Durante muchos siglos, los pueblos indígenas han vivido diferentes episodios de violencia estructural y sistemática, tanto durante la colonización externa, como en la colonialidad interna, es decir, las violencias y despojos sufridos tras las independencias de las potencias hegemónicas del siglo XIX. De este modo, se fueron creando diferentes estructuras sociales articuladas bajo el manto del racismo y el control del trabajo característico del capitalismo. Sin duda alguna, la colonialidad del poder es el elemento central de la estructuración de la sociedad en América Latina.

Es en este contexto de colonialismo interno se destaca la recuperación de tierras ancestrales, emprendidas mediante vías de hecho, por los pueblos indígenas de Costa Rica. Esto ha generado olas de violencia contra la seguridad de estos pueblos. Aquí existen dos grandes posiciones dicotómicas y contradictorias. Por un lado, las comunidades buscan recuperar tierras porque eso les brindaría paz con la naturaleza y garantizaría las vidas de sus hijos; por otro lado, los colonos denuncian que los violentos son los indígenas y no ellos. Entonces, estamos frente a la ausencia de una cultura de paz. 

En estos procesos de recuperación del territorio ocupan un rol muy importante las mujeres indígenas, quienes aportan sus formas de pensar y sus estrategias en la resolución de conflictos desde la visión de género. Cabe destacar que las prácticas de las personas no indígenas que ocupan legal (o ilegalmente) las tierras ancestrales son incompatibles con las culturas nativas. Esto provoca conflictos que van desde las discusiones sobre cómo deben utilizarse las tierras hasta choques frontales durante las recuperaciones de hecho.

Reconocimiento legal de los indígenas de Costa Rica

En Costa Rica habitan ocho pueblos indígenas: Huetar, Maleku, Bribri, Cabécar, Brunka, Ngäbe, Bröran y Chorotega. Según el Censo Nacional de 2010, son un poco más de 100.000 personas que nuclean al 2,4% de la población y habitan a lo largo de 3.344 kilómetros cuadrados (el 7% del territorio nacional). En un país donde cerca del 20% de la población vive bajo el nivel de pobreza, en el caso de los pueblos indígenas este porcentaje alcanza cifras alarmantes: Cabécar asciende al 94,3%; Ngäbe, 87%; Bröran, 85%; Bribri, 70,8%; Brunka, 60,7 %; Maleku, 44,3 %; Chorotega, 35,5 %; y Huetar 34,2%.

La Constitución Política de la República de Costa Rica reconoce la diversidad cultural del país en su artículo 1: “Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural”. Al mismo tiempo, en el artículo 76, el Estado reconoce las lenguas indígenas y asume la obligación de promoverlas: “El español es el idioma oficial de la Nación. No obstante, el Estado velará por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales”.

En Costa Rica habitan ocho pueblos indígenas: Huetar, Maleku, Bribri, Cabécar, Brunka, Ngäbe, Bröran y Chorotega. Según el Censo Nacional de 2010, son un poco más de 100.000 personas que nuclean al 2,4% de la población.

En Costa Rica habitan ocho pueblos indígenas: Huetar, Maleku, Bribri, Cabécar, Brunka, Ngäbe, Bröran y Chorotega.

En materia del reconocimiento del derecho al territorio, la Ley Indígena N° 6172 de 1977 acuña la siguiente definición de pueblos indígenas: “Son indígenas las personas que constituyen grupos étnicos descendientes directos de las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad”. Por su parte, el artículo 2 plantea que las comunidades tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase.

Y el artículo 3 establece: “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso (…)”.

La recuperación por vías de hecho

A pesar de que las tierras indígenas gozan de protección legal desde 1977 y que, además, Costa Rica es suscriptor del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es el tratado con mayor peso legal en materia de protección de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y tribales, los pueblos siguen siendo víctimas del despojo de sus territorios ancestrales. 

El líder indígena del pueblo Broran, Pablo Sibar, argumenta: “Tenemos documentación desde 1940-1956, donde los mayores reclamaban que los colonos se les estaban metiendo a las tierras y le pedían al Gobierno que resolviera lo más pronto el derecho a la tierra porque lo estaban perdiendo”. Si bien sus reclamos son legítimos y legales, ante la falta de respuestas del Estado, las comunidades han recurrido a la recuperación por vías de hecho que ha derivado en confrontaciones violentas. Estos conflictos derivan en choques de intereses contrapuestos, adversos e incompatibles entre personas indígenas y no indígenas. 

“Esas recuperaciones se vuelven muy violentas, tenemos muchos riesgos”, asegura Sibar. El líder broran no puede olvidar el asesinato de su compañero Jhery Rivera, en febrero de 2020, cuyo caso todavía no se ha resuelto. “Fue muy violento, nos sacaron de una de las fincas que estábamos acompañando, tuvimos que salir, huyendo prácticamente, casi nos linchan”. Esta forma de recuperación de hecho ha dejado un saldo de dos indígenas asesinados por colonos, terratenientes o afectados de estas recuperaciones.

La mirada de los indígenas: el justo derecho

En Costa Rica, encontramos una disputa de dos actores con un objetivo antagónico: mantener el territorio para explotarlo económicamente o recuperarlo para garantizar la vida de las próximas generaciones. Este conflicto radica en dos visiones incompatibles sobre la tenencia de la tierra: mientras los colonos desean trabajar la ganadería y el monocultivo, los indígenas quieren practicar relaciones armónicas con la naturaleza. Peor aún, habiendo agotado la vía legal, a los indígenas no les queda otra opción que recurrir a la ocupación de hecho que tiene consecuencias de violencia y muerte. 

Así lo explica Pablo Sibar en una entrevista con la Deutsche Welle: “Soy parte de la recuperadora. Acá somos 16 familias compuestas por 100 personas que no teníamos nada, no teníamos dónde sembrar. Llegamos a las 4 de la mañana, nos instalamos en la finca e hicimos un comunicado diciendo que la finca estaba recuperada por la por vía de hecho y que la persona que usurpaba la tierra tenía un tiempo prudencial para sacar todo lo que le pertenecía a él y que la tierra nos pertenecía a nosotros”.

Elides Rivera: “En ningún momento nosotras estamos contraviniendo la ley: estamos exigiendo un derecho que nos corresponde como personas y como mujeres”.

“En ningún momento nosotras estamos contraviniendo la ley: estamos exigiendo un derecho que nos corresponde como personas y como mujeres”.

El testimonio de Elides Rivera, lideresa del pueblo Bröran, también clama por la paz y explica las recuperaciones de hecho en razón del justo derecho: “Yo quisiera que en mi pueblo tengamos tierra suficiente para convivir con nuestros hijos, donde podamos producir nuestros alimentos, donde vivamos sin tanta violencia. Disfrutar del espacio, vivir sin miedo. En ningún momento nosotras estamos contraviniendo la ley: estamos exigiendo un derecho que nos corresponde como personas y como mujeres”.

Por su parte, la Universidad Central de Costa Rica ha señalado la persistente violación de los derechos de los pueblos indígenas del país: “La grave situación en los territorios indígenas es injusta, insoportable e insostenible. Además, muestra una violación sistemática de los derechos fundamentales de las personas de esas comunidades, la inacción e inoperancia estatal y la complacencia con los agresores. Todo lo cual comporta responsabilidades muy serias que deben ser asumidas por toda la sociedad costarricense, pero especialmente por las autoridades tanto políticas como técnicas, legislativas, ejecutivas y judiciales”.

El derecho y las ocupaciones de hecho

Mientras los colonos ven a los indígenas como vagos, haraganes y obstaculizadores del desarrollo, los pueblos ven a los mestizos como usurpadores, invasores y destructores de la Madre Tierra. Esta disputa por intereses incompatibles ha generado niveles de violencia extremos, que son más graves debido a la inoperancia de los funcionarios, la inacción del Estado y las falencias de gestión en la distribución de los recursos escasos. De más está decir que la violencia afecta la paz y la armonía de la población. 

La falta de respuesta legales y la ausencia de respuestas estatales conduce a que los actores involucrados resuelvan el conflicto a través de sus propios métodos, que en la mayoría de los casos se tornan violentos. En consecuencia, como la inacción del Poder Judicial es funcional a los intereses de los no indígenas, las comunidades indígenas optan por las recuperaciones de hecho como una acción reivindicativa

El rol del Estado, las ONG y los organismos de derechos humanos es fundamental para alcanzar la paz en los territorios indígenas de Costa Rica. Por su parte, las mujeres indígenas juegan un papel sumamente importante en el diálogo, los acuerdos y la seguridad en sus territorios: saben que un ambiente de paz es el mayor legado que le pueden dejar a sus hijos y a la naturaleza. 

The post Recuperaciones de hecho en los territorios indígenas en Costa Rica appeared first on Debates Indígenas.

Si bien históricamente el pueblo costarricense ha optado por candidatos presidenciales de centro, la elección de 2026 demostró un viraje a un gobierno conservador, con propuestas de “mano dura” a los crecientes desafíos que sufre el país. De igual manera, los diversos Pueblos Indígenas de Costa Rica mostraron un comportamiento similar al resto de la población. En las Juntas Electorales de Boruca (de mayoría indígena Brunka) y Amubri (de mayoría Bribri), el apoyo a la presidenta electa rondó el 57%. A nivel nacional, se estima que un 58% de la población que votó en territorios indígenas lo hizo por Laura Fernández. 

El amplio apoyo de la población indígena a un gobierno conservador genera una serie de interrogantes: a qué razones respondió y si este gobierno representa un avance o retroceso en materia de derechos de los Pueblos Indígenas. Las dudas aparecen porque la Presidenta electa prometió “continuidad” al gobierno anterior, cuya retórica buscó deslegitimar los procesos de recuperación de tierras de los Pueblos Indígenas. Además, anunció el interés de avanzar con el controversial proyecto hidroeléctrico el Diquís. Este último fue suspendido en el 2011 durante la visita del ex Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya. Y, posteriormente, fue cancelado en el 2016.

El voto indígena a una presidenta conservadora

La presidenta contó con un amplio apoyo en las zonas costeras y rurales. Históricamente, estas zonas han tenido un lugar secundario en las prioridades de la política e inversión pública. Esta situación contrasta con lo que se percibe que ocurre en el valle central, la región del país que concentra más del 60% de la población y tiene cuatro de las principales ciudades, incluida la capital. Los ocho Pueblos Indígenas, que habitan 24 territorios legalmente reconocidos en Costa Rica, se encuentran a largas distancias de la capital. La mayoría de estos territorios se encuentran en el Pacífico y el Atlántico Sur, dentro de los cantones con menor índice de desarrollo humano del país. La retórica populista de la anterior y actual administración resonó en un amplio sector de la población que no se ha visto representada ni escuchada por los gobiernos centrales. 

En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado una serie de crecientes retos: una crisis educativa catalogada como el “apagón educativo”; una creciente desigualdad, dado que es es el país más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); un aumento en el costo de vida; y la creciente e insólita crisis de inseguridad. En los últimos tres años, durante la administración de Chaves Robles, tuvo las tasas de homicidio más altas de su historia: 907 homicidios en 2023; 880 en 2024; y 873 en 2025. En efecto, el año 2023 fue el más violento de la historia del país, con una tasa de homicidios de 17,1 por cada 100,000 habitantes. La mayoría de estos homicidios están vinculados a disputas territoriales del crimen organizado y el narcotráfico.

En el plano electoral, la escasa presencia indígena en espacios de decisión no es nueva. En más de siete décadas de Segunda República, los ocho Pueblos Indígenas no han logrado incidir de manera proporcional en la estructura de poder.

La escasa presencia indígena en espacios de decisión no es nueva. En siete décadas, los ocho Pueblos Indígenas no han logrado incidir en la estructura de poder.

Los Pueblos Indígenas no son ajenos a esta creciente violencia. Dos defensores de los derechos de los Pueblos Indígenas fueron asesinados en un contexto de defensa de tierras indígenas. El líder Sergio Rojas del pueblo Bribri fue asesinado en el 2019 por su defensa y liderazgo en la recuperación de tierras ocupadas ilegalmente por personas no indígenas. En un contexto similar, el líder del pueblo Brörán (Teribe), Jerhy Rivera, fue asesinado en 2020. Rojas y Rivera habían cumplido un rol fundamental en la defensa de las tierras indígenas en Costa Rica, de las cuales alrededor del 43% están en manos de personas no indígenas.

En el plano electoral, la escasa presencia indígena en espacios de decisión no es nueva. En más de siete décadas de Segunda República, los ocho Pueblos Indígenas no han logrado incidir de manera proporcional en la estructura de poder: el país nunca ha tenido un ministro o viceministro indígena, y en la Asamblea Legislativa solo una persona autoidentificada como indígena ha ocupado un curul (escaño) recién durante el periodo 2022-2026. Esta ausencia no responde únicamente al tamaño poblacional (apenas 1,8% de la población nacional se identifica con un pueblo específico), sino a un sistema electoral que no prevé mecanismos diferenciados de participación para los Pueblos Indígenas.

Un plan de gobierno que no promete nada nuevo

En este contexto, el plan de gobierno de Laura Fernández promete “garantizar la dignidad humana de nuestra población indígena”, incluyendo el compromiso de fortalecer la participación política mediante “mecanismos de consulta eficientes y eficaces”. Esta consigna parece vacía de contenido debido a que promete algo que, jurídicamente, ya existe: desde 2018, Costa Rica cuenta con un mecanismo de consulta construido junto a los ocho Pueblos Indígenas.

El plan también promete “fortalecer el modelo de gobernanza” de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), una institución fundada en 1973 que arrastra décadas de cuestionamientos. Tras su visita a Costa Rica en 2021, el entonces Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José Francisco Calí Tzay. documentó que la CONAI es “otra institución impuesta a los Pueblos Indígenas por el Estado y es inoperante”. Este pronunciamiento reafirmó la posición del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), que dos décadas antes ya había señalado que “en el pasado no ha cumplido sus funciones y tareas”.

La desconfianza y un desencanto más amplio con el sistema político también se reflejaron en las urnas: el abstencionismo en territorios indígenas alcanzó el 56%, casi el doble del promedio nacional  que fue del 30,92%.

La desconfianza y un desencanto más amplio con el sistema político también se reflejaron en las urnas: el abstencionismo en territorios indígenas alcanzó el 56%.

La promesa de “continuar con la recuperación y devolución de tierras” hereda un historial de bajo cumplimiento. El plan diseñado desde 2014 por el Ministerio de Justicia y Paz ha avanzado con lentitud frente a un problema de fondo: cerca del 43% del territorio legalmente reconocido a los Pueblos Indígenas permanece en manos de personas no indígenas. Este problema es central y crítico. Existen territorios indígenas como China Kichá del pueblo Bribri y Altos de San Antonio del pueblo Ngöbe, en los cuales los indígenas tienen control de solamente entre el 2 y el 3 por ciento de las tierras que legalmente les pertenecen. La falta de mecanismos efectivos, recursos e interés político han generado conflictos que costaron la vida a los líderes Sergio Rojas y Jerhy Rivera.

Frente a este historial, las promesas de campaña de Laura Fernández fueron recibidas con desconfianza. El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) acusó a la entonces candidata de instrumentalizar las demandas de sus comunidades: ”Repudiamos la práctica de Laura Fernández y Fernando Zamora utilizando nuestras necesidades y derechos como mecanismo de campaña”. La desconfianza y un desencanto más amplio con el sistema político también se reflejaron en las urnas: el abstencionismo en territorios indígenas alcanzó el 56%, casi el doble del promedio nacional que fue del 30,92%.

Una contradicción para los Pueblos Indígenas

¿Hasta dónde llega la “continuidad” que promete la nueva presidenta? Laura Fernández ofrece una pista importante. Nombró al expresidente Rodrigo Chaves Robles, quien terminó su periodo presidencial en mayo del 2026, como ministro de la Presidencia y de Hacienda. Este es un movimiento sin precedentes recientes en la política costarricense: mantuvo al expresidente como principal operador político y económico del nuevo gobierno. De este modo, extendió su inmunidad frente a investigaciones abiertas por el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Elecciones. 

En consecuencia, el panorama que deja este ciclo electoral aparenta ser de continuidades más que de rupturas. En este punto existe una contradicción para los Pueblos Indígenas de Costa Rica. Por un lado, un gobierno que ganó con amplio respaldo en territorios indígenas y que incluye en su plan de gobierno promesas explícitas de participación política, fortalecimiento institucional y devolución de tierras. Por otro, la continuidad de un gobierno cuya retórica y acciones dejaron entrever la falta de apoyo a los temas clave hacia las demandas de recuperación territorial.

Los próximos años pondrán a prueba si el “gobierno de la continuidad” representa una oportunidad real de avanzar en la implementación del mecanismo de consulta, la reforma de la CONAI y la devolución de tierras a los Pueblos Indígenas.

Los próximos años pondrán a prueba si el “gobierno de la continuidad” representa una oportunidad real de avanzar en la devolución de tierras a Pueblos Indígenas.

En balance, el respaldo electoral de las comunidades indígenas a Laura Fernández no parece, entonces, resultado de una identificación profunda con su agenda hacia los Pueblos Indígenas. Más bien, podemos observar un reflejo de dinámicas más amplias, como el abandono histórico de las zonas rurales y costeras alejadas del Valle Central y la fatiga con un sistema de partidos tradicionales percibido como ajeno.

Los próximos cuatro años pondrán a prueba si el “gobierno de la continuidad” representa una oportunidad real de avanzar en la implementación del mecanismo de consulta, la reforma de la CONAI y la devolución efectiva de tierras a los Pueblos Indígenas. Por otro lado, se podrían materializar las advertencias de organizaciones como el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), acerca de promesas de campaña que solo instrumentalizan las necesidades indígenas, sin atender sus causas estructurales. El elevado abstencionismo en los territorios indígenas sugiere que buena parte de la población ya no espera que ninguna de las dos respuestas provenga de las urnas. 

The post Costa Rica: una continuidad que no promete nada nuevo appeared first on Debates Indígenas.