Ambas cuencas están conectadas por el Casiquiare, que nace como un desprendimiento del Orinoco hacia el suroeste y desemboca en el al Amazonas a través del Río Negro. Esto lo convierte en un fenómeno único de conexión entre dos de los sistemas hídricos más grandes del mundo. Pero la conexión es mucho más profunda. En el espacio que abarcan ambas cuencas –entre la margen norte del Amazonas y la margen sur del Orinoco– se levanta el área con mayor biodiversidad por metro cuadrado del planeta. Y cuando hablamos de biodiversidad, también incluimos la humana, ya que desde hace milenios es el hogar de un gran número de Pueblos Indígenas.

Se trata de una franja de unos 2,65 millones de kilómetros cuadrados que pasa por Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana, Surinam y Guyana Francesa. En este vasto territorio habitan unos 300 pueblos indígenas, cada uno con sus propios usos y costumbres, sus formas de gobierno, divisiones sociales del trabajo, roles y lenguas. Si asumimos a cada uno de esos pueblos como una Nación con derecho propio, estaríamos hablando de prácticamente el doble de las que actualmente integran el sistema de Naciones Unidas.

El auge del oro: precios récord

El caso del oro es tal vez el más preocupante y, sin dudas, el más conocido. Aunque no es un fenómeno nuevo, la confluencia de varios factores lo ha agravado en la última década. Uno de los principales factores fueron las consecuencias de la crisis financiera global de 2008, que aceleró su demanda como respuesta de grandes inversionistas ante la inestabilidad y la recesión. La llegada de la pandemia de Covid-19 tuvo un efecto similar. 

A su vez, no se espera que la situación cambie en los próximos años, sino que, por el contrario, podría agudizarse. A principios de este siglo, el precio de la onza de oro en los mercados globales rondaba los 270 US$.  En 2008, los 600 US$. Al cierre de 2024, superó los 2600 US$, y se estima que para 2030 alcance precios de hasta 7.000 US$. Este aumento explica la creciente presión sobre la Amazonía en general y la venezolana en particular en los últimos años. En el caso de Venezuela hay que agregar, además, la severa crisis económica del país, que llevó a muchas personas a volcarse sobre la región amazónica en busca de nuevas fuentes de riquezas.

La superficie terrestre directamente afectada por la minería del oro ha crecido aceleradamente desde 2016. Hacia 2019 ya había alcanzado unas 33.900 hectáreas, y para 2021, unas 133.700 hectáreas, lo que representa un aumento del 294 por ciento.

También se suman los efectos de la violencia de los grupos irregulares, que ven a los Pueblos Indígenas como un obstáculo para su actividad depredadora.

De acuerdo a estimaciones realizadas por la organización Wataniba, basadas en imágenes satelitales y el trabajo en el campo, la superficie terrestre directamente afectada por la minería del oro ha crecido aceleradamente desde 2016. Hacia 2019 ya había alcanzado unas 33.900 hectáreas, y para 2021, unas 133.700 hectáreas, lo que representa un aumento del 294 por ciento. El recrudecimiento de la crisis venezolana, exacerbado por los efectos de la pandemia global, jugó un rol protagónico en este crecimiento.

Los efectos sobre la biodiversidad y el ecosistema no se han hecho esperar, al igual que las consecuencias sobre las poblaciones indígenas. Estas han sido afectadas por la contaminación de las aguas, de los suelos, las cosechas y alimentos y por el agravamiento de enfermedades como la malaria, cuyo repunte está asociado a la deforestación y la erosión causadas por la minería. También se suman los efectos de la violencia de los grupos irregulares, que ven a los Pueblos Indígenas como un obstáculo para su actividad depredadora. Además, de un tiempo a esta parte, la captación de jóvenes por parte de estos grupos, conlleva profundas implicaciones en términos sociales y culturales.

El trabajo en red para enfrentar la minería de oro

Al mismo tiempo que las actividades depredadoras se intensifican, también es importante visibilizar los procesos de organización que los Pueblos Indígenas han desarrollado para la defensa territorial, de sus derechos y de sus formas de vida. En este contexto, es destacable el trabajo realizado junto a los pueblos Ye´kwana y Uwottüja, ambos en la primera línea de defensa contra las actividades extractivas.

En el caso de los ye´kwana, los monitoreos de Wataniba han permitido identificar más de 70 focos de minería ilegal actualmente activos en el territorio que comparten con los sanema, en los municipios Manapiare y Alto Orinoco del estado Amazonas. Por su parte, el territorio de los uwottüja ha sido epicentro de actividades extractivas especialmente agresivas, que han derivado en la persecución e incluso muerte por sicariato de líderes y defensores territoriales.

Hemos podido demostrar que la confluencia y complementariedad entre Áreas Naturales Protegidas y Territorios Indígenas es la mejor estrategia para la conservación del bioma amazónico y los pueblos que los habitan.

La confluencia y complementariedad entre Áreas Naturales Protegidas y Territorios Indígenas es la mejor estrategia para la conservación del bioma amazónico.

A finales de 2024, junto con la Organización Indígena del Pueblo Uwottüja del Sipapo (OIPUS), la Organización Indígena Ye´kwana del Ventuari (KUYUNU) y el apoyo de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), presentamos los Mapas de Lugares Sagrados. Estas cartografías se destacan como herramientas para el diálogo intercultural en el marco de la lucha por sus derechos y la defensa de sus territorios. En complemento a estos mapas, presentamos los Protocolos de Consulta Previa, Libre e Informada tanto para los ye´kwana como los uwottüja.

De la misma manera, en Wataniba articulamos con la organización Horonami, que representa a los yanomami en el extremo sur venezolano:  uno de los Pueblos Indígenas de contacto más reciente que se han visto muy afectados por la minería ilegal, los desplazamientos, violencias de todo tipo e, incluso, matanzas. Además, en el marco de la Red Amazónica de Información Socio Ambiental Georreferenciada (RAISG), hemos generado datos fiables para la elaboración de políticas públicas destinadas a la protección del bioma amazónico, incluyendo a los Pueblos Indígenas que la habitan. 

Una consecuencia de todo este trabajo es que hemos podido demostrar que la confluencia y complementariedad entre Áreas Naturales Protegidas (ANP) y Territorios Indígenas (TI) es la mejor estrategia para la conservación del bioma amazónico y los pueblos que los habitan.

Áreas Naturales Protegidas + Territorios Indígenas =  Mayor biodiversidad

Dos décadas de trabajo nos han convencido de que mantener y aumentar la sinergia entre Áreas Naturales Protegidas y Territorios Indígenas es la mejor estrategia para la conservación de la región amazónica venezolana y la lucha contra el cambio climático. En la región Amazónica, que alberga las mayores y más diversas extensiones de bosques tropicales del mundo, se ha demostrado que donde confluyen territorios indígenas y figuras de protección natural, los ecosistemas están mejor conservados. Estos territorios captan mayor cantidad de agua y mantienen niveles más altos de carbono forestal, lo que evita que los gases de efecto invernadero vayan a la atmósfera e incidan en la aceleración del cambio climático.

Una forma de lograrlo es reconociendo legalmente a los territorios indígenas, es decir, demarcándolos. Esto, a su vez, se traduce en una vía expedita para que los gobiernos puedan cumplir y hacer cumplir los convenios y acuerdos de biodiversidad, de cambio climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como garantizar la seguridad alimentaria, hídrica y energética de sus países.

En el caso venezolano, proponemos profundizar esa estrategia, resguardando los territorios indígenas Yanomami y Ye’kwana del Alto Orinoco y del medio y Alto Ventuari, así como los Uwottüja del Sipapo (municipio Autana), superpuestos con algunos parques nacionales,  monumentos naturales, tepuyes y la Reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare. Estas extensiones son hogar de Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial, los cuales requieren acciones por parte de los diversos Estados.

En conclusión, la situación de la minería ilegal dentro de los territorios indígenas de la Amazonía venezolana es compleja y, en algunos casos, grave. Además de resaltar y denunciar esta situación, hay que visualizar que la lucha de estos pueblos contra la minería no es sólo para proteger sus territorios y formas de vida, sino también para salvaguardar la integridad del bosque tropical más extenso, biodiverso e importante del planeta. 

The post El oro o la vida: la lucha de los Pueblos Indígenas venezolanos contra la minería ilegal appeared first on Debates Indígenas.

Según las fuentes orales que se conservan hasta la actualidad, si bien el aumento del impuesto del oro de parte del gobernador de Macas colmó la paciencia de los ancestros, la introducción de nuevas enfermedades, las violaciones sexuales y el trato infrahumano del que era víctima la población nativa fue la razón de fondo de la explosión social que puso fin a la presencia extranjera en el territorio awajún.  

La historia reciente de la actividad aurífera en la alta Amazonia tiene raíces centenarias y su faceta actual es la profundización del proyecto extractivista, cuyo principal fin es la ambición acumuladora. La minería del oro atenta contra el medio ambiente y, sobre todo, contra los Pueblos Indígenas y su forma de control territorial, conduciendo a la destrucción de sus estructuras socioeconómicas e identidades culturales. Las diversas agresiones que vienen sufriendo los Pueblos Indígenas y el medioambiente se repiten cíclicamente con la misma intensidad pero con diferentes caretas, como la actividad cauchera que se llevó miles de vidas humanas. 

Concesiones mineras en la Amazonia y explotación ilegal de oro

Según datos del Ministerio de Energía y Minas, la producción de oro acumulada de enero a agosto del 2024 se extiende a 69,1 millones de gramos finos, lo cual representa un crecimiento de 10,5 por ciento con respecto al mismo periodo del año 2023 cuando se reportaron 62,5 millones de gramos finos. La Minera Yanacocha S.R.L. es la principal productora en el país. Esta cifra no incluye a la producción ilegal de oro.

Por su parte, el Instituto Peruano de Economía (IPE) estimó que las exportaciones de oro de procedencia ilegal rondaron los 6.840 millones de dólares en el 2024, un 41 por ciento de incremento respecto al 2023. También, sostiene que Perú exporta el 44 por ciento de todo el oro ilegal de Sudamérica.

En el territorio awajún existen 19 petitorios de concesiones mineras que abarcan un total de 11.100 hectáreas. Entre ellas, 11 ya han sido tituladas, representando 5.900 hectáreas. 

En el territorio awajún existen 19 petitorios de concesiones mineras que abarcan un total de 11.100 hectáreas.  

Entre 2020 y 2024, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) otorgó 510 concesiones mineras en los departamentos de Amazonas, Loreto, San Martín y Ucayali. De ese total, 17 concesiones se realizaron en el departamento de Loreto solamente durante el último año. En tanto, la empresa Sociedad Minera Vicus Exploraciones, adquirida a inicios del 2024 por la canadiense Palamina Corp, tiene 92 registros en San Martín y Ucayali. A su vez, Hannan Metals Perú —también de capital canadiense— posee 61 concesiones en San Martín.

En el territorio awajún, ubicado entre los ríos Marañón y Cenepa, existen 19 petitorios de concesiones mineras que abarcan un total de 11.100 hectáreas. Entre ellas, 11 ya han sido tituladas, representando 5.900 hectáreas. Estas concesiones comprometen los cantos o las riberas de los ríos. 

El camuflaje del capital extranjero

Si bien en el Perú está prohibido otorgar concesiones mineras en la ribera de los ríos, cabecera de las cuencas, lagunas y zonas de amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas, la realidad contradice la normativa. Un caso emblemático es la Cordillera de Cóndor. En 2004, el gobierno, a través del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), acordó con el pueblo Awajún la creación del Parque Nacional Ichinkat Muja, fruto de un proceso de consulta. No obstante, la consulta fue ignorada por el Estado y se privilegió la actividad minera: se recortaron 65.000 hectáreas de las 153.000 de la extensión inicial del parque nacional. 

Mediante el Decreto Supremo 023-2007-AG, el parque nacional fue creado en 2007 con una extensión total de 88.477 hectáreas. En el área excluida fueron otorgadas 111 concesiones mineras sin ni siquiera considerar la opinión de científicos que calificaron la biodiversidad de la zona como de alta prioridad para su conservación. Tampoco dieron importancia al hecho de que las áreas solicitadas para su concesión eran cabecera de las cuencas.

Los capitales extranjeros, bajo mecanismos de camuflaje, crean empresas de carácter nacional para adquirir concesiones con apariencia doméstica.

Los capitales extranjeros, bajo mecanismos de camuflaje, crean empresas de carácter nacional para adquirir concesiones con apariencia doméstica.

El artículo 71 de la Constitución Política del Perú establece que dentro de los 50 kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por ningún título, minas, tierras, bosques o aguas. Sin embargo, los capitales extranjeros, bajo mecanismos de camuflaje, crean empresas de carácter nacional para adquirir concesiones con apariencia doméstica. Este es el caso de Dorato Perú, que tiene de padre, digamos así, a la canadiense Dorato Resources y como aliado a Afrodita.

Independientemente de si estas empresas explotan o no el oro en sus concesiones adquiridas, la cuestión es si se observa el mandato constitucional que prohíbe a los extranjeros realizar, entre otros, alguna actividad minera directa o indirectamente dentro de los cincuenta kilómetros de las líneas fronterizas.   

A río revuelto, ganancia de pescadores

La política de promoción económica para el desarrollo nacional es muy precaria y criminal. Por un lado, es precaria porque a nuestros representantes no les es cómodo fomentar la economía formal: privilegian la corrupción en el marco de la ilegalidad.

Por otra parte, es criminal porque la práctica de la informalidad llega a tal extremo que impacta sobre la biodiversidad y la salud ambiental de la población local. A los destructores de la cabecera de las aguas, las riberas de los ríos y la biodiversidad, el Estado los ha premiado otorgándoles plazos para su adecuación a la ley, a través de la figura de Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). 

La figura de REINFO entró en vigencia en junio de 2017 y con esta ley se realizaron 90.265 registros. Sin embargo, sólo 2.108 consiguieron completar el proceso de formalización. El resto continuó trabajando ilegalmente con el aval del Congreso de la República, que otorgó prórrogas en reiteradas oportunidades. Recientemente se publicó la Ley 32213, que a través de su tercera Disposición Complementaria extendió la vigencia del REINFO hasta el 30 de junio de 2025, con posibilidades de una nueva prórroga. 

Crisis minera en el territorio awajún

Actualmente, entre las amenazas que afronta el pueblo Awajún se encuentran cuatro focos geográficos muy críticos. El primero es el Tambo, ubicado en la Cordillera del Cóndor, donde la extracción de oro ilegal está destruyendo los paredones de las nacientes de las aguas que alimentan los ríos Comaina y Cenepa, tributarios del Río Marañón. Este foco afecta la vida y la salud de más de 12.000 habitantes awajún, además de los impactos al medio ambiente y la biodiversidad de la zona. 

Por otra parte, la población del Río Cenepa experimenta la extracción del oro aluvial con más de 70 dragas de agentes informales procedentes, en su mayoría, de Madre de Dios. Al estar contaminado con mercurio, el Río Cenepa pone en riesgo a la población que consume el agua y sus recursos hidrobiológicos. El tercer punto crítico es el Río Santiago, que recibe los impactos directos de más de 30 dragas. El cuarto foco es Saramiriza, donde también se practica el saqueo ilegal de oro aluvial con presencia de cerca de 15 dragas. 

A través del GTAA, el pueblo Awajún busca implementar formas alternativas de control y vigilancia territorial. Por eso, en los últimos 18 meses, ha promovido la creación de policías comunitarias.

A través del GTAA, el pueblo Awajún busca implementar formas alternativas de control y vigilancia territorial.

El Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), en coordinación con la comunidad y la policía ambiental, ha realizado una serie de acciones comunitarias de interdicción en Santiago, Cenepa y Saramiriza. Gracias a acciones articuladas, la Policía Nacional y la Fuerza Armada, en cumplimiento de órdenes impartidas por la Fiscalía Ambiental, ha logrado destruir 20 dragas en el territorio awajún durante los últimos 15 meses. A pesar de estos esfuerzos, no se ha logrado remover los cimientos que sostienen la presencia de la minería ilegal en las zonas críticas.  

A través del GTAA, el pueblo Awajún busca implementar formas alternativas de control y vigilancia territorial. Por eso, en los últimos 18 meses, ha promovido la creación de policías comunitarias y desarrollado capacitaciones para el desenvolvimiento de sus roles con apoyo de la Policía Nacional del Perú.

A manera de conclusión

La minería ilegal opera en complicidad con las autoridades del Estado, incluyendo el Congreso de la República, que permite que miles de criminales contra el medio ambiente destruyan la Amazonia al legalizar sus cometidos. De esta forma, el sector minero informal se fortalece, convirtiendo las prórrogas para su formalización en un modus operandi. 

El incremento del precio del oro a nivel internacional es el principal motor de la proliferación minera que se expande en casi toda la Amazonía peruana. Esta situación se agrava debido a que el Estado actúa con mucha pasividad y la asignación de presupuesto para los patrullajes es insuficiente. Además, una de las causas de expansión de la actividad ilegal aurífera se debe a la corrupción de parte de las autoridades encargadas de los monitoreos. 

Hay que asegurar que los países compradores de oro sean conscientes de la procedencia de los productos. En este contexto, es urgente identificar la ruta de oro desde su origen a través de óptimos procesos de trazabilidad.

Hay que asegurar que los países compradores de oro sean conscientes de la procedencia de los productos. 

Ante este panorama, es importante fortalecer el sistema interno de control territorial mediante el establecimiento de puestos claves de vigilancia y el patrullaje en los puntos críticos. Se deben bloquear las vías de ingreso de la logística y la maquinaria que se usa para la extracción ilegal de oro en los ríos. Para lograrlo, es necesario contar con recursos para sostener la vigilancia de manera permanente. 

El GTAA está impulsando políticas de acción y vigilancia a la minería ilegal dirigidas a erradicar este flagelo de su territorio. Esta meta exige promover alianzas para incidir a nivel nacional e internacional, asegurando que los países compradores de oro sean conscientes de la procedencia de los productos. En este contexto, es urgente identificar la ruta de oro desde su origen a través de óptimos procesos de trazabilidad. 

The post La actividad minera ilegal en el territorio awajún appeared first on Debates Indígenas.

Los territorios de los Pueblos Indígenas de Ecuador se caracterizan por su rica biodiversidad y, al mismo tiempo, por albergar importantes recursos del subsuelo, como hidrocarburos y minerales metálicos y no metálicos. La extracción de estos recursos ha sido el eje del modelo primario exportador de la economía del país durante el último medio siglo. Esto significa que es una economía anclada a la dinámica del mercado global de commodities, en especial, de petróleo, oro y cobre.

Por su parte, el mercado de minerales está controlado por las corporaciones transnacionales que suscriben contratos altamente favorables para los inversionistas extranjeros. Con el 80% de la minería andina bajo control de compañías de Canadá, Estados Unidos, China, Sudáfrica y Suiza, ¿cuánto de esta riqueza se queda realmente en casa? La explotación de minerales metálicos (como oro, cobre y plata) es priorizada como motor de crecimiento económico, pero con costos socioambientales elevados: vulneración de derechos indígenas, daños al territorio y desplazamientos de comunidades. Asimismo, la volatilidad de los precios internacionales incentiva ciclos de sobreexplotación durante los booms y de crisis durante las caídas.

Un avance sin freno

En ese contexto, la economía dolarizada de Ecuador, con un Estado dependiente de las rentas provenientes de actividades extractivas, ha buscado en la última década diversificar su matriz productiva y reducir su dependencia de la exportación del petróleo. En este marco, la expansión de la minería ha generado ciertas oportunidades de inversión formal y legal. Sin embargo, ha provocado dos grandes efectos perversos: la aparición agresiva de la minería ilegal y el incremento de conflictos socioambientales, acompañados por la vulneración de derechos colectivos y daños a los territorios de Pueblos Indígenas. 

Según el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador, el sector minero emplea de manera directa a más de 20.000 personas y de manera indirecta a cerca de 100.000. Asimismo, entre 1985 y 2023, la minería legal e ilegal alcanzó las 13.000 hectáreas a nivel nacional. En los últimos años, se ha expandido a un ritmo de 2.600 hectáreas por año, lo que representa un 35 por ciento del total alcanzado en los últimos 35 años.

La minería ilegal se ha expandido hasta en 500 hectáreas en sólo un año. En toda la región amazónica ecuatoriana, se estima que 7.490 hectáreas han sido afectadas por la minería ilegal, especialmente la aurífera. 

En toda la región amazónica ecuatoriana, se estima que 7.490 hectáreas han sido afectadas por la minería ilegal, especialmente la aurífera.

El 70 por ciento de la expansión se concentra en la Amazonía, donde operan los proyectos a cielo abierto, como Cóndor Mirador (en fase de explotación) y Warintza (en fase de exploración). Según la Fundación Ecociencia, en la Amazonía central, particularmente en Napo, la minería ilegal se ha expandido hasta en 500 hectáreas en sólo un año. En toda la región amazónica ecuatoriana, se estima que 7.490 hectáreas han sido afectadas por la minería ilegal, especialmente la aurífera. 

Según datos del Ministerio de Ambiente, la minería ilegal ha afectado 562 hectáreas en cuatro áreas protegidas de esta región: la Reserva Cofán Bermejo, el Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras, el Refugio de Vida Silvestre El Zarza y el Parque Nacional Podocarpus. La minería ilegal también afecta territorios en los Andes, en las provincias de Bolívar, Azuay e Imbabura, así como territorios indígenas y de comunidades afroecuatorianas de la provincia de Esmeraldas.

La minería y el crimen organizado en Napo

El territorio de la provincia de Napo ha sido el espacio de vida de los antiguos Quijos y Napo Runa, así como de los Waorani. A lo largo de los siglos XIX y XX, al menos dos grandes oleadas de colonos ocuparon parcialmente sus tierras, que se caracterizan por una gran biodiversidad y distintos pisos ecológicos. En esta zona, las comunidades indígenas han desarrollado empresas comunitarias de silvicultura y producción orgánica de cacao y chonta en Rukullacta, y la red de turismo comunitario manejada por la Federación de Organización Indígenas de Napo (FOIN). 

Sin embargo, todo se ha visto alterado de manera significativa, debido a la llegada de la minería legal e ilegal. Entre 2015 y 2021, las áreas con actividad minera crecieron en 855 hectáreas, según datos del Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos (MAAP) y la Fundación Ecociencia. El problema es aún más grave: entre 2022 y 2024, la expansión minera en los cantones Carlos Julio Arosemena Tola y Tena se duplicó, pasando de 1.118 a 2.024 hectáreas. El impacto ambiental es evidente. Entre 2019 y 2021, la deforestación minera arrasó 32 hectáreas de bosque, mientras que en 2022, la pérdida ascendió a 185 hectáreas. Además, ha habido un incremento del 300% en la actividad minera desde 2015.

La explotación minera en Napo ha generado una estructura de crimen organizado similar al narcotráfico.

La explotación minera en Napo ha generado una estructura de crimen organizado similar al narcotráfico.

Paradójicamente, a inicios de 2022, en Napo existían 142 concesiones de oro y materiales pétreos, pero ninguna cumplía con los requisitos para operar. De ellas, 62 estaban suspendidas, 45 habían perdido el derecho a explotación y 35 estaban en trámite. Es decir, al 18 de marzo de ese año, toda la actividad minera en la provincia era ilegal.  

En ese contexto, la explotación minera en Napo ha generado una estructura de crimen organizado similar al narcotráfico. Se estima que en seis zonas clave (Ahuano, CIAT, Río Punino, Río Jatun Yaku, Puninos y Río Anzú) se extraen entre 150.000 y 230.000 gramos de oro de 18 quilates diariamente, lo que equivale a ingresos de entre 8.000.000 y 11.000.000 de dólares por día. Adicionalmente, el aumento de la minería ha intensificado los conflictos sociales. Los líderes comunitarios y activistas han denunciado amenazas y agresiones.

La creciente tensión en Las Naves

El conflicto minero en el cantón Las Naves, en la Sierra Central, se ha intensificado debido a la expansión de la minería en la región. Uno de los hitos más importantes ocurrió en 1993, cuando la población expulsó a la compañía británica Río Tinto de la provincia, estableciendo un precedente de resistencia civil frente al extractivismo. En 2003, se otorgó la concesión minera Las Naves a un actor privado, que luego transfirió los derechos a la empresa Amlatminas y, posteriormente, a Curimining, filial de la canadiense Salazar Holdings. 

A pesar de la oposición, en 2015, el Ministerio de Ambiente autorizó la fase de exploración avanzada sin consulta previa a la población. En 2021, el gobierno de Guillermo Lasso impulsó la actividad minera mediante el Decreto Ejecutivo 151, facilitando la explotación de proyectos considerados estratégicos. Esta medida generó condiciones para que el conflicto escalara en octubre del 2021, cuando una “marcha por la paz” organizada por sectores afines a Curimining derivó en hechos de violencia y fragmentación social.

Un año después, el gobierno firmó un contrato por $292 millones de dólares con empresas mineras extranjeras para la explotación del yacimiento. En junio del 2023, el Ministerio de Ambiente anunció la consulta ambiental sobre el Estudio de Impacto Ambiental, pero las comunidades campesinas denunciaron que se llevó a cabo sin garantías democráticas. La consulta solo incluyó a siete comunidades del área de influencia, excluyendo a diez que dependen de las fuentes hídricas de la región. En respuesta, el 14 de julio la comunidad organizó una protesta que fue reprimida con gases lacrimógenos, dejando 13 personas heridas y dos detenidas.

El caso de Las Naves refleja la creciente tensión entre la expansión minera y la defensa del territorio. La población planea apelar a instancias internacionales para encontrar justicia.

El caso de Las Naves refleja la creciente tensión entre la expansión minera y la defensa del territorio. La población planea apelar a instancias internacionales para encontrar justicia.

En agosto de 2023, los detenidos fueron enjuiciados por daño a bien público, enfrentando un proceso judicial sin garantías. La criminalización de defensores del territorio continuó con nuevas detenciones y procesos judiciales en 2024. En junio pasado, las comunidades de Buenos Aires, Bellavista y Jerusalén presentaron una acción de protección contra el Ministerio de Ambiente, que fue rechazada. El caso de Las Naves refleja la creciente tensión entre la expansión minera y la defensa del territorio. La población planea apelar a instancias internacionales para encontrar justicia.

El caso de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo

La Reserva Ecológica Cofán Bermejo abarca 55.451 hectáreas en la frontera con Colombia. Con una densa cobertura de bosque tropical, esta área protegida es una de los principales santuarios de la biodiversidad y territorio de los a’i cofán. Las familias conviven con monos aulladores, cusumbos, osos hormigueros, jaguares, pumas y tigrillos. En los últimos 40 años, los a’i cofán han vivido múltiples amenazas a sus territorios: proyectos petroleros, tráfico de madera e invasión de colonos y traficantes de tierras. 

En tiempos recientes, se han sumado las actividades mineras. El Monitoreo de la Amazonía Andina ha identificado 337 hectáreas afectadas en la zona de amortiguamiento de la reserva por la minería ilegal. De este total, al menos 1,05 hectáreas se encuentran dentro de los límites del área protegida, un hecho que pone en jaque la integridad del ecosistema: ingresa maquinaria pesada, destruyen el bosque, excavan grandes cráteres, crean piscinas para extraer oro y contaminan el agua.

El caso de Las Naves refleja la creciente tensión entre la expansión minera y la defensa del territorio. La población planea apelar a instancias internacionales para encontrar justicia.

Los guardaparques, apenas una decena para toda la reserva, enfrentan un riesgo constante y han recibido amenazas tras realizar operativos contra la minería ilegal.

La avaricia por los recursos ha propiciado el surgimiento de grupos armados en la región, particularmente en Barranca Bermeja. Sin presencia estatal, los Comandos de Frontera, una disidencia de las FARC, imponen su autoridad y exigen identificación a los residentes. Además de la minería ilegal, actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando de combustibles y la trata de personas son sombras que se ciernen sobre esta región fronteriza. La pandemia, lejos de ser un respiro, intensificó el auge de la minería ilegal, especialmente, en la zona de amortiguamiento.

Las comunidades shuar, como Taruka y Etsa, han implementado controles internos para regular la actividad en sus territorios. La reserva, creada por el pueblo A’i Cofán para proteger su territorio ancestral, se encuentra en un punto crítico. Varios de sus líderes han recibido amenazas por monitorear la actividad ilegal, y el miedo a represalias silencia las voces que se atreven a hablar públicamente. Los guardaparques, apenas una decena para custodiar toda la reserva, enfrentan un riesgo constante y han recibido amenazas tras realizar operativos contra la minería ilegal.

Derechos humanos y conflictos en un futuro sombrío

Sin embargo, más que un problema ambiental, la actividad minera se ha convertido en una red de corrupción y crimen organizado que involucra empresarios, policías y funcionarios públicos. Carlos Mazabanda, de Amazon Frontlines, advierte que las concesiones mineras legales han servido como pantalla para la minería ilegal, mientras que investigaciones periodísticas han comprobado que los contratos oscuros facilitan su expansión. Además, datos del Banco Central de Ecuador y registros de China evidencian una discrepancia millonaria en la exportación de oro, lo que sugiere la existencia de una red de lavado de dinero. 

Para Mazabanda, la declaración del presidente Daniel Noboa sobre un conflicto armado interno ignora que la minería ilegal financia a grupos criminales. El oro se ha convertido en la actividad criminal más dominante en la Amazonía ecuatoriana, según Amazon Watch. Las bandas vinculadas al narcotráfico han encontrado en la minería ilegal una forma de lavado de dinero, intensificando la violencia, la extorsión y el contrabando de mercurio, armas y drogas. En provincias como El Oro, Azuay, Imbabura, Napo y Zamora Chinchipe, grupos como Los Lobos han tomado el control de la actividad minera.  

Empresas fantasma, creadas bajo el régimen de Sociedades Anónimas Simplificadas, facilitaron el blanqueo de capitales, lo que permitió que exportadores sin concesiones operaran libremente.

A pesar de que la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) suspendió el registro minero en 2018, otorgó más de 650 concesiones entre 2019 y 2024.

El auge de la minería de oro a pequeña escala es innegable: en 2023, las exportaciones superaron los $1.260.000, excediendo incluso a la única minera formal del país. Este crecimiento ha ido acompañado del dominio del crimen organizado. Entre 2019 y 2023, las tasas de homicidios se quintuplicaron, afectando especialmente a comunidades indígenas y ecosistemas frágiles. A pesar de que la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) suspendió el registro minero en 2018, se otorgaron más de 650 concesiones entre 2019 y 2024. Al menos 15 empresas y 18 individuos han obtenido oro ilegalmente con la complicidad de reguladores.

Fernando Benalcázar, exviceministro de Minería, señala que la desaparición de ARCOM en 2020 desató un descontrol total. Empresas fantasma, creadas bajo el régimen de Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), facilitaron el blanqueo de capitales, lo que permitió que exportadores sin concesiones operaran libremente. Mientras tanto, organismos como el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) han fallado en supervisar el origen del dinero que circula en este negocio multimillonario. En agosto de 2024, el gobierno reinstauró ARCOM, pero la pregunta sigue abierta: ¿será suficiente para frenar una industria en la que el crimen organizado ha echado raíces profundas?

The post Extractivismo en la sombra: minería ilegal, conflictos y derechos indígenas en Ecuador appeared first on Debates Indígenas.