"Los indígenas
nos dicen a gritos que debemos cambiar"
"El caucho produjo la mayor invasión de los territorios indígenas de la Amazonía"
"En Brasil, hoy la relación de fuerzas es desfavorable"
"La conquista buscó apagar la expresión
del cuerpo"
Las mujeres indígenas enfrentan altos niveles de violencia debido a la colonización, el racismo, el patriarcado y la doble discriminación. Lejos de ser vistas solamente como víctimas, deben ser consideradas impulsoras cruciales del cambio.
La normativa habilita la creación de grupos armados que podrían ser usados por las economías extractivas o ilegales para reprimir a la población. Además, la ley no fue sometida a consulta y viola la autonomía indígena.
Como guardianas de la selva y los conocimientos ancestrales, sus modos de producción están en armonía con la naturaleza. Luchan por garantizar el acceso a la salud, la educación y el carnet de identidad de sus hijos, su principal inspiración.
El sureste de México está atravesado por la pobreza extrema y las economías criminales. La colectiva Fases de la Luna impulsa procesos de formación política para erradicar la violencia contra las mujeres y promover las autonomías.
La Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador convocó un paro nacional por el alza general de precios y de los combustibles. Las organizaciones reclaman por el desempleo, la inseguridad y la educación pública.
El asesinato de un periodista británico y un defensor indígena en Brasil, y el crimen de dos sacerdotes jesuitas en México volvieron a encender las alarmas sobre el narcotráfico y las economías ilegales en Latinoamérica.
Mientras el agronegocio, las madereras y la minería ilegal buscan lucrar con sus recursos naturales, la Fundación Nacional del Indio es el agente activo de una estrategia de exposición al contacto con personas ajenas al territorio.
La espiral de violencia sobre sus territorios y los desplazamientos forzados permiten hablar de un exterminio deliberado como estrategia de apropiación de sus recursos para el extractivismo y el narcotráfico bajo la complicidad del Estado.
Después de 98 años, el Juicio por la verdad reconoció la responsabilidad del Estado argentino en los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre como crímenes de lesa humanidad en un proceso de genocidio.
Aún existen unas 30 aldeas con menos de 1.000 habitantes. Ante la amenaza del desarrollo industrial intensivo, los izhoras se mantienen fuertes gracias a sus tradiciones ancestrales, la música folklórica y la defensa de sus territorios.
Como nunca antes, los líderes y lideresas se unieron para realizar una demostración de fuerza contra las políticas anti-indígenas y genocidas de Bolsonaro. Los pueblos indígenas quieren ser protagonistas de un nuevo modelo de desarrollo.
La crisis no es nueva. Pareciera que hemos tocado fondo, pero el desgobierno se potencia. Tras cinco presidentes en cinco años, en Perú lo único permanente son la represión y un modelo basado en la explotación de materias primas.
El control de la sociedad no se ha reflejado en la explotación de los yacimientos del Salar de Uyuni. A pesar de ser un derecho constitucional, la consulta previa nunca se implementó y el Gobierno del MAS no promueve el diálogo.
La campaña Acción Indígena frente al Cambio Climático busca visibilizar que los pueblos ancestrales protegen la cobertura boscosa de sus territorios de los incendios y la deforestación, y vigilan que no se contaminen sus ríos y lagunas.
Las críticas a la narrativa oficial en el sistema educativo generó un cambio de paradigma: visibilizó el destino de los sobrevivientes y la historia oral de los indígenas, y permitió pensar el país desde una mirada intercultural.
El país asiático se ha convertido en productor de Yaba, una droga sintética que se vende en forma de pastillas rojas. Mientras el narcotráfico se expande hacia el negocio inmobiliario, aumenta la criminalidad y el consumo entre los jóvenes.
El crimen organizado presiona a las comunidades para que cultiven amapola y marihuana. La estrategia de “combate contra el narcotráfico” militariza los territorios y despoja a los pueblos indígenas de sus recursos naturales.
La nación maya Máasewáal supo vivir épocas de abundancia. Sin embargo, el Estado y el turismo masivo nos convirtió en mano de obra barata. El arribo de turistas transformó a Cancún y Tulum en un mercado para el narcomenudeo.
A través de la violencia, los grupos armados aumentan los cultivos ilegales de hoja de coca, marihuana y amapola. La afectación del tejido social perjudica el desarrollo sostenible, la vida en armonía y la cultura de la solidaridad.
La expansión del narcotráfico en los territorios indígenas provoca la descomposición social de las comunidades. Bolivia se ha convertido en refinador de cocaína, productor de marihuana y país de tránsito hacia mercados vecinos.
La normalización de la violencia se agrava por la penetración de los carteles de drogas en las estructuras del Estado. Los pueblos indígenas sufren los desplazamientos forzados y, la criminalización de los policías y militares.
La elección de la mapuche Elisa Loncón como Presidenta de la Convención evidenció el protagonismo indígena en la redacción de la nueva Constitución. A su vez, la victoria de Boric significó un mayor respaldo institucional.
Tras el llamado de Boric a una solución pacífica, las organizaciones mapuche más radicales, los formadores de opinión y un grupo de diputados rechazó una negociación. La experiencia de otros países sugiere que la paz es posible.
Tras 130 años de incumplimiento del Acuerdo de Voluntades, el proceso constituyente abre una puerta de esperanza para que los rapa nui logren su derecho a la libre determinación y que el Estado se convierta en un “amigo del lugar”.
La comunicación desde una perspectiva indígena está ausente en Chile. La democratización de un ecosistema mediático concentrado debe visibilizar que los originarios tienen el derecho a generar sus propios contenidos culturales.
La nueva Constitución establecerá los lineamientos del Chile de los próximos 50 años. Por eso, los constituyentes indígenas promueven un debate político que incluya la autonomía territorial y el pluralismo jurídico.
Desde un enfoque intercultural, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe sobre diversas experiencias de autodeterminación en América y, testimonios de indígenas, expertos, ONG y Estados.
La publicación “Autonomías y autogobierno en la América diversa” piensa las autonomías territoriales indígenas como un ejercicio de libre determinación y, analiza sus orígenes y dinámicas en las últimas dos décadas.
Las luchas por los procesos autonómicos han cobrado protagonismo. Sin embargo, enfrentan la fragmentación del movimiento indígena y el prejuicio de los Estados por una supuesta afectación a la unidad nacional.
Los adivasi representan el 10% de la población y, resisten el avasallamiento de sus territorios y recursos en nombre del desarrollo. Su particular metodología de protesta se basa en levantar grandes rocas con mensajes.
La situación política siempre ha sido volátil en los países asiáticos, haciéndolos vulnerables a la violación de los derechos humanos. Reconocer la autodeterminación de los indígenas es fundamental para fortalecer las democracias.
Por la falta de agua potable, el extractivismo y la crisis humanitaria, los wayúu sobreviven al despojo y la inseguridad alimentaria. Además, se suma la violencia por la militarización, los grupos paramilitares y el narcotráfico.
La transmigración es muy común para los pueblos de Huehuetenango. Actualmente, el pueblo acateko mantiene viva su cultura a lo largo de tres países y las fiestas son un espacio para reencontrarse con su identidad.
La movilidad era característica de los antiguos nivaĉle, que fue transformada, junto a su identidad, ante la creación de los Estados de Argentina, Paraguay y Bolivia. Aún resisten al imaginario sobre su condición de extranjería.
La historia de la comunidad de Quilloac se entreteje con la de la ex hacienda Guántug. Mientras la hacienda se constituyó desde el registro escrito, las comunidades acudieron a la historia oral como modo de resistencia.
La comunicadora alteña e indianista Quya Reyna realiza un paralelismo con la Guerra del Gas que en 2003 marcó su niñez y cuestiona las construcciones racistas que la sociedad blancoide utilizó para justificar las masacres.
En nombre del desarrollo, la minería aurífera destruye nuestro ambiente, afecta a los pulmones de la Madre Tierra y a los sonidos de los animales silvestres. El silencio nos rodea mientras luchamos por respirar.
Mientras se contaminan los ríos, escasean los animales silvestres y disminuyen los alimentos del bosque, la minería lleva a las comunidades a ser más dependientes del dinero. Los arakbut deben reconstruir su autonomía.
Además del impacto de la extracción de carbón, los shors se ven afectados por las mineras de oro que ocupan y contaminan sus tierras. Su estilo de vida, economía tradicional y alimentación están en peligro.
El avance sobre las tierras indígenas ha crecido durante el gobierno de Bolsonaro. Mientras en el Congreso hay varios proyectos que responden a las necesidades mineras, la amenaza de un genocidio está latente.
El uso de mercurio para amalgamar el metal precioso en el río Kaka, contaminan los cultivos, los peces y el agua. Aunque los riesgos son evidentes, no hay estudios sobre cómo son afectados y expuestos en su salud.
Lejos de desarrollar la complejidad de la disputa territorial, los medios construyen miradas racistas del conflicto y promueven la militarización. La pacificación no pasa por la represión, sino en más y mejor política.
Las heridas por el genocidio de 60.000 hereros y 10.000 namas aún no cierran. Tras un siglo de negacionismo, los gobiernos acordaron una compensación económica, pero los familiares de las víctimas no se sienten escuchados.
El genocidio de 1994 se cobró la vida de más de 800.000 tutsis, hutus moderados y twas. Pese a ser celebrado por la comunidad internacional, el proceso de reconciliación rechaza la identidad indígena alegando “divisionismo étnico”.
A casi 24 años de su firma, la falta de implementación alcanzó niveles alarmantes. A la presencia de militares y paramilitares, el pueblo Jumma de Chittagong Hill Tracts padece la usurpación de sus territorios.
Luego del conflicto armado interno, las esperanzas de los pueblos indígenas en los Acuerdos de Paz se desvanecieron ante la falta de compromiso del Estado. El despojo de territorios y el racismo aún persisten.
Artecampo celebró a las culturas cruceñas en su museo y jardines. Los artistas exhibieron sus tejidos, el tallado de madera, el trenzado de la palma de jipi japa, la confección de muñecas y el pintado de retablos.
Los jóvenes indígenas privados de su libertad conviven con la tristeza, la depresión y la injusticia. A la dureza de sus historias de vida, se suman la pérdida de contacto con sus familias, su cultura y su comunidad.
A pesar de sus riquezas naturales, las niñas y niños mueren de hambre y de sed. A las deudas históricas, se suman la explotación de las multinacionales, la falta de lluvias y la contaminación de los pozos de agua.
Los niños y niñas de Chin no tienen clases desde hace un año y medio. Mientras las FFAA usan las escuelas como bases militares, la comunidad educativa ve a la desobediencia civil como un mecanismo de resistencia.
A la espera de un referéndum para aprobar su estatuto autonómico, las comunidades buscan fortalecer la gestión de su territorio y sus recursos naturales amenazados por la caza ilegal y el tráfico de madera.
La explotación de petróleo afecta al ambiente, la salud y los modos de vida de los pueblos indígenas de Loreto que luchan para que se respete su derecho a la consulta por la contratación de un operador para el Lote 192.
Con un sesgo anticolonial y antipatriarcal, visitan comunidades que resisten a la destrucción de la naturaleza y al despojo. El EZLN estrecha lazos de solidaridad que permitan pensar otros mundos posibles.
Los jödi, yanomami y uwottüja en aislamiento se ven amenazados por las actividades extractivas y por la presencia de grupos ilegales. El Covid-19 agrava la situación ante vulnerabilidad epidemiológica e inmunológica.
Cerca de 150 ayoreos en aislamiento sobreviven en el monte chaqueño ante la deforestación, los megaincendios y el avance agrícola-ganadero. Bolivia y Paraguay deben tomar medidas para asegurar su protección.
En marzo de 2021 se creó la reserva a favor de los pueblos en aislamiento de la Amazonía norte del Perú, luego de 18 años de su solicitud. Los intereses económicos dilataron el proceso afectando a los pueblos indígenas.
La Amazonía brasileña es la región con mayor cantidad de pueblos en aislamiento y contacto inicial del mundo. Sus modos de vida y territorios están amenazados. La situación empeoró con Bolsonaro y la pandemia.
Los avances en la defensa de sus derechos adoptados por el Estado hace 14 años no se tradujeron en una protección efectiva, ya que ha primado el extractivismo. Las promesas sucumben ante la “esquizofrenia” del Estado.
La tragedia del pueblo Nükak por el contacto forzado por misioneros evangelistas, llevó a que el Estado constituyera el Parque Nacional Río Puré. Hoy, está amenazado por la minería ilegal, las madereras y el narcotráfico.
La implementación de la Ley N° 28736 para su protección es una gota de agua en medio del desierto. La creación de reservas y el correcto tratamiento de las políticas parece ser la oportunidad para consagrar estos derechos.
La elección de constituyentes reflejó un vuelco en la historia política del país. A los 21 escaños indígenas, se suma la paridad género. Las fuerzas conservadoras no alcanzaron el tercio para vetar los acuerdos.
La protesta irrumpió en centenares de ciudades y pueblos de forma anónima y pacífica. Los jóvenes son los portavoces del malestar general de un país asolado por un gobierno que se desmarcó de la democracia.
La desigualdad racial, heredada de la esclavización y el colonialismo, creció al calor del conflicto armado. Frente a la pandemia, la discriminación y el maltrato social, el paro es un espacio para expresar la indignación.
Las y los fotoperiodistas están en la primera línea de las protestas registrando la acción colectiva y la represión de las fuerzas de seguridad. El fotógrafo Manuel Rodríguez recorrió las manifestaciones en Bogotá.
La victoria en la primera vuelta de Pedro Castillo sorprendió al país y la región. El maestro rural supo representar la identidad indígena y campesina, al mismo tiempo que personificó el discurso de cambio.
Sandra Liliana Peña fue asesinada por su decisión de sacar a los grupos armados legales e ilegales, y acabar con los cultivos ilícitos. El Gobierno Nacional no toma medidas para hacer respetar los Acuerdos de Paz.
Con el objetivo de enfrentar el Covid-19, el Gobierno de Formosa tomó medidas que afectan a las mujeres indígenas en gestación: son llevadas sin su consentimiento a parir lejos de sus hogares y comunidades.
Las mujeres indígenas organizadas nos hemos preguntado por qué unas muertes son más visibles que otras. ¿Quién define qué cuerpos importan? Es momento de comenzar a hablar de las violencias hacia nosotras.
La minería del carbón destruye la selva congelada de Siberia y afecta la subsistencia del pueblo shor. Quienes se enfrentan al gobierno y las empresas reciben amenazas y hostigamiento hacia sus familias.
El proceso penal que enfrentó Reina Maraz, una mujer migrante boliviana, evidencia una urgencia del sistema judicial argentino: formar a los funcionarios judiciales en perspectiva de género e interculturalidad.
Las mujeres indígenas representan el 34% del total de reclusas. Como si fuera poco, el sistema de protección social separa a los niños aborígenes de sus familias y cultura, actuando como un mecanismo de asimilación forzada.
El racismo y el patriarcado plantean profundos desafíos a las cárceles guatemaltecas. El sistema penal refleja la discriminación que viven las mujeres originarias por ser mujeres, indígenas y pobres.
Rachel Mariano y Betty Belén, dos defensoras de derechos humanos, comparten sus historias de encarcelamiento bajo acusaciones y pruebas falsas. La causa de la persecución es clara: defienden sus territorios ancestrales.
Las estadísticas oficiales encubren que la mayor parte de la población penitenciaria es de ascendencia indígena y africana afectada por procesos de racismo, despojo y desplazamiento masivo hacia las ciudades.
En el mundo, poco se sabe de la situación política en la India. Con un régimen conservador que considera delito de sedición a la protesta social, el Estado persigue a pueblos indígenas y defensores de derechos humanos.
En medio de la crisis climática, las personas que defienden al medio ambiente son perseguidas por ejercer su derecho a la protesta social. Como guardianes de la naturaleza, los pueblos indígenas son los más perjudicados.
Desde mayo de 2020, Francisco Cali Tzay es el nuevo Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La lucha contra el cambio climático puede ser neutralizada por las condiciones en que se desarrolla la transición hacia las energías limpias. La Guajira es un ejemplo muy ilustrativo.
En la Autonomía de Charagua Iyambae, más de 25 jóvenes guaraníes se forman en las herramientas y la gestión de sus propios medios de comunicación.
Los resultados del plebiscito del 25 de octubre pasado fueron contundentes. Cuatro de cada cinco ciudadanos y ciudadanas se pronunciaron a favor de que Chile tenga una nueva Constitución Política.
Desde mayo de 2020, Francisco Cali Tzay es el nuevo Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El 9 de noviembre, el Congreso aprobó la vacancia al Presidente Martín Vizcarra abriendo una profunda crisis política e inestabilidad institucional. En solo una semana, hubo tres presidentes y se registraron las mayores movilizaciones de la historia peruana.
