista concluye: “No está claro quién cometió ahora los atentados de El Bolsón, pero está claro que fueron atentados muy planificados con conocimiento de técnicas de explosivos”.

Cuando el periodismo le da espacio a las voces indígenas

Si bien las corporaciones mediáticas manejan encuadres que criminalizan al pueblo Mapuche, en los últimos años una nueva generación de periodistas y de medios ha comenzado a disputar las agendas del establishment periodístico. De este modo, lentamente la mirada y los testimonios de los líderes indígenas comienzan a llegar a los medios de la Ciudad de Buenos Aires.

– Mauro Millán: “La inmensa mayoría del pueblo mapuche no incendia, sino que construye” (Santiago Rey en El Diario Ar).

Mauro Millán es lonko (jefe) de la comunidad Pillán Mahuiza, en Chubut. Hace 21 años participó de esa recuperación territorial. Hoy acompaña procesos similares en distintos puntos de la Patagonia. Dice que “las recuperaciones no se van detener con un final represivo a las comunidades” y que “la inmensa mayoría del pueblo mapuche no participa de ataques”.

– Lef Nawel: “Esta ciudadanía argentina nos ha sido impuesta a través de un genocidio” (Entrevista al referente Mapuche en Radio Con Vos).

Del mismo modo que cuestionamos las coberturas racistas, también es necesario señalar estos ejemplos de pluralidad de voces, interculturalidad y esfuerzos de una nueva generación de periodistas por comprender una realidad compleja. Es falso que todos los comunicadores son trabajadores a sueldo. En esta puja por la producción de sentido, es necesario valorar y destacar a quienes realizan su trabajo con un fuerte compromiso por los derechos humanos.

Herramientas frente a la criminalización

El establishment periodístico que promueve la indignación invocando la ley y el orden, olvida, ignora u oculta que los pueblos indígenas cuentan con un amplio abanico de herramientas jurídicas para defender su derecho a los territorios que tradicionalmente ocupan. No solo en la legislación argentina, sino también en el derecho internacional.

En primer lugar, el Artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional es más que claro sobre la propiedad indígena tradicional: “(…) reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten (…)”.

Es necesario visibilizar la apropiación de la Patagonia por terratenientes extranjeros. ¿Cuántas ciudades de Buenos Aires entran en el casi millón de hectáreas que posee Carlo Benetton? ¿Cuántos lagos se esconden en la hacienda de Joe Lewis?

Es necesario visibilizar la apropiación de la Patagonia por terratenientes extranjeros. ¿Cuántas ciudades de Buenos Aires entran en el casi millón de hectáreas que posee Carlo Benetton?

A nivel internacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por la Argentina, señala el derecho de los pueblos originarios a la consulta previa, libre e informada. Además de promover la participación política en la toma de decisiones públicas, el convenio eleva los estándares de exigencia y cumplimiento de los derechos indígenas.

Por fuera del ámbito jurídico, es necesario visibilizar la apropiación de la Patagonia por grandes terratenientes extranjeros. ¿Cuántas ciudades de Buenos Aires entran en el casi millón de hectáreas que posee Carlo Benetton? ¿Cómo hizo para apropiarse de tantas tierras un millonario italiano? ¿Cuántos lagos se esconden en la hacienda de Joe Lewis? ¿Cuáles son los vínculos de Lewis con la política argentina y la estructura económica del país?

Más y mejor política

Es muy cierto lo que señala el profesor Marcelo Munsante en la nota Marcar, reprimir, privatizar: “Los principales medios se esfuerzan por instalar el miedo al ‘terrorismo mapuche’ y advierten del ‘peligro de perder la Patagonia’. El periodismo estigmatiza y el Estado adquiere legitimidad para reprimir. En silencio, los sectores empresarios se frotan las manos y esperan la resolución del “problema indígena” para apropiarse de los territorios en disputa”.

Una vez más, el establishment periodístico argentino ha decidido ubicarse del lado del poder económico que saquea los recursos de la Patagonia. Cuando criminaliza al pueblo Mapuche, está intentando construir una corriente de opinión que reclame represión. O, por lo menos, que haga la vista gorda si las fuerzas de seguridad reprimen. Cuando los medios de comunicación generan encuadres racistas contra los pueblos indígenas, en el fondo, están invisibilizando cómo los terratenientes, el turismo, la minería y la actividad petrolera usurpan sus territorios. Eso es lo que debemos visibilizar.

Mientras un sector del periodismo reclama represión y sangre, es necesario insistir en que la solución no está en las balas, sino en más y mejor política. Es necesario aprender de la experiencia chilena. La radicalización del conflicto se encuentra en la falta de diálogo. Los Estados latinoamericanos modernos del siglo XXI deben hacer frente a los problemas irresueltos del siglo XIX. La plurinacionalidad y el reconocimiento de derechos territoriales son el único camino posible a la pacificación.

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