Ese pronunciamiento no aparece de la nada. Confirma y aplica estándares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había sistematizado cinco años antes, cuando el 28 de diciembre de 2021 aprobó su informe temático “Derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales”. Allí, la Comisión identificó a la autonomía, es decir, al derecho de los pueblos a autogobernarse, a definir sus propias instituciones y a decidir sobre sus asuntos internos, como uno de los elementos constitutivos de la libre determinación, junto con la autoidentificación, la identidad cultural, la propiedad colectiva, los derechos políticos y de participación, y la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.

A cinco años de ese informe, y con un caso reciente que vuelve a poner el tema en la agenda regional, vale la pena revisar qué ha dicho específicamente el sistema interamericano sobre el derecho a la autonomía y al autogobierno de los Pueblos Indígenas y Tribales, en sus distintas dimensiones. Ese es el propósito de este artículo: recorrer los estándares desarrollados por la Comisión y por la Corte, mostrando que el caso U’wa no es un hecho aislado, sino la expresión más reciente de una línea de trabajo institucional sostenida durante más de dos décadas, a través de informes temáticos y de casos de la CIDH, y de una jurisprudencia interamericana en constante desarrollo.

La autonomía, núcleo de la libre determinación

La libre determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales no se agota en el reconocimiento de la propiedad colectiva de sus tierras. Según ha señalado la CIDH, ese derecho conlleva también la facultad de autogobernar los territorios a través de las propias autoridades, en ejercicio del derecho a la autonomía o al autogobierno reconocido expresamente en el artículo XXI de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DADPI) y en el artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP). La Comisión advierte que el ejercicio de la gobernanza territorial es una de las expresiones más relevantes de la libre determinación indígena y tribal, porque supone el reconocimiento de sistemas de gobierno propio que asumen el control, el manejo y la administración del territorio ancestral.

Ese control no se limita a un título de propiedad. La CIDH subraya que un componente esencial de la autonomía indígena y tribal es el control efectivo de los territorios ancestrales y de los recursos naturales que allí se encuentran, en tanto son la base material de la existencia de estos pueblos como sujetos colectivos, y no una mercancía: son “la base de su subsistencia económica” y también “fuente de su identidad cultural y bienestar espiritual”. Sin embargo, la Comisión constata con preocupación que, a la fecha, muy escasos Estados de la región han establecido mecanismos legales o administrativos que garanticen la autonomía de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus recursos naturales y medios de subsistencia. Por el contrario, señala que los ordenamientos internos, en general, impiden que estos pueblos sean titulares de derechos sobre los recursos naturales de su propio hábitat.

Ya en 2001, en el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, la Corte Interamericana había reconocido la estrecha relación entre el territorio y la subsistencia de los Pueblos Indígenas como colectivos organizados.

Ya en 2001, la Corte Interamericana había reconocido la estrecha relación entre el territorio y la subsistencia de los Pueblos Indígenas como colectivos organizados.

A esa dificultad se suma la fragmentación territorial. La Comisión ha identificado que la titulación por comunidades aisladas, en lugar de por pueblos o territorios integrales, puede excluir áreas fundamentales para la vida de los pueblos y dificultar seriamente el ejercicio de las autonomías. A esto se añade la fragmentación provocada por las propias fronteras estatales, que en el caso de los pueblos transfronterizos y binacionales (como ocurre en el corredor amazónico entre Colombia, Ecuador y Perú) limita el ejercicio de derechos vinculados a una territorialidad histórica de movilidad que no reconoce límites nacionales.

Este entendimiento de la autonomía como control territorial no es nuevo en el sistema interamericano. Ya en 2001, en el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, la Corte Interamericana había reconocido la estrecha relación entre el territorio y la subsistencia de los Pueblos Indígenas como colectivos organizados. De este modo, sentó las bases sobre las cuales la Comisión recolectaría, dos décadas más tarde, un desarrollo específico sobre la autonomía y el autogobierno.

Autogobierno hacia adentro, participación hacia afuera

La CIDH entiende que el derecho a la autonomía o autogobierno tiene una dimensión dual. Por un lado, supone que los Pueblos Indígenas y Tribales cuenten con un gobierno autónomo; por otro, implica su derecho a participar en las estructuras sociales y políticas más amplias en las que se insertan, incluido el propio Estado.

La dimensión interna implica el reconocimiento y mantenimiento de las propias instituciones de decisión, lo que incluye la libre elección de sus autoridades tradicionales, sin injerencias externas; mientras que el Estado tiene el deber general de no interferir en el funcionamiento de esas instituciones. La Comisión es explícita en un punto: cuando un ordenamiento exige que una autoridad estatal certifique la elección de una autoridad indígena, esa certificación constituye un registro meramente declarativo de la voluntad del pueblo, expresada en su respectiva asamblea territorial o comunitaria, y de ningún modo puede reemplazar, sustituir o superponerse a la decisión tomada en el ámbito colectivo.

La Comisión ha documentado que el incumplimiento de este estándar tiene consecuencias concretas: tanto la acción como la omisión estatal que promueve la creación de gobiernos “paralelos” a los legítimamente elegidos por los pueblos constituyen violaciones al derecho al autogobierno. Esto socava seriamente su autodeterminación, debilita las estructuras tradicionales y puede derivar en episodios de conflictividad social al interior de las propias comunidades.

En un punto especialmente relevante, la Comisión rechaza de manera expresa que se enmarque al consentimiento como un “derecho a veto”: considera que esa mirada simplifica el asunto y desconoce la libre determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales.

La Comisión rechaza de manera expresa que se enmarque al consentimiento como un “derecho a veto”: esa mirada desconoce la libre determinación.

En su dimensión externa, el derecho a la participación política supone que los Pueblos Indígenas y Tribales, a través de sus propias autoridades e instituciones, sean parte de los procesos de toma de decisiones estatales que puedan afectar sus derechos. La Comisión aclara que esta participación debe ser efectiva, no meramente formal: no basta con asignar la interlocución a una autoridad de gobierno local o regional que no necesariamente conoce las prioridades y problemáticas del pueblo en cuestión. En ese sentido, la CIDH también ha observado con preocupación que los mecanismos de cuotas de participación política no siempre garantizan una representación real y que, en ciertos contextos, los procesos de cooptación partidista han derivado en una pérdida de autonomía política de los Pueblos Indígenas.

Estrechamente ligado a esta dimensión externa, el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado constituye, para la CIDH, una manifestación directa de la libre determinación, y no un simple procedimiento administrativo: es la premisa fundamental que permite a los pueblos definir cómo desean ejercer la titularidad de sus derechos. En un punto especialmente relevante, la Comisión rechaza de manera expresa que se enmarque al consentimiento como un “derecho a veto”: considera que esa mirada simplifica el asunto y desconoce la libre determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales, al asumir erróneamente que el proceso de toma de decisiones del Estado tiene la capacidad de imponer de manera forzosa una actividad determinada.

Dos décadas de estándares interamericanos

Estos desarrollos de la Comisión se apoyan en (y alimentan) una jurisprudencia de la Corte Interamericana construida a lo largo de más de 20 años. En el caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, de 2007, la Corte estableció que cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto en el territorio indígena o tribal, el Estado no solo tiene la obligación de consultar, sino también de obtener el consentimiento previo, libre e informado del pueblo, según sus propias costumbres y tradiciones. Cinco años después, en el caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, la Corte profundizó la relación entre el territorio, la identidad cultural y la capacidad de un pueblo de desarrollar y llevar adelante sus propios planes de vida.

En 2020, en el caso de las Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina, la Corte dio un paso más: vinculó, de manera extensa, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (el derecho a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural) con la autonomía y el goce efectivo del territorio colectivo, reconociendo la interdependencia entre estos derechos. Ese desarrollo es el que la CIDH sistematiza en su informe de diciembre de 2021, cuando dedica un apartado específico a la dimensión interna y externa de la autonomía, vinculada a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El caso U’wa, con el que se abre este artículo, se inscribe en esa misma línea, y la confirma en un contexto muy actual: el de los proyectos extractivos superpuestos a territorios ancestrales, una de las situaciones que la propia CIDH identifica como recurrentes en la región.

Todo este desarrollo de la Comisión y de la Corte se sostiene sobre cuatro enfoques que la CIDH aplica de manera transversal al derecho a la libre determinación, y que dan marco también a la autonomía. El primero es el carácter reparador: la libre determinación se entiende como una respuesta correctiva frente a las injusticias históricas de despojo, colonización y negación de derechos que han sufrido estos pueblos. El segundo es la interculturalidad, que exige transitar de la asimilación a una convivencia basada en el respeto por las distintas cosmovisiones, con una distribución real del poder de decisión sobre las propias prioridades de desarrollo. El tercero es la transversalidad: para la Comisión, la libre determinación debe marcar la pauta de cómo el Estado garantiza el resto de los derechos de estos pueblos y no tratarse como un capítulo aislado. El cuarto y último combina una mirada de género y una intergeneracional: la CIDH ha destacado la participación de las mujeres indígenas en los espacios de autogobierno y liderazgo comunitario, y la solidaridad intergeneracional como garantía de que las formas propias de organización se sostengan en el tiempo.

Una distancia por cerrar

A cinco años del informe de la CIDH, el estándar interamericano sobre la autonomía de los Pueblos Indígenas y Tribales está claramente establecido: no se trata de una concesión discrecional de los Estados, sino de un derecho preexistente que, como recuerda la propia Comisión, “no debe ser entendido como una concesión o una cuestión otorgada”. Lo que persiste, en cambio, es la distancia entre ese estándar y su implementación efectiva: la Comisión constata que muy pocos Estados de la región cuentan hoy con mecanismos legales o administrativos que garanticen la autonomía indígena sobre sus territorios y recursos naturales.

Cerrar esa distancia exige que los Estados adecúen sus marcos normativos e institucionales a los estándares desarrollados por el sistema interamericano, en lugar de tratar el reconocimiento de la autonomía indígena como una excepción o una concesión. En esa tarea, tanto la CIDH (a través de sus informes temáticos y de casos, y de su monitoreo permanente) como la Corte Interamericana (a través de una jurisprudencia en desarrollo constante, de la que el caso U’wa es apenas una expresión reciente) continúan ofreciendo el marco de referencia para que los Pueblos Indígenas y Tribales de las Américas puedan ejercer, en los hechos, su derecho al autogobierno.

Agradezco el valioso apoyo de Mishkila Rojas, especialista en la Relatoría de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la CIDH, en la preparación de este artículo.

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El elevado precio internacional del oro ha reforzado los incentivos económicos para la expansión de estas actividades. Según el Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), en 2025 la región amazónica perdió más de 736.000 hectáreas de bosque primario, y una parte significativa de las zonas afectadas por minería se encuentra dentro de áreas protegidas y territorios indígenas. Frente a esta realidad, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trabaja en la elaboración de un informe regional que analizará la relación entre la minería ilegal de oro, la vulneración de derechos, los territorios y la gobernanza en distintos países de la Amazonía y el Escudo Guayanés.

De las alertas al análisis regional

La decisión de elaborar este informe se inscribe en un proceso de monitoreo y documentación que la Comisión Interamericana y su Relatoría Especial vienen desarrollando desde hace varios años frente a una preocupación creciente en la región, que la REDESCA identificó como un ámbito prioritario de atención en su Plan de Trabajo 2024-2026. En 2019, en su informe sobre Pueblos Indígenas y tribales de la Panamazonía, la CIDH advirtió sobre la exposición a altos niveles de mercurio y sus efectos en el agua, la biodiversidad y la salud. En 2021, la Resolución 3/21 sobre Emergencia Climática señaló la degradación ambiental como una de las grandes amenazas para los derechos humanos en la región. 

En abril de 2024, durante una visita in loco a Colombia, la Comisión y su Relatoría Especial identificaron la minería ilegal como una causa de contaminación hídrica, desplazamiento forzado y financiamiento de estructuras criminales. En octubre de ese mismo año, la CIDH y la REDESCA alertaron sobre la situación del pueblo Yanomami en el Arco Minero del Orinoco, atravesada por desplazamientos, contaminación por mercurio y la presencia de grupos armados. En marzo de 2025, la REDESCA instó a fortalecer la cooperación internacional, la trazabilidad del oro y el control del comercio de insumos como el mercurio. En marzo de 2026, emitió una nueva alerta sobre los impactos de la actividad minera ilegal en el derecho humano al agua. Esta problemática también ha sido documentada de manera recurrente en los informes anuales de la Relatoría sobre diferentes países de la región.

La REDESCA presta especial atención a los impactos diferenciados sobre los Pueblos Indígenas, las comunidades afrodescendientes y tribales, las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y las personas defensoras de los derechos humanos y del ambiente.

La REDESCA presta especial atención al impacto sobre Pueblos Indígenas, comunidades afrodescendientes y tribales, mujeres, niñas, niños y adolescentes.

El objetivo del informe es analizar, desde una perspectiva de derechos humanos y, en particular, de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, los impactos de la minería ilegal de oro, así como las dinámicas territoriales, transfronterizas y de gobernanza que acompañan su expansión. La REDESCA presta especial atención a los impactos diferenciados sobre los Pueblos Indígenas (incluidos aquellos en aislamiento voluntario y contacto inicial), las comunidades afrodescendientes y tribales, las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y las personas defensoras de los derechos humanos y del ambiente.

Sin anticipar las conclusiones del informe, actualmente en elaboración, la información recopilada permite identificar dimensiones particularmente relevantes para el análisis: la contaminación por mercurio y, otros impactos sobre la salud y la alimentación; la deforestación y degradación de ecosistemas; la pérdida de control territorial; la expansión de economías ilícitas y actores armados; las debilidades de la respuesta institucional; y las dificultades para asegurar la trazabilidad y la debida diligencia a lo largo de la cadena de suministro del oro.

Un proceso construido a partir del diálogo y la consulta

El proceso de elaboración ha combinado distintos mecanismos de diálogo, consulta y recopilación de información. Como parte de este trabajo, la CIDH convocó una audiencia regional de oficio en el marco del 195.º Período de Sesiones, celebrado en Ciudad de Guatemala, con participación de organizaciones de la sociedad civil, representantes de comunidades y Pueblos Indígenas. Posteriormente, la REDESCA remitió solicitudes de información a los Estados y abrió una convocatoria para recibir contribuciones de organizaciones, comunidades afectadas y personas expertas.

Entre el 15 y el 19 de junio de 2026, la REDESCA realizó una visita de trabajo a Brasil, donde sostuvo reuniones en Brasilia y Boa Vista, Roraima, con autoridades y organizaciones de la sociedad civil. En ese marco, participó en la 8.ª Asamblea General de la Asociación Hutukara Yanomami, junto con liderazgos indígenas. En julio, la Relatoría llevó a cabo una consulta híbrida con personas expertas en Bogotá y participó en el Encuentro Regional sobre Minería, Gobernanza Territorial y Derechos Indígenas en la Amazonía, realizado en Tena, Ecuador. El encuentro fue organizado por PAKKIRU, FOIN Ecuador y el Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supay, con el apoyo de IWGIA. Allí dialogó con lideresas y líderes indígenas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Estos espacios han permitido incorporar no solo información sobre las afectaciones, sino también las experiencias, conocimientos y respuestas desarrolladas por los propios Pueblos Indígenas. En distintos territorios, las comunidades, organizaciones y autoridades indígenas han impulsado mecanismos de monitoreo y protección territorial, herramientas de cartografía y documentación ambiental, sistemas de alerta y estrategias de interlocución con las autoridades. Incorporar esos conocimientos y experiencias resulta fundamental para comprender las dinámicas territoriales de la minería ilegal y para diseñar respuestas que reconozcan la autonomía, la participación efectiva y las prioridades definidas por los propios pueblos.

DESCA, territorio y continuidad de la vida comunitaria

Los impactos de la minería ilegal de oro no se limitan a la contaminación o a la pérdida de cobertura forestal. En los territorios indígenas, la deforestación, la alteración de los cursos de agua y la degradación de los ecosistemas pueden afectar las relaciones territoriales que sostienen la alimentación, la salud, los medios de vida, las prácticas culturales y espirituales y, en términos más amplios, las condiciones necesarias para la continuidad de la vida comunitaria. Desde una perspectiva interamericana de derechos humanos, la protección de los bosques se encuentra así estrechamente vinculada con la protección de los territorios, los DESCA, la identidad cultural y la libre determinación de los Pueblos Indígenas.

Entre las principales preocupaciones que surgen de la información relevada se encuentra la contaminación por mercurio. Una vez liberado al ambiente, el mercurio puede transformarse en metilmercurio, acumularse en peces y otros organismos acuáticos y, a través de ellos, ingresar en la cadena alimentaria de los habitantes de la Amazonía. De este modo, la contaminación de los ríos compromete también el derecho a la alimentación al afectar la dieta de numerosas comunidades indígenas y ribereñas, y al poner en riesgo prácticas alimentarias tradicionales.

Cuencas y territorios de Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela y otros países dan cuenta de la relación entre expansión minera, pérdida de bosque, degradación de fuentes de agua y presión sobre áreas protegidas y territorios indígenas.

Territorios de Perú, Colombia, Brasil, Ecuador y Venezuela dan cuenta de la relación entre expansión minera, pérdida de bosque y degradación de fuentes de agua.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido sobre los graves daños neurológicos asociados a la exposición al metilmercurio y sobre los riesgos particularmente elevados para niñas, niños y mujeres gestantes. Estudios citados en la información examinada por la REDESCA han detectado niveles elevados de mercurio en comunidades indígenas de Brasil y Perú. A ello se suman otras afectaciones a la salud: la transformación del territorio asociadas a la minería pueden favorecer condiciones para la proliferación de vectores de enfermedades como la malaria.

La deforestación y fragmentación de hábitats constituye otra dimensión central de las problemáticas que atraviesa la Amazonía. Cuencas y territorios de Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela y otros países dan cuenta de la relación entre expansión minera, pérdida de bosque, degradación de fuentes de agua y presión sobre áreas protegidas y territorios indígenas. Estas dinámicas se agravan cuando convergen con otras economías ilícitas y con actores que disputan el control territorial.

Minería ilegal, economías ilícitas y gobernanza territorial

La minería ilegal de oro no opera de manera aislada. En diferentes regiones de la Amazonía, la actividad se articula con redes de narcotráfico, tala ilegal, contrabando, tráfico de insumos y otras economías ilícitas. Esta convergencia puede traducirse en el control territorial por parte de grupos armados, amenazas a comunidades y autoridades indígenas, restricciones a la movilidad y, el debilitamiento de las capacidades estatales de prevención, fiscalización y protección.

El oro presenta características que facilitan su incorporación a circuitos comerciales aparentemente legales: tiene un alto valor por peso, puede ser fundido y mezclado con producción de origen lícito y circular mediante documentación irregular o a través de jurisdicciones con controles insuficientes. Por ello, la respuesta no puede limitarse al lugar de extracción. Requiere mecanismos efectivos de trazabilidad, cooperación transfronteriza y coordinación entre autoridades ambientales, aduaneras, financieras y judiciales. Asimismo, precisa de responsabilidades claras para los actores empresariales que participan en la cadena de suministro.

Los riesgos son especialmente graves para los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, ya que cualquier interferencia externa puede tener consecuencias irreversibles. Las afectaciones también alcanzan de manera diferenciada a mujeres, niñas, niños y adolescentes, comunidades afrodescendientes y tribales, y personas defensoras de derechos humanos y del ambiente. En contextos adversos,  estas personas enfrentan amenazas, hostigamiento y violencia.

Un informe pensado como herramienta

El desafío no termina con documentar el avance de la minería ilegal ni con identificar sus impactos. La cuestión central es cómo traducir los estándares de derechos humanos en respuestas capaces de proteger efectivamente los territorios, prevenir nuevas afectaciones y fortalecer la capacidad de los pueblos para participar en las decisiones que inciden sobre sus formas de vida.

El informe regional que prepara la REDESCA busca contribuir a ese objetivo mediante la sistematización de estándares y la formulación de recomendaciones para Estados, empresas y otros actores relevantes. Al mismo tiempo, su elaboración procura incorporar las experiencias, conocimientos y perspectivas de los Pueblos Indígenas y comunidades afectadas, no solo como fuentes de información, sino como actores indispensables para comprender el territorio y construir respuestas adecuadas.

Frente a una economía ilícita que atraviesa fronteras, cadenas comerciales y territorios, las respuestas también deberán ser coordinadas, preventivas y transfronterizas. El propósito es que los hallazgos y estándares del informe puedan convertirse en herramientas útiles para el diálogo, la promoción de derechos y la adopción de medidas que coloquen en el centro la protección de los derechos humanos, los bosques y el derecho de los pueblos a decidir sobre el presente y el futuro de sus territorios.

Las opiniones expresadas en este artículo son de carácter personal y no representan necesariamente la posición de la REDESCA, de la CIDH ni de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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Las causas del desplazamiento: racismo estructural y amenaza a la libre determinación

De manera consistente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que las violaciones actuales a los derechos de los Pueblos Indígenas son consecuencia de profundas desigualdades históricas a partir de siglos de colonización, exterminio, asimilación forzada y racismo estructural. Es bajo ese marco conceptual que debe entenderse que el fenómeno del desplazamiento forzoso de comunidades fuera de sus territorios ancestrales constituye una grave violación a los derechos humanos.

Las comunidades se ven obligadas a desplazarse dada la gravedad de violencia que experimentan producto de conflictos armados, del actuar del crimen organizado y del narcotráfico. Pero además, cada vez con más frecuencia, el desplazamiento se presenta como resultado tangible del calentamiento global y de la expansión de proyectos de infraestructura y de actividades extractivas a gran escala. Como consecuencia inevitable, esos desplazamientos provocan que los pueblos pierdan su cultura e identidad, y hasta pueden conducir a la desintegración misma de la comunidad. 

Los pueblos transfronterizos que se ven forzados a desplazarse más allá de sus territorios ancestrales, con frecuencia, quedan en una mayor situación de vulnerabilidad; ya que ninguno de los Estados involucrados suele contar con instituciones de protección adecuadas frente a los desafíos arriba mencionados.

La CIDH ha documentado numerosos ejemplos de desplazamientos masivos y desalojos forzosos de Pueblos Indígenas en contextos de pobreza, violencia y criminalización. Estas situaciones reflejan estructuras históricas de opresión aún vigentes, que dificultan el acceso a la justicia y el retorno seguro. 

Las causas y las consecuencias del desplazamiento forzado han sido extensivamente analizadas por el SIDH a través de sus distintos mecanismos: entre ellos, en informes de la CIDH y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); en resoluciones de medidas cautelares de la CIDH y medidas provisionales de la Corte IDH; en audiencias públicas; y en visitas de trabajo y visitas in loco. 

Los estándares del Sistema Interamericano frente al desplazamiento forzado

El derecho a la libre determinación, que antecede al Estado y sustenta la identidad de los Pueblos Indígenas, se expresa, entre otras formas, en la propiedad colectiva de tierras, territorios y recursos naturales. El SIDH ha sostenido que este derecho se deriva del artículo 21 de la CADH, al reafirmar el derecho de los pueblos a la titulación, delimitación y demarcación de sus tierras tradicionales¹. Al mismo tiempo, se ha resaltado que la falta de seguridad jurídica en la tenencia agrava las violaciones de derechos, y facilita desalojos forzosos cuando las tierras son disputadas o convertidas en áreas protegidas.

La situación de vulnerabilidad se acrecienta por la especial relación que tienen los pueblos con las tierras de las cuales han sido desplazados; en estos casos la protección del derecho a la propiedad colectiva y el uso y goce de su territorio son necesarios para garantizar su supervivencia. La Corte IDH incluso reconoció en su jurisprudencia el significado especial que tiene la convivencia familiar en el contexto de las familias indígenas.

También la Corte ha destacado el derecho de las personas desplazadas a regresar libremente a su lugar de origen en condiciones de seguridad; y la obligación de los Estados de garantizar que el regreso de esas personas sea voluntario.

Para el SIDH, el derecho a la libre determinación no solamente supone el reconocimiento de la propiedad colectiva, sino que además implica el derecho de autogobernar sus territorios a través de sus propias autoridades. Cuando el desplazamiento forzado rompe con las autoridades indígenas se interrumpe el ejercicio de un proyecto específico de los pueblos y afecta al corazón mismo de la libre determinación. 

A su vez, los derechos a la consulta y al consentimiento previos, libres e informados procuran garantizar que los Pueblos Indígenas participen en decisiones que puedan afectarles. La consulta busca alcanzar el consentimiento mediante un diálogo genuino y respetuoso². Muchas comunidades han desarrollado sus propios protocolos para ejercer estos derechos. En el contexto de actividades empresariales, el reconocimiento de los estándares interamericanos es clave, y los Estados tienen la obligación de asegurar procesos participativos e inclusivos.

Como se puede advertir, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos brinda un marco jurídico sólido para proteger a los Pueblos Indígenas frente al desplazamiento forzado, con base en un principio central: la libre determinación. Este derecho garantiza su permanencia, participación y autonomía en los territorios ancestrales, en tanto su vulneración pone en riesgo la existencia colectiva.

Los estándares y recomendaciones de la CIDH son claros: el desplazamiento forzado debe prevenirse y atenderse con urgencia. Para ello, no basta con el mero compromiso formal de los Estados; se requieren medidas concretas y efectivas, para las cuales los Estados pueden contar con la asistencia técnica y los Pueblos Indígenas con el acompañamiento estratégico de la Comisión Interamericana.

El papel que la CIDH puede desempeñar para fortalecer la protección de los derechos humanos en este contexto

El desplazamiento forzado de Pueblos Indígenas exige políticas públicas interculturales, participación efectiva y reparaciones transformadoras. Los Estados de la región aún tienen una deuda histórica con estos pueblos, agravada por una desigualdad estructural que demanda medidas especiales de protección y prevención. 

Es evidente que la implementación efectiva de las medidas necesarias para prevenir y reparar los desplazamientos forzados de los Pueblos Indígenas requiere de una voluntad política sostenida y el compromiso real de garantizar que los Pueblos Indígenas participen activamente en las decisiones que los afectan. Para ello, el Sistema Interamericano no debe verse sólo como un marco legal, sino como una herramienta viva al servicio de los pueblos en su lucha por resistencia, protección y reparación, y que puede coadyuvar con los Estados con este objetivo. La Comisión Interamericana dispone de una serie de herramientas que pueden contribuir con los Pueblos Indígenas en la defensa de sus derechos y con los Estados en el impulso, diseño e implementación de políticas públicas en la materia. 

Así, por ejemplo, la CIDH elabora informes anuales e informes temáticos con diagnósticos y recomendaciones. En tal sentido, en los últimos años ha publicado una serie de informes relacionados con el fenómeno del desplazamiento forzoso y con la situación de los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales.

A su vez, la CIDH realiza un monitoreo permanente sobre diferentes situaciones de derechos humanos, mediante la solicitud de información a los Estados, la convocatoria a audiencias públicas, las reuniones de trabajo, las visitas de trabajo o las visitas in loco³. También se publican comunicados de prensa o pronunciamientos públicos que buscan dar visibilidad a situaciones particulares de preocupación⁴.

Por otra parte, la CIDH mantiene diálogos diplomáticos con los Estados y puede brindar cooperación técnica especializada a diferentes autoridades públicas cuando así lo requieran.

Finalmente, la CIDH dispone de un mecanismo robusto de peticiones, casos y solicitudes de medidas cautelares⁵. Además de resolver situaciones particulares, estos trámites internacionales pueden contener reparaciones de no repetición que permiten impulsar reformas institucionales para prevenir futuras situaciones de desplazamiento y robustecer la vigencia de los derechos de los Pueblos Indígenas.

Es indudable que persisten enormes desafíos para que los Estados sean más eficaces en prevenir los desplazamientos forzados y para dar respuestas a las necesidades de protección de derechos durante y después de la situación de desplazamiento. Los Estados están llamados a redoblar sus esfuerzos en esta materia, especialmente, generando datos desagregados, reconociendo la especial relación territorial de los Pueblos Indígenas y adoptando medidas específicas, incluyendo la consulta previa y el respeto a sus sistemas normativos, para prevenir y reparar el desplazamiento forzado. Para alcanzar ese cometido, los Pueblos Indígenas y los Estados cuentan con el acompañamiento activo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

1. Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de agosto de 2001, Serie C No. 79, párr. 148; Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina, Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de noviembre de 2020, Serie C No. 420, ps. 92-98.
   ︎
2. Corte IDH, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Fondo y Reparaciones, Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 245; Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 12 de agosto de 2008, Serie C No. 185. ︎
3. Por ejemplo, en 2024 la CIDH llevó a cabo visitas in loco a Colombia y Guatemala. En Colombia, hay más de 8 millones de personas víctimas de desplazamiento forzado interno como consecuencia del conflicto armado; los Pueblos Indígenas y afrodescendientes son los más afectados por esta situación. ︎
4. En 2024, la CIDH alertó sobre desalojos violentos en Guatemala sin notificación ni acceso a recursos judiciales, que provocaron desplazamientos forzados. En Colombia, ya en 2021, expresó su preocupación por el aumento de desplazamientos internos y llamó al Estado a adoptar medidas integrales para abordar sus causas. ︎
5. En el caso de la Comunidad Chaab’il Ch’och’ de Guatemala, la CIDH advirtió que la dispersión de las familias podría dañar la cohesión social, afectar su identidad cultural y provocar la fragmentación comunitaria, llegando incluso a poner en riesgo su identidad étnica. ︎

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Esmeralda Arosemena de Troitiño: Me gustaría comenzar destacando los avances logrados durante estos ocho años de trabajo. Creo que hemos alcanzado posicionar en la Comisión temas prioritarios relacionados con la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad. A partir del trabajo de la CIDH, la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana y, el desarrollo de la Convención Americana de Derechos Humanos junto a sus estándares, considero que hemos fortalecido el Sistema Interamericano. Es crucial utilizar las herramientas disponibles para asegurar que los Estados cumplan con sus compromisos internacionales.

DI: ¿Y en el ámbito de los pueblos indígenas?

EAT: A pesar de las limitaciones, estimo que hemos avanzado en una clara identificación del derecho a la propiedad de sus territorios desde su propia cosmovisión. Aunque sigue siendo un tema complejo, se ha logrado poner en debate esta obligación entre los Estados. La Declaración Americana, junto con otros instrumentos internacionales, nos proporciona una sólida plataforma para la protección, garantías y promoción del respeto a los pueblos indígenas. Sin embargo, siempre existe el riesgo de retrocesos en los avances logrados y hay que estar alertas.

DI: A pesar del marco normativo favorable para los derechos indígenas, ¿considera que ha habido una regresión de estos derechos?

EAT: Yo diría que sí. Dentro del mandato de la CIDH, la Relatoría enfrenta el gran reto de lograr el reconocimiento y el respeto efectivo de las decisiones autónomas de los pueblos indígenas. Aunque esto es reconocido en los discursos políticos, incluso en las normativas internas, la transformación de estos reconocimientos es una clara negación de los derechos de los pueblos indígenas. Al buscar hacer realidad sus derechos, los pueblos indígenas se enfrentan a una situación de negación, donde otros intereses prevalecen. En el fondo, los Estados tienden a desvincular el desarrollo de los derechos indígenas. Actualmente, presenciamos una lucha frontal entre los pueblos indígenas y los Estados, con casos de criminalización, hostigamiento y muertes de líderes y lideresas indígenas. Para la Comisión es un gran desafío impulsar el diálogo y realizar un monitoreo junto a los Estados para el cumplimiento de las normas de los instrumentos jurídicos, de los que son responsables de su efectiva vigencia y cumplimiento.

Esmeralda Arosemena de Troitiño en la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca (El Salvador) para verificar la situación de las personas privadas de libertad. Foto: CIDH

DI: ¿Cuál es el estado del cumplimiento de la consulta previa libre e informada?

EAT: La problemática de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado es fundamental, y varios Estados tienen concepciones totalmente desprendidas sobre el significado y contenido de este derecho. En consecuencia, la conexión de los pueblos indígenas con sus territorios se ve limitada frente a los intereses de grupos de poder y la explotación de recursos.

DI: ¿Cómo es el vínculo entre los Estados y los pueblos indígenas?

EAT: Más que ignorar los derechos indígenas, los Estados optan por no respetarlos. Por eso la CIDH impulsa diálogos abiertos, sinceros y respetuosos entre los Estados y los pueblos indígenas. Un problema usual es que, dentro de algunos Estados, existen sectores que lanzan afirmaciones falsas, como el supuesto deseo de independencia de los indígenas que afectaría la soberanía estatal. Esto es absurdo y requiere un diálogo abierto y respetuoso. Es fundamental que los Estados cumplan sus compromisos y, la Comisión cuenta con herramientas como las medidas cautelares, las peticiones y los casos para apoyarles. La identificación de prioridades y el desarrollo de criterios de priorización son clave en este sentido. En síntesis, la Comisión busca llevar adelante una agenda positiva con los Estados, identificando con firmeza las respuestas que deben dar en cumplimiento de sus propias normas y obligaciones internacionales. Los gobiernos deben apoyarse en las fortalezas de sus colectivos humanos.

DI: ¿Y respecto a los grupos de poder que están por fuera del Estado?

EAT: La influencia de grupos de poder, como la macrocriminalidad, que en ocasiones supera el poder de los mismos Estados, no hace más que complicar la situación. La militarización de los territorios indígenas, la falta de respuestas de la Justicia ante actos de violencia contra líderes y lideresas indígenas y la necesidad de fortalecimiento de las instituciones democráticas y la sociedad civil son retos importantes.

Esmeralda Arosemena de Troitiño durante el Seminario Regional Derecho a la Autonomía y Justicia Indígena en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Foto: IWGIA

DI: A pocas semanas de concluir su mandato, ¿cómo ve el futuro de la Comisión?

EAT: Es importante que la Comisión mantenga el sentido de cohesión institucional y respeto a la institucionalidad de la CIDH. Los miembros forman parte de un colectivo con estándares adoptados y una misión clara establecida por la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA). La observancia, defensa, impulso y promoción de derechos humanos deben ser el sentido fundamental para la Comisión y sus integrantes. El desarrollo de informes temáticos es una línea que debe fortalecerse, ya que estos documentos son valiosos para que los Estados comprendan las líneas para desarrollar derechos específicos. Los informes, como el de Derecho a la Libre Determinación y el reciente sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, deben utilizarse en los diálogos con los Estados para maximizar su impacto.

DI: ¿Qué desafíos enfrentará la Relatoría?

EAT: Estos ocho años han enriquecido mi vida en términos del concepto de humanidad, la defensa y promoción de los derechos humanos. El desafío es que los pueblos indígenas sean considerados con absoluta dignidad e integridad de sus derechos, con un enfoque particular en la no discriminación por ninguna causa. El foco debe estar en los sectores más vulnerables, asegurando el respeto a su dignidad y evitando la exclusión, para que se preserve el sentido pleno de la humanidad.

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Antonia Urrejola: Efectivamente, estamos viviendo un tiempo en el que se discute más que nunca, cómo los organismos internacionales vienen a decirle a los Estados qué es lo que tienen que hacer. Ese debate siempre ha existido, pero ahora ha tomado más fuerza. Más allá de las inclinaciones políticas de los gobiernos, hay una tendencia a cuestionar a los organismos de derechos humanos en particular, planteando un discurso de soberanía nacional y de no injerencia interna. El tema es especialmente complicado en países muy polarizados. Cuando la CIDH denuncia una vulneración a derechos humanos en un país determinado, esa denuncia es contra el Estado, que tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar tales violaciones. Lamentablemente en los actuales contextos de polarización que vemos en varios países de la región, muchas veces nuestros pronunciamientos, aun cuando son de conformidad a nuestro mandato e independiente del gobierno de turno, se utilizan en el debate interno, según las coyunturas políticas del momento. Por otra parte, hay que recordar que los organismos multilaterales, como la OEA o la ONU, están conformados por los Estados y, por lo tanto, no son organismos supranacionales, sino intergubernamentales. La OEA, no es más que lo que sus Estados quieren que sea. Son ellos quienes definen la política y las prioridades de la organización. Ahora bien, es preciso indicar que la Comisión, si bien es parte de la OEA, es un órgano autónomo. Los siete comisionados y comisionadas que la conformamos fuimos elegidos por la Asamblea de la OEA, pero tenemos plena autonomía y no respondemos a ningún Estado: nuestras decisiones dan cuenta de esa autonomía.

Urrejola con mujeres de la Nación Qhara Qhara. Foto: CIDH

DI: ¿Cuál es la principal fortaleza del trabajo de la Comisión?

AU: Nuestra fortaleza está en la labor de monitoreo permanente a la situación de derechos humanos en el continente, en visibilizar ante la comunidad internacional situaciones graves de vulneración de derechos y muy especialmente en nuestras recomendaciones y pronunciamientos a los Estados para avanzar en la prevención de las violaciones a los derechos humanos o, de ocurrir, en su investigación y sanción a los responsables. Pero la fortaleza de nuestras recomendaciones depende mucho de la voluntad política de los Estados en cumplirlas. Lo mismo sucede respecto de las sentencias de la Corte Interamericana o de las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas. Insisto, más allá de la fuerza de nuestros pronunciamientos, la implementación depende de la voluntad política de los Estados a los que estos pronunciamientos conciernen. Pero como estamos en un contexto en el que varios Estados cuestionan los organismos multilaterales, entonces se diluye la voluntad política. Parte importante de nuestro mandato es monitorear la situación de derechos humanos y denunciar las violaciones a los derechos humanos que cometen los Estados y obviamente siempre eso causa tensiones. Antes los Estados resolvían estas tensiones de manera privada y diplomática. Actualmente, en la medida que se cuestionan los organismos multilaterales, estas tensiones y cuestionamientos en muchos casos se hacen públicos y eso no ayuda a resolver las situaciones de derechos humanos, sino que muchas veces genera más tensión aún.

DI: El costo político de los Estados en desconocer a la Comisión no parece muy alto…

AU: Me parece que antes los gobernantes sentían que había un costo político, una suerte de perjuicio moral, si se enfrentaban públicamente con la Comisión. Hoy en día no es tan así y en muchos casos, ese costo no es significativo. Las críticas a las decisiones o informes de la CIDH o la Corte, cuestionando nuestro mandato u objetividad por parte de algunos Estados, a veces de los propios presidentes de la República, nos da una señal de que en muchos casos no es un costo cuestionar el Sistema Interamericano ni la labor de defensa de los derechos humanos en general que realizan los organismos de protección. Al contrario, a veces esos cuestionamientos – que estamos interviniendo en asuntos internos o que estamos politizados y sesgados- se hacen por razones de política interna, y ello no sólo debilita la labor de los organismos de derechos humanos, insisto, sino la propia defensa de los derechos humanos como tal. Eso es lo que preocupa.

DI: ¿Cómo reaccionan las víctimas a la lentitud o la falta de eficacia del sistema?

AU: Muchas organizaciones de derechos humanos se sienten frustradas de que no podamos hacer nada más que denunciar, una y otra vez, sobre las mismas violaciones de derechos humanos. Y nos piden que hagamos algo más. La Corte, por su parte, emite sentencias determinando las responsabilidades a las violaciones de los derechos humanos, estableciendo recomendaciones a los Estados y haciendo un seguimiento al cumplimiento de los fallos. Pero tampoco puede obligar a los Estados a cumplir las sentencias. La fortaleza del SIDH está en sus pronunciamientos y sentencias. Los Estados, en virtud de su propia soberanía, se someten al sistema y en virtud del principio de buena fe, deben cumplir con las recomendaciones. Y cuando hay graves violaciones a los derechos humanos, la gente, con toda razón, piensa que el sistema es insuficiente.

Urrejola durante el período de sesiones 168 de la CIDH en Santo Domingo, 2018. Foto: CIDH

DI: ¿Cuál es su mirada sobre la eficiencia del sistema de derechos humanos?

AU: En mi opinión, tanto el sistema de las Naciones Unidas como el Sistema Interamericano siguen siendo efectivos y cumplen un papel fundamental. En primer lugar, al visibilizar los casos de violaciones de derechos humanos. Pues tiene un efecto, no solo ante la comunidad internacional, sino también a nivel interno. Y, sobre todo, creo que es una manera de acompañar a las víctimas. En repetidas ocasiones, las víctimas nos han manifestado el interés de que su voz sea escuchada hacia afuera y la importancia de sentirse acompañadas. Al final del día, también es una medida de protección. A pesar de las debilidades del sistema es importante que un organismo internacional señale públicamente la violación de un derecho humano. O que se dicten medidas cautelares para una persona o un colectivo determinado, pues de alguna manera hay una suerte de inhibición por parte de los Estados o de los agentes paraestatales. Considero que sigue siendo muy importante en la región en el contexto en que estamos. Por otra parte, a través de las recomendaciones y sentencias de los órganos del sistema, se van estableciendo estándares y principios de derechos humanos que van permeando las esferas de los órganos públicos y las políticas públicas, aunque no se vea el efecto inmediato.

DI: ¿Y cuál es la eficacia en los países con gobiernos autoritarios que no quieren cumplir los fallos?

AU: En los países autoritarios, donde no hay división de poderes y reina la impunidad, la Comisión cumple el papel de documentar la violación de los derechos humanos. Junto al acompañamiento de las víctimas, esta documentación es muy importante para cuando se logren iniciar los procesos, como en lo que se refiere a la justicia transicional, donde las violaciones de los derechos humanos pueden ser investigadas y sancionadas. Entonces, este rol de visibilizar, aunque no sea de manera inmediata, cumple un papel fundamental.

DI: ¿Cómo trabaja la Comisión en los países donde usted es Relatora, como Colombia, Ecuador y Nicaragua?

AU: La Comisión ve con preocupación cómo se ha agudizado la violencia en Colombia. Luego de un corto período de tranquilidad tras los Acuerdos de Paz, se han reagrupado los diferentes grupos armados. En un encuentro de mujeres indígenas que tuvimos en Medellín, nos manifestaron que, tras el Acuerdo de Paz, no se eliminaron los grupos armados, sino que cambiaron los actores. Una dirigente nos dijo que habían logrado convivir con las FARC, pues si bien tenían serios conflictos con ellos, ya sabían quién era quién y por dónde no ir. Había una suerte de pacto de convivencia. Pero con el Acuerdo de Paz, aparecieron grupos armados nuevos, desconocidos, presionando sobre sus territorios. Se trata de disidentes de las FARC, paramilitares y grupos ligados al narcotráfico, y con ellos ha recrudecido la violencia. Para los pueblos indígenas, el mapa de actores cambió totalmente y, por lo tanto, también los métodos de defensa. Más allá de lo que piensen las organizaciones indígenas, creo que el Estado tampoco ha terminado de comprender bien el mapa de los nuevos actores. Es muy complejo lo que sucede en Colombia, y muy trágico después de las esperanzas que generó la firma del Acuerdo de Paz. A pesar de que hemos tenido diferencias con el actual Gobierno, tengo que reconocer que desde la CIDH logramos tener un diálogo y avanzar en la implementación de medidas cautelares, acuerdos de solución amistosa. Lo mismo con Ecuador. Al final del día, ambos Estados nos suministran información y sus distintas autoridades participan en las reuniones de trabajo y en las audiencias. Es posible dialogar, más allá de las diferencias y tensiones que lógicamente existen en algunas situaciones.

En 2019, Urrejola encabezó una visita a la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) para recibir testimonios sobre la vulneración de los derechos humanos. Foto: CIDH

DI: ¿Y en el caso de Nicaragua?

AU: Lamentablemente no tenemos diálogo con el Estado nicaragüense. Mantenemos el mecanismo de seguimiento, aunque no tenemos ninguna incidencia real en el Estado. Pero para las organizaciones, el trabajo de la Comisión sigue siendo fundamental para visibilizar las violaciones de derechos humanos pues, de alguna manera, el mundo se olvidó de Nicaragua. El Estado no se hace presente en las reuniones de trabajo o en las audiencias públicas de la CIDH: durante mi período de tres años de Relatora para Nicaragua, participaron en una sola reunión para discutir la consulta previa con el pueblo Miskito de la Costa Atlántica. Y últimamente tampoco responde a nuestros pedidos de información. Me parece lamentable que nos acusen de tener una posición sesgada. Al final de cuentas, si el Estado se niega a darnos su propia visión de los hechos, después no pueden acusarnos de no ser imparciales sino nos proporcionan información.

DI: Como Relatora para pueblos indígenas, ¿ha visto algún cambio significativo en el uso del Sistema Interamericano por parte de las organizaciones indígenas?

AU: El tema indígena siempre estuvo presente en la Comisión. De hecho, la Relatoría viene trabajando desde los 90 y, tenemos varios informes temáticos y casos que han llegado a la Corte. Creo que el Sistema Interamericano ha hecho un gran aporte en materia de derechos indígenas. Lo que sí ha cambiado tiene que ver con la evolución de las propias organizaciones indígenas, lo cual se observa en la representación indígena ante la Comisión. Las organizaciones han ido conociendo mucho más el sistema. Y ha sido muy importante para los Comisionados y Comisionadas y para los funcionarios de la Comisión tener contacto directo con los representantes indígenas. Una de nuestras prioridades ha sido la de capacitar directamente a las organizaciones indígenas sobre el Sistema Interamericano para que ellas mismas recurran. Sin desvalorizar el papel de las instituciones de apoyo al movimiento indígena, ha sido importante para nosotros tener contacto directo con las comunidades y organizaciones indígenas.

DI: ¿El Covid-19 dificultó esta interacción?

AU: Paradójicamente, en este tiempo de pandemia y brecha digital, gracias al Zoom he tenido aún más contacto con los representantes de los territorios indígenas. Antes, por una cuestión de tiempo, durante mis visitas a los países no nos movíamos mucho de las grandes ciudades, salvo para las visitas in loco. Tanto para las organizaciones como para la Comisión, esta intensificación del diálogo directo ha sido un aprendizaje y hemos podido darle más contenido a la perspectiva de los propios pueblos indígenas, sin intermediarios, respecto de las situaciones de derechos humanos que les aquejan, sus prioridades y sus propuestas para enfrentar los desafíos.

DI: Sin embargo, la Corte Interamericana ha emitido una serie de importantes sentencias a favor de los pueblos indígenas que no cumplen…

AU: Entiendo muy bien la frustración de las organizaciones en relación a la efectividad del sistema. Pero me gustaría resaltar dos cuestiones. Por un lado, el efecto de la sentencia sobre cada caso en particular. Y lo segundo es la importancia de la sentencia en la evolución de los estándares de derechos humanos. Las sentencias tienen un efecto multiplicador sobre el conjunto de los Estados, en las políticas públicas, en las legislaciones y en la conciencia de cumplir con los estándares que van fijando las sentencias. Los fallos de la Corte son interpretativos de la Convención Interamericana y los estándares interamericanos se van gestando a través de las sentencias. Asimismo, las sentencias van permeando las políticas públicas de los Estados. La última sentencia de Lhaka Honat vs. Estado argentino argumenta el derecho de las comunidades indígenas a la alimentación adecuada y al agua. Es verdad que los efectos de estas sentencias demoran años, pero el fallo es notable y da cuenta de la importancia del sistema y su evolución.

Además, Urrejola es Relatora de Verdad y Justicia y Relatora de Nicaragua, Colombia, Ecuador y Guyana. Su mandato finaliza el 31 de diciembre de 2021. Foto: CIDH

DI: Esta frustración también está asociada al retroceso de muchos derechos.

AU: Es verdad, y me preocupan estos retrocesos. En el discurso público, hay autoridades electas en varios países de la región que están volviendo a justificar las violaciones de derechos humanos, la tortura o que se justifica el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía en las manifestaciones. Las fuerzas de seguridad han vuelto a utilizar una fuerza represiva que se había dejado de ver en el continente. El problema es que el uso excesivo de la fuerza empieza a ser justificado por la sociedad y estamos volviendo al “ellos” y “nosotros”. Por eso, creo que hay retrocesos que van más allá del discurso de algunas autoridades, que sin duda tienen mucha responsabilidad en aquello, hay un retroceso también en el debate cívico. Pues si bien, por un lado, vamos avanzando en estándares de derechos humanos y generando conciencia, vemos que se vuelve a aceptar o justificar violaciones de derechos humanos tales como las ejecuciones extrajudiciales o las torturas. Nos demoramos muchos años para que en temas relacionados a crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, tortura, existan estándares claros y ahora vemos como muchos sectores de nuestras sociedades vuelven a justificar algunas de estas violaciones.

DI: Frente a estos retrocesos, ¿en dónde descansa su esperanza?

AU: Me gustaría reiterar que entiendo la frustración de la gente que necesita soluciones ante los desplazamientos, amenazas y asesinatos. Y lamentablemente, muchas veces, las personas que lucharon por estas sentencias no llegan a ver en vida el impacto que han logrado. Pero más allá de esto, las recomendaciones de la Comisión y las sentencias de la Corte van generando una especie de “conciencia interamericana” sobre los derechos humanos. Y eso es muy positivo para el horizonte del respeto de los derechos humanos en la región.  Mi esperanza descansa en las víctimas y sus familiares. En cada uno de los viajes que he tenido que hacer como Comisionada, he escuchado relatos desgarradores de las víctimas y sus familiares a lo largo de nuestro continente. Hay algo tan importante que siempre llevo conmigo y que es un rol que no está en la Convención, ni en la Carta de la OEA, ni en el reglamento o el Estatuto de la CIDH. Tampoco en los análisis doctrinarios de la jurisprudencia interamericana ni de los impactos del sistema. Y es el rol reparatorio que tiene la CIDH por el sólo hecho de ser un espacio de escucha para las víctimas. No es posible construir un país democrático sin que las víctimas puedan tener un espacio para contar sus historias.  Y pienso que muchas veces la CIDH logra ser ese espacio. Al final del día, poder ser un espacio de escucha para los silencios que se quieren hacer oír es sin lugar a dudas uno de los mayores aportes e impactos de la CIDH y de lo cual me siento muy orgullosa de ser parte.  Siempre recuerdo a mi profesor y gran defensor de derechos humanos que acaba de fallecer este año, José Zalaquett, que decía, “si usted está pensando en establecer un vínculo entre las acciones que desarrollamos y los cambios concretos, está en el negocio equivocado.  En derechos humanos, se tira una flecha y no se sabe dónde cae.  El éxito se mide por el número de flechas que se tiran”. De alguna manera ese es nuestro trabajo.

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