A modo de ejemplo, podemos mencionar el conflicto entre Estados Unidos y Groenlandia en torno al contrato de servicios de mantenimiento en la Base Espacial Pituffik: el denominado “Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno del Reino de Dinamarca, en virtud del Tratado del Atlántico Norte, relativo a la defensa de Groenlandia”. La clase política groenlandesa siempre supo que la motivación principal del contrato de mantenimiento era la propia defensa de Estados Unidos, algo que no había sido reconocido oficialmente. Esto puede observarse en el debate de mayo de 2020 en el Parlamento de Groenlandia (Inatsisartut), en el contexto de la primera manifestación del presidente Donald Trump de comprar Groenlandia. 

Desde 2013, existía un conflicto en torno al contrato de mantenimiento en Pituffik y, los miembros del Parlamento debatían los beneficios para Groenlandia y su población, que habían sido significativos hasta que el contrato fue adjudicado a una empresa estadounidense. El conflicto se solucionó en 2020 cuando  una declaración negociada señaló: “En vista del papel clave de Pituffik y de Groenlandia en la seguridad groenlandesa, estadounidense y transatlántica”. Esto resultaba valioso para Groenlandia, mientras que para Estados Unidos era importante que se reconociera que también contribuía a la seguridad de Groenlandia y de la OTAN. De este modo, quedó establecido en un documento oficial que Pituffik y Groenlandia desempeñan un papel clave en la seguridad de Estados Unidos.

Un lugar en la mesa

Esta negociación no habría sido posible si el Gobierno de Groenlandia no hubiera tenido un lugar en la mesa. Desde la década de 1970, Groenlandia ha trabajado de manera sostenida para participar en las decisiones relativas a la presencia militar de Estados Unidos en su territorio, logrando gradualmente un mayor acceso. Este proceso culminó en 2013, cuando Groenlandia tuvo la capacidad de suspender la cooperación oficial con el Gobierno de Estados Unidos como respuesta a la adjudicación del contrato del mantenimiento en Pituffik a una empresa estadounidense. Se trata de un ejemplo claro de lo que significa tener verdaderamente un lugar en la mesa. 

Con el creciente interés de Estados Unidos en Groenlandia desde 2019 (evidenciado, entre otros factores, por el estilo de Trump), el Gobierno groenlandés ha consolidado ese lugar, y Dinamarca ya no puede tomar decisiones sobre su posición y su estatus sin consultarla. Sin embargo, de modo opuesto, para los Pueblos Indígenas y las poblaciones colonizadas, el desafío adicional ha sido precisamente la ausencia de ese lugar en la mesa. Groenlandia hoy ocupa una silla, aunque quizá con la salvedad de que debe compartirla con Dinamarca. 

Si bien los Estados suelen hablar de colaboración con los Pueblos Indígenas y gobiernos subestatales porque es lo correcto, con frecuencia equiparan la colaboración con escuchar, consultar o solicitar aportes una vez que las decisiones ya han sido tomadas. En ocasiones, las decisiones estatales se imponen de arriba hacia abajo, vulnerando los derechos de los Pueblos Indígenas, aun cuando podrían contar con su acuerdo si existiera una comprensión común del conflicto. Un principio clave en la cooperación entre Estados y Pueblos Indígenas es el consentimiento libre, previo e informado. Sin embargo, este principio se vuelve inviable cuando la información clasificada no llega a los Pueblos Indígenas.

Colaboración y cooperación

La colaboración implica que todas las partes trabajan hacia un mismo objetivo. Sin embargo, los Estados y los Pueblos Indígenas no siempre persiguen los mismos fines y, con frecuencia, se encuentran en situaciones de conflicto. Por ello, no resulta honesto hablar de colaboración o consulta al intentar vincularse con Pueblos Indígenas y con las organizaciones que los representan.

En cambio, si los Estados ponen el foco en la cooperación para garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas, el enfoque será más transparente. Reconocer la existencia de intereses y aspiraciones diferentes es el primer paso en cualquier negociación. La cooperación supone que las partes no necesariamente buscan lo mismo, pero pueden trabajar conjuntamente para que cada una alcance sus propios objetivos. Esto aplica tanto en contextos de conflicto y posconflicto como en el ámbito de la política de defensa y seguridad.

Contar con un lugar en la mesa requiere una negociación continua entre los gobiernos subestatales y los Estados, incluidas las organizaciones indígenas. Por eso, los Estados deben ceder parte de los privilegios asociados a su autoridad y monopolio.

Contar con un lugar en la mesa requiere una negociación continua entre los gobiernos subestatales y los Estados, incluidas las organizaciones indígenas.

Lamentablemente, dado que los grupos históricamente marginados deben luchar constantemente por espacios de poder, se generan exigencias adicionales para que las comunidades indígenas de Groenlandia se formen en la terminología de seguridad y defensa. Cuando los conocimientos, prioridades y experiencias indígenas pueden traducirse a un lenguaje que un general de cuatro estrellas comprenda, es más probable que sean escuchados. Por ejemplo, el jefe del Comando Ártico Conjunto en Groenlandia entiende que la cooperación con cazadores y pescadores es una necesidad operativa, y la expresa en términos propios del vocabulario militar. 

En este sentido, contar con un lugar en la mesa requiere una negociación continua entre los gobiernos subestatales y los Estados, incluidas las organizaciones indígenas. Por eso, los Estados deben ceder parte de los privilegios asociados a su autoridad y monopolio. Del mismo modo, en materia de seguridad nacional, la seguridad indígena debe ser reconocida como igual de importante que la seguridad del Estado.

El consentimiento libre, previo e informado, y la disputa de narrativas

Es fundamental que el intercambio de información garantice que las organizaciones indígenas y los gobiernos subestatales comprendan las decisiones del Estado y puedan aportar soluciones más adecuadas basadas en sus conocimientos desde el territorio. Sobre todo, esto exige una cooperación real y no instancias de participación posteriores a la toma de decisiones (algo que, lamentablemente, se ha vuelto muy frecuente en los últimos años). En algunos contextos, será necesario introducir reformas legislativas en las normas que regulan quiénes pueden acceder a información clasificada y quiénes pueden compartirla. Asimismo, las organizaciones y gobiernos indígenas deben analizar en profundidad los sistemas de defensa y seguridad de sus Estados, con el objetivo de comprender el lenguaje y los criterios con los que se establecen prioridades.

Por otro lado, existe un número creciente y cada vez más diverso de actores que participan en asuntos de seguridad nacional en el Ártico (incluidas organizaciones indígenas y gobiernos subestatales), muchas veces con escasa o nula experiencia en el manejo de la información clasificada. En este contexto, cabe preguntarse por qué el intercambio de información resulta tan relevante, en particular, en relación con los derechos indígenas.

En las “guerras híbridas”, además de la competencia geoestratégica, se disputa la influencia en el ámbito internacional. En este tipo de dinámicas, los Pueblos Indígenas pueden convertirse en piezas relevantes de disputas de narrativas.

En las “guerras híbridas”, se disputa la influencia internacional y los indígenas pueden convertirse en piezas relevantes de disputas de narrativas.

Una de las razones es el aumento de lo que se denomina “guerra por debajo del umbral”: formas de agresión entre Estados que no alcanzan el nivel de conflicto armado abierto. Esto también se conoce como “guerra híbrida”, en donde, además de la competencia geoestratégica, se disputan el posicionamiento y la influencia en el ámbito internacional. En este tipo de dinámicas, los Pueblos Indígenas pueden convertirse en piezas relevantes dentro de disputas de narrativas. Por ejemplo, Finlandia, en su política de desarrollo y exterior, afirma promover y defender los derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, el Comité de los Derechos del Niño le recordó recientemente la obligación de respetar los derechos del pueblo Sámi. 

Este tipo de contradicciones puede transformarse en herramientas narrativas utilizadas contra los países occidentales, especialmente cuando estos critican a otros Estados, como China, por situaciones como la de los uigures.  Estados Unidos también ha recurrido a este tipo de argumentos en Groenlandia para justificar su interés en apoyar la independencia frente al pasado colonial danés. Asimismo, Canadá y los países nórdicos han impulsado procesos de verdad y reconciliación, en los que la seguridad nacional y la cohesión estatal constituyen factores relevantes.

El riesgo de la guerra híbrida en la transición verde 

Por último, es importante señalar que estos riesgos no son exclusivos del Ártico. Existe un creciente peligro de campañas de influencia destinadas a debilitar la relación entre organizaciones indígenas y gobiernos. En América Central y América del Sur, la acción de los Estados nación ha estado motivada con frecuencia por el interés en explotar los recursos naturales ubicados en los territorios indígenas. Cuando los Estados ponderan sus intereses frente a los derechos de los Pueblos Indígenas, la balanza suele inclinarse a favor de aquéllos. 

La transición hacia energías limpias y renovables ha incrementado la demanda de minerales críticos, y en este escenario no sólo intervienen los Estados. Por ejemplo, la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) consideran estratégicos determinados minerales y cadenas de suministro. Esto ha llevado a algunos gobiernos a acelerar procesos de aprobación que originalmente estaban diseñados para proteger el ambiente y los derechos indígenas. En ocasiones, los Estados justifican las vulneraciones de estos derechos en nombre de la seguridad nacional y de prioridades estratégicas. A su vez, estas situaciones pueden ser utilizadas como herramientas en campañas de influencia.

Groenlandia, por ejemplo, estaba en cierta medida protegida debido a la dificultad de traducir automáticamente el groenlandés, pero los modelos de traducción de lenguaje en gran escala están cambiando esta realidad.

Groenlandia estaba protegida debido a la dificultad de traducir el groenlandés, pero los modelos de traducción de lenguaje a gran escala están cambiando esta realidad.

Este tipo de narrativas puede prevenirse y, por ende, mitigarse el riesgo de guerra narrativa, mediante estrategias de información adecuadas. De este modo, la cooperación y la participación oportuna de organizaciones indígenas y gobiernos subestatales pueden reducir el riesgo de que los desacuerdos sean explotados. Asimismo, el intercambio de información clasificada contribuye a que tanto los Estados como las organizaciones indígenas operen con un entendimiento compartido de la situación.

La amenaza de la desinformación y de la influencia extranjera nociva está en aumento con el avance de la inteligencia artificial. Groenlandia, por ejemplo, estaba en cierta medida protegida debido a la dificultad de traducir automáticamente el groenlandés, pero los modelos de traducción de lenguaje a gran escala están cambiando esta realidad. En la medida en que los Estados, sus aliados y las organizaciones regionales actúan de manera cada vez más estratégica para posicionarse en el escenario geopolítico, con mayor frecuencia se dejan de lado los derechos de los Pueblos Indígenas en favor de esos intereses. 

Algunos de los siguientes aportes fueron presentados durante el seminario del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP) en Ginebra, Suiza, del 3 al 5 de diciembre de 2025. Los aportes han sido formateado como un memorando.

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Facilitado por Albert Barume, el actual Relator Especial, el evento reunió representantes de Pueblos Indígenas, Estados Patrocinadores, altos funcionarios de la ONU, y Organizaciones No Gubernamentales, así como a los anteriores titulares del mandato: el profesor James Anaya, el embajador Francisco Cali Tzay y la activista Victoria Tauli-Corpuz, quien participó a través de un mensaje por video. Asimismo, se rindió un homenaje con un minuto de silencio al primer Relator, Rodolfo Stavenhagen, reconociendo su legado fundamental en la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas.

Bajo el lema “25 años promoviendo los derechos de los Pueblos Indígenas: impacto, lecciones aprendidas y futuro del mandato”, el aniversario puso en relieve la trayectoria de un mecanismo que se ha consolidado como uno de los principales instrumentos internacionales de protección y promoción de los derechos indígenas.

Un mecanismo independiente con impacto real

Al inaugurar el encuentro, el Dr. Albert K. Barume subrayó que el aniversario no solo era una ocasión para celebrar, sino también para “examinar las brechas persistentes en la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”. Asimismo, señaló la necesidad de reforzar la relevancia del mandato en un contexto global marcado por presiones crecientes sobre los derechos humanos y el multilateralismo.

Desde su creación, el mandato ha realizado 51 visitas oficiales a países, ha elaborado 62 informes temáticos y ha intervenido en más de mil comunicaciones dirigidas a Estados, empresas y otros actores. A través de estas acciones, ha documentando violaciones, ha visibilizado patrones estructurales de discriminación y ha contribuido a la interpretación del derecho internacional en materia indígena.

Durante la apertura del evento, la Secretaria General Adjunta para los Derechos Humanos, Ilze Brands Kehris, destacó que el mandato ha sido “un mecanismo crítico e independiente”, que ha contribuido a abordar la discriminación estructural y a reforzar la rendición de cuentas. No obstante, advirtió que en todas las regiones continúan, e incluso se agravan, las violaciones de derechos, impulsadas en gran parte por modelos de desarrollo extractivos que avanzan sin el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas.

Tierra, criminalización y empresas: desafíos persistentes

A lo largo del evento, se coincidió en una serie de diagnósticos: la expansión de proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura (incluidos aquellos vinculados a la transición “verde”) sigue generando desplazamientos forzados de comunidades enteras, pérdida de territorios, criminalización de líderes indígenas y diversos tipos de violencias, en particular contra mujeres y defensoras indígenas.

En este contexto, Joan Carling, defensora de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Directora Ejecutiva de Indigenous Peoples Rights International (IPRI), describió el mandato como un “salvavidas” para muchos defensores indígenas perseguidos injustamente. A su vez, relató casos concretos en países como Filipinas y Guatemala en los que las intervenciones del Relator Especial contribuyeron de manera decisiva a liberar a personas criminalizadas por defender sus territorios.

El papel de los Estados y la cooperación internacional

Una vez más, México y Guatemala, los Estados patrocinadores históricos del mandato del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, reafirmaron su apoyo político. Por su parte, la embajadora de México ante Naciones Unidas, Alicia Bárcena, recordó el papel fundamental del mandato en la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y destacó avances recientes en su país, como la reforma constitucional que reconoce a los Pueblos Indígenas como sujetos de derecho público.

Desde Guatemala, la Coordinadora Presidencial contra la Discriminación y el Racismo hacia los Pueblos Indígenas, Ana Pérez Conguache, subrayó la importancia de las visitas in situ de los Relatores Especiales para poder escuchar a las personas afectadas y dialogar con los Estados. Asimismo, la Coordinadora destacó las recomendaciones realizadas, aunque reconoció que persisten fenómenos graves como la criminalización de liderazgos indígenas.

Un legado colectivo y una agenda para el futuro

Uno de los momentos centrales del evento fue el repaso histórico del mandato a través de un vídeo conmemorativo, que destacó las contribuciones de los cinco Relatores Especiales: Rodolfo Stavenhagen, James Anaya, Victoria Tauli-Corpuz, Francisco Calí Tzay y, actualmente, Albert Barume. Desde los derechos territoriales y la libre determinación hasta el impacto del cambio climático y la criminalización, el enfoque de cada Relator Especial ha dejado un legado normativo y político de gran alcance.

En el diálogo con antiguos titulares del mandato, todos coincidieron en que el mayor valor del mandato del Relator Especial radica en amplificar las voces de los Pueblos Indígenas, cerrar la brecha entre normas y práctica, y fortalecer la coordinación con otros mecanismos de la ONU, como el Foro Permanente y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente en un contexto de crecientes desafíos para el sistema internacional de derechos humanos y sus mecanismos de promoción y protección.

Al cerrar el evento, ante los desafíos que vive el sistema internacional de derechos humanos, Albert Barume, afirmó que los próximos años exigirán una estrategia de defensa: “No podemos dar por sentado los logros de estos 25 años. Salvaguardarlos es una responsabilidad colectiva”. De este modo, el Relator Especial destacó que es momento de resguardar lo ya conquistado, incidir en el seguimiento de las recomendaciones y garantizar los recursos financieros suficientes.

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La reforma establece diversos aspectos: sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio; autonomía para gestionar recursos públicos; derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada en proyectos que afecten sus territorios; la protección del patrimonio cultural y territorial. La reforma agrega un apartado sobre los derechos específicos de los pueblos afromexicanos y otro especial para mujeres indígenas y afros. Si bien muchos de estos derechos ya tienen rango internacional, ahora han sido incorporados al marco jurídico mexicano (positivista y estatista).

El proceso de construcción de la reforma fue complejo, estuvo liderado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) e incluyó consultas con miles de autoridades comunitarias. Sin embargo, no cumplió los estándares de una consulta conforme al mecanismo de expertos. En consecuencia, podemos decir que, más bien, fue una serie de foros en donde se tomó nota sobre las opiniones.

Desafíos y críticas a la reforma constitucional

El reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio plantea una serie de desafíos y críticas que deben ser abordadas para evitar que se quede en un marco legal sin impacto real en sus condiciones de vida. 

En primer lugar, aunque el estatus de “sujeto de derecho público” otorga a las comunidades un mayor control sobre la gestión de sus recursos, incluyendo la posibilidad de recibir y administrar directamente fondos públicos, esto no garantiza automáticamente su empoderamiento. La falta de capacidades administrativas, infraestructura y acceso a formación adecuada puede limitar gravemente su capacidad para ejercer este derecho de manera efectiva. Sin un apoyo del Estado en capacitación sobre gestión financiera y administración pública, la autonomía que se promete podría quedar vacía y, en el peor de los casos, generar problemas de mal manejo o dependencia de actores externos.

Si bien la reforma da un paso importante hacia la formalización de los derechos colectivos, existe el riesgo de que este reconocimiento sea utilizado como un recurso retórico sin un compromiso real del Estado.

Existe el riesgo de que este reconocimiento sea utilizado como un recurso retórico sin un compromiso real del Estado.

Otra crítica central es la potencial instrumentalización política del reconocimiento de la personalidad jurídica como sujetos colectivos de derecho público. Si bien la reforma da un paso importante hacia la formalización de los derechos colectivos, existe el riesgo de que este reconocimiento sea utilizado como un recurso retórico sin un compromiso real del Estado para dotar a las comunidades de las herramientas necesarias para ejercer esos derechos. Han habido múltiples casos en los que el reconocimiento legal no se ha traducido en un cambio en sus vidas, lo que genera frustración y desconfianza hacia el gobierno.

El patrimonio propio es otro componente clave, pero también complejo. El hecho de que las comunidades puedan administrar su patrimonio de manera autónoma implica que tienen la capacidad de tomar decisiones sobre el uso de sus tierras, recursos naturales y culturales. Sin embargo, en la práctica, esto puede verse limitado por desigualdades estructurales que han precarizado los territorios indígenas por la presión de actores externos que buscan explotar sus recursos para proyectos extractivos o de infraestructura. A lo cual se agrega la presencia del crimen organizado. Sin mecanismos claros para proteger el patrimonio propio, el reconocimiento de su gestión autónoma podría ser más simbólico que real.

El riesgo de que las consultas se sigan haciendo como hasta ahora

La Consulta Previa, Libre e Informada es uno de los pilares más importantes de la reforma constitucional, ya que busca garantizar que las comunidades indígenas y afromexicanas participen activamente en decisiones que afectan sus territorios y modos de vida. Sin embargo, a pesar de su relevancia, este mecanismo presenta múltiples desafíos críticos que pueden limitar su eficacia y, en algunos casos, perpetuar las desigualdades existentes. Por ejemplo, que los protocolos sean elaborados por el Estado sin la participación de los pueblos, como fue el caso de las supuestas consultas sobre el mal llamado Tren Maya.

El principal riesgo es que las consultas se sigan haciendo como hasta ahora, es decir, que sean meramente formales y no cumplan con los estándares internacionales establecidos en el Convenio 169 de la OIT y en el mecanismo de expertos. En muchas ocasiones, las consultas previas realizadas en el contexto de megaproyectos se han llevado a cabo de manera superficial, sin garantizar que las comunidades realmente comprendan el alcance de los proyectos y sus impactos a largo plazo. Esto ha generado desconfianza hacia el Estado y los promotores de proyectos, lo que debilita el propósito del mecanismo y convierte a la consulta en un trámite, más que en un verdadero ejercicio de autodeterminación.

Las empresas y el Estado suelen tener más recursos y acceso a información técnica, lo que coloca a las comunidades en una situación de desventaja al momento de negociar o comprender el impacto total de los proyectos.

Las empresas y el Estado suelen tener más recursos y acceso a información técnica, lo que coloca a las comunidades en una situación de desventaja.

Un segundo riesgo es la falta de consentimiento real por parte de las comunidades. Aunque la reforma establece el derecho a la consulta, no siempre garantiza que las comunidades tengan la opción de rechazar proyectos que consideran perjudiciales. En muchos casos, la consulta se utiliza como un mecanismo para legitimar decisiones que ya han sido tomadas con mucha antelación por el Estado o las empresas, lo que convierte a las comunidades en simples observadoras de un proceso que no necesariamente respeta su voluntad. Esto plantea una contradicción fundamental entre el derecho a la autodeterminación que promueve la reforma y la práctica real de cómo se llevan a cabo estos procesos.

Además, la diferencia de poder entre las comunidades y los actores económicos es otro obstáculo significativo. Las empresas y el Estado suelen tener más recursos y acceso a información técnica, lo que coloca a las comunidades en una situación de desventaja al momento de negociar o comprender el impacto total de los proyectos. Sin un apoyo adecuado, como intérpretes, asesoría legal o defensores especializados, las comunidades quedan expuestas a presiones externas que pueden influir en sus decisiones. Esta falta de equilibrio en las consultas genera un escenario de inequidad, donde los intereses económicos tienden a imponerse sobre los derechos territoriales y culturales de las comunidades.

Asimismo, hay una crítica recurrente sobre la falta de seguimiento y cumplimiento efectivo de los acuerdos alcanzados durante las consultas. Incluso cuando las comunidades logran influir en las decisiones, muchas veces los compromisos establecidos no se cumplen, lo que perpetúa la sensación de abandono y desconfianza. Sin mecanismos claros de rendición de cuentas y supervisión independiente, la consulta previa se convierte en un proceso sin consecuencias reales para las empresas o el gobierno, lo que refuerza la percepción de que es una formalidad más que un verdadero ejercicio de justicia.

El desafío de que el pluralismo jurídico no quede en el plano simbólico

La reforma también establece la protección del patrimonio cultural y territorial de las comunidades, reconociendo sus sistemas normativos y la pluralidad jurídica. Sin embargo, este reconocimiento legal plantea varios desafíos que deben ser abordados para evitar que estos avances queden en el plano simbólico. Primero, no está claro cómo estos sistemas interactuarán de manera efectiva con el sistema jurídico nacional. Más cuando es claro que el pluralismo jurídico reconocido constitucionalmente en México es unitario y no igualitario. No son los indígenas los que ponen sus reglas de relacionamiento con el Estado, es el Estado a través del derecho positivo mexicano quien las pone.

La coexistencia de dos sistemas legales podría generar tensiones y conflictos en la jurisdicción, especialmente en contextos donde los derechos territoriales y los intereses económicos entran en colisión. Sin mecanismos claros para armonizar las leyes indígenas con las nacionales, este reconocimiento corre el riesgo de quedarse en una declaración sin un impacto práctico significativo. Además, la justicia intercultural requiere de una formación profunda y comprometida de los operadores judiciales, desde jueces hasta abogados y defensores públicos, lo cual no se ha desarrollado con suficiente claridad en la reforma.

En cuanto al fortalecimiento de la cohesión social, es importante reconocer que la pluralidad jurídica puede, en algunos casos, exacerbar las desigualdades dentro de las comunidades. No todas las comunidades cuentan con la misma capacidad de organización o recursos, lo que podría generar conflictos internos sobre la interpretación y aplicación de sus propios sistemas normativos. La reforma, si bien permite un mayor control sobre los territorios, debe acompañarse de políticas que promuevan la equidad dentro de las propias comunidades para evitar que las asimetrías existentes se profundicen. 

Una reforma que podría ser solamente simbólica

En relación con la justicia climática, el reconocimiento de los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas es un componente clave para la protección ambiental, dado que estas comunidades han sido históricamente guardianes de la biodiversidad. No obstante, este enfoque enfrenta tensiones con los intereses económicos del Estado y las empresas extractivas, que siguen priorizando megaproyectos sin el consentimiento real de las comunidades afectadas. La justicia climática sólo será alcanzable si la voz y los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas son respetados en la toma de decisiones sobre sus territorios, lo que requiere un cambio profundo en las políticas de desarrollo.

En cuanto a la equidad de género, la reforma incluye disposiciones para la participación de las mujeres indígenas y afromexicanas en la toma de decisiones. Sin embargo, este avance es insuficiente si no se acompaña de medidas concretas para asegurar que estas disposiciones se implementen en la práctica. En las comunidades, las mujeres enfrentan barreras tanto dentro de sus contextos culturales como en su relación con el Estado, lo que requiere políticas específicas de empoderamiento y apoyo para garantizar que su participación no sea simplemente un ideal en papel. Y esto sólo será posible con la participación de los pueblos indígenas como sistemas complejos.

Históricamente, el Estado mexicano ha otorgado reconocimientos formales a los derechos de los pueblos indígenas, pero sin comprometerse a transformar las dinámicas de poder que perpetúan la exclusión y la marginalización. 

Uno de los problemas más destacados es la falta de claridad sobre cómo se garantizará la asignación de recursos presupuestales específicos para implementar los derechos reconocidos. Sin un financiamiento adecuado, los mecanismos de Consulta Previa, Libre e Informada podrían convertirse en simples formalidades, sin un verdadero poder de decisión para las comunidades. Además, la autonomía prometida podría quedar vacía si las comunidades no cuentan con los recursos y la infraestructura necesaria para gestionar sus propios proyectos.

Finalmente, existe el riesgo de que la reforma se quede en un reconocimiento simbólico o retórico sin cambios estructurales profundos. Históricamente, el Estado mexicano ha otorgado reconocimientos formales a los derechos de los pueblos indígenas, pero sin comprometerse a transformar las dinámicas de poder que perpetúan la exclusión y la marginalización. Sin un cambio real en las políticas económicas que priorizan el extractivismo y los intereses comerciales, el impacto de la reforma podría verse limitado.

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– Este es mi sexto y último año. Es un mandato realmente importante para monitorear la situación de los derechos de los pueblos indígenas y darle seguimiento a las recomendaciones hechas por los anteriores relatores especiales y a los resultados del Informe Periódico Universal de Naciones Unidas.

– ¿Cuáles cree que han sido los aciertos de su gestión?

– Lo que más me atrae es la posibilidad de llegar a las comunidades indígenas, de manera que uno pueda dialogar con ellos en sus propios espacios, es decir, en sus territorios. De este modo, se puede entender mejor sus problemas y cómo ellos evalúan su situación. Este tipo de conexión es muy importante ya que tengo la oportunidad de hacer visitas oficiales -dos por año- y visitas informales, en caso de no existir invitaciones formales. Así, cuando después entablo un diálogo con los gobiernos, tengo la confianza para hablar sobre lo que vi, qué desafíos existen y cuáles son las demandas presentadas por los pueblos indígenas.

– ¿Cómo es la relación con los Estados?

– He tenido la posibilidad de hablar con representantes de gobiernos y autoridades que pueden tomar decisiones a favor de los pueblos indígenas. En la mayoría de los casos, establezco un canal de diálogo con el poder ejecutivo. Incluso he llegado a hablar con representantes gubernamentales del más alto nivel, como primeros ministros, presidentes, ministros de carteras relevantes para los pueblos indígenas, miembros del parlamento y del sistema judicial. De este modo, puedo cubrir las diferentes áreas del Estado. Este diálogo con las autoridades me brinda la posibilidad de hacerme una idea de lo que están dispuestos a hacer en relación con los derechos de los pueblos indígenas.

– ¿Cuál es la utilidad de los informes que usted elabora?

– El objetivo es que los gobiernos puedan leer las recomendaciones y ver si las pueden implementar. Generalmente, como hago recomendaciones específicas a un país concreto tengo la posibilidad de reunir a instituciones gubernamentales, a los pueblos indígenas y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, para ver cómo colaborar entre todos en la implementación de las recomendaciones realizadas. Esto normalmente abre un nuevo espacio de diálogo que involucra a todo el sistema de Naciones Unidas y los obliga a ver qué es lo que pueden hacer las agencias de la ONU en su conjunto, y no solo la oficina del Alto Comisionada.

– ¿Cuál es la particularidad de los informes temáticos?

– Su elaboración me ha permitido elegir un tema específico que he considerado particularmente relevante y presentarlo al Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas. Algunos de los temas que he elegido durante mi mandato continúan teniendo vigencia. Por ejemplo, el Informe sobre la Conservación y Derechos de los Pueblos Indígenas también fue presentado a las organizaciones ambientalistas durante los congresos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) . Este informe continúa siendo discutido por las ONG que defienden los derechos de la naturaleza y los gobiernos. Incluso durante mi reciente visita a la República del Congo, pude constatar in situ, cómo los pueblos indígenas son maltratados, expulsados y torturados por los guardias de los parques nacionales, bajo falsas acusaciones de caza furtiva. Mi informe expresa exactamente la necesidad de que se establezca un mecanismo de queja independiente donde los pueblos indígenas que sufren este tipo de trato puedan presentar sus denuncias. Como Relatora Especial, mi objetivo es que estas situaciones sean conocidas, especialmente en los espacios de toma de decisiones.

La Relatora considera que es fundamental entablar dialogos con las comunidades indígenas en sus propios territorios. Foto: IWGIA

– ¿Qué otros temas se trabajaron?

– He investigado el impacto de los acuerdos internacionales de inversión sobre los derechos de los pueblos indígenas. También elaboré un informe sobre cómo el cambio climático afecta a las comunidades, que ha sido utilizado por los propios representantes indígenas para incidir en la elaboración de la Política de Pueblos Indígenas del Fondo Verde del Clima . También he realizado informes sobre gobernanza indígena y justicia ancestral, que están siendo tomados por los propios pueblos para impulsar reformas en los sistemas de justicia de sus países, de manera que se implemente el ejercicio efectivo del pluralismo jurídico.

– ¿Se aplican las recomendaciones de los informes?

– Lamentablemente, una gran cantidad de mis sugerencias no han sido implementadas. Se requiere de una fuerte presión por parte de los propios pueblos indígenas, las organizaciones de la sociedad civil e incluso de las Naciones Unidas para que los gobiernos implementen las recomendaciones.

– ¿Cuáles son los desafíos pendientes?

– Uno de los principales desafíos es la necesidad de popularizar los informes y, especialmente, sus recomendaciones. Si los pueblos indígenas conocen y se adueñan de estas recomendaciones, les serán de gran utilidad en sus diálogos y acuerdos con los gobiernos, con las Naciones Unidas e, incluso, con el sector privado. Cabe destacar que la Oficina del Alto Comisionado en México ha hecho un trabajo muy bueno, traduciendo mis recomendaciones a la lengua maya. Así que ahora el pueblo Maya puede leerlas en su propia lengua. Todavía nos queda mucho trabajo por hacer en el futuro.

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