Asimismo, el Informe de Fin de Año 2025 de la Alianza de Pueblos Indígenas del Archipiélago (AMAN) registró 135 casos de despojo de territorios indígenas, frente a los 121 del año anterior. El sector minero concentró la mayor cantidad de casos, con 69 incidentes que afectaron 1,06 millones de hectáreas. El sector de las plantaciones provocó los daños de mayor extensión, que alcanzaron 1,95 millones de hectáreas. Ese mismo año, las comunidades indígenas perdieron 3,8 millones de hectáreas de sus territorios ancestrales y las autoridades criminalizaron a 162 personas indígenas por defender sus espacios de vida.

En términos generales, existen tres mecanismos interrelacionados que impulsan tanto el deterioro ecológico como las violaciones de los derechos indígenas. En primer lugar, la legislación reduce la realidad ecológica a categorías administrativas, como bosques estatales y zonas industriales. En segundo lugar, el extractivismo concibe la naturaleza como un capital que debe ser explotado: la Ley de Minería de Minerales y Carbón, la Ley de Plantaciones y la Ley de Creación de Empleo constituyen la base jurídica para la expansión de la minería y de la palma aceitera. En tercer lugar, las políticas de conservación y climáticas que excluyen la participación suelen reproducir las mismas lógicas extractivistas: los mercados de carbono restringen el acceso de indígenas a sus bosques mediante prohibiciones que afectan la agricultura itinerante y la recolección de leña.

Estos tres mecanismos convergen en un mismo punto: los cuerpos de las mujeres indígenas, que día a día cuidan y sostienen sus tierras y comunidades.

La carga que recae sobre los cuerpos de las mujeres indígenas

Las mujeres indígenas buscan agua, recolectan leña y plantas medicinales, y cuidan los cultivos de rotación. Cuando los ecosistemas se degradan, estas tareas se vuelven más pesadas y riesgosas. Cuando los ríos se contaminan, las mujeres deben recorrer mayores distancias para encontrar agua limpia. Cuando los bosques desaparecen, también lo hacen las plantas medicinales, por lo que las mujeres deben cuidar a sus familiares enfermos sin los remedios que utilizan habitualmente.

El deterioro de los ecosistemas también está relacionado con problemas de salud. Las mujeres que viven cerca de las minas de carbón en Kalimantan Oriental señalan que el polvo generado por los caminos utilizados para el transporte minero altera sus ciclos menstruales y afecta la salud de sus hijos e hijas. El agua contaminada con metales pesados provoca infecciones cutáneas y trastornos reproductivos. Las Evaluaciones de Impacto Ambiental (AMDAL) rara vez recogen estos datos, ya que miden parámetros de calidad del agua y límites de emisiones, pero no la carga de trabajo doméstico de las mujeres ni su salud reproductiva.

En muchos territorios, cuando los bosques son reemplazados por plantaciones de monocultivo, las mujeres pierden los ingresos que obtienen de los productos forestales no madereros y su posición dentro del hogar se debilita.

Cuando los bosques son reemplazados por plantaciones, las mujeres pierden los ingresos que obtienen de los productos forestales y su posición en el hogar se debilita.

A su vez, el deterioro de los ecosistemas interrumpe la transmisión de los conocimientos ecológicos indígenas. A lo largo de generaciones, las mujeres indígenas han adquirido conocimientos sobre las temporadas de fructificación, los ciclos migratorios de los animales y la ubicación de las plantas medicinales mediante la observación directa. En los territorios indígenas Rejang, Serawai y Malin Deman, en Bengkulu, las mujeres indígenas identifican cientos de especies de plantas del bosque que utilizan como alimento y medicina. Cuando los bosques son desmontados para dar lugar a plantaciones o minas, las generaciones más jóvenes pierden la oportunidad de adquirir estos conocimientos de primera mano.

Por último, los territorios indígenas también constituyen espacios para la vida ritual y las actividades económicas de las mujeres. En muchos territorios, cuando los bosques son reemplazados por plantaciones de monocultivo, las mujeres pierden los ingresos que obtienen de los productos forestales no madereros y su posición dentro del hogar se debilita.

La crisis climática profundiza la doble carga

Las crisis de biodiversidad y climática están estrechamente relacionadas. La deforestación libera el carbono almacenado en los bosques y las turberas, lo que acelera el calentamiento global. Las mujeres indígenas soportan los mayores impactos de ambas crisis.  A medida que desaparecen los bosques, el suelo pierde su capacidad de almacenar agua. Las estaciones secas se vuelven más áridas y las lluviosas traen consigo un mayor riesgo de inundaciones. Las mujeres, responsables de garantizar el agua para sus hogares, deben recorrer distancias cada vez mayores durante la estación seca y, durante la temporada de lluvias, enfrentan daños en sus cultivos y la contaminación del agua.

Los cambios en las temporadas de siembra también alteran los conocimientos indígenas de las mujeres sobre los indicadores ecológicos. Cuando los ciclos estacionales se vuelven impredecibles, las cosechas disminuyen. En muchos hogares indígenas, las mujeres son las primeras en reducir sus propias porciones de comida para garantizar que sus hijos e hijas tengan suficiente para alimentarse. Los mecanismos de los mercados de carbono suman nuevos riesgos. Estos requieren grandes extensiones de bosque y, como consecuencia directa, suelen imponer restricciones de acceso que no tienen en cuenta las necesidades de las mujeres indígenas para practicar la agricultura itinerante y, recolectar resina y leña.

El deterioro de los ecosistemas también amenaza a especies clave que forman parte de los sistemas de conocimiento de las mujeres indígenas. El tigre de Sumatra, el orangután y el elefante pierden sus hábitats a medida que los bosques son convertidos en plantaciones de palma aceitera y zonas mineras. Para las mujeres indígenas, la presencia de determinadas especies funciona como un indicador de la calidad de los bosques y del agua. Cuando estas especies desaparecen, las mujeres pierden una de las herramientas que utilizan cotidianamente para interpretar y comprender su entorno.

Las mujeres y la recuperación de los bienes comunes

Las mujeres indígenas encabezan la resistencia frente al avance de proyectos extractivos y desarrollan prácticas de conservación basadas en los conocimientos indígenas. En Kendeng, se cubrieron los pies con cemento frente al Palacio de Estado para oponerse a la instalación de una fábrica de cemento en las montañas y luego continuaron su labor de incidencia mediante el monitoreo de la calidad y el caudal del agua de los manantiales. Por su parte, las mujeres de Papúa resistieron la expansión de un proyecto agroindustrial a gran escala en Merauke y documentaron sus conocimientos sobre el procesamiento del sagú para evitar que se perdieran.

En Bengkulu, las mujeres rejang conservan semillas de variedades locales de arroz entre una temporada de siembra y otra, a modo de banco de germoplasma vivo, al mismo tiempo que mantienen la rotación de cultivos para recuperar la fertilidad del suelo. En las aldeas de Merpas y Linau, en la zona costera del sur de Bengkulu, las mujeres evitan el uso de artes de pesca destructivas y han acordado establecer zonas de desove en la laguna. Estas prácticas demuestran que la conservación no requiere expulsar a las personas de las áreas protegidas. La conservación basada en los conocimientos de las mujeres indígenas se sustenta en su participación activa, no en la restricción del acceso.

Commoning Movement construye solidaridad entre las comunidades de mujeres indígenas, promueve el trabajo conjunto con organizaciones jurídicas e impulsa políticas que exijan el Consentimiento Libre, Previo e Informado de las mujeres indígenas.

Commoning Movement construye solidaridad entre las comunidades de mujeres indígenas y promueve el trabajo con organizaciones jurídicas como Akar Law Office.

Akar Global Initiative desarrolló el marco Rebuilding the Commons (Reconstruir los bienes comunes) para fortalecer las contribuciones de las mujeres en cuatro dimensiones. Commoning Land recupera las tierras indígenas como espacios de gestión colectiva mediante el mapeo participativo, la restauración basada en especies locales y formas de gobernanza colectiva que incluyen a las mujeres indígenas en la toma de decisiones. Commoning Care reconoce las tareas de cuidado de las mujeres como trabajo ecológico y promueve su sostenimiento mediante infraestructura de agua potable, la documentación de las tareas de cuidado y los servicios de salud reproductiva en las zonas afectadas.

Commoning Culture recupera las prácticas rituales y los conocimientos ecológicos indígenas mediante la documentación oral y programas educativos intergeneracionales, de modo que las más jóvenes puedan recibir los conocimientos de las ancianas. Commoning Movement construye solidaridad entre las comunidades de mujeres indígenas, promueve el trabajo conjunto con organizaciones jurídicas como Akar Law Office e impulsa políticas que exijan el Consentimiento Libre, Previo e Informado de las mujeres indígenas para los permisos relacionados con la minería, las plantaciones y los proyectos energéticos. Estas cuatro dimensiones se refuerzan mutuamente. 

Desafíos sobre el terreno

Este marco de acción colectiva enfrenta tres desafíos concretos. En muchas regiones, las estructuras tradicionales colocan a los hombres como representantes de la comunidad, por lo que la participación formal de las mujeres indígenas suele encontrar resistencias. Los programas de conservación todavía miden sus resultados en función de la superficie de las áreas protegidas o del volumen de carbono almacenado, y no de los cambios en las condiciones de vida de las mujeres indígenas. Mientras estos indicadores no cambien, las contribuciones de las mujeres indígenas seguirán sin recibir reconocimiento oficial. Asimismo, la expansión de la minería y de los proyectos estratégicos aumentan año tras año, por lo que los procesos de recuperación impulsados por las comunidades se enfrentan a nuevas amenazas cuya escala supera la capacidad de los Pueblos Indígenas para responder por sí solos.

Por su parte, la restauración y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas requieren cambios jurídicos, no solo programas técnicos de rehabilitación. Las evaluaciones de impacto ambiental deben incorporar indicadores que den cuenta de los efectos sobre los cuerpos de las mujeres indígenas, como la distancia que deben recorrer para encontrar agua limpia o la cantidad de plantas medicinales que han dejado de estar disponibles en su entorno cotidiano. Los marcos jurídicos deben reconocer los conocimientos ecológicos de las mujeres indígenas sobre las estaciones, las semillas y los indicadores ecológicos en igualdad con los estudios científicos, mediante el Consentimiento Libre, Previo e Informado de las mujeres indígenas como requisito para la validez de los permisos.

Las crisis de biodiversidad y deforestación de Indonesia no son problemas técnicos aislados. Sus consecuencias recaen con mayor intensidad sobre las mujeres indígenas, que buscan agua, conservan las semillas y llevan adelante los rituales ecológicos.

Las crisis de biodiversidad y deforestación de Indonesia recae sobre las mujeres indígenas, que buscan agua, conservan las semillas y llevan adelante los rituales ecológicos.

Los paradigmas del derecho ambiental también deben dejar atrás un enfoque basado en la soberanía estatal sobre los recursos naturales y avanzar hacia una gobernanza compartida, en la que las mujeres indígenas participen en la toma de decisiones y no sean consideradas meramente como participantes en procesos de consulta. La justicia ecológica exige reparación, no solo compensaciones económicas. Esto implica restituir las tierras indígenas, las fuentes de agua, los espacios rituales y las especies perdidas, junto con programas de regeneración ecológica liderados por mujeres indígenas.

Las crisis de biodiversidad y deforestación de Indonesia no son problemas técnicos aislados. Sus consecuencias recaen con mayor intensidad sobre las mujeres indígenas, que buscan agua, conservan las semillas y llevan adelante los rituales ecológicos que vinculan cotidianamente a sus comunidades con la naturaleza. La recuperación de la biodiversidad de Indonesia solo será posible cuando las políticas reconozcan a las mujeres indígenas como agentes fundamentales de esa recuperación y no como beneficiarias pasivas de programas de conservación diseñados sin su participación.

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Ya en la década del ‘80, comenzaron a generarse alianzas contra amenazas concretas. Un caso emblemático fue el de Brasil: bajo la consigna del “desarrollo”, el Gobierno militar comenzó a implementar programas mineros y forestales destinados a apropiarse de la Amazonía a través de carreteras que planeaban atravesar su geografía. En este marco, el ambientalismo tomó contacto con las poblaciones indígenas de la región, potenció sus campañas de denuncia por la destrucción del medio ambiente y las posicionó como aliadas naturales de la conservación.

Por su lado, los pueblos indígenas visibilizaron sus demandas, vincularon sus derechos humanos con el reconocimiento legal de su territorio y se posicionaron como el principal actor de la protección de las selvas y los bosques. El punto máximo de esta alianza llegó con la Cumbre de Río de 1992, cuando la agenda ambiental y la indígena encontraron eco en una comunidad internacional sensibilizada por los desastres naturales de los países del norte. En efecto, la Agenda 21 puso énfasis en la relación histórica de los pueblos indígenas con sus territorios y su papel para la conservación de los ecosistemas.

Vista área de Mercedes del Cavitu. Las comunidades indígenas de la amazonía boliviana tienen plena conciencia sobre la importancia de proteger sus territorios. Foto: Ore

El caso de Bolivia

Al calor de la ebullición social de comienzos del siglo XXI, los movimientos sociales bolivianos llegaron a promover la llamada “gestión compartida” de las áreas protegidas, sobre todo, en los casos de presencia indígenas. Sin embargo, en la actualidad, la gestión de las áreas protegidas puede calificarse como regresiva a partir del conflicto por el intento de construcción de una carretera que iba a atravesar el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Finalmente, esta obra fue detenida por dos marchas nacionales.

Al mismo tiempo, los pueblos indígenas en Bolivia lograron titular colectivamente 12,5 millones de hectáreas en las Tierras Bajas, es decir, el Subtrópico, el Chaco y la Amazonía. Sin embargo, los títulos de propiedad no lograron garantizar el pleno ejercicio de los derechos territoriales en el marco de la Libre Determinación, reconocida también en la Constitución Política del Estado. En efecto, existen territorialidades, impuestas por privados o estatales, que atraviesan los territorios indígenas y desconocen sus derechos colectivos, sus autoridades y su realidad socio-cultural. De más está decir que esto perjudica la gobernanza y la gestión.

En este marco, los territorios indígenas titulados han desaparecido como unidad de análisis y no son tomados en cuenta en la definición de políticas públicas. El Estado se articula a través de las unidades territoriales republicanas (como el departamento y el municipio) y, en el mejor de los casos, las comunidades quedan subordinadas a los distritos municipales. Pero no a través de los territorios indígenas que solo son considerados desde la óptica agraria, lo cual niega su entidad política y su lucha reivindicativa que generó su consolidación legal.

A esto se les suman las áreas protegidas solapadas, donde los instrumentos de gestión, como los planes de manejo, definen el uso, acceso y aprovechamiento del territorio, estableciendo las restricciones que suelen estar lejos de la realidad social y cultural de los pueblos indígenas que las habitan. Si bien el proceso de elaboración del plan de manejo suele ser altamente participativo, el ordenamiento territorial del área tiene como lógica sus condiciones ambientales y los elementos culturales e históricos son considerados, en el mejor de los casos, como “objetos de conservación”.

La VIII Marcha Indígena en defensa del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) volvió a posicionar a los indígenas de Tierras Bajar como guardianes de la naturaleza. Foto: Los Tiempos

El caso del Territorio Indígena Multiétnico

En este contexto, los instrumentos de gestión propios de los pueblos indígenas han cedido frente a otros esquemas de planificación pública que invisibilizan los Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC). Esto va de la mano con la crisis de representatividad de las organizaciones indígenas que protagonizaron la lucha por la titulación de los territorios: sus espacios colectivos de reflexión y deliberación con sus bases están muy debilitados.

Frente a esta situación, la agenda de los pueblos indígenas ha sido retomada por las organizaciones territoriales, que vienen proponiendo herramientas y procesos para construir de manera autónoma su propio desarrollo con perspectiva histórica. Los pueblos indígenas también vienen utilizando de manera estratégica las competencias constitucionales establecidas para las autonomías indígenas. Una de ellas es la creación de áreas protegidas subnacionales y de ordenamiento territorial, recuperando la iniciativa política y asumiendo la autoría que le demanda el presente momento histórico.

Ubicado en la Amazonía Sur de Bolivia, el Territorio Indígena Multiétnico (TIM) logró la titulación de 600 mil hectáreas como territorio colectivo de los cinco pueblos indígenas que habitan las 26 comunidades que lo componen: Mojeño Trinitario, Mojeño Ignaciano, Movima, T’simane y Yuracaré. El TIM ha empleado, de forma creativa, las herramientas técnicas de observación y control de la biodiversidad para ponerlas al servicio de la gobernanza y la gestión autónoma de su territorio a través de un sistema integral de control territorial.

Al mismo tiempo, se llevó adelante una serie de estudios que concluyeron con un Plan de Gestión de Recursos Naturales que incluye la zonificación de su territorio y asigna niveles de prioridad para su conservación y protección. Este Plan de Gestión decidió la creación del Área de Conservación Loma Santa ya que reúne condiciones ambientales, de vulnerabilidad y de alto valor biológico. Este lugar es considerado estratégico para la reproducción de la biodiversidad y de los sistemas de vida del territorio.

Comunidad Jorori del pueblo tsimane, ubicada en el Territorio Indígena Multiétnico (TIM). Los cinco pueblos del TIM emplean herramientas técnicas de forma creativa. Foto: Ore

El Área de Conservación Loma Santa

Esta área protegida fue creada en el marco del ejercicio de la libre determinación reconocida por la Constitución Política del Estado y las normas del Estatuto Autonómico que respaldan la obligación de tomar acciones para el control y la defensa territorial frente a las amenazas. Esta decisión política expresa una afirmación histórica porque el Área de Conservación Loma Santa reúne las casi 200 mil hectáreas conquistadas a través del Decreto Supremo 22.611, luego de la Primera Marcha Indígena de 1990.

Por otro lado, este área de conservación persigue el objetivo de consolidar un territorio que, por muchos años, fue objeto de extracción ilegal de madera y fauna nativa. De este modo, la creación del Área de Conservación Loma Santa adquiere características de defensa territorial porque intenta contrarrestar un conjunto de amenazas: la construcción de la carretera del TIPNIS, los avasallamientos y, el aprovechamiento ilegal de áridos y minerales en la cabecera de los ríos.

Todo esto se traduce en una afirmación política que integra los temas ambientales en el marco del proyecto histórico de vida de los cinco pueblos que habitan la región. Así, las comunidades se posicionan como un actor social relevante en la región del Gran Mojos, que armonizan su construcción histórica y social con las prioridades de conservación ambiental que, a su vez, permiten su reproducción como pueblo indígena.

El Área de Conservación Loma Santa tiene el objetivo de consolidar el territorio y defenderlo de los avasallamientos y la extracción ilegal de madera. Foto: Ore

El Parque Nacional “Kaa-Iya” en el chaco boliviano

La autonomía del pueblo Guaraní, Charagua Iyambae, ha sido el primer gobierno indígena del Estado Plurinacional y funciona desde 2016. Charagua está ubicada en la región semiárida del Chaco y su extensión suma más de 7.000.000 de hectáreas, de las cuales el 68% están declaradas como área protegida. Como el proceso de titulación de sus territorios colectivos no fue exitoso, la estrategia del pueblo Guaraní para recuperarlos fue crear áreas protegidas o de conservación ecológica, de modo paralelo a la demanda de autonomía. De este modo, la reconstitución territorial como medio para alcanzar el ivi mareï o tierra sin mal no fue a través de la devolución de sus espacios ancestrales, sino de un gobierno propio.

El camino fue largo. En los años ‘90 se creó el Parque Nacional Kaa-Iya (dueño del monte, en guaraní) del Gran Chaco con el objetivo de recuperar este territorio ancestral de 3,4 millones de hectáreas, el más grande de Bolivia. Este Parque Nacional cuenta con tres particularidades: su extraordinaria superficie de bosque tropical, la presencia de grandes felinos como el jaguar y el taguá, y es una zona de tránsito de los últimos ayoreos en aislamiento voluntario. Si bien en un principio fue cogestionado entre las capitanías del Isoso y el SERNAP, en la actualidad el Estado lo administra casi de manera excluyente. La participación indígena es mínima a través del Comité de Gestión.

Además, Charagua Iyambae cuenta con otras tres áreas de conservación propias creadas por iniciativa del gobierno autónomo. Se trata de Irenda (lugar del agua), Guajukaka (guanaco) y Ñembi Guasu (gran refugio). Más allá de su interés ecológico, esta última también es un área de tránsito de los ayoreos en aislamiento voluntario. En estos casos los modelos de gobernanza y gestión están en debate a partir del proyecto de Ley de Áreas Protegidas, en la que se está discutiendo un sistema de gestión y administración desde el gobierno autónomo con su propia impronta.

Con 3,4 millones de hectáreas, el Parque Nacional Kaa-Iya del Gran Chaco es el más grande de Bolivia. Foto: Ore

La gobernanza de la biodiversidad bajo la lógica indígena

El Área de Conservación Loma Santa y el Parque Nacional “Kaa-Iya” evidencian cómo los pueblos indígenas están a la vanguardia de la protección de la biodiversidad. Para ellos no es una novedad. Al contrario, la creación de áreas protegidas es un instrumento más para instrumentar una cosmovisión que entiende que el hombre y la naturaleza son complementarios. Tienen muy en claro que la sobreexplotación del territorio amenaza su propia existencia.

El gran desafío que se les presenta hoy a los pueblos indígenas es cómo sus territorios y las zonas de gran riqueza en biodiversidad pueden ser gobernadas bajo sus propias lógicas y sus propias autoridades tradicionales. En este marco, los pueblos indígenas tienen, además, la enorme responsabilidad de convertirse en actores de la conservación, en tanto su reproducción económica y social depende de la preservación de las funciones ambientales de la naturaleza.

En una coyuntura que nuevamente intenta marginarlas, las organizaciones indígenas deben construir una nueva agenda política que les permita posicionarse en el debate público sobre el cambio climático y la conservación. Los pueblos indígenas tienen siglos de experiencia como para generar un aporte sobre la gestión de las áreas protegidas. De cara al futuro, deben cumplir un rol protagónico en la lucha global contra el cambio climático.

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