En la Conferencia de las Partes realizada al norte de Brasil, 24 países reaccionaron ante el hecho de que la decisión principal, la decisión Mutirão, omitiera cualquier referencia directa a los combustibles fósiles, reflejando la oposición de los países productores y las divisiones entre los bloques negociadores. En respuesta, estos países emitieron la Declaración de Belém sobre la transición fuera de los combustibles fósiles, en la que se exige una acción coordinada entre los Estados para acelerar la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y anclar la acción climática en enfoques basados en la ciencia y en los derechos.

Alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y cumplir las obligaciones de los Estados de proteger el medio ambiente requerirá una cooperación internacional sin precedentes para garantizar que ningún país ni comunidad quede atrás. Según los organizadores, la conferencia se guió por un conjunto de principios centrados en la acción, la evidencia científica y la participación inclusiva. Es un espacio para los gobiernos y las partes interesadas que están comprometidas con el avance de una transición justa, ordenada y equitativa que permita alejarse de los combustibles fósiles, priorizando la implementación y las soluciones prácticas en lugar de continuar con el diagnóstico o la persuasión.

Una conferencia climática centrada en los combustibles fósiles

La conferencia se estructuró en torno a tres pilares temáticos. El primero se centró en superar la dependencia económica de los combustibles fósiles, promoviendo la diversificación económica y la reconversión productiva. El segundo eje abordó la necesidad de transformar la oferta y la demanda, impulsando el cambio de combustible, la soberanía energética y el acceso equitativo a la energía, junto con la eliminación gradual de los factores que impulsan la demanda. Asimismo, se propuso la reducción progresiva de la extracción de combustibles fósiles, incluyendo las responsabilidades medioambientales, la distribución equitativa de impactos, la cobertura de costes y la gestión de activos varados, así como la reorientación de los subsidios hacia las energías limpias. 

Finalmente, el tercer pilar estuvo orientado a promover la cooperación internacional y la diplomacia climática para cerrar las brechas en la implementación, la gobernanza y la cooperación, incluidos los desafíos en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). De este modo, la conferencia se propuso abordar las barreras jurídicas internacionales, en particular aquellas vinculadas a los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados.

Los combustibles fósiles siguen siendo el principal motor de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin estrategias específicas para reducir tanto su producción como su uso, limitar el calentamiento a 1,5 °C está cada vez más fuera del alcance.

Los combustibles fósiles siguen siendo el principal motor de las emisiones de gases de efecto invernadero.

A diferencia de otras cumbres climáticas, que a menudo abordan múltiples asuntos en materia de mitigación, adaptación y financiación, este evento se enfocó exclusivamente en los combustibles fósiles. La conferencia buscó reunir a gobiernos, sociedad civil, Pueblos Indígenas, comunidades afrodescendientes, trabajadores, jóvenes, academia y actores privados para codiseñar políticas viables y hojas de ruta orientadas a avanzar más allá de la energía fósil.

Este enfoque es fundamental porque los combustibles fósiles siguen siendo el principal motor de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin estrategias específicas para reducir tanto su producción como su uso, limitar el calentamiento a 1,5 °C está cada vez más fuera del alcance. Las proyecciones gubernamentales indican que la producción planificada de combustibles fósiles superaría los niveles compatibles con el Acuerdo de París en más de un 120 % para 2030. Para 2050, podría ser unas 4,5 veces superior a la compatible con una trayectoria de 1,5 °C. Estas proyecciones ponen de relieve la urgencia de una acción global coordinada para eliminar progresivamente el carbón, el petróleo y el gas.

Implicaciones para los derechos de los Pueblos Indígenas

Uno de los objetivos principales de la Conferencia era crear un espacio de diálogo entre gobiernos, expertos, la sociedad civil y los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes para intercambiar puntos de vista sobre las vías hacia una transición justa. La Conferencia fue concebida explícitamente como un foro de diálogo y definición de agenda, en el que se plantearon propuestas; entre ellas, la posible creación de un panel global de expertos para acelerar la transición fuera de los combustibles fósiles, aunque ninguna fue formalmente adoptada. 

Si bien este enfoque inclusivo reconoció el papel de los Pueblos Indígenas y creó oportunidades para su participación, no estableció salvaguardas concretas, ni garantizó su autoridad en la toma de decisiones, ni incorporó mecanismos de rendición de cuentas que aseguren el respeto de los derechos indígenas en el proceso de transición energética. Un ejemplo de este reconocimiento parcial es que se realizó una ceremonia indígena en la inauguración de la conferencia antes del presidente: miembros del Pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, que cuentan con una larga trayectoria en la protección de sus territorios ancestrales, abrieron el evento con un ritual tradicional de armonización, celebrado en su idioma y acompañado de instrumentos ancestrales. 

Se plantearon temas relevantes para los Pueblos Indígenas: la necesidad de una participación significativa en las estrategias de transición energética; la valoración de los conocimientos y liderazgos indígenas; y la preocupación por los impactos socioeconómicos.

Los representantes indígenas destacaron la importancia de ser incluidos en cualquier esfuerzo futuro para poner fin a la extracción de combustibles fósiles.

Paralelamente, delegaciones indígenas de la Amazonía de toda Latinoamérica y otras regiones del mundo acudieron a la conferencia con el objetivo explícito de presionar para que se adoptaran medidas más contundentes. Esta amplia participación refleja la frustración por la falta de compromisos significativos en los procesos climáticos mundiales y el reclamo generalizado por una transición basada en derechos, que aborde las causas fundamentales de la crisis. Sin embargo, estos elementos se quedaron en el ámbito de la presión política, en lugar de convertirse en compromisos respaldados por los Estados.

En lugar de adoptar decisiones vinculantes, la Conferencia funcionó principalmente como un espacio político y de definición de la agenda. En este contexto, se plantearon varios temas relevantes para los Pueblos Indígenas: la necesidad de una participación significativa en las estrategias de transición energética; la importancia de basar tales estrategias en marcos de derechos humanos y justicia; la valoración de los conocimientos y liderazgos indígenas; y la preocupación por los impactos socioeconómicos de la eliminación gradual de los combustibles fósiles en los territorios afectados. Los representantes indígenas también destacaron la importancia de ser incluidos en cualquier esfuerzo futuro para poner fin a la extracción de combustibles fósiles.

Oportunidades y expectativas de la conferencia

Los representantes indígenas instaron a la Conferencia a rechazar la reproducción de la violencia extractiva a través de la minería “verde” y abordar las barreras estructurales que impiden el acceso a la justicia. En este sentido, los Pueblos Indígenas de las siete regiones socioculturales presentaron una posición estructurada: el pleno respeto del derecho a la autodeterminación y al consentimiento libre, previo e informado; la protección jurídica de sus territorios y aguas; el fin del de extractivismo, incluidas la minería “verde” y la geoingeniería; una financiación climática directa, accesible y sostenida para estrategias de transición justa lideradas por los Pueblos Indígenas; y la valoración de los sistemas de conocimiento y la gobernanza indígenas como fundamentos de la acción climática.

Además, los Pueblos Indígenas pidieron que estas normas y propuestas quedaran reflejadas de forma explícita en el informe final de esta Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles. Asimismo, los líderes y lideresas exigieron incluir salvaguardas mínimas para garantizar una participación significativa con poder de decisión, la protección de los defensores indígenas, la trazabilidad de las inversiones relacionadas con la transición y, garantías para la seguridad y la soberanía energéticas de los Pueblos Indígenas.

Los países participantes acordaron elaborar “hojas de ruta” nacionales para orientar la transición hacia la eliminación progresiva del petróleo, el gas y el carbón, lo que supone un paso de los compromisos generales hacia una planificación más operativa.

Los países participantes acordaron elaborar “hojas de ruta” nacionales para orientar la transición hacia la eliminación progresiva del petróleo, el gas y el carbón.

La conferencia supuso un cambio en el enfoque, ya que el documento de “conclusiones” reconoció a los Pueblos Indígenas como participantes del proceso y como actores relevantes en el acceso a la financiación y las soluciones energéticas. Sin embargo, este reconocimiento sigue siendo limitado y, en gran medida, instrumental: se hace referencia a los indígenas junto a una amplia gama de partes interesadas, prestando una atención superficial a sus derechos. En efecto, el documento no incorpora la autodeterminación, el consentimiento libre, previo e informado, o la protección de los territorios y los sistemas de gobernanza indígenas como elementos fundamentales de la transición. En consecuencia, los incluye pero no refleja un enfoque basado en los derechos que sitúe a los Pueblos Indígenas como actores centrales en la toma de decisiones para configurar vías de transición equitativas.

Los países participantes acordaron elaborar “hojas de ruta” nacionales para orientar la transición hacia la eliminación progresiva del petróleo, el gas y el carbón, lo que supone un paso de los compromisos generales hacia una planificación más operativa. Entre los resultados se incluyen la creación de líneas de trabajo específicas (como las dependencias macroeconómicas y financieras; y la armonización entre productores y consumidores) junto con la puesta en marcha de un panel científico internacional para respaldar la formulación de políticas basadas en datos empíricos. Finalmente, la conferencia puso especial énfasis en la necesidad de abordar los factores estructurales que impulsan la dependencia de los combustibles fósiles: las restricciones fiscales, la carga de la deuda y las asimetrías en la arquitectura financiera mundial. 

De cara al futuro

Si bien no se adoptaron acuerdos vinculantes, la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles reunió a más de 50 países en un esfuerzo compartido y contribuyó a redirigir el debate mundial hacia pasos concretos: la reforma de los subsidios, la reestructuración financiera y el fortalecimiento de la cooperación internacional. De manera crucial, subrayó que el desafío central ya no es si se deben eliminar gradualmente los combustibles fósiles, sino cómo hacerlo de forma coordinada, económicamente viable y fundamentada en la justicia. Particularmente, para los Pueblos Indígenas y otras comunidades de primera línea cuyos territorios y medios de vida se ven más directamente afectados.

La conferencia abrió un posible nuevo espacio político en la gobernanza climática mundial, situando la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en el centro del debate internacional y poniendo de relieve las cuestiones de justicia, deuda y desarrollo. Sin embargo, tal como lo demuestran los casos presentados, el impulso político por sí solo resulta insuficiente sin una rendición de cuentas estructural.

En Santa Marta, los Pueblos Indígenas ejercieron una influencia significativa en la configuración del tono y el enfoque del evento, contribuyendo a orientar el discurso hacia la justicia territorial, los límites de los mercados de carbono y los riesgos del extractivismo “verde”. No obstante, su influencia sigue siendo desigual: no fueron involucrados de manera estructural en los procesos de toma de decisiones y no surgieron compromisos vinculantes para salvaguardar sus derechos.

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La carrera por los llamados minerales de transición, como el litio, el cobalto, el cobre y el níquel, a menudo etiquetados como críticos para la transición energética limpia, está impulsando una expansión global de la minería. El Banco Mundial proyecta un aumento del 500% en la demanda de estos minerales para 2050. Por su parte, la Agencia Internacional de Energía estima incrementos del 40% para el cobre y los elementos de tierras raras (ETR), del 60-70% para el níquel y el cobalto, y de casi un 90% para el litio hacia 2040.

La realidad es que más del 54% de las reservas globales de estos minerales para la transición energética se encuentran en territorios indígenas (o cerca de ellos). Designar ciertos minerales como “críticos” permite a los gobiernos clasificar la minería como una cuestión de seguridad nacional o emergencia económica, otorgando a las empresas el derecho a operar en territorios indígenas sin respetar su derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). En Argentina, Bolivia y Chile, casi el 60% de los proyectos de litio están ubicados en territorios indígenas. Estas operaciones avanzan bajo marcos legales acelerados que evitan evaluaciones ambientales rigurosas. Además, como dejaron en claro los Pueblos Indígenas en la Cumbre Intercultural Andina de Comunidades Afectadas por la Explotación del Litio, estos proyectos violan su derecho al CLPI, ponen en peligro su acceso al agua y, amenazan sus culturas y medios de vida tradicionales.

Principios indígenas para una transición justa

La realidad latinoamericana no es una excepción. En todo el mundo, los proyectos de transición energética continúan avanzando sin garantizar el respeto a los derechos indígenas. En la Cumbre de los Pueblos Indígenas sobre la Transición Justa, celebrada en Ginebra, cerca de 100 líderes indígenas de las siete regiones socioculturales del mundo acordaron por primera vez un documento que define qué es una transición energética justa desde una perspectiva indígena para asegurar que este proceso sea equitativo y respetuoso.

Los Pueblos Indígenas están pidiendo grandes reformas a los marcos existentes. Exigen que se respeten los derechos humanos y los derechos indígenas, tal como lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). El documento final de la Cumbre de Ginebra, “Principios y Protocolos de los Pueblos Indígenas para una Transición Justa”, presenta un marco arraigado en el conocimiento ancestral, las tradiciones jurídicas y el vínculo con la Madre Tierra.

En un momento en que el discurso climático dominante prioriza la competitividad, la seguridad y el crecimiento industrial, los Pueblos Indígenas le recuerdan al mundo que la verdadera respuesta a la policrisis no es la dominación, sino la justicia.

Los Pueblos Indígenas le recuerdan al mundo que la verdadera respuesta a la policrisis no es la dominación, sino la justicia.

Como punto de partida, estos protocolos rechazan el extractivismo. Proponen un cambio de cosmovisión desde sistemas que tratan la tierra y el agua como mercancías hacia marcos basados en el derecho indígena, el consentimiento y la rendición de cuentas. Para los Pueblos Indígenas, la tierra no es un recurso que se gestiona, sino una relación viva que debe ser cuidada y respetada. El CLPI no es un trámite burocrático, sino un compromiso político y legal con la autodeterminación indígena.

En un momento en que el discurso climático dominante prioriza la competitividad, la seguridad y el crecimiento industrial, los Pueblos Indígenas le recuerdan al mundo que la verdadera respuesta a la policrisis no es la dominación, sino la justicia.

Pendientes en la financiación y gobernanza climática global

El lenguaje de una transición justa ha cobrado protagonismo en las discusiones climáticas globales, incluso en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Esto debería implicar un proceso impulsado por comunidades y por Pueblos Indígenas, orientado a garantizar que la transición de economías extractivas hacia economías regenerativas sea equitativa, democrática y basada en la autodeterminación. La transición justa prioriza la reparación de daños históricos, la redistribución del poder y los recursos, y la creación de medios de vida sostenibles en armonía con la Madre Tierra.

Sin embargo, las interpretaciones actuales de la transición justa en las COP siguen siendo limitadas. Se centran principalmente en transiciones laborales, estrategias industriales, valor agregado y resiliencia en las cadenas de suministro. Este marco a menudo deja de lado dimensiones más profundas de la justicia, particularmente aquellas planteadas por los Pueblos Indígenas, defensores de la tierra y comunidades en primera línea. De este modo, quedan excluidos los derechos sobre la tierra, el consentimiento, la descolonización y el cambio sistémico.

Los Pueblos Indígenas gestionan el 50% de las tierras del mundo y protegen un gran porcentaje de la biodiversidad restante, pero reciben menos del 1% de la financiación climática y menos del 5% de la ayuda ambiental.

Los Pueblos Indígenas gestionan el 50% de las tierras del mundo, pero reciben sólo el 1% de la financiación climática y menos del 5% de la ayuda ambiental.

Los mecanismos de financiación climática siguen favoreciendo infraestructuras a gran escala, en lugar de beneficiar sistemas liderados por indígenas. En la COP26 de 2021, se prometieron 1.700 millones de dólares estadounidenses entre 2021 y 2025 para apoyar los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales sobre sus tierras y recursos. Esta promesa fue vista como un primer paso para reconocer su papel vital en la protección de los bosques y la biodiversidad: los Pueblos Indígenas gestionan el 50% de las tierras del mundo, pero sólo reciben el 1% de la financiación climática y menos del 5% de la ayuda ambiental. Además, la mayor parte de esta financiación es absorbida por ONG, consultores y agencias, en lugar de llegar directamente a las comunidades.

Los últimos datos del informe 2023-2024 del Forest Tenure Funders Group muestran cierta mejora sobre la promesa de los 1.700 millones de dólares, pero aún están muy por debajo de lo que merecen sus contribuciones. Según el informe, las organizaciones indígenas y las comunidades locales recibieron el 2,6 % en 2021, el 2,1 % en 2022 y el 10,6 % en 2023 de las contribuciones anuales que conforman el objetivo de los 1.700 millones de dólares. Mientras tanto, los procesos de la CMNUCC siguen privilegiando soluciones basadas en el mercado y alianzas industriales, al tiempo que limitan la capacidad de los Pueblos Indígenas para influir en las negociaciones.

Demandas indígenas por una verdadera justicia climática

En las COP y en los foros climáticos globales, los Pueblos Indígenas presentan demandas fundamentadas en la experiencia vivida, en la legislación internacional y en la necesidad urgente de detener la continua violación de sus derechos en nombre de la acción climática. Exigen el reconocimiento legal y vinculante de sus derechos sobre la tierra y el territorio como paso fundamental hacia la justicia climática. Sin una tenencia segura de la tierra, el modelo extractivo seguirá imponiéndose sobre la gobernanza indígena, independientemente de las intenciones “verdes” de los tomadores de decisiones.

El principio del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) debe implementarse plenamente, no como una formalidad procedimental, sino como un derecho sustantivo. Las comunidades indígenas deben liderar sus propias evaluaciones ambientales y sociales de los proyectos que les afectan. Los crecientes llamados a una moratoria global sobre la minería en territorios indígenas sin su consentimiento reflejan los profundos daños que ya se están produciendo en nombre de la transición energética. Los líderes indígenas han sido claros: la descarbonización no puede utilizarse para justificar una nueva ola de intrusión colonial.

Con demasiada frecuencia, la justicia se enmarca en términos económicos, como si el valor sólo pudiera medirse en el retorno de una inversión. Pero la justicia no es un balance contable. No hay una etiqueta de precio para el vínculo entre los pueblos y la tierra.

La justicia se enmarca en términos económicos, como si el valor sólo pudiera medirse en el retorno de una inversión. Pero la justicia no es un balance contable.

Igual de urgente es la demanda de financiación climática directa y a largo plazo. Los Pueblos Indígenas exigen acceso directo a financiamiento que esté alineado con la DNUDPI, el Acuerdo de París y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Mientras tanto, enfrentan los impactos del cambio climático y las consecuencias de las soluciones propuestas para abordarlo. Al mismo tiempo, los sistemas de gobernanza y los protocolos indígenas deben ser reconocidos dentro de la arquitectura formal del clima, desde las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) hasta los marcos de financiación climática global.

Otro punto relevante es la protección de las mujeres indígenas y de los defensores de la tierra. La persecución y criminalización de quienes alzan la voz contra los proyectos extractivos va en aumento, y deben aplicarse mecanismos internacionales de rendición de cuentas para salvaguardar a quienes defienden la vida. La transición no es neutral: está siendo cada vez más militarizada, securitizada e impuesta. En 2023, al menos 196 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados en todo el mundo. De ellos, el 43 % eran indígenas, una cifra alarmante que refleja hasta qué punto estas comunidades cargan con el peso de la violencia vinculada a la defensa del territorio y del medio ambiente.

Entonces, ¿cómo se ve una transición justa para los Pueblos Indígenas? No se trata de compensaciones ni de incentivos de mercado, sino de supervivencia, de derechos y de relaciones. Con demasiada frecuencia, la justicia se enmarca en términos económicos, como si el valor sólo pudiera medirse en el retorno de una inversión. Pero la justicia no es un balance contable. No hay una etiqueta de precio para el vínculo entre los pueblos y la tierra, ni una métrica que pueda medir la relación espiritual con el agua o el deber heredado de proteger la biodiversidad.

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El marco normativo de la República Argentina respecto a los Pueblos Indígenas tiene rango constitucional: se reconoce su preexistencia y el derecho a la propiedad comunitaria de sus territorios y la gestión de sus recursos naturales. Si bien la Argentina ha suscrito el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, no existen leyes que reglamenten la propiedad comunitaria ni la Consulta Previa, Libre e Informada. Por ello, el acceso de los Pueblos Indígenas al pleno ejercicio de sus derechos colectivos específicos suele quedar sujeto a la voluntad de los Estados nacional y provincial.

Retrocesos normativos y vulneración de derechos en Argentina

La República Argentina firmó y ratificó el Acuerdo de París. En diciembre de 2020, Argentina presentó la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional y se comprometió a no superar la emisión neta de 359 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2030, de conformidad con el artículo 4.4 del Acuerdo. No obstante, las actuales acciones del gobierno apuntan a una dirección contraria. El presidente Javier Milei, quien niega el cambio climático e insiste que “es otra mentira que se cae”, ordenó el retiro de la misión argentina en el tercer día de la COP29, celebrada en la ciudad de Bakú (Azerbaiyán), lo cual generó una gran conmoción entre las delegaciones.

Además, en el último tiempo, el gobierno ha introducido algunos cambios normativos que generan importantes y preocupantes vulneraciones en los derechos de nuestras comunidades indígenas. Estas medidas desregulan los sistemas de control sobre actividades extractivistas y tienen un impacto significativo sobre los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas. Asimismo, promueven y favorecen la explotación intensiva de recursos naturales mediante la derogación de leyes calificadas como “restrictivas” y la eliminación de estructuras estatales de supervisión, lo que refleja un enfoque de liberación total en sectores como el agropecuario, energético y minero. 

A su vez, el Poder Ejecutivo Nacional ha dictado el Decreto de Necesidad y Urgencia 1083/2024 que deroga la última prórroga a la Ley de Emergencia Territorial Indígena. La finalización de la emergencia territorial expone a las comunidades a posibles desalojos (algunos ya han empezado a concretarse), lo cual contribuye a una conflictividad que debe evitarse en forma inminente con la sanción definitiva de la ley de instrumentación de la propiedad comunitaria indígena. Además, en 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la sentencia “Lhaka Honat vs Argentina”, en la cual, la Corte obliga a la Argentina a que adopte “medidas legislativas y/o de otro carácter para dotar de seguridad jurídica el derecho humano de propiedad comunitaria indígena”.

Un nuevo tipo de colonialismo

En este contexto adverso para los derechos indígenas, avanza la explotación del litio, un mineral crítico para la transición energética. La Directora Ejecutiva Adjunta de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Pía Marchegiani, sostiene que en los últimos años se ha registrado un aumento vertiginoso en la demanda del litio, debido a las crecientes presiones del Norte Global para avanzar hacia un modelo de transición energética. “¿Qué pasa con los ecosistemas y los derechos humanos?”, cuestiona la especialista. 

Efectivamente, se han intensificado las denuncias de los Pueblos Indígenas debido a la explotación de los recursos naturales, que realizan las empresas con el apoyo de gobiernos provinciales y nacional, sin considerar los informes de impacto ambiental ni los derechos humanos de quienes sufren las consecuencias. Por ello, si bien es urgente abandonar la explotación y consumo de los combustibles fósiles, hacerlo replicando el modelo actual de uso desmedido de los recursos naturales perpetuará las mismas lógicas del modelo energético actual: un esquema extractivista abusivo, individualista y violatorio de los derechos humanos.

La lógica colonialista se intensificó en las últimas décadas en toda la región por la concentración de tierra y recursos en manos de grandes corporaciones extranjeras habilitadas por los gobiernos locales. No obstante, las organizaciones indígenas están respondiendo.

La lógica colonialista se intensificó en la región por la concentración de tierra y recursos en manos de grandes corporaciones extranjeras habilitadas por los gobiernos locales.

La extracción de litio ha causado graves daños en varias regiones de Argentina. Este fenómeno no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una larga historia de saqueo y sacrificio de bienes naturales que se repite en todo el continente. Desde la colonización europea, los territorios de América Latina han sido concebidos como reservas de materias primas para el Norte global. En este contexto, las resistencias frente al extractivismo evidencian una continuidad en la defensa de los territorios.

La lógica colonialista se intensificó en las últimas décadas en toda la región como parte del proceso de concentración de tierra y recursos en manos de grandes corporaciones extranjeras habilitadas por los gobiernos locales. No obstante, las organizaciones indígenas están respondiendo.

Mujeres diaguitas defensoras de la vida

En el discurso oficial que levantan tanto las empresas trasnacionales como los gobiernos locales, la transición energética aparece como la llegada del progreso a los territorios rurales. En la provincia de Catamarca, las campañas mediáticas y los anuncios oficiales intentan reforzar la idea de “las bondades” que brindaría la minería. Desde esa perspectiva, pareciera que las economías domésticas y las formas de organización local estuvieran “atrasadas” frente a la innovación y “prosperidad” que traerían los megaproyectos mineros, junto a la promesa de generar trabajo. 

Las jóvenes indígenas de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita impulsan una estrategia de defensa comunitaria frente a las paradojas que presenta la transición energética en su territorio. Ellas despliegan prácticas concretas y situadas que desafían a las políticas de explotación, frenan el saqueo de los territorios y llaman a la acción. Las jóvenes provenientes del Valle de Yocavil, ubicado al este de Catamarca, aseguran que la vida se defiende en tiempo presente: “No se puede seguir mirando cómo las empresas destruyen los territorios sin hacer nada”.

“Sabemos muy bien la riqueza que tenemos, no queremos su progreso. Por eso nos organizamos para preservar nuestro territorio de las mineras”, explica Milagros Romero.

Milagros Romero: “Sabemos muy bien la riqueza que tenemos, no queremos su progreso. Por eso nos organizamos para preservar nuestro territorio de las mineras”.

El Valle de Yocavil cuenta con una extensa historia de lucha por parte de los pueblos que lo habitan ancestralmente. Las jóvenes lideresas diaguitas sostienen que eligen cuidar la tierra hoy porque mañana será tarde, y explican que el progreso y el desarrollo no son lo mismo. Milagros Romero, de la comunidad Toro Yaco, sostiene que la vida plena se relaciona con una práctica y una reflexión en torno a las formas de consumir, de producir y de cuidar la naturaleza. Por eso, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita produce y comercializa sus alimentos, condimentos y artesanías cuidando el entorno natural del que son parte, al mismo tiempo que bloquean el ingreso de las empresas extractivas. “Sabemos muy bien la riqueza que tenemos, no queremos su progreso. Por eso nos organizamos para preservar nuestro territorio de las mineras”, explica Milagros.

En el mismo sentido, en diciembre de 2024, la Unión Solidaria de Comunidades del Pueblo Diaguita Cacano emitió una declaración en la que repudió el decreto presidencial que derogó la Ley de Emergencia Territorial Indígena y convocó al parlamento indígena. En el documento, se argumentaba que el único propósito era permitir la libre explotación de la Madre Tierra y despojar a las comunidades indígenas de sus legítimos derechos, reconocidos en Tratados Internacionales y la legislación nacional. Además, se advertía que la situación se había agravado debido a que el gobierno consideraba excesivo el número de comunidades registradas y las calificaba de inexistentes.

Los kollas de Salinas defienden su territorio frente al avance del litio

En Jujuy, las comunidades de la región de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc viven una grave situación de vulneración de sus derechos humanos y ambientales. La exploración minera continúa avanzando a pesar de no contar con estudios de impacto ambiental completos e integrales sobre toda la cuenca, que sirvan de base para identificar los riesgos reales en la zona de escasez hídrica. La mesa de Comunidades Indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc llevan décadas de lucha e incidencia en diversos ámbitos. Incluso han redactado su propio protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada, que nunca implementó el Estado provincial. 

Además, los hermanos y hermanas del Pueblo Kolla de Jujuy de Salinas Grandes integran el denominado Tercer Malón de la Paz, que enfrentó al entonces gobierno provincial de Gerardo Morales en 2023. En aquel momento, el ejecutivo había impuesto una reforma constitucional provincial que favorece la explotación de recursos a costa de los derechos de los Pueblos Indígenas. En consecuencia, las comunidades tuvieron que resistir violentas represiones, toda clase de métodos de persecución y la criminalización de la protesta social.

El Banco Mundial suspendió todo estudio hidrológico que se pretendía realizar sin consulta y participación de las comunidades indígenas de la cuenca de Salinas.

El Banco Mundial suspendió todo estudio hidrológico que se pretendía realizar sin consulta y participación de las comunidades indígenas de la cuenca de Salinas.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Jujuy hizo lugar a un amparo y ratificó el derecho a la información pública ambiental. Esta decisión beneficia a las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc y les reconoce el derecho a recibir información ambiental confiable (algo ya contemplado en el Acuerdo de Escazú). El recurso fue presentado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) con el objetivo de acceder a la información sobre las solicitudes mineras de litio y borato para operar en sus territorios. 

Finalmente, a través de una carta fechada el 24 de febrero de 2025, las comunidades Kollas de Jujuy recibieron otra noticia alentadora: el Banco Mundial suspendió todo estudio hidrológico que se pretendía realizar sin consulta y participación de las comunidades indígenas de la cuenca de Salinas. Asimismo, la entidad financiera ordenó suspender el relevamiento hasta que las partes involucradas encuentren una vía de diálogo.

Una transición que garantice los derechos humanos

La transición energética en nuestros países debe ser una oportunidad para avanzar hacia procesos de producción y distribución de energía más justos y equitativos. En este sentido, el rol del sistema internacional de protección es fundamental para garantizar la vigencia de los derechos humanos en las soluciones a la crisis climática.

De acuerdo a lo manifestado por el Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático, en su documento final de incidencia sobre “Transición Justa” para la COP28 de la CMNUCC: “Los derechos, perspectivas, sistemas de conocimiento y experiencias vividas de los Pueblos Indígenas deben ser considerados y tenidos en cuenta en las definiciones, criterios e implementación de los proyectos y programas de Transición Justa”.

Tanto el marco normativo plasmado en la Declaración, como el compromiso asumido en el Acuerdo de París, nos permite acercarnos al paradigma de “lo justo” en materia de Transición Energética. Sin embargo, actualmente, la explotación de minerales de transición como el litio, el cobre y el níquel se están realizando en territorios indígenas sin su Consentimiento Previo, Libre e Informado, lo cual dista mucho de lo que concebimos como justo. 

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Aunque muchos países, especialmente en Europa, han acelerado la transición energética para cumplir con sus compromisos climáticos y responder a la crisis energética derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania, no todos disponen de reservas suficientes de estos minerales. El éxito de esta transición está estrechamente vinculado a la disponibilidad y suministro de estos recursos, lo que podría intensificar los modelos de desarrollo extractivista en los países que los poseen. 

Según la Agencia Internacional de Energía, China es el principal productor y procesador de tierras raras en el mundo: concentra alrededor del 60 % de extracción y procesa cerca del 90 % de la producción global. El régimen de Xi Jinping ha comprendido que el valor de estos minerales no se limita a su comercialización, sino que reside también en su aprovechamiento estratégico para el desarrollo tecnológico. Esta situación ha generado una creciente dependencia de los países occidentales hacia China, lo que impacta directamente en el ritmo y la soberanía de la transición energética global. En América Latina, solo Brasil figura entre los diez países con mayores reservas, ubicándose en el tercer lugar con aproximadamente el 15 % del total mundial. 

Tierras raras y minerales críticos en territorios indígenas

Paradójicamente, la transición energética basada en fuentes renovables ha aumentado la demanda de tierras raras y minerales críticos —recursos no renovables—, cuya extracción se concentra en ecosistemas estratégicos y frágiles, como los territorios indígenas. Un estudio global publicado en 2022, basado en la plataforma internacional sobre suministros de minerales para la transición energética, revela que más de la mitad de los proyectos extractivos vinculados con estos recursos están ubicados dentro de territorios indígenas o en sus cercanías.

En el caso de América Latina y el Caribe, se estima que el 73 % de estos proyectos impactan directa o indirectamente a territorios indígenas titulados formalmente. Además, muchos de ellos se superponen con zonas que presentan altos niveles de estrés hídrico, lo que incrementa su vulnerabilidad ambiental.

El aprovechamiento de tierras raras y minerales críticos no solo conlleva importantes impactos ambientales, sino también consecuencias sociales y culturales. Entre ellas destacan el riesgo de desplazamiento forzado de comunidades indígenas y la amenaza a su identidad cultural, debido a la migración, la fragmentación territorial y la transformación acelerada de sus modos de vida. También se observa una afectación en los mecanismos de toma de decisiones y el sistema de autoridades, especialmente por la decisión de las autoridades estatales de no respetar el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada. 

Bolivia en el escenario de la explotación de tierras raras y minerales críticos

Bolivia atraviesa una profunda crisis económica y energética, resultado del colapso del modelo basado en la explotación de hidrocarburos. El aumento de los precios internacionales del petróleo, junto con la drástica disminución de las reservas de gas, ha provocado un severo desequilibrio fiscal. Esta situación repercute en los ámbitos social, político y judicial, y se agrava por la débil institucionalidad democrática y la falta de independencia de poderes del Estado. 

En este contexto de crisis multidimensional, el gobierno nacional ha decidido profundizar el modelo de desarrollo extractivista, ampliando la frontera hidrocarburífera y minera en la Amazonía, junto con el interés por explotar tierras raras y minerales críticos. Si bien la atención internacional en relación a la transición energética se ha centrado en los proyectos de explotación de litio en el sudeste del país, resulta fundamental prestar atención a los proyectos de prospección y explotación de tierras raras y minerales críticos en regiones como la Amazonía, la Chiquitanía, el Chaco y Pantanal.

El gobierno nacional busca promover una “nueva minería no tradicional” para responder a la creciente demanda global en el contexto de la transición energética.

El gobierno nacional busca promover una “nueva minería no tradicional” para responder a la creciente demanda global en el contexto de la transición energética. 

Como parte de la expansión del modelo extractivista, en 2022 se creó el Viceministerio de Minerales Tecnológicos y Tierras Raras. Dos años más tarde, en enero de 2024, el Ministerio de Minería y Metalurgia anunció el inicio de actividades de exploración de estos recursos. El gobierno nacional busca promover una “nueva minería no tradicional” para responder a la creciente demanda global en el contexto de la transición energética. La meta es diversificar la explotación de minerales tradicionales (plata, estaño, plomo, zinc y oro) hacia otros como níquel, cobalto y tierras raras. Para ello, dentro de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), la empresa estatal encargada de administrar la cadena productiva minera,  se creó la Gerencia Nacional de Minerales Tecnológicos y Tierras Raras.

Además de la explotación de litio en Potosí, liderada por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), en el país se desarrollan dos proyectos de prospección de tierras raras: Cerro Manomó y Rincón del Tigre, ambos ubicados en el departamento de Santa Cruz, en las regiones de la Chiquitanía y el Pantanal. Estos proyectos tienen como objetivo identificar y cuantificar reservas de minerales como torio, niobio, níquel, cobalto, cromo, oro y tierras raras. 

Por otra parte, en 2023 se realizaron actividades de prospección en San Javier (Chiquitanía), donde se recolectaron muestras de rubidio, cesio, wolframio, titanio, tántalo, lantano, praseodimio, europio, cerio, neodimio, samario y torio. Hasta el momento no se conocen los resultados de estos estudios y mucho menos se sabe qué actores estarían involucrados en la etapa de explotación. 

Minerales tecnológicos y tierras raras en territorios indígenas

Actualmente, no existe una base de datos oficial sobre la presencia de minerales tecnológicos y tierras raras en territorios indígenas del Oriente, el Chaco y la Amazonía. Sin embargo, un ejercicio de traslape entre el Mapa de Minerales Tecnológicos y Tierras Raras en Bolivia y la superficie de los 58 territorios indígenas reconocidos formalmente por el Estado, realizado por el CEJIS, permite identificar que estos proyectos se concentran principalmente en las regiones de la Chiquitanía, el Pantanal y la Amazonía Norte del país. 

En la Chiquitanía, las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) Guarayos, Monte Verde, Lomerío y Zapocó están amenazadas de forma directa por el proyecto Pico Suto, mientras que la TCO Bajo Paragua se ve afectada por el proyecto Cerro Manomó. En el Pantanal, el proyecto Rincón del Tigre impacta de manera directa a la TCO Pantanal y al territorio homónimo, propiedad  del pueblo Ayoreo. En la Amazonía norte, el proyecto Madre de Dios para la explotación de oro afectará directamente al Territorio Multiétnico II.

Por otro lado, los proyectos implementados por COMIBOL en el departamento de Santa Cruz tendrán un impacto indirecto en cuatro territorios indígenas: Guarayos, Pantanal, Tobité y Turubó Este.

Pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial

Los proyectos de prospección también representan una amenaza para los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en el Pantanal y las zonas de transición hacia el Chaco. En particular, el proyecto Rincón del Tigre impacta directamente las zonas de tránsito de los últimos grupos ayoreos que permanecen en aislamiento voluntario.

No existe evidencia del desarrollo de salvaguardas que protejan la integridad de estos pueblos ni respeten su decisión de permanecer en aislamiento, tal como lo establece el Artículo 31 de la Constitución Política del Estado vigente desde 2009. Como una acción para fortalecer las salvaguardas internacionales a favor de estos pueblos a nivel internacional, durante el 24º periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas se abordó la situación de los derechos de los Pueblos Indígenas, incluidos aquellos que viven en aislamiento voluntario y contacto inicial, en el contexto de las extracción de minerales esenciales. En esta instancia, el Foro recomendó “prohibir cualquier actividad económica, especialmente de exploración, investigación, extracción y procesamiento de minerales esenciales para la transición energética en los territorios en los que se reconoce que existen pueblos en aislamiento voluntario”.

Lejos de atender esta recomendación, las autoridades nacionales apuestan por profundizar las actividades de prospección en regiones con presencia comprobada de pueblos en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial. 

Ausencia de consulta previa e información ambiental

Si bien la Constitución establece la obligatoriedad de realizar procesos de Consulta Previa, Libre e Informada a los Pueblos Indígenas ante cualquier actividad que pueda afectar su vida o sus derechos, la política nacional sobre la llamada “nueva minería no tradicional” —particularmente la explotación de tierras raras y minerales críticos— no ha sido sometida a consulta con los pueblos de las TCO de la Chiquitanía y el Pantanal.

Los proyectos Pico Suto, Cerro Manomó y Rincón del Tigre no fueron consultados con las autoridades de los pueblos Guarayo, Chiquitano y Ayoreo. La exclusión de las comunidades indígenas al proceso de consulta previa tiene su origen en la Ley de Minería y Metalurgia N.º 535, promulgada en mayo de 2014, que exime a los proyectos de prospección de esta obligación. Esta disposición es abiertamente inconstitucional, ya que contradice lo establecido en la Norma Fundamental y en los instrumentos internacionales de derechos indígenas.

La aplicación de esta normativa agrava la situación de vulnerabilidad de los Pueblos Indígenas, en particular del pueblo Ayoreo, que cuenta con segmentos en situación de aislamiento voluntario en la zona en la que se desarrolla el proyecto Rincón del Tigre. La ley permite el ingreso de actividades de prospección sin mecanismos de control ni participación, más allá de una simple autorización administrativa emitida por las autoridades mineras. A esto se suma la ausencia de información sobre los impactos ambientales, tanto en la fase de prospección como de la futura fase de explotación. 

A manera de conclusión

La transición energética no puede construirse a costa de la vulneración de los derechos de los Pueblos Indígenas ni mediante la devastación de sus territorios y el medio ambiente. La situación que enfrentan las comunidades indígenas de las regiones de la Chiquitanía y el Pantanal evidencia que, lejos de representar una salida al modelo extractivista, la llegada de proyectos de prospección y explotación de tierras raras y minerales críticos tiende a profundizarlo. Esto genera mayores presiones sobre los territorios y nuevas violaciones a los derechos indígenas.

El silencioso avance de esta “nueva minería” en las tierras bajas de Bolivia ya muestra sus primeros impactos: proyectos de exploración y explotación implementados sin consulta ni consentimiento de los Pueblos Indígenas. Estas actividades implican una pérdida significativa del patrimonio natural —especialmente del bosque— y agravan los efectos del cambio climático, como el aumento del estrés hídrico.

Bolivia se encuentra en una encrucijada: persistir en un modelo extractivista o avanzar hacia formas de desarrollo que respeten la autodeterminación de los Pueblos Indígenas. En este contexto, resulta urgente restituir salvaguardas efectivas y garantizar la realización de procesos de Consulta Previa, Libre e Informada obligatorios en todas las etapas de los proyectos mineros, como condición mínima para avanzar hacia una transición energética verdaderamente justa.

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La nueva legislación propone la creación de “Zonas Económicas Especiales”, en donde las leyes provinciales sobre protección ambiental, normas de salud, protocolos de seguridad y respuesta a emergencias dejarían de aplicarse. En el norte de Ontario, los Pueblos Indígenas del territorio del Tratado 9 consideramos que el Proyecto de Ley 5 representa algo mucho más malicioso: un asalto directo a nuestros derechos, a nuestros ecosistemas y a nuestras responsabilidades bajo la Ley Natural. Esta medida ha sido duramente criticada por grupos indígenas de base, expertos legales y organizaciones medioambientales, y ha impulsado los esfuerzos de organización comunitaria en el norte de Ontario.En este contexto, Los Amigos del Río Attawapiskat somos un grupo indígena de base dedicado a proteger la salud de las aguas, las personas y las comunidades que viven río abajo del Círculo de Fuego. Somos miembros de comunidades de Attawapiskat, Peawanuck, Kashechewan, Fort Albany, Neskantaga y Moose Factory, en el territorio del Tratado 9. Juntos, tenemos la responsabilidad de proteger nuestras tierras de la explotación y la degradación. Esto significa salvaguardar la integridad de la taiga (bosque boreal) y el muskeg (pantano) de las tierras bajas de la Bahía de Hudson-James Bay, ecosistemas fundamentales para la mitigación del cambio climático y la salud de las futuras generaciones.

La Ley Natural: una responsabilidad sagrada

Los Amigos del Río Attawapiskat somos los ancestros de los Jefes que firmaron el Tratado 9 con la Corona para compartir pacíficamente las tierras. Los pueblos Oji-Cree, Ojibway y Omushkegowuk hemos vivido en armonía con estas tierras que el Creador nos dio desde tiempos inmemoriales. Somos el Pueblo del Agua. El agua nos da la vida, y nosotros cuidamos del agua a cambio. Este es nuestro deber ante el Creador. Nuestros modos de vida tradicionales no implican la codicia o la violencia hacia estas tierras, sino el amor, la armonía y un compromiso constante entre nosotros.

Una profunda adhesión a la Ley Natural está en el centro de la resistencia de nuestras comunidades. La Ley Natural se refiere al Creador: todo lo que vemos, sentimos y percibimos espiritualmente. El sol que siempre sale por el este y el aire que respiramos son expresiones de la Ley Natural. Este entendimiento abarca las cuatro direcciones, la interconexión entre mente y cuerpo, y la sacralidad de la Madre Tierra.

La Ley Natural nos recuerda que no poseemos nada; todo lo tomamos prestado. Estas enseñanzas moldean nuestra percepción de la tierra, el agua y nuestro rol en su protección.

La Ley Natural nos recuerda que no poseemos nada; todo lo tomamos prestado. Estas enseñanzas moldean nuestra percepción de la tierra, el agua y nuestro rol en su protección.

Esta cosmovisión dicta un profundo respeto por toda la Creación. Cuando cazamos, cumplimos con tradiciones como ofrecer tabaco. Vemos a los animales como compañeros, por lo que debemos respetarlos. La Ley Natural nos recuerda que no poseemos nada; todo lo tomamos prestado. Estas enseñanzas moldean nuestra percepción de la tierra, el agua y nuestro rol en su protección.

Este entendimiento sagrado alimenta nuestra inquietud por la destrucción que se propone el hombre en nombre de la extracción de minerales críticos. El Proyecto de Ley 5 viola la Ley Natural. Viola nuestras responsabilidades hacia la tierra y hacia las generaciones futuras.

Vacíos legales y consecuencias ambientales

En una única acción legislativa, el Proyecto de Ley 5 altera deliberadamente numerosas leyes o las elimina por completo. Dentro de la Zona Económica Especial propuesta, ninguna ley provincial se aplicaría. Esto incluye cientos de reglamentos referentes al trabajo, la salud y la seguridad, los derechos de los trabajadores, las normas laborales, la respuesta ante emergencias, la protección ambiental, el bienestar animal y la gestión del agua.

Este vacío legislativo suscita muchas inquietudes sobre la transparencia y responsabilidad del gobierno, y sobre cómo se respetarán (si es que lo hacen) los derechos de los Pueblos Indígenas de la región. Sin leyes aplicables, no existirían mecanismos claros para monitorear las actividades, proteger la salud pública o garantizar la seguridad ambiental. A su vez, no hay ninguna disposición para la colaboración con las Primeras Naciones, ni para una supervisión equitativa o la toma de decisiones compartida.

Aquí, el agua viaja subterráneamente (en ríos y arroyos) y a través del aire por medio de la lluvia. Si se desarrolla el Círculo de Fuego, las toxinas de la minería se dispersarán por nuestras vías fluviales y representará una amenaza grave para los seres vivos.

Si se desarrolla el Círculo de Fuego, las toxinas de la minería se dispersarán por nuestras vías fluviales y representará una amenaza grave para los seres vivos.

El gobierno de Ontario está utilizando las tensiones globales en torno a las cadenas de suministro para justificar el avance de intereses privados. El Proyecto de Ley 5 encarna una avaricia que destruirá nuestro futuro y el de quienes aún no han nacido. Los permisos emitidos por los ministerios pasarán por alto los derechos indígenas y del Tratado, eludiendo cualquier consulta con la gente de base o con los líderes electos. Hasta la fecha, el gobierno nunca ha buscado nuestro Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y esto no cambiará si el Proyecto de Ley 5 entra en vigor. Esta situación pone en riesgo no solo a nuestras comunidades, sino también a nuestros parientes, como el esturión (Acipenseridae) y el caribú (Rangifer Tarandus), cuyas poblaciones ya están en declive.

El desarrollo propuesto para el Círculo de Fuego se encuentra río arriba de muchas de nuestras comunidades, aproximadamente a 160 kilómetros. Alterar el muskeg (pantanal) afectará mucho más que el área inmediata. Los ríos Attawapiskat, Kapiskau, Ekwan, Opinnagau, Albany y Winisk nos dan acceso a nuestros territorios tradicionales sagrados donde recolectamos alimentos y medicinas. Estas aguas fluyen hacia el norte hasta la Bahía de James. Las antiguas turberas de esta región continúan sirviendo como importantes sumideros de carbono y han ayudado a enfriar el planeta por milenios. Aquí, el agua viaja subterráneamente (en ríos y arroyos) y a través del aire por medio de la lluvia. Si se desarrolla el Círculo de Fuego, las múltiples toxinas de la minería se dispersarán por nuestras vías fluviales y representará una amenaza grave para todos los seres vivos.

Extractivismo: una historia colonial

Ya se han registrado más de 30.000 reclamaciones mineras en la región del Círculo de Fuego, todas sin consentimiento. Las Primeras Naciones hemos reiterado que el desarrollo no debe proceder sin nuestro acuerdo. En lugar de escuchar, el gobierno está eliminando las leyes mismas que exigen nuestro consentimiento. Aún recordamos lo que trajo la minería en el pasado: la mina de diamantes De Beers había prometido empleos y oportunidades, pero dejó contaminación, escasez de viviendas y declaraciones de suicidio. La provincia recibió el 14 % de las regalías, pero nuestra comunidad recibió muy poco y asumió la mayor parte del sufrimiento.

El discurso sobre la “transición justa” y los “minerales críticos” suele presentarse como una acción climática. Pero los gobiernos y la industria utilizan estos términos para impulsar el mismo modelo extractivista de siempre. Hablan de urgencia e innovación, pero sus acciones siguen un patrón conocido: pasar por alto nuestro consentimiento, ignorar nuestras leyes y explotar nuestras tierras.

Nuestros derechos fundamentales son sistemáticamente vulnerados. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es clara: se requiere el Consentimiento Libre, Previo e Informado para cualquier desarrollo en territorios indígenas. Los tribunales canadienses lo han ratificado. El gobierno federal lo ha respaldado. Sin embargo, Ontario sigue tratando la Declaración como si fuera opcional.

Los consultores habitualmente pasan por arriba a las bases. Hablan con jefes, pero no con las familias; con directorios, pero no con jóvenes; con representantes urbanos, pero no con quienes cuidan la tierra. La consulta se reduce a un trámite burocrático.

La consulta se reduce a un trámite burocrático. El éxito se mide en ganancias trimestrales, no en ríos limpios ni en bosques vivos.

Por su parte, las empresas mineras suelen aliarse con actores políticos para acelerar los permisos. Una vez que se identifican los yacimientos, evitan los procesos formales de consulta y se dirigen directamente a las Primeras Naciones, generando división. A algunos miembros se les hacen promesas, mientras que otros son excluidos. Esta táctica erosiona la confianza, debilita la unidad y silencia la disidencia.

Las consultoras de las empresas habitualmente pasan por alto a las bases. Hablan con jefes, pero no con las familias; con directorios, pero no con jóvenes; con representantes urbanos, pero no con quienes cuidan la tierra. La consulta se reduce a un trámite burocrático. Las relaciones y responsabilidades se sacrifican por la rapidez y el lucro. El éxito se mide en ganancias trimestrales, no en ríos limpios ni en bosques vivos. Ignoran la Ley Natural, que enseña reciprocidad, humildad y cuidado. Cuando se descartan nuestras enseñanzas, también se pone en riesgo nuestra supervivencia.

¿Cómo se ve una Transición Justa liderada por indígenas?

Para que una transición justa tenga sentido, debe estar liderada por los Pueblos Indígenas. Debe nacer de nuestras leyes, de nuestra relación con la tierra y el conocimiento transmitido por generaciones. No se trata solo de consultarnos, sino de darnos el poder de liderar, decidir y construir soluciones climáticas basadas en el cuidado, no en el lucro.

Este camino debe basarse en la Ley Natural y en nuestra responsabilidad con las próximas siete generaciones. Debe honrar los derechos establecidos en los Tratados y nuestras enseñanzas: ser amables, decir la verdad y compartir la tierra. Implica una rendición de cuentas relacional profunda, donde el conocimiento tradicional se comparte con respeto, guiado por sabias y sabios. Requiere tiempo: estudiar los sistemas del agua y la tierra, y comprender los impactos ecológicos, espirituales y sociales de cualquier actividad. Todo debe comenzar con una ceremonia y avanzar con consentimiento informado y colaboración.

Queremos que nuestras juventudes comprendan los ritmos de las estaciones, la salud de los animales, los vientos y los cambios en los cursos de agua. Queremos construir economías que sostengan, no que agoten, a nuestras comunidades.

Una transición justa implica más que cambiar tecnologías: es transformar valores y estructuras de poder. Se trata de renovar con respeto y responsabilidad.

No estamos en contra del desarrollo, pero exigimos que se respete nuestros valores y responsabilidades. Nos preguntamos: ¿cómo afectará esto al río? ¿Qué pasará con el caribú y el alce? ¿Quién beberá esta agua en siete generaciones? Estas no son preguntas hipotéticas: así honramos y protegemos los derechos indígenas y los Tratados.

Queremos que nuestras juventudes comprendan los ritmos de las estaciones, la salud de los animales, los vientos y los cambios en los cursos de agua. Queremos construir sistemas energéticos y economías que sostengan, no que agoten, a nuestras comunidades. Si hay tecnologías que nos ayuden a cuidar la tierra y satisfacer nuestras necesidades, estamos dispuestos a explorarlas. Pero las decisiones deben ser nuestras. Una Transición Justa implica más que cambiar tecnologías: es transformar valores y estructuras de poder. No se trata de extraer para nuevos mercados, sino de renovar con respeto y responsabilidad.

Alzando la voz

El mes pasado, los Amigos del Río Attawapiskat publicamos una Declaración de Protección, reafirmando nuestro deber de salvaguardar las Tierras Bajas de la Bahía de Hudson-James Bay conforme a la Ley Natural. Estas tierras se encuentran entre los sumideros de carbono más importantes del mundo. Pero, más aún, son nuestro hogar, nuestro maestro y nuestra responsabilidad sagrada.

Resistimos no solo mediante peticiones, sino también con presencia. Uno de nuestros miembros dirige viajes en canoa para jóvenes por el Río Attawapiskat. Estos recorridos no son simbólicos: son expresiones vivas de los Derechos del Tratado, que conectan a los jóvenes con la tierra, la ley y la memoria. Detrás de estas acciones hay un movimiento profundo y creciente: gente de base que se une, comparte sus luchas, crea esperanza e imagina colectivamente el camino a seguir. Estos encuentros son actos de gobernanza. Afirmamos que nuestra autoridad emana de nuestras relaciones con la tierra y no del permiso colonial.

Somos protectores, no manifestantes. Hemos visto lo que ha hecho la codicia: envenenar nuestros ríos, perjudicar a nuestros hijos y destrozar nuestras comunidades.

Somos protectores, no manifestantes. Hemos visto lo que ha hecho la codicia: envenenar nuestros ríos, perjudicar a nuestros hijos y destrozar nuestras comunidades.

Las promesas y responsabilidades de nuestro Tratado nos vinculan: mientras brille el sol, la hierba sea verde, el agua fluya y los anishinaabe estén aquí. No es una metáfora, es una obligación. Estamos aquí para recordarle al mundo que somos la gente del agua del territorio Omushkegowuk. Dentro de nuestros lagos, arroyos, ríos y el océano, convivimos en armonía con lo acuático, lo cuadrúpedo y lo alado, siguiendo las Leyes Naturales impuestas por el Creador.

Somos protectores, no manifestantes. Hemos visto lo que ha hecho la codicia: envenenar nuestros ríos, perjudicar a nuestros hijos y destrozar nuestras comunidades. Pero la lucha contra la Ley 5 nos ha unido. Mientras el gobierno intenta dividirnos, nosotros nos unimos: entre comunidades, movimientos y territorios. Agradecemos la solidaridad de nuestros aliados. Estamos alzando la voz, reivindicando nuestras leyes, asumiendo nuestras responsabilidades y forjando un futuro basado en el conocimiento y el cuidado indígenas.

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En el centro de esta tensión se encuentra Polar Lithium, una empresa conjunta entre la corporación Nornickel y la estatal rusa Rosatom, responsable del desarrollo de Kolmozerskoye, el mayor yacimiento de litio del país, ubicado en la región de Murmansk, en la frontera con Finlandia. Aunque el proyecto promete fortalecer la posición estratégica de Rusia en el mercado mundial del litio, también genera importantes preocupaciones para el pueblo Sámi, cuyos territorios ancestrales se ven directamente afectados.

El rol del litio en la economía global y el nuevo enfoque de Rusia

El litio suele ser denominado como el “oro blanco” o el “nuevo petróleo” de la revolución renovable y está transformando los mercados globales. Actualmente, la producción de baterías representa el 74 por ciento de la demanda mundial de este metal y se estima que crezca drásticamente a medida que aumente la adopción de vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento de energía renovable. Para 2030, se espera que la demanda de litio aumente 18 veces con respecto a 2021 y se proyecta un asombroso incremento de 60 veces para 2050. Cabe destacar que el 80 por ciento de los yacimientos globales de litio se encuentran en tierras de importancia histórica para los Pueblos Indígenas.

Conociendo que la creciente demanda de materias primas puede reconfigurar el poder geopolítico, Rusia ha priorizado el desarrollo de su capacidad doméstica para reducir la dependencia de las importaciones. Además de poseer grandes reservas del mineral, que representan el 10 por ciento del total mundial, el país tomó control de dos de los cuatro yacimientos de Ucrania luego de la invasión de 2022. Yacimientos previamente abandonados por falta de viabilidad ahora son considerados críticos para fortalecer la cadena de suministro nacional. Por ello, Rusia está impulsando proyectos de minería de litio en los yacimientos Zavitinskoye, Polmostundrovskoye, Kovyktinskoye, Yaraktinskoye y Kolmozerskoye, con planes de desarrollo acelerado entre 2023 y 2030 para cubrir la creciente demanda interna.

Se espera que el yacimiento de Kolmozerskoye produzca 45.000 toneladas anuales de carbonato e hidróxido de litio, materias primas clave para la fabricación de baterías. El proyecto cuenta con una licencia de uso de 20 años con una inversión inicial de 19 millones de dólares.

Se espera que el yacimiento produzca 45.000 toneladas anuales de carbonato e hidróxido de litio, materias primas clave para la fabricación de baterías.

En febrero de 2023, Polar Lithium recibió los derechos exclusivos para explotar Kolmozerskoye. Este proyecto se ubica en la región de Murmansk y forma parte de los planes geopolíticos de Rusia para reducir la dependencia de las importaciones de litio y de componentes de baterías. Se espera que el yacimiento produzca 45.000 toneladas anuales de carbonato e hidróxido de litio, materias primas clave para la fabricación de baterías. Adjudicado mediante una subasta por la Agencia Federal Rusa para la Gestión de Recursos Subterráneos, el proyecto cuenta con una licencia de uso de 20 años con una inversión inicial de 19 millones de dólares. 

Durante 2023 y 2024, Polar Lithium completó perforaciones exploratorias extensas en la región: un total de 184 pozos que suman más de 40 kilómetros. Este ambicioso plan indica un posible giro estratégico de Nornickel desde la explotación del níquel hacia la minería de litio. Rosatom también está construyendo una fábrica en Kaliningrado que producirá baterías para 50.000 vehículos eléctricos por año a partir de 2025. Además, se planea una segunda planta, aunque su ubicación todavía no ha sido revelada.

La amenaza de Nornickel a las comunidades árticas

Nornickel es el principal productor mundial de níquel, paladio y platino, y la mayor empresa minera y metalúrgica de Rusia. Impulsada por las tendencias del mercado global y las presiones geopolíticas, esta gigante minera (que cuenta con un polémico historial de daños ambientales y sociales) se posicionó rápidamente como un actor clave de la minería a nivel mundial y de la extracción de litio en el Ártico.

Aunque la infraestructura existente y su dominio en la minería ártica le otorgan una ventaja, la historia de Nornickel es preocupante. Incidentes como el catastrófico derrame de diésel en Norilsk en 2020 evidencian su negligencia ambiental. La empresa también ha emitido metales pesados a la atmósfera y vertido aguas químicas residuales en ríos cercanos. Estos antecedentes plantean dudas sobre si su incursión en la energía verde es realmente un paso hacia la sostenibilidad o, simplemente, una nueva fase de explotación de recursos con el único objetivo de aumentar sus ganancias.

La construcción de infraestructura e instalaciones que permitan la extracción de los recursos representa una amenaza para las comunidades indígenas nómadas dado que reducen significativamente sus áreas de caza, pesca y pastoreo de renos.

La infraestructura y las instalaciones representan una amenaza para las comunidades nómadas dado que reducen sus áreas de caza, pesca y pastoreo de renos.

Así como el proyecto promete grandes beneficios económicos y estratégicos, también plantea graves riesgos para los ecosistemas árticos y las comunidades indígenas que habitan tradicionalmente en la región. La construcción de infraestructura e instalaciones que permitan la extracción de los recursos representa una amenaza creciente para las comunidades indígenas nómadas dado que reducen significativamente sus áreas de caza, pesca y pastoreo de renos. Si bien Nornickel ha adoptado los principios Environmental, Social, and Governance, sus inversiones en reducción de emisiones han sido criticadas por superficiales y no abordar el daño ambiental sistémico. En este contexto, Kolmozerskoye corre el riesgo de perpetuar ciclos de injusticia social.

La minería del litio también representa un nuevo camino de daño ambiental y amenaza ecosistemas ya afectados por el cambio climático y la actividad industrial. En efecto, la técnica de extracción prevista será la minería a cielo abierto que es una de las más destructivas. Este método implica la remoción masiva de vegetación, suelo y roca, lo cual contamina el aire y las fuentes de agua, y causa una gran pérdida de biodiversidad. Además, estas operaciones podrían acelerar la degradación del permafrost (suelo que permanece congelado) y liberaría gases de efecto invernadero atrapados. En conjunto, estas operaciones desestabilizarían aún más el clima.

Derechos indígenas y la ilusión del consentimiento

Las formas de vida de las comunidades indígenas del Ártico dependen del pastoreo de renos, la pesca y la caza, y son especialmente vulnerables. De hecho, la minería de litio ya ha desplazado comunidades y ha erosionado prácticas culturales ligadas a la tierra. La región de Kolmozero, que albergaba campamentos de pastoreo y una estación meteorológica vital para los pueblos Sámi y Komi, ha sido profundamente afectada: al anunciarse la extracción del mineral, las comunidades se vieron obligadas a abandonar sus tierras ancestrales. La cooperativa Tundra, que cuenta con 20.000 renos, corre el riesgo de colapsar debido a la destrucción del hábitat y la contaminación.

La desconfianza persistente hacia los proyectos industriales se ve agravada por la participación superficial de las comunidades indígenas. Las decisiones sobre la industria extractiva suelen tomarse a puertas cerradas, sin una consulta real sobre las necesidades o intereses de los pueblos afectados. Aunque Nornickel asegura que promueve un “mundo más limpio” y que involucra a los Pueblos Indígenas, los residentes sámi han denunciado la superficialidad del proceso: sólo se consultó a 50 personas sámi, a pesar de que la región alberga a unos 2.500 personas.

En manos de empresas como Nornickel, el Consentimiento Libre Previo e Informado se convierte en un mecanismo que oculta la coerción subyacente y la erosión sistemática de los derechos y la autonomía indígenas.

En manos de Nornickel, el Consentimiento Libre Previo e Informado se convierte en un mecanismo que oculta la coerción y la erosión de los derechos indígenas.

Si bien Nornickel afirma respetar el principio de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), en la práctica, las comunidades suelen quedarse sin opciones. En lugar de establecer un diálogo genuino, Nornickel presenta “acuerdos preferenciales”, que presionan de facto a las comunidades a reubicarse. Peor aún, las estructuras de gobernanza existentes, incluidas las leyes rusas y marcos internacionales como el Consejo Ártico, han fallado en proteger los derechos indígenas y han dejado a las comunidades en una situación de vulnerabilidad frente a la explotación y el desplazamiento. Al evitar una consulta genuina, las operaciones de Nornickel refuerzan esta brecha.

De más está decir que estas prácticas que simulan el consentimiento socavan la soberanía indígena y perpetúan la injusticia sistémica. Aprovechando la vulnerabilidad económica de las comunidades, las empresas ofrecen incentivos menores, mientras que la simulación de consentimiento legitima sus actividades. El resultado es una transacción profundamente desigual que deja a las comunidades indígenas con las promesas incumplidas y la carga de la explotación. En manos de empresas como Nornickel, el Consentimiento Libre Previo e Informado se convierte en un mecanismo que oculta la coerción subyacente y la erosión sistemática de los derechos y la autonomía indígenas.

Claves para una transición que respete los derechos indígenas

El enfoque de Transición Justa enfatiza la equidad y la inclusión de las poblaciones más postergadas en el camino hacia una economía verde. En el Ártico, este enfoque debe asegurar que las comunidades indígenas, los ecosistemas y los actores locales sean priorizados en lugar de marginados, y debe incluir:

Gobernanza participativa: los Pueblos Indígenas, incluidos los sámi, deben estar activamente involucrados en todos los niveles de toma de decisiones de los proyectos extractivos. Esto requiere mecanismos formales de consulta y consentimiento con poder de veto sobre proyectos que afecten sus tierras.

Mecanismos de reparto de beneficios: los ingresos generados por la extracción de litio deben distribuirse equitativamente con las comunidades. Esto puede materializarse a través del pago de regalías, inversiones en infraestructura local y financiamiento de programas de preservación cultural. Parte de las ganancias de proyectos como Kolmozerskoye debería destinarse a iniciativas comunitarias en energías renovables, educación y salud, con el objetivo de empoderar a los Pueblos Indígenas para forjar su propio futuro sostenible.

Protección legal de los derechos indígenas: se deben fortalecer los marcos legales que designen zonas prohibidas para la actividad industrial en áreas cultural o ecológicamente significativas.

Custodia ambiental: las operaciones mineras deben cumplir con estrictas normas ambientales, auditorías independientes y obligatorias, y monitoreo en tiempo real de los impactos ecológicos.

Hacia una Transición Justa

A medida que las naciones buscan cumplir sus objetivos climáticos, los riesgos para los ecosistemas y pueblos del Ártico nunca han sido tan altos. La región es vista como un sitio clave para proyectos de energía verde, como parques eólicos, energía solar e hidroeléctrica. Las comunidades indígenas, una vez más, quedan atrapadas en medio de las guerras verdes.

En este contexto, Nornickel se presenta como el líder de la ambición energética verde de Rusia, pero arrastra un legado de destrucción ambiental y violaciones a los derechos indígenas. El proyecto Kolmozerskoye subraya la necesidad de un diálogo global sobre la ética de la extracción de recursos en el Ártico. Las preguntas clave siguen abiertas: ¿se escuchará la voz de los Pueblos Indígenas del Ártico en la discusión sobre el futuro de sus territorios o la energía verde se alcanzará a costa de sus ecosistemas? Estas preguntas son relevantes dadas las presiones económicas y geopolíticas que impulsan la extracción, incluyendo la participación de corporaciones respaldadas por el Estado.

Como ocurre con otros megaproyectos extractivos intensivos, el desarrollo de proyectos verdes tiene el potencial de generar conflictos con las comunidades locales. Así, puede reproducir procesos históricos de despojo y colonialismo, y socavar décadas de avances arduamente logrados. La frontera del litio en el Ártico refleja las contradicciones de una economía verde dependiente de prácticas intensivas en recursos, y encarna la paradoja de la sostenibilidad: los recursos necesarios para construir un futuro sostenible podrían contribuir a la destrucción del planeta. El desarrollo sostenible requiere más que innovación tecnológica: exige equidad, responsabilidad y respeto ecológico. Sin estas medidas, la búsqueda del “oro blanco” podría dejar como legado la devastación en lugar del progreso.

Debido al contexto político que vive el país, los autores prefieren mantener el anonimato.

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Bohdana Chiupka-Innes es una mujer moose cree y una de las pocas arquitectas indígenas en ejercicio en lo que hoy se conoce como Canadá. Bohdana lidera el proyecto mînawâchihiwewi-ne-wîkiwan, cuyo objetivo es traer de vuelta el ililiwi-pimâtisîwin a la vivienda comunitaria. El trabajo preliminar de Bohdana fue apoyado por ImaGENation de Indigenous Clean Energy, un programa de fortalecimiento de capacidades para jóvenes indígenas que exploran proyectos de energía limpia y eficiencia energética en sus comunidades. Este trabajo sentó las bases de su tesis de maestría en arquitectura en la Universidad Laurentian.

La Autoridad de Vivienda de Moose Cree First Nation, la firma J.L. Richards & Associates Limited (JLR), Bohdana y la Nación están colaborando para crear el Prototipo de Vivienda de MCFN.  Este primer prototipo fue diseñado para reflejar la estructura tradicional de las carpas de cocina moose cree, al tiempo que cumple con los estándares nacionales de Energía Neta Cero. Actualmente, se encuentra en estudios de factibilidad, estándares de modularización y evaluaciones de escalabilidad.

Historia del pueblo Moose Cree

Tradicionalmente, la Isla Moose Factory ha sido un lugar de reunión para las familias durante los meses de verano.  Sin embargo, el proceso de colonización en Canadá y el desarrollo del comercio internacional afectaron esta relación con el territorio. En 1673 tuvo lugar un hecho clave: las relaciones comerciales entre los pueblos Moose Cree y los colonos británicos motivó a la Compañía de la Bahía de Hudson a establecer su segundo puesto comercial en Moose Factory. Por primera vez, las tierras, aguas y animales que formaban parte de economías tradicionales quedaron sometidas a las exigencias del capitalismo europeo. 

Para permitir este avasallamiento, se establecieron prácticas legales que imponían control sobre tierras y recursos que anteriormente eran gobernados por los Pueblos Indígenas. Con el tiempo, la Corona dominó las leyes sociales, de propiedad y de tierras al promulgar la “Ley India” en 1876, la única legislación en Canadá que define los derechos y libertades de una sola nación, incluyendo la propiedad. A partir de entonces, naciones enteras quedaron confinadas a estructuras administrativas, económicas y sociales de control.  

A pesar de las escuelas residenciales y del control forzado de recursos antes de la firma del Tratado 9 en 1905, el pueblo Moose Cree permaneció conectado a sus tierras. El tratado resultó en la creación de dos reservas para los Moose Cree por parte del gobierno canadiense. Por un lado, Factory Island 1 (299 hectáreas), ubicada en la Isla Moose Factory, donde hoy viven los familiares de Innes.  Por otro lado, Moose Factory 68 (17.094 hectáreas), aún sin desarrollar, al este del río Moose, a 15 kilómetros al sur de la Isla Moose Factory.  

El quiebre de la forma de vida moose cree

La pérdida de autogobierno obligó a las poblaciones indígenas a residir en viviendas inadecuadas dentro de reservas pequeñas y, muchas veces, mal ubicadas, que no reflejaban los usos tradicionales de sus pueblos. La designación de territorios de modo unilateral por parte de la Corona británica y de tierras públicas legalizaron activamente el despojo de sus tierras productivas y limitaron sus actividades tradicionales.

Esta nueva situación alteró los límites de sus prácticas agrícolas y modos de vida, lo cual afectó para siempre la calidad de vida y el refugio que el conocimiento comunitario y las costumbres solían garantizar. Como parte de este proceso, se perdieron las enseñanzas tradicionales y los cimientos espirituales del gobierno indígena y se quebró la forma de vida moose cree. En este contexto, el trauma intergeneracional llevó a las familias a depender cada vez más del gobierno canadiense y del modo de vida colonial.

Contar con un hogar que refleje los modos y valores de vida tradicionales es fundamental para garantizar que la infraestructura responda a necesidades reales y esté diseñada en relación al entorno, lo que permitirá una vida verdaderamente sostenible. 

Contar con un hogar que refleje los modos y valores de vida tradicionales es fundamental para garantizar que la infraestructura responda a necesidades reales.

En consecuencia, los modelos de vivienda y de infraestructura impuestos por el gobierno resultaron en un diseño ambiental deficiente, agravado por una escasa inversión en materiales de calidad y la exclusión de aspectos culturales y sociales, como la vida intergeneracional dentro de Moose Cree First Nation.  

Los efectos de la colonización persisten hasta hoy. Contar con un hogar que refleje los modos y valores de vida tradicionales es fundamental para garantizar que la infraestructura responda a necesidades reales y esté diseñada en relación al entorno. Esto es lo que permite una vida verdaderamente sostenible. 

Innovación y soluciones comunitarias

Bohdana investigó y diseñó un prototipo de vivienda neta cero y un plan de desarrollo habitacional que responde y se basa en los hallazgos de un proceso de participación comunitaria previa sobre valores, intereses y metas a largo plazo. Este proceso involucró a la comunidad en cada etapa e incluyó la participación de todos los niveles, desde jóvenes hasta cuidadores y ancianos, así como la orientación de un consejo asesor informado. La línea de tiempo de participación abarcó festividades, reuniones, discusiones y actividades de gobernanza comunitaria. 

Bohdana adoptó un enfoque liderado por la comunidad, comprendiendo la tierra y la historia del pueblo. De esta manera, el diseño del hogar se centra en soluciones arraigadas en la comunidad, que reflejan los valores culturales y las formas de vida tradicionales. Este proceso de retroalimentación sigue vivo mientras el proyecto avanza en estudios de viabilidad, producción modular y desarrollo de escalabilidad.  

El Plan Integral Comunitario (CCP) de Moose Cree First Nation, creado en 2018, es un documento vivo que traza la visión futura de la Nación y su estrategia. El CCP involucró a más de 1.000 miembros de la comunidad a través de 57 eventos. El proyecto de Bohdana Innes, ‘mînawâchihiwewi-ne-wîkiwan / Sanando Nuestro Hogar: Edificaciones de la Tierra’  incorpora y conecta con el CCP de su Nación:  

– Okimawiwin (educación): el prototipo cuenta con una carpa de cocina para compartir enseñanzas tradicionales sobre soberanía alimentaria y crear un espacio para la educación intergeneracional.  

– Milopimatisiwin (salud): la carpa de cocina ofrece nutrición familiar y comunitaria. Además, el diseño está adaptado al entorno y contribuye a una vida más saludable y segura.  

– Uski nesta ka itakwaki uskeek (tierra y recursos): se propone un diseño que protege la Tierra a través de actividades que enseñan la cosecha tradicional.  

– Waakoomitowin (social): espacios adecuados para reuniones tradicionales y habitaciones amplias para familias grandes que buscan sanar y reconectarse.  

– Eshikeeshowaywin nesta atuskanaysiwin (idioma y cultura): dado que el idioma y la cultura permiten mantener la conexión con los ancestros, el proyecto crea oportunidades para programas de enseñanza cultural y lingüística, además de integrar el idioma en el diseño.  

– Wâskâhikana nešta Ihtâwinihkewin (vivienda e infraestructura): el Prototipo de Diseño de Vivienda incorpora la Tierra y, sobre todo, la forma de vida cree.

Estándares Net-Zero: Prototipo de Vivienda Comunitaria de Moose Cree

El prototipo de vivienda definirá un nuevo estándar de construcción para la comunidad dentro del territorio de Mushkegowuk. Este proyecto fue diseñado para probar mejores soluciones de construcción ambientalmente responsables e incluye espacios para reuniones sociales, como la carpa de cocina tradicional y el garaje para actividades de recolección. Las viviendas están adaptadas a diferentes tamaños familiares, con un enfoque modular y multigeneracional. Por ejemplo, las casas más grandes incluyen piezas para personas mayores, permitiendo que vivan cerca de sus familias y conserven su independencia en condiciones invernales extremas.  

El diseño contempla tres tamaños diferentes.  El primero es una vivienda básica de dos dormitorios para parejas, personas solas o familias pequeñas, que puede ampliarse a medida que crece la familia. El segundo es una unidad de tres dormitorios, una extensión del núcleo original con una habitación adicional. Finalmente, el tercero es una unidad de cuatro dormitorios con una pieza para una persona mayor. Esta unidad se compone por dos espacios separados conectados por una terraza y un techo. Los tres diseños pueden adaptarse según las necesidades familiares e incluyen un garaje destinado a la caza y la recolección.

Esta vivienda encarna el modo de vida moose cree a través de su conexión con la tierra y las creaciones de la Madre Tierra. Al recuperar su cultura y diseñar en armonía con el territorio, no sólo está sanando a las familias, sino también a las comunidades y a la tierra misma.

Esta vivienda encarna el modo de vida moose cree a través de su conexión con la tierra y con todas las creaciones de la Madre Tierra.

El diseño combina una estética natural con la eficiencia energética, establece una conexión con el entorno natural e incorpora soluciones que responden a las fluctuaciones térmicas y patrones climáticos característicos del norte. Se utilizan materiales provenientes de la tierra y métodos tradicionales de construcción, lo cual permite desarrollar habilidades y aprovechar recursos renovables y locales. Esta vivienda encarna el modo de vida moose cree a través de su conexión con la tierra y con todas las creaciones de la Madre Tierra. Al recuperar su cultura y diseñar en armonía con el territorio, no sólo está sanando a las familias, sino también a las comunidades y a la tierra misma.

La vivienda prototipo será diseñada conforme a estándares de Energía Net-Zero, utilizando estrategias pasivas para reducir la necesidad de calefacción y refrigeración en el hogar. El diseño aprobado consiste en una casa de 232 metros cuadrados, que incluye una unidad de cuatro dormitorios y una pieza para la abuela o kookum. La construcción incluye aislamiento con altos valores R (aislamiento) en la envolvente del edificio, sistema fotovoltaico (paneles solares), bomba de calor de fuente de aire con respaldo eléctrico para calefacción y refrigeración, estufa a leña, sistema de ventilación con recuperación de energía (ERV) y construcción convencional en madera.  

Alcance continuado del proyecto

Junto a su Nación, Bohdana continuará desarrollando su trabajo en la comunidad para satisfacer las necesidades habitacionales de más de 300 familias: “Los Pueblos Indígenas tienen fuertes lazos con la Tierra en la que viven, ya que su Tierra refleja su Cultura y su Cultura refleja su Tierra. Ambas están interconectadas y no pueden considerarse por separado”. A corto y mediano plazo, liderará los siguientes proyectos:

1. Modularización del prototipo de vivienda: escalar el prototipo para Moose Cree First Nation es esencial para asegurar su asequibilidad y replicabilidad en la comunidad. El período de construcción para este prototipo será de mayo a octubre. Este enfoque permitirá capacitar a personas locales en la construcción de viviendas energéticamente eficientes y fortalecer la economía local, lo cual contribuirá a la creación de hogares accesibles.

2. Evaluación del estado de cinco viviendas existentes y renovación de dos  

Se evaluarán las condiciones de cinco casas existentes, y se renovarán dos de ellas para mejorar su eficiencia energética. Actualmente, muchas viviendas se encuentran en condiciones inhabitables o requieren reparaciones, ya sean importantes o menores.

3. Estudio de factibilidad comunitario para las Tierras por Derecho de Tratado (TLE)  

El estudio abarcará 77 acres en la Isla Moose Factory, donde se prevé una expansión de la reserva en los próximos cinco años. El plan comunitario identificará zonas comerciales, institucionales y residenciales, así como espacios culturales (por ejemplo, áreas de reunión al aire libre), y evaluará la escalabilidad del prototipo de vivienda de MCFN. El resultado será un informe de factibilidad integral.  

Gracias al trabajo previo de Bohdana con la comunidad y el territorio, y a la planificación comunitaria liderada por la Nación, todos estos proyectos están interconectados. Este enfoque requiere tiempo, tiempo esencial para desarrollar proyectos que respeten los derechos indígenas, ambientales y humanos.

El liderazgo de la juventud en el desarrollo de viviendas comunitarias energéticamente eficientes

El refugio es una necesidad básica y, en lo que hoy conocemos como Canadá, la vivienda adecuada está reconocida como un derecho humano fundamental. Sin embargo, los sistemas actuales continúan creando barreras que impiden a las Naciones Indígenas ejercer plenamente ese derecho. A nivel nacional e internacional, es necesario brindar un apoyo más equitativo, con mayores recursos y esfuerzos destinados a mejorar las condiciones de la vivienda indígena.

Proyectos como el de Bohdana abren el camino hacia modelos habitacionales que superan los estándares mínimos, generando cambios duraderos y sostenibles en las comunidades. Este es un relato vivo de lo que se puede lograr cuando la juventud indígena y sus comunidades reciben apoyo para liderar y crear sus propias versiones de soberanía energética. Destaca la importancia de enraizar el trabajo en la comunidad, la ceremonia y la tierra antes, durante y después de cualquier proyecto de energía limpia.  

Este tipo de enfoque está inherentemente vinculado a la responsabilidad relacional, lo que garantiza una mayor durabilidad de las viviendas y la infraestructura para las generaciones futuras. No solo es un proyecto con un impacto extraordinario, sino una muestra de lo que se puede lograr cuando las comunidades están en el corazón de sus hogares.

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