Facilitado por Albert Barume, el actual Relator Especial, el evento reunió representantes de Pueblos Indígenas, Estados Patrocinadores, altos funcionarios de la ONU, y Organizaciones No Gubernamentales, así como a los anteriores titulares del mandato: el profesor James Anaya, el embajador Francisco Cali Tzay y la activista Victoria Tauli-Corpuz, quien participó a través de un mensaje por video. Asimismo, se rindió un homenaje con un minuto de silencio al primer Relator, Rodolfo Stavenhagen, reconociendo su legado fundamental en la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas.

Bajo el lema “25 años promoviendo los derechos de los Pueblos Indígenas: impacto, lecciones aprendidas y futuro del mandato”, el aniversario puso en relieve la trayectoria de un mecanismo que se ha consolidado como uno de los principales instrumentos internacionales de protección y promoción de los derechos indígenas.

Un mecanismo independiente con impacto real

Al inaugurar el encuentro, el Dr. Albert K. Barume subrayó que el aniversario no solo era una ocasión para celebrar, sino también para “examinar las brechas persistentes en la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”. Asimismo, señaló la necesidad de reforzar la relevancia del mandato en un contexto global marcado por presiones crecientes sobre los derechos humanos y el multilateralismo.

Desde su creación, el mandato ha realizado 51 visitas oficiales a países, ha elaborado 62 informes temáticos y ha intervenido en más de mil comunicaciones dirigidas a Estados, empresas y otros actores. A través de estas acciones, ha documentando violaciones, ha visibilizado patrones estructurales de discriminación y ha contribuido a la interpretación del derecho internacional en materia indígena.

Durante la apertura del evento, la Secretaria General Adjunta para los Derechos Humanos, Ilze Brands Kehris, destacó que el mandato ha sido “un mecanismo crítico e independiente”, que ha contribuido a abordar la discriminación estructural y a reforzar la rendición de cuentas. No obstante, advirtió que en todas las regiones continúan, e incluso se agravan, las violaciones de derechos, impulsadas en gran parte por modelos de desarrollo extractivos que avanzan sin el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas.

Tierra, criminalización y empresas: desafíos persistentes

A lo largo del evento, se coincidió en una serie de diagnósticos: la expansión de proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura (incluidos aquellos vinculados a la transición “verde”) sigue generando desplazamientos forzados de comunidades enteras, pérdida de territorios, criminalización de líderes indígenas y diversos tipos de violencias, en particular contra mujeres y defensoras indígenas.

En este contexto, Joan Carling, defensora de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Directora Ejecutiva de Indigenous Peoples Rights International (IPRI), describió el mandato como un “salvavidas” para muchos defensores indígenas perseguidos injustamente. A su vez, relató casos concretos en países como Filipinas y Guatemala en los que las intervenciones del Relator Especial contribuyeron de manera decisiva a liberar a personas criminalizadas por defender sus territorios.

El papel de los Estados y la cooperación internacional

Una vez más, México y Guatemala, los Estados patrocinadores históricos del mandato del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, reafirmaron su apoyo político. Por su parte, la embajadora de México ante Naciones Unidas, Alicia Bárcena, recordó el papel fundamental del mandato en la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y destacó avances recientes en su país, como la reforma constitucional que reconoce a los Pueblos Indígenas como sujetos de derecho público.

Desde Guatemala, la Coordinadora Presidencial contra la Discriminación y el Racismo hacia los Pueblos Indígenas, Ana Pérez Conguache, subrayó la importancia de las visitas in situ de los Relatores Especiales para poder escuchar a las personas afectadas y dialogar con los Estados. Asimismo, la Coordinadora destacó las recomendaciones realizadas, aunque reconoció que persisten fenómenos graves como la criminalización de liderazgos indígenas.

Un legado colectivo y una agenda para el futuro

Uno de los momentos centrales del evento fue el repaso histórico del mandato a través de un vídeo conmemorativo, que destacó las contribuciones de los cinco Relatores Especiales: Rodolfo Stavenhagen, James Anaya, Victoria Tauli-Corpuz, Francisco Calí Tzay y, actualmente, Albert Barume. Desde los derechos territoriales y la libre determinación hasta el impacto del cambio climático y la criminalización, el enfoque de cada Relator Especial ha dejado un legado normativo y político de gran alcance.

En el diálogo con antiguos titulares del mandato, todos coincidieron en que el mayor valor del mandato del Relator Especial radica en amplificar las voces de los Pueblos Indígenas, cerrar la brecha entre normas y práctica, y fortalecer la coordinación con otros mecanismos de la ONU, como el Foro Permanente y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente en un contexto de crecientes desafíos para el sistema internacional de derechos humanos y sus mecanismos de promoción y protección.

Al cerrar el evento, ante los desafíos que vive el sistema internacional de derechos humanos, Albert Barume, afirmó que los próximos años exigirán una estrategia de defensa: “No podemos dar por sentado los logros de estos 25 años. Salvaguardarlos es una responsabilidad colectiva”. De este modo, el Relator Especial destacó que es momento de resguardar lo ya conquistado, incidir en el seguimiento de las recomendaciones y garantizar los recursos financieros suficientes.

The post A 25 años de la creación del mandato del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas appeared first on Debates Indígenas.

Me honra dirigirme a este 25.º período de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas y entablar un diálogo con todas las personas participantes en relación con la situación de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas. Celebro que este diálogo se lleve a cabo durante la primera semana del Foro, lo que contribuye a garantizar una participación más amplia e inclusiva de representantes y aliados de los Pueblos Indígenas.

En primer lugar, deseo felicitarla, señora Presidenta, por su reelección como Presidenta del 25.º período de sesiones. Asimismo, deseo a todos los miembros del Foro Permanente, en particular a quienes se incorporan por primera vez, los mayores éxitos en el desempeño de sus funciones.

Señora Presidenta, estructuraré mi intervención en torno a tres puntos: en primer lugar, el tema de esta sesión, relativo a la salud en contextos de conflicto; en segundo lugar, una visión general de la labor de mi mandato durante los últimos quince meses; y, en tercer lugar, algunas reflexiones sobre el contexto global más amplio que incide en los derechos de los Pueblos Indígenas.

I. Reflexión sobre el tema del 25.º período de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

En contextos de conflicto, los Pueblos Indígenas suelen sufrir algunas de las consecuencias más graves, aun cuando han contribuido en menor medida a las crisis que los rodean. Sus tierras son militarizadas u ocupadas, sus comunidades son desplazadas, sus líderes son amenazados y el acceso a la alimentación, al agua, a la atención de la salud y a la educación se ve interrumpido. En estas circunstancias, la salud debe entenderse en un sentido amplio e integral: no solo como el acceso a servicios médicos, sino como la posibilidad de vivir con dignidad, en paz, con continuidad cultural y con control sobre sus tierras y recursos ancestrales.

II. Panorama general de las actividades del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas

Señora Presidenta, como usted sabe, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas forma parte del sistema de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Estos Procedimientos Especiales están integrados por expertos independientes en derechos humanos encargados de evaluar, informar y asesorar sobre cuestiones de derechos humanos, ya sea de manera temática o por país.

El mandato del Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas funciona como un mecanismo de protección y se estructura en torno a cuatro pilares principales: (1) estudios temáticos, (2) visitas a países, (3) atención de denuncias de violaciones o abusos de derechos humanos, y (4) la realización de actividades adicionales, como la cooperación técnica, la sensibilización, el fortalecimiento de capacidades y la promoción de buenas prácticas.

II.1. En cuanto a los estudios temáticos, en septiembre de 2025 presenté mi primer informe al Consejo de Derechos Humanos. Centrado en el reconocimiento, este informe destaca tres pasos acumulativos que un Estado debería adoptar para reconocer a los Pueblos Indígenas como titulares específicos de derechos:

En primer lugar, un Estado debería reconocer formalmente las injusticias históricas diferenciadas que han enfrentado los Pueblos Indígenas que se autoidentifican dentro de su territorio. El reconocimiento es esencial para la reparación; un Estado no puede remediar aquello que no reconoce. En segundo lugar, un Estado debería adoptar disposiciones constitucionales o legales que reconozcan explícitamente a los Pueblos Indígenas como titulares de derechos diferenciados. Esto incluye la incorporación de normas internacionales pertinentes en el derecho interno y la ratificación de los instrumentos internacionales correspondientes. Por último, un Estado debería llevar a cabo el registro administrativo de los Pueblos Indígenas dentro de su territorio para garantizar su integridad cultural y evitar su identificación errónea con otros grupos sociales, como minorías, pueblos tribales, personas marginadas o empobrecidas, campesinado y comunidades locales.

En octubre de 2025, presenté mi segundo informe temático a la Asamblea General de las Naciones Unidas, centrado en la protección jurídica de las tierras y territorios de los Pueblos Indígenas. El informe enfatiza que la mayoría de los Pueblos Indígenas viven actualmente en las pocas áreas restantes de sus tierras ancestrales tras haber sufrido desplazamientos reiterados durante décadas, si no siglos. Por lo tanto, dado que ya no queda territorio al cual replegarse, los Pueblos Indígenas están alzándose cada vez más contra nuevas incursiones. El informe también destaca una alta demanda global por las tierras de los Pueblos Indígenas, impulsada principalmente por cinco factores: los minerales para la transición, los mercados de carbono, la expansión de áreas protegidas y de conservación, las iniciativas de transición energética y los intereses geopolíticos o de seguridad internacional que involucran territorios indígenas. 

El aumento de la demanda de las tierras de los Pueblos Indígenas está dando lugar a una mayor persecución y criminalización de quienes defienden sus derechos, especialmente de líderes indígenas. Graves violaciones de derechos humanos —incluidas la detención arbitraria, la tortura, las desapariciones forzadas, la militarización y los asesinatos ilegítimos— afectan cada vez más a comunidades indígenas en todo el mundo. En mi informe, exhorto a los Estados a cambiar el paradigma y adoptar un nuevo enfoque, reconociendo la libre determinación de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras y territorios como un activo valioso tanto para la seguridad nacional como internacional. Los defensores de las tierras, territorios y recursos de los Pueblos Indígenas deberían ser considerados aliados en la búsqueda de la justicia, la sostenibilidad y la paz.

En 2026, mi informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas mantendrá su énfasis en los derechos sobre la tierra mediante el análisis de las prácticas de los Estados relacionadas con la demarcación y el registro, con el objetivo de identificar y compartir enfoques o prácticas eficaces.

Me gustaría anunciar formalmente que, durante mi mandato como Relator Especial, informaré sobre los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas. Estos informes tendrán como objetivo monitorear, documentar y dar seguimiento al impacto de los cinco factores antes mencionados que contribuyen a la alta demanda de las tierras de los Pueblos Indígenas.

Mi informe en preparación para 2026 al Consejo de Derechos Humanos abordará las violaciones históricas y contemporáneas contra la salud y los derechos reproductivos de las mujeres y niñas indígenas, un tema que fue puesto en conocimiento del mandato por víctimas que consideraban que sus experiencias no habían sido suficientemente reconocidas ni reparadas. Además, este informe tiene como objetivo apoyar la implementación integral de la Recomendación General N° 39 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que fue ampliamente debatida durante el Foro del año pasado. Deseo expresar mi sincero agradecimiento a todas las personas que han presentado las más de 70 contribuciones recibidas hasta el momento para este informe.

II.2. En relación con el segundo pilar del mandato del Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, relativo a las visitas a países, deseo informar al Foro que en septiembre de 2025 realicé una visita oficial a Botswana, donde el nuevo presidente, Duma Boko, exabogado de Pueblos Indígenas, está situando los derechos humanos en el centro de las reformas legales y de políticas en curso.

Las injusticias históricas sufridas por los Pueblos Indígenas en Botswana durante décadas deberían informar y orientar las reformas que se están llevando a cabo. En consecuencia, mi informe de misión subraya la urgente necesidad de reforzar la protección, incluido el reconocimiento constitucional y legal, el disfrute efectivo de los derechos sobre la tierra, el acceso igualitario a la justicia y a los servicios, así como las garantías para las lenguas y culturas indígenas. Deseo expresar mi agradecimiento al Gobierno de Botswana por su cooperación, así como al Equipo de las Naciones Unidas en el País (UNCT) por su apoyo durante esta visita.

Este año, realizaré una visita oficial a Australia del 2 al 13 de noviembre. Agradezco al Gobierno de Australia y a todas las personas que han aportado contribuciones en la preparación para este viaje. También deseo reconocer a los Gobiernos de Brasil y Guatemala por extender invitaciones para visitas oficiales, que lamentablemente no pudieron concretarse debido a las limitaciones presupuestarias de las Naciones Unidas que restringen mi mandato a una misión por país al año. Asimismo, extiendo mi agradecimiento al Gobierno de Nueva Zelanda por su invitación para una misión en 2027.

Insto a más países de África, Asia, Europa y América del Norte a invitar al mandato. Las visitas a países permiten al Relator Especial interactuar directamente con los gobiernos y con los Pueblos Indígenas, y ofrecer recomendaciones prácticas basadas en la observación directa.

Para concluir esta sección sobre las misiones a países, deseo enfatizar que el mandato aún enfrenta escasez de recursos, principalmente debido a la persistente insuficiencia de financiamiento del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. Esta limitación financiera restringe las visitas y actividades, lo que hace que la cooperación y el seguimiento por parte de los Estados sean aún más importantes.

Es fundamental que se dé un seguimiento efectivo a las misiones a países de un Relator Especial. En consecuencia, insto a todas las partes interesadas a aprovechar esta ventana de oportunidad para avanzar en los derechos de los Pueblos Indígenas en Botswana y apoyar tanto al Gobierno como a los Pueblos Indígenas para traducir la voluntad política en una implementación efectiva de los derechos.

II.3. El tercer pilar de las actividades del Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, que permite al mandato recibir denuncias de violaciones y abusos de derechos humanos directamente de los Pueblos Indígenas y entablar diálogo con los Estados y otros actores respecto de dichas alegaciones. Deseo informar que, en los últimos quince meses, el mandato ha enviado más de 65 comunicaciones a Estados, entidades del sector privado y otros actores. Los 29 Estados involucrados son, en orden alfabético: Alemania, Argentina, Australia, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Burundi, Camerún, Chile, Colombia, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos de América, Filipinas, Guatemala, Indonesia, Kenya, México, Nueva Zelanda, Nicaragua, Panamá, Perú, Reino Unido, Rusia, Singapur, Suecia, Suiza, Tanzania y Vietnam.

Las comunicaciones recientes y destacadas han abordado las experiencias del pueblo indígena Ogiek en Kenya, los desafíos que enfrentan los maoríes en Nueva Zelanda, la situación de los Pueblos Indígenas en la región de Chittagong Hill Tracts en Bangladesh y la del pueblo Guaraní-Kaiowá en Brasil. También han cubierto protestas y represión que involucran a Pueblos Indígenas en Panamá y Ecuador, así como los efectos de proyectos extractivos e industriales sobre comunidades indígenas en México, Kenya, Indonesia y Tanzania.

El mandato también ha abordado comunicaciones con empresas privadas, instituciones financieras y otros actores no estatales involucrados en proyectos relacionados con la extracción de combustibles fósiles, la petroquímica, emprendimientos geotérmicos, la minería y la conservación. Estas comunicaciones subrayan que las empresas, inversores y otras entidades deben ejercer la debida diligencia y respetar los derechos humanos de los Pueblos Indígenas.

En los últimos quince meses, el mandato ha enviado 14 comunicaciones a empresas y otros actores no estatales, entre ellos Tullow Oil, Gulf Energy (afiliada Auron Energy E&P), Sikder Group, PROMAN, KFW IPEX-Bank, Gas y Petroquímica de Occidente S.A., Sempra Infraestructura, Mexico Pacific Limited, LNG Alliance Pte Ltd Singapore, Instalaciones Energéticas Cosalá, Epcilon LNG, Empresa de Servicios Sanitarios Aguas San Isidro y el Grupo Banco Mundial.

Las denuncias de violaciones de derechos humanos recibidas por el mandato muestran cinco tendencias principales que se repiten de manera consistente en distintas regiones. En primer lugar: existe una regresión generalizada, ya que muchos países están retrocediendo respecto de estándares consolidados sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, principalmente en busca de beneficios políticos y económicos inmediatos. Esto incluye el incumplimiento generalizado de decisiones judiciales y el aumento del discurso de odio contra los Pueblos Indígenas.

Número dos: la criminalización de líderes y defensores indígenas, con riesgos agravados para las mujeres indígenas líderes. En África, Asia, América Latina, Europa y otras regiones, la reducción del espacio cívico y las restricciones a la protesta pacífica han dado lugar a que los Pueblos Indígenas sean percibidos como amenazas a los intereses nacionales. Numerosos líderes y personas indígenas, como Daria Egereva y muchas otras, son objeto de asesinatos, detenciones arbitrarias y se ven obligados a vivir en la clandestinidad. Número tres: existe una presión creciente sobre los territorios indígenas debido a las industrias extractivas, el desarrollo de infraestructura, los esfuerzos de conservación y los proyectos relacionados con el clima que avanzan sin una consulta adecuada o sin el consentimiento libre, previo e informado, lo que da lugar a desplazamientos. Número cuatro: muchos territorios de los Pueblos Indígenas han sido ocupados por grupos armados no estatales, redes de tráfico criminal y organizaciones extremistas o terroristas. Esto ha dado lugar a un aumento de la violencia, particularmente dirigida contra las mujeres, y ha llevado a que los Pueblos Indígenas sean clasificados injustamente como terroristas, enemigos del Estado o percibidos como amenazas a la seguridad e intereses nacionales. Número cinco: los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario siguen siendo particularmente vulnerables.

Señora Presidenta, existen indudablemente tensiones crecientes entre los Pueblos Indígenas y los Estados. En consecuencia, insto a los Estados a revisar con prontitud su relación con los Pueblos Indígenas con el fin de promover la asociación y la reconciliación, tal como se establece en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

II.4. El cuarto pilar del mandato consiste en promover buenas prácticas, generar conciencia y fortalecer capacidades. El mandato va más allá de documentar violaciones; busca fomentar la implementación y avanzar en la justicia, el reconocimiento y la reconciliación. Con ese fin, he trabajado con diversas organizaciones de Pueblos Indígenas, ámbitos académicos, organizaciones de la sociedad civil, mecanismos regionales de derechos humanos como la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y agencias de las Naciones Unidas, incluidas la UNESCO y la OMS, abordando temas como el Decenio de las Lenguas Indígenas y la desclasificación de la hoja de coca como sustancia estupefaciente, la cual es sagrada para los Pueblos Indígenas.

III. Reflexiones sobre las tendencias globales en materia de derechos humanos y su impacto en los Pueblos Indígenas

Señora Presidenta, me gustaría reflexionar sobre cómo la situación global de los derechos humanos afecta los derechos de los Pueblos Indígenas. Hoy estamos presenciando una era en la que los estándares de derechos humanos a menudo son ignorados o activamente resistidos. Esta tendencia surge de un creciente escepticismo respecto del multilateralismo y de la importancia del derecho internacional. El derecho internacional sustenta los derechos de los Pueblos Indígenas como naciones, lo que los hace más vulnerables si los marcos multilaterales se debilitan o se dejan de lado.

Señora Presidenta, el 25.º período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas coincide con el 25.º aniversario del establecimiento del mandato del Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. Me complace anunciar que este hito será conmemorado con un evento paralelo el viernes 24 de abril. El evento contará con la participación de actores destacados, incluidos antiguos titulares del mandato como el profesor James Anaya y el embajador Cali. No se trata solo de una ocasión para mirar hacia atrás y evaluar su impacto y extraer lecciones aprendidas, sino también de reflexionar sobre el futuro del mandato y renovar nuestro compromiso colectivo con una implementación más sólida, una colaboración más profunda y una rendición de cuentas más significativa.

Hace veinticinco años, cuando se estableció el mandato del Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, vivíamos en una era de cumplimiento, en la que argumentos jurídicos sólidos basados en el derecho internacional producían resultados y los llamados a la reparación tenían una influencia significativa. La mayoría de los países aún consideraban el derecho internacional como la fuerza que unía a ocho mil millones de personas —independientemente de su raza, cultura, nivel de desarrollo o religión— en una sola familia humana. Hoy, esa unidad comienza a fracturarse; el derecho internacional es cuestionado y las potencias buscan cada vez más sus propias esferas de influencia e intentan imponer su dominio sobre otros.

En un contexto global caracterizado por el incumplimiento o el cuestionamiento de las normas internacionales, solo queda una opción para los Pueblos Indígenas: mantenerse firmes y seguir exigiendo el respeto de sus derechos. A pesar de los retrocesos y del desdén por normas establecidas, los Pueblos Indígenas deben permanecer firmes y alzar la voz, negándose a ser silenciados o marginados. Los derechos nunca se otorgan en bandeja de plata: se conquistan gracias a defensores y víctimas que se levantan frente a las violaciones. La incidencia persistente de los Pueblos Indígenas es esencial para mantener la visibilidad y garantizar que sus voces sean escuchadas en el escenario global.

Con el objetivo de ajustar el mandato a este nuevo contexto global, he introducido nuevos elementos. He establecido equipos jurídicos regionales para brindar a los Pueblos Indígenas un mayor apoyo y un acceso más cercano al mandato en su defensa de los derechos humanos. Me complace anunciar que más de diez jóvenes abogados indígenas se han incorporado a equipos regionales en África, América Latina, Asia y otras partes del mundo. Estos equipos se centran en las comunicaciones para fortalecer la capacidad de respuesta del mandato y asegurar que los Pueblos Indígenas se sientan más vinculados a él.

Señora Presidenta, para concluir, quisiera una vez más reconocer la labor del Foro y reafirmar mi compromiso, como titular del mandato, de fortalecer la colaboración con otros mecanismos de las Naciones Unidas relacionados con los Pueblos Indígenas. Sigo creyendo en la capacidad de los Pueblos Indígenas para superar desafíos y dar forma a sus futuros, tal como lo garantiza el derecho internacional. Tras veinticinco años de este mandato y veinticinco períodos de sesiones de este Foro, queda claro que los derechos de los Pueblos Indígenas ya no se encuentran en los márgenes del sistema internacional. Este es uno de los logros que deben preservarse y por los que hay que seguir luchando.

The post Declaración del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas appeared first on Debates Indígenas.