En otras palabras, los gobiernos rendirán un examen para responder una pregunta sencilla, pero decisiva para la salud de la Tierra: ¿están haciendo realmente lo que prometieron para frenar la destrucción de la naturaleza y recuperar la biodiversidad perdida? Bolivia es uno de los países llamados a mostrar qué ha hecho. Para llegar a ese examen, durante la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en Ereván, Armenia, del 19 al 30 de octubre de 2026, los países debieron presentar una rendición de cuentas previa. Lo hicieron a través del Séptimo Informe Nacional (7NR), un reporte en el que cada gobierno detalla las medidas adoptadas y los resultados alcanzados. 

La fecha límite para entregarlo fue el 28 de febrero de 2026. Estos informes servirán como insumo para la primera revisión mundial del progreso colectivo. Bolivia también entregó su reporte, un documento que permite reconstruir (desde la versión oficial del Estado) qué avances declara y dónde reconoce dificultades.

El gran desafío

En 2022, durante la COP15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica,los países adoptaron el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y trazaron una hoja de ruta para alcanzar, de aquí a 2050, un mundo en armonía con la naturaleza. Para lograr ese desafío, fijaron 23 metas para 2030 que no solo comprometen a los gobiernos a detener la pérdida de biodiversidad, sino que colocan a los Pueblos Indígenas y las comunidades locales en un lugar central, como titulares de derechos y actores fundamentales en la conservación de sus territorios y formas de vida.

Esa relación entre conservación y derechos indígenas es transversal al Marco. Esto se refleja especialmente en las metas 1 y 3. La primera plantea una planificación territorial que reduzca la pérdida de áreas de importancia para la biodiversidad respetando los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, mientras que la 3, conocida como el objetivo 30×30, establece que la conservación de al menos el 30% de las tierras y aguas del planeta debe respetar los derechos de estos pueblos sobre sus territorios tradicionales. El mensaje es claro: la conservación de la biodiversidad no puede estar separada de los Pueblos Indígenas. Frente a ello, ¿qué ha hecho Bolivia en estos últimos cuatro años para cumplir con lo comprometido?

Si los territorios indígenas son parte de la estrategia de Bolivia para conservar la biodiversidad, ¿qué está ocurriendo realmente con sus bosques frente a la deforestación, los avasallamientos y las demás presiones que el propio Estado reconoce?

Si los territorios indígenas son parte de la estrategia de Bolivia para conservar la biodiversidad, ¿qué está ocurriendo realmente con sus bosques?

En el Séptimo Informe Nacional, elaborado por la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el Estado boliviano sostiene que los territorios indígenas forman parte de su estrategia de conservación. El documento, sin especificar cifra alguna, reporta avances en la titulación de nuevas Tierras Comunitarias de Origen (TCO) / Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) y la elaboración de planes de vida y el fortalecimiento de formas de gobernanza indígena. También destaca la creación de áreas de conservación bajo gestión indígena y experiencias de manejo forestal, aprovechamiento sostenible, restauración y vigilancia territorial.

Pero el mismo informe deja ver un escenario más complejo. Bolivia reconoce la existencia de avasallamientos, conflictos por el uso de la tierra y sobreposición de derechos, además de presiones derivadas de actividades extractivas, expansión agropecuaria y asentamientos ilegales. También admite dificultades para actualizar y compatibilizar los planes de vida y, sobre todo, una ausencia de información para medir el cambio de uso de suelo y la tenencia de la tierra en los territorios ancestrales y comunidades locales. En el documento se lee: “No hay datos disponibles”.

La paradoja es significativa. Bolivia presenta a los territorios indígenas como pieza clave para la conservación y meta internacional de proteger al menos el 30% de las tierras y aguas del planeta, pero cuando debe mostrar qué está ocurriendo en el interior de ellos, el propio Estado reconoce que todavía no cuenta con los datos necesarios para reportar uno de los indicadores establecidos por el Marco Mundial de Biodiversidad. Si los territorios indígenas son parte de la estrategia de Bolivia para conservar la biodiversidad, ¿qué está ocurriendo realmente con sus bosques frente a la deforestación, los avasallamientos y las demás presiones que el propio Estado reconoce?

Bosques bajo presión

Una investigación realizada por Amazonía Traficada (un proyecto periodístico apoyado por el Pulitzer Center, Mongabay Latam, RAI Bolivia y Asuntos Centrales) puso bajo el prisma de los datos satelitales a una región clave para la conservación: la Amazonía indígena boliviana.  Analizó la deforestación registrada en el interior de 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica boliviana y encontró que, entre 1986 y 2024, estos espacios ancestrales tuvieron una pérdida acumulada de 257.000 hectáreas de bosque. La cifra representa el 3,4% de toda la superficie deforestada en Bolivia durante el mismo período, que alcanzó los 7,6 millones de hectáreas.

Para determinar cuánto de esa deforestación ocurrió dentro del marco legal, se cruzó información con las autorizaciones de desmonte emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) entre 2003 y 2023. Los registros muestran que, durante esas dos décadas, la institución aprobó el desmonte de casi 80.000 hectáreas de bosque en 41 territorios indígenas. Sin embargo, solo 17.900 hectáreas de esa superficie autorizada perdieron efectivamente su cobertura boscosa. La mayor parte de la pérdida ocurrió fuera de las áreas con permiso. 

En otras palabras, entre 2003 y 2023, la deforestación registrada en zonas sin autorización alcanzó las 168.670 hectáreas. La proporción permite dimensionar el problema: por cada hectárea talada dentro de un área autorizada, más de nueve fueron desmontadas fuera de ellas. Es decir que cerca del 90% de la pérdida de bosque registrada en los territorios indígenas amazónicos durante ese período ocurrió al margen de los mecanismos de autorización estatal. La presión sobre estos territorios forma parte de una tendencia nacional.El informe del World Resources Institute (WRI) muestra que Bolivia volvió a ocupar en 2025 el segundo lugar mundial en pérdida de bosque primario, solo por detrás de Brasil.

Una demanda territorial que no termina

La presión a los territorios indígenas no se limita al bosque, también alcanza la tenencia y la seguridad jurídica de los territorios indígenas. En su Séptimo Informe Nacional, Bolivia afirma haber ampliado la superficie de las TCO/TIOC mediante nuevas titulaciones, aunque no especifica cuántas hectáreas fueron incorporadas. 

Sin embargo, el cruce de datos de investigaciones realizadas por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) pone de manifiesto que la lucha de los Pueblos Indígenas de Tierras Bajas por el reconocimiento, la titulación y la defensa de su dominio ancestral está lejos de haber concluido. 

Mientras gran parte de esta demanda sigue sin resolverse, el Estado ha continuado adjudicando tierras a terceros en áreas colindantes a los territorios indígenas.

Mientras gran parte de esta demanda sigue sin resolverse, el Estado ha continuado adjudicando tierras a terceros en áreas colindantes a los territorios indígenas.

Desde la década de los 90 hasta lo que va del siglo XXI, los 48 territorios indígenas de la cuenca amazónica, en conjunto, solicitaron el reconocimiento legal de alrededor de 22,7 millones de hectáreas. Sin embargo, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) solo tituló 11,7 millones de hectáreas, apenas el 52% de la superficie solicitada. En otras palabras, más de 11 millones de hectáreas quedaron fuera de la titulación.

Mientras gran parte de esta demanda sigue sin resolverse, el Estado ha continuado adjudicando tierras a terceros en áreas colindantes a los territorios indígenas. Entre 2009 y 2019, el INRA entregó aproximadamente 318.500 hectáreas a interculturales y campesinos (organizaciones sociales afines con el partido político que gobernó Bolivia entre 2006 y 2025) para el establecimiento de 236 comunidades.

Cuando la protección no alcanza

La brecha entre la protección que el Estado declara y lo que ocurre dentro de los territorios indígenas también aparece en el propio Séptimo Informe Nacional. Bolivia reconoce que no dispone de información para medir, entre otros aspectos, la tenencia de la tierra en los territorios ancestrales de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales. También admite problemas de avasallamiento y tenencia ilegal.

Además de la presión que ejercen las comunidades de terceros asentadas, con la autorización del Instituto Nacional de Reforma Agraria, alrededor de los territorios indígenas titulados, estos pueblos ancestrales se enfrentan al avasallamiento de sus espacios legalmente reconocidos por el Estado, es decir, en los territorios que cuentan con un título de propiedad colectiva.

Mientras las comunidades indígenas denuncian el avasallamiento y las instituciones estatales tardan meses (e incluso años) en actuar, los árboles siguen cayendo y los territorios indígenas, traficándose.

Mientras las comunidades indígenas denuncian el avasallamiento y las instituciones estatales tardan meses (e incluso años) en actuar, los árboles siguen cayendo y los territorios indígenas, traficándose.

El análisis de entrevistas realizadas a líderes de 30 de los 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica concluye que 28 de estos espacios ancestrales registraron avasallamientos durante las últimas dos décadas y, en 22 casos, los conflictos continúan sin resolverse. Detrás de estas ocupaciones, según los líderes consultados, existen redes que buscan activar un mercado ilícito de tierras en la Amazonía boliviana, principalmente, para habilitar superficies destinadas a actividades agropecuarias a gran escala.

Mientras las comunidades indígenas denuncian el avasallamiento y las instituciones estatales tardan meses (e incluso años) en actuar, los árboles siguen cayendo y los territorios indígenas, traficándose. Pero esta no es la única presión. Los 30 líderes indígenas señalaron, además, conflictos y amenazas vinculadas con mercados de carbono, minería ilegal, tráfico de madera y narcotráfico.

Conservar más allá del mapa

En Ereván, Bolivia tendrá que mostrar cuánto ha avanzado hacia el 30×30. Podrá hablar de territorios titulados, gobernanza indígena y conservación bajo gestión de los Pueblos Indígenas. Pero detrás de esas cifras hay territorios donde los árboles siguen cayendo, donde persisten disputas por la tierra y donde comunidades indígenas esperan durante años una respuesta del Estado frente a los avasallamientos y el tráfico de sus tierras.

El 30×30 puede parecer alcanzable cuando se mira desde un mapa, pero la conservación no ocurre sobre el mapa, sino en territorios concretos, donde los Pueblos Indígenas defienden sus bosques, sus derechos y sus formas de vida. El asunto por resolver que Bolivia llevará a la COP17 no es solo cuántas hectáreas puede declarar como conservadas, sino cuánto de aquello que dice proteger está realmente a salvo y cuánto puede frenar o controlar de aquello que reconoce en el mismo Séptimo Informe Nacional: expansión de la frontera agropecuaria, actividades extractivas y asentamientos humanos como causas principales de la pérdida de biodiversidad y deforestación.

En otras palabras, más allá del examen que debe rendir en octubre, el Estado boliviano (sin importar quien sea el inquilino de turno del poder en La Paz) debe ser capaz de hacer respetar las reglas que ha creado y garantizar la protección de los bosques y de quienes habitan estos espacios ancestrales. Esta no es solo una obligación con los bolivianos, sino también una responsabilidad con un planeta al que ya no le queda tiempo para esperar que las promesas se conviertan en acciones.

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Los límites territoriales de Taung Pat Lal están demarcados por los arroyos Tho Doe The Loe y Chein Loe Yo (arroyo del Tigre), El Bra Loe Chee, Chein Loe Htit (roca del Tigre), Thaw Kha Loe Chee y las crestas de las montañas YaeKa Hday y Kyar Mwe. La comunidad gestiona un sofisticado sistema de zonificación que integra de manera armónica la producción de alimentos, la conservación de la biodiversidad y la protección espiritual. Este sistema comprende tierras destinadas a la agricultura rotativa (Shwe Pyaung Taung Ya), huertos agroforestales perennes gestionados por las familias y, tierras comunales: áreas protegidas de cuencas hidrográficas y sitios sagrados como la Montaña de la Oración (Su Taung Taung), una gruta mariana (Mae Taw Gu) y el cementerio comunitario.

La tenencia consuetudinaria de la tierra se rige por principios de equidad. La herencia de los huertos y las tierras familiares se distribuye por igual entre hijas e hijos, sin discriminación de género. Los límites de las tierras se respetan mediante acuerdos orales consuetudinarios y referencias geográficas naturales. Para proteger los territorios ancestrales, las normas consuetudinarias prohíben vender las tierras heredadas a personas ajenas a la comunidad. Si una familia debe transferir sus tierras, estas deben permanecer en manos de familiares o miembros de la comunidad. La resolución de conflictos está a cargo de los ancianos de la aldea, las autoridades locales y referentes religiosos; y culmina en prácticas tradicionales de reconciliación, como apretones de manos simbólicos y oraciones colectivas.

Conocimientos indígenas y conservación de los ecosistemas

El valor de las tierras indígenas para la conservación proviene directamente de los profundos conocimientos ecológicos indígenas transmitidos de generación en generación. En Taung Pat Lal, la gestión consuetudinaria de los recursos incluye mecanismos que regulan su aprovechamiento y, protegen la fauna y la flora de los bosques.

1. Agrobiodiversidad y control biológico de plagas

En las parcelas de cultivo rotativo de arroz, los agricultores Gheba Karen practican la agricultura diversificada plantando Phor Li Phor Par (flores de cresta de gallo) en los márgenes de los arrozales. Según los conocimientos consuetudinarios, estas flores de vivos colores atraen a los insectos y los alejan del arroz, proporcionando un control biológico natural que reduce al mínimo los daños a los cultivos sin utilizar pesticidas químicos. Además, las parcelas rotativas albergan una gran diversidad de cultivos alimentarios, preservando así un banco genético de plantas y especies locales resilientes.

2. Conservación de semillas y liderazgo de las mujeres indígenas

Las mujeres (Maetaw Thami) desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la agrobiodiversidad. Después de la cosecha, seleccionan cuidadosamente las semillas heredadas, las secan al sol, las ahúman sobre los fogones de las viviendas para protegerlas de los insectos y, finalmente, las almacenan para la temporada de siembra. Los rituales consuetudinarios refuerzan la preservación de las semillas: cuando el grano cosechado se traslada al granero familiar, un puñado de arroz y un ramo de flores se atan al poste principal de la casa y permanecen allí durante todo el año, asegurando que el espíritu de los cultivos (Saba Leik Pyar) permanezca vinculado a la tierra y vuelva a sembrarse en primavera.

3. Normas para el aprovechamiento sostenible

La comunidad aplica estrictas normas estacionales y biológicas para la recolección de productos forestales no maderables. Los brotes de bambú (Myit) son fundamentales para la subsistencia y los medios de vida de las familias, que los recolectan de manera estacional preservando la integridad de las raíces. Las plantas medicinales, como las raíces de Bhon Ma Ra Za y las orquídeas silvestres, se recolectan de manera selectiva para evitar su agotamiento.

4. Patrimonio y prácticas de medicina tradicional indígena

El Comité de Asuntos Gheba Karen y jóvenes de la comunidad documentaron una amplia variedad de plantas medicinales. Entre las especies documentadas, los sanadores locales utilizan Dwi Yin Kaung (un helecho silvestre del bosque), que se machaca para preparar una cataplasma con aceite de sésamo, cúrcuma y aglutinantes locales destinada al tratamiento de fracturas óseas graves y lesiones de tejidos. Otras especies silvestres del bosque, como las hojas de Yae Yin Pyar, las hojas de yaca silvestre y las raíces de jengibre, se emplean para los cuidados posparto y el tratamiento de traumatismos físicos.

Amenazas crecientes: conflicto, destrucción y vulnerabilidad climática

A pesar de estas prácticas sostenibles, los Pueblos Indígenas de las regiones de bosques tropicales enfrentan amenazas estructurales cada vez mayores que ponen en peligro tanto sus derechos como sus ecosistemas.

1. Intensificación del conflicto y violaciones de derechos humanos

El contexto en el estado de Kayin (Karen) está marcado por un intenso conflicto militar y desplazamientos forzados. La población civil sufre frecuentes ataques aéreos, bombardeos de artillería pesada e incendios de aldeas perpetrados por el régimen militar, lo que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en zonas boscosas, sin poder regresar a sus aldeas. Diversos informes documentan numerosas víctimas, entre ellas las causadas por los ataques aéreos del régimen del 29 de abril de 2026 en Thandaunggyi, que dejaron 20 civiles muertos. Estas condiciones impiden mantener los ciclos agrícolas regulares y amenazan la seguridad de las personas. Asimismo, las comunidades indígenas Gheba Karen deben asumir la responsabilidad de albergar y asistir a otras personas desplazadas, lo que ejerce una presión aún mayor sobre sus recursos y su capacidad de resiliencia. 

2. Pérdida de biodiversidad y conocimientos indígenas

La deforestación y la destrucción de hábitats, intensificadas por una larga historia de explotación comercial, han provocado una fuerte disminución de especies raras de plantas medicinales. A medida que los mayores fallecen sin que sus saberes sean debidamente registrados, los conocimientos indígenas sobre el cuidado de la salud corren el riesgo de desaparecer para siempre. Documentar estas prácticas es fundamental para evitar la pérdida de conocimientos indígenas y garantizar que los futuros mecanismos de participación en los beneficios respeten la titularidad de las comunidades sobre estos saberes.

3. Fenómenos climáticos extremos y crisis de roedores

Las comunidades de los bosques tropicales se encuentran en la primera línea de los impactos del cambio climático. En 2024, las lluvias monzónicas extremas provocaron graves deslizamientos de tierra en Taung Pat Lal, que destruyeron arrozales de montaña, cultivos de cúrcuma y valiosos sistemas agroforestales tradicionales de cardamomo. Esta vulnerabilidad se ve agravada por crisis ecológicas cíclicas. En 1975 y 2016, la floración masiva del bambú (ciclos de Mautam) provocó una proliferación súbita de las poblaciones de roedores que destruyeron los arrozales de montaña y obligaron a las comunidades a atravesar prolongados procesos de recuperación económica.

4. Conservación impuesta y exclusión de las políticas públicas

Históricamente, los modelos de conservación impulsados por el Estado y las iniciativas diseñadas por el poder han ignorado los sistemas consuetudinarios de tenencia de la tierra y han considerado a los Pueblos Indígenas como una amenaza para los bosques, en lugar de reconocerlos como sus principales guardianes. Los actuales mecanismos de conservación orientados por el mercado, como los créditos y las compensaciones de carbono y biodiversidad, corren el riesgo de reproducir modelos de “conservación de fortaleza” si se implementan sin respetar el derecho de los Pueblos Indígenas al Consentimiento Libre, Previo e Informado.  Esto podría provocar el desplazamiento de las comunidades de sus tierras ancestrales.

La demanda  de alinear los objetivos globales con las realidades locales

La evidencia de Taung Pat Lal (Khlo Do) demuestra que los objetivos mundiales de biodiversidad no pueden alcanzarse mediante mandatos impuestos desde arriba ni estrategias corporativas de compensación. Mientras las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) negocian la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (MMBKM) en la COP17 en Armenia, la experiencia de las comunidades indígenas de Myanmar señala una serie de prioridades fundamentales en materia de políticas públicas.

1. Aplicar salvaguardas y  el Consentimiento Libre, Previo e Informado

Todos los proyectos de conservación, mitigación del cambio climático y compensación deben aplicar las salvaguardas de la Sección C. La ampliación de áreas protegidas, los proyectos de infraestructura verde y los sistemas de créditos de carbono y biodiversidad solo deben avanzar después de obtener el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) de los Pueblos Indígenas respecto de sus territorios ancestrales. Deben eliminarse los sistemas de conservación y, de créditos de carbono y biodiversidad que conduzcan al despojo de los Pueblos Indígenas.

2. Reconocimiento directo de los Territorios Indígenas

La Meta 3 (30×30) no debe interpretarse únicamente como una ampliación de las áreas protegidas gestionadas por el Estado o de los parques nacionales de uso exclusivo para la conservación. Las Partes del CDB deben reconocer formalmente y proteger jurídicamente los Territorios Indígenas como figuras de conservación diferenciadas y autogobernadas. Sistemas como la gestión consuetudinaria de las tierras en barbecho y la protección de los bosques comunales de Taung Pat Lal constituyen modelos eficaces de conservación que contribuyen a preservar los territorios de bosques tropicales y su biodiversidad. Por ejemplo, las áreas sagradas, huertos y cuencas hidrográficas  conservan la cobertura forestal intacta.

3. Protección de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales

Se debe garantizar la participación plena y equitativa de los Pueblos Indígenas en la toma de decisiones, y respetar íntegramente sus derechos de tenencia de la tierra. Asimismo, debe garantizarse mecanismos de protección jurídica y financiamiento para las personas defensoras de derechos. En las regiones de bosques tropicales afectadas por conflictos, los Pueblos Indígenas que protegen sus tierras constituyen la última línea de defensa frente a la tala ilegal, la extracción de recursos y el colapso de los ecosistemas. La implementación de la Meta 22 requiere mecanismos operativos que brinden protección a los guardianes locales frente a los conflictos violentos, los ataques aéreos y el acaparamiento de tierras.

4. Financiamiento directo para el clima y la biodiversidad

A pesar de proteger sumideros de carbono fundamentales y áreas de gran importancia para la biodiversidad, las organizaciones comunitarias locales y las organizaciones indígenas enfrentan barreras sistémicas para acceder directamente al financiamiento. Los mecanismos financieros internacionales deben establecer vías de financiamiento directo y accesible para las organizaciones indígenas de base, evitando la intermediación de los canales estatales centralizados, con el fin de apoyar el mapeo liderado por las comunidades, la preservación de los conocimientos tradicionales y las iniciativas de resiliencia climática.

Gestión resiliente de los bosques tropicales

Los bosques tropicales de Myanmar perduran gracias a los Pueblos Indígenas que los gestionan y protegen. La gobernanza consuetudinaria de las tierras, las prácticas de agrobiodiversidad y el patrimonio y las prácticas de medicina tradicional indígena de la comunidad Gheba Karen de Taung Pat Lal (Khlo Do) constituyen una prueba contundente de que la conservación de la biodiversidad y los derechos humanos están intrínsecamente vinculados.

Mientras los líderes internacionales se reúnen en la COP17 para evaluar los avances en el marco del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (MMBKM), las políticas internacionales deben basarse en estas realidades locales. Alcanzar plenamente los objetivos del MMBKM exige el reconocimiento formal de los territorios indígenas, la protección jurídica de los sistemas consuetudinarios de tenencia, la inversión en mecanismos de monitoreo liderados por los Pueblos Indígenas y salvaguardas sólidas para las personas defensoras del ambiente que se encuentran en primera línea.

La persona autora de este artículo prefiere permanecer en el anonimato.

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