Las esterilizaciones forzadas en Perú: 20 años de impunidad

Por Ana María Vidal Carrasco

28 de febrero de 2020

Entre 1980 y 2000, las peruanas y peruanos sufrimos un extenso conflicto armado interno. Fue un período de violencia muy intenso y la población campesina e indígena fue la principal víctima. El 5 de abril de 1992, a casi dos años de asumir la presidencia de modo constitucional, Alberto Fujimori dio un golpe de Estado. Esta dictadura persistió hasta el 2000 y fue durante estos años cuando se perpetró uno de los crímenes más dolorosos de nuestra historia: las esterilizaciones forzadas de miles de mujeres indígenas.

Desde su inicio, el gobierno fujimorista tuvo como uno de sus principales objetivos reducir el índice poblacional y para ello utilizó de modo cínico el discurso de los derechos de las mujeres. El año 1991 fue declarado “Año de la Planificación Familiar” y se aprobó el Programa Nacional de Población 1991-1995, el cual tuvo como meta reducir la tasa de natalidad al 2% y la tasa global de fecundidad al 3.3%1. Además, uno de sus programas específicos era el de salud reproductiva y planificación familiar.

El 9 de septiembre de 1995, sobre la base de un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, el Congreso modificó la Ley de Política Nacional de Población incorporando la esterilización femenina y masculina como método de planificación familiar. De igual manera, en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas en China, Fujimori manifestó que las mujeres peruanas debían ser dueñas de su destino.

Por su parte, el entonces Ministro de Salud, Eduardo Yong Motta, inició campañas de anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), a la par que Fujimori creó una oficina dentro de su despacho para liderar estas campañas.

Imagen
Las esterilizaciones forzadas

En ese contexto y con un discurso en pro de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el gobierno empezó la implementación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF). De acuerdo al Informe N° 69 de la Defensoría del Pueblo sobre “La aplicación de la anticoncepción quirúrgica y los derechos reproductivos II”, entre los años 1996 y 2001 (inclusive) se realizaron 272.028 ligaduras de trompas a mujeres, mientras que el número total de vasectomías realizadas a hombres fue de solo 22.004, es decir, menos del 10% del total de intervenciones quirúrgicas llevadas a cabo mujeres.

Imagen

Fuente: Ministerio de Salud

Imagen

Fuente: Ministerio de Salud

A la fecha, no hay cifras oficiales del origen étnico de las mujeres. Lo que sí se sabe es que gran número de estas intervenciones quirúrgicas se realizaron en zonas rurales y lugares alejados de las ciudades, donde las mujeres tenían un idioma distinto al castellano. De este modo, miles de mujeres esterilizadas no sabían leer ni escribir y se encontraban en situación de vulnerabilidad económica. En la práctica, la política estuvo dirigida en su gran mayoría a mujeres indígenas. La información cobra una gravedad mayor cuando los Informes de la Defensoría N° 27 y N° 69 señalan que se reportaron 19 casos de personas muertas debido a complicaciones post-operatorias producto de las esterilizaciones.

Las investigaciones

Debido a las diversas denuncias producidas por el número masivo de personas esterilizadas entre los años 1996 y 2001, y las muertes por complicaciones post- operatorias, la Defensoría del Pueblo realizó tres informes sobre la aplicación de la anticoncepción quirúrgica y los derechos reproductivos. Estos informes demostraron una tendencia compulsiva en la aplicación del programa y la presión para que las mujeres se sometieran a las esterilización quirúrgica. Algunos de los patrones detectados son:

  • Falta de garantías para la libre elección.
  • Campañas destinadas principalmente a la ligadura de trompas, en detrimento de las vasectomías.
  • Metas establecidas sobre la cantidad de mujeres que debían utilizar métodos anticonceptivos.
  • Falta de garantías para la decisión informada de los métodos anticonceptivos.
  • Ausencia de autorización para la operación: situaciones que invalidan la obtención del consentimiento informado, uso de distintos documentos de autorización para la esterilización, esterilizaciones a mujeres casadas en las que el esposo firma con ellas el documento de consentimiento y esterilizaciones a personas analfabetas sin que el formulario de consentimiento previo sea suscrito por un testigo.
  • Ausencia de normas que regulen el proceso de decisión informada de personas que no hablaban el idioma castellano.
  • Falta de garantías para la seguridad y la salud de las personas durante la operación: evaluaciones pre-quirúrgicas realizados por personal no calificado, ausencia de una identificación de profesionales de salud en la tercera parte de las evaluaciones y no realización de reportes operatorios.
  • Falta de seguimiento posterior a la intervención quirúrgica.
  • Casos en los que falló la esterilización, incluyendo embarazos ectópicos.
  • Dificultades para la determinación de responsabilidad penal.
  • Incumplimiento en relación a la reparación de estas personas y el deber de cooperación.

Ya en enero de 1998, la Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de Salud la indemnización de mujeres cuyas esterilizaciones no hubieran cumplido con los parámetros adecuados: “Establecer en el presupuesto del sector o del Programa Nacional de Planificación Familiar los recursos necesarios para indemnizar a las personas –o a los familiares de ser el caso- que hubieran sido esterilizadas sin su consentimiento, sufrido complicaciones o fallecido como consecuencia de las intervenciones que no hubieran cumplido con los estándares de calidad aceptados en los procedimientos y prácticas institucionales y profesionales”.

En 2001, el Congreso de la República aprobó la conformación de una subcomisión investigadora que entregó, en junio de 2002, el “Informe final sobre la aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) en los años 1990-2000”, el cual concluyó que hubo daños en la integridad física y psicológica de las mujeres esterilizadas, así como vulneración de la libertad individual de las personas y la reducción selectiva de los nacimientos en un grupo social determinado:

  • El uso de metas numéricas, incentivos y estímulos para el cumplimiento de cuotas de captación de usuarias de AQV.
  • Se privilegiaron las esterilizaciones quirúrgicas definitivas en desmedro del derecho a elegir libre y voluntariamente, y a ser informada debidamente sobre otros métodos de planificación familiar.
  • Ausencia de Registro de Consentimiento Informado en muchas localidades del país. En otros casos, se tiene indicios de que los registros fueron destruidos por el mismo personal de salud.
  • Reuniones entre el entonces presidente Alberto Fujimori, Ministros de Estado y Directores Regionales de Salud con el propósito de privilegiar los métodos definitivos.
  • Injerencia del ejecutivo en la aplicación de las AQV.

Imagen
El auto reconocimiento del Estado como violador de derechos humanos

María Mamérita Mestanza Chávez tenía 33 años, vivía en Cajamarca, estaba casada y tenía siete hijos cuando falleció ocho días después de realizarse una esterilización quirúrgica por complicaciones postoperatorias. Su esposo denunció el caso ante la Fiscalía Penal y la Fiscal Provincial de Baños del Inca acusó a cuatro personas por homicidio culposo, delito contra la vida y la salud. Pocos meses más tarde, el Fiscal Provincial de Baños del Inca archivó el caso. Sin embargo, no quedó allí porque el caso se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El 10 de octubre de 2003, el Estado peruano suscribió un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) con la CIDH y los familiares de María Mamérita. El Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los derechos de Mestanza Chávez reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. De este modo, se comprometió a “adoptar medidas de reparación material y moral por el daño sufrido e impulsar una exhaustiva investigación, tendiente a la sanción de los responsables en el fuero común”. El acuerdo también incluía adoptar políticas públicas para evitar que se repitan hechos similares en el futuro.

El interminable camino de las víctimas

El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación señaló que el 75 % de las víctimas fatales del conflicto armado interno tuvo como idioma materno el quechua u otras lenguas nativas distintas al español. También se constató que la tragedia vivida por los pueblos indígenas quechua y ashaninka no fue sentida ni asumida como propia por el resto del país, lo cual evidencia el racismo y el desprecio subsistente en la sociedad peruana.

Para reparar a las víctimas del Conflicto Armado Interno (CAI) se creó, en 2004 , la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del seguimiento de las Acciones y Políticas del Estado en los ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional. Esta comisión tiene como finalidad diseñar la política nacional de paz, reconciliación y reparación. En julio de 2005, el Congreso de la República aprobó la Ley N° 28592 que creó el Plan Integral de Reparaciones para las víctimas del CAI.

“La mayoría de ellas eran indígenas en situación de pobreza y con un idioma materno distinto al castellano.”

Sin embargo, las víctimas de las esterilizaciones forzadas aún no han sido escuchadas. Fue recién en noviembre de 2015 que se creó el Registro de Víctimas de Esterilización Forzada (REVIESFO), oficina dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el fin de brindar asistencia legal gratuita, acompañamiento psicológico y atención de salud integral a las víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre 1995 y 2001. Este registro no contempla el derecho a la reparación para las víctimas. Las víctimas de esterilización forzada a la fecha no tienen derecho a una política pública de reparación, tal como sí lo tienen (y con justo derecho) las víctimas del conflicto armado interno.

A noviembre de 2019, eran 7.277 las mujeres que solicitaron ser registradas en el Registro de Víctimas de Esterilización Forzada, de las cuales 5.125 ya fueron registradas. Lamentablemente, actualmente son solo decenas los abogados públicos disponibles para la defensa de las miles de víctimas registradas en el REVIESFO. En 2019, el Ministerio de la Mujer no destinó presupuesto alguno para la atención de las víctimas, mientras que en muchos centros de salud donde las mujeres acuden a atenderse las complicaciones postoperatorias que aún presentan, el personal de salud que las atiende es el mismo que intervino en la implementación de las esterilizaciones masivas.

El Estado fue responsable de implementar esta política pública que, en medio de un conflicto armado interno, esterilizó de manera masiva y forzada a miles de mujeres peruanas. La mayoría de ellas eran indígenas en situación de pobreza y con un idioma materno distinto al castellano. A pesar del enorme número de denuncias sobre intervenciones quirúrgicas hechas a la fuerza o sin las debidas condiciones de sanidad, secuestros en los centros de salud para intervenirlas quirúrgicamente, esterilizaciones sin la debida información, ligaduras de trompas a mujeres en estado de gestación, muertes y complicaciones postoperatorias, el Estado peruano se ha negado a un tratamiento igualitario al de las víctimas del conflicto armado. Las demandas de las víctimas de esterilizaciones forzadas aún no han sido escuchadas y, a la fecha, no han tenido acceso a sus derechos a la verdad, la justicia o la reparación.

__________________________

1 Sobrevilla Alcazar, L., Chu Villanueva, M. y Mendoza, W. “Crecimiento Demográfico y Salud Reproductiva”. Acta Herediana Vol. 58, abril 2016 – septiembre 2016. Volver

Ana María Vidal Carrasco es abogada defensora de derechos humanos. Participó en las investigaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo sobre las esterilizaciones forzadas y fue una de las fundadoras del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas. Actualmente litiga casos de defensa de la igualdad de género y de derechos sexuales y reproductivos.