Llevadas a cabo de manera simultánea, las redadas representaron una de las mayores ofensivas contra el activismo indígena independiente en la historia reciente de Rusia. Así, se convirtieron en un paso significativo en la estrategia de las autoridades rusas para silenciar a cualquier actor de base que se niegue a alinearse con las narrativas del Estado. El caso de la defensora de derechos selkup Daria Egereva ha conmovido a la comunidad internacional.
El 17 de diciembre de 2025, los servicios de seguridad rusos lanzaron una operación coordinada contra 17 líderes indígenas en distintas regiones del país. Valentina Sovkina, una destacada defensora de los derechos del pueblo Saami de la región de Múrmansk y miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, fue una de las personas cuyos hogares fueron allanados. Recuerda haber sido despertada por golpes en la puerta de su departamento en Lovozero y, cuando abrió, cinco hombres y dos mujeres (algunos con el rostro cubierto) irrumpieron en su casa sin identificarse. Recién tras reiteradas insistencias, los servicios presentaron una orden y reconocieron que eran policías.
Cuando Valentina afirmó su derecho a contactar a un abogado, los agentes desestimaron la solicitud alegando que “no se trataba de un allanamiento, sino de una inspección”. Luego, exigieron las contraseñas para acceder a sus teléfonos, computadoras y discos externos, a lo que ella se negó. La operación duró cuatro horas y terminó con la confiscación de todos sus dispositivos. Valentina fue una de las más afortunadas: evitó la detención y logró salir del país. Desde entonces, ha denunciado lo que considera una campaña de represión contra los Pueblos Indígenas en Rusia, que remite a la persecución de líderes indígenas durante la dictadura de Iósif Stalin en la primera mitad del siglo XX.
De defensora de los derechos indígenas a presa política
Las redadas terminaron en la detención de dos activistas. Una de ellas es Daria Egereva, mujer selkup de Siberia occidental, cuyo caso ha generado la indignación internacional del movimiento indígena. Las autoridades la acusan de “pertenecer a una organización terrorista”, cargos ampliamente considerados como fabricados. Al criminalizar el activismo pacífico, las autoridades buscan borrar las narrativas que se apartan del discurso aprobado por el Estado. De ser condenada, Daria enfrenta hasta 20 años de prisión, una pena que, dada la brutalidad ampliamente documentada del sistema penitenciario ruso, podría equivaler en la práctica a una condena de por vida.
Daria tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos indígenas. Siguiendo los pasos de su madre, comenzó a involucrase en este ámbito cuando era estudiante universitaria. Durante más de dos décadas, trabajó incansablemente para empoderar a jóvenes selkup y de otros Pueblos Indígenas en toda Rusia: los alentó a sentirse orgullosos de su herencia cultural, a comprender y reivindicar sus derechos, y a participar en el movimiento indígena global. Para muchos jóvenes activistas, Daria se convirtió en un modelo a seguir y en una mentora: un ejemplo de liderazgo arraigado en la comunidad.
En la última década, Daria se consolidó como una de las representantes indígenas más reconocidas de Rusia en los procesos globales sobre clima y biodiversidad. Como experta técnica en cambio climático, desempeñó roles de liderazgo en el Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático (IIPFCC) y, desde 2023, fue una de sus copresidentas. También contribuyó activamente a la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (LCIPP) en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP) y el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII).
La detención de Daria Egereva señala una tendencia preocupante: la utilización de la legislación antiextremista y antiterrorista de Rusia para reprimir a la sociedad civil independiente, incluidos los movimientos indígenas.
La detención de Daria señala una tendencia preocupante: el uso de la legislación antiextremista y antiterrorista para reprimir a la sociedad civil independiente.
A pesar de su amplio trabajo a nivel internacional, Daria se mantuvo profundamente vinculada a su propia comunidad. Desde hace años es una firme defensora de la protección de la cultura selkup y de la implementación de los derechos indígenas reconocidos en la legislación rusa. Sus esfuerzos incluyeron impulsar el uso de la lengua selkup (en peligro de desaparición) como idioma de enseñanza en las escuelas; apoyar redes de mujeres indígenas emprendedoras y; fortalecer la participación comunitaria en decisiones que afectan al territorio, a la cultura y los medios de vida.
Nada en las actividades de Daria sugiere una promoción de la violencia o de acciones subversivas. Por el contrario, mantuvo un diálogo constructivo con las autoridades a nivel local y, en el plano internacional, participó en los mismos mecanismos y procesos de Naciones Unidas en los que el propio gobierno ruso también interviene. La diferencia clave es que Daria representaba una voz independiente, que cuestionaba la imagen idealizada del bienestar indígena promovida por las autoridades rusas y sus aliados. Su detención señala una tendencia preocupante: la utilización de la legislación antiextremista y antiterrorista de Rusia para reprimir a la sociedad civil independiente, incluidos los movimientos indígenas.
Cuando la única voz es la del Estado
Las redadas de diciembre no fueron un hecho aislado, sino parte de una arquitectura de represión en constante escalada sobre los Pueblos Indígenas de Rusia. Tras un breve período de liberalización y democratización desde finales de la década de 1980 hasta comienzos de los 2000, durante el cual floreció un movimiento indígena independiente, las autoridades comenzaron a reforzar el control en la década de 2010. Este giro se aceleró drásticamente después de la decisión del presidente Vladímir Putin de invadir Ucrania: una medida que ha tenido consecuencias devastadoras para las comunidades indígenas, que perdieron una gran cantidad de jóvenes en la movilización hacia el frente de combate.
En este clima autoritario, los activistas indígenas enfrentan la vigilancia, el hostigamiento judicial y una presión constante para desvincularse de los mecanismos internacionales de derechos humanos. No es casual que las redadas del 17 de diciembre se produjeran poco después de que Daria Egereva y otros activistas regresaran de la COP climática de la Organización de Naciones Unidas en Brasil. La magnitud, el momento y la coordinación de la operación apuntan a un esfuerzo deliberado por eliminar los últimos espacios de organización indígena autónoma. El resultado fue inmediato. Los activistas mantienen un perfil bajo o abandonaron el país. Quienes aún permanecen se ven obligados a enfrentar una elección imposible: el silencio y la conformidad con las autoridades, o la criminalización.
El presidente de la Asociación Rusa de los Pueblos Indígenas del Norte (RAIPON) se negó explícitamente a solidarizarse con las y los activistas cuyas viviendas fueron allanadas y repitió la línea oficial que insinúa su supuesta participación en actividades extremistas.
El presidente de RAIPON se negó a solidarizarse con los activistas allanados y repitió la línea oficial que insinúa su supuesta participación en actividades extremistas.
A medida que las voces indígenas independientes son silenciadas, la Asociación Rusa de los Pueblos Indígenas del Norte (RAIPON), controlada por el Gobierno ruso, emerge como la voz dominante o, más bien, la única voz oficialmente permitida de los Pueblos Indígenas del país. La dirigencia de RAIPON, seleccionada desde 2013 bajo la supervisión gubernamental, mantiene estrechos vínculos con las grandes empresas extractivas, entre ellas, Nornickel, uno de los conglomerados industriales más contaminantes del mundo. Sus actividades han afectado durante años las tierras y aguas indígenas, además de destruir los medios de vida de las comunidades de Rusia.
En línea con el Gobierno, RAIPON nunca critica las políticas estatales ni los abusos corporativos que afectan a las comunidades indígenas. En una declaración difundida seis semanas después de las redadas de diciembre, el presidente de RAIPON se negó explícitamente a solidarizarse con las y los activistas cuyas viviendas fueron allanadas y repitió la línea oficial que insinúa su supuesta participación en actividades extremistas, una postura que generó conmoción entre numerosos líderes indígenas a nivel internacional.
¿El golpe final?
Para quienes vieron sus hogares invadidos, sus dispositivos incautados y a sus seres queridos detenidos, esto fue más que una operación legal: fue un mensaje. Como señaló la defensora del pueblo Saami Valentina Sovkina, las autoridades rusas han optado por métodos especialmente duros para silenciar a activistas de los derechos indígenas que defienden pacíficamente su entorno ancestral, sus medios de vida y su cultura.
Las redadas del 17 de diciembre bien podrían ser recordadas como el momento en que el movimiento indígena independiente en Rusia fue llevado al borde de la extinción. Sin embargo, el coraje de quienes continúan alzando la voz, ya sea desde el exilio o bajo amenaza en su propio país, nos recuerda que la lucha por los derechos de los Pueblos Indígenas en Rusia no ha terminado. Sus voces, aunque perseguidas, siguen siendo una parte vital de la comunidad global de derechos humanos.
