En 1997, el Acuerdo de Paz firmado entre el movimiento indígena que lideró la resistencia y el partido gobernante incluyó disposiciones para resolver los conflictos de tierras entre los Pueblos Indígenas y los colonos, y para desmilitarizar las CHT mediante la remoción de más de 230 campamentos militares temporales. Si el Acuerdo de las CHT hubiera sido implementado en su totalidad, la ocupación militar y la expansión de colonos podrían haberse detenido. Sin embargo, la falta de voluntad política de los gobiernos para implementar el tratado resultó en la continuidad de un régimen militar de facto en la región.

Existe una relación simbiótica entre la fuerza militar y el establecimiento de colonos. Estos dependen de la protección militar para reclamar, retener y expandir su propiedad sobre la tierra, mientras que el ejército consolida su poder en las CHT a partir de los colonos que actúan como soporte civil y, en ocasiones, como instrumentos contra la resistencia indígena. En este contexto, cuando la violencia sexual contra mujeres o niñas indígenas es perpetrada por bengalíes, el ejército y las instituciones estatales protegen a los perpetradores.

Un patrón que se repite: la falta de cooperación policial

Las medidas para encubrir delitos de violencia sexual siguen un patrón recurrente, especialmente en los casos que generan indignación pública. Y los casos que alcanzan mayor visibilidad nacional e internacional suelen ser los menos propensos a resultar en justicia para las víctimas. Paradójicamente, cuanta más atención reciben, más esfuerzos se activan por parte de las agencias estatales para proteger a los perpetradores. En algunos casos extremos, culminan en ataques contra toda la comunidad indígena por parte de los colonos bengalíes, lo que resulta en muertes y destrucción. Existen cuatro casos de violencia sexual en la última década que ilustran cómo se les niega justicia a las víctimas indígenas.

En primer lugar, cuando familiares de las víctimas intentan presentar denuncias por violencia sexual presuntamente perpetrada por colonos, los oficiales a cargo se muestran renuentes a recibirlas. Tras mucha persuasión e insistencia, cuando la policía finalmente acepta recibir o registrar un caso, la información crítica (como relatos de testigos o detalles específicos cruciales para la investigación futura) suele omitirse o tergiversarse. Esto se hace intencionalmente para dejar espacio a dudas y permitir una narrativa alternativa que, en última instancia, protegerá a los perpetradores de la rendición de cuentas.

En 2018, cuando dos hermanas marma acudieron a un hospital por lesiones sufridas tras haber sido presuntamente violadas por dos soldados, las detuvieron ilegalmente en una sala abandonada del mismo hospital.

Cuando dos hermanas marma acudieron a un hospital por lesiones sufridas tras haber sido presuntamente violadas por dos soldados, las detuvieron ilegalmente.

En septiembre de 2025, una niña indígena marma de 12 años afirmó que había sido violada por tres colonos bengalíes. Según el padre, cuando presentó la denuncia, la policía lo presionó para describir a los perpetradores como “tres hombres no identificados”, pese a existir relatos de testigos que habían visto a tres bengalíes siguiéndola antes del incidente. Tres la violación y asesinato de una mujer chakma en 2014, el esposo proporcionó los nombres de tres sospechosos basándose en testimonios. La policía omitió deliberadamente esos nombres al redactar el caso y, sin informar los cambios al esposo (quien era analfabeto), obtuvo su firma en el documento al día siguiente.

En mayo de 2025, el comisionado distrital y la policía cuestionaron si se había cometido un delito cuando una mujer indígena khyang fue brutalmente asesinada tras una presunta violación, pese a existir evidencia clara de homicidio. Su cuerpo fue hallado desnudo y con el cráneo aplastado. En el comunicado de prensa, la policía omitió un testimonio de que había sido acosada por tres bengalíes el día anterior. En 2018, cuando dos hermanas marma acudieron a un hospital distrital por lesiones sufridas tras haber sido presuntamente violadas por dos soldados militares, las agencias de aplicación de la ley las detuvieron y confinaron ilegalmente en una sala abandonada del mismo hospital durante más de tres semanas.

Manipulación de evidencia médica y complicidad institucional

Los exámenes médicos forenses son esenciales para sustentar casos de agresión sexual. Tras la presentación de denuncias, si ya han ocurrido manifestaciones públicas exigiendo justicia y condena, la autoridad médica retrasa la emisión de los informes y, eventualmente, arrojan un resultado negativo. En el caso de las dos hermanas marma, el primer informe médico presentado fue retenido por las agencias de seguridad y, dos semanas después, se presentó un segundo informe, generado por otro médico, cuyo resultado era negativo.

Los examinadores médicos se arriesgan a sufrir represalias si se niegan a manipular informes. En una ocasión, incluso se presentó repentinamente una denuncia falsa por corrupción contra el examinador pocos días después de que produjera el primer informe médico. Esto arruinó su carrera médica en el servicio público. De este modo, la denuncia falsa funcionó como castigo por no realizar un informe falso, como coerción para mantener su silencio sobre el caso en curso y como advertencia para otros examinadores médicos sobre las consecuencias de no cumplir.

Los examinadores médicos se arriesgan a sufrir represalias si se niegan a manipular informes. En una ocasión, se presentó una denuncia falsa por corrupción contra el examinador pocos días después de que produjera el primer informe médico.

Los examinadores médicos se arriesgan a sufrir represalias si se niegan a manipular informes. En una ocasión, se presentó una denuncia falsa por corrupción.

El informe médico de la niña marma fue retenido durante varios días. El documento confidencial de la menor, que contenía su fotografía y sus datos personales, fue filtrado y difundido en medios en línea administrados por colonos y en algunos de los medios de nayor audiencia, incluso antes de haber sido entregado a la policía por la autoridad hospitalaria. Paralelamente, en los días previos, las organizaciones de colonos realizaron manifestaciones afirmando que no había ocurrido ninguna violación, lo que indica un aparente conocimiento previo del resultado del informe.

Los datos del informe fueron visiblemente alterados. La fecha del examen fue sobreescrita por una nueva y firmada por los examinadores con la fecha anterior. Al hacerlo, no pudieron evitar inconsistencias en la información brindada. Ninguna autoridad relevante emprendió investigación alguna sobre la divulgación no autorizada del informe confidencial ni sobre las discrepancias.

Control narrativo a través de los medios

En los últimos años, los medios tradicionales, los portales de noticias y las redes sociales han sido utilizados para propagar las narrativas que deslegitiman las demandas de los Pueblos Indígenas. Mientras las movilizaciones indígenas reciben una cobertura mínima, las manifestaciones lideradas por colonos son ampliamente difundidas. Asimismo, los medios funcionan como instrumentos de propaganda pro-militar. Al mismo tiempo, numerosos colonos administran portales de noticias y redes sociales que difunden noticias falsas sobre la resistencia indígena. Esta campaña busca presentar a los Pueblos Indígenas como fuerzas antiestatales y a los defensores de derechos indígenas como separatistas.

En este contexto, cuando los Pueblos Indígenas intensifican su demanda de justicia por los crímenes cometidos contra mujeres y niñas, se lanza una campaña coordinada para desplazar el debate público desde la justicia para las víctimas hacia la sospecha sobre las intenciones de las protestas indígenas. La generación de un informe médico negativo resulta esencial para promover la narrativa de que “separatistas indígenas” utilizan falsas acusaciones de violación para crear agitación contra el ejército y los colonos bengalíes con el objetivo de desestabilizar la región.

Puede afirmarse que la misma estructura que otorga impunidad sistemática a los perpetradores de violencia sexual también garantiza impunidad frente a la violencia comunal posterior contra comunidades indígenas que buscan justicia.

La misma estructura que otorga impunidad a los perpetradores de violencia sexual también garantiza impunidad frente a la violencia posterior contra comunidades que buscan justicia.

En casos extremos, se orquestan ataques contra comunidades indígenas para intimidar, reforzar la narrativa propagandística y desviar la atención de las demandas de justicia. En el caso de violación y asesinato de la mujer chakma en 2014, los colonos lanzaron una serie de ataques comunales contra aldeas indígenas utilizando rumores sobre la desaparición de un niño bengalí. En el caso de la niña marma, ataques e incendios se extendieron por el distrito durante dos días, causando al menos tres muertos, decenas de indígenas heridos y la destrucción de propiedades. Existen fuertes alegaciones de que el ejército respaldó los ataques y disparó contra aldeanos. Estos ataques siguieron el mismo patrón de difusión de rumores sobre agresiones indígenas contra colonos bengalíes, mientras que el uso coordinado de redes sociales amplificó su impacto.

No se iniciaron investigaciones sobre los ataques comunales en ninguno de los dos casos. Por el contrario, en el caso de la niña marma se presentaron cargos falsos contra más de una docena de jóvenes indígenas bajo varias leyes, incluida la Ley de Poderes Especiales, una ley draconiana frecuentemente utilizada para reprimir a los Pueblos Indígenas. Puede afirmarse razonablemente que la misma estructura que otorga impunidad sistemática a los perpetradores de violencia sexual también garantiza impunidad frente a la violencia posterior contra las comunidades indígenas que buscan justicia.

Este artículo sintetiza testimonios de defensores de derechos indígenas que trabajan en las Chittagong Hill Tracts, junto con informes de fuentes documentadas.

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A su vez, el acceso a la educación es muy limitado: si bien muchos niños ingresan a la escuela primaria, pocos logran continuar la secundaria o acceder a la educación superior debido a la pobreza, las barreras lingüísticas, la falta de apoyo institucional y las presiones socioculturales. Por su parte, las mujeres santales cargan con el peso del trabajo agrícola, enfrentan desigualdad de género y carecen de apoyo para mejorar sus medios de vida. Otro grave problema es la discriminación y el aislamiento social: son excluidos de los espacios públicos, sufren marginación cultural y con frecuencia no reciben justicia cuando son víctimas de violencia.

El relevamiento en las comunidades dalu, hodi, khasi, kondo, lushai y santal recopiló datos sobre la implementación (o incumplimiento) de un amplio abanico de derechos indígenas: autodeterminación, vínculos transfronterizos, integridad cultural, empleo, libertad de expresión y de prensa, libertades fundamentales, desarrollo socioeconómico, salud, tierras y recursos, protección jurídica, acceso a la justicia y participación en la vida pública. Los datos generados por la propia comunidad sentaron las bases para impulsar iniciativas orientadas a fortalecer los derechos territoriales indígenas.

Documentar derechos y realidades con la comunidad santal

La organización de derechos humanos Kapaeeng Foundation es la socia implementadora del Navegador Indígena en Bangladesh. Desde ese rol, apoya a las comunidades indígenas en la recolección de datos a través de encuestas comunitarias y discusiones en grupos focales. En la comunidad santal, las encuestas y consultas se llevaron a cabo en 2018 y en 2022. A través de estos esfuerzos, Kapaeeng Foundation sigue implementando activamente el Navegador Indígena, con el objetivo de monitorear sistemáticamente y promover la realización de los derechos de los Pueblos Indígenas.

Kapaeeng Foundation cuenta con una amplia red de contactos en todo el país. Dada la gravedad de los conflictos por la tierra que afectan a la comunidad santal en Parbatipur y Gobindaganj, la fundación consideró crucial incluirlos en las encuestas comunitarias y recurrió a su red para hacerlo posible. De este modo, para la comunidad, el Navegador Indígena se convirtió en una herramienta clave para evidenciar las discrepancias entre los datos oficiales del gobierno y la realidad que viven las comunidades. Esa brecha fue particularmente visible durante el análisis de las encuestas comunitarias.

“El Navegador Indígena ya ha puesto en evidencia ante el gobierno de Bangladesh las brechas de información respecto a la tierra, la educación, la salud, la cultura y los derechos humanos de los Pueblos Indígenas”, destaca Manik Soren.

“El Navegador Indígena ya ha puesto en evidencia las brechas de información respecto a la tierra, la educación, la salud, la cultura y los derechos indígenas”, destaca Manik Soren.

Las encuestas se realizaron mediante grupos focales con una amplia diversidad de participantes: hombres, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y personas mayores. Para los santales (al igual que para otros Pueblos Indígenas), el Navegador Indígena introdujo un marco y un conjunto de herramientas que les permitió generar datos valiosos y, monitorear y documentar su situación general en materia de derechos humanos. Hasta entonces, no existía ninguna documentación formal de la comunidad. Las y los participantes consideraron el cuestionario empoderador y transformador, y se sorprendieron al descubrir que este marco fue diseñado por y para los Pueblos Indígenas.

El joven líder comunitario Manik Soren destacó la relevancia de la iniciativa: “El Navegador Indígena ya ha puesto en evidencia ante el gobierno de Bangladesh las brechas de información respecto a la tierra, la educación, la salud, la cultura y los derechos humanos de los Pueblos Indígenas. Creo que será una herramienta clave para documentar esas carencias y mejorar nuestra situación de derechos humanos. Como marco global, espero que el gobierno utilice esta información y adopte las medidas necesarias para promover y proteger los derechos de los Pueblos Indígenas en el país”.

La defensa de la tierra: el desafío más urgente

Antes de subir la información al portal del Navegador Indígena, los datos fueron analizados y revisados por el equipo de Kapaeeng Foundation, expertos externos y la propia comunidad. A su vez, los resultados fueron compartidos con las y los participantes a través de un taller. Allí se confirmó que el pueblo Santal enfrenta graves desafíos sociales, culturales, económicos y políticos. Paralelamente, la falta de representación política en los gobiernos locales limita aún más su capacidad de incidencia. 

La falta de políticas de acción afirmativas por parte del Estado ha provocado la pérdida de tierras ancestrales. El caso más emblemático es el de Bagda Farm, donde en 2016 más de 2.500 familias santales y bengalíes fueron violentamente desalojadas por la policía: tres hombres santales fueron asesinados y cientos de casas fueron destruidas. Aunque 1.500 familias todavía residen allí, enfrentan una nueva amenaza de desalojo debido a los planes del gobierno para instalar una Zona de Procesamiento de Exportaciones (EPZ) en el territorio que los santales reclaman como propio.

Las consultas comunitarias también señalaron que sus derechos territoriales siguen sin ser reconocidos y se ven obligados a realizar enormes sacrificios para defenderlos. Su herencia cultural y sus estructuras sociales tradicionales están en riesgo de desaparición. Además, los santales sufren discriminación racial por parte de la mayoría bengalí y, las mujeres y niñas están expuestas a violencia sexual y física (incluidos casos de violación, secuestro y causas judiciales fabricadas), utilizadas como mecanismo para generar miedo, inseguridad y forzar su desplazamiento. 

Pequeños proyectos, grandes impactos

Entre todos los problemas analizados, la comunidad identificó la defensa de la tierra como el mayor desafío. Para estos casos, el Navegador Indígena contempla un mecanismo de pequeñas donaciones para que las comunidades participantes puedan desarrollar e implementar sus propios proyectos. En consecuencia, a partir del análisis de las encuestas, las comunidades priorizan colectivamente sus problemas más urgentes y elaboran soluciones a medida, con el respaldo de la iniciativa. En noviembre de 2024, gracias a este mecanismo, Kapaeeng Foundation y las comunidades indígenas lanzaron dos proyectos. 

Uno de los proyectos estuvo destinado a la comunidad santal, que identificó el derecho a la tierra como el asunto más crítico. Ante los desalojos y usurpaciones por parte de grupos bengalíes, agencias estatales y fuerzas de seguridad, la comunidad santal elaboró un proyecto para promover y proteger sus derechos territoriales en los subdistritos de Parbatipur y Gobindaganj, al norte de Bangladesh. Enmarcada como un movimiento colectivo, la propuesta fue diseñada conjuntamente por dos organizaciones: Jatiya Adivasi Parishad y el Comité de Lucha por la Recuperación de Bagda Farm (SBUSC).

El proyecto también apunta a reforzar los vínculos entre los santales, las organizaciones indígenas y las redes nacionales, con el objetivo de unificar y visibilizar sus demandas en la lucha por los derechos territoriales.

Tras la aprobación del proyecto, la comunidad santal manifestó confianza y determinación para avanzar en sus objetivos, convencida de que esta iniciativa los unirá.

Las actividades del proyecto buscan sensibilizar a la comunidad sobre sus derechos y brindarles herramientas para fortalecer sus capacidades de incidencia y defensa. Un componente clave es el acompañamiento de acciones de incidencia frente a las autoridades locales para resolver disputas territoriales. Con este fin, Kapaeeng Foundation elaboró materiales de incidencia en bangla e inglés, destinados a amplificar la voz de la comunidad. El proyecto también apunta a reforzar los vínculos entre los santales, las organizaciones indígenas y las redes nacionales, con el objetivo de unificar y visibilizar sus demandas en la lucha por los derechos territoriales.

Tras la aprobación del proyecto, la comunidad santal manifestó su confianza y determinación para avanzar en los objetivos acordados, convencida de que esta iniciativa los unirá, fortalecerá su relación con actores locales, nacionales e internacionales, y consolidará su lucha por los derechos y la dignidad.

Avanzar en los derechos indígenas desde la base

En Bangladesh, los Pueblos Indígenas, tanto en Chittangong Hill Tracks como en las llanuras, siguen enfrentando la falta de reconocimiento y las violaciones sistemáticas de sus derechos. Entre los problemas más graves se identificó el despojo territorial, que sigue desplazando familias y amenazando su supervivencia cultural. Este contexto general resalta la importancia del Navegador Indígena, que brinda herramientas para empoderar a las comunidades indígenas para definir sus prioridades y diseñar proyectos con soluciones elaboradas por ellas mismas.

Más allá de la experiencia santal, el Navegador Indígena ha brindado orgullo y visibilidad a grupos marginados en todo Bangladesh, como los lushai, pangko, hodi, bagdi y gorait. La disponibilidad de datos comunitarios en una plataforma global se ha convertido en un recurso invaluable para la incidencia y la investigación. De hecho, los esfuerzos de Kapaeeng Foundation han influido para que la Oficina de Estadísticas de Bangladesh incorpore a los Pueblos Indígenas en el censo nacional, lo que permite saldar brechas históricas de información.

Tras un largo trabajo de recolección de datos, la comunidad santal diseñó un proyecto que se centra en sensibilizar sobre los derechos indígenas, fortalecer la incidencia comunitaria y dotar de capacidades para dialogar eficazmente con las autoridades. También reforzó los vínculos entre los santales y otras organizaciones indígenas, consolidando un frente unido en la lucha por la justicia y el reconocimiento. Estos avances demuestran el potencial transformador de los datos precisos y el empoderamiento desde la base. En última instancia, el Navegador Indígena ha tenido un impacto positivo tanto para las comunidades indígenas como para los distintos actores involucrados en la defensa de sus derechos.

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