El profesor rural cajamarquino solo pudo gobernar 1 año y 132 días, entre el 28 de julio de 2021 y el 7 de diciembre de 2022. Fue destituido de manera irregular por “permanente incapacidad moral” y acusado de un supuesto “golpe de Estado” que nunca llegó a concretarse. Al no estar tipificada esa conducta como delito, la imputación fue  modificada posteriormente como “conspiración para la rebelión”. La destitución de Pedro Castillo permitió al denominado “pacto mafioso” designar gobiernos títeres bajo su influencia directa, como los de Dina Boluarte (2022-2025), José Jerí León (2025-2026) y José María Balcázar (2026).

El voto rural y el voto de la costa

Desde el primer gobierno de Alberto Fujimori, en 1990, Perú vive una crisis de representación política caracterizada por el colapso del sistema de partidos políticos. En ese marco, el proceso electoral de 2026 fue diseñado por el fujimorismo para generar las mejores condiciones para su conveniencia. La Ley 30.995 redujo drásticamente los requisitos de inscripción de partidos: se pasó de exigir alrededor de 700.000 firmas de adherentes a aproximadamente 25.000 afiliados (0,1 % del padrón electoral). Esa reducción estuvo vigente entre 2019 y comienzos de 2024, lo que permitió que decenas de organizaciones iniciaran o culminaran su inscripción.

Como resultado, el Registro de Organizaciones Políticas llegó a tener 43 partidos habilitados para las elecciones de 2026, un récord histórico. Además, la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fragmentó aún más la oferta electoral, que alcanzó 35 candidaturas presidenciales y una boleta de sufragio interminable. En este contexto, Keiko Fujimori se postuló por cuarta vez a la presidencia, a pesar de arrastrar graves acusaciones por corrupción y de haber permanecido tres periodos en prisión preventiva por presunto lavado de activos y aportes irregulares en el caso Odebrecht. Entre 2018 y 2020, Keiko acumuló 16,5 meses de encarcelamiento. “La acusación central fue anulada en 2025 por el Tribunal Constitucional, cuyos miembros fueron designados por un Congreso con una fuerte influencia fujimorista”, puntualiza el politólogo Omar Coronel. 

Roberto Sánchez obtuvo la mayoría en circunscripciones rurales y Keiko ganó principalmente en territorios de alta concentración poblacional de la costa, además de la ventaja de votos de peruanos en el exterior.

Roberto Sánchez obtuvo la mayoría en circunscripciones rurales y Keiko ganó principalmente en territorios de alta concentración poblacional de la costa.

Los resultados electorales muestran un país dividido, fragmentado y, hasta se podría decir, polarizado y desconfiado del régimen democrático. En la primera vuelta, Keiko Fujimori pasó al balotaje con 17,8% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) accedió con apenas 12,03%. Ambos candidatos representaron menos del 30 por ciento de los votos válidos en primera vuelta. La gran mayoría de los 35 candidatos quedó por debajo de 10 por ciento, lo que grafica la dispersión y pulverización del voto. Aunque en el balotaje Roberto Sánchez se impuso por un estrecho margen en el territorio nacional, la ventaja de Fujimori entre los votantes peruanos del exterior revirtió el resultado final.

Juntos por el Perú ganó en 18 de las 25 circunscripciones regionales (24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao), mientras que Fuerza Popular ganó solo en siete. Por otra parte, Roberto Sánchez obtuvo la mayoría en circunscripciones rurales y Keiko ganó principalmente en territorios de alta concentración poblacional de la costa, además de la ventaja de votos de peruanos en el exterior.

La agenda indígena y ambiental a la deriva

En el debate electoral el tema indígena y ambiental estuvo ausente y sin propuestas concretas. Esto refleja el deterioro del tema en la última década, un periodo marcado por la profunda inestabilidad política en el que Perú llegó a tener ocho presidentes en 10 años. Entre los principales retrocesos se destacan las modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre a través de la Ley 31.973 de 2024, conocida como Ley Antiforestal, a pesar de las advertencias sobre sus nefastas consecuencias. La reacción ciudadana fue enorme y la norma fue criticada incluso por instituciones públicas. En marzo de 2025, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales dos artículos de la ley por una mayoría de cinco votos contra dos, manteniendo en vigencia la disposición más nefasta de la norma: la Única Disposición Complementaria Final.

Manuel Pulgar Vidal, de la World Wide Fund for Nature (WWF), resume el debate electoral: “En estos diez años hemos visto un debilitamiento de las exigencias ambientales en el país. También es una consecuencia indirecta de que Perú haya tenido por diez años tanta inestabilidad política. Esto ha hecho que incluso en los medios de comunicación el tema ambiental esté absolutamente ausente. Ningún partido de gobierno tiene una sólida agenda ambiental en sus planes ni un funcionario sólido que pueda describir elementos básicos de la agenda ambiental”. Por otra parte, un factor grave de preocupación para las comunidades indígenas y para la naturaleza es el incremento de la criminalidad, en particular de la minería ilegal. Frente a este fenómeno, los candidatos no exhibieron propuestas firmes y, más bien, se mostraron condescendientes.

Por su parte, Isabel Calle, Directora Ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señala:“La minería ilegal se ha convertido en una de las principales amenazas para la Amazonía, la gobernabilidad y la seguridad nacional. A ella se suman la tala ilegal, el tráfico de fauna, el tráfico de tierras y la expansión desordenada de actividades que operan al margen de la ley. Estas actividades no son únicamente problemas ambientales: son expresiones de redes criminales que capturan territorios, corrompen instituciones, generan violencia y deterioran la confianza ciudadana. Combatirlas exige mucho más que operativos aislados. Requiere inteligencia financiera, presencia efectiva del Estado, fortalecimiento institucional, coordinación entre niveles de gobierno y alternativas económicas sostenibles para las poblaciones locales. 

El modelo peruano y la desigualdad estructural

Quienes observan a la distancia los indicadores macroeconómicos se sorprenden del “modelo peruano” que aparece como exitoso y prometedor. Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, el país fue una de las economías de mayor crecimiento en América Latina. Entre 2000 y 2019, el Producto Bruto Interno prácticamente se triplicó por el auge de las exportaciones mineras, la inversión privada y la estabilidad macroeconómica, lo cual se reflejó en el aumento del presupuesto público. Sin embargo, el crecimiento ha sido desigual y se ha concentrado en Lima y la costa. Muchas provincias andinas y amazónicas mantienen economías basadas en actividades de baja productividad y escasa presencia estatal.

La informalidad laboral sigue siendo uno de los principales obstáculos para una distribución más equitativa de los ingresos. Alrededor de siete de cada diez trabajadores se desempeñan en empleos informales, con bajos salarios y sin acceso a seguridad social, pensiones o protección frente al desempleo. Otro factor es la desigualdad en el acceso a servicios públicos. Aunque el presupuesto nacional aumentó de manera importante en las últimas dos décadas, la calidad de la educación, la atención de salud, el acceso al agua potable, al saneamiento y a internet siguen siendo muy desiguales; incluso, entre distritos de una misma región. 

Además, el Perú mantiene una de las presiones tributarias más bajas de América Latina y una elevada dependencia de actividades extractivas y de la economía informal. Esto limita la capacidad redistributiva del Estado y reduce los recursos disponibles para sostener políticas públicas universales y de largo plazo. En efecto, uno de los rasgos que caracterizan al país es la persistencia de desigualdades históricas y culturales. La población indígena, afroperuana y rural sigue enfrentando barreras de acceso a servicios, mercados y oportunidades. Estas brechas responden a procesos de larga duración, asociados al centralismo, la exclusión territorial y la discriminación.

Las advertencias sobre la deriva autoritaria

El escenario que proyecta el fujimorismo en el poder es el mismo de los últimos años: las normas a favor de la criminalidad y el paquete de leyes a favor de la amnistía y la impunidad de las Fuerzas Armadas y Policiales están creando las condiciones para un régimen de terror. El analista y fotógrafo Ezio Macchione advierte: “No veo motivos para el optimismo. Veo un país cansado, fracturado, con miedo, con enormes urgencias acumuladas y con una clase política que ha demostrado una y otra vez estar muy por debajo de la gravedad del momento. Y veo, sobre todo, el riesgo de confundir orden con autoritarismo, seguridad con represión, estabilidad con silencio, gobernabilidad con captura del Estado”.

Por su parte, Omar Coronel, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, escribe: “Desde 2022, el país ya era gobernado por una coalición autoritaria donde el fujimorismo tuvo un rol protagónico; las elecciones de 2026 le dan a ese liderazgo la legitimidad de las urnas. La presidenta cuenta con el respaldo de los gremios empresariales, de las Fuerzas Armadas y de una Policía beneficiadas por garantías de impunidad ante violaciones de derechos humanos. Si gobierna con baja popularidad y es sacudida por protestas sociales, su historial sugiere que recurrirá a la represión como principal herramienta de gobernabilidad, con el apoyo de los principales medios de comunicación. El fujimorismo es, a fin de cuentas, la amenaza a la democracia más organizada del país y con los aliados más poderosos”.

“La democracia peruana tendrá que seguir luchando para recuperar la institucionalidad formal que la define mínimamente como democracia, y, más allá de eso, también para conseguir que esta vuelva a ser representativa en alguna medida aceptable”.

“La democracia peruana tendrá que seguir luchando para recuperar la institucionalidad formal que la define mínimamente como democracia”.

En el mismo sentido, el analista norteamericano Steven Levitsky pone el énfasis en la concentración del poder: “Fujimori controlaría el Ejecutivo, tendría peso en el Congreso y, como sabemos, influencia en otras instituciones, incluido el Poder Judicial, las autoridades electorales y sectores de las fuerzas armadas y de seguridad. Además, contaría con un gobierno amigo en Washington bajo la administración de Donald Trump. Eso le daría la posibilidad de consolidar mucho poder, y la oposición tendría que organizarse y trabajar de manera mucho más seria si quiere defender derechos básicos y un sistema competitivo en el Perú”. 

Del mismo modo, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú advierte: “La democracia peruana tendrá que seguir luchando, en primer lugar, para mantener o recuperar la institucionalidad formal que la define mínimamente como democracia, y, más allá de eso, también para conseguir que esta vuelva a ser representativa en alguna medida aceptable”. En tanto, la activista social y comunitaria Nury García señala: “Pienso en el desafío de una nueva articulación política que pueda conectar memoria, precarización, violencia criminal, extractivismo, desigualdad, crisis ecológica, cuidados y nuevas formas de sufrimiento social. Es el desafío de poder producir un sujeto político amplio, sin borrar las memorias específicas de cada lucha”. 

La salida es colectiva

Un primer desafío de orden pragmático es que la oposición en el Congreso que defiende los derechos humanos y las libertades democráticas se mantenga unida y coordine plataformas vivas con los movimientos sociales y la sociedad civil. Para tal fin, será clave sostener una movilización persistente, activa y no violenta, para evitar darle al gobierno el pretexto represivo que busca. El movimiento indígena y las organizaciones de la sociedad civil corren el riesgo de ser avasalladas por el poder autoritario si se mantienen fragmentadas, en aislamiento, cada una con su agenda particular, sin construir diálogos y alianzas fructíferas que ensanchen el horizonte de cada perspectiva. 

El sectarismo, el oportunismo y el individualismo siguen siendo lastres que dividen y debilitan la capacidad de resistencia y de lucha de quienes defienden derechos y libertades en un mundo cada vez más asolado por el negacionismo, la vocación autoritaria, tanto de izquierda como de derecha, y la polarización a favor de intereses transnacionales. Juega a favor de los sectores populares que las promesas e ilusiones electorales del fujimorismo comenzarán a contrastar con la realidad y con las expectativas. De no ser atendidas y satisfechas generará descrédito e incrementará la frustración.

El pobre discurso de asunción de mando presidencial y el primer gabinete de ministros evidencia la ausencia de cuadros políticos y técnicos con capacidad para hacer un buen gobierno. Asimismo, el amplio pedido de facultades para legislar por decreto hace evidente que el gobierno de Keiko Fujimori desea tomar decisiones claves entre bambalinas, de espaldas a la ciudadanía y al escrutinio público.

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Como es sabido, la administración peruana ha incumplido la ley y el espíritu de estos acuerdos internacionales al promocionar una política agresiva de extracción de recursos naturales y, de desarrollo de megaproyectos agroindustriales, hidroenergéticos y viales. Ello ha afectado los territorios y la vida de los Pueblos Indígenas por medio de desplazamientos forzados y contaminación (por sólo citar las consecuencias más evidentes). En lugar de brindarles algún tipo de compensación, estos pueblos son acusados abiertamente por las primeras autoridades del Estado de ser un obstáculo para el progreso económico de la nación. 

La situación es aún más compleja cuando el avance extractivista ha venido acompañado por una progresiva regresión de los ya paupérrimos derechos territoriales que reconocía la única ley peruana al respecto, la Ley de Comunidades Nativas, cuya primera versión data de 1974. En este contexto político, legal, económico y social, los Pueblos Indígenas han iniciado procesos de reconocimiento del llamado territorio indígena integral, después de tomar conciencia sobre las limitaciones del marco normativo actual y a partir de una nueva visión del derecho al espacio que ocupan. Pero, ¿qué es el territorio integral?

La noción de territorio integral

El espacio territorial de los Pueblos Indígenas ha sido visto durante décadas como una simple superficie poligonal de tierra que circunscribía el espacio necesario para la subsistencia de la población y debía titularse a su nombre. La ley de Comunidades Nativas de 1974 estaba inspirada bajo esta idea. Sin embargo, en la actualidad, la noción de territorio integral tiene en cuenta el conjunto de las relaciones que un Pueblo Indígena establece con el entorno y, en especial, desde su propia percepción, que puede distar mucho de la visión simplista de una superficie de tierra necesaria para la alimentación. 

El territorio integral comprende todo lo relacionado con los procesos de intercambio práctico, afectivo y cognitivo entre humanos y el medio ambiente para satisfacer las necesidades productivas y reproductivas de una colectividad social, pero en función de sus prioridades culturales. También incluye los vínculos parentales, sociales y políticos que se establecen en el seno de un grupo étnico para aprovechar adecuadamente las oportunidades que ofrece la biósfera circundante. Además, incorpora la historia de su presencia, en las áreas que ocupa o ha ocupado, establecida tanto a partir de pruebas documentales como de la historia oral. 

Por otro lado, el territorio integral comprende la llamada ecología simbólica, es decir, la percepción autóctona de los factores bióticos y abióticos del medio, alejada a menudo de la dualidad convencional entre naturaleza y cultura. Esta concepción le permite a la población indígena satisfacer sus necesidades, no sólo materiales, sino también aquellas llamadas metafísicas (por la filosofía) o espirituales (por la religión). Por último, podríamos citar las condiciones sociales, políticas y jurídicas, individuales y colectivas de la ocupación espacial, así como los procesos, expectativas, transformaciones y conflictos que conlleva. 

Autodemarcación y cartografiado

Como los Pueblos Indígenas del noroeste de la Amazonía peruana no confían más en el Estado, actualmente buscan en el exterior el apoyo necesario para su causa. Y lo encuentran en un desarrollo sin precedentes del derecho internacional de los Pueblos Indígenas, pero que sólo concibe la noción de pueblo como sujeto de derecho. Las comunidades nativas no tienen un equivalente en el derecho internacional contemporáneo: la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) de 2007 es bien explícita en este sentido. En efecto, el elemento de derecho más importante de la DNUDPI es la libre determinación que corresponde al pueblo en su conjunto y no a una parte de él, como sería una comunidad.

La libre determinación le permite a un Pueblo Indígena determinar libremente su condición política y su sistema de representación. En lo que concierne al territorio (que según la DNUDPI es el territorio tradicional que poseen o han poseído), los Pueblos Indígenas pueden disponer libremente de sus recursos y utilizarlos de acuerdo con sus prácticas, sistemas de tenencia y normas internas. Ahora bien, la posibilidad de que los Estados promuevan la libre determinación de los Pueblos Indígenas que albergan, tal y cómo es formulada por la DNUDPI, se encuentra todavía muy distante de la realidad. 

Por esta razón, algunos Pueblos Indígenas, en particular del noroeste de la Amazonía peruana, han empezado a determinar por sí mismos su territorialidad, los límites de su territorio y la condición política de éste. Auto-constituirse como Pueblo Indígena, definir el territorio, pactarlo con los pueblos y otros colectivos implicados, determinar el tipo de titularidad a la que se acogen y regular la forma de gobierno territorial son formas de practicar la libre determinación. Y ésta es una tarea que compete a cada Pueblo Indígena. 

El derecho a mapear sus propios territorios

Lograr el reconocimiento del Estado nacional y de la comunidad internacional es un objetivo que debe alcanzar el propio movimiento indígena. Son las propias organizaciones regionales, nacionales e internacionales las que deben conquistar y ejercer su derecho a la libre determinación con el apoyo de las instituciones que, en el derecho internacional, vigilan la aplicación y desarrollo de los derechos fundamentales enunciados por la Organización de las Naciones Unidas. 

Años atrás, los indígenas peruanos, como la mayoría de pueblos de América, no disponían de una simple declaración. No tenían tampoco delimitado su espacio territorial, ni siquiera un mapa aproximado que definiera su localización. En muchos casos, los últimos mapas precisos que describen el espacio territorial de la totalidad de un Pueblo Indígena, cuando los hay, datan del período colonial y, fueron realizados por los misioneros o administradores coloniales.

Disponemos de un mapa que incluye a todos los territorios indígenas de la región: es el resultado de intensas negociaciones, en centenares de reuniones y asambleas, muchas de ellas interétnicas para establecer de forma negociada los límites territoriales.

Disponemos de un mapa que incluye a todos los territorios indígenas de la región: es el resultado de intensas negociaciones, centenares de reuniones y asambleas.

En el último tiempo, las cosas han cambiado. A partir de los primeros trabajos realizados por el pueblo Kandoshi, otros pueblos del noreste amazónico han iniciado procesos similares, demarcando sus propios territorios, realizando estudios antropológicos y desarrollando argumentos jurídicos destinados a sustentar la noción de territorio integral. Después del pueblo Kandoshi, le han seguido los pueblos Achuar, Shapra, Shiwilo, Kukama y Shawi. Más tarde, fue el turno de los pueblos Awajun y Wampis. 

Las organizaciones regionales como la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas (CORPI) han estado promoviendo estos trabajos de mapeo, buscando los recursos tanto humanos como materiales para llevarlos a cabo a buen término. Hoy en día disponemos incluso de un mapa que reúne a todos los territorios indígenas de la región, que no es un mapa cualquiera: es el resultado de intensas negociaciones en centenares de reuniones y asambleas, muchas de ellas interétnicas, para establecer de forma negociada los límites territoriales.

Un momento histórico

De todos los Pueblos Indígenas de la región que han iniciado procesos de auto-demarcación territorial, el pueblo Wampis ha sido el primero en dar el paso siguiente: conformar el primer Gobierno Autónomo Indígena del Perú. En noviembre de 2015, más 300 representantes de las 85 comunidades wampis se declararon como nación, firmando una carta constitucional llamada Estatuto de la Nación Wampis, en donde se definió un perímetro territorial de alrededor de 1.300.000 hectáreas y se enumeraron los órganos de gobierno. 

Después de elegir las autoridades, se emitió la primera ordenanza como acto de gobierno Esta ordenanza versa precisamente sobre la integralidad del territorio wampis que no puede ser dividido, ni en comunidades ni en áreas ecológicas ni bajo ningún otro criterio. Esta acción realizada por el pueblo Wampis significó un salto cualitativo en la ya larga vida de la política indígena en la selva peruana. Por primera vez, un Pueblo Indígena expresó su libre determinación en un acto de soberanía. 

Además, el pueblo Wampis no es el único que ha iniciado este camino ya que el resto de los Pueblos Indígenas vecinos, como los kandoshi o los awajun, por poner sólo dos ejemplos, han emprendido la misma transición. Aún es pronto para saber cuál será el futuro de estos nuevos gobiernos autónomos y otros que puedan constituirse. La posición del Estado peruano, o de las instancias internacionales, es también difícil de prever en estas fases iniciales. Lo que es indudable, es que nos encontramos ante un momento histórico en la lucha protagonizada por los indígenas americanos. 

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Los wampís comparten raíces históricas y culturales con otros pueblos del grupo jíbaro, como los shuar, awajún y achuar. Desde mediados del siglo XX, comenzaron a organizarse en comunidades nucleadas y, más adelante, en federaciones como el Consejo Aguaruna y Huambisa (CAH), dando origen a una estrategia de recuperación territorial que desembocaría en el proyecto autonómico actual.

El GTANW no surgió de un vacío, sino de un proceso de acumulación de luchas, debates y construcción organizativa. Durante décadas, las comunidades denunciaron las limitaciones del modelo de comunidades nativas y comenzaron a elaborar visiones más integrales de territorio, identidad y autogobierno. De este modo, la creación del GTANW fue una afirmación colectiva de continuidad histórica y una respuesta a los vacíos jurídicos del Estado peruano.

Orígenes históricos de la lucha territorial wampís

La historia del autogobierno Wampís no comienza en 2015. Durante siglos, este pueblo amazónico ha defendido su territorio frente a diversos actores. Su autonomía se nutre de una larga trayectoria de defensa territorial contra los incas, colonizadores, caucheros, colonos andinos, invasores y actores estatales. De este modo, la resistencia territorial ha sido una constante.

A mediados del siglo pasado, las familias wampís comenzaron a agruparse en comunidades nucleadas, motivadas principalmente por el acceso a la educación. Fue entonces cuando surgió el modelo de “comunidades nativas”, impulsado por la Ley de Comunidades de 1974, que reconocía la propiedad colectiva pero fragmentaba el territorio ancestral.

La formación del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís fue el resultado de décadas de organización, experiencias comunitarias, estudios técnicos y afirmación identitaria. Fue también una respuesta a los límites del modelo estatal.

La formación del GTANW fue el resultado de décadas de organización, experiencias comunitarias, estudios técnicos y afirmación identitaria. 

Por este camino, en 1976 se creó el Consejo Aguaruna y Huambisa (CAH), que representaba tanto a los awajún como a los wampís. Desde entonces, la reivindicación territorial fue asumida como una prioridad colectiva de ambos pueblos. En efecto, como las primeras titulaciones no cubrían la totalidad de los territorios ancestrales, comenzaron a demandar una “reserva comunal” integral. Este reclamo nunca fue atendido por el Estado.

Esta frustración llevó a que las comunidades wampís plantearan una estrategia más ambiciosa: reconstruir su autonomía desde el territorio y la cultura. De este modo, la formación del GTANW fue el resultado de décadas de organización, experiencias comunitarias, estudios técnicos y afirmación identitaria. Fue también una respuesta a los límites del modelo estatal.

Consolidar la autonomía: organización, diagnóstico y formación

Desde su proclamación, el GTANW ha desarrollado un amplio proceso de planificación y ejecución territorial. Ha realizado estudios jurídicos, mapas culturales y acuerdos de límites con pueblos vecinos. Paralelamente, ha puesto en marcha diagnósticos participativos sobre salud, educación, juventud, mujeres y territorio. A partir de estos resultados, definió cinco ejes de acción: educación, salud, economía, comunicaciones y biodiversidad.

En este sentido, destacan la Escuela de Líderes Sharian, que ha formado a decenas de jóvenes de las comunidades Kanús y Kankaim en liderazgo político, historia y derechos indígenas. También se han realizado siete talleres para comunicadores y comunicadoras, fortaleciendo la radio Tuntui, el periódico Nakumak, el sitio web y las redes sociales del GTANW. Estas herramientas han sido claves para visibilizar la agenda autónoma desde la propia voz wampís.

El Código de Convivencia Comunitaria y el Código Penal Wampís, actualmente en debate en las asambleas, buscan fortalecer la justicia indígena y los mecanismos internos de resolución de conflictos.

El Código de Convivencia Comunitaria y el Código Penal Wampís buscan fortalecer la justicia indígena y los mecanismos internos de resolución de conflictos.

Otro hito ha sido la elaboración de un censo autónomo que permitió corregir las omisiones del censo nacional y actualizar el número real de habitantes. En paralelo, el proceso de zonificación territorial con enfoque cultural e indígena ha delineado áreas de uso tradicional, zonas sagradas, territorios de conservación y espacios productivos. Este trabajo técnico se articula con planes de manejo que recuperan saberes ancestrales y proponen una economía sostenible desde el bosque.

Además, se han elaborado documentos muy importantes como el Código de Convivencia Comunitaria y el Código Penal Wampís, actualmente en debate en las asambleas. Estas normas buscan fortalecer la justicia indígena y los mecanismos internos de resolución de conflictos. Su desarrollo muestra la capacidad normativa del GTANW y la profundidad del proceso autonómico.

Enfrentar amenazas: el oro, la madera, el lote 64 y la expropiación estatal

La nación Wampís ha debido enfrentar diversas amenazas externas: la parcelación de sus comunidades, la extracción ilegal de oro y madera, los intentos de categorización estatal del cerro Kampankias y las concesiones petroleras sin consulta previa. La nación Wampís ha respondido con acciones legales, denuncias, alianzas con organizaciones como la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), y con el monitoreo ambiental a través del grupo de control socioambiental Charip (relámpago en idioma wampís), formado por voluntarios entrenados en vigilancia territorial.

Uno de los principales conflictos fue con la corporación colombiana Geopark, especializada en la exploración y producción de petróleo y gas, que pretendía operar el Lote 64 en el territorio de Kankaim. Durante la pandemia, la empresa ingresó acompañada por el ejército, lo que desencadenó una fuerte reacción comunitaria y una dura demanda por falta de consulta previa. Finalmente, Geopark se retiró, pero la amenaza continúa vigente, ya que Petroperú busca nuevos socios para explotar el lote.

La minería ilegal no sólo contamina el agua con mercurio, poniendo en grave peligro la salud de los habitantes, sino que fractura la cohesión social.

La minería ilegal no sólo contamina el agua con mercurio, poniendo en grave peligro la salud de los habitantes, sino que fractura la cohesión social.

En cuanto a la minería ilegal, el GTANW ha enfrentado intentos de extracción de oro con dragas en zonas como Pastacillo. Esta actividad no sólo contamina el agua con mercurio, poniendo en grave peligro la salud de los habitantes, sino que fractura la cohesión social. También se han reportado amenazas directas contra líderes como el Pamuk (máxima autoridad) Wrays Pérez. Ante ello, el Estado otorgó medidas de protección que aún no se han implementado eficazmente.

Finalmente, frente a la intención estatal de convertir el cerro Kampankias en un Área Protegida, el GTANW ha insistido en que se trata de un territorio sagrado para la Nación Wampís y le ha advertido al gobierno que aceptar esa categorización implicaría una expropiación indirecta. Por eso, han documentado su uso ancestral y han realizado acciones de incidencia a nivel nacional e internacional.

Diplomacia desde el territorio y proyección continental

La autonomía wampís también se ejerce en clave diplomática. El GTANW ha establecido alianzas con gobiernos regionales, universidades, ONG nacionales e internacionales (IWGIA, Nia Tero, Amazon Watch), embajadas (Reino Unido, Suecia, España) y organismos internacionales como el Foro Permanente de la Organización de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Estas alianzas han servido no sólo para visibilizar su lucha, sino para acceder a apoyo técnico, recursos logísticos y respaldo político. Por ejemplo, el GTANW ha logrado que algunos gobiernos regionales reconozcan de facto su existencia mediante ordenanzas. En el plano internacional, han presentado informes y documentos oficiales ante la ONU y la Organización de Estados Americanos.

Frente a un Estado que aún niega el reconocimiento jurídico a las naciones originarias, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís ha trazado un camino propio, con resultados tangibles y proyección internacional.

La red emergente de gobiernos territoriales autónomos fortalece una visión compartida de autodeterminación indígena.

Además, han compartido su experiencia con otros procesos autonómicos en Perú, como los pueblos Awajún, Chapra, Achuar, Shawi y Shipibo. Esta red emergente de gobiernos territoriales autónomos fortalece una visión compartida de autodeterminación indígena, con intercambio de metodologías, estrategias y defensa colectiva.

La experiencia wampís demuestra que el autogobierno es posible desde el territorio y la memoria colectiva. Frente a un Estado que aún niega el reconocimiento jurídico a las naciones originarias, el GTANW ha trazado un camino propio, con resultados tangibles y proyección internacional. Ante amenazas extractivas o sanitarias, el GTANW ha logrado coordinar con instituciones públicas y organismos cooperantes. Esta articulación le ha permitido sostener una autonomía práctica, más allá de la falta de reconocimiento jurídico formal.

Un modelo para otras autonomías indígenas

La experiencia del GTANW no es un caso aislado. En los últimos años, al menos una docena de pueblos amazónicos han iniciado procesos similares de autodeterminación. Algunos ya cuentan con gobiernos autónomos en funcionamiento, como los Chapra, Shawi o Shipibo-Conibo. Otros están en fase de demarcación o redacción de estatutos. Estos procesos expresan una nueva etapa del movimiento indígena amazónico. 

Más allá de la lucha por títulos de propiedad, los pueblos amazónicos plantean una reorganización del poder territorial y una exigencia de reconocimiento como sujetos jurídicos colectivos. Desde un enfoque de gobernanza indígena, los gobiernos territoriales autónomos articulan derecho consuetudinario, espiritualidad, planificación territorial y estrategias legales. Esta combinación les permite sostener una gestión práctica del territorio, incluso sin reconocimiento legal por parte del Estado.

El Gobierno Autónomo de la Nación Wampís funciona como un modelo de referencia, por su legitimidad interna, continuidad institucional y capacidad de incidencia. Este pueblo amazónico ha demostrado que el autogobierno no es una aspiración simbólica, sino una realidad en construcción. Con resultados concretos y un horizonte político claro, su experiencia interpela al Estado peruano y ofrece inspiración a otros pueblos que luchan por su autonomía y dignidad.

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En esos años se elaboraron una serie de nuevos documentos rectores: la Propuesta Pedagógica EIB (2013), la Política Sectorial de Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe (2016) y el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021 (2016). También se expandió la capacidad de atención a la población indígena: entre 2013 y 2019 se pasó de 21.832 escuelas calificadas y 832.159 alumnos a 26.862 instituciones y 1.238.329 estudiantes. Asimismo, se crearon tres bases de datos: el Registro Nacional de Instituciones Educativas; el Registro de Lenguas y Mapa Etnolingüístico; y el Registro y evaluación del dominio de lenguas originarias de los docentes bilingües del Perú.

Finalmente, se desarrollaron materiales en 18 lenguas originarias y se implementó el Programa de Acompañantes de Soporte Pedagógico Intercultural. Sin embargo, con la llegada de un nuevo gobierno, el énfasis viró desde las decisiones políticas hacia el logro de resultados de aprendizaje medibles y estandarizados. Para fines de ese decenio la inestabilidad política había permeado el sector: hubo 15 ministros de educación entre 2016 y 2024. Sumado al ingreso de sectores conservadores opuestos a las reformas realizadas, el enfoque de derechos, incluido el énfasis en interculturalidad, entró en un franco retroceso hasta el día de hoy.

La EIB del 2020 al 2024: retrocesos de un Estado como garante del derecho

Desde 2020, asistimos a un escenario de medidas regresivas promovidas desde el propio Ministerio de Educación, mediante normas que, en caso de ser aprobadas, significarían un retroceso. En 2022, el Estado impulsó dos iniciativas que buscaban reducir la Educación Intercultural Bilingüe. En primer lugar, el Ministerio le requirió a las Direcciones Regionales una lista de las instituciones educativas que serían “exceptuadas” de la aplicación de la Educación Intercultural Bilingüe. Esto significaba que saldrían del Registro Nacional de Instituciones Educativas de EIB y, por ende, no requerirían docentes, ni materiales, ni presupuesto especial.

Meses más tarde, el Ministerio de Educación emitió otra norma que eliminaba el requisito del dominio de una lengua originaria para ser director de una escuela EIB de Revitalización Cultural y Lingüística, es decir, de aquellas instituciones en las que los niños indígenas son bilingües de herencia y de escuelas EIB en ámbitos urbanos. Si esta norma se llegaba a aprobar, el director de una escuela EIB podía ser ajeno a la lengua y cultura de sus estudiantes. En ambos casos, hubo cuestionamientos y movilización por parte de organizaciones indígenas y de la sociedad civil, ante lo cual el Minedu dejó sin efecto las medidas.

En 2022, un sector del magisterio vio las plazas en las instituciones de educación intercultural como una posibilidad de trabajo, aunque no cumplieran con los requisitos.

A inicios de 2024, se nombraron más de 600 docentes que no cumplían los requisitos en plazas de la Educación Intercultural Bilingüe de la región amazónica.

En 2022, la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, base social del entonces gobierno de Pedro Castillo, solicitó que las constancias de manejo de la lengua originaria no fuesen consideradas como requisito para acceder a una plaza docente en las instituciones de Educación Intercultural Bilingüe. Además, solicitaron que la lengua originaria fuera solo un área curricular. De este modo, un sector del magisterio vio las plazas en las instituciones de educación intercultural como una oportunidad de trabajo, aunque no cumplieran con los requisitos. 

A inicios de 2024, se nombraron más de 600 docentes que no cumplían los requisitos en plazas EIB de la región amazónica. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) denunció este hecho y exigió anular los nombramientos. Hasta la fecha, Minedu no ha respondido. En octubre del 2024, el ministerio modificó una serie de aspectos de las escuelas EIB: entre ellos la normativa para caracterizar a una institución educativa como EIB. En esta se incluyen los criterios etnolingüísticos o la autoidentificación cultural lo cual es positivo, sin embargo, también considera que la iniciativa debe partir de la solicitud de la propia escuela firmada por su director y el presidente de la Asociación de Padres de Familia (Apafa). El conflicto es que la EIB es un derecho que no puede quedar a discreción de las personas.

Marco normativo, docentes de calidad y gestión descentralizada

El Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe finalizó en 2021 y aún no se ha elaborado uno nuevo: funciona de facto sin un plan que oriente sus objetivos. En tanto, la Política Nacional de Educación se planteó como política de Educación Intercultural (EI) para todos y de EIB para los Pueblos Originarios. Esta separación fue objeto de críticas porque segregaba a los indígenas del resto de la población. Su nueva actualización, que regirá hasta 2040, apuesta por un modelo intercultural y bilingüe para todos. Sin embargo, existen voces que alertan sobre el riesgo de que una EIB “para todos” termine disolviendo a la población escolar indígena en la población escolar nacional y pierdan su derecho a un modelo escolar que responda a sus características culturales específicas.

La oferta adecuada de docentes formados en EIB es una tarea pendiente. Según información estadística de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, existen 72.701 plazas docentes de escuelas EIB, pero sólo 52.253 (el 72%) de ellas están ocupadas por docentes que tienen esta formación. Las 20.448 plazas restantes (el 28%) están conformadas por personas bilingües con estudios pedagógicos no concluidos, con títulos profesionales en otra especialidad o sin ningún título profesional. De estos docentes, unos 11.736 (el 57,4%) son personas monolingües castellanas que no hablan la lengua de los niños a los que enseñan y tampoco tienen título ni estudios pedagógicos. Desde ya que esto afecta la adecuada implementación del modelo de Educación Intercultural Bilingüe.

La gestión de la Educación Intercultural Bilingüe en el Perú está centralizada en el Ministerio de Educación ubicado en Lima. Sin embargo, existen gobiernos regionales que desarrollan experiencias de implementación en sus territorios.

La gestión de la Educación Intercultural Bilingüe en el Perú está centralizada en el Ministerio de Educación ubicado en Lima.

Para cerrar la brecha se necesitan 3.656 nuevos docentes. Sin embargo, sólo existen 33 programas de Educación Intercultural Bilingüe en un total de 104 instituciones de educación superior públicas y en 11 universidades que atienden dos de las cuatro lenguas andinas; en el caso de las 38 amazónicas, únicamente siete tienen esta especialidad. El Plan de Desarrollo Docente en EIB para el cierre de brechas (2023) aún se encuentra a la espera de su aprobación. La antropóloga especializada en educación Lucy Trapnell advierte: “El carácter civilizatorio y castellanizador que ha caracterizado a la escuela de los siglos XIX y XX sigue presente en el sistema y en la mentalidad de los funcionarios, y hace perder de vista cuestiones tan evidentes como las aquí planteadas”.

Finalmente, la gestión de la EIB en el Perú está centralizada en el Ministerio de Educación ubicado en Lima. Sin embargo, existen gobiernos regionales que desarrollan experiencias de implementación en sus territorios. Desde 2023, las regiones de Ucayali, Loreto, Huánuco, San Martín, Amazonas y Madre de Dios construyen una agenda común para revertir sus bajos resultados de aprendizaje y establecer un diálogo intergubernamental con el poder central. La directora regional de Educación de Ucayali, Nora Delgado, señala que las plazas docentes, la elaboración de materiales y el acompañamiento pedagógico podrían ser gestionados desde las regiones, pero se necesitaría una nueva asignación presupuestaria.

La pérdida de presupuesto y la micropolítica del aula

Uno de los rasgos más visibles del retroceso del enfoque de derechos es la constante disminución de recursos destinados a la EIB. En 2016, los 142.000 millones de soles gastados en EIB habían representado el 0,6% del presupuesto de educación y habían sido destinados al acompañamiento pedagógico (75%) y a materiales educativos (25%). En 2024, la asignación del gasto en actividades referidas a la EIB ascendió a 47.536.745,45 soles, es decir, el 0,13% del gasto total designado a la educación y la tercera parte del presupuesto indicado para 2016. Son tres los rubros a los que se destinaron estos recursos: materiales educativos para el logro de estándares de aprendizaje (74,18%), desarrollo de la educación Intercultural, Bilingüe y Rural (25,73%) y docentes con formación en servicio y acompañamiento pedagógico (0,09%).

Paralelamente, la población escolar de la EIB representa el 14% de los estudiantes peruanos. Del total de instituciones educativas de Educación Básica Regular en el país, el 32,4% son EIB. Una escuela desarrolla una propuesta de EIB cuando cumple con tres requisitos: “1) cuenta con docentes bilingües formados en EIB, 2) desarrolla una propuesta pedagógica de EIB; y 3) cuenta con materiales en la lengua originaria de los estudiantes y en castellano. De acuerdo con los datos presentados en el balance de implementación del Plan Nacional de EIB, en mayo de 2022, sólo el 19,5% de los estudiantes indígenas de nivel inicial y el 21,6% de primaria acceden a una escuela que tiene estos tres componentes.

Cuando se tienen las condiciones necesarias y se desarrolla una práctica pedagógica intercultural bilingüe, los estudiantes indígenas aprenden. Por esta razón, se necesitaría que el 100% de escuelas EIB cuenten con las condiciones para aprender.

Cuando se tienen las condiciones necesarias y se desarrolla una práctica pedagógica intercultural bilingüe, los estudiantes indígenas aprenden. 

Estos componentes resultan determinantes respecto a las posibilidades de aprender de las niñas y los niños de Pueblos Originarios, como lo demuestran los resultados de la evaluación censal de estudiantes de 2014, año en el que subió el porcentaje de estudiantes con el nivel esperado en comprensión lectora en instituciones educativas de EIB. Esto evidencia que cuando se tienen las condiciones necesarias y se desarrolla una práctica pedagógica intercultural bilingüe, los estudiantes indígenas aprenden. Por esta razón, se necesitaría que el 100% de escuelas EIB cuenten con las condiciones para aprender.

Por otro lado, hace falta generar información actualizada, sobre todo cualitativa, sobre qué ocurre al interior de las aulas. Lamentablemente, algunas instituciones no están libres de discriminación, ni constituyen un espacio seguro, sobre todo, para las niñas. La Defensoría del Pueblo ha intervenido para supervisar su implementación en residencias estudiantiles (inadecuadas condiciones de infraestructura, alimentación y seguridad) y, para investigar las denuncias de agresión y abuso sexual a menores en la provincia amazónica de Condorcanqui. En atención a sus recomendaciones, el Ministerio de Cultura conformó el “Pacto por la Niñez Indígena Amazónica” para erradicar la violencia contra niñas, niños y adolescentes indígenas de la región. 

A modo de cierre: la experiencia del pueblo Wampis

Por último, una dimensión que merece ser mencionada es la experiencia de los Gobiernos Territoriales Autónomos (GTA) de varios Pueblos Indígenas de la región amazónica. Una de estas experiencias es la del pueblo Wampis. El encargado de educación del GTA Wampis, Kefren Graña, explica que el gobierno autónomo ha elaborado una propuesta curricular propia en un proceso que fue liderado por una comisión especial de sabios y docentes indígenas, con el apoyo de especialistas mestizos, e involucró a diferentes actores en las comunidades, como jóvenes, autoridades y profesionales.

Esta propuesta curricular, que tiene como objetivo atender necesidades y demandas del pueblo, parte de una matriz de aprendizajes y saberes propios para luego buscar su articulación con el currículo nacional. El currículo está organizado desde una perspectiva integral del conocimiento propio del pueblo Wampis, a partir de grandes conocimientos ordenados por edades y que responden a la vida en el territorio. Si bien esta propuesta se encuentra en una etapa de validación, enfrenta la resistencia de algunos grupos dentro del mismo pueblo. El paso siguiente será establecer el diálogo con las autoridades nacionales del Ministerio de Educación, de cara a la articulación a nivel formal con el currículo nacional.

En síntesis, podemos observar que, en el Perú, la EIB es todavía una enorme tarea pendiente. A pesar de algún período de auge, en los últimos años, el retroceso de las condiciones políticas para una mejor gestión e implementación de la EIB amenaza y perjudica el cumplimiento del derecho de los niños y las niñas indígenas a una educación pertinente y de calidad. El cumplimiento de este derecho sigue enfrentando hasta hoy con una mentalidad colonial y racista que ha caracterizado la historia del país. Queda pendiente defender lo avanzado.

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La etnia kukama asciende a cerca de 36.000 personas y es una de las más numerosas de la Amazonía peruana. Las comunidades kukama están ubicadas en las márgenes del alto río Amazonas y sus tributarios, incluyendo los ríos Marañón, Ucayali, Nanay, Itaya y Huallaga.  Si bien la mayoría de las comunidades vive en territorio peruano, también hay algunas comunidades en Colombia y Brasil. 

Los kukama fueron uno de los primeros Pueblos Originarios de la Amazonía peruana en ser contactados por europeos, específicamente, en 1557 por la expedición de Juan Salinas de Loyola. En tiempos más recientes, a raíz de la discriminación, la mayoría de los kukamas procuraban esconder su identidad indígena y dejaron de enseñarles la lengua a sus hijos, para que ellos no sean discriminados. Sin embargo, durante las últimas dos décadas, muchos kukamas están revalorando su cultura e identidad indígena y cada día más jóvenes expresan su deseo de aprender la lengua kukama.

El desafío de recuperar una lengua

La Amazonía es uno de los lugares con mayor diversidad lingüística del mundo.  En la región peruana se hablan 44 lenguas originarias, pero la mayoría de estas están en estado de obsolescencia o peligro de extinción porque los niños no están aprendiendo la lengua materna. La habilidad de hablar la lengua ancestral es un elemento importante para afirmar la identidad, una fuente de orgullo y empodera a los Pueblos Indígenas para exigir que se respeten sus derechos colectivos. Como la lengua constituye una de las principales instituciones sociales y culturales de un pueblo indígena, el Estado Peruano considera a la habilidad de hablar la lengua originaria uno de los criterios objetivos utilizados para identificar a un Pueblo Originario y para otorgarles títulos para sus territorios ancestrales.  

En este sentido, revalorizar la cultura es un elemento crucial para la revitalización lingüística. Pero, desafortunadamente, no todas las comunidades kukama cuentan con miembros que recuerdan la lengua, los pocos sabios que pueden enseñarla ya son muy ancianos y hay pocos materiales disponibles para el aprendizaje del idioma kukama.  Además, aprender una segunda lengua requiere mucha motivación y una significativa inversión de tiempo. Por eso, la revitalización de una lengua moribunda es un gran reto, pero esto no significa que sea imposible si el pueblo está dispuesto y cuenta con la ayuda de aliados.

Tomando en cuenta estos factores y observando la considerable cantidad de tiempo que los niños indígenas pasan jugando en teléfonos móviles, la ONG Acate Amazon Conservación ha desarrollado juegos electrónicos en la lengua kukama y otras lenguas originarias del Perú para aprender el idioma. A la vez, los juegos son un medio de transmisión intergeneracional de conocimientos ecológicos ancestrales.

Del conocimiento ancestral a la pantalla

El más reciente aplicativo producido por Acate Amazon Conservación y financiado por la International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) se llama “Memoria Kukama”.  Está basado en un juego de mesa clásico, pero en el contexto de una expedición a través de la selva y por los ríos, lagos, y riachuelos. El juego cuenta con 40 niveles, premios, dibujos de escenas ecológicas y elementos interactivos que lo hacen divertido y competitivo.  “Memoria Kukama” ayuda a aprender tanto la pronunciación como la escritura de los nombres de los animales, peces, árboles plantas y hábitats, en qué ecosistemas se encuentran.

La producción del aplicativo no hubiera sido posible sin las enseñanzas de las sabias kukamas Rosa Amías Murayari y María Ricopa Aricari. Estas poseedoras del conocimiento ancestral nos enseñaron los nombres de los animales, plantas y ecosistemas en la lengua kukama, indicaron en qué tipo de hábitat se encontraban y proporcionaron las grabaciones de voz que se reproducen al tocar las imágenes.

Las imágenes fueron dibujadas por Guillermo Nëcca Pëmen Mënquë, un artista de la etnia matsés.  Además de ser talentoso con el pincel, el artista posee un conocimiento profundo de la ecología del bosque amazónico y los hábitos de los animales, lo que hace a sus dibujos realistas y atractivos.

Revitalizar una lengua: el deseo y la creatividad

Por supuesto que no creemos que sólo con aplicativos se puede revitalizar una lengua, pero en combinación con la Educación Intercultural Bilingüe, los videos elaborados por los propios kukama y la Radio Ukamara que transmite desde la ciudad de Nauta, los juegos electrónicos son un elemento significativo para que los kukamas puedan revitalizar su lengua originaria y su cultura ancestral.

Diez años atrás, parecía que la cultura y el idioma de los kukama estaban en camino a la extinción, tal como ha pasado con tantos otros pueblos amazónicos. Pero hoy se ve una Federación Kukama fuerte, unida y orgullosa en el horizonte. Especialmente, porque la revalorización de su identidad indígena y el deseo de revitalizar su lengua ancestral han emergido del mismo pueblo Kukama. Y es una oportunidad para que sus aliados les brinden su apoyo en este gran desafío de rescatar su idioma y su cultura.

Además de ayudar a aprender la lengua kukama y transmitir los conocimientos ecológicos tradicionales, las aplicaciones en los teléfonos móviles les muestran a los jóvenes kukamas que su cultura es compatible con las nuevas tecnologías del siglo XXI. Acate Amazon Conservación está comprometida a seguir buscando financiamiento para ayudar a los kukamas a crear más aplicativos, siguiendo las enseñanzas de los sabios y las ideas innovadoras de los niños y niñas.

Los aplicativos se pueden descargar gratuitamente haciendo click aquí.

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Según las fuentes orales que se conservan hasta la actualidad, si bien el aumento del impuesto del oro de parte del gobernador de Macas colmó la paciencia de los ancestros, la introducción de nuevas enfermedades, las violaciones sexuales y el trato infrahumano del que era víctima la población nativa fue la razón de fondo de la explosión social que puso fin a la presencia extranjera en el territorio awajún.  

La historia reciente de la actividad aurífera en la alta Amazonia tiene raíces centenarias y su faceta actual es la profundización del proyecto extractivista, cuyo principal fin es la ambición acumuladora. La minería del oro atenta contra el medio ambiente y, sobre todo, contra los Pueblos Indígenas y su forma de control territorial, conduciendo a la destrucción de sus estructuras socioeconómicas e identidades culturales. Las diversas agresiones que vienen sufriendo los Pueblos Indígenas y el medioambiente se repiten cíclicamente con la misma intensidad pero con diferentes caretas, como la actividad cauchera que se llevó miles de vidas humanas. 

Concesiones mineras en la Amazonia y explotación ilegal de oro

Según datos del Ministerio de Energía y Minas, la producción de oro acumulada de enero a agosto del 2024 se extiende a 69,1 millones de gramos finos, lo cual representa un crecimiento de 10,5 por ciento con respecto al mismo periodo del año 2023 cuando se reportaron 62,5 millones de gramos finos. La Minera Yanacocha S.R.L. es la principal productora en el país. Esta cifra no incluye a la producción ilegal de oro.

Por su parte, el Instituto Peruano de Economía (IPE) estimó que las exportaciones de oro de procedencia ilegal rondaron los 6.840 millones de dólares en el 2024, un 41 por ciento de incremento respecto al 2023. También, sostiene que Perú exporta el 44 por ciento de todo el oro ilegal de Sudamérica.

En el territorio awajún existen 19 petitorios de concesiones mineras que abarcan un total de 11.100 hectáreas. Entre ellas, 11 ya han sido tituladas, representando 5.900 hectáreas. 

En el territorio awajún existen 19 petitorios de concesiones mineras que abarcan un total de 11.100 hectáreas.  

Entre 2020 y 2024, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) otorgó 510 concesiones mineras en los departamentos de Amazonas, Loreto, San Martín y Ucayali. De ese total, 17 concesiones se realizaron en el departamento de Loreto solamente durante el último año. En tanto, la empresa Sociedad Minera Vicus Exploraciones, adquirida a inicios del 2024 por la canadiense Palamina Corp, tiene 92 registros en San Martín y Ucayali. A su vez, Hannan Metals Perú —también de capital canadiense— posee 61 concesiones en San Martín.

En el territorio awajún, ubicado entre los ríos Marañón y Cenepa, existen 19 petitorios de concesiones mineras que abarcan un total de 11.100 hectáreas. Entre ellas, 11 ya han sido tituladas, representando 5.900 hectáreas. Estas concesiones comprometen los cantos o las riberas de los ríos. 

El camuflaje del capital extranjero

Si bien en el Perú está prohibido otorgar concesiones mineras en la ribera de los ríos, cabecera de las cuencas, lagunas y zonas de amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas, la realidad contradice la normativa. Un caso emblemático es la Cordillera de Cóndor. En 2004, el gobierno, a través del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), acordó con el pueblo Awajún la creación del Parque Nacional Ichinkat Muja, fruto de un proceso de consulta. No obstante, la consulta fue ignorada por el Estado y se privilegió la actividad minera: se recortaron 65.000 hectáreas de las 153.000 de la extensión inicial del parque nacional. 

Mediante el Decreto Supremo 023-2007-AG, el parque nacional fue creado en 2007 con una extensión total de 88.477 hectáreas. En el área excluida fueron otorgadas 111 concesiones mineras sin ni siquiera considerar la opinión de científicos que calificaron la biodiversidad de la zona como de alta prioridad para su conservación. Tampoco dieron importancia al hecho de que las áreas solicitadas para su concesión eran cabecera de las cuencas.

Los capitales extranjeros, bajo mecanismos de camuflaje, crean empresas de carácter nacional para adquirir concesiones con apariencia doméstica.

Los capitales extranjeros, bajo mecanismos de camuflaje, crean empresas de carácter nacional para adquirir concesiones con apariencia doméstica.

El artículo 71 de la Constitución Política del Perú establece que dentro de los 50 kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por ningún título, minas, tierras, bosques o aguas. Sin embargo, los capitales extranjeros, bajo mecanismos de camuflaje, crean empresas de carácter nacional para adquirir concesiones con apariencia doméstica. Este es el caso de Dorato Perú, que tiene de padre, digamos así, a la canadiense Dorato Resources y como aliado a Afrodita.

Independientemente de si estas empresas explotan o no el oro en sus concesiones adquiridas, la cuestión es si se observa el mandato constitucional que prohíbe a los extranjeros realizar, entre otros, alguna actividad minera directa o indirectamente dentro de los cincuenta kilómetros de las líneas fronterizas.   

A río revuelto, ganancia de pescadores

La política de promoción económica para el desarrollo nacional es muy precaria y criminal. Por un lado, es precaria porque a nuestros representantes no les es cómodo fomentar la economía formal: privilegian la corrupción en el marco de la ilegalidad.

Por otra parte, es criminal porque la práctica de la informalidad llega a tal extremo que impacta sobre la biodiversidad y la salud ambiental de la población local. A los destructores de la cabecera de las aguas, las riberas de los ríos y la biodiversidad, el Estado los ha premiado otorgándoles plazos para su adecuación a la ley, a través de la figura de Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). 

La figura de REINFO entró en vigencia en junio de 2017 y con esta ley se realizaron 90.265 registros. Sin embargo, sólo 2.108 consiguieron completar el proceso de formalización. El resto continuó trabajando ilegalmente con el aval del Congreso de la República, que otorgó prórrogas en reiteradas oportunidades. Recientemente se publicó la Ley 32213, que a través de su tercera Disposición Complementaria extendió la vigencia del REINFO hasta el 30 de junio de 2025, con posibilidades de una nueva prórroga. 

Crisis minera en el territorio awajún

Actualmente, entre las amenazas que afronta el pueblo Awajún se encuentran cuatro focos geográficos muy críticos. El primero es el Tambo, ubicado en la Cordillera del Cóndor, donde la extracción de oro ilegal está destruyendo los paredones de las nacientes de las aguas que alimentan los ríos Comaina y Cenepa, tributarios del Río Marañón. Este foco afecta la vida y la salud de más de 12.000 habitantes awajún, además de los impactos al medio ambiente y la biodiversidad de la zona. 

Por otra parte, la población del Río Cenepa experimenta la extracción del oro aluvial con más de 70 dragas de agentes informales procedentes, en su mayoría, de Madre de Dios. Al estar contaminado con mercurio, el Río Cenepa pone en riesgo a la población que consume el agua y sus recursos hidrobiológicos. El tercer punto crítico es el Río Santiago, que recibe los impactos directos de más de 30 dragas. El cuarto foco es Saramiriza, donde también se practica el saqueo ilegal de oro aluvial con presencia de cerca de 15 dragas. 

A través del GTAA, el pueblo Awajún busca implementar formas alternativas de control y vigilancia territorial. Por eso, en los últimos 18 meses, ha promovido la creación de policías comunitarias.

A través del GTAA, el pueblo Awajún busca implementar formas alternativas de control y vigilancia territorial.

El Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), en coordinación con la comunidad y la policía ambiental, ha realizado una serie de acciones comunitarias de interdicción en Santiago, Cenepa y Saramiriza. Gracias a acciones articuladas, la Policía Nacional y la Fuerza Armada, en cumplimiento de órdenes impartidas por la Fiscalía Ambiental, ha logrado destruir 20 dragas en el territorio awajún durante los últimos 15 meses. A pesar de estos esfuerzos, no se ha logrado remover los cimientos que sostienen la presencia de la minería ilegal en las zonas críticas.  

A través del GTAA, el pueblo Awajún busca implementar formas alternativas de control y vigilancia territorial. Por eso, en los últimos 18 meses, ha promovido la creación de policías comunitarias y desarrollado capacitaciones para el desenvolvimiento de sus roles con apoyo de la Policía Nacional del Perú.

A manera de conclusión

La minería ilegal opera en complicidad con las autoridades del Estado, incluyendo el Congreso de la República, que permite que miles de criminales contra el medio ambiente destruyan la Amazonia al legalizar sus cometidos. De esta forma, el sector minero informal se fortalece, convirtiendo las prórrogas para su formalización en un modus operandi. 

El incremento del precio del oro a nivel internacional es el principal motor de la proliferación minera que se expande en casi toda la Amazonía peruana. Esta situación se agrava debido a que el Estado actúa con mucha pasividad y la asignación de presupuesto para los patrullajes es insuficiente. Además, una de las causas de expansión de la actividad ilegal aurífera se debe a la corrupción de parte de las autoridades encargadas de los monitoreos. 

Hay que asegurar que los países compradores de oro sean conscientes de la procedencia de los productos. En este contexto, es urgente identificar la ruta de oro desde su origen a través de óptimos procesos de trazabilidad.

Hay que asegurar que los países compradores de oro sean conscientes de la procedencia de los productos. 

Ante este panorama, es importante fortalecer el sistema interno de control territorial mediante el establecimiento de puestos claves de vigilancia y el patrullaje en los puntos críticos. Se deben bloquear las vías de ingreso de la logística y la maquinaria que se usa para la extracción ilegal de oro en los ríos. Para lograrlo, es necesario contar con recursos para sostener la vigilancia de manera permanente. 

El GTAA está impulsando políticas de acción y vigilancia a la minería ilegal dirigidas a erradicar este flagelo de su territorio. Esta meta exige promover alianzas para incidir a nivel nacional e internacional, asegurando que los países compradores de oro sean conscientes de la procedencia de los productos. En este contexto, es urgente identificar la ruta de oro desde su origen a través de óptimos procesos de trazabilidad. 

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En el evento principal, los líderes de 21 países, junto con representantes de organismos internacionales, discutieron el crecimiento inclusivo, la transición a una economía formal y sostenible, y la digitalización como motor de desarrollo. Según el gobierno peruano, APEC representa una oportunidad clave para fortalecer los lazos con economías globales y posicionar al país en igualdad de condiciones con sus socios internacionales. Asimismo, logró acuerdos fitosanitarios que abren el mercado chino a productos peruanos como las castañas y frutas congeladas. Un reclamo del sector agroexportador.

Sin embargo, los logros destacados por el gobierno peruano no lograron disipar el difícil contexto político y social que vive el país. La presidenta, Dina Boluarte, enfrenta una fuerte desaprobación, agravada por una creciente crisis de inseguridad y polémicas decisiones gubernamentales. Una de las más controvertidas fue permitir el ingreso de tropas estadounidenses bajo el pretexto de colaborar en seguridad, lo que muchos analistas perciben como una amenaza a la soberanía nacional.

La desconexión de la presidenta

El gobierno de Dina Boluarte parece sordo ante las necesidades de los peruanos y cada vez más distante de su realidad. Si bien la presidenta insiste en que “la situación está bajo control”, las encuestas muestran una insatisfacción generalizada y la inseguridad es percibida por la ciudadanía como una amenaza constante. La reciente decisión de permitir el ingreso de tropas estadounidenses para “colaborar en temas de seguridad” ha encendido aún más los ánimos. A muchos les preocupa que esta medida afecte la soberanía nacional y no resuelva el problema de fondo: la decisión parece más destinada a complacer intereses externos que a proteger a sus ciudadanos y ciudadanas.

Esta decisión se suma a la orden gubernamental de “disparar en el paro” anunciado por los transportistas, lo cual refleja un enfoque represivo frente a los conflictos sociales. Además, la inseguridad ha impactado la vida diaria de los peruanos, obligando a cancelar conciertos, interrumpir vuelos y restringir actividades culturales. En este clima de tensión, la iniciativa APEC Ciudadano, que buscaba involucrar a la población en las discusiones globales del foro, parece haberse diluido. Aunque se planificaron actividades culturales, seminarios y ferias, no se concretaron plenamente debido a la inestabilidad política y social.

La desconexión de la presidenta quedó evidenciada durante una ceremonia con mujeres agrarias cuando afirmó: “Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito, nos la inventamos, así somos las mujeres”. Sin embargo, la realidad del Palacio de Gobierno contrasta drásticamente con su discurso: hasta octubre, se desembolsaron 1.394.841,49 soles para la alimentación de la sede presidencial, lo que equivale a un gasto promedio de 4.000 soles diarios. A ello se suma la contratación de servicios de una nutricionista exclusiva para el despacho presidencial, reflejando un evidente desbalance entre el discurso oficial y el uso de los recursos del Estado.

Un megapuerto chino en Perú

En el marco de la Semana de Líderes Económicos del Foro APEC y bajo el lema  “De Chancay a Shanghái”, el Ministerio de Transportes y Comunicación peruano inauguró el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay. Esta infraestructura está ubicada a 75 kilómetros de Lima y representó una megainversión a cargo de la empresa estatal china Cosco Shipping. Esta primera etapa cuenta con cuatro muelles con una longitud total de 1500 metros, y una profundidad de 18 metros, además de una capacidad para recibir a los buques más grandes del mundo con carga completa. La inversión requerida superó los 1400 millones de dólares.  

La inauguración del Terminal Portuario oculta cuestiones cruciales que deben ser analizadas. Por un lado, la desigualdad estructural que persiste entre los mercados peruanos y los de otros países miembros de APEC implica barreras críticas en el acceso a mercados internacionales y dificultan una competencia equitativa en el comercio global al limitar la diversificación productiva y el valor agregado de sus exportaciones. Por otro lado, muchos productores peruanos, especialmente los pequeños y medianos, carecen de las herramientas y conexiones necesarias para beneficiarse plenamente de esta clase de infraestructuras.

Además, la construcción y operación de un proyecto de esta magnitud no está exenta de costos ambientales, como el impacto en los ecosistemas marinos, la alteración de hábitats costeros, la modificación de las corrientes oceánicas y la contaminación del mar debido a derrames y residuos industriales. Estas consecuencias,  que suelen ser minimizadas, afectan directamente a las comunidades costeras y a la biodiversidad marina vital para la pesca y el sustento de muchas familias peruanas. 

La persecución a los pueblos indígenas

Mientras el gobierno pretende mostrar una imagen positiva ante la comunidad internacional, la persecución a los Pueblos Originarios permanece latente. Un ejemplo claro de esta realidad es el caso de Richard Camala, Ferdinan Huacanqui, Redy Huaman y Joel Hivallanca, habitantes de la comunidad de Cuyo Grande en Pisaq, Cusco, quienes fueron injustamente detenidos en enero de 2023 por ejercer su derecho a la protesta contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. A través de un proceso apresurado y con un rigor desproporcionado, fueron sentenciados a siete años de prisión y a pagar una reparación civil exorbitante, lo que evidencia un trato punitivo que criminaliza el legítimo derecho a la disidencia.

Esta condena contrasta dolorosamente con la lentitud e impunidad que caracterizan los procesos judiciales en casos de corrupción, delitos graves e incluso homicidios. Mientras los líderes originarios son perseguidos y encarcelados con prontitud, aquellos que saquean el erario público o cometen crímenes atroces enfrentan años de dilaciones en el sistema judicial. Esta disparidad en la aplicación de justicia no solo refleja una discriminación estructural, sino que perpetúa la invisibilización y el desprecio hacia las comunidades indígenas, que solo son tomadas en cuenta cuando resultan rentables para el discurso oficial o el turismo.

La humillación y la marginación son heridas que se perpetúan en las familias de Cuyo Grande y en tantas otras comunidades. Los Pueblos Originarios, exhibidos como postales vivas para promover una identidad cultural en beneficio de unos pocos, son relegados y estigmatizados cuando exigen derechos o alzan su voz. Convertidos en “terroristas” o “ignorantes” por defender su dignidad, enfrentan una narrativa estatal que los valora solo cuando callan, pero los reprime cuando incomodan. Es momento de romper con este ciclo de injusticia: la protesta no es un crimen, y los Pueblos Originarios no deben ser tratados como meros símbolos decorativos de una identidad selectiva y excluyente.

Lo que no se puede ocultar

El Perú necesita liderazgo que priorice el diálogo y la acción preventiva en lugar de respuestas represivas y medidas cuestionables. En este contexto, el éxito del APEC 2024 como evento internacional no será suficiente para ocultar las carencias de un gobierno que parece sordo a las demandas de su población, especialmente a las de los Pueblos Originarios.

El país necesita políticas de prevención y justicia, no intervenciones extranjeras ni respuestas represivas que sólo profundizan el malestar ciudadano. Un gobierno que no escucha a su gente está condenado a perder su confianza y, con ella, su legitimidad que nunca la tuvo.

Finalmente, es crucial que el Perú se reconozca y valore a sí mismo desde una perspectiva horizontal, integrando todas sus diversidades culturales, como la cosmovisión andina y amazónica. Este reconocimiento debe ir acompañado de políticas públicas que reivindiquen los derechos legítimos de los Pueblos Originarios, respetando sus territorios, culturas, cosmovisiones y liderazgos. Sólo así será posible construir un desarrollo sostenible, inclusivo y accesible, que garantice igualdad de oportunidades para todos los peruanos y las peruanas. 

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Si bien la “autonomía” o el “autogobierno” es la forma más utilizada en las últimas dos últimas décadas, en verdad esta denominación continúa y madura una aspiración mucho más antigua de los pueblos indígenas. Una aspiración expresada en las intensas luchas territoriales e incluso, a modo de ilustración, en la experiencia del pueblo Matsés durante los años 70. Los matsés evitaron su división en pedazos comunales y mantuvieron su integridad colectiva como pueblo, en un solo gran título “comunal” de 452.735 hectáreas, y luego las sostuvieron, afrontando diversas imposiciones estatales.

Es en este largo proceso se inscribe el segundo encuentro del 6 al 7 octubre de 2023, entre AIDESEP y sus nueve organizaciones regionales asociadas (que articulan 109 federaciones y 2400 comunidades), junto con los gobiernos territoriales autónomos y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). En este encuentro se profundizaron acuerdos previos y se adoptaron tres resoluciones históricas referidas a la expansión de las autonomías a los 51 pueblos indígenas amazónicos, mediante la Minga por Territorialidad, Titularidad y Autogobiernos por Pueblos Indígenas, un plan de acción y articulación.

Interaprendizajes globales

No se trata de un proceso aislado, exótico o marginal, sino que se extiende en todo el Abya Yala, África, Asia-Pacífico y hasta en la Europa estadocéntrica. La demanda y ejercicio de hecho (y también de derecho) de otro tipo de autoridad pública, colectiva, social no estatal corre paralelamente a la crisis de la civilización, la catástrofe climática y la descomposición del estado-centrismo eurocéntrico. Son respuestas sociales que abren tendencias y opciones rurales que también se proyectan en las ciudades.

La Amazonía peruana está inserta en ese interaprendizaje global de procesos autonómicos. Se aprende de las lecciones del reimpulso de ese camino. Entre los años 80 y 90, en el Ártico, el autogobierno de la Nación Inuit demostró su “viabilidad” en Groenlandia y Nunavut, ante Estados poderosos como Dinamarca y Canadá. También se aprende de la reconstitución territorial, el gobierno, el derecho y la economía propias del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) de Colombia. O de la defensa indígena y el gobierno autónomo de los kaapor, ante la violencia de madereros y mineros, y la incapacidad estatal del Brasil para detenerlos.

El pueblo Purépecha logró que el gobierno reconociera a sus autoridades locales y les transfiera el presupuesto municipal.

Otro ejemplo también muy conocido para los autogobiernos es la innovación de los purépecha de Cherán Keri, en Michoacán, que erradicaron mafias madereras y la corrupción político-estatal mediante el autocontrol territorial. El pueblo Purépecha cerró el municipio, expulsó a todos los partidos políticos, recuperó su estructura de autogobierno comunitario y de manejo del bosque, agua, educación e industria. De este modo, logró que el gobierno reconociera a sus autoridades locales y les transfiera el presupuesto municipal.

Asistimos a un nuevo nivel, cuando Naciones Unidas señaló como tema del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de 2024 a la libre determinación y autogobiernos en el mundo, y el informe del Consejo Económico y Social (Ecosoc) de la Organización de las Naciones Unidas para ese debate sustancial, sintetiza procesos y Principios Rectores para su implementación. Abarca incluso experiencias urbanas, ya sea con población indígena o no, como la Cooperativa de Vivienda Acapatzingo en Ciudad de México o las comunas organizadas alrededor del Pueblo Kitu Kara asentadas en las periferias de la ciudad de Quito.

Cuando el racismo extractivista impulsa el autogobierno

La autonomía es intrínseca al orgullo cultural e historia de cada pueblo amazónico. Si bien esta tendencia (y opción) es sometida a presiones y distracciones, sigue latente y emerge con oscilaciones según los procesos sociales. La autonomía surge cuando el Estado desnaturaliza y frena la titulación comunitaria. En Perú, comenzó a crecer en 1993, cuando la dictadura fujimorista eliminó los derechos constitucionales de carácter “inalienable e inembargable” de dichos territorios. Y creció cuando los siguientes gobiernos insistieron en una dictadura extractivista con divisionismos y represión. 

Los reclamos de autonomía resurgieron cuando el título comunal dejó afuera sus territorios ancestrales y los tergiversó como “de libre disponibilidad”. Siguió creciendo, ante la frustración de las reservas comunales, donde el Estado es el primero en no respetar su régimen legal especial. También se incrementó con la violencia racista de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que los obligó a crear sus defensas indígenas autónomas. Y sigue hoy, ante la violencia extractivista de la madera, los hidrocarburos, la minería, los monocultivos y el narcotráfico. Y con la impunidad por la matanza de 30 defensores territoriales indígenas.

Ante la agresión del extractivismo y la farsa de las consultas previas, no es casual que las autonomías indígenas asuman que las decisiones deben ser adoptadas por la autoridad colectiva de los mismos pueblos y naciones.

Ante el extractivismo y la farsa de las consultas previas, no es casual que las autonomías indígenas asuman que las decisiones deben ser adoptadas por la autoridad colectiva.

Con su opresión y permisividad a las violencias extractivistas, el Estado peruano impulsa la autonomía y la incrementa con la descomposición estatal, la persistente corrupción, el abandono de las regiones amazónicas, la represión de las comunidades y la inutilidad de sus funcionarios. Si el Estado-Nación está en des-institucionalización y la colonialidad del poder racista se torna extrema, cada pueblo amazónico, a su ritmo y propio modo, podría ir tomando decisiones para hacerse cargo de su sobrevivencia, sus bosques y sus selvas. 

Por ello, ante la agresión del extractivismo y la farsa de las consultas previas que excluyen el consentimiento de las comunidades, no es casual que las autonomías indígenas asuman que las decisiones deben ser adoptadas por la autoridad colectiva de los mismos pueblos y naciones. En efecto, el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT señala que tienen derecho a decidir y controlar su propio tipo de desarrollo: desde la defensa de las selvas hasta la movilización frente a la minería aurífera y la contaminación por hidrocarburos que amenazan sus vidas.

Selvas y pueblos para siempre: nada de secesionismo

Cuando hablábamos de autonomías, hablamos del autogobierno dentro de sus propios territorios con tres objetivos: la vigilancia, monitoreo, protección, defensa y manejo de territorios; la existencia de selvas y pueblos a perpetuidad; y la toma de decisiones de acuerdo a su cultura, historia y procesos colectivos. No tiene absolutamente nada que ver con alguna forma de separatismo o secesionismo porque los pueblos indígenas han aceptado el artículo 46 de la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas: “Nada se interpretará para quebrantar o menoscabar la integridad territorial o la unidad política de los Estados”.

El falso argumento de una supuesta secesión se brinda por ignorancia, desinformación, prejuicio o simple pretexto distractivo de algunos grupos de interés vinculados a la dictadura extractivista. Para mayor amplitud, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) ha presentado un protocolo de relacionamiento con el Estado peruano. Este documento detalla las relaciones de mutuo respeto entre los ciudadanos peruanos wampis y el Estado peruano, en el marco constitucional y legislativo, y en busca de la cooperación y construcción conjunta de políticas, planes y actividades.

En Ecuador, el autogobierno Kitu Kara afrontó el debate interno entre dos posiciones extremas: por un lado, el sometimiento a la agenda estatal y, por otro lado, el completo apartamiento del Estado. Tras este debate comunitario, la autonomía ha establecido su propia fórmula denominada “En, Con o Contra el Estado”, pero siempre desde su autogobierno territorial. Según las circunstancias, trabajarán dentro del Estado, en conjunto y, cuando sea requerido, actuarán en contra de lo que atente a sus derechos.

Territorialidad, titularidad y autogobierno

Si bien un proceso autonómico se desarrolla al ritmo de cada pueblo, podemos señalar tres dimensiones que podrían superponerse. En primer lugar, se inicia con la recuperación de la memoria y saberes sobre la ocupación territorial ancestral: las áreas tradicionales de asentamiento, de migración, cementerios, cacería, pesca y recolección, que deben ser consensuadas con otros pueblos colindantes. Se registran los poblados no indígenas, las concesiones y las áreas protegidas para los futuros protocolos de relacionamiento y respeto a la gobernanza indígena. 

A continuación, se construye un expediente de sustentación histórica, ecológica, jurídica y de mapas territoriales y de zonificación. Este expediente es notificado a las autoridades estatales para que sea respetado y que no se admitan operaciones extractivas. En este sentido, los artículos 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT describen a la territorialidad integral ancestral como el hábitat regional que los pueblos ocupan (o utilizan de alguna otra manera) y como el derecho a utilizar las tierras que no estén ocupadas exclusivamente por ellos, pero a las que hayan tenido acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.

En una tercera etapa, se construye el Estatuto del Autogobierno en los que se sintetizan diversos aspectos. Esto prosigue con la adopción de resoluciones u ordenanzas del gobierno territorial de desarrollo estatutario y normativo.

En una primera etapa, se construye un expediente de sustentación histórica, ecológica, jurídica y de mapas territoriales y de zonificación. 

La personería jurídica indígena no ha respetado la institucionalidad colectiva propia de cada pueblo, sino que se le ha partido en múltiples pedazos comunales, y han sido sometidas a los mismos procedimientos que cualquier asociación civil urbana. La alternativa propuesta es la apertura de un libro especial de registro como “pueblos indígenas” en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de Perú (SUNARP). En este sentido, el Gobierno Regional de Loreto reconoció la existencia de 22 pueblos indígenas: si bien lamentablemente fue bloqueada por el Ministerio de Cultura, la ordenanza puede ser retomada en el futuro, acompañada del proyecto de ley de las autonomías, para que el Estado cumpla con su obligación de respetar a los pueblos como “sujetos de derecho”.  

Finalmente, se construye el Estatuto del Autogobierno (como en los casos del GTANW y del GTAA) en los que se sintetizan diversos aspectos: la historia de cada pueblo, su cosmovisión, la delimitación territorial y la estructura de la autoridad colectiva; las regulaciones sobre bosques, biodiversidad, educación, salud y justicia propias; participación de los sabios, sabias, mujeres y jóvenes; y la relación con los poblados no indígenas y áreas naturales protegidas estatales. Esto prosigue con la adopción de resoluciones u ordenanzas del gobierno territorial de desarrollo estatutario y normativo.

Autogobiernos, plurinacionalidad y descolonialidad del poder

Hay una relación estrecha entre las autonomías indígenas y, los cambios en la sociedad y en el Estado “uninacional”. La territorialidad integral del suelo, la personalidad jurídico-política de los pueblos indígenas y el respeto a la autoridad del autogobierno implicaría la admisión de que el Perú no es una sociedad “uninacional”. Por el contrario, es una antigua sociedad plurinacional (no solo pluricultural) que sobre esa base social plurinacional, debería proyectarse hacia el Estado, para su adecuación como un Estado Plurinacional.

Las experiencias de Bolivia, Ecuador, Venezuela, Canadá y Nueva Zelanda indican que esto es indispensable, viable y realizable. Pero también, que no basta con constitucionalizarlo, porque la colonialidad del poder tiñe la subjetividad social y genera múltiples mecanismos de opresión. Sin embargo, la persistencia de la autonomía indígena demanda la capacidad del pueblo indígena para ejercer su autogobierno “de hecho”, principalmente, y “de derecho”, paralelamente. Los procesos de los autogobiernos territoriales pueden fortalecerse mediante los aportes de las teorías sociales críticas referidas a la descolonialidad del poder y saber. 

Los procesos autonómicos pueden ser reprimidos, desviados y hasta quizás eventualmente frenados o derrotados, pero llegaron para quedarse. Emergerán siempre, una y otra vez,  y no tienen vuelta atrás.

Una primera versión se publicó en la revista “Comunes” en marzo 2024.

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Una larga demora para ampliar la reserva

En 2002, en medio de un ambiente de intensa convulsión social y violencia generada por los empresarios madereros, se creó la reserva indígena a favor de los pueblos en aislamiento del norte de Madre de Dios. Si bien esta fue una importante conquista de las organizaciones indígenas, la reserva abarcó sólo el 34 por ciento del área identificada como territorios habitados por estos pueblos. Más del 50 por ciento del área pasó a formar parte de la Zona Reservada Alto Purús (que hoy es un parque nacional) y el resto, por presión de empresarios y autoridades, se convirtió en Bosques de Producción Forestal Permanente para la actividad maderera. 

De esta manera, cerca de 300.000 hectáreas de bosques que comprendían territorios mashco piro comenzaron a sufrir una intensa actividad maderera, a diferencia de los años anteriores, esta vez, de manera oficial. En consecuencia, los encuentros y actos violentos entre madereros e indígenas aislados se continuaron produciendo. La anomia y el silencio de las autoridades del Poder Judicial ante las denuncias formales presentadas por Fenamad, tras las agresiones contra los indígenas en aislamiento, derivaron en una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual fue admitida en el 2007. 

Los estudios realizados bajo la coordinación del Ministerio de Cultura volvieron a demostrar la presencia de población en aislamiento en la zona categorizada como Bosques de Producción Forestal Permanente.

A julio de 2024, la reserva territorial no ha sido categorizada ni se ha concretado su ampliación; mientras algunas madereras continúan operando donde habitan los pueblos en aislamiento.

En 2012, se inició el proceso de adecuación de la Reserva Territorial a la figura de Reserva Indígena, tal como lo establece la Ley N° 28736 sobre Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial promulgada en 2006. Los estudios realizados bajo la coordinación del Ministerio de Cultura volvieron a demostrar la presencia de población en aislamiento en la zona categorizada como Bosques de Producción Forestal Permanente, tal como lo había afirmado el equipo técnico de Fenamad en el estudio que realizó una década antes. 

En consecuencia, se recomendó la ampliación del área de la reserva hacia el este, lo cual fue aprobado en 2016 por la Comisión Multisectorial a cargo de la categorización de la reserva. Como parte de los acuerdos, se conformó un grupo de trabajo para que en un plazo de cuatro meses elaborara un informe sobre la problemática de las concesiones forestales superpuestas al área de ampliación de la reserva. A julio de 2024, la reserva territorial aún no ha sido categorizada ni se ha concretado su ampliación; mientras algunas madereras continúan operando en esta parte del territorio donde habitan los pueblos en aislamiento.

El impacto de la actividad forestal

La presencia de operadores forestales, sus desplazamientos por el bosque, la instalación de campamentos, la producción de desechos, el tránsito de vehículos y maquinaria pesada, el ruido causado por la maquinaria y, la caza, pesca y recolección para su alimentación diaria tienen serias implicancias para los pueblos en aislamiento. Además, la presencia de foráneos en el territorio aumenta la probabilidad del contagio de enfermedades debido a la falta de defensas inmunológicas y la consecuente  alta vulnerabilidad. 

La contaminación del ambiente constituye una fuente infecciosa que puede causar la proliferación de parasitosis, anemias y diarreas agudas; esta última es una de las principales causas de muerte entre población en aislamiento y contacto inicial. La presión sobre los animales del bosque y los peces para alimentar a los cientos de trabajadores forestales implica la disminución de recursos y genera una competencia por su obtención con los aislados, para quienes éstos son sus únicas fuentes de alimento. Además, el ruido de la tala ahuyenta a los animales, dificultando aún más, las prácticas de subsistencia.

La Fundación Nacional del Indio (FUNAI) ha advertido sobre el incremento de la población mashco piro (que llega hasta el lado brasileño de la frontera) y, acerca de su riesgosa aproximación y hostilidad contra aldeas indígenas de Brasil.

La Fundación Nacional del Indio (FUNAI) ha advertido sobre el incremento de la población mashco piro (que llega hasta el lado brasileño de la frontera).

Paralelamente, la actividad forestal prolifera la construcción de vías para el traslado del personal, equipos y transporte de la madera extraída. Los caminos secundarios en el área de las concesiones forestales, localizada entre los ríos Acre y Tahuamanu, causan un fuerte impacto en los territorios de los pueblos en aislamiento. La drástica afectación del suelo, el agua, la flora y la fauna fragmenta el territorio y recorta las áreas de caza y recolección. En consecuencia, la construcción de caminos perjudica seriamente las fuentes de alimento y subsistencia y, por ende, la integridad física, territorial y sociocultural. 

Desde Brasil, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) ha advertido sobre el incremento de la población mashco piro (que llega hasta el lado brasileño de la frontera) y, acerca de su riesgosa aproximación y hostilidad contra aldeas indígenas de este país. Considerando la necesidad de los aislados de acceder a fuentes de subsistencia es muy probable que estén buscando compensar la pérdida de espacios vitales generada por la actividad forestal. Esta situación es extremadamente grave y suele causar fricciones al interior del grupo en aislamiento, así como con madereros y comunidades indígenas vecinas. 

La importancia de proteger los corredores territoriales

La Reserva Territorial Madre de Dios forma parte de una gran extensión de territorios continuos habitados por diversos pueblos en aislamiento y contacto inicial, denominado Corredor Territorial Pano, Arawak y otros. Este se extiende hacia el norte, sur, oeste y este; trasciende la frontera con Brasil y abarca los bosques del Acre ubicados en la frontera. Más al norte, separado por el río Amonya se encuentra un segundo corredor territorial de pueblos en aislamiento y contacto inicial denominado Yavarí-Tapiche. Con una extensión de más de 25.000.000 de hectáreas de bosques continuos, ambos constituyen la mayor extensión en el mundo de territorios habitados por pueblos en aislamiento y contacto inicial.

La protección de los corredores territoriales viene siendo impulsada por al menos 50 organizaciones indígenas de ambos lados de la frontera peruano-brasileña. Este movimiento es liderado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) y la Coordinadora de Pueblos Indígenas de la Amazonía Brasileña (Coiab). En varios casos, se han conformado consejos indígenas integrados por organizaciones locales y regionales, que vienen conduciendo la formulación de estrategias de protección de estos territorios. 

La protección de los corredores plantea un abordaje integral de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, teniendo en cuenta su territorialidad más allá de las categorías legales creadas por los Estados.

La protección de los corredores plantea un abordaje integral de los pueblos en aislamiento y contacto inicial.

La protección de los corredores plantea un abordaje integral de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, teniendo en cuenta su territorialidad más allá de las categorías legales creadas por los Estados. La iniciativa promueve la implementación de políticas y mecanismos de protección de estos pueblos y sus territorios, de manera articulada, desde los diferentes sectores y niveles gubernamentales involucrados. Para ello, es importante la coordinación con las organizaciones indígenas en las reservas y en los territorios que habitan. Dada su movilidad transfronteriza, también se plantean políticas con un enfoque binacional.  

A la vez, promueve la adopción de acuerdos comunales para el respeto a las formas de vida y espacios de subsistencia de los aislados, y busca fortalecer la gobernanza socioterritorial de los pueblos indígenas y otras poblaciones del entorno. Estos planteamientos se basan en los principios de respeto a la vida, el territorio, la autodeterminación y su forma de vida.

A modo de conclusión

A lo largo del tiempo, la integridad física, sociocultural y territorial de los mashco piro se ha visto seriamente afectada por el desarrollo de actividades extractivas como la explotación del caucho, los hidrocarburos y, actualmente, la actividad maderera. Estas economías, que responden al modelo económico imperante, han conllevado a la invasión de sus territorios, persecusiones, asesinatos, esclavitud, expansión de epidemias y afectación de sus fuentes de vida. Su primacía sobre los derechos de los pueblos en aislamiento se refleja en la falta de seguridad jurídica y de protección territorial.

Al vivir de la caza y recolección de los recursos  que les brindan los bosques y los ríos, la vida de los mashco piro está íntimamente ligada a la existencia de un medio ambiente sano. Además de la importancia para la vida y continuidad de los pueblos en aislamiento, los bosques del Madre de Dios concentran cabeceras de ríos que poseen una especial relevancia para la cuenca amazónica. Estos ecosistemas presentan una infinidad de especies de flora y fauna, lo cual ha llevado a la creación de áreas naturales protegidas emblemáticas, como los parques nacionales Alto Purús, Manu y Sierra del Divisor.

Frente al peligro que los mashco piros y otros pueblos en aislamiento enfrentan por el impulso de las economías extractivistas, las organizaciones indígenas han promovido acciones para la garantía de sus derechos. De este modo, se han unido para impulsar la iniciativa de protección de los corredores territoriales (o territorios continuos) de pueblos en aislamiento y contacto inicial, más allá de las categorías legales que hayan sido superpuestas y trascendiendo las fronteras internacionales.

Nota de la redactora: el artículo ha evitado mencionar los lugares habitados y recorridos por el pueblo Mashco Piro ante el riesgo que puede implicar para su integridad, dada la existencia de personas interesadas en conocer su ubicación exacta, con fines contrarios a su protección.

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A más de diez días de publicada la carta, las autoridades nacionales no han respondido a los mensajes y comunicaciones oficiales del GTANW. De acuerdo a información periodística, la única entidad que se ha pronunciado tras la carta pública fue el Gobierno Regional de Amazonas, que ha señalado que desconoce la presencia de los extranjeros y que, desde el Ministerio de Energía y Minas, no se le había informado sobre ese tipo de actividades de una empresa china. Sin embargo, el GTANW no ha recibido respuesta formal a su documento.

El territorio de la Nación Wampís se encuentra al norte de Perú, en las regiones del Amazonas y de Loreto. Está conformado por 1.327.760 hectáreas, en donde se encuentran asentadas 22 comunidades wampís tituladas, con unos 15.300 habitantes aproximadamente, según datos de 2013 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los wampís limitan con los pueblos Shuar, Chapra, Achuar, Awajún y con los caseríos ribereños.

En estado de alerta ante las economías ilegales

La sorpresiva e irregular aparición de empresarios chinos levanta seriamente las sospechas de una nueva incursión del comercio ilegal en el territorio wampís. El vicepresidente del GTANW, Galois Flores, declaró: “Se les ha hecho conocimiento que está prohibido el ingreso de empresas mineras, petroleras o madereras en nuestro territorio. Si se les vuelve a encontrar se les meterá al calabozo”. Por su parte, los empresarios chinos suscribieron un acta con el compromiso de no volver a ingresar a la zona. 

En la carta pública, el GTANW expresó de forma tajante el rechazo a todo intento de realizar minería terrestre aurífera en su territorio ya que llevaría a la “destrucción ambiental y caos social, tal como sucede en el infierno minero en Madre de Dios”. Justamente, China Guangxi Lianjinxin Invesment tiene antecedentes de trabajo minero en esa región.

La Nación Wampís apuesta por una economía propia y sustentable, que excluye la destrucción de la minería y la deforestación del agronegocio.

La Nación Wampís apuesta por una economía propia y sustentable, que excluye la destrucción de la minería y la deforestación del agronegocio.

Más allá de la negativa de los wampís, la minería del oro viola las normas nacionales e internacionales que protegen los territorios de los pueblos indígenas: la Constitución Política del Perú, el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.

En su documento, el GTANW exige que el Ministerio de Energía y Minas, el Gobierno Regional de Amazonas y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico se abstengan de “tramitar a espaldas y en contra de los derechos y decisiones explícitas de la Nación Wampís”. A su vez, explican que el pueblo apuesta por una economía propia y sustentable, que excluye la destrucción de la minería y la deforestación del agronegocio.

El autocontrol territorial y la vigilancia comunitaria

La presencia de las economías ilegales en la Amazonía y, en particular, en el territorio wampís presenta una peligrosa curva de crecimiento en los últimos años. Desde 2000, las comunidades del Río Kanus enfrentan los daños y conflictos de la tala ilegal, de los extractores ecuatorianos ilegales de madera topa y de madera fina. En años recientes, el avance de la minería ilegal ha llevado a que el GTANW implemente un sistema de autocontrol territorial y vigilancia comunitaria: desde operativos para la requisa de madera hasta la expulsión de extractores ilegales.

Ante la falta de la intervención de las autoridades, el sistema de control wampís está basado en la decisión colectiva y en sucesivos acuerdos adoptados en asambleas intercomunitarias e intercuencas, lo cual ha sido comunicado al Estado peruano a través de documentos oficiales. En este contexto, contar con un  Gobierno Territorial Autónomo es una herramienta para enfrentar las amenazas contra la conservación del territorio, preservar las costumbres y garantizar la vida de la población.

Una vez más, el GTANW hace un llamado a las autoridades del Perú a que cooperen en la lucha frontal contra la minería y la tala en su territorio. Los wampís apelan a la defensa del medio ambiente y de las vidas humanas de quienes constituyen la frontera viva.

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