Si bien la “autonomía” o el “autogobierno” es la forma más utilizada en las últimas dos últimas décadas, en verdad esta denominación continúa y madura una aspiración mucho más antigua de los pueblos indígenas. Una aspiración expresada en las intensas luchas territoriales e incluso, a modo de ilustración, en la experiencia del pueblo Matsés durante los años 70. Los matsés evitaron su división en pedazos comunales y mantuvieron su integridad colectiva como pueblo, en un solo gran título “comunal” de 452.735 hectáreas, y luego las sostuvieron, afrontando diversas imposiciones estatales.

Es en este largo proceso se inscribe el segundo encuentro del 6 al 7 octubre de 2023, entre AIDESEP y sus nueve organizaciones regionales asociadas (que articulan 109 federaciones y 2400 comunidades), junto con los gobiernos territoriales autónomos y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). En este encuentro se profundizaron acuerdos previos y se adoptaron tres resoluciones históricas referidas a la expansión de las autonomías a los 51 pueblos indígenas amazónicos, mediante la Minga por Territorialidad, Titularidad y Autogobiernos por Pueblos Indígenas, un plan de acción y articulación.

Interaprendizajes globales

No se trata de un proceso aislado, exótico o marginal, sino que se extiende en todo el Abya Yala, África, Asia-Pacífico y hasta en la Europa estadocéntrica. La demanda y ejercicio de hecho (y también de derecho) de otro tipo de autoridad pública, colectiva, social no estatal corre paralelamente a la crisis de la civilización, la catástrofe climática y la descomposición del estado-centrismo eurocéntrico. Son respuestas sociales que abren tendencias y opciones rurales que también se proyectan en las ciudades.

La Amazonía peruana está inserta en ese interaprendizaje global de procesos autonómicos. Se aprende de las lecciones del reimpulso de ese camino. Entre los años 80 y 90, en el Ártico, el autogobierno de la Nación Inuit demostró su “viabilidad” en Groenlandia y Nunavut, ante Estados poderosos como Dinamarca y Canadá. También se aprende de la reconstitución territorial, el gobierno, el derecho y la economía propias del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) de Colombia. O de la defensa indígena y el gobierno autónomo de los kaapor, ante la violencia de madereros y mineros, y la incapacidad estatal del Brasil para detenerlos.

El pueblo Purépecha logró que el gobierno reconociera a sus autoridades locales y les transfiera el presupuesto municipal.

Otro ejemplo también muy conocido para los autogobiernos es la innovación de los purépecha de Cherán Keri, en Michoacán, que erradicaron mafias madereras y la corrupción político-estatal mediante el autocontrol territorial. El pueblo Purépecha cerró el municipio, expulsó a todos los partidos políticos, recuperó su estructura de autogobierno comunitario y de manejo del bosque, agua, educación e industria. De este modo, logró que el gobierno reconociera a sus autoridades locales y les transfiera el presupuesto municipal.

Asistimos a un nuevo nivel, cuando Naciones Unidas señaló como tema del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de 2024 a la libre determinación y autogobiernos en el mundo, y el informe del Consejo Económico y Social (Ecosoc) de la Organización de las Naciones Unidas para ese debate sustancial, sintetiza procesos y Principios Rectores para su implementación. Abarca incluso experiencias urbanas, ya sea con población indígena o no, como la Cooperativa de Vivienda Acapatzingo en Ciudad de México o las comunas organizadas alrededor del Pueblo Kitu Kara asentadas en las periferias de la ciudad de Quito.

Cuando el racismo extractivista impulsa el autogobierno

La autonomía es intrínseca al orgullo cultural e historia de cada pueblo amazónico. Si bien esta tendencia (y opción) es sometida a presiones y distracciones, sigue latente y emerge con oscilaciones según los procesos sociales. La autonomía surge cuando el Estado desnaturaliza y frena la titulación comunitaria. En Perú, comenzó a crecer en 1993, cuando la dictadura fujimorista eliminó los derechos constitucionales de carácter “inalienable e inembargable” de dichos territorios. Y creció cuando los siguientes gobiernos insistieron en una dictadura extractivista con divisionismos y represión. 

Los reclamos de autonomía resurgieron cuando el título comunal dejó afuera sus territorios ancestrales y los tergiversó como “de libre disponibilidad”. Siguió creciendo, ante la frustración de las reservas comunales, donde el Estado es el primero en no respetar su régimen legal especial. También se incrementó con la violencia racista de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que los obligó a crear sus defensas indígenas autónomas. Y sigue hoy, ante la violencia extractivista de la madera, los hidrocarburos, la minería, los monocultivos y el narcotráfico. Y con la impunidad por la matanza de 30 defensores territoriales indígenas.

Ante la agresión del extractivismo y la farsa de las consultas previas, no es casual que las autonomías indígenas asuman que las decisiones deben ser adoptadas por la autoridad colectiva de los mismos pueblos y naciones.

Ante el extractivismo y la farsa de las consultas previas, no es casual que las autonomías indígenas asuman que las decisiones deben ser adoptadas por la autoridad colectiva.

Con su opresión y permisividad a las violencias extractivistas, el Estado peruano impulsa la autonomía y la incrementa con la descomposición estatal, la persistente corrupción, el abandono de las regiones amazónicas, la represión de las comunidades y la inutilidad de sus funcionarios. Si el Estado-Nación está en des-institucionalización y la colonialidad del poder racista se torna extrema, cada pueblo amazónico, a su ritmo y propio modo, podría ir tomando decisiones para hacerse cargo de su sobrevivencia, sus bosques y sus selvas. 

Por ello, ante la agresión del extractivismo y la farsa de las consultas previas que excluyen el consentimiento de las comunidades, no es casual que las autonomías indígenas asuman que las decisiones deben ser adoptadas por la autoridad colectiva de los mismos pueblos y naciones. En efecto, el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT señala que tienen derecho a decidir y controlar su propio tipo de desarrollo: desde la defensa de las selvas hasta la movilización frente a la minería aurífera y la contaminación por hidrocarburos que amenazan sus vidas.

Selvas y pueblos para siempre: nada de secesionismo

Cuando hablábamos de autonomías, hablamos del autogobierno dentro de sus propios territorios con tres objetivos: la vigilancia, monitoreo, protección, defensa y manejo de territorios; la existencia de selvas y pueblos a perpetuidad; y la toma de decisiones de acuerdo a su cultura, historia y procesos colectivos. No tiene absolutamente nada que ver con alguna forma de separatismo o secesionismo porque los pueblos indígenas han aceptado el artículo 46 de la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas: “Nada se interpretará para quebrantar o menoscabar la integridad territorial o la unidad política de los Estados”.

El falso argumento de una supuesta secesión se brinda por ignorancia, desinformación, prejuicio o simple pretexto distractivo de algunos grupos de interés vinculados a la dictadura extractivista. Para mayor amplitud, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) ha presentado un protocolo de relacionamiento con el Estado peruano. Este documento detalla las relaciones de mutuo respeto entre los ciudadanos peruanos wampis y el Estado peruano, en el marco constitucional y legislativo, y en busca de la cooperación y construcción conjunta de políticas, planes y actividades.

En Ecuador, el autogobierno Kitu Kara afrontó el debate interno entre dos posiciones extremas: por un lado, el sometimiento a la agenda estatal y, por otro lado, el completo apartamiento del Estado. Tras este debate comunitario, la autonomía ha establecido su propia fórmula denominada “En, Con o Contra el Estado”, pero siempre desde su autogobierno territorial. Según las circunstancias, trabajarán dentro del Estado, en conjunto y, cuando sea requerido, actuarán en contra de lo que atente a sus derechos.

Territorialidad, titularidad y autogobierno

Si bien un proceso autonómico se desarrolla al ritmo de cada pueblo, podemos señalar tres dimensiones que podrían superponerse. En primer lugar, se inicia con la recuperación de la memoria y saberes sobre la ocupación territorial ancestral: las áreas tradicionales de asentamiento, de migración, cementerios, cacería, pesca y recolección, que deben ser consensuadas con otros pueblos colindantes. Se registran los poblados no indígenas, las concesiones y las áreas protegidas para los futuros protocolos de relacionamiento y respeto a la gobernanza indígena. 

A continuación, se construye un expediente de sustentación histórica, ecológica, jurídica y de mapas territoriales y de zonificación. Este expediente es notificado a las autoridades estatales para que sea respetado y que no se admitan operaciones extractivas. En este sentido, los artículos 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT describen a la territorialidad integral ancestral como el hábitat regional que los pueblos ocupan (o utilizan de alguna otra manera) y como el derecho a utilizar las tierras que no estén ocupadas exclusivamente por ellos, pero a las que hayan tenido acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.

En una tercera etapa, se construye el Estatuto del Autogobierno en los que se sintetizan diversos aspectos. Esto prosigue con la adopción de resoluciones u ordenanzas del gobierno territorial de desarrollo estatutario y normativo.

En una primera etapa, se construye un expediente de sustentación histórica, ecológica, jurídica y de mapas territoriales y de zonificación. 

La personería jurídica indígena no ha respetado la institucionalidad colectiva propia de cada pueblo, sino que se le ha partido en múltiples pedazos comunales, y han sido sometidas a los mismos procedimientos que cualquier asociación civil urbana. La alternativa propuesta es la apertura de un libro especial de registro como “pueblos indígenas” en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de Perú (SUNARP). En este sentido, el Gobierno Regional de Loreto reconoció la existencia de 22 pueblos indígenas: si bien lamentablemente fue bloqueada por el Ministerio de Cultura, la ordenanza puede ser retomada en el futuro, acompañada del proyecto de ley de las autonomías, para que el Estado cumpla con su obligación de respetar a los pueblos como “sujetos de derecho”.  

Finalmente, se construye el Estatuto del Autogobierno (como en los casos del GTANW y del GTAA) en los que se sintetizan diversos aspectos: la historia de cada pueblo, su cosmovisión, la delimitación territorial y la estructura de la autoridad colectiva; las regulaciones sobre bosques, biodiversidad, educación, salud y justicia propias; participación de los sabios, sabias, mujeres y jóvenes; y la relación con los poblados no indígenas y áreas naturales protegidas estatales. Esto prosigue con la adopción de resoluciones u ordenanzas del gobierno territorial de desarrollo estatutario y normativo.

Autogobiernos, plurinacionalidad y descolonialidad del poder

Hay una relación estrecha entre las autonomías indígenas y, los cambios en la sociedad y en el Estado “uninacional”. La territorialidad integral del suelo, la personalidad jurídico-política de los pueblos indígenas y el respeto a la autoridad del autogobierno implicaría la admisión de que el Perú no es una sociedad “uninacional”. Por el contrario, es una antigua sociedad plurinacional (no solo pluricultural) que sobre esa base social plurinacional, debería proyectarse hacia el Estado, para su adecuación como un Estado Plurinacional.

Las experiencias de Bolivia, Ecuador, Venezuela, Canadá y Nueva Zelanda indican que esto es indispensable, viable y realizable. Pero también, que no basta con constitucionalizarlo, porque la colonialidad del poder tiñe la subjetividad social y genera múltiples mecanismos de opresión. Sin embargo, la persistencia de la autonomía indígena demanda la capacidad del pueblo indígena para ejercer su autogobierno “de hecho”, principalmente, y “de derecho”, paralelamente. Los procesos de los autogobiernos territoriales pueden fortalecerse mediante los aportes de las teorías sociales críticas referidas a la descolonialidad del poder y saber. 

Los procesos autonómicos pueden ser reprimidos, desviados y hasta quizás eventualmente frenados o derrotados, pero llegaron para quedarse. Emergerán siempre, una y otra vez,  y no tienen vuelta atrás.

Una primera versión se publicó en la revista “Comunes” en marzo 2024.

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De acuerdo con GFW, Bolivia se clasifica de manera constante como uno de los países de América Latina con mayor pérdida de cobertura arbórea debido a incendios, solo superado por Brasil, con una pérdida anual promedio de 89.700 hectáreas. A su vez, este año ha marcado récords históricos: las alertas de incendios comenzaron a dispararse dramáticamente a mediados de julio, y Bolivia se encuentra, actualmente, entre los países con el mayor número de alertas a nivel mundial. 

A la fecha, los datos sobre la superficie afectada por los incendios no han sido actualizados desde el nivel central del Estado. A nivel departamental, las autoridades de Santa Cruz han cuantificado un impacto en siete millones de hectáreas. Organizaciones de la sociedad civil, como Fundación Tierra y el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), denuncian que a la fecha la superficie de hectáreas es mayor y superó la superficie quemada en 2019, cuando se quemaron seis millones de hectáreas a nivel nacional. Los departamentos más afectados incluyen Santa Cruz y Beni, donde el bosque seco Chiquitano y el Amazonas están en llamas, afectando reservas forestales, áreas protegidas y territorios indígenas.

Una amenaza recurrente para la vida indígena

Aunque este año es devastador, no es la primera vez que ONG locales, organizaciones indígenas y el público han buscado llamar la atención global sobre la crisis. La frecuencia de los incendios ha estado aumentando constantemente e impactan profundamente a las comunidades indígenas, poniendo en peligro su integridad física, salud y medios de vida. 

Yirka Mendoza, líder del cuerpo de bomberos voluntarios en su comunidad dentro del territorio indígena Monte Verde, ubicado en el bosque seco chiquitano, comenta: “Tenemos miedo hasta de perder la vida porque La Chiquitania todavía está ardiendo, y no sabemos qué más hacer”. A su vez, explica que estos incendios son una amenaza recurrente e impactan severamente a las personas que viven en su territorio: “Lastimosamente, cada año enfrentamos estos incendios, y temo que seguiremos siendo afectados. En años anteriores, siempre se ha quemado todo el bosque y nuestros cultivos, pero este año el fuego ha sido de gran magnitud como ningún otro, incluso han arrasado nuestras viviendas”. Por otra parte, destaca que muchos en el territorio dependen de la miel y los productos artesanales, de los bosques y la fauna que ahora están siendo destruidos. 

Los incendios también han pasado factura a la salud de la comunidad: el denso humo ha deteriorado significativamente la calidad del aire, dificultando la respiración y causando dolores de cabeza frecuentes e irritación ocular. Además, se suman los impactos negativos sobre las fuentes de agua. Desde hace poco más de una década, los efectos del cambio climático y la deforestación han intensificado el contexto de estrés hídrico en las comunidades del bosque seco chiquitano. En la actualidad, las pocas fuentes de agua se encuentran contaminadas por la presencia de ceniza. Estos riesgos para la salud, el acceso al agua y la integridad física son especialmente preocupantes para grupos vulnerables como niños y ancianos.

La escasez crítica de agua y medicinas, combinadas con el humo y el fuego, están obligando a muchos a abandonar sus hogares y territorios, generando un fenómeno de desplazamiento forzoso.

La escasez crítica de agua y medicinas, combinadas con el humo y el fuego, obligan a muchos a abandonar sus hogares, generando un fenómeno de desplazamiento forzoso.

Ante este contexto, los pueblos indígenas en Bolivia a menudo asumen el papel de bomberos: muchas de las comunidades en el territorio de Monte Verde han establecido sus propios cuerpos de bomberos. Después de los devastadores incendios en 2019, los miembros de la comunidad indígena fueron entrenados para combatir incendios forestales de manera más efectiva. Sin embargo, Yirka enfatiza que carecen de herramientas adecuadas. Ella y su equipo de 20 bomberos voluntarios están en primera línea, arriesgando sus vidas en ropa regular mientras intentan proteger sus comunidades y cultivos de los incendios en curso. Sin las herramientas adecuadas o equipos de protección, sus esfuerzos son aún más peligrosos. 

Según el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB), dependiente del CEJIS, los incendios forestales han llevado a pérdidas de cultivos y complicaciones de salud debido a la contaminación del aire en varios territorios indígenas. A su vez, la escasez crítica de agua y medicinas, combinadas con el humo y el fuego, están obligando a muchos a abandonar sus hogares y territorios, generando un fenómeno de desplazamiento forzoso que constituye una violación más a los derechos fundamentales de estas comunidades indígenas. 

De acuerdo al CEJIS, en el Territorio de Monte Verde, al menos 10 comunidades indígenas pertenecientes a la Central Indígena de Comunidades de Concepción (CICC) y la Central Indígena Paikoneca de San Javier se vieron obligadas a abandonar sus casas y refugiarse en los centros urbanos de Concepción y San Javier. Un reporte de Apoyo para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano (APCOB) da cuenta que las comunidades El Regreso, Sagrado Corazón de Jesús, Puerto San Pedro, Makanaté y Monte Verde fueron las más afectadas

Causas subyacentes de los incendios forestales

El World Resources Institute informa que la creciente tendencia de los incendios forestales está estrechamente vinculada con el cambio climático en un bucle de retroalimentación: las condiciones más cálidas y secas alimentan los incendios forestales, que, a su vez, liberan más carbono en la atmósfera, intensificando aún más el cambio climático y aumentando la probabilidad de futuros incendios. Además, el instituto destaca que, mientras el cambio climático hace que los bosques sean más vulnerables, la deforestación impulsada por productos básicos también es un factor importante que contribuye al creciente número de incendios forestales en las regiones tropicales. 

Por otra parte, ONG bolivianas atribuyen el aumento de incendios a políticas gubernamentales que promueven la expansión de tierras agrícolas. En los últimos 40 años, la superficie agrícola en la región de Santa Cruz se ha incrementado más de once veces, pasando de 264.800 hectáreas a más de tres millones. Grandes terratenientes, especialmente los dedicados a la ganadería y la producción de soja, han obtenido beneficios significativos. Esta élite agrícola ejerce una influencia política sustancial y colabora con corporaciones transnacionales como Monsanto y Cargill. Durante la presidencia de Evo Morales, se otorgaron concesiones a la élite agrícola para mantener la estabilidad política, con planes para expandir la frontera agrícola en un millón de hectáreas anualmente hasta 2025. 

A su vez, se suma el sector campesino y colonizador (intercultural), que trabaja la tierra produciendo monocultivos en pequeñas propiedades y busca un cambio en el tamaño de su propiedades para ser consideradas medianas y grandes. De este modo, intentan acceder a recursos financieros y profundizar su modelo de producción que interpela la propiedad colectiva indígena de la tierra por su carácter improductivo. Este sector es el principal responsable del avasallamiento de territorios indígenas, áreas protegidas y tierras fiscales. De manera crítica, un conjunto de normas conocidas como “leyes incendiarias” facilitan la conversión de bosques en tierras agrícolas e incentivan la deforestación bajo el argumento de promover la seguridad alimentaria. 

En las tierras bajas bolivianas, es común usar fuego para despejar tierras para nuevos pastos o campos agrícolas. Sin embargo, durante períodos de sequía, estos fuegos intencionados pueden descontrolarse fácilmente y expandirse rápidamente.

La creciente tendencia de los incendios forestales está estrechamente vinculada con el cambio climático en un bucle de retroalimentación.

De acuerdo al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), para el 2023, las cicatrices de quema se presentan de la siguiente manera: 37% propiedades empresariales y medianas, 18% en propiedades comunales y pequeñas, 16% en Territorios Indígenas, 10% en Tierras Fiscales Disponibles y 17% en Tierras Fiscales no Disponibles. En octubre de 2023, la Procuraduría General del Estado realizó una investigación sobre los responsables de los incendios generados durante esta gestión, identificando a 41 entidades agrarias y ganaderas en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Beni como responsables.

 Según el monitoreo realizado por el Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA), dependiente del CEJIS, hasta el 20 de septiembre de este año la superficie quemada afectó a los territorios indígenas de la siguiente manera en el departamento de Santa Cruz: 56% Monte Verde, 41% Zapocó, 41% Guarayos y 70% Pantanal. A su vez, una investigación realizada por el CEJIS en 2021 cuantificó que, entre 2010 y 2020, el 58 % del total de la superficie titulada en condición de TCOs a favor de 34 pueblos indígenas fue afectada por incendios.

En las tierras bajas bolivianas, es común usar fuego para despejar tierras para nuevos pastos o campos agrícolas. Sin embargo, durante períodos de sequía, estos fuegos intencionados pueden descontrolarse fácilmente y expandirse rápidamente. Muchas ONG consideran esta práctica una de las principales razones para el incremento de los incendios forestales en Bolivia. A medida que los incentivos para despejar tierras crecen, los fuegos utilizados para este propósito se escapan más frecuentemente. Una vez que estas áreas están quemadas, los daños causados al bosque a menudo son irreversibles.

Cambio climático y la deforestación: una crisis que exige acciones

Mientras los pueblos indígenas enfrentan el impacto devastador de los incendios forestales, es crucial ampliar nuestra perspectiva más allá de la crisis inmediata y considerar el papel de los actores en las cadenas de suministro de soja y ganado. En Bolivia, los incendios no son solo un resultado del cambio climático; también están impulsados por factores políticos y económicos que se arraigan en una demanda global que se extiende mucho más allá de las fronteras del país. Las corporaciones multinacionales e importadores de soja y ganado son contribuyentes significativos a esta crisis, ya que continúan incentivando la expansión agrícola en áreas forestadas, provocando una mayor deforestación. 

Si bien el apoyo inmediato es urgentemente necesario —como proporcionar mejores equipos para las brigadas de bomberos voluntarios y asegurar el acceso a agua y medicación—, estas medidas solo ofrecerán alivio temporal. El problema no se resolverá hasta que se aborden las cuestiones más amplias: el cambio climático y los sistemas económicos que promueven la deforestación. 

Esta crisis no es nueva. Aunque este año puede ser particularmente severo en Bolivia, el problema ha estado escalando durante años. Sin un cambio en las políticas y prácticas globales, así como un esfuerzo genuino por abordar el cambio climático, la deforestación y las fuerzas que impulsan la expansión agrícola, es probable que los incendios forestales continúen devastando Bolivia y otras regiones tropicales alrededor del mundo.

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Las partes negociaron seis puntos: 1. Una Reforma Rural Integral para transformar el campo, cerrar las brechas con la ciudad y mejorar las condiciones de vida. 2. Participación Política, es decir, la inclusión de nuevas fuerzas políticas y sin el uso de la violencia. 3. El cese al fuego y de hostilidades bilateral  y la entrega de las armas por parte de las FARC-EP. 4. La solución al problema de las drogas ilícitas y el ofrecimiento de alternativas económicas a las comunidades afectadas. 5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto como medidas para la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 6. Modos de implementación y verificación del acuerdo, y refrendación por parte de la sociedad.

La participación étnica: un hecho inédito a nivel mundial

Como uno de los dos actores políticos del Acuerdo Final de Paz, el Gobierno colombiano estuvo representado por el entonces presidente, Juan Manuel Santos, y el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle. Por su parte, las FARC-EP estuvieron representadas por su Comandante en Jefe, Rodrigo Londoño, y su respectivo jefe del equipo negociador, Luciano Marín. Además, se contó con el apoyo y la participación de Cuba y Noruega como países garantes, y Venezuela y Chile como acompañantes. 

Durante el proceso de negociación, como tercer actor político se sumaron los pueblos étnicos, un hecho inédito a nivel mundial. Estuvieron representados por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente Colombiano (AISO) y el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA). De este modo, lograron incluir un Capítulo Étnico que reconoce que los pueblos han sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos; afectados gravemente por el conflicto armado interno; y que deben mantener sus instituciones, culturas y tradiciones. 

El Capítulo Étnico también incluye el derecho a la identidad e integridad social, económica y cultural, a los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos, y a la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados ancestral y tradicionalmente.

El Capítulo Étnico también incluye el derecho a la identidad e integridad social, económica y cultural, a los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos.

El Capítulo Étnico también incluye principios para la implementación de los componentes del Acuerdo Final con un enfoque étnico y cultural: no regresividad, eliminación de la discriminación racial y contra la mujer, la libre determinación, la autonomía, el gobierno propio, la participación, la consulta y, el Consentimiento Previo, Libre e Informado. Además consagra el derecho a la identidad e integridad social, económica y cultural, a los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos, y a la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados ancestral y tradicionalmente.

Por último, el Capítulo Étnico consagró cuatro salvaguardas sustanciales: 1. Consulta Previa, Libre e Informada sobre cualquier medida que los afecte. 2. Derecho a la Objeción Cultural sobre cualquier medida que afecte su cultura, tradiciones y pervivencia. 3. Enfoque transversal étnico de mujer, familia y generaciones, el cual también se incluye para la reforma rural, la participación política, la solución al problema de las drogas ilícitas, la reparación a las víctimas, la implementación y verificación. 4) No Regresividad de Derechos, es decir, que la implementación del acuerdo no puede ir en detrimento de los derechos adquiridos.

Desarrollos normativos luego del acuerdo

Suscrito el Acuerdo Final de Paz, se iniciaron los desarrollos jurídicos requeridos para su implementación. Se identificaron básicamente dos etapas: fast track y post fast track. Previamente, se había expedido el Acto legislativo del 1° de julio de 2016, que establece instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Por el mecanismo de fast track o vía rápida se expidieron 23 normas. Entre las más significativas se encuentran la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); el Acto Legislativo para la Estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo Final; el Acto Legislativo para la Reincorporación política de las FARC y la creación de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET),  el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). A su vez, se establecieron medidas para la reincorporación económica de los integrantes de las FARC-EP, sobre acuerdos humanitarios y para la implementación de la Reforma Rural Integral.

Después del mecanismo de fast track se expidieron varias normas jurídicas para continuar con la implementación del Acuerdo: Ley 1957 sobre la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); Ley 1958 para la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo económico y social; Ley 1959  sobre la protección de defensores de derechos humanos y sus familiares; Decreto 2278 para crear el Fondo Colombia en Paz; Ley 2078 que prorroga la Ley 1448 de 2011 sobre Víctimas y Restitución de Tierras; Ley 2197 sobre la seguridad ciudadana y en los territorios; Decreto 1874 que crea la Unidad Especial de Investigación de delitos priorizados cometidos contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz; y Decreto 1591 que crea el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.

La implementación del Capítulo Étnico

El Plan Marco de Implementación concertado entre el Gobierno y los pueblos étnicos traza una hoja de ruta detallada sobre los pasos que deben ir dando el Acuerdo de Paz y su Capítulo Étnico. Este plan busca traducir los acuerdos generales en acciones concretas y medibles, con miras a definir, desde la perspectiva étnico-cultural, políticas públicas, metas, indicadores y plazos. Además, asigna responsabilidades institucionales, establece una estimación de costos y, garantiza mecanismos de seguimiento y verificación.

A poco de cumplirse ocho años de la firma, el Capítulo Étnico sólo ha logrado alcanzar un 37 por ciento de su implementación, siendo los puntos 4 y 5 (solución al problema de las drogas ilícitas y el ofrecimiento de alternativas económicas y, el acuerdo sobre las víctimas), los de mayor rezago. Lo mismo ocurre con los procesos de titulación colectiva de tierras y la entrega formal de tierras. El punto 6 sobre la implementación, verificación y refrendación es el que refleja mayores avances, pero en gran parte son indicadores de gestión y no de impacto. 

Según un informe de 2023 de la Contraloría General de la República, la inversión general total entre 2017 y 2022 para la implementación del Acuerdo fue aproximadamente de 51,2 billones de pesos colombianos (12,3 billones de dólares).

A poco de cumplirse ocho años de la firma, el Capítulo Étnico sólo ha logrado alcanzar un 37 por ciento de su implementación.

Según un informe de 2023 de la Contraloría General de la República, la inversión general total acumulada entre 2017 y 2022 para la implementación del Acuerdo Final de Paz fue aproximadamente de 51,2 billones de pesos colombianos (12,3 billones de dólares), distribuidos anualmente a través de las siguientes partidas: 2017. 2,9 billones de pesos, 2018. 5,7 billones; 2019. 9 billones; 2020. 9,8 billones; 2021. 11,9 billones; y 2022. 11,9 billones de pesos.

Finalmente, también hay datos sobre la inversión económica del Acuerdo de Paz acumulada entre 2017 y 2022: Reforma Rural Integral: 25,7 billones de pesos; participación política: 1 billón de pesos; fin del conflicto: 4,8 billones de pesos; solución al problema de las drogas: 4,9 billones de pesos; víctimas: 11,5 billones de pesos; implementación, verificación y refrendación: 3,3 billones de pesos.

Lecciones sobre la implementación del Capítulo Étnico

La Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) desempeñó un papel importante en la verificación del cumplimiento del Capítulo Étnico. Realizó informes para señalar avances y retrocesos, abogó por una mayor atención a las necesidades y demandó una mayor participación de los pueblos étnicos en la implementación. También expresó su preocupación por la lentitud de muchas disposiciones del Capítulo Étnico, señaló brechas significativas entre los compromisos y las acciones tomadas. Esto se observa especialmente en la restitución de tierras, la protección de líderes sociales y el desarrollo de programas socioeconómicos específicos para estas comunidades.

Desde la IEANPE, creemos que esta primera etapa de la implementación del Capítulo Étnico ha dejado varias lecciones para los pueblos étnicos:

1. Participación y consulta. Es necesaria la inclusión de los pueblos étnicos en los procesos de negociación y toma de decisiones desde el inicio.
2. Perspectiva étnica. Se ha reconocido la necesidad de una perspectiva étnico cultural que tenga en cuenta las particularidades culturales, sociales y territoriales.
3. Retos en la implementación. La ejecución de lo acordado enfrenta obstáculos como la falta de recursos, la burocracia y la persistencia de conflictos en los territorios étnicos. 
4. Fortalecimiento organizativo. El proceso contribuye al fortalecimiento de las organizaciones étnicas y su capacidad de interlocución con el Estado. 
5. Visibilización. Se ha visibilizado las problemáticas específicas que enfrentan los pueblos étnicos en el contexto del conflicto y posconflicto. 
6. Articulación institucional. Es necesario mejorar la coordinación entre las diferentes instituciones estatales para una implementación más efectiva. 
7. Seguimiento y veeduría. Es importante establecer mecanismos de seguimiento y veeduría territorial con participación de los pueblos étnicos. 
8. Seguridad. Los desafíos de seguridad persistentes en algunos territorios étnicos requiere garantías efectivas para líderes, comunidades y territorios. 
9. Reparación integral. Los procesos de reparación colectiva deben abordar daños materiales e inmateriales. 
10. Procesos de Paz. A través de sus organizaciones, los pueblos étnicos deben ser incluidos como actores políticos que aportan a la construcción, implementación y verificación de todo lo acordado y como salvaguarda de los derechos étnicos.

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La reforma establece diversos aspectos: sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio; autonomía para gestionar recursos públicos; derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada en proyectos que afecten sus territorios; la protección del patrimonio cultural y territorial. La reforma agrega un apartado sobre los derechos específicos de los pueblos afromexicanos y otro especial para mujeres indígenas y afros. Si bien muchos de estos derechos ya tienen rango internacional, ahora han sido incorporados al marco jurídico mexicano (positivista y estatista).

El proceso de construcción de la reforma fue complejo, estuvo liderado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) e incluyó consultas con miles de autoridades comunitarias. Sin embargo, no cumplió los estándares de una consulta conforme al mecanismo de expertos. En consecuencia, podemos decir que, más bien, fue una serie de foros en donde se tomó nota sobre las opiniones.

Desafíos y críticas a la reforma constitucional

El reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio plantea una serie de desafíos y críticas que deben ser abordadas para evitar que se quede en un marco legal sin impacto real en sus condiciones de vida. 

En primer lugar, aunque el estatus de “sujeto de derecho público” otorga a las comunidades un mayor control sobre la gestión de sus recursos, incluyendo la posibilidad de recibir y administrar directamente fondos públicos, esto no garantiza automáticamente su empoderamiento. La falta de capacidades administrativas, infraestructura y acceso a formación adecuada puede limitar gravemente su capacidad para ejercer este derecho de manera efectiva. Sin un apoyo del Estado en capacitación sobre gestión financiera y administración pública, la autonomía que se promete podría quedar vacía y, en el peor de los casos, generar problemas de mal manejo o dependencia de actores externos.

Si bien la reforma da un paso importante hacia la formalización de los derechos colectivos, existe el riesgo de que este reconocimiento sea utilizado como un recurso retórico sin un compromiso real del Estado.

Existe el riesgo de que este reconocimiento sea utilizado como un recurso retórico sin un compromiso real del Estado.

Otra crítica central es la potencial instrumentalización política del reconocimiento de la personalidad jurídica como sujetos colectivos de derecho público. Si bien la reforma da un paso importante hacia la formalización de los derechos colectivos, existe el riesgo de que este reconocimiento sea utilizado como un recurso retórico sin un compromiso real del Estado para dotar a las comunidades de las herramientas necesarias para ejercer esos derechos. Han habido múltiples casos en los que el reconocimiento legal no se ha traducido en un cambio en sus vidas, lo que genera frustración y desconfianza hacia el gobierno.

El patrimonio propio es otro componente clave, pero también complejo. El hecho de que las comunidades puedan administrar su patrimonio de manera autónoma implica que tienen la capacidad de tomar decisiones sobre el uso de sus tierras, recursos naturales y culturales. Sin embargo, en la práctica, esto puede verse limitado por desigualdades estructurales que han precarizado los territorios indígenas por la presión de actores externos que buscan explotar sus recursos para proyectos extractivos o de infraestructura. A lo cual se agrega la presencia del crimen organizado. Sin mecanismos claros para proteger el patrimonio propio, el reconocimiento de su gestión autónoma podría ser más simbólico que real.

El riesgo de que las consultas se sigan haciendo como hasta ahora

La Consulta Previa, Libre e Informada es uno de los pilares más importantes de la reforma constitucional, ya que busca garantizar que las comunidades indígenas y afromexicanas participen activamente en decisiones que afectan sus territorios y modos de vida. Sin embargo, a pesar de su relevancia, este mecanismo presenta múltiples desafíos críticos que pueden limitar su eficacia y, en algunos casos, perpetuar las desigualdades existentes. Por ejemplo, que los protocolos sean elaborados por el Estado sin la participación de los pueblos, como fue el caso de las supuestas consultas sobre el mal llamado Tren Maya.

El principal riesgo es que las consultas se sigan haciendo como hasta ahora, es decir, que sean meramente formales y no cumplan con los estándares internacionales establecidos en el Convenio 169 de la OIT y en el mecanismo de expertos. En muchas ocasiones, las consultas previas realizadas en el contexto de megaproyectos se han llevado a cabo de manera superficial, sin garantizar que las comunidades realmente comprendan el alcance de los proyectos y sus impactos a largo plazo. Esto ha generado desconfianza hacia el Estado y los promotores de proyectos, lo que debilita el propósito del mecanismo y convierte a la consulta en un trámite, más que en un verdadero ejercicio de autodeterminación.

Las empresas y el Estado suelen tener más recursos y acceso a información técnica, lo que coloca a las comunidades en una situación de desventaja al momento de negociar o comprender el impacto total de los proyectos.

Las empresas y el Estado suelen tener más recursos y acceso a información técnica, lo que coloca a las comunidades en una situación de desventaja.

Un segundo riesgo es la falta de consentimiento real por parte de las comunidades. Aunque la reforma establece el derecho a la consulta, no siempre garantiza que las comunidades tengan la opción de rechazar proyectos que consideran perjudiciales. En muchos casos, la consulta se utiliza como un mecanismo para legitimar decisiones que ya han sido tomadas con mucha antelación por el Estado o las empresas, lo que convierte a las comunidades en simples observadoras de un proceso que no necesariamente respeta su voluntad. Esto plantea una contradicción fundamental entre el derecho a la autodeterminación que promueve la reforma y la práctica real de cómo se llevan a cabo estos procesos.

Además, la diferencia de poder entre las comunidades y los actores económicos es otro obstáculo significativo. Las empresas y el Estado suelen tener más recursos y acceso a información técnica, lo que coloca a las comunidades en una situación de desventaja al momento de negociar o comprender el impacto total de los proyectos. Sin un apoyo adecuado, como intérpretes, asesoría legal o defensores especializados, las comunidades quedan expuestas a presiones externas que pueden influir en sus decisiones. Esta falta de equilibrio en las consultas genera un escenario de inequidad, donde los intereses económicos tienden a imponerse sobre los derechos territoriales y culturales de las comunidades.

Asimismo, hay una crítica recurrente sobre la falta de seguimiento y cumplimiento efectivo de los acuerdos alcanzados durante las consultas. Incluso cuando las comunidades logran influir en las decisiones, muchas veces los compromisos establecidos no se cumplen, lo que perpetúa la sensación de abandono y desconfianza. Sin mecanismos claros de rendición de cuentas y supervisión independiente, la consulta previa se convierte en un proceso sin consecuencias reales para las empresas o el gobierno, lo que refuerza la percepción de que es una formalidad más que un verdadero ejercicio de justicia.

El desafío de que el pluralismo jurídico no quede en el plano simbólico

La reforma también establece la protección del patrimonio cultural y territorial de las comunidades, reconociendo sus sistemas normativos y la pluralidad jurídica. Sin embargo, este reconocimiento legal plantea varios desafíos que deben ser abordados para evitar que estos avances queden en el plano simbólico. Primero, no está claro cómo estos sistemas interactuarán de manera efectiva con el sistema jurídico nacional. Más cuando es claro que el pluralismo jurídico reconocido constitucionalmente en México es unitario y no igualitario. No son los indígenas los que ponen sus reglas de relacionamiento con el Estado, es el Estado a través del derecho positivo mexicano quien las pone.

La coexistencia de dos sistemas legales podría generar tensiones y conflictos en la jurisdicción, especialmente en contextos donde los derechos territoriales y los intereses económicos entran en colisión. Sin mecanismos claros para armonizar las leyes indígenas con las nacionales, este reconocimiento corre el riesgo de quedarse en una declaración sin un impacto práctico significativo. Además, la justicia intercultural requiere de una formación profunda y comprometida de los operadores judiciales, desde jueces hasta abogados y defensores públicos, lo cual no se ha desarrollado con suficiente claridad en la reforma.

En cuanto al fortalecimiento de la cohesión social, es importante reconocer que la pluralidad jurídica puede, en algunos casos, exacerbar las desigualdades dentro de las comunidades. No todas las comunidades cuentan con la misma capacidad de organización o recursos, lo que podría generar conflictos internos sobre la interpretación y aplicación de sus propios sistemas normativos. La reforma, si bien permite un mayor control sobre los territorios, debe acompañarse de políticas que promuevan la equidad dentro de las propias comunidades para evitar que las asimetrías existentes se profundicen. 

Una reforma que podría ser solamente simbólica

En relación con la justicia climática, el reconocimiento de los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas es un componente clave para la protección ambiental, dado que estas comunidades han sido históricamente guardianes de la biodiversidad. No obstante, este enfoque enfrenta tensiones con los intereses económicos del Estado y las empresas extractivas, que siguen priorizando megaproyectos sin el consentimiento real de las comunidades afectadas. La justicia climática sólo será alcanzable si la voz y los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas son respetados en la toma de decisiones sobre sus territorios, lo que requiere un cambio profundo en las políticas de desarrollo.

En cuanto a la equidad de género, la reforma incluye disposiciones para la participación de las mujeres indígenas y afromexicanas en la toma de decisiones. Sin embargo, este avance es insuficiente si no se acompaña de medidas concretas para asegurar que estas disposiciones se implementen en la práctica. En las comunidades, las mujeres enfrentan barreras tanto dentro de sus contextos culturales como en su relación con el Estado, lo que requiere políticas específicas de empoderamiento y apoyo para garantizar que su participación no sea simplemente un ideal en papel. Y esto sólo será posible con la participación de los pueblos indígenas como sistemas complejos.

Históricamente, el Estado mexicano ha otorgado reconocimientos formales a los derechos de los pueblos indígenas, pero sin comprometerse a transformar las dinámicas de poder que perpetúan la exclusión y la marginalización. 

Uno de los problemas más destacados es la falta de claridad sobre cómo se garantizará la asignación de recursos presupuestales específicos para implementar los derechos reconocidos. Sin un financiamiento adecuado, los mecanismos de Consulta Previa, Libre e Informada podrían convertirse en simples formalidades, sin un verdadero poder de decisión para las comunidades. Además, la autonomía prometida podría quedar vacía si las comunidades no cuentan con los recursos y la infraestructura necesaria para gestionar sus propios proyectos.

Finalmente, existe el riesgo de que la reforma se quede en un reconocimiento simbólico o retórico sin cambios estructurales profundos. Históricamente, el Estado mexicano ha otorgado reconocimientos formales a los derechos de los pueblos indígenas, pero sin comprometerse a transformar las dinámicas de poder que perpetúan la exclusión y la marginalización. Sin un cambio real en las políticas económicas que priorizan el extractivismo y los intereses comerciales, el impacto de la reforma podría verse limitado.

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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) define al exilio como “la separación de una persona de la tierra donde vive”. De este modo, todos los refugiados y desplazados viven en el exilio hasta regresar a sus hogares. De acuerdo con esta definición, muchas personas y líderes indígenas han sido separadas de sus raíces, su familia y su comunidad ante un entorno torturante por sus acciones en defensa de sus territorios, el derecho a la libre determinación y la identidad comunitaria indígena. 

En el marco del derecho internacional, un entorno torturante es entendido como la tortura en sistemas penitenciarios denigrantes, crueles e inhumanos. Sin embargo, también se aplica cuando los gobiernos buscan tener el control de la población mediante el ejercicio de un poder autoritario que fomenta el miedo y manipula la verdad. En consecuencia, “se trata de un total de elementos contextuales, de condiciones y de prácticas, que disminuyen o anulan la voluntad y el control de la víctima sobre su vida, y que comprometen al yo”.

El exilio como la continuidad de la resistencia indígena

Los líderes indígenas y afrodescendientes, principalmente del Caribe nicaragüense, viven en un entorno torturante que los lleva a abandonar (ya sea de forma forzada o voluntaria) sus comunidades y territorios en busca de seguridad personal. En este contexto, el destino más cercano y acogedor ha sido Costa Rica, debido a sus altos estándares de políticas públicas sobre migración de toda Centroamérica.

El problema se agudizó en los últimos cinco años, cuando el gobierno nicaragüense comenzó a cerrar espacios de democracia comunitaria y aumentó el control (o cooptación) de las estructuras de gobernanza e instituciones representativas de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe. Pocos liderazgos genuinos, legítimos y naturales aún permanecen en el país; y no tienen otra alternativa que mantenerse en silencio ante la opresión, persecución y criminalización de las luchas indígenas.

Gracias a estos liderazgos en el exilio, todavía es posible conocer las brechas de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de Nicaragua.  

Gracias a estos liderazgos en el exilio, todavía es posible conocer las brechas de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de Nicaragua.

Por lo tanto, las voces de las comunidades que resisten en silencio sólo pueden ser escuchadas a través de los líderes y lideresas que se encuentran en el exilio, principalmente en Costa Rica. Gracias a estos liderazgos en el exilio, todavía es posible conocer los desafíos y las brechas de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe de Nicaragua.  

El hecho de haber puesto a salvo su integridad física no implica que sus condiciones de vida sean iguales a las que tenían en sus comunidades de origen. No todos corren con la misma suerte de tener un trabajo digno: muchos tienen que trabajar como campesinos en los monocultivos o como albañiles en la construcción para poder sobrevivir. En el caso de ser aún solicitantes del estatus de refugiados o asilados, se complica más la situación al no contar con un permiso de trabajo.

Factores históricos de la migración y exilio en Costa Rica

El exilio de indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua datan desde la época de la guerra civil en los 80. En esta década, los indígenas y los creoles se alzaron en armas para reclamar por sus derechos autonómicos, territoriales y colectivos, lo que produjo grandes oleadas hacia Honduras y Costa Rica. En 1983, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablaba de “un éxodo masivo” de alrededor de 10.000 miskitos y pastores moravos que cruzaron el Río Coco, y se instalaron en un campamento de refugiados ubicado en el departamento de Gracias a Dios.

Una de las causales de las migraciones desde la Muskitia nicaragüense hacia el exterior, especialmente en Costa Rica, se debe al desplazamiento interno que sufren las comunidades indígenas Miskitus y Mayangna. La defensora de los territorios indígenas de Nicaragua, Becky McCrea, atribuye la salida masiva de los miskitos y otros pueblos indígenas a la invasión de colonos no indígenas que los despojan de sus tierras. La abogada señala que buena parte de la responsabilidad recae en el Estado que no frena la invasión.

En los últimos cinco años, a partir de la crisis democrática, el resquebrajamiento del estado de derecho y el estallido social del 2018, se han intensificado el exilio y la migración.

A partir de la crisis democrática, el resquebrajamiento del estado de derecho y el estallido social del 2018, se han intensificado el exilio y la migración.

La gravedad de esta situación es compartida por varias organizaciones reconocidas internacionalmente. IWGIA reporta que la deforestación y el desplazamiento son provocados por empresas transnacionales ubicadas en los territorios indígenas y por la colonización de mestizos provenientes del interior del país. Por su parte, ACNUR sostiene: “En los últimos ocho meses se ha duplicado el número de nicaragüenses refugiados y solicitantes de asilo en Costa Rica. Los desplazados suman más de 150.000, el 3% de la población total de Costa Rica, de 5.000.000”. 

En los últimos cinco años, a partir de la crisis democrática, el resquebrajamiento del estado de derecho y el estallido social del 2018, se han intensificado el exilio y la migración. “Costa Rica es el principal destino de personas nicaragüenses desplazadas forzadas, refugiando a alrededor de 200.000 connacionales, siendo un gigantesco reto en temas de seguridad ciudadana que el Estado costarricense enfrenta”, detalla el Informe Nicaragua: entre represión y resistencia ciudadana, del Colectivo de Derechos Humanos y Nicaragua Nunca.

La invasión de colonos y los desplazamientos forzados

Cabe destacar que la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua es estructural. En todos los gobiernos, han sufrido distintos embates de carácter político, social, económico y ambiental. Esta situación de vulnerabilidad se ha venido agravando desde 2015, tras los ataques armados perpetrados por colonos que invadieron las tierras indígenas de Tasba Raya, en el municipio de Waspam, una región autónoma de la Costa Caribe Norte.

El panorama es complejo. Los colonos se han organizado en bandas criminales y atacan sistemáticamente con armas de fuego. Mientras han habido heridos, secuestrados y muertos, los más de 1000 desplazados se encuentran privados de sus medios de vida y, enfrentan la inseguridad alimentaria y el hambre. En este sentido, las comunidades indígenas de las Regiones Autónomas se vieron obligadas a desplazarse forzadamente hacia zonas fronterizas con Honduras y Costa Rica. Las actividades extractivas, la ganadería y el monocultivo son las principales causas de estos desplazamientos.

Exiliada desde 2021, la lideresa miskitu Susana Marley, conocida como Mamagrande, explica que hay al menos 300 familias indígenas desplazadas en Costa Rica, que viven en condiciones precarias y de hacinamiento, especialmente en las zonas de la Carpio, las Pavas y la Alajuelita. Además, deben enfrentar las dificultades para comunicarse con sus familias que se quedaron en Nicaragua y el desconocimiento de las leyes migratorias. Por este motivo, sufren la explotación laboral, maltrato, retenciones, deportaciones, depresión y marginación.

La precariedad de la vida en Costa Rica

Una organización indígena nicaragüense en el exilio calcula que hay alrededor de 800 familias indígenas exiliadas en Costa Rica. La mayoría eran familias miskitus, aunque también había mayangna, rama y afrodescendientes. Entre los hallazgos, se destaca la vulnerabilidad de las mujeres indígenas y afrodescendientes en suelo costarricense, sobre todo, por la falta de empleo formal y de documentos legales de permanencia. 

Por otra parte, hay muy pocas organizaciones indígenas atendiendo la problemática de las personas migrantes. Actualmente, la líder Susana Marley Cunningham, conduce una plataforma de organizaciones de mujeres indígenas y afrodescendientes de la Muskitia nicaragüense y articula esfuerzos de coordinación con otras Organizaciones No Gubernamentales y las autoridades migratorias en Costa Rica.

El número de personas indígenas exiliadas en Costa Rica sigue en aumento. Sin embargo,  no hay un diagnóstico oficial de la cantidad de personas indígenas que viven en Costa Rica ya que muchas sólo la eligen como país de tránsito. Luego, se movilizan hacia otros países, principalmente a Estados Unidos mediante el programa de movilidad segura.

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