Al mismo tiempo, introduce una transformación sustantiva: la minería se reconfigura como una función de soberanía en el siglo XXI, integrada a políticas de seguridad tecnológica, autonomía energética y posicionamiento estatal en una economía mundial tensionada. Así, el control sobre los minerales críticos se convierte en la capacidad de definir qué modelos de desarrollo se consideran legítimos y cuáles quedan subordinados o descartados en la economía política contemporánea, incluso cuando esos recursos se encuentran en territorios indígenas con sistemas propios de autodeterminación.

La naturaleza de este conflicto va más allá de la extracción histórica de minerales como el carbón o el oro. Aunque ambos fueron recursos estratégicos, los minerales críticos sostienen la arquitectura de nuestra era: posibilitan la digitalización, las industrias militares, la manufactura de baterías y semiconductores, y la hegemonía tecnológica en un mundo marcado por tensiones geopolíticas aceleradas. Su control ya no define únicamente la riqueza, sino también la capacidad de un Estado para imponer su visión del futuro, desde la seguridad nacional hasta la autonomía energética, desde la infraestructura digital hasta la competitividad industrial. Una capacidad que, con frecuencia, encuentra legitimidad en el discurso global de la transición verde, aunque sus fines responden a lógicas de poder y seguridad.

Un derecho a ser y a querer ser

En Suecia, esta prioridad se expresó en su adhesión a la Sustainable Critical Minerals Alliance en junio de 2024. Allí, el Gobierno afirma que estos recursos son esenciales para “garantizar un suministro seguro y sostenible de materias primas necesarias para las transiciones verdes y digitales”, reforzando la seguridad de las cadenas productivas europeas. Por su parte, en Colombia, mediante la Resolución 1006 de 2023, la Agencia Nacional de Minería actualizó el listado de “minerales estratégicos”, vinculando su extracción con la transición energética, los compromisos del Acuerdo de París y la reindustrialización. 

En ambos países, la extracción dejó de ser una apuesta meramente económica para convertirse en un pilar de seguridad estatal, en un momento donde la competencia por minerales críticos redefine jerarquías globales y reconfigura el lugar histórico de los territorios indígenas como espacios estratégicos en la política global. Esta reconfiguración expone una tensión profunda en el núcleo de la gobernanza contemporánea de los recursos naturales y los derechos colectivos: el conflicto persistente entre la formalidad del reconocimiento estatal de los Pueblos Indígenas y su lucha por una autonomía sustantiva, la capacidad de definir plenamente su estatus político y de ejercer libremente su existencia económica, social y cultural como pueblos.

Los minerales críticos agudizan la asimetría decisoria que estructura la relación entre el Estado y los Pueblos Indígenas. Así, la soberanía estatal sobre el subsuelo se expande mediante lenguajes normativos emergentes como la urgencia climática. 

La autodeterminación indígena permanece circunscrita a mecanismos de participación procedimental, sin capacidad para disputar la orientación estratégica del desarrollo.

Esta disputa redefine la autodeterminación, no como un derecho meramente inscrito en los sistemas jurídicos, sino como un derecho a ser y a querer ser, un principio vivo que confronta los límites del Estado y las lógicas extractivas que lo sostienen. El derecho a ser es reclamado desde el territorio, la memoria y la resistencia, y no constituye una concesión otorgada por el Estado. Su reivindicación obliga a repensar la autodeterminación ya no entendida como una cláusula legal pasiva, sino en clave de un proceso político activo para sostener la vida y la gobernanza, en contextos donde la violencia adopta diversas formas, desde el despojo colonial hasta las lógicas tecnocráticas del control y la exclusión.

En este contexto, los minerales críticos agudizan la asimetría decisoria que estructura la relación entre el Estado y los Pueblos Indígenas. Así, la soberanía estatal sobre el subsuelo se expande mediante lenguajes normativos emergentes como la seguridad del suministro, la urgencia climática y la competitividad industrial. Por su parte, la autodeterminación indígena permanece circunscrita a mecanismos de participación procedimental, sin capacidad vinculante para disputar la orientación estratégica del desarrollo, incluso cuando sus territorios adquieren centralidad en la transición energética.

Entre el Estado unitario y el pluralismo constitucional

El modo en que los Estados gestionan el derecho a ser de los Pueblos Indígenas revela hasta qué punto la autodeterminación se traduce o se diluye dentro de los marcos administrativos y legales que regulan el subsuelo y los territorios. En Suecia y Colombia, dos filosofías estatales aparentemente opuestas (una arraigada en la unidad administrativa liberal europea y la otra, en el pluralismo constitucional poscolonial), convergen en lo que puede denominarse como una paradoja del poder decisorio: el subsuelo es concebido como un asunto de interés nacional, lo que permite recentralizar las decisiones estratégicas bajo la retórica del interés público y del destino colectivo. 

En apariencia, estas políticas proyectan un modelo de gobernanza más inclusivo. Sin embargo, en la práctica, absorben la participación de los Pueblos Indígenas en marcos normativos que aseguran la supremacía estatal sobre sus territorios. De este modo, la autodeterminación se convierte así en una promesa administrada: un derecho reconocido o, en algunos casos, apenas enunciado, pero condicionado a las lógicas del desarrollo y de la transición verde, donde el Estado se erige nuevamente como árbitro de lo posible.

Aunque la Constitución reconoce al pueblo Sámi, este reconocimiento se limita a las esferas cultural y administrativa, sin otorgar derechos territoriales ni jurisdiccionales. La ausencia de ratificación del Convenio 169 de la OIT refuerza esa restricción. 

Aunque la Constitución reconoce al pueblo Sámi, este reconocimiento se limita a las esferas cultural y administrativa, sin otorgar derechos territoriales ni jurisdiccionales.

Los informes más recientes del Consejo Sámi, The State of Sápmi 01 y 02, muestran cómo Suecia encarna una versión contenida de la misma paradoja: un reconocimiento indígena formalizado en un marco estatal que garantiza la protección cultural, pero niega su soberanía territorial. Desde su base jurídica, los derechos sámi definidos por la Ley de Ganadería de Renos son funcionales y no territoriales: les permiten el uso tradicional del territorio para la cría de renos, pero no confieren soberanía ni propiedad sobre el subsuelo. Aunque la Constitución reconoce al pueblo Sámi, este reconocimiento se limita a las esferas cultural y administrativa, sin otorgar derechos territoriales ni jurisdiccionales. La ausencia de ratificación del Convenio 169 de la OIT refuerza esa restricción. 

En este marco, la ley de consulta sámi de 2022 constituye un avance institucional al establecer la obligación de las autoridades públicas de dialogar con el pueblo Sámi. Sin embargo, no exige el consentimiento y excluye a los actores privados. Por su parte, el Parlamento Sámi (Sametinget), subordinado al Gobierno, mantiene competencias consultivas sin poder decisorio sobre los recursos naturales. A su vez, la Ley de Minería (1991) y la Ley Forestal (1979) prevén mecanismos de participación procedimental, pero sin constituir una obligación formal de consulta ni basarse en el consentimiento; mientras que el Código Ambiental (1998) limita la protección a los aspectos ecológicos, dejando de lado las dimensiones culturales, sociales y espirituales del territorio. De esta forma, el Estado reconoce al pueblo Sámi como interlocutor político, pero la autodeterminación persiste en los límites del Estado.

Colombia: una gobernanza que combina coerción, litigio y administración

En Colombia, esta paradoja adquiere una forma más expuesta y disputada. Mientras en Suecia la integración administrativa neutraliza la autodeterminación dentro de un marco de reconocimiento cultural, en el caso colombiano el pluralismo jurídico se despliega en medio de la fragmentación institucional y el peso histórico del conflicto armado. A diferencia de Suecia, en Colombia habitan 115 Pueblos Indígenas reconocidos oficialmente, muchos de ellos superpuestos con áreas de explotación minera y conservación ambiental, lo que complejiza la gestión del territorio y la aplicación del derecho, en especial respecto al ejercicio de la autonomía y la jurisdicción especial indígena. 

Desde una perspectiva normativa, la Constitución de 1991 reconoció la jurisdicción indígena (artículo 246), la propiedad colectiva (artículos 329 y 330) y el reconocimiento de la consulta previa como deber jurídico conforme al Convenio 169 de la OIT (Ley 21 de 1991). Asimismo, la Corte Constitucional estableció que el consentimiento previo es obligatorio cuando una medida implica desplazamiento, almacenamiento de materiales tóxicos o amenaza de extinción física o cultural. Sin embargo, la efectividad de este marco depende casi enteramente del litigio: la acción de tutela se ha convertido en el principal medio de exigibilidad y la Corte actúa como árbitro frente a la inercia administrativa y la débil coordinación institucional. 

La violencia, heredera de una larga historia de disputas por la tierra y el control territorial, opera como un mecanismo de poder que entrelaza intereses económicos, políticos y armados, condicionando la autonomía indígena.

La violencia opera como un mecanismo de poder que entrelaza intereses económicos, políticos y armados, condicionando la autonomía indígena.

La gestión de los títulos mineros y las licencias ambientales refleja esa fragmentación: la Agencia Nacional de Minería otorga y supervisa los títulos, mientras la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y las Corporaciones Autónomas Regionales asumen la evaluación ambiental sin una articulación efectiva. Pese a que la Corte, en la Sentencia T-129 de 2011, ordenó que la consulta previa se inicie desde la fase de planificación, la normativa ordinaria suele limitarla al trámite de licenciamiento ambiental, cuando los proyectos ya están avanzados, reduciendo el derecho a un requisito administrativo.

En este contexto, la violencia, heredera de una larga historia de disputas por la tierra y el control territorial, opera como un mecanismo de poder que entrelaza intereses económicos, políticos y armados, condicionando la autonomía indígena. De esta manera, el pluralismo jurídico colombiano, aunque constitucionalmente robusto, coexiste con un régimen de gobernanza que combina coerción, litigio y administración, frente al cual los Pueblos Indígenas sostienen su autonomía como una forma persistente de resistencia.

Más allá del límite decisorio: hacia una gobernanza recíproca

El contraste entre Suecia y Colombia no sólo revela dos modelos administrativos, sino también dos formas de relación entre el Estado, los Pueblos Indígenas y la soberanía territorial. En Suecia, la coherencia institucional del Estado garantiza su propia estabilidad, pero reduce el reconocimiento del pueblo Sámi a un asunto gestionado desde la administración más que en un principio de autodeterminación. En Colombia, la fuerza jurídica del pluralismo constitucional reconoce derechos sustantivos, pero la fragmentación institucional y la persistencia de la violencia erosionan su efectividad. Los derechos existen, pero su cumplimiento depende de un Estado que opera entre la promesa jurídica y la inercia política.

En ambos contextos, la disputa por los recursos estratégicos redefine los límites del poder estatal y sitúa los minerales críticos en el centro de una tensión persistente: la expansión de la soberanía estatal frente a la contención de la autodeterminación indígena. Así, más que un debate normativo, el desafío de fondo consiste en cómo reconfigurar la gobernanza del poder decisorio para que la relación entre el Estado y los Pueblos Indígenas deje de subordinarse a la administración y se funde en la redistribución de la soberanía, rompiendo la paradoja que, bajo el discurso del reconocimiento, limita la autodeterminación.

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La contradicción se vuelve especialmente evidente en los territorios indígenas. Proyectos como la mina de grafito Lomiko y el proyecto Strange Lake de tierras raras muestran cómo la narrativa de liderazgo climático de la provincia enmascara la continua erosión de la soberanía indígena. La imagen pública de Quebec como pionero ambiental oculta la realidad de una extracción de recursos que a menudo avanza sin el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), tal como lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).

Soberanía indígena y transición justa

En todo Quebec, las tierras indígenas se abren a proyectos mineros en nombre de la transición energética. Según un informe de MiningWatch Canada, un asombroso 10% del territorio de Quebec está bajo concesiones mineras, mientras que el 60% de las 338.000 concesiones se superponen con ríos, lo que multiplica los impactos. Aunque en 2021 Canadá aprobó la Ley C-15 que incorporó la DNUDPI en la legislación federal, el CLPI sigue siendo más aspiracional que real. Las comunidades son consultadas después de que los proyectos ya están en marcha o bajo condiciones que hacen casi imposible ejercer el derecho a decir no. 

En Canadá, el CLPI rara vez se respeta de manera adecuada en proyectos extractivos. Un verdadero derecho a rechazar un proyecto implicaría consultas antes de su inicio, incluyendo a ancianos, mujeres y niños, y no sólo a hombres o líderes tribales. Y si una comunidad dice no, el proyecto debe detenerse. Una transición verdaderamente justa hacia energías limpias debería situar la soberanía indígena como principio rector antes de empezar cualquier proceso. El CLPI no puede ser un trámite de último momento.

La contradicción entre la retórica de Quebec sobre los derechos indígenas y sus compromisos climáticos queda clara con la mina de grafito Lomiko y el proyecto de tierras raras Strange Lake en Nunavik.

La contradicción de Quebec sobre los derechos indígenas y sus compromisos climáticos queda clara con la mina de grafito y el proyecto de tierras raras.

En 2023, el fallo R. c. Montour en Quebec otorgó a la Ley C-15 “el mismo peso que un instrumento internacional vinculante”, al interpretar el artículo 35(1) de la Constitución. Si bien fue celebrado como un paso histórico que elevaba los derechos indígenas en la provincia, su implementación ha sido desigual. Un tribunal superior de Quebec falló recientemente a favor de la Primera Nación Mitchikanibikok Inik, que había demandado a la provincia por incumplir su deber constitucional de consultarlos antes de otorgar concesiones mineras en su territorio. El fallo obliga a la provincia a consultar y acomodar a la Nación no solo sobre las concesiones existentes, sino también sobre las nuevas. Una victoria parcial, en retrospectiva.

En abril de 2022, Quebec volvió a posicionarse como líder progresista al aprobar la Ley 21, que prohíbe nuevas exploraciones y producciones de petróleo, además de exigir la restauración de los territorios. La norma fue ampliamente celebrada como un paso hacia una acción más firme contra el cambio climático. La contradicción entre la retórica de Quebec sobre los derechos indígenas y sus compromisos climáticos queda clara con la mina de grafito Lomiko y el proyecto de tierras raras Strange Lake en Nunavik. En estos proyectos, las promesas de sostenibilidad chocan con la realidad extractiva.

La industria militar estadounidense y la oposición indígena

En la región de Outaouais, el proyecto La Loutre de Lomiko Metals Inc. propone una mina de grafito a cielo abierto presentada como parte de la “transición ecológica”. Recientemente, una millonaria subvención del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD) se convirtió en una de las principales fuentes de financiamiento de esta mina, ampliamente rechazada. Según Lomiko, podría llegar a ser la séptima mina de grafito más grande del mundo.

El proyecto recibió una subvención de 8,35 millones de dólares del DoD a través de un acuerdo de inversión tecnológica bajo el Título III de la Ley de Producción de Defensa. A esto se suman 4,9 millones de dólares de Recursos Naturales de Canadá, alcanzando un total de 16,7 millones de dólares en financiamiento conjunto entre Estados Unidos y Canadá. La mina La Loutre es uno de los primeros casos en que el DoD financia un proyecto minero canadiense en una etapa tan temprana. Aunque Lomiko lo presenta como un proyecto de transición energética, la participación del DoD revela su importancia para fines militares.

La comunidad KZA ha trabajado activamente en la restauración de sus tierras degradadas, en colaboración con gobiernos locales y provinciales para proteger los ecosistemas, en línea con los compromisos asumidos por Canadá en la COP15.

El caso del financiamiento del DoD a proyectos como Lomiko no es único. Robert P. Sanders, cónsul general de EE.UU. en Montreal, confirmó que hay otras inversiones en proceso.

El proyecto ha generado oposición en comunidades locales, incluida la primera nación Kitigan Zibi Anishinabeg (KZA), cuyo territorio se ve directamente afectado. Como en muchos proyectos extractivos, hay poca evidencia de que se haya buscado un CLPI genuino. La comunidad KZA ha trabajado activamente en la restauración de sus tierras degradadas, en colaboración con gobiernos locales y provinciales para proteger los ecosistemas, en línea con los compromisos asumidos por Canadá en la COP15. Estos esfuerzos chocan directamente con la expansión minera.

El gobierno de Quebec, pese a respaldar la minería, rechazó financiar el proyecto provincialmente, alegando falta de “aceptabilidad social”. Fue celebrado como una rara, aunque no definitiva, victoria, ya que los fondos federales y estadounidenses siguen vigentes. El caso del financiamiento del DoD a proyectos como Lomiko no es único. En una entrevista con Le Journal, Robert P. Sanders, cónsul general de Estados Unidos en Montreal, confirmó que hay otras inversiones en proceso.

El proyecto Strange Lake y las preocupaciones inuit, innu y naskapi

Otro de esos proyectos es Strange Lake, de la empresa Torngat Metals. Aunque no está financiado directamente por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, la compañía suministrará minerales a una empresa norteamericana contratada para fabricar imanes de tierras raras destinados al ejército de Estados Unidos.

El proyecto Strange Lake, de Torngat Metals (con sede en Quebec), se ubica entre el norte de Quebec y Labrador, en territorio inuit de Labrador. Al igual que el grafito, las tierras raras son muy demandadas tanto para baterías de vehículos eléctricos como para equipos militares. La mina es sólo una parte del plan: también se proyecta una planta de separación en Sept-Îles. El proyecto ya mostró su verdadero rostro cuando inicialmente planeó una carretera de acceso que atravesaba tierras inuit, lo que habría obligado al gobierno de Nunatsiavut a realizar su propia evaluación ambiental. Más tarde, Torngat Metals modificó la ubicación de la carretera.

Otras dos naciones, la Nación Innu y la Nación Naskapi de Kawawachikamach, también expresaron su preocupación por el impacto del proyecto, señalando su cercanía a las áreas de cría del caribú del río George. La Nación Innu reafirmó su conexión con la tierra y su inquietud por los efectos del proyecto, invocando el artículo 35 de la Ley Constitucional de Canadá, que reconoce los derechos indígenas. Sin embargo, al igual que ocurre con la Ley C-15, esos derechos siguen sin definición clara y se aplican de manera desigual en proyectos extractivos.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos y la transición justa

La participación del Departamento de Defensa de Estados Unidos en proyectos como Lomiko y Strange Lake subraya cómo las narrativas de energía limpia pueden alinearse con objetivos militares. Minerales como grafito, litio, tierras raras y níquel son esenciales no solo para las baterías de vehículos eléctricos, sino también para aplicaciones militares.

Con el reciente cambio de nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra, ya no quedan dudas sobre los objetivos de este financiamiento. La reciente Big Beautiful Bill añadió otros 13.000 millones de dólares en fondos directos del departamento, que seguirán destinándose a minas e instalaciones de procesamiento no sólo en Estados Unidos y Canadá, sino también en todo el mundo. Comunidades estadounidenses, como los People of Red Mountain en Nevada, continúan luchando contra una mina de litio financiada por el DoD que eludió el consentimiento local.

Esta tendencia se intensificará a medida que más fondos se distribuyan a las empresas mineras. Quebec tiene una decisión que tomar: respetar sus compromisos con la DNUDPI y la justicia climática, o alinearse silenciosamente con las prioridades militares de Estados Unidos. Así, la retórica de la sostenibilidad funciona como una cortina de humo para otros objetivos.

La paradoja de Quebec

La prohibición de la exploración de combustibles fósiles en Quebec mediante la Ley 21 fue celebrada como una prueba de liderazgo climático audaz. Sin embargo, si tomamos en cuenta la expansión minera de la provincia, la contradicción resulta imposible de ignorar. El petróleo y el gas quedan prohibidos en nombre de la justicia climática, mientras los proyectos mineros destructivos avanzan bajo la bandera de la “transición verde”.

La mina de grafito La Loutre y el proyecto de tierras raras Strange Lake muestran cómo esta dinámica se materializa cuando los territorios indígenas son el objetivo de la extracción: el Consentimiento Libre, Previo e Informado se deja de lado y el financiamiento externo orienta los proyectos (menos hacia soluciones climáticas y más) a asegurar cadenas de suministro militares. La narrativa de liderazgo de Quebec revela la verdadera naturaleza de proyectos extractivos, donde la soberanía, los ecosistemas y las soluciones a largo plazo se sacrifican por objetivos industriales.

La paradoja de prohibir los combustibles fósiles mientras se acelera la minería revela que la “transición” de Quebec no tiene tanto que ver con la justicia climática, como con sustituir una práctica extractiva por otra.

Prohibir los combustibles mientras se acelera la minería revela que la “transición” no tiene tanto que ver con la justicia climática, como con sustituir una práctica extractiva por otra.

Si la provincia hablara en serio de una transición justa, las naciones indígenas tendrían autoridad decisiva desde antes de iniciar los proyectos. Si esta fuera la realidad, el Consentimiento Libre Previo e Informado no sería reducido a una casilla intermedia en el camino, sino respetado como un derecho vinculante capaz de cambiar, redefinir o detener proyectos por completo.

La paradoja de prohibir los combustibles fósiles mientras se acelera la minería revela que la “transición” de Quebec no tiene tanto que ver con la justicia climática, como con sustituir una práctica extractiva por otra. No se trata de desmantelarla, sino de rebrandearla. Una transición verdaderamente justa requiere colocar la soberanía indígena en el centro de la política climática.

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Estos mensajes, publicados en mayo de 2022 por la agencia de noticias N-TV, fueron llamativos porque salieron a la luz poco antes de la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT en Alemania.  Tras años de esfuerzos de la sociedad civil, en 2021, Alemania había decidido ratificar el Convenio 169 que protege los derechos indígenas. La ratificación tenía como objetivo expresar la solidaridad de la República Federal de Alemania con los Pueblos Indígenas a nivel mundial y, se esperaba que la potencia europea respetara, protegiera y cumpliera sus derechos en su política económica internacional. 

Sin embargo, la creciente demanda de carbón colombiano por Alemania dio un nuevo impulso a El Cerrejón, la mina de carbón más grande de América Latina, que en 2021 había anunciado un cierre gradual por la baja demanda del mineral. Desde ya que la reactivación de la mina ha tenido graves consecuencias para los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes que viven en la zona.

El Cerrejón y el pueblo Wayúu

El Cerrejón está ubicada en el departamento de La Guajira, en la región caribe de Colombia, en territorio ancestral wayúu. Este Pueblo Indígena es el más numeroso de Colombia: cuenta con más de 300.000 personas en La Guajira y también habita en el estado venezolano de Zulia, al otro lado de la frontera. El complejo minero fue establecido en 1976 tras la firma de un Acuerdo de Asociación entre el Estado colombiano, a través de Carbocol, y la International Colombia Resources Corporation (Intercor), una compañía subsidiaria de Exxon. 

De este modo, la extracción de carbón comenzó en 1983. Durante varias décadas, dos transnacionales mineras, Anglo American y BHP Billiton, se repartieron equitativamente la participación accionaria en la empresa. Finalmente, entre 2000 y 2002, el Estado colombiano vendió su participación a través de Carbocol y, en la actualidad, la empresa Carbones del Cerrejón, encargada de operar la mina, es propiedad de la transnacional suiza Glencore.

En una de las regiones más secas de América del Sur tropical, desaparecieron varios ríos, que son las principales fuentes de agua. Las emisiones de polvo fino de la minería y el alto contenido de mercurio afectan la salud de los habitantes.

La compañía desvió el arroyo Bruno a un nuevo cauce para explotar el carbón que hay debajo.

Desde su inicio, las comunidades locales en la esfera de influencia de El Cerrejón han sufrido severos impactos ambientales, sociales y culturales a causa de la mina. Aproximadamente 35 comunidades indígenas y afrodescendientes fueron reubicadas de sus territorios históricos. Las actividades de la mina contaminaron el suelo, el aire y el agua. En una de las regiones más secas de América del Sur tropical, desaparecieron varios ríos, que son las principales fuentes de agua. Las emisiones de polvo fino de la minería y el alto contenido de mercurio afectan la salud de los habitantes: casi todos los wayúu sufren enfermedades respiratorias y erupciones en la piel. 

Desde 2013, la empresa Cerrejón se propuso desarrollar un nuevo tajo minero de nombre “La Puente”, para expandir la extracción de carbón. Con este propósito había sido necesario el desvío del arroyo Bruno: un afluente relevante del único río importante de esta región árida, el río Ranchería, que fluye a través de la coregión de concesión minera del Cerrejón. La compañía desvió el arroyo Bruno al norte de su cauce natural, para explotar el carbón que hay debajo. Ante esta situación de escalada, varias comunidades locales, tanto wayúu como afrodescendientes, denunciaron que no habían sido consultadas.

El conflicto por el Arroyo Bruno

En 2017, la Corte Constitucional de Colombia reconoció que la empresa Carbones del Cerrejón y las instituciones del Estado amenazaron los derechos al agua, la soberanía alimentaria y la salud del pueblo Wayúu, al haber autorizado y realizado la desviación del cauce natural del arroyo Bruno para ampliar la mina. Así, la Corte suspendió la ampliación de la zona de explotación de carbón realizada sin consulta por el complejo El Cerrejón. Todo el proceso legal estuvo acompañado de amenazas, que recibieron los demandantes.

La sentencia SU 698/17 fue considerada como un éxito jurídico para los demandantes en la Corte Constitucional, la cual justificó su decisión con los efectos sobre el clima y la salud de los habitantes de la zona, así como con sus derechos culturales protegidos en el marco constitucional de Colombia. También consideraba la relevancia espiritual del río. Para los wayúu, los ríos no sólo son fuentes de vida, sino entidades sagradas. Como lo explicaba la abogada Mateus Parra: “Una de las deidades supremas de los wayúu vive en los ríos. Cuando el río se va, esta diosa ya no puede ser invocada”. 

Las empresas utilizaron un mecanismo de derecho público internacional, que otorga a un inversor extranjero el derecho a iniciar un procedimiento de arbitraje contra el Estado anfitrión.

Las empresas utilizaron un mecanismo de derecho público internacional, que otorga a un inversor extranjero el derecho a iniciar un procedimiento de arbitraje contra el Estado anfitrión.

En su sentencia, la Corte pidió a la empresa, a las autoridades y a los afectados que busquen juntos una solución sobre los aspectos más controvertidos. En lugar de acatar la decisión, Anglo American y Glencore emprendieron acciones legales contra Colombia a nivel internacional. Las empresas utilizaron un mecanismo de derecho público internacional, que otorga a un inversor extranjero el derecho a iniciar un procedimiento de arbitraje contra el Estado anfitrión. La base de tal reclamo es que el Estado ha alterado las condiciones bajo las cuales se realizó la inversión, menoscabando sus expectativas legítimas de ganancia. Las empresas consideraron que la decisión de la Corte constituía una medida equivalente a una expropiación indirecta sin indemnización, a pesar de que se basó en normas constitucionales nacionales, principalmente para proteger los derechos humanos y el medio ambiente.

El uso de mecanismos de arbitraje internacional (ISDS) muestra cómo la defensa de los derechos indígenas choca con el régimen global de protección de inversiones, que concede recursos legales asimétricos a favor de las empresas frente a los Estados. En su demanda al arbitraje de diferencias entre el Estado y el inversor, Glencore y Anglo American calificaron la sentencia SU-698/17 como “discriminatoria e irrazonable”, utilizando tratados bilaterales para proteger sus intereses económicos sobre los derechos humanos. 

El incumplimiento del espíritu de la sentencia de la Corte

En abril de 2022 salió a la luz un informe elaborado por la Mesa Técnica Interinstitucional, presidida por el Ministerio de Ambiente, que concluye que el Arroyo Bruno permanecerá desviado en el canal artificial. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo explicaba: “La Mesa espera dar por satisfecho el ‘propósito de la sentencia de la corte’. A su vez, advierten que las recomendaciones en ‘el tema cosmogónico, espiritual y cultural de la etnia wayuu’ ya fueron incluidas en el estudio con los aportes de la comunidad de La Horqueta. A cambio de la destrucción definitiva del ecosistema natural del arroyo Bruno, la empresa ofrece como medidas de ‘compensación’ construir un sitio para rituales y ampliar viveros”. 

Este resultado fue interpretado por las organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo como un incumplimiento del espíritu de la sentencia de la Corte y una anticipación de los arbitrajes internacionales iniciados por Glencore y Anglo American contra el Estado colombiano. Sin embargo, los procedimientos de arbitraje internacional iniciados por las compañías contra la decisión del Tribunal Constitucional fueron archivados en 2023. Esto ocurrió en el contexto de las negociaciones con Gustavo Petro sobre el futuro de la mina, como parte de una “transición energética” planificada por el nuevo gobierno.

Un informe de Censat Agua Viva estima que El Cerrejón consume cerca de 30.000.000 de litros de agua al día, el 40% del agua disponible en la zona, mientras miles de familias carecen de acceso a agua potable.

El Cerrejón consume cerca de 30.000.000 de litros de agua al día, el 40% del agua disponible en la zona, mientras miles de familias carecen de acceso a agua potable.

De este modo, avalada por decisiones administrativas, la empresa suiza Glencore siguió desviando el cauce del arroyo. El apoyo institucional ha sido interpretado por las organizaciones de derechos humanos como una “captura del Estado”: el lobby de los ejecutivos de El Cerrejón habría influido en las entidades para torcer el resultado de la Mesa de Trabajo Interinstitucional (creada por orden de la misma Corte) y lograr que esta avalara el desvío del arroyo. Así, se ignoró la oposición de las comunidades.

Un informe de Censat Agua Viva estima que El Cerrejón consume cerca de 30.000.000 de litros de agua al día, el 40% del agua disponible en la zona, mientras miles de familias carecen de acceso a agua potable. La deprivación hídrica ha sido tan severa que en 2023 el presidente Gustavo Petro acusó públicamente a la empresa de ser corresponsable de la muerte de “miles de niños wayúu” por hambre y sed. Aunque sus palabras fueron objeto de debate político, ilustran la magnitud de la crisis humanitaria percibida a nivel nacional. Sumado a esto, ni El Cerrejón ni la Mesa Interinstitucional consideraron la conexión espiritual de los wayúu con los ríos.

La Guerra de Ucrania y la importación alemana

Históricamente, El Cerrejón fue operada por un consorcio de tres gigantes mineros: Anglo American, BHP Billiton y Glencore. Cuando en enero de 2022, Glencore adquirió la totalidad de la mina, asumió la plena responsabilidad por sus impactos sociales y ambientales. Semanas después, la guerra en Ucrania disparó la demanda de carbón colombiano desde Alemania. Este repunte contrasta con las acciones legales de la empresa: mientras aprovechaba el boom, litigaban contra Colombia mediante el mecanismo ISDS por “pérdidas” derivadas de la protección constitucional del arroyo Bruno.

Para 2023, la producción aumentó el 12% y Glencore anunció su intención de operar la mina hasta 2034. Hasta agosto de 2025, Glencore sigue siendo el único propietario, pese a las demandas internacionales y las presiones políticas. La producción actual ronda los 24 millones de toneladas anuales (2024). Si bien esta cifra está por debajo del pico histórico de 32 millones de toneladas alcanzado en 2015, representa una reactivación significativa respecto a los niveles previos a la guerra en Ucrania, cuando la mina se encaminaba a un cierre gradual. Sin embargo, este desarrollo contrasta con la tendencia europea a reducir progresivamente el consumo de carbón en favor de energías renovables. El carbón de El Cerrejón es un recurso en declive estructural, pero su extracción sigue dejando huellas irreversibles en el desierto guajiro.

Hasta ahora, el historial de la mina muestra un patrón: desplazamientos forzados, contaminación, promesas de compensación incumplidas y un uso extensivo del discurso de la Responsabilidad Social Empresaria.

La mina muestra un patrón: desplazamientos forzados, contaminación, promesas de compensación incumplidas y uso del discurso de la Responsabilidad Social Empresaria.

El caso El Cerrejón adquirió aún mayor relevancia con la entrada en vigor en enero de 2023 del Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LKSG): la “Ley alemana de debida diligencia en las cadenas de suministro”. Esta norma obliga a las grandes empresas alemanas a garantizar que sus cadenas globales estén libres de graves violaciones de derechos humanos y daños ambientales. En la práctica, esto significa que compañías importadoras de carbón de El Cerrejón como EnBW, Uniper y STEAG ahora deben responder por las denuncias de las comunidades wayúu. 

Este marco también representa un test sobre la eficacia de las normas internacionales frente a la realidad de los abusos. Hasta ahora, el historial de la mina muestra un patrón: desplazamientos forzados, contaminación, promesas de compensación incumplidas y un uso extensivo del discurso de la Responsabilidad Social Empresaria. Glencore y sus socios han desplegado múltiples iniciativas de “sostenibilidad”, pero los críticos alemanes y colombianos denuncian que se trata de greenwashing. El Bundestag alemán ha cuestionado cómo las afirmaciones de Glencore de cumplir con los Principios Rectores de la ONU contrastan con informes sobre enfermedades, hambre y desplazamiento en La Guajira.

Gobernanza y luchas sociales

El conflicto alrededor del Cerrejón no puede entenderse sólo como una disputa ambiental. Es un espacio relacional donde confluyen la visión desarrollista del Estado colombiano, los intereses de una multinacional y la supervivencia de un Pueblo Indígena. En este espacio, los actores movilizan diferentes tipos de poder (económico, jurídico y simbólico) y negocian constantemente sentidos, como el concepto mismo de “desarrollo”.

La negociación no se da entre bloques monolíticos. Las demandas wayúu han evolucionado desde un reclamo inicial por indemnizaciones económicas hacia una exigencia sofisticada de derechos étnicos: autonomía, territorio ancestral y el derecho a definir su propio modelo de desarrollo. Esta “política de reivindicación identitaria” les ha permitido articularse con el proyecto minero, sin subyugarse por completo, utilizando el marco multicultural de la Constitución de 1991 para ganar legitimidad. 

Las empresas alemanas ya no pueden alegar ignorancia sobre la procedencia de su carbón. El desafío es si la ley se convertirá en una herramienta efectiva para los wayúu o si quedará atrapada en un entramado de burocracia y declaraciones simbólicas.

Las empresas alemanas ya no pueden alegar ignorancia sobre la procedencia de su carbón. 

A pesar de estas dinámicas internas y de las estrategias divisivas de la empresa, el pueblo Wayúu ha resistido mediante bloqueos de vías férreas, demandas judiciales y alianzas internacionales. En 2015, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que les otorgó medidas cautelares para proteger a niños y niñas wayúu de la desnutrición y la sed. En 2019, la Corte Constitucional colombiana reconoció que la contaminación de El Cerrejón violaba derechos fundamentales: la T-614 de 2019 estableció que El Cerrejón vulneraba los derechos fundamentales a la salud, al agua, a la alimentación y a un ambiente sano. Sin embargo, la implementación de las sentencias ha sido lenta y selectiva.

En este contexto, el rol de Alemania adquiere especial importancia: como país importador, y ahora regulador a través del LKSG, sus decisiones influyen directamente en la dinámica local. Las empresas alemanas ya no pueden alegar ignorancia sobre la procedencia de su carbón. El desafío es si la ley se convertirá en una herramienta efectiva para los wayúu o si quedará atrapada en un entramado de burocracia y declaraciones simbólicas.

La doble moral de la transición energética

El Cerrejón simboliza los dilemas de la transición energética global: mientras Europa busca reducir su dependencia del gas ruso y avanzar hacia fuentes de energía “limpias”, recurre en el corto plazo al carbón colombiano, profundizando la crisis en las comunidades indígenas. El impacto en el pueblo Wayúu es sólo un caso de los muchos que ocurren en Latinoamérica.

La historia reciente muestra cómo las luchas locales por el agua, la salud, la tierra y la espiritualidad se conectan con debates globales sobre la responsabilidad empresarial, la justicia climática y la soberanía. La presidencia de Gustavo Petro ha colocado nuevamente el tema en la agenda nacional, vinculando el hambre y la sed de los niños wayúu con la voracidad minera. En Alemania, la entrada en vigor del LKSG ofrece una oportunidad inédita para que los abusos documentados no queden sin respuesta.

La pregunta central sigue abierta: ¿será posible que un marco jurídico transnacional obligue a Glencore a respetar los derechos indígenas, o seguirá imponiéndose la lógica del capital global? En cualquier caso, la lucha de los wayúu continúa siendo un recordatorio de que la transición energética no será justa si se ignora a quienes pagan el precio más alto.

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Por esta razón, la adquisición de tierras para la minería del carbón continúa sin pausa. Sólo entre el 1° de enero y el 18 de diciembre de 2024, se expropiaron 6.812 hectáreas bajo la Ley de Áreas Carboníferas (Adquisición y Desarrollo) de 1957 para subsidiarias de la compañía estatal Coal India Limited. Ese mismo año se le transfirieron otras 7.032 hectáreas a la empresa. Paralelamente, no se dispone de información sobre la cantidad de tierra adquirida para la minería privada.

En 2014, la India reformó su política minera para permitir la participación privada únicamente en proyectos de uso cautivo, es decir, para el consumo de sus propias plantas. Pero en 2020, en plena pandemia, el país dio un paso más al abrir la minería comercial a las empresas privadas. En la primera subasta, realizada el 18 de junio de 2020, se adjudicaron 20 minas, y para diciembre de 2024 el número ascendía a 113. En diciembre de ese año, el Ministerio de Carbón lanzó además la undécima ronda de subastas, ofreciendo 27 minas adicionales.

Impacto sobre los Pueblos Indígenas y los bosques

La mayor parte del carbón de la India se encuentra bajo tierras boscosas habitadas por Pueblos Indígenas. Estas tierras se están adquiriendo sin respetar el Consentimiento Libre, Previo e Informado establecido en la Ley de Derechos Forestales (2006) y la Ley de Extensión a Áreas Programadas (1996). Ambas normas exigen el consentimiento de las asambleas comunitarias (Gram Sabha) antes de autorizar proyectos extractivos. Sin embargo, el consentimiento suele pedirse después de adjudicadas las minas, reduciéndolo a una formalidad sobre compensaciones y reasentamientos. Esta práctica ha provocado protestas y graves violaciones a los derechos humanos en todo el país.

I. Bosque de Hasdeo Arand 

Este bosque ubicado en el estado de Chhattisgarh, en la región central de India, contempla un área de 170.000 hectáreas habitada por comunidades Gond, Lohar y Oraon. Estos Pueblos Indígenas se oponen a la minería del carbón por el despojo de sus medios de vida, el desplazamiento forzado y la destrucción ambiental. El área, que comprende 23 bloques carboníferos, había sido declarada “zona prohibida” para la minería en 2009 por su valor ecológico. En 2015, veinte asambleas comunitarias aprobaron resoluciones en contra de la subasta de minas, pero fueron ignoradas. 

Un año después, el gobierno estatal revocó los derechos forestales reconocidos a la aldea de Ghatbarra, argumentando que los pobladores “obstaculizaban” la minería, algo que la ley no contempla. Pese a las protecciones iniciales, comenzaron las operaciones en los bloques Parsa East y Kente Basan (PEKB). En 2020 y 2021, el bloque Parsa recibió las autorizaciones ambientales, y en 2022 el gobierno estatal dio su aprobación final. El proyecto es operado por la empresa estatal Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (RVUNL) en asociación con la compañía privada Adani Mining, propiedad de Gautam Adani, uno de los hombres más ricos de la India y del mundo.

El 26 de julio de 2022, la asamblea estatal de Chhattisgarh aprobó una resolución unánime contra la minería en Hasdeo. Sin embargo, en 2023 se reanudó la tala de árboles para la expansión de PEKB. Las protestas fueron reprimidas: el 22 de diciembre de 2023, varios activistas indígenas fueron detenidos, y en octubre de 2024, una nueva manifestación terminó en enfrentamientos violentos con más de 400 policías desplegados.

II. Proyecto minero Deocha-Pachami-Dewanganj-Harinsingha

Ubicado en el estado de Bengala Occidental, en el límite con Bangladesh, este proyecto podría convertirse en la mayor reserva de carbón de la India y la segunda del mundo, con 2.100 millones de toneladas en un área de 12,3 kilómetros cuadrados. En el distrito de Birbhum, se prevé el desplazamiento de unas 21.000 personas, en su mayoría del pueblo Santhal. En febrero de 2022, más de mil personas protestaron contra la adquisición forzada de tierras. El gobierno respondió con un paquete de compensación y reasentamiento. En marzo, las mujeres bloquearon las obras del proyecto colocando un charka (una vara con heno, símbolo tradicional de resistencia) para denunciar la falta de diálogo y compensación.

III. Proyecto minero Bijahan

En el estado de Odisha, sobre el Golfo de Bengala, el proyecto Bijahan, impulsado por Mahanadi Mines & Minerals Pvt. Ltd., una filial del Grupo Adani, planea despejar 608 hectáreas de bosque para extraer 327 millones de toneladas de carbón. Costará unos 310 millones de dólares y afectará a unas 450 familias de cuatro aldeas, la mayoría indígenas. En la comunidad Bhograkachhar, sólo cuatro hogares han recibido títulos de derechos forestales, mientras que en Jharpalam las solicitudes permanecen sin respuesta. La situación es particularmente angustiante para quienes enfrentan un segundo desplazamiento, después de haber sido desplazados por primera vez en la década de 1950 debido al Proyecto Hidroeléctrico Multipropósito Hirakud. En enero de 2025, los pobladores boicotearon la reunión de la Gram Sabha convocada para aprobar el proyecto y realizaron una asamblea paralela donde exigieron transparencia en las compensaciones.

IV. Proyecto minero a cielo abierto de Gondalpara

En el distrito de Hazaribagh, este proyecto de extracción de carbón, impulsado por Adani Enterprises, ha sido rechazado por los Pueblos Indígenas afectados. Se estima que la iniciativa impacte entre 500 y 1.950 hogares, muchos de ellos pertenecientes a comunidades indígenas. En agosto de 2024, los pobladores locales expresaron su oposición al proyecto y a cualquier desarrollo industrial en la zona, advirtiendo sobre las amenazas a sus tierras fértiles y bosques. En respuesta, el gobierno decidió instalar una nueva comisaría en el área para proteger los intereses de Adani frente a las protestas locales.

La injusticia del carbón: derechos indígenas y el futuro energético de la India

Las luchas de Hasdeo Arand, Deocha-Pachami, Bijahan y Gondalpara no son casos aislados, sino el reflejo de un patrón sistemático de desprecio por los derechos indígenas frente al crecimiento del consumo energético. La anulación de los derechos forestales reconocidos, el desconocimiento de las resoluciones de las asambleas comunitarias (Gram Sabha) y el uso del aparato estatal para reprimir las protestas ponen de manifiesto el profundo desequilibrio de poder y la erosión de los procesos democráticos.

Este enfoque no solo perpetúa las violaciones a los derechos humanos, sino que también pone en peligro un patrimonio ecológico y cultural irremplazable, ya que se sacrifican vastas zonas boscosas esenciales para la biodiversidad y la identidad indígena. Estos casos ilustran cómo la minería de carbón destruye los hogares, los medios de vida, las tierras ancestrales, los bosques y las formas de vida ancestrales. Ninguna compensación puede reparar lo que se ha perdido: las comunidades siguen pagando el costo de las ambiciones económicas de la nación.

Los Pueblos Indígenas han estado resistiendo, aunque históricamente esta ha sido una lucha desigual y muchas veces perdida. La India debería buscar fuentes de energía alternativas que protejan la rica diversidad de sus Pueblos Indígenas y garanticen que la búsqueda del progreso nacional no siga cayendo sobre sus espaldas ni destruyendo de manera desproporcionada sus modos de vida.

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Este lote impacta en el territorio de tres Pueblos Indígenas: Achuar del río Pastaza y del río Corrientes, Inga del Pastaza y Kichwas del Tigre. La visión de estos pueblos al enfrentar los daños no es una visión exclusivamente económica. En ese marco, atender estos procesos se constituye en un reto complejo para los pueblos, donde la política, los movimientos sociales, la ciencia, la tecnología, las inversiones, la cultura y la economía se articulan de manera tensa.   

En este contexto, algunos pueblos han optado por luchar por la remediación de zonas donde existen impactos petroleros, los cuales han cambiado para siempre sus entornos y sus vidas.  Este camino de lucha ha permitido que se exponga, con crudeza científica y cultural, las dimensiones y costos de las actividades de hidrocarburos. Esta realidad expresa una magnitud inédita, que pone en jaque la promoción extractiva, las políticas ambientales y genera permanentes procesos de retroceso y avance en actividades de remediación. En esta pugna constante, los pueblos empujan el avance científico, social y cultural de políticas públicas del Estado, reformulando su sesgo colonial y racista.

Observaremos finalmente el reto al que todo pueblo se enfrenta cuando convive con estas actividades, la compleja lucha por la restauración territorial y las condiciones que se requieren para una transición energética con memoria.

La lucha y la ley

Desde 1971, la población del territorio en donde se encuentra el Lote 192 está impactada por diversas operadoras privadas y por un marco normativo cuya permisividad y enfoque extractivo han generado la producción de territorios dañados. Entre 2006 y 2007, ante la falta de una adecuada fiscalización ambiental y luego de movilizaciones sociales y alianzas con la sociedad civil nacional e internacional, la población se organizó para realizar monitoreos sin apoyo estatal, desligados de la empresa petrolera. Así, de manera independiente, líderes y lideresas de estas zonas empezaron a registrar y denunciar derrames petroleros en sus territorios.

En consecuencia, los Pueblos Indígenas se adaptaron a las nuevas tecnologías de comunicación, aprendieron el idioma protocolar de recojo de muestras y se capacitaron en el conocimiento de normas y procesos de denuncias institucionales. Sus nuevas prácticas de vigilancia territorial lograron hacer visible, sobre la base de conocimiento científico, el desastre ambiental en el que vivían y que las empresas ocultaban: hasta 2011, se habían presentado más de 100 sitios impactados y luego se ha ido elevando exponencialmente, hasta realizar 1209 denuncias hacia 2020.

La magnitud de daños denunciada por las organizaciones indígenas a partir de la información del monitoreo era tan grande, y con tanto riesgo, que se emitieron declaratorias de emergencia sanitarias y ambientales en diversos años. Pero las denuncias y las emergencias orientadas a que las empresas petroleras actúen no fueron suficientes. Estas no tuvieron un comportamiento diligente, todo lo contrario, empezaron a hacer uso de vacíos normativos y leguleyadas institucionales para evadir, judicializar y no hacerse cargo del desastre.

En este marco, en 2015, ante el inminente término del contrato petrolero en el Lote 192 y el ingreso de un nuevo operador, las comunidades realizaron movilizaciones y utilizaron la información de los monitores de las comunidades (validada por las autoridades de fiscalización) para exigirle condiciones mínimas al Estado, que impulsaba la continuidad de las operaciones petroleras en la zona. Una de esas exigencias fue la Ley 30.321, creada para la remediación ambiental en las cuencas del lote. Luego del proceso de lucha de PUINAMUDT con base en un acta de cumplimiento, esta ley fue emitida a mediados de 2015 y se reglamentó en 2016.

La Ley 30321 y su implementación

La Ley 30321 es una norma moderna, de avanzada, con altos estándares de participación, creada con los aportes de los Pueblos Indígenas afectados del Lote 192 y del Lote 8. La norma creó una Junta de Administración donde representantes indígenas, con asesoría técnica especializada, co-gobiernan con los sectores públicos de Ambiente (MINAM), Energía y Minas (MINEM), Salud, Saneamiento, Vivienda y Agricultura. En este espacio, las poblaciones participan desde el diseño de la licitación para contratar empresas remediadoras, hasta el diseño de los términos de referencia de los estudios ambientales; desde la programación de procesos de capacitación hasta su implementación para la remediación de los lugares con más alto riesgo y su respectivo monitoreo. 

Esta ley ha creado un fondo especial cuyo fin es la remediación, el cual se guarda en un fideicomiso y es administrado por todos los integrantes de la Junta. Al momento de su implementación, participan los y las monitoras de las comunidades, así como las empresas comunales, para dar servicio a las entidades privadas que realizan los estudios y la remediación. Según la ley, si las empresas no asumen la responsabilidad de los sitios identificados como de alto riesgo, el Estado debe hacerse cargo de la remediación, sin dejar impune el asunto: tras la identificación del responsable, el Estado debe cobrar los costos correspondientes. 

A partir de la Ley 30321, en 2017, se identificaron los primeros 32 sitios impactados. Estos se hicieron públicos para que las empresas responsables iniciaran los estudios con mejores estándares de calidad. Algunos de estos sitios ya habían sido limpiados y mitigados por las petroleras, pero el ente de fiscalización comprobó que la contaminación persistía y generaba graves riesgos al ambiente y a la salud. Lamentablemente, ninguna empresa asumió su responsabilidad, por lo que se procedió, mediante la Ley 30321, a elaborar estudios de rehabilitación. Así, por primera vez en Perú, el Estado y los Pueblos Indígenas elaboraron 32 Planes de Rehabilitación (PR). 

A diferencia de los estudios anteriores realizados por empresas petroleras, los estudios técnicos de las comunidades permitieron hacer el primer acercamiento riguroso a las condiciones de impacto específicas en la zona. Los volúmenes de contaminación encontrados arrojan un total de 364.749 metros cúbicos afectados. El retiro de este volumen implicaría el uso de 24.316 volquetes. Además, presentan riesgo cancerígeno para niños, niñas y adultos cazadores. En la actualidad, se han podido identificar más de 112 sitios de alto riesgo (adicionales a los primeros 32)  que están a la espera de la elaboración de nuevos estudios. Estos suman 698 hectáreas: 15 veces más que el total de la extensión del Vaticano (44 hectáreas). ¿Cómo es posible que el Estado haya permitido que estos daños se acumulen por tanto tiempo en territorio indígena? 

Espera que desespera: los bloqueos en la implementación de la Ley 30321

La ciencia para proteger la salud y el ambiente identifica, caracteriza, calcula y dimensiona los riesgos. Es una creación occidental que ha requerido que los Pueblos Indígenas generen un nuevo horizonte de tecnificación. No obstante, la producción de los estudios tiene tensiones particulares y genera límites a este reacondicionamiento. Si bien el Estado, de manera multisectorial, co-produjo los PR, la validación de estos documentos cae en el embudo del sector de Energía y Minas. Aquí se genera la demora por las presiones de la industria. Cuando los PR de los 32 sitios priorizados se entregaron en 2019, el MINEM retrasó su revisión, lo cual terminó ralentizando el proceso durante varios años.

Además, se detuvo la producción de nuevos Planes de Rehabilitación. Entre 2019 y 2025, el Estado sólo aprobó 19 planes y no ha vuelto a elaborar ninguno más. En consecuencia, se han sucedido debates académicos, políticos y culturales; demoras en la financiación para la continuidad; carencia de recursos técnicos y científicos del propio Estado; y falta de voluntad política y modernidad de la administración pública en términos ambientales. A ello hay que sumar que estos procesos producen desconfianza hacia el Estado y ataques a las organizaciones que empujan el fondo, como si fueran responsables de su entrega y  de la aprobación de los estudios. 

Con todo ello, la experiencia de la Junta de Administración del Fondo es mucho más exitosa que la de las empresas petroleras, que acumulan planes para remediar que se desaprueban constantemente y no logran implementarse, o se aprueban con muy bajos estándares. A pesar de que el Fondo cuenta con recursos dispuestos por gobiernos anteriores (más de 400 millones de soles, poco más de 100 millones de dólares), a dos años de aprobación de varios PR, recién se ha logrado iniciar con la remediación de un sitio. Y se está a la espera de la licitación de los siguientes. 

Si bien genera incertidumbre, la demora de la implementación de la ley no produce inactivismo. Las poblaciones poco a poco han ido ampliando su participación en la Junta con la inclusión de más organizaciones, se ha impulsado el uso de fondos para capacitación de población local y se brega junto con PROFONANPE, para hacer presión sobre el MINEM. Asimismo, las comunidades y sus organizaciones han decidido que, si el Estado no remedia los sitios teniendo fondos, las operaciones petroleras no volverán a funcionar en sus territorios.

Para una transición con memoria

La lucha desde la ciencia ambiental producida con los pueblos ha destapado la magnitud de los impactos ambientales y ha puesto en jaque a las “bendiciones” que el extractivismo petrolero suele mencionar como promesa de desarrollo. Según el ente regulador del Canon y Sobrecanon petrolero, las operaciones petroleras en el Lote 192 han dejado un poco más de 2 mil millones de soles (571 millones de dólares)  para el Gobierno Regional de Loreto. De esa cantidad, sólo llegó muy poco para las comunidades, pues se perdió en el camino en bolsillos de funcionarios o en obras ubicadas en ciudades lejos de los territorios.

Paralelamente, el MINEM sostiene que para atender los 144 sitios identificados por la Ley 30321, se necesitan más de 6.000 millones de soles (1.700 millones de dólares). Lo peor de todo es que, según estos cálculos, la inversión se conseguiría e invertiría en un periodo de 42 años, con lo cual se someterá a las futuras generaciones indígenas a soportar la carga de la contaminación. El asunto se complica más si entendemos que estos 144 sitios son apenas un porcentaje irrisorio de la cantidad total de sitios impactados en el lote. Económicamente, la actividad petrolera en territorios amazónicos es inviable, económica, social y ambientalmente.

Las luchas en las zonas petroleras, como el Lote 192, nos enseñan que los Pueblos Indígenas sí se adaptan a la modernidad de la ciencia y del Estado. Realizada de modo colectivo, con movilizaciones, diálogo público y expertise cultural, técnica y científico, esta lucha es una estrategia que ha logrado dos conquistas. Por un lado, mostrar la efectividad del trabajo entre el Estado y los Pueblos Indígenas para analizar científicamente los daños petroleros. Por otro lado, evidenciar el sesgo colonial en el sector energético, que no se adapta a los cambios ni mejora los procesos para atender con urgencia los derechos elementales vulnerados.

En ese marco, cualquier transición energética que busque cambiar matrices petroleras por otras más amigables, no puede transitar sin memoria, dejando sin atender la deuda ambiental que la civilización del petróleo deja en los territorios indígenas, imponiendo costos que las futuras generaciones de esos territorios lucharán porque se les reconozca y se pague. 

Este artículo ha pasado por la revisión de los Apus de PUINAMUDT y de su equipo técnico. Agradecimientos especiales  a Angela Vilca, Andrea Cier, Fernando Torres, Renato Pita y Frederica Barclay. 

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“El capitalismo ha logrado convencernos de que no valemos la pena ser salvados”
Naomi Klein

Guiadas por su política de transición justa, las Naciones Unidas buscan eliminar gradualmente la economía de los combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón. Para lograrlo, los sectores público y privado están construyendo una economía renovable y “verde”. Pero esto requiere grandes cantidades de minerales de transición, lo que ejerce una presión enorme sobre la tierra, los bosques y las comunidades indígenas, cuyos territorios contienen el 54% de los minerales mundiales necesarios para la transición energética.

Además, la contradicción radica en que la extracción de minerales para las “tecnologías verdes” se apoya en las mismas prácticas destructivas que definieron la economía de los combustibles fósiles. Las experiencias y los testimonios de las comunidades del “Triángulo del Litio” (Chile, Argentina y Bolivia) y de Brasil (en el valle del Jequitinhonha y la Amazonía) muestran que este enfoque no pone fin a la creación de zonas de sacrificio: sólo las desplazan, amplía las fronteras y debilita las protecciones legales.

De este modo, el uso intensivo de acuíferos y fuentes subterráneas de agua, junto con los procesos mineros altamente contaminantes, está causando pérdidas y daños devastadores en los territorios indígenas. Esta realidad expone una hipocresía fundamental de la “transición justa”, porque se construye sobre cimientos injustos, replicando los mismos patrones de violencia ecológica y social que pretende superar, y socavando el principio ético de que nadie debe quedar atrás en los objetivos climáticos.

La fiebre de los minerales y la re-creación de zonas de sacrificio

Estas cuestiones se vuelven aún más urgentes en el contexto de la extracción de minerales de transición como el cobre, el cobalto, el níquel y el litio. En América del Sur, especialmente en Chile, Bolivia, Argentina y Brasil, la expansión de la minería del litio plantea graves amenazas para la salud de los territorios indígenas, alterando biomas fundamentales donde el equilibrio biocultural es clave para enfrentar los impactos del cambio climático, como el aumento de las temperaturas.

Estas regiones, que suministran grandes cantidades de litio (un metal crucial para baterías de vehículos eléctricos y computadoras), se están convirtiendo rápidamente en nuevas zonas de sacrificio, poniendo en riesgo fuentes vitales de agua, bosques únicos y el tejido cultural de las comunidades indígenas. Este patrón de creación de zonas de sacrificio es evidente en la economía de los combustibles fósiles, donde la extracción, el refinado y los desechos de petróleo, gas y carbón han contaminado desproporcionadamente las tierras y aguas indígenas.

 Las zonas de sacrificio implican “un patrón demasiado familiar de desprecio hacia las personas que habitan estas zonas desérticas, que enmascara una explotación de su tierra que se remonta al inicio de la llamada expansión hacia el oeste”.

Las zonas de sacrificio implican “un patrón de desprecio hacia las personas que habitan en zonas desérticas, que enmascara una explotación de su tierra”.

De este modo, la gestión no resuelta de los desechos nucleares tiene su paralelo en la minería de minerales de transición y el tratamiento de relaves. Todo ello perpetúa la crisis y nos muestra el conflicto entre las políticas estatales, las actividades corporativas y los sitios sagrados indígenas. En efecto, organizaciones no gubernamentales, académicos y defensores indígenas han denunciado que la mayoría de estos impactos indirectos de los desechos mineros son deliberadamente ignorados por los gobiernos y quienes elaboran las políticas públicas. 

A veces, los impactos negativos forman parte explícita de estrategias estatales o empresariales para desplazar comunidades de sus territorios tradicionales. En palabras de los sociólogos Robert D. Bullard y Valerie Kuletz, las zonas de sacrificio implican “un patrón demasiado familiar de desprecio hacia las personas que habitan estas zonas desérticas, que enmascara una explotación de su tierra que se remonta al inicio de la llamada expansión hacia el oeste”.

Extracción de litio y resistencia indígena en América del Sur

El litio es un componente esencial de las tecnologías de energía renovable, que suele encontrarse dentro o cerca de los territorios indígenas. En el Valle del Río Jequitinhonha, en Minas Gerais (Brasil), las empresas están desarrollando varias minas de litio, con 17 pozos planificados. El activista Djama Arana, de la comunidad local, describe cómo el gobierno y las corporaciones están convirtiendo el valle en una “zona de sacrificio”, repitiendo los patrones de destrucción ambiental impulsados por intereses económicos.

De manera similar, en el “Triángulo del Litio”, que abarca partes de Argentina, Bolivia y Chile, las comunidades indígenas enfrentan amenazas a sus tierras y medios de vida. Más de 400 Pueblos Indígenas habitan esta región, pero muchos no poseen títulos legales sobre sus territorios ancestrales. Nati Machaca, manifestante en Purmamarca (Argentina), expresa su preocupación por los impactos ambientales y destaca el grave daño ecológico causado por la extracción de litio: “Nuestra tierra se está secando y nuestra agua está contaminada”. 

l reciclaje y la reutilización del litio de baterías usadas podrían reducir la minería, aunque ni la industria ni los gobiernos parecen interesados en invertir en el reciclaje, argumentando que es más caro. El costo económico es el único que consideran.

El reciclaje y la reutilización del litio de baterías usadas podrían reducir la minería, aunque ni la industria ni los gobiernos parecen interesados en invertir en el reciclaje.

El auge minero del litio en el valle del Jequitinhonha, en Minas Gerais, plantea graves desafíos para las comunidades indígenas y tradicionales. La rápida expansión minera amenaza el medio ambiente: contaminación diaria del aire, altas temperaturas, destrucción del ecosistema local y ríos muertos (donde las comunidades solían pescar, nadar y realizar rituales). Cuando visité la zona en julio pasado, observé directamente los impactos: paredes agrietadas en las viviendas, personas mayores con problemas respiratorios y despojo de las comunidades de su conexión cultural y espiritual con la tierra.

El litio se extrae de rocas duras (Brasil) o de salmueras ricas en litio (Triángulo del Litio). La demanda mundial de litio se disparó por el impulso hacia los vehículos eléctricos, aunque la cantidad exacta que se necesitará sigue siendo incierta. Esto subraya la urgencia de fortalecer la protección legal de los derechos territoriales indígenas y promover prácticas mineras sostenibles. El reciclaje y la reutilización del litio de baterías usadas podrían reducir la minería, aunque ni la industria ni los gobiernos parecen interesados en invertir en este proceso, argumentando que es más caro. El costo económico es el único que consideran.

Un ecocidio bajo la apariencia de “energía verde”

A pesar de marcos legales internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), las comunidades indígenas suelen quedar excluidas de los procesos de toma de decisiones, con gobiernos que no aplican el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). Al igual que con la energía nuclear, la explotación del litio para vehículos eléctricos resalta los beneficios políticos, militares y económicos de estos recursos, que eclipsan los daños sociales y ambientales que causan.

El ecocidio y el genocidio cultural se replican bajo la apariencia de “energía verde”, mientras las tierras indígenas se transforman en zonas de sacrificio. Esta explotación también se manifiesta en el valle del Jequitinhonha, donde la extracción de litio contamina fuentes de agua vitales para las comunidades locales, y en el Triángulo del Litio, donde la minería intensiva en agua amenaza la sostenibilidad de los modos de vida indígenas. Ambas regiones reflejan un patrón colonial de saqueo de recursos, con beneficios económicos en otros lugares se produce a costa de la supervivencia indígena y la salud ambiental.

Se reproduce un modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos para la exportación y, en el empobrecimiento biocultural y económico de las comunidades locales, reflejando el patrón colonial de la economía fósil.

Se reproduce un modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos para la exportación y el empobrecimiento biocultural y económico de las comunidades locales.

La re-creación de zonas de sacrificio por parte de la industria de minerales de transición es similar a las creadas por el petróleo y la minería del carbón. Ambas conducen al acaparamiento de tierras, el agotamiento del agua y la contaminación: desde el drenaje de acuíferos y fuentes de agua por la minería del litio en el desierto de Atacama y Jequitinhonha, hasta las violaciones de derechos humanos de la minería de cobalto en la República Democrática del Congo. 

Así se reproduce un modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos para la exportación y en el empobrecimiento biocultural y económico de las comunidades locales, reflejando el patrón colonial de la economía fósil. Se trata de una solución climática esquizofrénica, en la que los beneficios ambientales de las energías renovables se disfrutan en el llamado Norte Global (excluyendo a los Pueblos Indígenas del Ártico, que enfrentan los mismos problemas que sus parientes del sur), mientras que los altos costos ambientales y sociales recaen sobre las comunidades indígenas y las poblaciones del Sur Global.

Los principios indígenas para resolver el problema

Para enfrentar este escenario crítico, los Pueblos Indígenas han estado defendiendo un principio rector poderoso: un enfoque holístico. En el Diálogo de los Pueblos Indígenas, un evento coordinado por Cultural Survival y la Coalición SIRGE, se presentaron tres propuestas:

A. El estándar de gobernanza no negociable del Consentimiento Libre, Previo e Informado. El CLPI es la herramienta jurídico-política para defender los derechos de los Pueblos Indígenas. Se ha convertido en el pilar central de la defensa y gobernanza territorial indígena, consagrado en leyes internacionales como la UNDRIP y el Convenio 169 de la OIT. El CLPI no es una simple lista de verificación o protocolo de consulta: se basa en el derecho a la autodeterminación y la gobernanza, lo que significa el poder de decir “no” a proyectos que dañen sus tierras y medios de vida. El debate no es si un proyecto ocurrirá, sino si debería ocurrir. El derecho y el poder de decisión pertenecen a la comunidad, no a las corporaciones.

B. El modelo de cuidado indígena, en lugar de un modelo extractivo de recursos. El modelo extractivista es fundamentalmente opuesto a las cosmovisiones indígenas, especialmente de los pueblos atacameños y las comunidades del Jequitinhonha. Ellos habitan estos territorios no para gestionar recursos, sino para desarrollar y mantener relaciones, responsabilidades y reciprocidad (las tres “R” del desarrollo desde la perspectiva indígena). Este modelo cambia el objetivo de la extracción de recursos hacia la integridad territorial para la vida.

C. La imaginación jurídica y política: un enfoque basado en derechos para humanos y más-que-humanos. Este punto tiene una conexión ontológica profunda con el anterior. El problema de los marcos legales convencionales (incluso del CLPI) es que ignoran el contexto y se basan en concesiones, no en reciprocidad y cuidado. Están diseñados para regular la extracción, no para prevenirla. Por lo tanto, establecen niveles “aceptables” de daño, contaminación y violaciones, haciendo que la destrucción sea medible y legalizable.

La transición desde un enfoque de derechos

El movimiento indígena ha estado proponiendo una defensa y litigio sólidos, una interpretación creativa y valiente de las leyes y políticas internacionales para transformar el panorama jurídico y político. Las comunidades en Chile, Bolivia, Argentina y Brasil están luchando por los derechos de sus ancestros ríos y de sus parientes bosques, porque desde nuestra perspectiva ellos sustentan la vida: la vida humana en condiciones sanas y seguras. En cambio, la tecnología no puede hacerlo.

La explotación de las tierras indígenas para satisfacer demandas económicas globales, sin suficientes protecciones legales ni respeto por los derechos indígenas, es una realidad. Una transición justa no puede construirse hipócritamente sobre la misma violación que pretende resolver: la generada por el modelo de explotación de los combustibles fósiles. La obtención de litio para vehículos eléctricos y otras tecnologías, incluidos los drones militares, plantea esta paradoja y contradicción: su extracción está dañando pueblos y entornos desde América del Sur hasta África e incluso Europa.

Por lo tanto, una transición verdaderamente justa debe basarse en un enfoque de derechos que reconozca que la integridad de la vida en los territorios no es negociable. La humanidad debe exigir economías circulares, reducción del consumo y tecnologías alternativas que no se limiten a trasladar la carga de la extracción de un derecho a otro.

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En este contexto, el litio se ha vuelto un recurso estratégico por ser un metal alcalino, que se encuentra tanto en rocas como en aguas marinas y continentales, y que tiene cualidades propicias para el almacenamiento de energía. De este modo, se ha convertido en un mineral clave para la producción de baterías eléctricas recargables. Ello determina que la demanda por el litio haya crecido exponencialmente en los últimos años, estimándose que se incrementará 18 veces para 2030 y 60 veces para 2050. 

El denominado “triángulo del litio” está conformado por los yacimientos ubicados en los salares altoandinos de Argentina, Bolivia y Chile (ABC), y ha cobrado una importancia global dado a que concentra el 53% de las reservas de litio identificadas. Esta producción realizada a partir de las salmueras existentes, sumada a la producción de litio de roca de Australia, representaron el 75% de la producción mundial de 2023. Sólo Argentina y Chile aportaron un tercio del total mundial de este mineral. Aunque la producción en Bolivia aún se encuentra en una fase inicial, sus salares contienen las mayores reservas del mundo.

El desarrollo del litio en los salares altoandinos

En Chile, la explotación en el salar de Atacama se inició en la década de los 80 bajo el liderazgo del Estado. Sin embargo, las empresas SQM y Albemarle, que hoy dominan el mercado, se encuentran bajo control de conglomerados privados nacionales y extranjeros de Estados Unidos y China. Actualmente, Chile es el segundo productor mundial de litio, después de Australia, e impulsa desde el 2023 una Estrategia Nacional del Litio. Por su parte, la empresa estatal CODELCO, la principal productora de cobre en el mundo, se asoció con SQM para explotar el litio del salar de Atacama y adquirió un proyecto en el salar de Maricunga, en el territorio tradicional del pueblo Colla. En 2024, el gobierno convocó a inversionistas extranjeros para explotar otros salares y concurrieron cerca de medio centenar de empresas. 

En Argentina, el litio comenzó a ser explotado en 1997, cuando la estadounidense FMC Corporation inició sus operaciones en el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca. Ya en el siglo XXI, se sumaron nuevos proyectos en Jujuy, Salta y Catamarca, especialmente, los salares Caucharí-Olaroz y Pastos Grandes. La Argentina es el quinto productor mundial de litio, con un crecimiento del 87,5% en su producción anual de 2024. Hoy, la presión de la industria y la legislación provincial y federal, promovida por el gobierno de Javier Milei, se extiende a potenciales yacimientos en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, lo cual aumenta la conflictividad social. 

Los salares altoandinos de ABC constituyen territorios de ocupación tradicional de diversos Pueblos Indígenas. Desde hace 13.000 años, estos pueblos han desarrollado una cultura agro pastoril adaptada a los ecosistemas de altura.

Los salares altoandinos de ABC constituyen territorios de ocupación tradicional de Pueblos Indígenas como los aymara, quechua, lipeño, atacameño y colla.

En el caso de Bolivia, la exploración del litio en el salar de Uyuni se inició en los 70 y, en 1980, el gobierno le otorgó una licencia a la norteamericana Lithium Corporation (Lithco), empresa cuya presencia fue de corta duración. El 2008, el gobierno de Evo Morales impulsó una política de control estatal y estableció un plan para su industrialización: se instalaron plantas piloto y se firmaron acuerdos con empresas extranjeras. La producción de carbonato de litio, iniciada en 2013, es aún limitada, debido a falta de tecnología, problemas de administración y conflictividad social. Desde 2017, el desarrollo está a cargo de la empresa pública Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), la cual ha convocado a empresas extranjeras a presentar propuestas de Extracción Directa de Litio (EDL) en Uyuni y otros seis salares. A través de procesos carentes de toda transparencia, resultaron seleccionadas la empresa de capitales rusos Uranium One Group y la china Hong Kong CBC Investment Limited. 

Los salares altoandinos de ABC constituyen territorios de ocupación tradicional de diversos Pueblos Indígenas. Desde hace 13.000 años, estos pueblos han desarrollado una cultura agro pastoril adaptada a los ecosistemas de altura, de entre 2.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar.  Se estima que en torno a ellos habita una decena de Pueblos Indígenas (como los aymara, quechua, lipeño, atacameño, colla), descendientes de las culturas de Tiwanaku e Incay, distribuidos en más de 200 comunidades. Si bien en las últimas décadas estas comunidades se han diversificado, incorporando la minería en pequeña escala y gran escala (como el cobre y el litio) y el turismo, sus economías han estado centrada en la ganadería auquénida (llamas, guanacos y vicuñas) y en la agricultura de cultivos tradicionales, como la quinua y el maíz, actividades fundamentales en  sus culturas y cosmovisiones.

El impacto en los derechos humanos

Junto a la vulneración de los derechos de propiedad sobre sus tierras y territorios de ocupación tradicional, que al no ser reconocidas ni tituladas en favor de las comunidades, son ocupadas por las empresas que explotan el litio, uno de los derechos más afectados es el de participación, consulta y consentimiento. Salvo en casos excepcionales recientes, en Chile y Argentina, las operaciones de litio no han sido consultadas de manera adecuada, de buena fe y con miras a llegar al acuerdo o consentimiento con las comunidades susceptibles de ser afectadas directamente, tal como lo exige  el Convenio 169 de la OIT. 

En los pocos casos en que las operaciones de litio aprobadas por los Estados han sido consultadas, han adolecido de  falencias procedimentales, limitándose a ciertos aspectos de los proyectos consultados a algunas comunidades. En ninguna de estas consultas, tratándose de  planes de desarrollo o inversiones a gran escala con mayor impacto en territorios indígenas, se ha  logrado  recabar el consentimiento libre previo e informado. Consecuentemente, se ha vulnerado el derecho de estos pueblos a su libre determinación, reconocido por las Declaración de Naciones Unidas y la Declaración Americana sobre Derechos de Pueblos Indígenas.

Los impactos ambientales y sociales rara vez han sido compensados. Menos aún se han compartido los enormes beneficios que las empresas obtienen como consecuencia de la explotación del litio.

Los impactos ambientales y sociales rara vez han sido compensados. Menos aún se han compartido los enormes beneficios que las empresas obtienen.

A los impactos a los derechos indígenas se agregan los provocados al medio ambiente y al agua. En el salar de Atacama, se ha confirmado la contaminación de la extracción del litio a través de la extracción de las salmueras y su decantación en piscinas de evaporación. En 2024, la Universidad de Chile constató que el salar de Atacama se está hundiendo a una tasa de entre 1 y 2 centímetros por año como consecuencia de las extracciones de salmuera. El mismo estudio evidenció que los niveles de agua subterránea del salar han caído más de 10 metros en los últimos 15 años. Ello ha generado una pérdida significativa de la cobertura vegetal en los espacios de agricultura y pastoreo, además de la pérdida de lagunas.

En el Salar del Hombre Muerto (Argentina) también se han documentado impactos similares en las aguas por parte de las empresas que operan hace décadas con la misma metodología intensiva que en Chile. Tales impactos ambientales y sociales rara vez han sido compensados. Menos aún se han compartido los enormes beneficios que las empresas obtienen como consecuencia de la explotación del litio. En Chile, SQM reportó ingresos de 7.500 millones de dólares en 2023 y 4.500 millones de dólares en 2024.

La injusticia de la transición energética

Hasta el momento, la única compensación a la destrucción de los territorios indígenas ha ocurrido en Chile: en 2016, se celebró un acuerdo entre Rockwood Lithium (Albemarle) y el pueblo Lickanantay para incluirlos en la participación de los beneficios de la explotación del litio. En el mismo sentido, en 2018, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) celebró un convenio con Sociedad Química y Minera de Chile: mientras la agencia estatal autorizó a la empresa a extender sus operaciones en el salar de Atacama hasta 2030, SQM se comprometió a aportar anualmente a las comunidades atacameñas. Como no se consultó a las comunidades, el acuerdo fue impugnado por el Consejo de Pueblos Atacameños.

Hasta la fecha, el desarrollo del litio en Argentina, Bolivia y Chile ha generado una grave afectación en los derechos de Pueblos Indígenas que habitan en los salares altoandinos, la naturaleza y el agua. Dada la centralidad que el litio ha adquirido a nivel global para la transición energética y la relevancia que el litio de los salares andinos ha adquirido en años recientes, es fundamental preguntarse si esta transición está siendo justa para los pueblos que habitan los salares altoandinos. Todo indica que no lo está siendo y que se requieren de cambios fundamentales para que la transición energética tenga este carácter.

Tal como lo señalan el informe de Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI) y el Informe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) sobre Los Pueblos Indígenas y la Transición Justa, para que la transición energética sea realmente justa, tanto los Estados como las empresas deben garantizar que se respeten los derechos de Pueblos Indígenas, incluidos el derecho al consentimiento, a la participación en los beneficios y la compensación por daños causados. Especialmente, cuando sus territorios se vean impactados por proyectos de extracción y procesamiento de recursos naturales. Aún hay que transitar un largo camino para asegurar que el desarrollo del litio en los salares andinos de ABC sea parte de la “transición energética justa” que los Estados y las empresas se precian de estar impulsando.  

Este artículo da cuenta de los avances de investigación del proyecto “Impactos del desarrollo de la industria del litio en territorios indígenas de Argentina, Bolivia y Chile” (No. 110326-001), que el Observatorio Ciudadano desarrolla junto a CELS de Argentina y a CIDES UMSA de Bolivia con el apoyo de IDRC de Canadá.

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Según el informe del censo poblacional de 2021, los Pueblos Indígenas, también conocidos como Adivasi Janajati, representan el 35,08 por ciento de la población total de Nepal, que es de 29.164.578 habitantes. Sin embargo, expertos, académicos y organizaciones indígenas sostienen que su población supera el 50 por ciento. Asimismo, existen 60 pueblos reconocidos oficialmente, mientras que el censo de 2021 identificó 19 pueblos adicionales que aún no han sido reconocidos por el Estado.

Los Pueblos Indígenas de Nepal han sufrido siglos de discriminación sistemática, colonización, racismo, exclusión y marginación en los ámbitos social, cultural, político y económico. Durante los últimos 250 años, los esfuerzos de modernización los han perjudicado gravemente: la construcción del Estado, la nacionalización de tierras y recursos, la asimilación cultural, la reorganización territorial, la centralización del poder, el desarrollo de infraestructuras, el trabajo forzoso y el paso del feudalismo al capitalismo. La sociedad nepalí sigue estando altamente estratificada, con un sistema de castas hindú impuesto por el Estado que favorece a las castas superiores, Bahun y Chhetri, quienes ocupan posiciones clave en las estructuras estatales. Casi la mitad de la población perteneciente al 90 por ciento de los Pueblos Indígenas vive en la pobreza extrema.

Compromisos legales versus amenazas

La Política Nacional de Cambio Climático de Nepal, sancionada en 2019, tiene como objetivo reducir las vulnerabilidades de las comunidades indígenas, fortalecer la resiliencia de los ecosistemas y movilizar recursos financieros internacionales de manera justa para contribuir a la prosperidad socioeconómica de la nación mediante la construcción de una sociedad resiliente al clima. En el mismo sentido, su Estrategia a Largo Plazo para Emisiones Netas Cero de 2021 tiene como objetivo alcanzar emisiones netas cero de gases de efecto invernadero para 2045.

Durante la 28° Conferencia de las Partes (COP28) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en 2023 en Dubái, Nepal se comprometió a alcanzar emisiones netas cero y a utilizar plenamente el potencial hidroeléctrico para asegurar energía limpia. El plan de transición energética descrito en la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional de 2020 pretende generar 15.000 MW de energía limpia para 2030. Sin embargo, sólo busca generar 5.000 MW utilizando recursos nacionales.

Como respuesta, los Pueblos Indígenas defienden su autodeterminación frente a las amenazas que representan los proyectos de energía limpia: los desalojos forzosos, la militarización y el daño ambiental.

Los Pueblos Indígenas defienden su autodeterminación frente a las amenazas que representan los proyectos de energía limpia: los desalojos forzosos, la militarización y el daño ambiental.

Nepal ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) en 2007. A su vez, la Constitución de 2015 se compromete a implementar tratados internacionales y a garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas a una vida digna, identidad y participación en los procesos de toma de decisiones. En 2023, la Corte Suprema  ordenó al gobierno implementar el Convenio 169, la UNDRIP, los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo en los proyectos de desarrollo. Sin embargo, no han habido cambios significativos en la práctica.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha expresado su preocupación por la ausencia de leyes que garanticen los derechos de los Pueblos Indígenas a poseer, utilizar y desarrollar sus tierras y recursos tradicionales dado que enfrentan una exclusión sistémica. Como respuesta, defienden su autodeterminación frente a las amenazas que representan los proyectos de energía limpia: los desalojos forzosos, la militarización y el daño ambiental. Además, ponen en peligro su identidad cultural, espiritualidad y medios de vida. A pesar de todo esto, el gobierno y las corporaciones continúan impulsando estos proyectos en nombre del desarrollo y la descarbonización de la economía.

Estudios de caso: el costo humano de los proyectos energéticos

Actualmente, hay 81 proyectos hidroeléctricos en operación, 180 en construcción y 311 en fase de estudio para licencias. El Estado, entidades privadas, instituciones públicas y organismos financieros internacionales están invirtiendo en estos proyectos, al tiempo que refuerzan su compromiso de actuar como bancos climáticos. Si bien casi todos los proyectos están ubicados en territorios indígenas, el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) de las comunidades afectadas ha sido sistemáticamente ignorado. En consecuencia, la búsqueda de proyectos de energía renovable está revelando el lado oscuro de esta transición: se afecta desproporcionadamente a los Pueblos Indígenas.

1. Línea de transmisión Bharatpur-Bardaghat

La línea de transmisión eléctrica de 220 kilovatios Bharatpur-Bardaghat, financiada por el Banco Mundial, forma parte del Proyecto de Transmisión y Comercio de Electricidad entre Nepal y la India. Implementado por la Autoridad de Electricidad de Nepal, una corporación estatal, el proyecto causó impactos negativos significativos en las comunidades indígenas y locales: daños a viviendas, escuelas, sitios culturales, tierras agrícolas y el medio ambiente, además de riesgos para la salud y la seguridad. Por esta razón, el 18 de octubre de 2021, las comunidades afectadas presentaron una queja ante el Panel de Inspección del Banco Mundial.

Al año siguiente, la Junta del Banco Mundial aprobó la realización de una investigación sobre el proyecto. Las partes involucradas acordaron resolver la disputa mediante un proceso de resolución, y el Acuerdo de Resolución de Disputas se firmó el 11 de abril de 2023. Sin embargo, nueve firmantes se retiraron del proceso y aquellos insatisfechos con la resolución presentaron una demanda contra el proyecto ante la Corte Suprema, con el apoyo de la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Nepaleses (LAHURNIP). El caso aún está pendiente.

2. Línea de transmisión del Corredor Marshyangdi 

El proyecto de línea de transmisión de 220 kV del Corredor Marshyangdi en el distrito de Lamjung ha suscitado preocupaciones significativas sobre los derechos indígenas. El Banco Europeo de Inversiones ha financiado 95.000.000 de euros: la inversión más amplia en el sector hidroeléctrico de Nepal. El proyecto ha incumplido el derecho al CLPI, lo cual viola las cláusulas sociales y ambientales del propio banco y su contrato financiero con la Autoridad de Electricidad del país. En 2018, las comunidades afectadas presentaron una queja ante la oficina de rendición de cuentas de la institución, la cual emitió un informe de investigación que identificó graves violaciones de derechos humanos y recomendó medidas correctivas, incluido el cese del proyecto hasta que las mismas se abordaran.

Aunque el banco suspendió los desembolsos adicionales, las comunidades afectadas continúan exigiendo la implementación de las recomendaciones del informe. A pesar de ello, la Autoridad de Electricidad de Nepal y el banco siguen adelante con el proyecto, respaldados por las fuerzas de seguridad. El apoyo legal y estratégico a las comunidades está siendo proporcionado por LAHURNIP y Accountability Counsel, una organización estadounidense que les exige a los bancos de desarrollo que respeten sus políticas sociales, ambientales y de derechos humanos.

3. Línea de transmisión Tamakoshi-Katmandú

En el municipio de Shankharapur, las comunidades tamang han protestado durante los últimos cinco años contra la línea de transmisión Tamakoshi-Katmandú de 200/400 kilovatios y su subestación, financiadas por el Banco Asiático de Desarrollo. La subestación se está construyendo en un área densamente poblada, mientras que la línea de transmisión atraviesa hogares, tierras y sitios sagrados. En enero de 2023, la Autoridad de Electricidad de Nepal desplegó fuerzas de seguridad para iniciar los trabajos de inspección, lo que provocó protestas y la detención de 10 líderes comunitarios, incluidas mujeres y un menor de edad. Hasta el momento, las demandas de Consulta Libre, Previa e Informada han sido ignoradas.

El gobierno también estableció un campamento de la Policía Armada para intimidar a la comunidad, arrestar a sus miembros y criminalizar la resistencia, lo que intensificó aún más las tensiones. El uso de fuerzas de seguridad para reprimir las protestas indígenas se ha convertido en un patrón preocupante. El 16 de enero de 2025, 18 manifestantes fueron brutalmente golpeados y arrestados, seis de ellos fueron detenidos durante nueve días y forzados a firmar acuerdos para cesar las protestas. El 4 de febrero, LAHURNIP presentó una queja formal ante el mecanismo de quejas del Banco Asiático de Desarrollo.

Un llamado a una transición verdaderamente justa

La transición de Nepal hacia las energías renovables no debe darse a costa de los derechos de los Pueblos Indígenas. Una transición justa no se trata únicamente de reducir las emisiones de carbono: debe centrarse en los derechos, la dignidad y la autodeterminación de los Pueblos Indígenas que han protegido a la Tierra durante siglos y lo seguirán haciendo para el bienestar de las nuevas generaciones.

Los casos de Nawalparasi, Lamjung y Shankharapur son sólo algunos ejemplos de cómo esta transición está afectando negativamente a los Pueblos Indígenas de Nepal. Es una obligación del Estado aplicar el Convenio N° 169 de la OIT, la UNDRIP y las órdenes judiciales para garantizar que la transición sea realmente justa para los Pueblos Indígenas. Es imperativo que los responsables políticos, los desarrolladores y las instituciones financieras internacionales respeten la autodeterminación y la soberanía de los Pueblos Indígenas.

¿Se convertirá la transición energética de Nepal en un modelo de justicia ambiental o se seguirá priorizando el crecimiento económico a costa de los derechos indígenas? La respuesta depende de si los actores responsables están dispuestos a escuchar las voces de quienes tienen más que perder en esta transición.

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Las energías renovables, los vehículos eléctricos y la minería “verde” se promueven como soluciones a la crisis climática. Pero, si la historia se repite, estas industrias crecerán a costa de las tierras, los derechos y la soberanía de los Pueblos Indígenas. Por esta razón, sus voces han sido frecuentemente excluidas de las negociaciones de alto nivel que determinan cómo se extraen los recursos y a quién se beneficia. Mientras para el mundo industrial moderno, la economía verde representa una gran oportunidad, para los Pueblos Indígenas es una nueva amenaza existencial disfrazada bajo eslóganes de sostenibilidad.

La Cumbre sobre Transición Justa y Pueblos Indígenas fue una respuesta a estos desafíos y representó un hito histórico: por primera vez, un encuentro liderado por indígenas se centró en transformar la economía verde. De este modo, definieron la agenda, establecieron prioridades, marcaron límites y dialogaron directamente con actores globales en sus propios términos. Así, participaron de la discusión como socios reconocidos y titulares de derechos.

El momento de la verdad: por qué la Cumbre fue crucial

El concepto de “transición justa” busca que el abandono de los combustibles fósiles no agrave las desigualdades sociales. Sin embargo, para las comunidades indígenas, la transición verde reproduce las injusticias del pasado. La extracción de litio, níquel y cobalto (materiales clave para la fabricación de baterías) ha provocado despojos territoriales, degradación ambiental y violaciones a los derechos indígenas. Así lo demuestran los casos de los pueblos Numu/Nuwu (Paiute del Norte) y Newe (Shoshone Occidental) en Estados Unidos, del pueblo Lickan Antay en Chile y la comunidad indígena de Ust-Avam, en el Ártico ruso.

Asimismo, infraestructuras de energía renovable, como parques solares y eólicos de gran escala, se han desarrollado en territorios indígenas sin una consulta adecuada ni el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). En este sentido, la lucha del pueblo Sámi contra los parques eólicos en Suecia, Noruega y Finlandia se ha vuelto emblemática.

La Cumbre se convirtió en una prueba para saber si la economía verde puede romper con los patrones del pasado o si será simplemente otra forma de expansión sobre territorios indígenas “redescubiertos”. Así, representó un punto de inflexión al desplazar la conversación del reconocimiento simbólico hacia demandas concretas. Los Pueblos Indígenas plantearon que toda transición que ignore sus derechos no puede considerarse justa. Esta posición está respaldada por marcos jurídicos internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que consagra el principio del CLPI como una obligación legal y ética.

Hitos clave de la cumbre

La Cumbre sobre Derechos Indígenas y Economía Verde se llevó a cabo del 8 al 10 de octubre en Ginebra. Dada la cantidad de participantes, se decidió dedicar cada día a una discusión en particular.

Día 1. Estableciendo el contexto. Representantes de las siete regiones socioculturales expusieron sobre el estado actual de la transición verde y sus impactos sobre los Pueblos Indígenas. Las discusiones dejaron en claro que sin el liderazgo indígena, la transición corre el riesgo de reproducir los mismos patrones extractivos del pasado.

Día 2. Soluciones. Las y los delegados compartieron modelos, estudios de caso y estrategias para fortalecer la resiliencia comunitaria, consolidar redes indígenas y definir demandas clave para una transición justa. El enfoque no estuvo únicamente en la resistencia, sino también en la construcción de alternativas viables fundamentadas en la gobernanza y el conocimiento indígena.

Día 3. Conexiones globales. La cumbre culminó con intercambios de alto nivel con coaliciones, agencias de Naciones Unidas y otros actores internacionales, con el objetivo de asegurar que las voces indígenas estén presentes en los espacios de toma de decisiones. Además, se aprobó el Documento Final de Resultados. Las discusiones finales subrayaron la importancia de garantizar un lugar permanente para los Pueblos Indígenas en la gobernanza global de la economía verde.

Objetivos, logros y desafíos de la Cumbre

La Cumbre planteó tres objetivos. Por un lado, consolidar el movimiento indígena por una transición justa como una red fuerte que abarque continentes y fortalezca sus alianzas. Por otro lado, proveer un espacio para el compromiso entre Pueblos Indígenas, instituciones globales y los actores que configuran la economía verde: Iniciativa para la Garantía de la Minería Responsable (IRMA), Alianza Global de Baterías y los principales actores corporativos, Foro Económico Mundial (WEF), agencias de la ONU y coaliciones de derechos humanos y ambientales. Finalmente, articular un marco de políticas que centre la gobernanza indígena y el consentimiento en todos los proyectos relacionados con la transición.

Estos objetivos se lograron con notable éxito a través de diálogos con el WEF, IRMA, la Alianza Global de Baterías y los organismos de la ONU. Estos debates marcaron un cambio de un compromiso superficial a discusiones sustantivas. Aunque estas discusiones siguen en curso, la Cumbre estableció como precedente que los Pueblos Indígenas no sólo deben ser consultados, sino integrados en los procesos de toma de decisiones en todos los niveles.

Aunque el objetivo de la economía verde es reducir la dependencia de los combustibles fósiles, sigue operando dentro de un paradigma impulsado por las ganancias, que prioriza la extracción de recursos sobre la sostenibilidad ambiental y la equidad social.

La transición verde no es inherentemente explotadora, pero su trayectoria actual está profundamente equivocada.

Un argumento central de la Cumbre fue que la economía verde, tal como está estructurada actualmente, no resuelve los problemas sistémicos de la extracción de recursos. Aunque su objetivo es reducir la dependencia de los combustibles fósiles, sigue operando dentro de un paradigma impulsado por las ganancias, que prioriza la extracción de recursos sobre la sostenibilidad ambiental y la equidad social. La contradicción es evidente: una transición destinada a mitigar el daño ambiental está, en muchos casos, reproduciéndolo.

Las discusiones de la cumbre destacaron estudios de caso donde las comunidades indígenas han resistido con éxito proyectos explotadores, al mismo tiempo que promueven modelos alternativos de desarrollo. Por ejemplo, las iniciativas de energía renovable de propiedad indígena y los proyectos impulsados en colaboración con los líderes han proporcionado modelos viables de extracción responsable. Estos casos subrayan que la transición verde no es inherentemente explotadora, pero su trayectoria actual está profundamente equivocada.

Un lugar en la mesa y documento de resultados

La Cumbre estuvo impulsada con la intención de asegurar que los Pueblos Indígenas consigan un lugar en la mesa y jueguen un papel protagónico en la configuración de la transición justa. Esto requiere ir más allá de una simple consulta previa y caminar hacia un liderazgo genuino, donde el conocimiento y los derechos indígenas sean pilares fundamentales en el futuro de la economía verde. En este sentido, un primer logro fue la adopción del documento Principios y Protocolos. Cumbre Indígena de Transición Justa, que detalla principios y recomendaciones de políticas que podrían reorganizar la estructura de la economía verde.

Aplicación legal del CLPI: los mecanismos existentes para obtener el consentimiento indígena a menudo son eludidos o debilitados mediante vacíos legales, tanto por parte de las corporaciones como de los gobiernos. El documento exige marcos legales vinculantes que establezcan el CLPI como un requisito previo para todos los proyectos extractivos y energéticos que afecten territorios indígenas.

Modelos de gobernanza liderados por Pueblos Indígenas: en lugar de tratar la participación indígena como una formalidad procesal, el documento aboga por la integración de las estructuras de gobernanza indígena dentro de los marcos regulatorios y de toma de decisiones.

Equidad económica en los proyectos de recursos: se rechaza el modelo económico dominante, en el cual las comunidades indígenas asumen los costos sociales y ambientales de la extracción, mientras reciben beneficios económicos mínimos. En su lugar, propone mecanismos de reparto de ingresos y la propiedad directa indígena sobre los proyectos energéticos y mineros.

Reconocimiento de los saberes indígenas: la transición verde debe integrar el conocimiento indígena en las políticas de adaptación al cambio climático y sostenibilidad.

Rendición de cuentas institucional y liderazgo indígena

La Cumbre no representó un punto final, sino una intervención estratégica en una lucha continua. Fue un momento clave para reorientar prioridades y abrir nuevas vías de progreso, reconociendo que será necesario un esfuerzo sostenido. A partir de ahora, los principales puntos de acción incluyen:

– Fortalecer las estrategias legales indígenas: los Pueblos Indígenas impulsarán marcos jurídicos más sólidos, tanto a nivel nacional como internacional.

– Ampliar los modelos económicos indígenas: se priorizará proyectos comunitarios de energía renovable e iniciativas de gobernanza de recursos éticos para demostrar alternativas a las prácticas extractivas. Estos modelos se basan en la propiedad colectiva, la gestión sostenible de los recursos y el beneficio comunitario a largo plazo.

– Garantizar la rendición de cuentas institucional: el trabajo futuro con instituciones globales se centrará en exigir a los actores el cumplimiento de sus compromisos con los derechos indígenas, incluyendo el establecimiento de mecanismos de seguimiento que refuercen estándares éticos en los sectores minero y energético.

En busca de una transición justa y sostenible

La Cumbre dejó en claro que una transición justa no puede definirse únicamente por métricas ambientales y debe evaluarse también en términos de justicia social. Una economía verde que perpetúe el despojo territorial, debilite la soberanía indígena y anteponga la ganancia al respeto de los derechos no es una verdadera transición, sino la continuación de las estructuras de poder bajo un nuevo nombre.

A medida que la comunidad global avanza, es urgente pasar de compromisos superficiales a políticas audaces y ejecutables. La transición justa no puede reducirse a un simple ajuste de los sistemas energéticos: debe ser una transformación estructural que confronte y corrija las injusticias históricas y actuales que sufren los Pueblos Indígenas.

La Cumbre sobre Transición Justa y Pueblos Indígenas fue un paso hacia este objetivo, pero su verdadero impacto se medirá por la disposición de las instituciones y los gobiernos globales de redistribuir el poder y reconocer el liderazgo indígena. Sin este cambio, la promesa de un futuro verde permanecerá irremediablemente comprometida. El camino a seguir depende de lo que hagamos a continuación. Y, gracias a la Cumbre, estamos listos.

Para más información sobre la Cumbre sobre Derechos Indígenas y Economía Verde puede consultar el sitio en www.indigenoussummit.org

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