Impacto social y epidemiológico del Covid-19
en los pueblos indígenas de México

Por Rubén Muñoz Martínez y Renata Cortez Gómez

1º de julio de 2020

Si bien las comunidades tomaron acciones tempranas para cuidarse, las medidas no son suficientes para una protección completa y de largo alcance. Sufren un mayor porcentaje de letalidad en comparación a la población en general y su situación es dramática en términos socioeconómicos al no poder acceder a alimentos y necesidades básicas. Sin embargo, todavía se está a tiempo de evitar un nuevo etnocidio.

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la población hablante de lengua indígena (HLI) en México es de 7.2 millones de personas, lo cual representa el 6.6% de la población mayor de 5 años. La población HLI es primordialmente joven, cerca del 40% tiene entre 5 y 14 años de edad. La mayor parte (60.5%) vive en localidades de menos de 2500 habitantes, es decir, en el medio rural. Los estados con mayor proporción de población HLI son Oaxaca (32.2%), Yucatán (28.9%) y Chiapas (27.9%). De las 68 lenguas que hay en México, las más habladas son: náhuatl (23.4%), maya (11.6%), tseltal (7.5%), mixteco (7%), tsotsil (6.6%), zapoteco (6.5%), otomí (4.2%), totonaco (3.6%), ch’ol (3.4%) y mazateco (3.2%).

La mayor parte de la población hablante de lengua indígena pertenece al sector socioeconómico más desfavorecido del país, y experimenta un impacto diferenciado, comparado con la población general, en su condición de salud y en la atención pública. Esto es debido, principalmente, a la no adecuación del sistema de salud a la diversidad lingüística y cultural, a la discriminación étnica y a la cultura hospitalocéntrica que concentra la atención en las ciudades dejando las zonas rurales abandonadas.

Imagen

El Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil entregando apoyos a comunidades afectadas por la Pandemia y el Huracán Cristóbal. Foto: Nicolás Arcos Martínez

Epidemiología del Covid-19 entre hablantes de lengua indígena en México

Históricamente, la morbi-mortalidad de los pueblos indígenas no ha sido considerada por la epidemiología oficial en México. Un ejemplo de ello es el VIH-sida. En la actualidad, todavía no tenemos cifras oficiales sobre prevalencia, incidencia o mortalidad de la epidemia del sida en los pueblos indígenas de México y, con algunas excepciones, de América Latina. Solo a través de estudios puntuales conocemos las devastadoras consecuencias que tiene el VIH-sida en algunos de los pueblos indígenas de México y del continente americano. Algunas de las razones por las que el VIH-sida, pero también el Covid-19, vulnera de manera diferenciada a las personas indígenas son: 1) la explotación económica que los perpetúa en la pobreza y los impulsa a la migración, 2) la segregación o marginación social de los sistemas de salud y educación adecuados, 3) la subordinación política y cultural que les impide el pleno ejercicio de sus derechos humanos y de sus derechos colectivos como pueblos y 4) la dominación simbólica (racista, homofóbica, clasista) que a través de actos de discriminación cotidiana configuran sus dinámicas familiares, sociales, emocionales, afectivas y sexuales.

Una notable diferencia, respecto a la situación descrita, es el interés de los actuales tomadores de decisiones por el conocimiento del impacto del Covid-19 en los pueblos indígenas de México al incluir la variable autoadscripción étnica a la prevalencia, incidencia y mortalidad por este virus. Esto nos permite conocer algunos procesos diferenciados respecto a la población general. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, en México hay 1995 casos confirmados de Covid-19 entre personas que se reconocen como indígenas, 60% de los cuales pertenecen al género masculino. El 71% fue diagnosticado en centros de atención de la Secretaría de Salud, destinada a población sin seguro médico.

“La letalidad de la pandemia en la población indígena es mucho mayor ya que la proporción de defunciones en casos confirmados es de 17,4%, lo cual contrasta con el 11,9% en población general.”

De los 1995 casos con prueba confirmatoria, 59% fue ambulatorio y 41% tuvo que ser hospitalizado, destacando una alta proporción de hospitalizados entre población de 50 a 69 años. La mayor cantidad de casos se han dado en los estados de Yucatán (267), Ciudad de México (252), Oaxaca (215), Estado de México (189), Tabasco (133), Hidalgo (100) y Chiapas (90). Como se observa, no siempre se trata de los estados con mayor proporción de población indígena, lo cual puede deberse a que muchos de ellos se contagiaron en el contexto migratorio ya que el Estado de México, la Ciudad de México y Tabasco son destinos migratorios frecuentes entre la población indígena por razones laborales.

Se han presentado 353 defunciones por Covid-19 entre personas que se reconocen como indígenas. La mayoría de las defunciones fueron del género masculino (68%), y la media de edad es de 56 años. Entre las personas que perdieron la vida se encontraron las siguientes comorbilidades: diabetes (29,3%), hipertensión (28,5%), obesidad (19,1%), insuficiencia renal crónica (5,9%), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (5,1%), tabaquismo (4,3%), asma (2,2%), enfermedad cardiovascular (3,1%), inmunosupresión (2%) y VIH-sida (0,6%). La desagregación de los datos por etnicidad nos permite observar que la letalidad de la pandemia en la población indígena es mucho mayor ya que la proporción de defunciones en casos confirmados es de 17,4%, lo cual contrasta con el 11,9% en población general.

Imagen

Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

Las respuestas institucionales y sus limitaciones

La acciones del Gobierno federal para la prevención y atención del COVID-19 en los pueblos indígenas ha sido tardía y restringida. Podría entenderse en el contexto de la repentina aparición de la pandemia y los desafíos que esto ha implicado, pero desafortunadamente coincide con la poca importancia que históricamente se les ha dado en el ámbito de la salud. Un ejemplo significativo de la escasa visibilidad de esta problemática, es que en las conferencias vespertinas del Subsecretario de Salud nunca se habla del impacto de la epidemia en los pueblos indígenas (más del 20% de la población mexicana, considerando el criterio de autoadscripción) (INEGI, 2015).

Ante la ausencia de iniciativas federales, las estrategias de prevención del Covid-19 en regiones indígenas han recaído en los gobiernos estatales, los que reaccionaron a los primeros casos durante abril, un mes después de que se confirmara el primer paciente indígena con Covid-19. Recién en el mes de mayo se publicaron las acciones de prevención impulsadas desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) en sus respectivas páginas web.

En mayo, en el sitio que el gobierno creó para publicar información oficial sobre el Covid-19 se publicaron varios documentos como la Guía para la atención de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid19) en 42 lenguas, además de folletos y audios para realizar acciones de prevención (“Técnica de lavado de manos”, “Qué es el Covid-19”, “Quédate en tu comunidad”, Protege a la distancia”), atención de la enfermedad (“Ayuda, llamá al 911”) y de la violencia de género (“No estás sola”).

“Los centros de salud y hospitales Covid que el gobierno implementó se encuentran ubicados en las ciudades y son de difícil acceso para las personas indígenas que viven en comunidades rurales.”

Aunque estas acciones son valiosas, enfrentan serias limitaciones. Una de ellas reside en la dependencia de las llamadas telefónicas a las instituciones correspondientes para recibir la atención, una práctica difícil para muchas comunidades indígenas que no cuentan con líneas telefónicas accesibles (o no las hay o sus costos son altos ya que cobran por minuto o sus horarios son restringidos). Otra limitación es que no todas las familias indígenas cuentan con radio, por lo que las probabilidades de escuchar los spots preventivos se reducen. Otras medidas, como los carteles o trípticos, requieren que los usuarios sepan leer, lo cual es factible para las generaciones más jóvenes, pero no para los adultos y adultos mayores, y menos aún si son mujeres. En cuanto a las medidas universalistas dirigidas a la población general, como los centros de salud y hospitales Covid que el gobierno implementó para atender a los afectados, estos se encuentran ubicados en las ciudades y son de difícil acceso para las personas indígenas que viven en comunidades rurales.

Otras acciones emprendidas por los gobiernos municipales o estatales se resumen en el establecimiento de filtros sanitarios en carreteras o en la distribución de despensas. En general, se observan intervenciones directas cuando se ha presentado un brote comunitario, como sucedió a finales de abril en Tumbalá, Chiapas.

Imagen

El Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil entregando apoyos a comunidades afectadas por la Pandemia y el Huracán Cristóbal. Foto: Nicolás Arcos Martínez

Respuestas de las comunidades indígenas

Las acciones realizadas por las comunidades indígenas frente a la pandemia del Covid-19 fueron tempranas, muchas veces adelantándose a las gubernamentales, y se llevaron a cabo con los propios recursos de los que disponen. En general, distan de ser homogéneas, pero es posible dividirlas entre acciones preventivas y de atención al Covid-19 y acciones económicas.

Una de las primeras acciones que llevaron a cabo fueron las declaraciones y denuncias de grupos tseltales, tsotsiles, ch’oles y zoques sobre la falta de medidas del sector salud relacionadas con la prevención y la atención del Covid-19 en los pueblos indígenas. Ante esto, una jueza federal ordenó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dar a conocer, de manera inmediata, las acciones y medidas sanitarias para prevenir los contagios entre población indígena.

La primera organización que realizó declaraciones respecto a la pandemia, en marzo, fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el que confluyen comunidades tojolabales, tzeltales, tsotsiles y ch’oles, que ante la “amenaza real, comprobada científicamente del Covid-19” y la “irresponsabilidad de malos gobiernos” decidió: 1- decretar la alerta roja, 2- el cierre total de los Caracoles, 3- seguir recomendaciones y medidas de higiene extraordinarias, 4- tomar medidas sanitarias con bases científicas, 5- no dejar caer la lucha contra la violencia feminicida, y 6- no perder el contacto humano, manteniendo la comunicación entre los afiliados, bases y simpatizantes por los medios digitales.

Imagen

El Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil entregando apoyos a comunidades afectadas por la Pandemia y el Huracán Cristóbal. Foto: Nicolás Arcos Martínez

En abril, otras comunidades y organizaciones también establecieron medidas preventivas a lo largo del territorio nacional. Por ejemplo, 90 comunidades indígenas de Guerrero colocaron controles en entradas y salidas, a la vez que exigían al Gobierno federal y estatal apoyos para hacer frente a la pandemia. Los purépechas de Cherán cerraron las entradas a la comunidad, establecieron comités para la elaboración de gel antibacterial y decidieron que los migrantes que regresaban a la comunidad fueran puestos en cuarentena para descartar que estuvieran infectados de Covid-19. Un grupo de tres artistas zapotecos de Oaxaca, Río Blanco Taller, realizó un video y cinco carteles con imágenes y textos, y los colocaron en espacios públicos de Juchitán para prevención del Covid-19 ante la falta de información en zapoteco.

A principios de mayo, el Consejo Regional Maya Mam, que aglomera a 14 municipios de Chiapas, decidió realizar folletos de prevención de la Covid-19 en lengua mam ante la falta de acción por parte de las autoridades estatales y sanitarias. Comunidades tsotsiles de Chiapas, con apoyo de instituciones sanitarias, establecieron filtros comunitarios para evitar el ingreso de personas enfermas. Algunas comunidades tseltales reportaron que, ante la llegada del Covid-19, el uso de medicina tradicional era lo más factible ya que carecían de dinero en efectivo para comprar medicamentos y con mucho esfuerzo habían podido comprar algunos cubrebocas y gel antibacterial.

“Las comunidades indígenas no reciben apoyo para su manutención, lo cual los coloca en una difícil situación entre el aislamiento, la supervivencia y los conflictos que se reactualizan o generan a partir de ello.”

Como medida de mitigación de la pandemia, la Secretaría de Salud de México implementó, a finales de marzo, la Jornada Nacional de Sana Distancia, que implicó la suspensión de actividades no esenciales (incluyendo las económicas), medidas para el lavado de manos y estornudo de etiqueta. Para el mes de mayo, varios grupos indígenas manifestaron dificultades económicas para mantener dicha jornada. Muchos decidieron salir a las calles para intercambiar sus artesanías por productos de despensa, de limpieza y de higiene personal. En redes sociales se hicieron algunas convocatorias para invitar a los ciudadanos a colaborar en estos trueques solidarios. Algunas personas indígenas reportaron estar haciendo uso de los comedores comunitarios de la Ciudad de México para poder llevar la cena a sus hijos, ya que sus pocos ahorros se les habían terminado. En el estado de Querétaro, artesanos otomíes decidieron elaborar cubrebocas ante la falta de clientes en las calles y negocios.

Durante junio, autoridades de Chiapas y Oaxaca realizaron actividades de fumigación contra el mosquito transmisor del dengue y sanitización contra el Covid-19. Estas acciones fueron rechazadas por varios municipios indígenas debido a que, según han manifestado en redes sociales (principalmente a través de grupos de Whatsapp), han visto videos que afirman que en realidad “son un ataque químico para matar a la comunidad indígena”. En Chiapas, esta situación derivó en la quema de una ambulancia y un centro de salud, mientras que en Oaxaca las autoridades prefirieron cancelar estas acciones.

Conclusiones

El impacto del Covid-19 en los pueblos indígenas es dramático en términos de salud, pero también sociales y económicos. No solo la mortalidad es mucho mayor que en la población general: el impacto que tiene el desempleo o el aislamiento como medida de protección los coloca en una situación de gran vulnerabilidad. Los pueblos indígenas han mostrado iniciativa para protegerse y cuidarse, adelantándose a la llegada de la epidemia a sus comunidades. Sin embargo, sus acciones preventivas no son suficientes para una protección completa y de largo alcance ya que no pueden estar en aislamiento por largos periodos de tiempo; algunas de sus limitaciones principales residen en que esto no les permite el acceso a alimentos básicos y a la atención adecuada para Covid-19.

Una enfermedad tan virulenta y mortal requiere infraestructura médica sofisticada que no hay ni en los centros de salud ni en los hospitales comunitarios. Lo cual nos plantea la posibilidad de subregistro en los datos sobre prevalencia y mortalidad por la pandemia en indígenas. De igual modo, las comunidades indígenas no reciben apoyos económicos específicos frente al Covid-19, lo cual los coloca en una difícil situación entre el aislamiento, la supervivencia y los conflictos que se reactualizan o generan a partir de ello. Las escasas medidas de prevención y atención llevadas a cabo por el sector salud no son suficientes y el rechazo de algunas de estas acciones es el reflejo de la desconfianza hacia este sector por el abandono histórico que han experimentado. Los pueblos indígenas de México y de América Latina se encuentran en una trágica situación. Todavía estamos a tiempo para que este difícil periodo de la humanidad no sea un nuevo etnocidio.

Rubén Muñoz Martínez es profesor e investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y especialista en antropología médica, sobre todo en VIH, salud mental, poblaciones indígenas y atención médica de migrantes y salud intercultural.

Renata Cortez Gómez es Doctora en Antropología Social por el CIESAS e investigadora independiente. Tiene experiencia en salud e interculturalidad, salud y género, medicina tradicional y políticas públicas de salud dirigidas a población indígena.