Este reclamo marcó el inicio de la organización Lhaka Honhat (“nuestra tierra”, en idioma wichi), que reúne a todas las comunidades de los cinco pueblos que habitan el mismo territorio. La solicitud presentada aclara que no están pidiendo títulos individuales por comunidad, sino un solo título sin divisiones internas a nombre de todas. La historia de lucha de la Lhaka Honhat arranca formalmente en 1991, con la presentación de un mapa de topónimos que refleja las áreas tradicionalmente ocupadas, abarcando una superficie de 530.000 hectáreas. El pedido se sustenta en una fundamentación histórico-jurídica, basada en el derecho internacional y las normas nacionales que les compete en tanto Pueblos Indígenas. 

La zona, conocida como lotes fiscales 55 y 14, había sido ocupada desde principios del siglo XX por familias de ganaderos no indígenas. Esto provocó un grave deterioro ambiental, acelerado por la tala del monte nativo que aún perdura. Desde entonces, las comunidades han acrecentado la demanda de protección solicitada al Estado. En 1992, Lhaka Honhat obtuvo su personería jurídica, un requisito exigido por el gobierno de Salta como condición para la titulación, según el decreto 2609/91. La norma prevía la entrega de tierras a ambos grupos, sin considerar la demanda indígena sustentada en argumentos presentados ante las autoridades junto con el mapa del territorio de uso tradicional. 

En defensa del territorio: el camino judicial

El decreto quedó sin efecto mientras se avanzaba con la puesta en marcha del llamado “corredor bioceánico”, destinado a unir Argentina con Paraguay y, en una etapa posterior (2026-2027), con Brasil y Chile, con el objetivo de facilitar el comercio internacional entre el Mercosur y Asia. La primera fase consistió en la construcción de un puente internacional entre la comunidad Misión La Paz (Argentina) y Pozo Hondo (Paraguay). Ante esta nueva situación, Lhaka Honhat decidió presentar un recurso de amparo ante la justicia local, para defender los recursos naturales y exigir la realización de estudios de impacto ambiental.

En 1996, durante 23 días, más de mil indígenas ocuparon el puente para protestar públicamente por la falta de consulta previa, libre e informada. Además, advertían sobre el impacto que el tránsito de personas provocaría al territorio de uso tradicional y a las comunidades de los cinco Pueblos Indígenas, sus cuidadores desde tiempos inmemoriales. La protesta concluyó luego de la firma de un acta acuerdo mediante la cual el gobierno salteño se comprometió a entregar el título a las comunidades.

De la superficie total del territorio de uso tradicional, Lhaka Honhat resolvió descontar 130.000 hectáreas que no son usadas intensivamente, para su titulación a favor de las familias criollas.

De la superficie total del territorio de uso tradicional, Lhaka Honhat resolvió descontar 130.000 hectáreas para su titulación a favor de las familias criollas.

Una vez más, el gobierno salteño incumplió su compromiso y Lhaka Honhat decidió acudir a la justicia internacional. En 1998, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), como representante de la asociación, elevó una denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos exponiendo el reclamo de titulación del territorio. Además de su presentación, el CELS adjuntó un dictamen antropológico que describe, desde una perspectiva histórica, la organización social, política y económica de las comunidades. A su vez, presentó un informe ambiental ratificado por la Administración de Parques Nacionales sobre el estado de los lotes 55 y 14. 

En el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se dio inicio a un proceso de solución amistosa entre el Estado y Lhaka Honhat, que motivó cambios sustantivos en el pedido originario. Por un lado, las comunidades resolvieron aceptar la incorporación de las familias no indígenas a la discusión, no como parte del caso judicial, sino como una estrategia amigable para impulsar una solución. De la superficie total del territorio de uso tradicional, Lhaka Honhat resolvió descontar 130.000 hectáreas que no son usadas intensivamente, para su titulación a favor de las familias criollas. 

Audiencia de las partes y sentencia de la Corte IDH

En 2006, la CIDH dictó su Informe de Admisibilidad de la Denuncia y, más tarde, en 2012, dictó el Informe de Fondo, en el que reconoce la violación de los derechos de las comunidades y ordena al Estado argentina las reparaciones correspondientes dentro de un plazo de tiempo que sería renovado en 23 oportunidades. Finalmente, ante el  incumplimiento del Estado, la CIDH decide trasladar el caso a la Corte Interamericana (Corte IDH) en 2018.

En 2019, la Corte convocó a las partes (el Estado y Lhaka Honhat) a una audiencia en Costa Rica para escuchar a los coordinadores de la organización indígena y a los funcionarios del Estado nacional y provincial, quienes expusieron sus razones y respondieron a las preguntas formuladas por los ministros. Además, la Corte solicitó informes periciales, jurídicos y antropológicos que fueron incorporados al análisis final.  

La Corte le ordenó al Estado argentino que en el plazo máximo de seis años (2020-2026) “delimitara, demarcara y titulara a nombre de todas las comunidades una superficie unificada, sin divisiones internas, bajo un solo título”.

La Corte le ordenó al Estado que delimitara, demarcara y titulara a nombre de todas las comunidades una superficie sin divisiones internas, bajo un solo título.

Como resultado de esta audiencia, el 6 de febrero del 2020, la Corte condenó al Estado argentino por la violación de los derechos indígenas. La Corte IDH dictaminó que el Estado de Argentina: 1) violó el derecho de propiedad comunitaria indígena, así como los derechos a la identidad cultural, a un ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua; 2) incumplió su obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular el artículo 21 (derecho de propiedad) en relación con los derechos de garantía y protección judicial; el artículo 23.1 (derechos políticos); y el artículo 26 (derechos, económicos, sociales, culturales y ambientales); y 3) desatendió el artículo 8.1 por la demora en la resolución de una causa judicial y por no adoptar medidas eficaces para detener actividades perjudiciales para estos derechos.

En cuanto a la demanda de fondo, la Corte le ordenó al Estado argentino que en el plazo máximo de seis años (2020-2026) “delimitara, demarcara y titulara a nombre de todas las comunidades una superficie unificada, sin divisiones internas, bajo un solo título”. A su vez, dispuso algunas medidas de reparación: no realizar actos, obras o emprendimientos sin la consulta previa, libre e informada (CLPI); presentar a la Corte un estudio sobre situaciones críticas de falta de agua potable o alimentos; y un plan de acción para atender e implementar medidas para garantizar el acceso permanente a agua potable y crear un fondo de desarrollo comunitario.

Un detalle no menor de esta sentencia es la decisión adoptada por la Corte de incluir a las familias criollas, sin menoscabar la defensa de los derechos indígenas. Con ese fin, se dispuso que aquellas familias residentes en el territorio indígena acordaran con las comunidades indígenas su traslado a la zona libre de ocupación tradicional.

Resultados desalentadores

En 2020, desde el Estado provincial se dispuso la creación de una Unidad Ejecutora Provincial encargada de definir los límites junto a un equipo de técnicos territoriales.  El trabajo se llevó adelante en el marco de un Plan de Trabajo con el acompañamiento de un indígena y un criollo.  Al año siguiente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación creó la Unidad Ejecutora Nacional Temporaria Para la Ejecución de la Sentencia (UENT), con el fin de “articular con los organismos del Estado nacional, provincial y municipal la ejecución de iniciativas conjuntas para dar cumplimiento a las medidas de reparación ordenadas por el fallo”. 

En 2023, la UENT se desarmó y las actividades que debía encarar para la ejecución de las medidas de reparación fueron suspendidas. En la nueva gestión del gobierno nacional, la dependencia de los derechos indígenas pasó de la Secretaría de Derechos Humanos al Ministerio del Interior y, dentro de éste, el Instituto Nacional de Asuntos  Indígenas (INAI) pasó a ser Secretaría de Asuntos Indígenas. La Corte supervisará el cumplimiento total de la sentencia y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya cumplido con todo lo dispuesto. El 6 de febrero de 2026, a seis años de la sentencia, la implementación muestra resultados exiguos y desalentadores para las comunidades.

Entre 2020 a 2026, el territorio indígena sigue siendo ocupado por población fronteriza, los alambrados de los ganaderos no han sido retirados y la tala del bosque nativo aumenta sin control.

Entre 2020 a 2026, el territorio indígena sigue siendo ocupado por población fronteriza, los alambrados de los ganaderos no han sido retirados y la tala del bosque nativo aumenta sin control.

El objetivo 1, que tiene por finalidad la delimitación del territorio tradicional, depende  del diálogo entre ambos grupos. Por el momento, el último mapa acordado  en 2023 revela que está pendiente la realización de reuniones para acordar los límites de los asentamientos de las familias criollas y el territorio indígena. A ello se suma la incertidumbre respecto de quiénes son los responsables directos de la tarea, dados los cambios en el INAI y las dificultades para el trabajo en el terreno debido a la temporada de lluvia de los meses de verano. Respecto del objetivo operacional 2, relativo a la provisión de agua potable y alimentación adecuada, los trabajos que comenzaron con los acuerdos entre la Unidad Ejecutora Nacional y otros organismos del Estado nacional (como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) se descontinuaron en el nuevo gobierno del presidente Javier Milei.

Mientras tanto, entre 2020 a 2026, el territorio indígena sigue siendo ocupado por población fronteriza, los alambrados de los ganaderos no han sido retirados y la tala del bosque nativo aumenta sin control. A esto cabe agregar el resurgimiento del interés de los gobiernos del Mercosur por continuar con el trazado del corredor bioceánico, que renueva la preocupación enfatizada por la sentencia de la violación del derecho de consulta y el acceso a información libre y previa. Todo esto va más allá del agravamiento del deterioro ambiental que, una vez más, se opone al reconocimiento del uso tradicional de los recursos vitales para la población de los cinco pueblos.

Importancia de la sentencia para los Pueblos Indígenas en Argentina

La Corte extendió el alcance de esta sentencia al resto de los Pueblos Indígenas del país, al enfatizar que Argentina no cuenta con la normativa adecuada para garantizar en forma suficiente el derecho a la propiedad comunitaria. Según la Corte, esto significa que las comunidades indígenas no cuentan con una tutela efectiva de su derecho a la propiedad.

En consecuencia, el “caso” 12094 Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat contra Estado de Argentina es un emblema de la lucha indígena en el país que afecta a todas las comunidades. Sin embargo, llamativamente, es poco conocido en la Argentina. En ese entendido, la Corte recomendó al Estado que la sentencia debía ser publicada por medios gráficos oficiales: es un hecho de enorme impacto para la situación de inseguridad jurídica en que viven muchas comunidades debido a la falta de una legislación u otras medidas necesarias para dar seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria indígena.

Mientras, vuelven a escucharse las voces de los líderes preguntando insistentemente: “¿Y ahora qué podemos hacer nosotros? ¿Hasta cuándo tenemos que seguir esperando?”.

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Antonia Urrejola: Efectivamente, estamos viviendo un tiempo en el que se discute más que nunca, cómo los organismos internacionales vienen a decirle a los Estados qué es lo que tienen que hacer. Ese debate siempre ha existido, pero ahora ha tomado más fuerza. Más allá de las inclinaciones políticas de los gobiernos, hay una tendencia a cuestionar a los organismos de derechos humanos en particular, planteando un discurso de soberanía nacional y de no injerencia interna. El tema es especialmente complicado en países muy polarizados. Cuando la CIDH denuncia una vulneración a derechos humanos en un país determinado, esa denuncia es contra el Estado, que tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar tales violaciones. Lamentablemente en los actuales contextos de polarización que vemos en varios países de la región, muchas veces nuestros pronunciamientos, aun cuando son de conformidad a nuestro mandato e independiente del gobierno de turno, se utilizan en el debate interno, según las coyunturas políticas del momento. Por otra parte, hay que recordar que los organismos multilaterales, como la OEA o la ONU, están conformados por los Estados y, por lo tanto, no son organismos supranacionales, sino intergubernamentales. La OEA, no es más que lo que sus Estados quieren que sea. Son ellos quienes definen la política y las prioridades de la organización. Ahora bien, es preciso indicar que la Comisión, si bien es parte de la OEA, es un órgano autónomo. Los siete comisionados y comisionadas que la conformamos fuimos elegidos por la Asamblea de la OEA, pero tenemos plena autonomía y no respondemos a ningún Estado: nuestras decisiones dan cuenta de esa autonomía.

Urrejola con mujeres de la Nación Qhara Qhara. Foto: CIDH

DI: ¿Cuál es la principal fortaleza del trabajo de la Comisión?

AU: Nuestra fortaleza está en la labor de monitoreo permanente a la situación de derechos humanos en el continente, en visibilizar ante la comunidad internacional situaciones graves de vulneración de derechos y muy especialmente en nuestras recomendaciones y pronunciamientos a los Estados para avanzar en la prevención de las violaciones a los derechos humanos o, de ocurrir, en su investigación y sanción a los responsables. Pero la fortaleza de nuestras recomendaciones depende mucho de la voluntad política de los Estados en cumplirlas. Lo mismo sucede respecto de las sentencias de la Corte Interamericana o de las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas. Insisto, más allá de la fuerza de nuestros pronunciamientos, la implementación depende de la voluntad política de los Estados a los que estos pronunciamientos conciernen. Pero como estamos en un contexto en el que varios Estados cuestionan los organismos multilaterales, entonces se diluye la voluntad política. Parte importante de nuestro mandato es monitorear la situación de derechos humanos y denunciar las violaciones a los derechos humanos que cometen los Estados y obviamente siempre eso causa tensiones. Antes los Estados resolvían estas tensiones de manera privada y diplomática. Actualmente, en la medida que se cuestionan los organismos multilaterales, estas tensiones y cuestionamientos en muchos casos se hacen públicos y eso no ayuda a resolver las situaciones de derechos humanos, sino que muchas veces genera más tensión aún.

DI: El costo político de los Estados en desconocer a la Comisión no parece muy alto…

AU: Me parece que antes los gobernantes sentían que había un costo político, una suerte de perjuicio moral, si se enfrentaban públicamente con la Comisión. Hoy en día no es tan así y en muchos casos, ese costo no es significativo. Las críticas a las decisiones o informes de la CIDH o la Corte, cuestionando nuestro mandato u objetividad por parte de algunos Estados, a veces de los propios presidentes de la República, nos da una señal de que en muchos casos no es un costo cuestionar el Sistema Interamericano ni la labor de defensa de los derechos humanos en general que realizan los organismos de protección. Al contrario, a veces esos cuestionamientos – que estamos interviniendo en asuntos internos o que estamos politizados y sesgados- se hacen por razones de política interna, y ello no sólo debilita la labor de los organismos de derechos humanos, insisto, sino la propia defensa de los derechos humanos como tal. Eso es lo que preocupa.

DI: ¿Cómo reaccionan las víctimas a la lentitud o la falta de eficacia del sistema?

AU: Muchas organizaciones de derechos humanos se sienten frustradas de que no podamos hacer nada más que denunciar, una y otra vez, sobre las mismas violaciones de derechos humanos. Y nos piden que hagamos algo más. La Corte, por su parte, emite sentencias determinando las responsabilidades a las violaciones de los derechos humanos, estableciendo recomendaciones a los Estados y haciendo un seguimiento al cumplimiento de los fallos. Pero tampoco puede obligar a los Estados a cumplir las sentencias. La fortaleza del SIDH está en sus pronunciamientos y sentencias. Los Estados, en virtud de su propia soberanía, se someten al sistema y en virtud del principio de buena fe, deben cumplir con las recomendaciones. Y cuando hay graves violaciones a los derechos humanos, la gente, con toda razón, piensa que el sistema es insuficiente.

Urrejola durante el período de sesiones 168 de la CIDH en Santo Domingo, 2018. Foto: CIDH

DI: ¿Cuál es su mirada sobre la eficiencia del sistema de derechos humanos?

AU: En mi opinión, tanto el sistema de las Naciones Unidas como el Sistema Interamericano siguen siendo efectivos y cumplen un papel fundamental. En primer lugar, al visibilizar los casos de violaciones de derechos humanos. Pues tiene un efecto, no solo ante la comunidad internacional, sino también a nivel interno. Y, sobre todo, creo que es una manera de acompañar a las víctimas. En repetidas ocasiones, las víctimas nos han manifestado el interés de que su voz sea escuchada hacia afuera y la importancia de sentirse acompañadas. Al final del día, también es una medida de protección. A pesar de las debilidades del sistema es importante que un organismo internacional señale públicamente la violación de un derecho humano. O que se dicten medidas cautelares para una persona o un colectivo determinado, pues de alguna manera hay una suerte de inhibición por parte de los Estados o de los agentes paraestatales. Considero que sigue siendo muy importante en la región en el contexto en que estamos. Por otra parte, a través de las recomendaciones y sentencias de los órganos del sistema, se van estableciendo estándares y principios de derechos humanos que van permeando las esferas de los órganos públicos y las políticas públicas, aunque no se vea el efecto inmediato.

DI: ¿Y cuál es la eficacia en los países con gobiernos autoritarios que no quieren cumplir los fallos?

AU: En los países autoritarios, donde no hay división de poderes y reina la impunidad, la Comisión cumple el papel de documentar la violación de los derechos humanos. Junto al acompañamiento de las víctimas, esta documentación es muy importante para cuando se logren iniciar los procesos, como en lo que se refiere a la justicia transicional, donde las violaciones de los derechos humanos pueden ser investigadas y sancionadas. Entonces, este rol de visibilizar, aunque no sea de manera inmediata, cumple un papel fundamental.

DI: ¿Cómo trabaja la Comisión en los países donde usted es Relatora, como Colombia, Ecuador y Nicaragua?

AU: La Comisión ve con preocupación cómo se ha agudizado la violencia en Colombia. Luego de un corto período de tranquilidad tras los Acuerdos de Paz, se han reagrupado los diferentes grupos armados. En un encuentro de mujeres indígenas que tuvimos en Medellín, nos manifestaron que, tras el Acuerdo de Paz, no se eliminaron los grupos armados, sino que cambiaron los actores. Una dirigente nos dijo que habían logrado convivir con las FARC, pues si bien tenían serios conflictos con ellos, ya sabían quién era quién y por dónde no ir. Había una suerte de pacto de convivencia. Pero con el Acuerdo de Paz, aparecieron grupos armados nuevos, desconocidos, presionando sobre sus territorios. Se trata de disidentes de las FARC, paramilitares y grupos ligados al narcotráfico, y con ellos ha recrudecido la violencia. Para los pueblos indígenas, el mapa de actores cambió totalmente y, por lo tanto, también los métodos de defensa. Más allá de lo que piensen las organizaciones indígenas, creo que el Estado tampoco ha terminado de comprender bien el mapa de los nuevos actores. Es muy complejo lo que sucede en Colombia, y muy trágico después de las esperanzas que generó la firma del Acuerdo de Paz. A pesar de que hemos tenido diferencias con el actual Gobierno, tengo que reconocer que desde la CIDH logramos tener un diálogo y avanzar en la implementación de medidas cautelares, acuerdos de solución amistosa. Lo mismo con Ecuador. Al final del día, ambos Estados nos suministran información y sus distintas autoridades participan en las reuniones de trabajo y en las audiencias. Es posible dialogar, más allá de las diferencias y tensiones que lógicamente existen en algunas situaciones.

En 2019, Urrejola encabezó una visita a la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) para recibir testimonios sobre la vulneración de los derechos humanos. Foto: CIDH

DI: ¿Y en el caso de Nicaragua?

AU: Lamentablemente no tenemos diálogo con el Estado nicaragüense. Mantenemos el mecanismo de seguimiento, aunque no tenemos ninguna incidencia real en el Estado. Pero para las organizaciones, el trabajo de la Comisión sigue siendo fundamental para visibilizar las violaciones de derechos humanos pues, de alguna manera, el mundo se olvidó de Nicaragua. El Estado no se hace presente en las reuniones de trabajo o en las audiencias públicas de la CIDH: durante mi período de tres años de Relatora para Nicaragua, participaron en una sola reunión para discutir la consulta previa con el pueblo Miskito de la Costa Atlántica. Y últimamente tampoco responde a nuestros pedidos de información. Me parece lamentable que nos acusen de tener una posición sesgada. Al final de cuentas, si el Estado se niega a darnos su propia visión de los hechos, después no pueden acusarnos de no ser imparciales sino nos proporcionan información.

DI: Como Relatora para pueblos indígenas, ¿ha visto algún cambio significativo en el uso del Sistema Interamericano por parte de las organizaciones indígenas?

AU: El tema indígena siempre estuvo presente en la Comisión. De hecho, la Relatoría viene trabajando desde los 90 y, tenemos varios informes temáticos y casos que han llegado a la Corte. Creo que el Sistema Interamericano ha hecho un gran aporte en materia de derechos indígenas. Lo que sí ha cambiado tiene que ver con la evolución de las propias organizaciones indígenas, lo cual se observa en la representación indígena ante la Comisión. Las organizaciones han ido conociendo mucho más el sistema. Y ha sido muy importante para los Comisionados y Comisionadas y para los funcionarios de la Comisión tener contacto directo con los representantes indígenas. Una de nuestras prioridades ha sido la de capacitar directamente a las organizaciones indígenas sobre el Sistema Interamericano para que ellas mismas recurran. Sin desvalorizar el papel de las instituciones de apoyo al movimiento indígena, ha sido importante para nosotros tener contacto directo con las comunidades y organizaciones indígenas.

DI: ¿El Covid-19 dificultó esta interacción?

AU: Paradójicamente, en este tiempo de pandemia y brecha digital, gracias al Zoom he tenido aún más contacto con los representantes de los territorios indígenas. Antes, por una cuestión de tiempo, durante mis visitas a los países no nos movíamos mucho de las grandes ciudades, salvo para las visitas in loco. Tanto para las organizaciones como para la Comisión, esta intensificación del diálogo directo ha sido un aprendizaje y hemos podido darle más contenido a la perspectiva de los propios pueblos indígenas, sin intermediarios, respecto de las situaciones de derechos humanos que les aquejan, sus prioridades y sus propuestas para enfrentar los desafíos.

DI: Sin embargo, la Corte Interamericana ha emitido una serie de importantes sentencias a favor de los pueblos indígenas que no cumplen…

AU: Entiendo muy bien la frustración de las organizaciones en relación a la efectividad del sistema. Pero me gustaría resaltar dos cuestiones. Por un lado, el efecto de la sentencia sobre cada caso en particular. Y lo segundo es la importancia de la sentencia en la evolución de los estándares de derechos humanos. Las sentencias tienen un efecto multiplicador sobre el conjunto de los Estados, en las políticas públicas, en las legislaciones y en la conciencia de cumplir con los estándares que van fijando las sentencias. Los fallos de la Corte son interpretativos de la Convención Interamericana y los estándares interamericanos se van gestando a través de las sentencias. Asimismo, las sentencias van permeando las políticas públicas de los Estados. La última sentencia de Lhaka Honat vs. Estado argentino argumenta el derecho de las comunidades indígenas a la alimentación adecuada y al agua. Es verdad que los efectos de estas sentencias demoran años, pero el fallo es notable y da cuenta de la importancia del sistema y su evolución.

Además, Urrejola es Relatora de Verdad y Justicia y Relatora de Nicaragua, Colombia, Ecuador y Guyana. Su mandato finaliza el 31 de diciembre de 2021. Foto: CIDH

DI: Esta frustración también está asociada al retroceso de muchos derechos.

AU: Es verdad, y me preocupan estos retrocesos. En el discurso público, hay autoridades electas en varios países de la región que están volviendo a justificar las violaciones de derechos humanos, la tortura o que se justifica el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía en las manifestaciones. Las fuerzas de seguridad han vuelto a utilizar una fuerza represiva que se había dejado de ver en el continente. El problema es que el uso excesivo de la fuerza empieza a ser justificado por la sociedad y estamos volviendo al “ellos” y “nosotros”. Por eso, creo que hay retrocesos que van más allá del discurso de algunas autoridades, que sin duda tienen mucha responsabilidad en aquello, hay un retroceso también en el debate cívico. Pues si bien, por un lado, vamos avanzando en estándares de derechos humanos y generando conciencia, vemos que se vuelve a aceptar o justificar violaciones de derechos humanos tales como las ejecuciones extrajudiciales o las torturas. Nos demoramos muchos años para que en temas relacionados a crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, tortura, existan estándares claros y ahora vemos como muchos sectores de nuestras sociedades vuelven a justificar algunas de estas violaciones.

DI: Frente a estos retrocesos, ¿en dónde descansa su esperanza?

AU: Me gustaría reiterar que entiendo la frustración de la gente que necesita soluciones ante los desplazamientos, amenazas y asesinatos. Y lamentablemente, muchas veces, las personas que lucharon por estas sentencias no llegan a ver en vida el impacto que han logrado. Pero más allá de esto, las recomendaciones de la Comisión y las sentencias de la Corte van generando una especie de “conciencia interamericana” sobre los derechos humanos. Y eso es muy positivo para el horizonte del respeto de los derechos humanos en la región.  Mi esperanza descansa en las víctimas y sus familiares. En cada uno de los viajes que he tenido que hacer como Comisionada, he escuchado relatos desgarradores de las víctimas y sus familiares a lo largo de nuestro continente. Hay algo tan importante que siempre llevo conmigo y que es un rol que no está en la Convención, ni en la Carta de la OEA, ni en el reglamento o el Estatuto de la CIDH. Tampoco en los análisis doctrinarios de la jurisprudencia interamericana ni de los impactos del sistema. Y es el rol reparatorio que tiene la CIDH por el sólo hecho de ser un espacio de escucha para las víctimas. No es posible construir un país democrático sin que las víctimas puedan tener un espacio para contar sus historias.  Y pienso que muchas veces la CIDH logra ser ese espacio. Al final del día, poder ser un espacio de escucha para los silencios que se quieren hacer oír es sin lugar a dudas uno de los mayores aportes e impactos de la CIDH y de lo cual me siento muy orgullosa de ser parte.  Siempre recuerdo a mi profesor y gran defensor de derechos humanos que acaba de fallecer este año, José Zalaquett, que decía, “si usted está pensando en establecer un vínculo entre las acciones que desarrollamos y los cambios concretos, está en el negocio equivocado.  En derechos humanos, se tira una flecha y no se sabe dónde cae.  El éxito se mide por el número de flechas que se tiran”. De alguna manera ese es nuestro trabajo.

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