Esta realidad cotidiana se despliega donde los roles tradicionales de género se intersectan con las circunstancias particulares de la vida de las y los pastores. Las comunidades de pastores cuidan vastas tierras de pastoreo y sostienen sistemas alimentarios construidos sobre un conocimiento intergeneracional acerca del ganado, la movilidad y el uso comunal de la tierra. Sus contribuciones a la seguridad alimentaria y al medio ambiente son significativas, aunque poco documentadas. Sin embargo, las oportunidades de participar plenamente en la vida económica y política a menudo son limitadas.

Para las mujeres de estas comunidades, los desafíos son aún mayores: las expectativas en torno a las responsabilidades del hogar y la familia, el acceso limitado a la educación, las ubicaciones remotas y la representación mínima en la toma de decisiones hacen que sea muy difícil que sus voces sean escuchadas. En conjunto, estos factores crean una brecha en el acceso a la justicia que está moldeada por la cultura y la tradición, así como por obstáculos estructurales.

La inseguridad territorial y una concepción de justicia

Aunque no parezca relevante, la distancia es una barrera muy importante, ya que los tribunales y las oficinas administrativas están lejos de las comunidades rurales y acceder a ellos es costoso. Los sistemas legales son complejos, operan en lenguas desconocidas y excluyen a las mujeres con una alfabetización limitada. Incluso, cuando estas barreras se superan, las normas patriarcales restringen la capacidad de las mujeres para hacer valer sus reclamos. En este sentido, las prácticas nocivas como el matrimonio temprano y forzado, la desheredación de viudas y la violencia de género limitan aún más el acceso a la justicia. Si bien la resolución de disputas prioriza la armonía social, a menudo deja a las mujeres vulnerables y refuerza el desequilibrio de poder, en lugar de brindar una protección imparcial.

Paralelamente, estas barreras se ven agravadas por presiones externas. El cambio climático, la expansión de las áreas de conservación, la agricultura comercial y el desarrollo de infraestructura invaden cada vez más las tierras de pastoreo. A medida que la competencia por la tierra se intensifica, las disputas se multiplican. A pesar de su rol central en la gestión de los hogares, la seguridad alimentaria y el trabajo relacionado con el ganado, las mujeres rara vez son consultadas (o compensadas) en las negociaciones cuando se pierde territorio. Su exclusión de la gobernanza de la tierra profundiza la inseguridad económica y debilita su capacidad para reclamar sus derechos, reforzando ciclos de vulnerabilidad.

Los derechos consagrados en instrumentos globales o en leyes nacionales tienen poco significado si las mujeres no los comprenden, tienen acceso limitado a ellos o no pueden ejercerlos de manera segura en sus propias comunidades.

Los derechos consagrados en instrumentos globales tienen poco significado si las mujeres no los comprenden o no pueden ejercerlos en sus comunidades.

Para las propias mujeres pastoras, la justicia se entiende de manera mucho más amplia que sólo el resarcimiento legal. Se trata de ser respetadas dentro de la familia, escuchadas por los ancianos y reconocidas por las autoridades estatales independientemente de su género, etnicidad, alfabetización o movilidad. Para ellas, la justicia significa protección frente a la violencia, acceso seguro a la tierra y al ganado, y la capacidad de participar en decisiones que dan forma al futuro de la comunidad. También significa rendición de cuentas y saber que el daño no será desestimado como un asunto privado ni absorbido silenciosamente en nombre de la tradición.

Las normas internacionales respaldan esta visión. La Declaración de las Naciones Unidas afirma el derecho de los Pueblos Indígenas a la libre determinación, a la tierra y a la participación en la toma de decisiones, y reconoce explícitamente los derechos de las mujeres indígenas a la igualdad y a la libertad frente a la violencia y la discriminación. Sin embargo, la distancia entre los compromisos internacionales y la realidad vivida sigue siendo enorme. Los derechos consagrados en instrumentos globales o en leyes nacionales tienen poco significado si las mujeres no los comprenden, tienen acceso limitado a ellos o no pueden ejercerlos de manera segura en sus propias comunidades.

Soluciones holísticas de base: Pastoral Women’s Council

Cerrar la brecha de justicia requiere enfoques culturalmente situados, liderados localmente, con equilibrio de género y atentos a las realidades cotidianas de la vida pastoril. Aquí es donde las organizaciones de base desempeñan un papel fundamental. El Pastoral Women’s Council (PWC) es una organización que representa a más de 8.000 mujeres pastoras en el norte de Tanzania y demuestra cómo el acceso a la justicia puede fortalecerse desde abajo. En lugar de tratar a las mujeres como beneficiarias pasivas, el PWC opera bajo la premisa de que las mujeres pastoras son titulares de derechos y agentes de cambio. Esta iniciativa para el acceso a la justicia, con un enfoque de equidad de género dirigida para Pueblos Indígenas, promueve:

Desarrollo de la voz y la agencia: a través de diálogos con arraigo local y formación en liderazgo, las mujeres adquieren confianza y habilidades para hablar en público, negociar dentro de los hogares e, involucrarse con líderes tradicionales y funcionarios gubernamentales. Este poder de agencia ha sido evidente en las acciones comunitarias sobre el derecho a la tierra, donde las mujeres que enfrentan el desplazamiento por inversiones en turismo han contribuido a obtener resultados más justos, mediante su participación directa en los diálogos. Las lideresas desafiaron con éxito la desposesión de tierras, defendieron sus derechos de herencia e intervinieron en casos de violencia doméstica, contribuyendo a cambiar las percepciones comunitarias sobre quién tiene la autoridad para hablar y decidir.

Liderazgo y toma de decisiones: cuando las mujeres ocupan posiciones de toma de decisiones, a nivel local o nacional, es más probable que los asuntos que las afectan a ellas y sus familias sean planteados, debatidos y abordados. El trabajo del PWC se vuelve visible cuando las mujeres ingresan en espacios formales de liderazgo. Hace 15 años, sólo tres mujeres pastoras fueron elegidas como Presidentas de Aldea. Ahora ese número asciende a 18, a la que se suman otras 1.400 mujeres pastoras en los órganos de gobierno de las aldeas. Junto con el logro individual, este crecimiento en la equidad del liderazgo muestra una transformación en las normas sociales y la inclusión política.

Prevención de la violencia de género y el cambio de normas: abordar la violencia requiere tanto de la prevención como de respuestas integrales. El PWC trabaja con mujeres y hombres para desafiar prácticas nocivas que normalizan el abuso, al tiempo que fortalece las rutas de derivación hacia servicios de salud, jurídicos y de protección. Involucrar a los hombres como aliados es una estrategia deliberada, reconociendo que el cambio duradero depende de transformar actitudes colectivas, y no simplemente de apoyar a sobrevivientes individuales.

Alfabetización jurídica y apoyo paralegal: muchas mujeres pastoras desconocen los derechos que les otorga la normativa y la forma en que éstos se intersectan con las prácticas consuetudinarias. Los Foros de Derechos de las Mujeres y Liderazgo del PWC traducen conceptos legales a lenguas locales y a escenarios de la vida cotidiana, permitiendo que las mujeres comprendan las leyes sobre la tierra, las regulaciones matrimoniales y las protecciones frente a la violencias de género. De este modo, el conocimiento se convierte en una herramienta de empoderamiento, reduciendo la dependencia de intermediarios masculinos y aumentando la confianza de las mujeres para hacer valer sus reclamos. Para descentralizar aún más el acceso a la justicia, el PWC capacita a promotoras y promotores jurídicos comunitarios, a menudo mujeres de las propias comunidades, que brindan orientación legal básica, median en disputas y conectan a víctimas de violencia con instituciones formales. En áreas donde los abogados y los tribunales están distantes, las promotoras jurídicas comunitarias sirven como puntos de entrada de confianza al sistema de justicia. Su presencia ayuda a desmitificar los procesos legales y garantiza que las mujeres no los enfrenten en soledad.

Derechos territoriales y empoderamiento económico: la tierra y la seguridad económica son esenciales para el acceso de las mujeres a la justicia. Sin derechos seguros sobre sus tierras, su poder de negociación sigue siendo limitado. Por eso, el PWC apoya a mujeres marginadas a obtener sus Certificados de Derechos Consuetudinarios de Ocupación, formalizando reclamos de tierra al tiempo que aborda la exclusión basada en el género. A través de los Bancos Comunitarios de Aldea, las mujeres generan ahorros, acceden a préstamos y reciben educación financiera, avanzado de manera progresiva hacia microfinanzas formales mediante socios como Engishon Microfinance. Así, la independencia económica reduce la vulnerabilidad a la explotación y fortalece la capacidad de las mujeres para desafiar las injusticias.

La justicia como transformación colectiva

En 2025, Vaileth Elias y Sarah Oltetia fueron elegidas como concejalas, un rol que tradicionalmente es dominado por hombres. En una reciente capacitación “Local to Local Dialog” del PWC, Vaileth compartió su experiencia: “Recibí capacitación en una etapa muy temprana de mi trayectoria de liderazgo y he visto grandes beneficios de ello. Esto me dio el valor para postularme a un cargo junto a cuatro hombres. Fue un momento tenso e incluso los hombres parecían confundidos. Finalmente, fui la ganadora por un amplio margen”. Esta generación de confianza fue confirmada por Sarah: “Ahora sé cómo convocar una reunión, a quién invitar y cómo capacitar a las personas para que comprendan claramente lo que estoy comunicando. Donde estoy hoy, sirviendo como concejala, es gracias a la educación que recibí a través del PWC”.

A pesar de su impacto comprobado y de sus modelos escalables, organizaciones como el Pastoral Women’s Council enfrentan barreras estructurales significativas, particularmente en la movilización de recursos financieros y técnicos. El financiamiento global para el cambio climático, la conservación y los derechos sobre la tierra rara vez llega directamente a organizaciones indígenas y locales lideradas por mujeres, socavando la sostenibilidad y limitando el crecimiento institucional. Si el acceso equitativo a la justicia para las mujeres pastoras indígenas es una prioridad genuina, las arquitecturas de financiamiento deben cambiar. El financiamiento directo, a largo plazo y con enfoque de género no es caridad: es una inversión estratégica en sistemas de justicia efectivos, sostenibles y localmente legítimos.

En conclusión, la experiencia de las mujeres pastoras en Tanzania desafía definiciones estrechas de justicia. Las leyes y los tribunales importan, pero son insuficientes sin la legitimidad cultural, la seguridad económica y el liderazgo de las mujeres. La justicia emerge cuando las mujeres pueden hablar, las comunidades reconocen su autoridad y las instituciones responden a las realidades vividas. El trabajo del PWC y la solidaridad de sus integrantes demuestran que los enfoques integrados, que combinan alfabetización jurídica, desarrollo de liderazgo, empoderamiento económico e incidencia comunitaria, pueden abordar las causas estructurales de la injusticia. El acceso equitativo a la justicia es una cuestión de poder: quién lo tiene, quién lo comparte y quién puede reclamarlo.

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El Foro de Organizaciones No Gubernamentales Indígenas Pastoralistas (Foro PINGO) llevó a cabo una investigación de campo mediante un enfoque de métodos mixtos, que incluyó entrevistas a informantes clave y líderes comunitarios, grupos focales para recoger perspectivas colectivas y encuentros comunitarios directos con las personas afectadas. Se puso especial énfasis en la inclusión, garantizando la participación de mujeres, jóvenes y grupos marginados, con el fin de recopilar una diversidad de voces y experiencias.

El estudio recopiló respuestas de tres de las regiones más afectadas: Manyara (35%), Dodoma (33%) y Tanga (31%), reflejando una participación equilibrada en las áreas encuestadas. En algunas comunidades, el fuerte involucramiento local del EACOP pudo haber influido en la cooperación con investigadores externos, mientras que las restricciones de seguridad vinculadas al proyecto limitaron el acceso a ciertas zonas. Estas dinámicas evidencian los desafíos de garantizar una participación plenamente inclusiva en contextos de desarrollo de alto impacto.

Fallas sistémicas en el proceso de consulta y participación comunitaria

El estudio registró una notable disparidad de género entre las personas encuestadas: 69% de hombres y 27% de mujeres. El resto no especificó su género o se identificó de otra manera. Este desequilibrio podría reflejar barreras sociales y culturales más amplias que limitan la participación de las mujeres en procesos de consulta, así como sesgos ocupacionales en los roles vinculados al proyecto, entre ellos las negociaciones de tierras, tradicionalmente dominadas por hombres.

La investigación de verificación de hechos reveló que sólo el 23% de las personas encuestadas fueron consultadas durante la planificación o implementación del EACOP, mientras que un 30% afirmó explícitamente haber sido excluida. Entre quienes fueron consultados, la participación se limitó en gran medida a reuniones comunitarias (18%), mientras que la intervención a nivel individual o familiar fue mínima (4% encuestas a hogares y 1% en entrevistas).

Estos hallazgos evidencian fallas sistémicas en el proceso de consulta, el cual no cumplió con los estándares del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), especialmente en el caso de grupos marginados con bajos niveles de alfabetización.

Estos hallazgos evidencian fallas sistémicas en el proceso de consulta, el cual no cumplió con los estándares del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).

La calidad de la inclusión fue evaluada de manera negativa: el 22% describió las consultas como “nada inclusivas” y apenas el 1% las consideró “muy inclusivas”. Sólo el 4% consideró que sus aportes influyeron en las decisiones del proyecto, mientras que el 25% manifestó que sus opiniones fueron ignoradas y el 30% dijo no estar seguro. Los principales obstáculos para una participación significativa incluyeron las dificultades con el idioma (25%), la falta de acceso a la información (18%) y una representación comunitaria limitada (6%). Algunos encuestados describieron que se trató de “reuniones colectivas que no fueron inclusivas”.

Estos hallazgos evidencian fallas sistémicas en el proceso de consulta, el cual no cumplió con los estándares del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), especialmente en el caso de grupos marginados con bajos niveles de alfabetización (52% sin educación formal) y escasa conciencia sobre el proyecto (inicialmente, el 32% no conocía el EACOP). Además, las personas consultadas informaron sentirse sin poder de decisión respecto de la realización o no del proyecto.

El impacto del oleoducto en los medios de vida

El estudio reveló también que el 43% de las personas participantes experimentaron impactos negativos en sus medios de vida a causa del Oleoducto de Crudo de África Oriental. Esto se debe, principalmente, por la pérdida de tierras para el pastoreo del ganado (34%) y a causa de los desplazamientos forzados (13%). A su vez, la exhumación de tumbas ha provocado un profundo impacto cultural en la población. En consecuencia, la gravedad de los impactos fue considerable: el 29% los describió como significativos, el 5% como moderados y el 1% como graves. 

En cuanto a los sistemas de compensación, sólo el 23% recibió algún tipo de reparación. Entre quienes sí fueron compensados, la satisfacción fue muy dispar: apenas el 9% consideró que la compensación fue adecuada, el 5% la calificó como inadecuada y otro 9% expresó incertidumbre. Combinadas con el 38% de no respuestas, estas cifras reflejan fallas estructurales en los mecanismos de reparación, especialmente para los grupos dependientes de la tierra. Cabe destacar que el 43% de las familias perdió tierras de pastoreo.

Estos incumplimientos resultan especialmente perjudiciales para los grupos que dependen de la tierra (el 69% de las personas encuestadas), cuyas relaciones culturales y económicas con el territorio no pueden medirse mediante criterios de mercado convencionales. Es fundamental destacar que todas las comunidades encuestadas informaron que los programas sociales prometidos por el Oleoducto de Crudo de África Oriental no se habían materializado. 

Falta de compensación y carencias laborales

El estudio también revela importantes deficiencias en las iniciativas de empleo local: el 34% de las personas consultadas confirmó que no se generaron oportunidades para miembros de la comunidad, mientras que el 36% indicó que nadie en su hogar fue empleado por el proyecto ni por sus contratistas. La accesibilidad sigue siendo un problema central, ya que el 21% reportó prácticas de contratación excluyentes y el 12% no estaba seguro de si las oportunidades eran equitativas. La ausencia de programas de capacitación agrava estas problemáticas: el 34% confirmó la inexistencia de iniciativas de formación.

En la aldea de Gorimba, un representante juvenil involucrado en cuestiones relacionadas con el EACOP denunció que los pagos por horas extra acordados en los contratos no se están cumpliendo: “Antes de comenzar a trabajar, acordamos una cantidad específica de dinero por un tiempo determinado, por ejemplo, de 8:00 a 16:00. Sin embargo, cuando llega la hora acordada y queda trabajo pendiente, nos dicen que lo terminemos y prometen compensarnos por las horas extra. Pero nunca nos pagan por ese tiempo adicional”.

El estudio revela deficiencias en las iniciativas de empleo local: el 34% confirmó que no se generaron oportunidades para miembros de la comunidad, mientras que el 36% indicó que nadie en su hogar fue empleado por el proyecto ni por sus contratistas.

El estudio revela deficiencias en las iniciativas de empleo local: el 34% confirmó que no se generaron oportunidades para miembros de la comunidad.

Otro caso es el de Othman, un joven de 25 años de la aldea de Kitwai B, quien descubrió una oportunidad de formación en línea anunciada por el Oleoducto de Crudo de África Oriental. Debido a la mala conectividad de la red, tuvo que viajar aproximadamente 20 kilómetros para trepar a un árbol de baobab y poder acceder a los cursos, y luego desplazarse 75 kilómetros hasta Orkesumet para continuar sus estudios en condiciones seguras.

A pesar de haber completado los nueve módulos con un promedio sobresaliente del 98% y de haber sido seleccionado para un curso de tres meses en el Instituto de Capacitación VETA Moshi durante un taller trimestral del EACOP en Arusha, finalmente no fue elegido por razones desconocidas y aparentemente sesgadas. Esta decisión contradice el plan firmado para el Oleoducto de Crudo de África Oriental, que supuestamente iba a priorizar las oportunidades de empleo y formación para las comunidades indígenas afectadas.

Profanación cultural en la aldea de Sendeni

Lukas Sonyo, un hombre de 52 años de la aldea de Sendeni, vivió una de las violaciones culturales más profundas cometidas. En 2021, al planificarse la ruta del oleoducto, se descubrió que atravesaría la tumba de su padre, fallecido en 2013. La familia se negó a aceptar la exhumación (una práctica desconocida e inaceptable en la cultura masái) y solicitó que se desviara el trazado. En su lugar, el EACOP insistió en realizar rituales tradicionales de reentierro. Lukas expresó su conmoción: “Nos quedamos en shock, porque nunca habíamos experimentado, visto ni oído algo así en territorio masái”.

El Oleoducto de Crudo de África Oriental compensó a la familia extensa con 1,8 millones de chelines tanzanos, una suma totalmente insuficiente para un hogar conformado por dos viudas sobrevivientes y cuatro hijos casados con sus familias: un total de más de veinte personas. La asistencia de la empresa se ha limitado a 10 kilos de arroz, 10 kilos de maíz y 3 litros de aceite de cocina por mes, sin tener en cuenta el tamaño de la familia ni sus necesidades culturales.

Aunque el Oleoducto de Crudo de África Oriental se comprometió a cubrir los costos de una ceremonia de reentierro adecuada: según la tradición, incluye el sacrificio de un toro y la unción del difunto con su grasa. Sin embargo, incumplió la promesa y obligó a la familia a usar una cabra en lugar del toro, lo que representó una profunda transgresión cultural.

Promesas incumplidas

En 2021, Kitwai B fue reconocida como la única aldea afectada en Simanjiro. Tres años después, el presidente de la aldea presentó una queja sobre la falta de compensación y la pérdida de seis kilómetros de tierras de pastoreo. La respuesta del EACOP afirmaba que no existía “una base verificada para reconocer a Kitwai B como afectada por el proyecto”. En Tanga, la compensación a una iglesia damnificada se otorgó, de manera injusta, a un solo individuo. De manera similar, en Aulo Oo Nkishu (un espacio comunal de 100 a 200 metros junto a un boma, utilizado por varias familias como corral para animales) también fue compensada sólo una persona. 

Por otra parte, el oleoducto pasa apenas a 351 pasos de tierras ancestrales Sandawe, un sitio de profunda importancia cultural e histórica, cercano a una roca sagrada inscrita en 1914 con la frase Sandawe “Mokolo wa nkwe” (“Salúdenlos”). A pesar de esta proximidad con su patrimonio, el pueblo Sandawe ha sido sistemáticamente excluido de las consultas del proyecto. Esta exclusión subraya un patrón más amplio de negligencia, donde las voces indígenas y las tradiciones ancestrales son borradas en nombre del progreso.

“Vemos todos los planes y actividades del proyecto, pero no sabemos qué está pasando con el Programa de Inversión Social. ¿Lo implementarán después de que termine el proyecto? ¿Cómo podemos estar seguros de que cumplirán?”.

“No sabemos qué está pasando con el Programa de Inversión Social. ¿Lo implementarán después del proyecto? ¿Cómo podemos estar seguros de que cumplirán?”.

El 16 de septiembre de 2023, el EACOP firmó un plan de compromiso para implementar un Programa de Inversión Social dirigido a grupos étnicos vulnerables. Sin embargo, el 100% de las comunidades con las que interactuó el Foro PINGO expresó preocupaciones sobre promesas incumplidas. El estudio encontró un conocimiento y beneficio comunitario severamente limitados: sólo el 12% de los encuestados conocían alguna iniciativa, mientras que el 36% informó que no había llegado ningún beneficio a sus comunidades.

De manera crítica, el 34% indicó que estos programas no abordaron sus necesidades más urgentes, como escuelas, atención médica y acceso al agua. Un miembro de la comunidad de la aldea Gisambalang, en el distrito de Hanang, declaró: “Vemos todos los planes y actividades del proyecto, pero no sabemos qué está pasando con el Programa de Inversión Social. ¿Lo implementarán después de que termine el proyecto? ¿Cómo podemos estar seguros de que cumplirán?”.

Conclusiones y recomendaciones

La investigación demuestra el fracaso sistemático del Oleoducto de Crudo de África Oriental en respetar los derechos de los Pueblos Indígenas, cumplir con los estándares internacionales del Consentimiento Libre Previo e Informado, y entregar los beneficios prometidos a las comunidades afectadas. A su vez, el enfoque del proyecto ha causado (y continúa causando) daños irreparables a las culturas y medios de vida indígenas.

Estos hallazgos exigen la suspensión inmediata de las operaciones del oleoducto hasta que se asegure un CLPI adecuado de todas las comunidades indígenas afectadas, acompañado de una revisión independiente de las compensaciones. Debe existir una plena participación indígena, con el objetivo de auditar pagos pasados e identificar medidas de reparación equitativas. 

Las voces de los Pueblos Indígenas de Tanzania deben ser escuchadas y sus derechos respetados. Continuar con la trayectoria actual pone en riesgo no sólo el progreso, sino la desaparición de culturas que han cuidado estas tierras durante generaciones.

Continuar con la trayectoria actual pone en riesgo no sólo el progreso, sino la desaparición de culturas que han cuidado estas tierras durante generaciones.

Paralelamente, el personal y los contratistas del EACOP deben recibir capacitación obligatoria sobre derechos indígenas, y se deben establecer mecanismos de supervisión gubernamental transparentes con representación indígena para garantizar la rendición de cuentas. Finalmente, los compromisos establecidos en el Programa de Inversión Social deben cumplirse con planes de implementación claros, plazos definidos y monitoreo independiente.

Las voces de los Pueblos Indígenas de Tanzania deben ser escuchadas y sus derechos respetados. Continuar con la trayectoria actual pone en riesgo no sólo el progreso, sino la sistemática desaparición de culturas que han cuidado estas tierras durante generaciones.

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La organización Ujamaa Community Resource Team (UCRT) aborda estos desafíos apoyando a las comunidades en la obtención de Certificados de Tierras Comunales de la Aldea (CVL) y Certificados Comunales de Derecho Consuetudinario de Ocupación (CCRO), que son pasos fundamentales para asegurar la tenencia de la tierra. Los CVL se obtienen una vez que  las aldeas vecinas han llegado a un acuerdo sobre sus sus respectivos límites externos y, en ocasiones, requiere la resolución de conflictos existentes. Una vez completado el plan de uso de la tierra, las áreas de uso común, como las destinadas al pastoreo, la caza y la recolección, se titulan con un CCRO.

Estas herramientas legales proporcionan a las comunidades indígenas los medios para controlar y gestionar sus tierras de manera sostenible. Al promover la conectividad y las prácticas tradicionales de uso de la tierra, como el pastoreo rotacional, Ujamaa Community Resource Team ayuda a las comunidades a adaptarse a los impactos del cambio climático, como las sequías severas que son cada vez más frecuentes en las regiones áridas del norte de Tanzania.

Fortaleciendo la gobernanza para la gestión sostenible de los recursos

Asegurar los derechos territoriales es sólo el primer paso. Una gestión efectiva de los recursos requiere instituciones de gobernanza responsables que integren las prácticas consuetudinarias con los marcos legales formales. Ujamaa Community Resource Team aboga por estructuras de gobernanza transparentes y equitativas que empoderen a las comunidades para tomar decisiones colectivas sobre su tierra y sus recursos. Este enfoque no solo garantiza una gestión sostenible de los recursos naturales, sino que también contribuye a la preservación de las prácticas culturales y el conocimiento tradicional.

Los esfuerzos de UCRT incluyen la facilitación de Planes de Uso de la Tierra en Aldeas Participativas (PVLUP) y Planes de Uso de la Tierra en Aldeas Conjuntas (JVLUP) con el fin de promover una gestión coordinada de los recursos compartidos. Estos planes mejoran la conectividad de las tierras de pastoreo y permiten que tanto el ganado como la fauna silvestre se desplacen libremente por el paisaje. Esto es crucial para mantener el equilibrio ecológico y la resiliencia ante los impactos climáticos.

El enfoque de fortalecimiento de capacidades no solo mejora la resiliencia climática, sino que también incrementa la seguridad alimentaria y reduce la pobreza al diversificar las fuentes de ingresos mediante emprendimientos.

El enfoque de fortalecimiento de capacidades no solo mejora la resiliencia climática, sino que también incrementa la seguridad alimentaria y reduce la pobreza.

Por otra parte, uno de los objetivos fundamentales de Ujamaa Community Resource Team es fortalecer la capacidad comunitaria para la administración responsable del medio ambiente. Al promover prácticas como la gestión sostenible de las tierras de pastoreo e integrar el conocimiento científico con enfoques tradicionales, UCRT contribuye a que las comunidades creen ecosistemas más saludables y resilientes al cambio climático. Por ejemplo, en el distrito de Longido,  trabaja con las comunidades para mejorar la gestión de más de 400.000 hectáreas de tierras de pastoreo, lo que beneficia tanto al medio ambiente como a los medios de vida locales.

A través de estas iniciativas, Ujamaa Community Resource Team empodera a las comunidades para que tomen medidas proactivas en la adaptación a la variabilidad climática, como el desarrollo de estrategias para la conservación del agua y el control de la erosión del suelo. Este enfoque de fortalecimiento de capacidades diversifica las fuentes de ingresos mediante emprendimientos basados en la naturaleza, como el ecoturismo y los proyectos de carbono, desarrollados en alianza con actores externos. Esto no sólo mejora la resiliencia climática, sino que también incrementa la seguridad alimentaria y reduce la pobreza.

Promoviendo la gobernanza inclusiva y la equidad social

La gestión equitativa de los recursos es crucial para el desarrollo sostenible. Por eso, Ujamaa Community Resource Team pone un fuerte énfasis en empoderar a los grupos marginados,  las mujeres y los jóvenes. A través de los Foros de Derechos y Liderazgo de las Mujeres (WRLF), el enfoque inclusivo de UCRT fomenta la influencia social, el empoderamiento económico, las oportunidades de desarrollo de habilidades, el fortalecimiento de  las instituciones comunitarias y la  gobernanza justa de los recursos.

Al garantizar que todos los miembros de la comunidad amplifiquen sus voces en los procesos de toma de decisiones, UCRT busca crear sistemas de gobernanza que sean  efectivos y justos. Este modelo inclusivo respalda el objetivo más amplio de lograr derechos territoriales equitativos y una gestión adecuada de los recursos, que son esenciales para construir comunidades resilientes capaces de soportar los impactos del cambio climático.

Al colaborar con redes nacionales como PINGOs Forum y Tanzania Land Alliance, UCRT amplifica las voces de las comunidades indígenas y presiona por cambios en las políticas que reflejen sus necesidades y prioridades.

Al colaborar con redes nacionales como PINGOs Forum y Tanzania Land Alliance, UCRT amplifica las voces de las comunidades indígenas y presiona por cambios en las políticas.

El trabajo de UCRT en asegurar los derechos territoriales y promover la gestión sostenible de los recursos es vital para la resiliencia de las comunidades indígenas en Tanzania. Al vincular la seguridad en la tenencia de la tierra con la resiliencia climática, UCRT propone un modelo de conservación liderado por indígenas que apoya tanto el bienestar humano como el ambiental. A medida que los desafíos del cambio climático y la alienación de la tierra se intensifican, la necesidad de enfoques impulsados por la comunidad se vuelve cada vez más clave.

Los esfuerzos de defensa de UCRT se amplifican a nivel nacional gracias a su colaboración con organizaciones nacionales como PINGOs Forum y Tanzania Land Alliance. También,  trascienden las fronteras de Tanzania: sus miembros participan en plataformas internacionales, como la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC). Estos compromisos tienen como objetivo compartir las mejores prácticas sobre estrategias de resiliencia climática indígena basadas en la comunidad, influir en las políticas a múltiples niveles y asegurar que las perspectivas indígenas se incluyan en las discusiones sobre la gobernanza climática global.

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