Los límites territoriales de Taung Pat Lal están demarcados por los arroyos Tho Doe The Loe y Chein Loe Yo (arroyo del Tigre), El Bra Loe Chee, Chein Loe Htit (roca del Tigre), Thaw Kha Loe Chee y las crestas de las montañas YaeKa Hday y Kyar Mwe. La comunidad gestiona un sofisticado sistema de zonificación que integra de manera armónica la producción de alimentos, la conservación de la biodiversidad y la protección espiritual. Este sistema comprende tierras destinadas a la agricultura rotativa (Shwe Pyaung Taung Ya), huertos agroforestales perennes gestionados por las familias y, tierras comunales: áreas protegidas de cuencas hidrográficas y sitios sagrados como la Montaña de la Oración (Su Taung Taung), una gruta mariana (Mae Taw Gu) y el cementerio comunitario.

La tenencia consuetudinaria de la tierra se rige por principios de equidad. La herencia de los huertos y las tierras familiares se distribuye por igual entre hijas e hijos, sin discriminación de género. Los límites de las tierras se respetan mediante acuerdos orales consuetudinarios y referencias geográficas naturales. Para proteger los territorios ancestrales, las normas consuetudinarias prohíben vender las tierras heredadas a personas ajenas a la comunidad. Si una familia debe transferir sus tierras, estas deben permanecer en manos de familiares o miembros de la comunidad. La resolución de conflictos está a cargo de los ancianos de la aldea, las autoridades locales y referentes religiosos; y culmina en prácticas tradicionales de reconciliación, como apretones de manos simbólicos y oraciones colectivas.

Conocimientos indígenas y conservación de los ecosistemas

El valor de las tierras indígenas para la conservación proviene directamente de los profundos conocimientos ecológicos indígenas transmitidos de generación en generación. En Taung Pat Lal, la gestión consuetudinaria de los recursos incluye mecanismos que regulan su aprovechamiento y, protegen la fauna y la flora de los bosques.

1. Agrobiodiversidad y control biológico de plagas

En las parcelas de cultivo rotativo de arroz, los agricultores Gheba Karen practican la agricultura diversificada plantando Phor Li Phor Par (flores de cresta de gallo) en los márgenes de los arrozales. Según los conocimientos consuetudinarios, estas flores de vivos colores atraen a los insectos y los alejan del arroz, proporcionando un control biológico natural que reduce al mínimo los daños a los cultivos sin utilizar pesticidas químicos. Además, las parcelas rotativas albergan una gran diversidad de cultivos alimentarios, preservando así un banco genético de plantas y especies locales resilientes.

2. Conservación de semillas y liderazgo de las mujeres indígenas

Las mujeres (Maetaw Thami) desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la agrobiodiversidad. Después de la cosecha, seleccionan cuidadosamente las semillas heredadas, las secan al sol, las ahúman sobre los fogones de las viviendas para protegerlas de los insectos y, finalmente, las almacenan para la temporada de siembra. Los rituales consuetudinarios refuerzan la preservación de las semillas: cuando el grano cosechado se traslada al granero familiar, un puñado de arroz y un ramo de flores se atan al poste principal de la casa y permanecen allí durante todo el año, asegurando que el espíritu de los cultivos (Saba Leik Pyar) permanezca vinculado a la tierra y vuelva a sembrarse en primavera.

3. Normas para el aprovechamiento sostenible

La comunidad aplica estrictas normas estacionales y biológicas para la recolección de productos forestales no maderables. Los brotes de bambú (Myit) son fundamentales para la subsistencia y los medios de vida de las familias, que los recolectan de manera estacional preservando la integridad de las raíces. Las plantas medicinales, como las raíces de Bhon Ma Ra Za y las orquídeas silvestres, se recolectan de manera selectiva para evitar su agotamiento.

4. Patrimonio y prácticas de medicina tradicional indígena

El Comité de Asuntos Gheba Karen y jóvenes de la comunidad documentaron una amplia variedad de plantas medicinales. Entre las especies documentadas, los sanadores locales utilizan Dwi Yin Kaung (un helecho silvestre del bosque), que se machaca para preparar una cataplasma con aceite de sésamo, cúrcuma y aglutinantes locales destinada al tratamiento de fracturas óseas graves y lesiones de tejidos. Otras especies silvestres del bosque, como las hojas de Yae Yin Pyar, las hojas de yaca silvestre y las raíces de jengibre, se emplean para los cuidados posparto y el tratamiento de traumatismos físicos.

Amenazas crecientes: conflicto, destrucción y vulnerabilidad climática

A pesar de estas prácticas sostenibles, los Pueblos Indígenas de las regiones de bosques tropicales enfrentan amenazas estructurales cada vez mayores que ponen en peligro tanto sus derechos como sus ecosistemas.

1. Intensificación del conflicto y violaciones de derechos humanos

El contexto en el estado de Kayin (Karen) está marcado por un intenso conflicto militar y desplazamientos forzados. La población civil sufre frecuentes ataques aéreos, bombardeos de artillería pesada e incendios de aldeas perpetrados por el régimen militar, lo que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en zonas boscosas, sin poder regresar a sus aldeas. Diversos informes documentan numerosas víctimas, entre ellas las causadas por los ataques aéreos del régimen del 29 de abril de 2026 en Thandaunggyi, que dejaron 20 civiles muertos. Estas condiciones impiden mantener los ciclos agrícolas regulares y amenazan la seguridad de las personas. Asimismo, las comunidades indígenas Gheba Karen deben asumir la responsabilidad de albergar y asistir a otras personas desplazadas, lo que ejerce una presión aún mayor sobre sus recursos y su capacidad de resiliencia. 

2. Pérdida de biodiversidad y conocimientos indígenas

La deforestación y la destrucción de hábitats, intensificadas por una larga historia de explotación comercial, han provocado una fuerte disminución de especies raras de plantas medicinales. A medida que los mayores fallecen sin que sus saberes sean debidamente registrados, los conocimientos indígenas sobre el cuidado de la salud corren el riesgo de desaparecer para siempre. Documentar estas prácticas es fundamental para evitar la pérdida de conocimientos indígenas y garantizar que los futuros mecanismos de participación en los beneficios respeten la titularidad de las comunidades sobre estos saberes.

3. Fenómenos climáticos extremos y crisis de roedores

Las comunidades de los bosques tropicales se encuentran en la primera línea de los impactos del cambio climático. En 2024, las lluvias monzónicas extremas provocaron graves deslizamientos de tierra en Taung Pat Lal, que destruyeron arrozales de montaña, cultivos de cúrcuma y valiosos sistemas agroforestales tradicionales de cardamomo. Esta vulnerabilidad se ve agravada por crisis ecológicas cíclicas. En 1975 y 2016, la floración masiva del bambú (ciclos de Mautam) provocó una proliferación súbita de las poblaciones de roedores que destruyeron los arrozales de montaña y obligaron a las comunidades a atravesar prolongados procesos de recuperación económica.

4. Conservación impuesta y exclusión de las políticas públicas

Históricamente, los modelos de conservación impulsados por el Estado y las iniciativas diseñadas por el poder han ignorado los sistemas consuetudinarios de tenencia de la tierra y han considerado a los Pueblos Indígenas como una amenaza para los bosques, en lugar de reconocerlos como sus principales guardianes. Los actuales mecanismos de conservación orientados por el mercado, como los créditos y las compensaciones de carbono y biodiversidad, corren el riesgo de reproducir modelos de “conservación de fortaleza” si se implementan sin respetar el derecho de los Pueblos Indígenas al Consentimiento Libre, Previo e Informado.  Esto podría provocar el desplazamiento de las comunidades de sus tierras ancestrales.

La demanda  de alinear los objetivos globales con las realidades locales

La evidencia de Taung Pat Lal (Khlo Do) demuestra que los objetivos mundiales de biodiversidad no pueden alcanzarse mediante mandatos impuestos desde arriba ni estrategias corporativas de compensación. Mientras las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) negocian la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (MMBKM) en la COP17 en Armenia, la experiencia de las comunidades indígenas de Myanmar señala una serie de prioridades fundamentales en materia de políticas públicas.

1. Aplicar salvaguardas y  el Consentimiento Libre, Previo e Informado

Todos los proyectos de conservación, mitigación del cambio climático y compensación deben aplicar las salvaguardas de la Sección C. La ampliación de áreas protegidas, los proyectos de infraestructura verde y los sistemas de créditos de carbono y biodiversidad solo deben avanzar después de obtener el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) de los Pueblos Indígenas respecto de sus territorios ancestrales. Deben eliminarse los sistemas de conservación y, de créditos de carbono y biodiversidad que conduzcan al despojo de los Pueblos Indígenas.

2. Reconocimiento directo de los Territorios Indígenas

La Meta 3 (30×30) no debe interpretarse únicamente como una ampliación de las áreas protegidas gestionadas por el Estado o de los parques nacionales de uso exclusivo para la conservación. Las Partes del CDB deben reconocer formalmente y proteger jurídicamente los Territorios Indígenas como figuras de conservación diferenciadas y autogobernadas. Sistemas como la gestión consuetudinaria de las tierras en barbecho y la protección de los bosques comunales de Taung Pat Lal constituyen modelos eficaces de conservación que contribuyen a preservar los territorios de bosques tropicales y su biodiversidad. Por ejemplo, las áreas sagradas, huertos y cuencas hidrográficas  conservan la cobertura forestal intacta.

3. Protección de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales

Se debe garantizar la participación plena y equitativa de los Pueblos Indígenas en la toma de decisiones, y respetar íntegramente sus derechos de tenencia de la tierra. Asimismo, debe garantizarse mecanismos de protección jurídica y financiamiento para las personas defensoras de derechos. En las regiones de bosques tropicales afectadas por conflictos, los Pueblos Indígenas que protegen sus tierras constituyen la última línea de defensa frente a la tala ilegal, la extracción de recursos y el colapso de los ecosistemas. La implementación de la Meta 22 requiere mecanismos operativos que brinden protección a los guardianes locales frente a los conflictos violentos, los ataques aéreos y el acaparamiento de tierras.

4. Financiamiento directo para el clima y la biodiversidad

A pesar de proteger sumideros de carbono fundamentales y áreas de gran importancia para la biodiversidad, las organizaciones comunitarias locales y las organizaciones indígenas enfrentan barreras sistémicas para acceder directamente al financiamiento. Los mecanismos financieros internacionales deben establecer vías de financiamiento directo y accesible para las organizaciones indígenas de base, evitando la intermediación de los canales estatales centralizados, con el fin de apoyar el mapeo liderado por las comunidades, la preservación de los conocimientos tradicionales y las iniciativas de resiliencia climática.

Gestión resiliente de los bosques tropicales

Los bosques tropicales de Myanmar perduran gracias a los Pueblos Indígenas que los gestionan y protegen. La gobernanza consuetudinaria de las tierras, las prácticas de agrobiodiversidad y el patrimonio y las prácticas de medicina tradicional indígena de la comunidad Gheba Karen de Taung Pat Lal (Khlo Do) constituyen una prueba contundente de que la conservación de la biodiversidad y los derechos humanos están intrínsecamente vinculados.

Mientras los líderes internacionales se reúnen en la COP17 para evaluar los avances en el marco del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (MMBKM), las políticas internacionales deben basarse en estas realidades locales. Alcanzar plenamente los objetivos del MMBKM exige el reconocimiento formal de los territorios indígenas, la protección jurídica de los sistemas consuetudinarios de tenencia, la inversión en mecanismos de monitoreo liderados por los Pueblos Indígenas y salvaguardas sólidas para las personas defensoras del ambiente que se encuentran en primera línea.

La persona autora de este artículo prefiere permanecer en el anonimato.

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Brooklyn Rivera falleció bajo custodia del gobierno de Nicaragua, donde permanecía en detención arbitraria desde el 29 de septiembre de 2023.

A lo largo de su vida se enfrentó a la adversidad con valentía y determinación, ganándose el respeto y la admiración de su pueblo y de pueblos indígenas en otras regiones del mundo.

Su legado como incansable defensor de los derechos de los Pueblos Indígenas seguirá siendo fuente de inspiración para todos quienes luchan por la justicia, los derechos humanos y la igualdad.

Taupla Brooklyn Rivera partió como vivió: fiel a su pueblo y a sus convicciones.

Mientras continúa la lucha por los derechos de los Pueblos Indígenas, su memoria permanece como un referente que nos recuerda la importancia de la justicia, la solidaridad y la lucha por la libre determinación.

Desde Debates Indígenas condenamos este accionar del gobierno nicaragüense y seguiremos denunciando que la larga práctica de criminalización y persecución de los Pueblos Indígenas del país.

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La desaparición forzada de Brooklyn Rivera plantea varias interrogantes. En primer lugar, desde una la dimensión personal: ¿donde y como está el Ta upla? En segundo lugar, desde una dimensión colectiva, sobre el futuro de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, y los derechos colectivos sobre la  tierra, territorio, recursos naturales, la libre determinación, la resistencia y el espacio democrático en Nicaragua. Finalmente, una dimensión global que lleva a preguntarnos sobre la capacidad del sistema internacional de derechos humanos para prevenir la erosión progresiva de derechos fundamentales en contextos de cierre democráticos.

Un líder del movimiento indígena regional

Brooklyn Rivera Bryan es un líder histórico del pueblo Miskitu, que durante más de cinco décadas, ha dedicado su vida al reconocimiento y la defensa de los derechos históricos y ancestrales de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes a nivel nacional y en América Latina. De este modo, se ha convertido en una de las principales figuras del movimiento indígena de Nicaragua. Como dirigente de la organización indígena YATAMA (Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka), ha desempeñado un papel fundamental en la defensa de los derechos territoriales, la autonomía política y la identidad cultural en la Costa Caribe.

En 1960, Brooklyn comenzó su trayectoria como defensor de los derechos colectivos en la Costa Caribe. Durante la década de 1980, se convirtió en una figura central de la resistencia indígena miskitu (la llamada “contra indígena”) en el contexto del conflicto armado interno nicaragüense. Este período estuvo marcado por graves violaciones de derechos humanos contra las comunidades indígenas: desplazamientos forzados, violencia generalizada y operaciones militares como la conocida “Navidad Roja”. Hasta la fecha, estos hechos son recordados por la memoria colectiva y siguen siendo denunciados por las organizaciones indígenas como graves violaciones a los derechos humanos que permanecen en total impunidad.

En consecuencia, su trayectoria política está estrechamente vinculada al proceso de reconocimiento de la existencia de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en la Constitución Política de Nicaragua de 1987. Posteriormente, fue una de las caras visibles de la lucha y la conquista de las autonomías regionales, establecidas con el Estatuto de Autonomía de 1987: uno de los avances más importantes en el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en Centroamérica.

El líder que luchó por la participación política

Tras el fin del conflicto armado, Rivera desempeñó un papel clave en la transición de la lucha armada hacia la participación política institucional de los Pueblos Indígenas dentro del sistema democrático nicaragüense, al consolidar a YATAMA como la principal fuerza política indígena de la Costa Caribe. Un hito importante ocurrió en 2005, cuando esta organización obtuvo una sentencia histórica y sin precedentes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante la cual se reconoció la violación del derecho a la participación política de los Pueblos Indígenas tras su exclusión de las elecciones municipales de 2000. No obstante, a más de 20 años de la adopción de esta decisión, el Estado de Nicaragua no ha dado cumplimiento pleno a las medidas ordenadas por el tribunal interamericano.

En 2007, Rivera fue elegido diputado de la Asamblea Nacional mediante una alianza política entre YATAMA y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Este acuerdo contemplaba iniciativas legislativas y administrativas sobre el reconocimiento y la protección de los derechos indígenas en la Costa Caribe y toda Nicaragua. Sin embargo, la relación política se deterioró por el incumplimiento respeto al proceso de demarcación de las tierras comunales, la autonomía regional y denuncias de irregularidades electorales. Mientras en 2015 Rivera fue despojado de su escaño legislativo, en 2016 fue nuevamente electo diputado por la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte bajo la bandera del partido indígena YATAMA. En 2021, nuevamente fue electo para el período legislativo 2022-2026, reafirmando así el respaldo de las comunidades indígenas a su liderazgo y su historia.

La trayectoria de Brooklyn Rivera refleja no sólo la historia de un líder político, sino la evolución de la lucha de los Pueblos Indígenas de la Costa Caribe y Nicaragua por el reconocimiento de sus derechos, su autonomía y su supervivencia cultural en un contexto político adverso. Por eso, su liderazgo ha estado marcado por distintas etapas que reflejan la historia del país: la resistencia armada, las demandas ante instancias internacionales, la participación en procesos de diálogo y la concreción de acuerdos políticos. Y siempre, Brooklyn Rivera persiguió el objetivo de alcanzar las legítimas reivindicaciones históricas de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes.

La detención arbitraria y la desaparición forzada

La última declaración pública de Brooklyn Rivera se escuchó en abril de 2023, durante la 22° sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, realizada en New York. En esa ocasión, el líder se dirigió al Foro como representante parlamentario y dirigente principal del pueblo Miskitu, se refirió a los avance alcanzado en el derecho internacional y nacional, así como los retrocesos en la implementación local por la falta de voluntad política de los Estados: “La grave situación de despojo de los territorios, el saqueo de los bienes ancestrales, la desarticulación de las estructura tradicionales, la suplantación de autoridades propias y la depredación del entorno ambiental. Se debe agregar el incremento de violaciones de los derechos humanos a los líderes y defensores”.

En represalia, el Gobierno de Nicaragua le negó la entrada al país. Tras permanecer varias semanas en el exilio decidió regresar y lo informó mediante un video publicado en redes sociales en junio de 2023: “Yo no tenía ninguna intención de quedarme fuera. Por esa razón tuve que viajar por otras rutas y posteriormente por el territorio de la Mosquitia, que, dicho sea de paso, está en dos países: Honduras y Nicaragua. Moviéndome entre mi gente, tanto en el norte como en el sur, logré entrar al país y estoy desde hace una semana en la Mosquitia nicaragüense”. El Ta Upla recalcó que este territorio no es sólo de un país y que los pueblos tienen una tradición de intercambio, vínculos familiares y actividades culturales y sociales con el pueblo Miskitu que vive también en Honduras. “Para nosotros no existen fronteras”, concluyó.

El 29 de septiembre de 2023, Rivera fue detenido arbitrariamente por la Policía Nacional en su casa de la ciudad de Bilwi, a donde se había trasladado para estar junto a su pueblo. Desde entonces, se encuentra en condición de desaparición forzada.

El 29 de septiembre de 2023, Rivera fue detenido arbitrariamente por la Policía Nacional. Desde entonces, se encuentra en condición de desaparición forzada.

Pese al impedimento migratorio impuesto por las autoridades nicaragüenses, el ingreso de Brooklyn Rivera a Nicaragua no constituyó un acto ilegal, sino el ejercicio de derechos fundamentales reconocidos tanto por el derecho constitucional como por el derecho internacional de los derechos humanos y de los Pueblos Indígenas a la libre determinación. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas son claros al reconocer que los Pueblos Indígenas transfronterizos pueden desarrollar libremente sus actividades de intercambio.

Meses después, el 29 de septiembre de 2023, Rivera fue detenido arbitrariamente por la Policía Nacional en su casa de la ciudad de Bilwi, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, a donde se había trasladado para estar junto a su pueblo. Posteriormente, el Gobierno le canceló la personería jurídica a YATAMA (sin un debido proceso); los bienes de la organización fueron ocupados; y los directivos, miembros, familiares y comunitarios fueron perseguidos. Desde entonces, Brooklyn Rivera se encuentra en condición de desaparición forzada. 

El silencio del gobierno de Nicaragua

Han transcurrido 30 meses desde la detención arbitraria de Brooklyn Rivera. Aún no hay información oficial sobre su condición de salud y su ubicación: dos prácticas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos. La ausencia de información oportuna constituye una violación de estándares internacionales básicos, incluyendo los establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgaron medidas cautelares en octubre de 2023. Cuatro meses después, en febrero de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales a favor de Brooklyn Rivera y requirió al Estado de Nicaragua que “de forma inmediata proceda a su liberación y adopte las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, integridad personal, salud y libertad personal”.

Mientras el Gobierno nicaragüense sigue guardando silencio, el derecho internacional sostiene que los Estados tienen obligaciones especiales cuando se trata de la protección de defensores de derechos humanos y representantes de Pueblos Indígenas.

Se han activado todos los mecanismos de derechos humanos a nivel internacional y regional. Mientras tanto, el Gobierno nicaragüense sigue guardando silencio.

Paralelamente, diversos organismos internacionales han expresado su preocupación por la desaparición de Brooklyn y han solicitado información oficial detallada que permita determinar su paradero: la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (ACNUDH), el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, Amnistía Internacional y, organizaciones y líderes de Pueblos Indígenas de todos los continentes.

Asimismo, se han activado todos los mecanismos de derechos humanos a nivel internacional y regional. Mientras tanto, el Gobierno nicaragüense sigue guardando silencio. El derecho internacional sostiene que los Estados tienen obligaciones especiales cuando se trata de la protección de defensores de derechos humanos y representantes de Pueblos Indígenas. Particularmente, cuando su labor está vinculada a la defensa del territorio y los recursos naturales, cuando existe el riesgo de que su desaparición tenga motivaciones políticas o cuando su ausencia puede generar efectos desproporcionados sobre la representación colectiva de sus pueblos, como lo sugiere este caso.

Violaciones a los derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes

En la última década, la situación de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en Nicaragua se ha deteriorado de manera progresiva y sostenida. Este deterioro afecta derechos fundamentales como la tierra y el territorio; la libre determinación; la vida, la integridad personal y la autonomía. Además, está estrechamente vinculado a la invasión sistemática de los territorios indígenas, el aumento de los conflictos violentos con los colonos, la minería y el tráfico ilegal de madera, así como al cierre de los espacios cívicos y al establecimiento de un modelo de control autoritario en el país.

Esta situación ha generado un clima permanente de violencia, inseguridad y desplazamiento en las comunidades indígenas, afectando de manera desproporcionada a poblaciones en situación de vulnerabilidad, como mujeres, niñas, personas adultas mayores y personas con discapacidad. En este sentido, entre 2020 y 2023, se registraron al menos tres masacres contra comunidades miskitu y mayangna ubicadas en la Reserva de la Biósfera Bosawás, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte: en las comunidades de Alal (2020), Kiwakumbaih (2021) y Wilu (2023). Estos ataques armados dejaron como saldo al menos 20 indígenas asesinados, así como denuncias de torturas, violencia sexual, quema de viviendas, desplazamientos forzados y una crisis humanitaria sin precedentes.

En Nicaragua, se ha reportado la injerencia política mediante la imposición de autoridades comunales afines al partido de gobierno, la creación de estructuras paralelas de gobernanza en los territorios, que debilitan las formas tradicionales de autoridad.

En Nicaragua, se ha reportado la imposición de autoridades comunales afines al gobierno y la creación de estructuras paralelas de gobernanza en los territorios.

Paralelamente, se vive un patrón de represión y criminalización contra líderes indígenas, autoridades territoriales, defensores de derechos humanos y líderes religiosos. Estas acciones incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de intimidación y otras medidas represivas destinadas a debilitar el liderazgo comunitario. Este contexto refuerza la percepción de que la detención de Rivera podría tener un efecto inhibidor sobre otros líderes.

También se han documentado medidas como la prohibición arbitraria de ingreso al país, destierros de facto, cancelación de documentos, expulsiones y otras formas que han sido denominadas “muerte civil”, que buscan excluir a líderes indígenas de la vida política y social. La situación también refleja serias afectaciones al derecho a la libre determinación y al régimen de autonomía indígena. Se han reportado prácticas de injerencia política mediante la imposición de autoridades comunales y territoriales afines al partido de gobierno, así como la creación de estructuras paralelas de gobernanza en los territorios indígenas, debilitando las formas tradicionales de autoridad.

Una prueba de vida de Brooklyn Rivera

La detención arbitraria y desaparición forzada del líder indigena Brooklyn Rivera es un reflejo del deterioro del respeto a los derechos humanos y a los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas en Nicaragua. Mediante la violencia contra las comunidades y la persecución de los liderazgos, el régimen sandinista nicaragüense busca debilitar los mecanismos de protección de sus territorios; sus formas de organización política, social y cultural; y sus prácticas tradicionales de vida, desapareciendo liderazgos y representantes.

La acciones de la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos deben orientarse a exigir que las autoridades nicaragüenses brinden prueba de vida de Brooklyn Rivera, su liberación inmediata e incondicional, la restitución de sus derechos fundamentales y el respeto de los derechos políticos de organización Yatama, como la legítima organización de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Asimismo, debe garantizarse el respeto de los derechos humanos individuales y colectivos en Nicaragua.

El caso de Brooklyn Rivera se convierte en un símbolo de los desafíos actuales que enfrentan los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en Nicaragua. Y, en especial, es una afrenta a los mecanismos de derechos humanos a nivel internacional y de la región.

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Cuando Valentina afirmó su derecho a contactar a un abogado, los agentes desestimaron la solicitud alegando que “no se trataba de un allanamiento, sino de una inspección”. Luego, exigieron las contraseñas para acceder a sus teléfonos, computadoras y discos externos, a lo que ella se negó. La operación duró cuatro horas y terminó con la confiscación de todos sus dispositivos. Valentina fue una de las más afortunadas: evitó la detención y logró salir del país. Desde entonces, ha denunciado lo que considera una campaña de represión contra los Pueblos Indígenas en Rusia, que remite a la persecución de líderes indígenas durante la dictadura de Iósif Stalin en la primera mitad del siglo XX. 

De defensora de los derechos indígenas a presa política

Las redadas terminaron en la detención de dos activistas. Una de ellas es Daria Egereva, mujer selkup de Siberia occidental, cuyo caso ha generado la indignación internacional del movimiento indígena. Las autoridades la acusan de “pertenecer a una organización terrorista”, cargos ampliamente considerados como fabricados. Al criminalizar el activismo pacífico, las autoridades buscan borrar las narrativas que se apartan del discurso aprobado por el Estado. De ser condenada, Daria enfrenta hasta 20 años de prisión, una pena que, dada la brutalidad ampliamente documentada del sistema penitenciario ruso, podría equivaler en la práctica a una condena de por vida.

Daria tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos indígenas. Siguiendo los pasos de su madre, comenzó a involucrase en este ámbito cuando era estudiante universitaria. Durante más de dos décadas, trabajó incansablemente para empoderar a jóvenes selkup y de otros Pueblos Indígenas en toda Rusia: los alentó a sentirse orgullosos de su herencia cultural, a comprender y reivindicar sus derechos, y a participar en el movimiento indígena global. Para muchos jóvenes activistas, Daria se convirtió en un modelo a seguir y en una mentora: un ejemplo de liderazgo arraigado en la comunidad.

En la última década, Daria se consolidó como una de las representantes indígenas más reconocidas de Rusia en los procesos globales sobre clima y biodiversidad. Como experta técnica en cambio climático, desempeñó roles de liderazgo en el Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático (IIPFCC) y, desde 2023, fue una de sus copresidentas. También contribuyó activamente a la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (LCIPP) en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP) y el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII).

La detención de Daria Egereva señala una tendencia preocupante: la utilización de la legislación antiextremista y antiterrorista de Rusia para reprimir a la sociedad civil independiente, incluidos los movimientos indígenas.

La detención de Daria señala una tendencia preocupante: el uso de la legislación antiextremista y antiterrorista para reprimir a la sociedad civil independiente.

A pesar de su amplio trabajo a nivel  internacional, Daria se mantuvo profundamente vinculada a su propia comunidad. Desde hace años es una firme defensora de la protección de la cultura selkup y de la implementación de los derechos indígenas reconocidos en la legislación rusa. Sus esfuerzos incluyeron impulsar el uso de la lengua selkup (en peligro de desaparición) como idioma de enseñanza en las escuelas; apoyar redes de mujeres indígenas emprendedoras y; fortalecer la participación comunitaria en decisiones que afectan al territorio, a la cultura y los medios de vida.

Nada en las actividades de Daria sugiere una promoción de la violencia o de acciones subversivas. Por el contrario, mantuvo un diálogo constructivo con las autoridades a nivel local y, en el plano internacional, participó en los mismos mecanismos y procesos de Naciones Unidas en los que el propio gobierno ruso también interviene. La diferencia clave es que Daria representaba una voz independiente, que cuestionaba la imagen idealizada del bienestar indígena promovida por las autoridades rusas y sus aliados. Su detención señala una tendencia preocupante: la utilización de la legislación antiextremista y antiterrorista de Rusia para reprimir a la sociedad civil independiente, incluidos los movimientos indígenas. 

Cuando la única voz es la del Estado

Las redadas de diciembre no fueron un hecho aislado, sino parte de una arquitectura de represión en constante escalada sobre los Pueblos Indígenas de Rusia. Tras un breve período de liberalización y democratización desde finales de la década de 1980 hasta comienzos de los 2000, durante el cual floreció un movimiento indígena independiente, las autoridades comenzaron a reforzar el control en la década de 2010. Este giro se aceleró drásticamente después de la decisión del presidente Vladímir Putin de invadir Ucrania: una medida que ha tenido consecuencias devastadoras para las comunidades indígenas, que perdieron una gran cantidad de jóvenes en la movilización hacia el frente de combate.

En este clima autoritario, los activistas indígenas enfrentan la vigilancia, el hostigamiento judicial y una presión constante para desvincularse de los mecanismos internacionales de derechos humanos. No es casual que las redadas del 17 de diciembre se produjeran poco después de que Daria Egereva y otros activistas regresaran de la COP climática de la Organización de Naciones Unidas en Brasil. La magnitud, el momento y la coordinación de la operación apuntan a un esfuerzo deliberado por eliminar los últimos espacios de organización indígena autónoma. El resultado fue inmediato. Los activistas mantienen un perfil bajo o abandonaron el país. Quienes aún permanecen se ven obligados a enfrentar una elección imposible: el silencio y la conformidad con las autoridades, o la criminalización.

El presidente de la Asociación Rusa de los Pueblos Indígenas del Norte (RAIPON) se negó explícitamente a solidarizarse con las y los activistas cuyas viviendas fueron allanadas y repitió la línea oficial que insinúa su supuesta participación en actividades extremistas.

El presidente de RAIPON se negó a solidarizarse con los activistas allanados y repitió la línea oficial que insinúa su supuesta participación en actividades extremistas.

A medida que las voces indígenas independientes son silenciadas, la Asociación Rusa de los Pueblos Indígenas del Norte (RAIPON), controlada por el Gobierno ruso, emerge como la voz dominante o, más bien, la única voz oficialmente permitida de los Pueblos Indígenas del país. La dirigencia de RAIPON, seleccionada desde 2013 bajo la supervisión gubernamental, mantiene estrechos vínculos con las grandes empresas extractivas, entre ellas, Nornickel, uno de los conglomerados industriales más contaminantes del mundo. Sus actividades han afectado durante años las tierras y aguas indígenas, además de destruir los medios de vida de las comunidades de Rusia.

En línea con el Gobierno, RAIPON nunca critica las políticas estatales ni los abusos corporativos que afectan a las comunidades indígenas. En una declaración difundida seis semanas después de las redadas de diciembre, el presidente de RAIPON se negó explícitamente a solidarizarse con las y los activistas cuyas viviendas fueron allanadas y repitió la línea oficial que insinúa su supuesta participación en actividades extremistas, una postura que generó conmoción entre numerosos líderes indígenas a nivel internacional. 

¿El golpe final?

Para quienes vieron sus hogares invadidos, sus dispositivos incautados y a sus seres queridos detenidos, esto fue más que una operación legal: fue un mensaje. Como señaló la defensora del pueblo Saami Valentina Sovkina, las autoridades rusas han optado por métodos especialmente duros para silenciar a activistas de los derechos indígenas que defienden pacíficamente su entorno ancestral, sus medios de vida y su cultura.

Las redadas del 17 de diciembre bien podrían ser recordadas como el momento en que el movimiento indígena independiente en Rusia fue llevado al borde de la extinción. Sin embargo, el coraje de quienes continúan alzando la voz, ya sea desde el exilio o bajo amenaza en su propio país, nos recuerda que la lucha por los derechos de los Pueblos Indígenas en Rusia no ha terminado. Sus voces, aunque perseguidas, siguen siendo una parte vital de la comunidad global de derechos humanos.

Debido al contexto político que vive el país, los autores prefieren mantener el anonimato.

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En el centro de esta tensión se encuentra Polar Lithium, una empresa conjunta entre la corporación Nornickel y la estatal rusa Rosatom, responsable del desarrollo de Kolmozerskoye, el mayor yacimiento de litio del país, ubicado en la región de Murmansk, en la frontera con Finlandia. Aunque el proyecto promete fortalecer la posición estratégica de Rusia en el mercado mundial del litio, también genera importantes preocupaciones para el pueblo Sámi, cuyos territorios ancestrales se ven directamente afectados.

El rol del litio en la economía global y el nuevo enfoque de Rusia

El litio suele ser denominado como el “oro blanco” o el “nuevo petróleo” de la revolución renovable y está transformando los mercados globales. Actualmente, la producción de baterías representa el 74 por ciento de la demanda mundial de este metal y se estima que crezca drásticamente a medida que aumente la adopción de vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento de energía renovable. Para 2030, se espera que la demanda de litio aumente 18 veces con respecto a 2021 y se proyecta un asombroso incremento de 60 veces para 2050. Cabe destacar que el 80 por ciento de los yacimientos globales de litio se encuentran en tierras de importancia histórica para los Pueblos Indígenas.

Conociendo que la creciente demanda de materias primas puede reconfigurar el poder geopolítico, Rusia ha priorizado el desarrollo de su capacidad doméstica para reducir la dependencia de las importaciones. Además de poseer grandes reservas del mineral, que representan el 10 por ciento del total mundial, el país tomó control de dos de los cuatro yacimientos de Ucrania luego de la invasión de 2022. Yacimientos previamente abandonados por falta de viabilidad ahora son considerados críticos para fortalecer la cadena de suministro nacional. Por ello, Rusia está impulsando proyectos de minería de litio en los yacimientos Zavitinskoye, Polmostundrovskoye, Kovyktinskoye, Yaraktinskoye y Kolmozerskoye, con planes de desarrollo acelerado entre 2023 y 2030 para cubrir la creciente demanda interna.

Se espera que el yacimiento de Kolmozerskoye produzca 45.000 toneladas anuales de carbonato e hidróxido de litio, materias primas clave para la fabricación de baterías. El proyecto cuenta con una licencia de uso de 20 años con una inversión inicial de 19 millones de dólares.

Se espera que el yacimiento produzca 45.000 toneladas anuales de carbonato e hidróxido de litio, materias primas clave para la fabricación de baterías.

En febrero de 2023, Polar Lithium recibió los derechos exclusivos para explotar Kolmozerskoye. Este proyecto se ubica en la región de Murmansk y forma parte de los planes geopolíticos de Rusia para reducir la dependencia de las importaciones de litio y de componentes de baterías. Se espera que el yacimiento produzca 45.000 toneladas anuales de carbonato e hidróxido de litio, materias primas clave para la fabricación de baterías. Adjudicado mediante una subasta por la Agencia Federal Rusa para la Gestión de Recursos Subterráneos, el proyecto cuenta con una licencia de uso de 20 años con una inversión inicial de 19 millones de dólares. 

Durante 2023 y 2024, Polar Lithium completó perforaciones exploratorias extensas en la región: un total de 184 pozos que suman más de 40 kilómetros. Este ambicioso plan indica un posible giro estratégico de Nornickel desde la explotación del níquel hacia la minería de litio. Rosatom también está construyendo una fábrica en Kaliningrado que producirá baterías para 50.000 vehículos eléctricos por año a partir de 2025. Además, se planea una segunda planta, aunque su ubicación todavía no ha sido revelada.

La amenaza de Nornickel a las comunidades árticas

Nornickel es el principal productor mundial de níquel, paladio y platino, y la mayor empresa minera y metalúrgica de Rusia. Impulsada por las tendencias del mercado global y las presiones geopolíticas, esta gigante minera (que cuenta con un polémico historial de daños ambientales y sociales) se posicionó rápidamente como un actor clave de la minería a nivel mundial y de la extracción de litio en el Ártico.

Aunque la infraestructura existente y su dominio en la minería ártica le otorgan una ventaja, la historia de Nornickel es preocupante. Incidentes como el catastrófico derrame de diésel en Norilsk en 2020 evidencian su negligencia ambiental. La empresa también ha emitido metales pesados a la atmósfera y vertido aguas químicas residuales en ríos cercanos. Estos antecedentes plantean dudas sobre si su incursión en la energía verde es realmente un paso hacia la sostenibilidad o, simplemente, una nueva fase de explotación de recursos con el único objetivo de aumentar sus ganancias.

La construcción de infraestructura e instalaciones que permitan la extracción de los recursos representa una amenaza para las comunidades indígenas nómadas dado que reducen significativamente sus áreas de caza, pesca y pastoreo de renos.

La infraestructura y las instalaciones representan una amenaza para las comunidades nómadas dado que reducen sus áreas de caza, pesca y pastoreo de renos.

Así como el proyecto promete grandes beneficios económicos y estratégicos, también plantea graves riesgos para los ecosistemas árticos y las comunidades indígenas que habitan tradicionalmente en la región. La construcción de infraestructura e instalaciones que permitan la extracción de los recursos representa una amenaza creciente para las comunidades indígenas nómadas dado que reducen significativamente sus áreas de caza, pesca y pastoreo de renos. Si bien Nornickel ha adoptado los principios Environmental, Social, and Governance, sus inversiones en reducción de emisiones han sido criticadas por superficiales y no abordar el daño ambiental sistémico. En este contexto, Kolmozerskoye corre el riesgo de perpetuar ciclos de injusticia social.

La minería del litio también representa un nuevo camino de daño ambiental y amenaza ecosistemas ya afectados por el cambio climático y la actividad industrial. En efecto, la técnica de extracción prevista será la minería a cielo abierto que es una de las más destructivas. Este método implica la remoción masiva de vegetación, suelo y roca, lo cual contamina el aire y las fuentes de agua, y causa una gran pérdida de biodiversidad. Además, estas operaciones podrían acelerar la degradación del permafrost (suelo que permanece congelado) y liberaría gases de efecto invernadero atrapados. En conjunto, estas operaciones desestabilizarían aún más el clima.

Derechos indígenas y la ilusión del consentimiento

Las formas de vida de las comunidades indígenas del Ártico dependen del pastoreo de renos, la pesca y la caza, y son especialmente vulnerables. De hecho, la minería de litio ya ha desplazado comunidades y ha erosionado prácticas culturales ligadas a la tierra. La región de Kolmozero, que albergaba campamentos de pastoreo y una estación meteorológica vital para los pueblos Sámi y Komi, ha sido profundamente afectada: al anunciarse la extracción del mineral, las comunidades se vieron obligadas a abandonar sus tierras ancestrales. La cooperativa Tundra, que cuenta con 20.000 renos, corre el riesgo de colapsar debido a la destrucción del hábitat y la contaminación.

La desconfianza persistente hacia los proyectos industriales se ve agravada por la participación superficial de las comunidades indígenas. Las decisiones sobre la industria extractiva suelen tomarse a puertas cerradas, sin una consulta real sobre las necesidades o intereses de los pueblos afectados. Aunque Nornickel asegura que promueve un “mundo más limpio” y que involucra a los Pueblos Indígenas, los residentes sámi han denunciado la superficialidad del proceso: sólo se consultó a 50 personas sámi, a pesar de que la región alberga a unos 2.500 personas.

En manos de empresas como Nornickel, el Consentimiento Libre Previo e Informado se convierte en un mecanismo que oculta la coerción subyacente y la erosión sistemática de los derechos y la autonomía indígenas.

En manos de Nornickel, el Consentimiento Libre Previo e Informado se convierte en un mecanismo que oculta la coerción y la erosión de los derechos indígenas.

Si bien Nornickel afirma respetar el principio de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), en la práctica, las comunidades suelen quedarse sin opciones. En lugar de establecer un diálogo genuino, Nornickel presenta “acuerdos preferenciales”, que presionan de facto a las comunidades a reubicarse. Peor aún, las estructuras de gobernanza existentes, incluidas las leyes rusas y marcos internacionales como el Consejo Ártico, han fallado en proteger los derechos indígenas y han dejado a las comunidades en una situación de vulnerabilidad frente a la explotación y el desplazamiento. Al evitar una consulta genuina, las operaciones de Nornickel refuerzan esta brecha.

De más está decir que estas prácticas que simulan el consentimiento socavan la soberanía indígena y perpetúan la injusticia sistémica. Aprovechando la vulnerabilidad económica de las comunidades, las empresas ofrecen incentivos menores, mientras que la simulación de consentimiento legitima sus actividades. El resultado es una transacción profundamente desigual que deja a las comunidades indígenas con las promesas incumplidas y la carga de la explotación. En manos de empresas como Nornickel, el Consentimiento Libre Previo e Informado se convierte en un mecanismo que oculta la coerción subyacente y la erosión sistemática de los derechos y la autonomía indígenas.

Claves para una transición que respete los derechos indígenas

El enfoque de Transición Justa enfatiza la equidad y la inclusión de las poblaciones más postergadas en el camino hacia una economía verde. En el Ártico, este enfoque debe asegurar que las comunidades indígenas, los ecosistemas y los actores locales sean priorizados en lugar de marginados, y debe incluir:

Gobernanza participativa: los Pueblos Indígenas, incluidos los sámi, deben estar activamente involucrados en todos los niveles de toma de decisiones de los proyectos extractivos. Esto requiere mecanismos formales de consulta y consentimiento con poder de veto sobre proyectos que afecten sus tierras.

Mecanismos de reparto de beneficios: los ingresos generados por la extracción de litio deben distribuirse equitativamente con las comunidades. Esto puede materializarse a través del pago de regalías, inversiones en infraestructura local y financiamiento de programas de preservación cultural. Parte de las ganancias de proyectos como Kolmozerskoye debería destinarse a iniciativas comunitarias en energías renovables, educación y salud, con el objetivo de empoderar a los Pueblos Indígenas para forjar su propio futuro sostenible.

Protección legal de los derechos indígenas: se deben fortalecer los marcos legales que designen zonas prohibidas para la actividad industrial en áreas cultural o ecológicamente significativas.

Custodia ambiental: las operaciones mineras deben cumplir con estrictas normas ambientales, auditorías independientes y obligatorias, y monitoreo en tiempo real de los impactos ecológicos.

Hacia una Transición Justa

A medida que las naciones buscan cumplir sus objetivos climáticos, los riesgos para los ecosistemas y pueblos del Ártico nunca han sido tan altos. La región es vista como un sitio clave para proyectos de energía verde, como parques eólicos, energía solar e hidroeléctrica. Las comunidades indígenas, una vez más, quedan atrapadas en medio de las guerras verdes.

En este contexto, Nornickel se presenta como el líder de la ambición energética verde de Rusia, pero arrastra un legado de destrucción ambiental y violaciones a los derechos indígenas. El proyecto Kolmozerskoye subraya la necesidad de un diálogo global sobre la ética de la extracción de recursos en el Ártico. Las preguntas clave siguen abiertas: ¿se escuchará la voz de los Pueblos Indígenas del Ártico en la discusión sobre el futuro de sus territorios o la energía verde se alcanzará a costa de sus ecosistemas? Estas preguntas son relevantes dadas las presiones económicas y geopolíticas que impulsan la extracción, incluyendo la participación de corporaciones respaldadas por el Estado.

Como ocurre con otros megaproyectos extractivos intensivos, el desarrollo de proyectos verdes tiene el potencial de generar conflictos con las comunidades locales. Así, puede reproducir procesos históricos de despojo y colonialismo, y socavar décadas de avances arduamente logrados. La frontera del litio en el Ártico refleja las contradicciones de una economía verde dependiente de prácticas intensivas en recursos, y encarna la paradoja de la sostenibilidad: los recursos necesarios para construir un futuro sostenible podrían contribuir a la destrucción del planeta. El desarrollo sostenible requiere más que innovación tecnológica: exige equidad, responsabilidad y respeto ecológico. Sin estas medidas, la búsqueda del “oro blanco” podría dejar como legado la devastación en lugar del progreso.

Debido al contexto político que vive el país, los autores prefieren mantener el anonimato.

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Esmeralda Arosemena de Troitiño: Me gustaría comenzar destacando los avances logrados durante estos ocho años de trabajo. Creo que hemos alcanzado posicionar en la Comisión temas prioritarios relacionados con la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad. A partir del trabajo de la CIDH, la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana y, el desarrollo de la Convención Americana de Derechos Humanos junto a sus estándares, considero que hemos fortalecido el Sistema Interamericano. Es crucial utilizar las herramientas disponibles para asegurar que los Estados cumplan con sus compromisos internacionales.

DI: ¿Y en el ámbito de los pueblos indígenas?

EAT: A pesar de las limitaciones, estimo que hemos avanzado en una clara identificación del derecho a la propiedad de sus territorios desde su propia cosmovisión. Aunque sigue siendo un tema complejo, se ha logrado poner en debate esta obligación entre los Estados. La Declaración Americana, junto con otros instrumentos internacionales, nos proporciona una sólida plataforma para la protección, garantías y promoción del respeto a los pueblos indígenas. Sin embargo, siempre existe el riesgo de retrocesos en los avances logrados y hay que estar alertas.

DI: A pesar del marco normativo favorable para los derechos indígenas, ¿considera que ha habido una regresión de estos derechos?

EAT: Yo diría que sí. Dentro del mandato de la CIDH, la Relatoría enfrenta el gran reto de lograr el reconocimiento y el respeto efectivo de las decisiones autónomas de los pueblos indígenas. Aunque esto es reconocido en los discursos políticos, incluso en las normativas internas, la transformación de estos reconocimientos es una clara negación de los derechos de los pueblos indígenas. Al buscar hacer realidad sus derechos, los pueblos indígenas se enfrentan a una situación de negación, donde otros intereses prevalecen. En el fondo, los Estados tienden a desvincular el desarrollo de los derechos indígenas. Actualmente, presenciamos una lucha frontal entre los pueblos indígenas y los Estados, con casos de criminalización, hostigamiento y muertes de líderes y lideresas indígenas. Para la Comisión es un gran desafío impulsar el diálogo y realizar un monitoreo junto a los Estados para el cumplimiento de las normas de los instrumentos jurídicos, de los que son responsables de su efectiva vigencia y cumplimiento.

Esmeralda Arosemena de Troitiño en la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca (El Salvador) para verificar la situación de las personas privadas de libertad. Foto: CIDH

DI: ¿Cuál es el estado del cumplimiento de la consulta previa libre e informada?

EAT: La problemática de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado es fundamental, y varios Estados tienen concepciones totalmente desprendidas sobre el significado y contenido de este derecho. En consecuencia, la conexión de los pueblos indígenas con sus territorios se ve limitada frente a los intereses de grupos de poder y la explotación de recursos.

DI: ¿Cómo es el vínculo entre los Estados y los pueblos indígenas?

EAT: Más que ignorar los derechos indígenas, los Estados optan por no respetarlos. Por eso la CIDH impulsa diálogos abiertos, sinceros y respetuosos entre los Estados y los pueblos indígenas. Un problema usual es que, dentro de algunos Estados, existen sectores que lanzan afirmaciones falsas, como el supuesto deseo de independencia de los indígenas que afectaría la soberanía estatal. Esto es absurdo y requiere un diálogo abierto y respetuoso. Es fundamental que los Estados cumplan sus compromisos y, la Comisión cuenta con herramientas como las medidas cautelares, las peticiones y los casos para apoyarles. La identificación de prioridades y el desarrollo de criterios de priorización son clave en este sentido. En síntesis, la Comisión busca llevar adelante una agenda positiva con los Estados, identificando con firmeza las respuestas que deben dar en cumplimiento de sus propias normas y obligaciones internacionales. Los gobiernos deben apoyarse en las fortalezas de sus colectivos humanos.

DI: ¿Y respecto a los grupos de poder que están por fuera del Estado?

EAT: La influencia de grupos de poder, como la macrocriminalidad, que en ocasiones supera el poder de los mismos Estados, no hace más que complicar la situación. La militarización de los territorios indígenas, la falta de respuestas de la Justicia ante actos de violencia contra líderes y lideresas indígenas y la necesidad de fortalecimiento de las instituciones democráticas y la sociedad civil son retos importantes.

Esmeralda Arosemena de Troitiño durante el Seminario Regional Derecho a la Autonomía y Justicia Indígena en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Foto: IWGIA

DI: A pocas semanas de concluir su mandato, ¿cómo ve el futuro de la Comisión?

EAT: Es importante que la Comisión mantenga el sentido de cohesión institucional y respeto a la institucionalidad de la CIDH. Los miembros forman parte de un colectivo con estándares adoptados y una misión clara establecida por la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA). La observancia, defensa, impulso y promoción de derechos humanos deben ser el sentido fundamental para la Comisión y sus integrantes. El desarrollo de informes temáticos es una línea que debe fortalecerse, ya que estos documentos son valiosos para que los Estados comprendan las líneas para desarrollar derechos específicos. Los informes, como el de Derecho a la Libre Determinación y el reciente sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, deben utilizarse en los diálogos con los Estados para maximizar su impacto.

DI: ¿Qué desafíos enfrentará la Relatoría?

EAT: Estos ocho años han enriquecido mi vida en términos del concepto de humanidad, la defensa y promoción de los derechos humanos. El desafío es que los pueblos indígenas sean considerados con absoluta dignidad e integridad de sus derechos, con un enfoque particular en la no discriminación por ninguna causa. El foco debe estar en los sectores más vulnerables, asegurando el respeto a su dignidad y evitando la exclusión, para que se preserve el sentido pleno de la humanidad.

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Lola García-Alix: La creación del Foro Permanente fue un hito en la lucha de los pueblos indígenas por su reconocimiento en el sistema internacional y, particularmente, en la ONU. Los pueblos indígenas reclamaban la creación de un mecanismo al nivel más alto posible dentro del sistema de la ONU, donde su derecho a participar fuera absolutamente reconocido y no como meros observadores. Fue un momento revolucionario en la ONU porque no existían mecanismos con una composición paritaria como lo exigían los indígenas. Finalmente, se llegó a un modelo de 16 miembros: ocho expertos nominados por las organizaciones indígenas y ocho expertos nombrados por los Estados. La nominación de los expertos y expertas indígenas reconoce los procesos propios de los pueblos indígenas.

DI: ¿Se cumplió ese objetivo inicial?

LGA: A lo largo de los años, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas se ha establecido realmente como una plataforma por y para la defensa y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Ya no es solo la sesión oficial, sino que también se convierte en el punto de encuentro y diálogo mundial de los pueblos indígenas con las agencias de Naciones Unidas, representantes de los Estados, ONG, académicos y con quienes trabajan la temática. A su vez, es la mayor reunión sobre todas las cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas en la ONU: solo este año se registraron más de 2000 personas. El Foro Permanente ha conseguido afianzarse y tener legitimidad dentro del movimiento indígena. Considero que la falta de conocimiento y de información sobre la situación de los pueblos indígenas sería catastrófica sin mecanismos como el Foro Permanente.

DI: ¿Qué sucede con la implementación de las recomendaciones?

LGA: Es el gran reto. La brecha de implementación es uno de los principales problemas en todos los organismos de las Naciones Unidas. Una cuestión es el diálogo multilateral, el diálogo político de los Estados, los acuerdos, los compromisos y las buenas intenciones, pero otra cuestión es la realidad de los pueblos indígenas en el terreno. En la mayoría de los casos, la implementación depende de la voluntad política de los Estados. Como organismo asesor, el Foro Permanente solo puede hacer recomendaciones a través del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Si bien es un gran desafío avanzar en la real implementación de las recomendaciones, hay que destacar que son útiles como instrumento para los pueblos indígenas en sus luchas por el respeto y protección de sus derechos en el terreno y en su diálogo político con los Estados.

Martin Hermann, Embajador de Dinamarca ante la ONU, Lola García-Alix; el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Cali Tzay, y Kathrin Wessendorf, Directora de IWGIA, durante la presentación de El Mundo Indígena 2023.

DI: ¿No se superpone el Foro Permanente con el trabajo del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas?

LGA: Los mandatos de estos tres mecanismos son sin duda muy importantes y existe una buena cooperación y complementariedad en el trabajo que realizan. Creo que tienen mandatos muy concretos. El Foro Permanente tiene un mandato más amplio y enfocado a que las agencias de las Naciones Unidas implementen programas y políticas de acuerdo a los derechos establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. Por su parte, el Relator Especial está más orientado a la documentación y monitoreo de la situación de los derechos humanos de los indígenas: puede hacer visitas a los países, involucrarse en casos concretos y mandar comunicaciones a los Estados y pedir respuestas en relación con determinadas cuestiones. Finalmente, el Mecanismo de Expertos es un organismo asesor del Consejo de Derechos Humanos y lleva a cabo estudios temáticos. A su vez, si los Estados lo solicitan, brinda asesoría técnica sobre cómo avanzar en la implementación de ciertos derechos.

DI: ¿Cómo es la articulación de estos mecanismos en las sesiones del Foro Permanente?

LGA: En las sesiones del Foro Permanente, participan el Relator Especial y, como mínimo, el presidente del Mecanismo de Expertos. A su vez, presentan su trabajo durante la sesión y también hacen recomendaciones. En contrapartida, el Relator Especial y el presidente del Foro Permanente participan también en la reunión anual del Mecanismo de Expertos que se lleva a cabo en Ginebra. En conclusión, se intenta asegurar una sinergia institucional del trabajo de los tres mecanismos aunque, a veces, no es fácil en un sistema tan compartimentalizado, como es el de las Naciones Unidas.

En esta edición del Foro Permanente se registraron más de 2000 personas. Foto: IWGIA

DI: ¿Qué temas se trataron en la 22° Sesión del Foro Permanente que se llevó a cabo del 17 al 28 de abril en New York?

LGA: Antes que nada, creo que es importante señalar que la sesión 2023 fue la primera realmente presencial después de tres años debido a la pandemia: en 2022 fue híbrida ya que todavía había muchas restricciones por el tema de la vacunación y la participación in situ fue muy limitada. Este año, la inauguración de la sesión fue de altísimo nivel con discursos del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; la Secretaría Interior de Estados Unidos, Debra Haaland (indígena norteamericana), y otros altos mandatarios de la ONU.

DI: ¿Por qué se escogió la temática “Pueblos indígenas, salud humana, salud del planeta y territorial y cambio climático: un enfoque basado en los derechos”?

LGA: La elección de las temáticas de las sesiones son decididas por el Foro Permanente en base a propuestas presentadas por los representantes indígenas durante el armado de la agenda sobre el trabajo a futuro. El mensaje de los pueblos indígenas es que ellos no pueden separar la salud humana de la salud planetaria, de la salud de sus territorios. Los pueblos indígenas reflejaron muy bien la importancia y la necesidad de que el tema de la salud sea visto de una manera holística e intercultural. Es decir, no se puede hablar de salud indígena o salud de los pueblos indígenas sin hablar de sus problemas, sin hablar de la falta de reconocimiento a sus territorios y sin hablar de la necesidad del reconocimiento de su derecho a la libre determinación. El informe de esta sesión refleja claramente el mensaje de los pueblos indígenas y, a la vez, es un instrumento de monitoreo.

DI: ¿Se hizo un balance de la pandemia?

LGA: Si bien el año pasado el tema de la pandemia y su impacto en los pueblos indígenas fue uno de los temas centrales, este año tuvo menor relevancia. Sin embargo, el impacto del Covid-19 se ha convertido en un indicador de cómo una crisis de esta magnitud afecta a los pueblos indígenas y exacerba los problemas a los que diariamente se enfrentan debido a la discriminación, marginalización, así como su falta de participación en procesos de decisión en cuestiones que los implican directamente. A su vez, se ha visto la importancia de la gobernanza indígena. A mayor nivel de reconocimiento de los sistemas propios de gobernanza, mayor resiliencia de los pueblos indígenas al impacto de la pandemia.

La participación de las mujeres indígenas ha aumentado a través de sus organizaciones y redes en los procesos internacionales. Foto: Lola García-Alix

DI: ¿Cuál ha sido la conclusión sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas?

LGA: Preocupa el empeoramiento de la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en muchos países, sobre todo en gobiernos no democráticos. Se han agudizado las situaciones de conflicto con la tierra, los territorios y los recursos; y se ha incrementado la criminalización y los asesinatos a defensores de los derechos de los pueblos indígenas. También estamos viendo un aumento de intentos de intimidación, e incluso represalias, por parte de algunos Estados a representantes indígenas que participan en reuniones internacionales, incluyendo la sesiones del Foro, a pesar de que el Secretario General de la ONU ha establecido un mecanismo específico para proteger a personas o grupos que cooperan o colaboran con la ONU y sus mecanismos de derechos humanos. Esta tendencia es sin duda desalentadora. Por un lado, se escuchan discursos progresistas, positivos y de reconocimiento general de los derechos de los pueblos indígenas de parte de muchos Estados y, por otro lado, la violación de sus derechos sigue aumentando en muchos países. Durante la sesión del Foro Permanente de este año, las intervenciones de los representantes indígenas reflejaron claramente que en la mayoría de los países del mundo sus derechos continúan siendo vulnerados, ignorados o violados de manera sistemática.

DI: ¿También ha sido una sesión muy importante para las mujeres indígenas?

LGA: Este año tuvo especial relevancia porque el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas adoptó, hace pocos meses, un comentario general excelente: la Recomendación General N° 39 sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas. Los Estados que han ratificado esta convención, que son la mayoría, tienen la obligación de implementarla e incluir información al respecto en sus informes al Comité CEDAW. Por eso, el Foro Permanente decidió dar especial atención al seguimiento de su implementación por parte de los Estados. Durante la sesión del Foro se organizaron distintos eventos para presentar la importancia de esta recomendación y la necesidad de promocionar su implementación. Por otra parte, es importante destacar que ha aumentado la participación de las mujeres indígenas a través de sus organizaciones y redes en procesos internacionales, al igual que la de los jóvenes, quienes son muy activos en las sesiones del Foro. A través del caucus global de los jóvenes indígenas, presentan declaraciones durante la discusión de los distintos puntos de la agenda y organizan eventos para debatir específicamente temas y preocupaciones de los jóvenes indígenas.

DI: Como evento paralelo al Foro Permanente se realizó la presentación de El Mundo Indígena 2023, cuyo eje central fue la conservación. ¿Qué balance se hizo al respecto?

LGA: El tema de la conservación es importantísimo para los pueblos indígenas porque, en su nombre, se los ha despojado de sus tierras y medios de vida, violando sistemáticamente todos sus derechos tal y como están reconocidos en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, fundamentalmente sus derechos a la tierra, al territorio y a sus recursos naturales. Los pueblos indígenas han demostrado el rol que tienen como conservadores de la naturaleza, su rol de garantes: está documentado que sus territorios son los que mayor biodiversidad poseen en el mundo. Por eso, es crucial que se asegure que cualquier política, programa o decisión sobre cuestiones de conservación reconozca, respete y asegure que los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales sean plenamente respetados.

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Eliel Castillo: Nosotros tenemos una forma de ser, de vivir y de existir llamada Akuaipa. Eso es lo que nos permite poder caminar en armonía y en equilibrio entre el territorio, las plantas, los animales, los astros y los elementos naturales. Nunca hemos tenido a alguien o algo que sea de otro lado que tenga que ver con nosotros. Nosotros asumimos la autonomía como lo que nos enseñaron nuestros padres: nos lo entregaron de herencia y nosotros lo hemos transmitido de generación en generación. Y lo hemos conservado. Nunca hemos dependido de alguien ajeno a nuestra cultura para poderla ejercer, para poderla practicar y para poderla transmitir.

DI: ¿Cómo se relaciona la práctica tradicional del “palabreo” con la autonomía?

EC: La cultura wayúu se relaciona con la escucha y el diálogo. Para poder aprender el conocimiento antiguo de nuestros antepasados, uno debe aprender a escuchar. La única manera de poder entender es escuchando. Es un modo de formación que le devuelve al ser humano la posibilidad de aquietar su vida para aprender. De este modo, nosotros transmitimos lo aprendido a las próximas generaciones. El wayúu siempre se ha caracterizado por eso: podemos pasar una semana escuchando y luego transmitir nuestros aportes para seguir fortaleciendo el conocimiento antiguo de nuestros padres. Sin embargo, la sociedad ha perdido la capacidad de escucha: siempre queremos hablar, siempre queremos decir, siempre queremos participar, pero nunca queremos escuchar.

DI: El pueblo Wayúu se organiza a través del vínculo matrilineal, ¿cuál es el rol de la mujer?

EC: En nuestro pueblo, existe la característica de la complementariedad y la dualidad. El equilibrio entre la claridad y la oscuridad; el equilibrio entre el lluvia (que para nosotros es hombre) y la tierra; el equilibrio entre el frío y el calor. Es muy importante el rol de la mujer porque ella es la que gesta la vida, la que la protege y la que tiene el deber de formar. De ella depende la existencia de nuestro pueblo. La mujer wayuú nace de la tierra y se representa con la mar: son los vientres que han parido nuestra cultura.

Eliel destaca que la cultura de los wayúu se caracteriza por la escucha y el diálogo. Foto: Andrés Unterladstaetter / Iwgia

Eliel destaca que la cultura de los wayúu se caracteriza por la escucha y el diálogo. Foto: Andrés Unterladstaetter / Iwgia

DI: ¿Cuál es la importancia de los ancianos en la comunidad?

EC: El hombre, los abuelos, el papá y los tíos maternos forman a los hombres wayuú para que cada uno aprenda y tenga claridad sobre su rol dentro de la cultura. Y para que al encontrarse con una mujer pueda equilibrar el conocimiento. Como hombre, aprendí de mi abuelo la manera de vestirse, incluso recuerdo que me decía que como wayúu debíamos aprender hasta la forma de caminar. Para que nos respeten, para que nos valoren, para que nunca tengamos ningún tipo de dificultad. Mi abuelo tiene 92 años y dice que nadie le ha levantado la voz porque él aprendió a vivir como le enseñaron sus abuelos. Y es siempre la invitación que nos hace para seguir transmitiendo nuestra forma de ser, de vivir y de existir como pueblo Wayúu.

DI: ¿Cómo se vincula el pueblo Wayúu con la naturaleza?

EC: El principio que nos caracteriza es el de estar en armonía y en equilibrio con quienes nos rodean: con lo espiritual, con lo natural y, por supuesto, con lo humano. Yo escuchaba la experiencia del pueblo Guaraní que dice que todo lo que existe en el territorio tiene dueño. Nosotros, los wayúu, decimos que todo lo que existe en el territorio tiene sus protectores: el agua, la tierra, la mar, los árboles, los animales son quienes protegen desde la vida espiritual hasta la existencia de nuestro mundo. Para poder relacionarnos con ellos, debemos tener una actitud respetuosa y realizar los rituales correspondientes.

DI: ¿Cómo es la vida de los niños y jóvenes wayúu que viven en el territorio?

EC: De niños, a los 3 años, dejamos de estar con nuestra mamá y nuestro papá para vivir con nuestros abuelos hasta los 12. De ese proceso va a depender que uno siga comprometido con el territorio y con la gente. Yo tuve la oportunidad de vivir en la ciudad, pero siempre con la idea de regresar porque estaban mis abuelos, estaba mi tierra, estaba mi casa: no es lo mismo estar encerrado en la ciudad que estar en un territorio en donde uno puede correr tranquilo.

DI: ¿Qué aprendizaje le dejó la experiencia de vivir fuera del territorio?

EC: Vivir en la ciudad me enseñó el valor de los pueblos indígenas para el mundo por ser la garantía de vida y por cuidar los recursos que la naturaleza nos brinda. Me enseñó que los jóvenes debemos ejercer el liderazgo desde el territorio. Aunque mi territorio es de difícil acceso y es muy extenso, ya estamos acostumbrados a la dinámica de viajar, de andar y de caminar. Nosotros seguimos comprometidos con permanecer en el territorio para llevar el conocimiento que no tenemos y poder fortalecer los procesos.

Parque Eólico Jepírachi. En La Guajira, la energía eólica se desarrolló a partir de la miseria del pueblo Wayúu. Foto: Indepaz

Parque Eólico Jepírachi. En La Guajira, la energía eólica se desarrolló a partir de la miseria de los wayúu. Foto: Indepaz

DI: ¿Cómo se relaciona el pueblo Wayúu con el modelo de desarrollo que promueve la sociedad no indígena?

EC: Hay una noción de desarrollo que tiene que ver con el agua, la energía, el gas y todo eso que en la ciudad la gente necesita para poder vivir en ese pedacito de tierra. Sin esos recursos, las ciudades no avanzan. Las grandes multinacionales han proyectado ese modo de vida como desarrollo: tener un lugar con las condiciones adecuadas para que la gente viva. Supuestamente eso hace crecer la economía. A los pueblos indígenas también nos han querido convencer de que adoptar esa forma de vida también nos permitiría desarrollarnos. Por suerte, no ha sido así.

EC: En el territorio wayúu, hace 45 años llegó la explotación del carbón bajo la promesa del desarrollo. Según el censo de 2018 realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), La Guajira es el segundo departamento más pobre del país. Estamos en un nivel de pobreza del 92,5% a nivel multidimensional y monetario, tanto que una mujer que trabaja como empleada doméstica gana 20 dólares al mes. Entonces llegó el carbón, hace 30 años se comenzó a explotar el gas, hace 25 años tuvimos el primer parque eólico y, sin embargo, la pobreza no para de crecer. Las llamadas “energías limpias” supuestamente son mejores que el carbón, el gas y el petróleo, pero para el pueblo Wayúu siguen teniendo el mismo impacto a nivel natural, social, ancestral y espiritual.

DI: Entonces, ¿los parques eólicos no han beneficiado al pueblo Wayúu?

EC: Hoy tenemos una invasión de parques eólicos que fueron instalados bajo las condiciones de otros gobiernos con el único objetivo de generar ganancias. Nos presentaron los parques eólicos como una mejor opción, pero tienen el mismo impacto. Los molinos de viento son justificados como una energía que contribuye a mitigar el cambio climático, pero lo único que se busca es seguir llenando las arcas de las multinacionales a costa de la deforestación del territorio, la muerte, la pobreza y la miseria del pueblo Wayúu. Cambia el nombre, pero tiene el mismo nivel de impacto que antes.

DI: Puntualmente, ¿cuál es el impacto de los parques eólicos?

EC: A raíz de la llegada de las multinacionales a La Guajira, hoy hay guerras entre familias wayúu que generaron muertos. Muchos de ellos por defender el valor del territorio y la conservación para nuestra pervivencia. A esto hay que sumar la extracción de metales que se usan para construir esos molinos de viento: en el departamento hay autorización para explotar cobre, oro y, todavía, más carbón. Sin embargo, los molinos no se construyen en Colombia, sino en otras partes del mundo; exportamos la materia prima de bajo valor agregado y luego importamos el producto final. Finalmente, el sonido que emiten las aspas afecta al oído, mientras que las sombras de los molinos cuando dan vueltas provocan daños en la visión.

La llegada de las empresas desarrolladoras de parques eólicos ha ocasionado enfrentamientos entre los wayúu, que incluso han ocasionado muertes. Foto: Damián Andrada

La instalación de parques eólicos ha ocasionado enfrentamientos entre los wayúu. Foto: Damián Andrada

DI: ¿Las comunidades wayúu cuentan con energía?

EC: Las comunidades no cuentan con ningún tipo de energía hasta el momento. No hay ni energía ni garantías de mejorar la calidad de vida en un territorio desértico, de difícil acceso y extenso. También, está la contaminación por los derrames de aceite hidráulico que consumen los motores que mueven las aspas. Y no solo es el parque eólico. Con el parque eólico viene una subestación eléctrica que almacena la energía que generan los molinos. Además, hay que tener en cuenta la línea de transmisión que atraviesa los territorios: en esos caminos de corriente se concentra energía electromagnética.

DI: ¿Cuál es el efecto de la contaminación en el pueblo Wayúu?

EC: Como consecuencia, los wayúu ya no van a morir de abuelos, como antes pasaba. O nacemos con malformaciones o morimos muy jóvenes o vamos presentando patologías relacionadas a la contaminación. Lo que antes era un paisaje hermoso, hoy está lleno de parques eólicos. Para cerrar lo que es la contaminación: a nivel espiritual, la gente ya no va a poder soñar y el sueño es lo que guía la vida wayúu. Vamos a caminar hacia lo que advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: el exterminio físico y cultural de los wayúu, uno de los pueblos más numerosos de Colombia.

DI: ¿Cómo se posicionó el pueblo Wayúu frente al cambio histórico que significó la llegada de Gustavo Petro al poder?

EC: Tenemos la esperanza de cambiar la relación entre los territorios y las empresas. Primero, para que se puedan revisar los contratos de las empresas ya instaladas en La Guajira. Segundo, para mejorar la calidad de vida de las comunidades y brindar mejores oportunidades a los niños y niñas que van a nacer en los territorios donde se encuentran estos parques. Petro visitó por tercera vez La Guajira a raíz de la tormenta Julia. Las veces que ha estado, ha dicho que los wayúu necesitan ser socios de esas empresas. Petro es una esperanza, nos brinda la oportunidad de cambiar el relacionamiento, la negociación y las condiciones de vida que hemos tenido los wayúu por mucho tiempo.

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