Respecto a las razones que impulsan esta agenda, se nos dice con frecuencia que el principal obstáculo para abordar la crisis de la biodiversidad es la falta de financiamiento para la naturaleza. Según este argumento, la brecha de financiación es demasiado grande para que los gobiernos puedan cerrarla por sí solos, por lo cual se necesita reorientar el capital privado. En este marco, la creación de un mercado financiero de intercambio de créditos de biodiversidad sería la mejor manera. Este relato es discutible y políticamente sesgado.

El relato sesgado sobre la brecha de financiación

En primer lugar, la supuesta brecha de financiamiento anual de 700.000 millones de dólares podría cerrarse fácilmente reasignando una fracción de los 1.700.000 millones de dólares anuales que se destinan a subsidios  para actividades dañinas. Lo que significa que la brecha podría cerrarse por completo con financiamiento público, sin aumentar impuestos ni déficits, lo que cuestiona la supuesta  necesidad de capital privado.

Si se tomara la decisión política de seguir subsidiando la destrucción, y depender, en cambio, del capital privado para la conservación, la forma más eficaz y rápida de reorientarlo sería mediante regulaciones que limiten la degradación ambiental. Esto se debe a que cualquier regulación impactará en las ganancias futuras esperadas de los sectores involucrados y provocará que los flujos de capital privado se ajusten automáticamente a las nuevas expectativas de beneficios.

La creación de un mercado de créditos de biodiversidad constituye la última y menos eficaz opción si el objetivo es abordar la pérdida de biodiversidad.

La creación de un mercado de créditos de biodiversidad constituye la última y menos eficaz opción si el objetivo es abordar la pérdida de biodiversidad.

Pero incluso si consideráramos que las regulaciones ambientales alineadas con los límites planetarios serían demasiado “coercitivas” y eligiéramos usar solo incentivos (y no sanciones), seguiría siendo mucho más rápido, eficiente y rentable hacerlo mediante tratamientos fiscales o regulatorios favorables, en lugar de crear toda una nueva infraestructura de mercado financiero basada en una pseudo mercancía.

La creación de un mercado de créditos de biodiversidad constituye, por lo tanto, la última y menos eficaz opción si el objetivo es abordar la pérdida de biodiversidad. Precedentes como el rescate bancario de 2008, el plan de recuperación de la pandemia de Covid-19 o el reciente aumento del gasto en defensa de la Unión Europea también muestran que los gobiernos pueden encontrar dinero cuando quieren hacerlo.

Falta de integridad ambiental

La privatización y financiarización cambiarán las políticas de conservación, al introducir un requisito de rentabilidad, lo que a su vez las debilitará en comparación con políticas basadas en la regulación. Ya hemos observado las consecuencias perjudiciales de la financiarización en ámbitos como la salud, la educación y la vivienda. A su vez, los créditos de naturaleza implicarían una transferencia de soberanía del Estado hacia los mercados financieros, cuyas prioridades difícilmente coinciden con las prioridades ecológicas. De este modo, se pondría en  riesgo nuestro futuro y supervivencia.

También existe un problema fundamental entre la necesidad de contar con una gran cantidad de tipos de créditos para reflejar el elevado número de especies y, la necesidad de reducir esa diversidad en unos pocos tipos de créditos para contar con un mercado financiero líquido, donde compradores y vendedores puedan encontrar fácilmente contrapartes comerciales. Sin embargo, tal nivel de simplificación no es compatible con la integridad ambiental.

De manera crucial, es probable que los créditos de biodiversidad se utilicen principalmente con fines de compensación, ya que no existe otro modelo de negocio a gran escala. La hoja de ruta de la Unión Europea ya sitúa los créditos de naturaleza más allá de la jerarquía de mitigación, cuyo punto cúlmine es la compensación, lo cual refuerza y legitima este enfoque. Particularmente, porque el actual equilibrio de fuerzas políticas probablemente empuje a la Unión Europea a alinearse con el marco del Panel Asesor Internacional sobre Créditos de Biodiversidad, que explícitamente incorpora la compensación. 

Sin embargo, existe un consenso científico sobre el hecho de que la compensación de biodiversidad no es posible en la mayoría de los casos. Nuestro conocimiento científico sigue siendo incompleto: la ciencia de la restauración aún está en sus primeras etapas y, simplemente, no es posible transformar millones de especies en unos pocos activos líquidos comercializables. Por ello, la compensación de biodiversidad ha tenido un historial muy deficiente en las últimas décadas. Esto hace que la compensación de biodiversidad no sea “mejor que nada” (como a veces se afirma), sino “peor que nada”. Al crear la ilusión de que el problema está siendo abordado, ayuda a mantener la licencia social para destruir la naturaleza y reduce la presión pública para soluciones reales.

Los primeros escándalos ya están emergiendo

Probablemente, los créditos y compensaciones de biodiversidad se desarrollarán en el Sur Global, bajo el argumento de que allí se encuentra la mayor variedad de especies animales y vegetales intactas. Sin embargo, en realidad es porque en América Latina, África y Asia la tierra es mucho más barata como consecuencia del colonialismo. Esto podría conducir al mismo acaparamiento de tierras, tensiones y violaciones de derechos humanos que han sido documentadas con las compensaciones de carbono.

Además, recibir pagos para proteger la naturaleza en un territorio con el fin de permitir su destrucción en otro lugar del planeta podría contradecir los valores y la cosmovisión de muchas comunidades. Los Pueblos Indígenas entienden la tierra, las aguas, los animales y las plantas como parientes o como parte de un territorio vivo, no como “capital natural” externo o un conjunto de “servicios ecosistémicos”. Asimismo, los esquemas basados en el mercado corren el riesgo de subordinar la gobernanza territorial indígena a actores financieros externos y agencias estatales, recentralizando de hecho el control sobre territorios, cuya defensa ha sido sostenida durante generaciones.

Los ingresos pueden ser muy útiles para algunas comunidades indígenas. Sin embargo, la clave está en los detalles: qué proporción del órgano de gobernanza está compuesta por representantes indígenas y si reciben al menos el 50% de los ingresos.

Los ingresos pueden ser muy útiles para algunas comunidades indígenas. Sin embargo, como siempre, la clave está en los detalles.

Actualmente, existe un fuerte impulso para involucrar a los Pueblos Indígenas y otras comunidades dependientes del bosque en las diversas iniciativas internacionales de créditos de biodiversidad. Sin embargo, esto responde más a fines de comunicación que a un verdadero codiseño y a una distribución justa del poder de decisión y de los ingresos. Incluir a algunos líderes indígenas es una forma eficaz y poco costosa de evitar acusaciones de neocolonialismo verde y de desviar la atención de la falta de integridad ambiental de estos esquemas. 

Para ser claros, los ingresos pueden ser muy útiles para algunas comunidades indígenas. Sin embargo, como siempre, la clave está en los detalles: qué proporción de los miembros del órgano de gobernanza está compuesta por representantes indígenas y si reciben al menos el 50% de los ingresos. Además, los proyectos de créditos y compensaciones de biodiversidad suelen promoverse en situaciones en las que las comunidades están sometidas a una fuerte presión económica y política para aceptarlos, lo que puede debilitar el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), y convertirlo en coerción.

El impacto sobre la gobernanza indígena

Es importante aclarar dos puntos: primero, el énfasis actual en la participación indígena indica que una gran proporción de los proyectos de créditos y compensaciones de biodiversidad se llevará a cabo en sus territorios, más que en países del Norte Global.

En segundo lugar, las promesas de ingresos provenientes de la venta de estos créditos son hipotéticos y serán extremadamente volátiles, ya que dependen de los mercados financieros, los cuales son vulnerables a desaparecer en cuanto los líderes del Norte Global dejen de simular que abordan la crisis de la biodiversidad. De hecho, el Reino Unido proporciona un ejemplo claro. Tras iniciar en 2024 un mercado obligatorio de compensación de biodiversidad, el gobierno introdujo en 2025 una alternativa: los promotores inmobiliarios podrían optar por  compensar el 110% de la destrucción residual de la naturaleza causada por sus proyectos mediante el pago de una tarifa única a un fondo de conservación.

Si los mercados colapsan, las comunidades podrían perder la posibilidad de volver a sus medios de vida tradicionales (y sin ingresos estables). Así, serían empujadas hacia el despojo o una mayor mercantilización de sus tierras solo para sobrevivir.

Si los mercados colapsan, las comunidades podrían perder la posibilidad de volver a sus medios de vida tradicionales (y sin ingresos estables).

Eventualmente, las consecuencias para los Pueblos Indígenas serían especialmente graves: los contratos a largo plazo pueden restringir el uso de la tierra y la gobernanza, mientras que los ingresos prometidos suelen ser efímeros e inciertos. Si los mercados colapsan, las comunidades podrían perder la posibilidad de volver a sus medios de vida tradicionales (y sin ingresos estables). Así, serían empujadas hacia el despojo o una mayor mercantilización de sus tierras solo para sobrevivir.

Ya existe un número creciente de escándalos vinculados a los créditos de biodiversidad, que apuntan a problemas estructurales más profundos: TotalEnergies está destruyendo un parque nacional en Uganda para extraer petróleo; Eiffage está construyendo una represa en Costa de Marfil que daña el bosque, mientras promete falsamente una pérdida neta cero; en Mozambique, el megaproyecto de TotalEnergies ha estado asociado con afirmaciones ambientales engañosas; y en Guinea, proyectos mineros respaldados por actores financieros internacionales han estado vinculados a afectaciones ecológicas a gran escala enmarcados mediante mecanismos de compensación.

¿Quién promueve estos mercados?

Entonces, ¿por qué se están promoviendo estos mercados, sabiendo que probablemente serán un fracaso ambiental, igual que lo fueron antes las compensaciones de carbono? El principal objetivo político es proteger el statu quo durante unos años más. Estos mercados dan la ilusión de acción mientras evitan confrontar intereses privados que actualmente se benefician de la destrucción y se niegan a cuestionar paradigmas económicos obsoletos e insostenibles, incluidos la minería, la agroindustria, la infraestructura y el sector inmobiliario.

Dicho de otro modo, la Comisión Europea quiere abordar la crisis de la biodiversidad, pero solo en la medida en que ello no interfiera con el crecimiento económico a corto plazo y la competitividad, que siguen siendo sus prioridades centrales. Probablemente, este mercado pueda ser instrumentalizado para desmantelar aún más las regulaciones ambientales de la Unión Europea, argumentando que ya no son necesarias porque han sido reemplazadas por este mercado. Esto es similar a la política climática y, en particular, a las compensaciones de carbono, que son a la vez un fracaso ambiental y un éxito político, ya que lograron retrasar durante muchos años una acción climática significativa.

Y, por cierto, estos nuevos mercados tampoco están exentos de riesgos para los potenciales inversores privados, que estarían expuestos a altos niveles de riesgo regulatorio y reputacional en esta pseudo-mercancía. Los acontecimientos recientes en el Reino Unido también han puesto de relieve los riesgos de obtener ingresos estables de la venta de créditos de biodiversidad. 

Las soluciones son bien conocidas

Lo que se necesita es reorientar los subsidios dañinos existentes y aplicar regulaciones ambientales más estrictas que aborden las causas estructurales de la pérdida de biodiversidad y estén alineadas con los límites planetarios. El sistema alimentario global es el principal impulsor de la pérdida de biodiversidad, a través de la deforestación para la ganadería. Según la comisión EAT-Lancet, la solución es reducir el desperdicio de alimentos y cambiar la dieta, mediante la reorientación de los subsidios agrícolas, la imposición de impuestos a alimentos no saludables y la regulación de la publicidad. Esto reduciría masivamente la deforestación, recortaría las emisiones de gases de efecto invernadero y disminuiría la contaminación del agua por el uso excesivo de pesticidas.

Otro pilar central es el reconocimiento y fortalecimiento de la gestión indígena. Asegurar títulos colectivos de tierra; reconocer sus sistemas jurídicos y de gobernanza; y proporcionar apoyo público estable y sin condiciones a la conservación la defensa territorial lideradas por Pueblos Indígenas son algunas de las medidas más impactantes que los gobiernos pueden adoptar. Del mismo modo, la sobreexplotación de los recursos naturales, el cambio climático y la contaminación deben abordarse cambiando progresivamente la forma en que consumimos, comemos y viajamos. También se deben implementar regulaciones  como la reducción de la producción de plásticos. Por supuesto, esto requeriría enfrentarse a los lobbies privados como la industria alimentaria y agroindustrial, y el actual contexto político no es favorable.

Sin embargo, la historia del progreso social y ambiental muestra varios ejemplos de cómo los cambios transformadores ocurrieron, a pesar de contextos políticos desfavorables: desde el movimiento sindical hasta las sufragistas, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y el movimiento ambiental, así como las luchas de los Pueblos Indígenas en defensa de sus territorios. Asimismo, varias encuestas muestran que la mayoría de los ciudadanos en todo el mundo están dispuestos a cambiar la forma en que trabajan y viven para abordar la crisis climática. Probablemente, mostrarían el mismo apoyo para abordar la crisis de la biodiversidad. El futuro aún no está escrito: una vez que la organización de base alcance una masa crítica, eventualmente ganaremos.

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Un crédito representa una “unidad” cuantificada, medible y comercializable de un resultado positivo para la biodiversidad, como la restauración o protección de determinados ecosistemas o especies. Las principales iniciativas insisten que, a diferencia de las compensaciones tradicionales, estos créditos deberían servir únicamente como inversiones adicionales en biodiversidad y no como mecanismos para compensar daños causados en otros lugares. En este marco, se los presenta como una herramienta voluntaria para empresas e inversores que buscan demostrar contribuciones “positivas para la naturaleza”. Sin embargo, la distinción entre créditos y compensaciones sigue siendo poco clara en la práctica. 

Varios esquemas impulsados por Estados y actores privados han explorado el “uso dual”, mediante el cual las unidades de biodiversidad contribuyen tanto a requisitos regulatorios de compensación como a mercados voluntarios de “créditos para la naturaleza”. Sin embargo, esta posibilidad sigue siendo objeto de controversia debido a preocupaciones relacionadas con la doble contabilización y la integridad de los sistemas. Los enfoques nacionales varían. La Ley de Medio Ambiente de Inglaterra de 2021 estableció un mercado regulado obligatorio de unidades de biodiversidad. Nueva Zelanda, por su lado, apoya actualmente un mercado voluntario y gestionado por actores privados, que eventualmente podría interactuar con los mecanismos regulatorios de compensación.

La promoción del financiamiento privado

Los principales organismos de certificación de carbono y consultoras también están ingresando en este ámbito. Organizaciones como Verra, South Pole, Plan Vivo, rePLANET, Terrasos y ValueNature han desarrollado metodologías para certificar resultados positivos para la biodiversidad y crear unidades comercializables. El atractivo es evidente: un nuevo producto para inversores y empresas, y una nueva fuente de ingresos para intermediarios que ya controlan gran parte del mercado de carbono.

Una creciente red de iniciativas está configurando la arquitectura de las finanzas para la naturaleza y promoviendo mercados de biodiversidad de “alta integridad”: la Biodiversity Credit Alliance, la plataforma Financing for Nature del Foro Económico Mundial, el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza (TNFD) y el Fondo para el Marco Mundial de Biodiversidad del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Paralelamente, iniciativas como el Panel Asesor Internacional sobre Créditos de Biodiversidad están impulsando una Hoja de Ruta Global para los créditos de biodiversidad mediante procesos voluntarios y multipartícipes.

La Hoja de Ruta hacia los Créditos para la Naturaleza no aborda adecuadamente los derechos de los Pueblos Indígenas, incluidos sus derechos sobre tierras, territorios y recursos.

La Hoja de Ruta hacia los Créditos para la Naturaleza no aborda adecuadamente los derechos de los Pueblos Indígenas sobre sus territorios y recursos.

En la COP 16 del CDB, los gobiernos priorizaron la movilización de financiamiento privado para el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y la puesta en funcionamiento del Fondo para el Marco Mundial de Biodiversidad, pero evitaron respaldar formalmente los mercados de créditos de biodiversidad. Aunque el Fondo reconoce los derechos de los Pueblos Indígenas y contempla salvaguardas sociales, persisten serias dudas sobre cómo se garantizará el cumplimiento de estos compromisos en la práctica. Especialmente, a medida que aumente la financiación para la biodiversidad.

En julio de 2025, la Comisión Europea publicó su Hoja de Ruta hacia los Créditos para la Naturaleza, un marco basado en el mercado destinado a movilizar inversiones del sector privado para la conservación de la biodiversidad, bajo la premisa de que la financiación pública por sí sola es insuficiente. La Hoja de Ruta no aborda adecuadamente los derechos de los Pueblos Indígenas, incluidos sus derechos sobre tierras, territorios y recursos. Tampoco enfrenta de manera suficiente los impulsores estructurales de la pérdida de biodiversidad, como los subsidios perjudiciales para la biodiversidad, los flujos financieros y los sistemas de producción.

¿Puede la biodiversidad estandarizarse y venderse?

Sus defensores sostienen que los créditos de biodiversidad pueden desbloquear financiamiento para la conservación, recompensar una buena gestión ambiental e incentivar mejores prácticas empresariales. Sin embargo, el enfoque de la “brecha de financiamiento” adoptado en el MMBKM oculta el hecho de que las propuestas actuales dependen en gran medida del capital privado de los principales responsables de la pérdida de biodiversidad. Esto refuerza patrones en los que los Estados y las corporaciones más ricas mantienen el control sobre los flujos de “financiamiento para la naturaleza”. 

De este modo, los créditos de biodiversidad corren el riesgo de reproducir dinámicas coloniales, al concentrar el poder de decisión y la extracción de valor en el Norte Global, mientras los territorios y pueblos del Sur Global son presentados como espacios de “reparación” ambiental. El lenguaje técnico de la “integridad de los mercados” termina sosteniendo un proyecto político que preserva patrones económicos extractivos, al tiempo que desplaza la responsabilidad por los daños ecológicos hacia los territorios de los Pueblos Indígenas y las comunidades racializadas.

Las estrategias actuales privilegian de manera desproporcionada a los instrumentos basados en el mercado, evitando fortalecer los derechos territoriales, la paralización de proyectos destructivos o la reforma de subsidios.

Las estrategias privilegian los instrumentos del mercado, evitando fortalecer los derechos territoriales, la paralización de proyectos destructivos o la reforma de subsidios.

No obstante, los desafíos fundamentales suelen presentarse como cuestiones técnicas: definir una unidad de biodiversidad que sea científicamente sólida, medible y escalable. En la práctica, estos esfuerzos se enfrentan a problemas ecológicos y éticos más profundos. La biodiversidad está profundamente ligada al lugar: los ecosistemas no son intercambiables, sus relaciones son complejas y, a menudo, solo se comprenden de manera parcial. Los intentos de definir una “equivalencia ecológica” ya han fracasado en los sistemas de compensación de biodiversidad. Una revisión global concluyó que la mayoría de estos esquemas no logró cumplir su promesa de “ninguna pérdida neta”, debido a un monitoreo deficiente, una aplicación débil de las normas y plazos poco realistas para la restauración. 

También existe una cuestión más amplia sobre la dependencia de los mercados para resolver una crisis impulsada, en gran medida, por la acumulación de riqueza. Las herramientas económicas, como los créditos, deberían complementar —y no sustituir— la regulación, la financiación pública y las formas colectivas de gobernanza. Sin embargo, las estrategias actuales privilegian de manera desproporcionada a los instrumentos basados en el mercado, evitando fortalecer los derechos territoriales, la paralización de proyectos destructivos o la reforma de subsidios.

Los territorios indígenas en la primera línea de las finanzas para la biodiversidad

Muchos proyectos piloto de créditos de biodiversidad se están desarrollando en el Sur Global, particularmente en territorios boscosos gobernados por Pueblos Indígenas. Se trata de las mismas tierras que han albergado proyectos de compensación de carbono durante las últimas dos décadas, frecuentemente acompañados por violaciones de derechos y conflictos sociales. Las áreas protegidas se han establecido de manera reiterada sin reconocer la tenencia consuetudinaria, sin garantizar el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y con severas restricciones a los medios de vida tradicionales. Es probable que los créditos de biodiversidad intensifiquen estas dinámicas de diversas maneras: 

Presión sobre la tierra. La asignación de un valor financiero a los resultados de conservación de la biodiversidad hace que los territorios indígenas resulten más atractivos para los inversores en conservación, especialmente allí donde los derechos territoriales siguen sin resolverse, lo que genera el riesgo de acuerdos de gestión a largo plazo que marginen a las instituciones consuetudinarias.

Control y vigilancia. Los sistemas de verificación, como sensores remotos, indicadores estandarizados y tokens digitales, desplazan los conocimientos y sistemas de gobernanza indígenas al otorgar prioridad a expertos externos y, al mismo tiempo, posibilitar el monitoreo de la forma en que las comunidades utilizan sus propios territorios.

Contratos injustos. Al igual que ocurre con los proyectos de carbono, las comunidades suelen carecer de asesoramiento jurídico independiente; los contratos pueden ser firmados por grupos reducidos de liderazgo sin consentimiento colectivo, mientras que las pequeñas y poco transparentes participaciones en los ingresos son vulnerables a la captura por élites.

División y criminalización. Cuando hay sumas importantes de dinero en juego, los intermediarios pueden explotar las diferencias internas para obtener consentimiento. Quienes cuestionan los proyectos corren el riesgo de ser etiquetados como opositores al desarrollo o una amenaza para la conservación, una preocupación especialmente grave en un contexto de creciente criminalización y asesinato de personas defensoras del ambiente.

Detrás de estos riesgos concretos subyace un conflicto más profundo de valores. Las metodologías de los créditos de biodiversidad reducen la naturaleza a aquello que puede contarse, valorarse económicamente y comercializarse, mientras que muchos sistemas de conocimiento indígenas se basan en la responsabilidad, la reciprocidad y el carácter sagrado de la naturaleza, donde el territorio no puede fragmentarse en mercancías. Cuando esta visión relacional del mundo es tratada como un obstáculo y no como un fundamento para las políticas públicas, los créditos de biodiversidad se convierten en otra herramienta de colonización.

¿La integridad de quién?

En respuesta a las crecientes críticas, las iniciativas de créditos de biodiversidad destacan principios de “alta integridad”, como una gobernanza sólida, el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), una distribución equitativa de beneficios y mecanismos de reclamación. Algunos fondos multilaterales incluso reconocen a los Pueblos Indígenas como custodios de la biodiversidad. Sin embargo, existe una marcada brecha entre el discurso y la práctica. Los principios y metodologías fundamentales están siendo diseñados por coaliciones de instituciones financieras, ONG de conservación y organismos de establecimiento de estándares, con una participación indígena limitada o incorporada en etapas tardías.

Desde la adopción del MMBKM, numerosas organizaciones indígenas, entre ellas el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, han advertido reiteradamente que los mercados de biodiversidad corren el riesgo de reproducir las dinámicas de despojo, desigualdad y control territorial observadas en los proyectos de compensación de carbono. Estas organizaciones subrayan que el financiamiento para la biodiversidad debe abordar las injusticias históricas, fortalecer la financiación directa para los Pueblos Indígenas y evitar la mercantilización de la naturaleza a costa de debilitar la gobernanza territorial colectiva. Cualquier marco emergente de créditos de biodiversidad debe incorporar de manera crítica estas posiciones.

La gobernanza debe reflejar un liderazgo indígena genuino. Las organizaciones indígenas deben ocupar espacios reales de toma de decisiones en el diseño y la supervisión de los mecanismos de financiamiento para la biodiversidad.

Se necesitan normas vinculantes para evitar el uso de créditos para justificar actividades como la minería, la extracción de combustibles fósiles o grandes proyectos.

Se requieren tres transformaciones fundamentales para evitar que los créditos de biodiversidad reproduzcan los daños asociados a los mercados de carbono. En primer lugar, los derechos deben preceder a los mercados: el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras, territorios y formas colectivas de tenencia debe ser una condición previa para cualquier esquema de créditos, y no una aspiración futura. Esto implica la plena implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente en lo relativo al CLPI y a la libre determinación, tanto en la legislación como en la práctica.

En segundo lugar, la gobernanza debe reflejar un liderazgo indígena genuino. Las organizaciones indígenas deben ocupar espacios reales de toma de decisiones, y no meramente consultivos, en el diseño y la supervisión de los mecanismos de financiamiento para la biodiversidad, con financiamiento específico y respeto por la diversidad de sistemas de conocimiento. En tercer lugar, el papel de los créditos debe ser limitado. No deben servir para legitimar actividades destructivas mediante mecanismos de compensación ni para sustituir la regulación y la financiación pública. Por eso, se necesitan normas vinculantes para evitar la doble contabilización, el lavado verde y el uso de créditos para justificar actividades como la minería, la extracción de combustibles fósiles o grandes proyectos de infraestructura en otros lugares.

Elegir un camino diferente

El impulso a los créditos de biodiversidad busca responder a un problema real: la insuficiente financiación crónica para la biodiversidad, especialmente en contextos donde los Pueblos Indígenas son sus principales custodios, pese a haber sufrido una histórica marginación. Sin embargo, la financiación directa de iniciativas de conservación lideradas por Pueblos Indígenas, junto con reformas legales destinadas a garantizar los derechos territoriales y de gobernanza, probablemente produciría resultados mucho más duraderos que los esquemas especulativos de créditos.

Que los Pueblos Indígenas decidan o no participar en estos mercados es una cuestión de libre determinación. Sin embargo, cualquier decisión debe basarse en el Consentimiento Libre, Previo e Informado, con información transparente sobre los riesgos y las alternativas existentes. Los gobiernos y los actores privados no deben considerar los esquemas de créditos como un atajo para evitar decisiones más difíciles, como poner fin a las industrias destructivas y enfrentar las relaciones de poder desiguales.

La cuestión fundamental es qué visiones de la naturaleza, el desarrollo y la justicia definirán el futuro. Si los créditos de biodiversidad simplemente reafirman la lógica extractiva que generó la crisis de biodiversidad, representarán una nueva ronda de sacrificios impuesta a los Pueblos Indígenas.

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