En nombre del desarrollo, la minería aurífera destruye nuestro ambiente, afecta a los pulmones de la Madre Tierra y a los sonidos de los animales silvestres. El silencio nos rodea mientras luchamos por respirar.
Mientras se contaminan los ríos, escasean los animales silvestres y disminuyen los alimentos del bosque, la minería lleva a las comunidades a ser más dependientes del dinero. Los arakbut deben reconstruir su autonomía.
Además del impacto de la extracción de carbón, los shors se ven afectados por las mineras de oro que ocupan y contaminan sus tierras. Su estilo de vida, economía tradicional y alimentación están en peligro.
El avance sobre las tierras indígenas ha crecido durante el gobierno de Bolsonaro. Mientras en el Congreso hay varios proyectos que responden a las necesidades mineras, la amenaza de un genocidio está latente.
El uso de mercurio para amalgamar el metal precioso en el río Kaka, contaminan los cultivos, los peces y el agua. Aunque los riesgos son evidentes, no hay estudios sobre cómo son afectados y expuestos en su salud.
Lejos de desarrollar la complejidad de la disputa territorial, los medios construyen miradas racistas del conflicto y promueven la militarización. La pacificación no pasa por la represión, sino en más y mejor política.
Las heridas por el genocidio de 60.000 hereros y 10.000 namas aún no cierran. Tras un siglo de negacionismo, los gobiernos acordaron una compensación económica, pero los familiares de las víctimas no se sienten escuchados.
El genocidio de 1994 se cobró la vida de más de 800.000 tutsis, hutus moderados y twas. Pese a ser celebrado por la comunidad internacional, el proceso de reconciliación rechaza la identidad indígena alegando “divisionismo étnico”.
A casi 24 años de su firma, la falta de implementación alcanzó niveles alarmantes. A la presencia de militares y paramilitares, el pueblo Jumma de Chittagong Hill Tracts padece la usurpación de sus territorios.
Luego del conflicto armado interno, las esperanzas de los pueblos indígenas en los Acuerdos de Paz se desvanecieron ante la falta de compromiso del Estado. El despojo de territorios y el racismo aún persisten.
Artecampo celebró a las culturas cruceñas en su museo y jardines. Los artistas exhibieron sus tejidos, el tallado de madera, el trenzado de la palma de jipi japa, la confección de muñecas y el pintado de retablos.
Los jóvenes indígenas privados de su libertad conviven con la tristeza, la depresión y la injusticia. A la dureza de sus historias de vida, se suman la pérdida de contacto con sus familias, su cultura y su comunidad.
A pesar de sus riquezas naturales, las niñas y niños mueren de hambre y de sed. A las deudas históricas, se suman la explotación de las multinacionales, la falta de lluvias y la contaminación de los pozos de agua.
Los niños y niñas de Chin no tienen clases desde hace un año y medio. Mientras las FFAA usan las escuelas como bases militares, la comunidad educativa ve a la desobediencia civil como un mecanismo de resistencia.
A la espera de un referéndum para aprobar su estatuto autonómico, las comunidades buscan fortalecer la gestión de su territorio y sus recursos naturales amenazados por la caza ilegal y el tráfico de madera.
La explotación de petróleo afecta al ambiente, la salud y los modos de vida de los pueblos indígenas de Loreto que luchan para que se respete su derecho a la consulta por la contratación de un operador para el Lote 192.
Con un sesgo anticolonial y antipatriarcal, visitan comunidades que resisten a la destrucción de la naturaleza y al despojo. El EZLN estrecha lazos de solidaridad que permitan pensar otros mundos posibles.
Los jödi, yanomami y uwottüja en aislamiento se ven amenazados por las actividades extractivas y por la presencia de grupos ilegales. El Covid-19 agrava la situación ante vulnerabilidad epidemiológica e inmunológica.
Cerca de 150 ayoreos en aislamiento sobreviven en el monte chaqueño ante la deforestación, los megaincendios y el avance agrícola-ganadero. Bolivia y Paraguay deben tomar medidas para asegurar su protección.
En marzo de 2021 se creó la reserva a favor de los pueblos en aislamiento de la Amazonía norte del Perú, luego de 18 años de su solicitud. Los intereses económicos dilataron el proceso afectando a los pueblos indígenas.
La Amazonía brasileña es la región con mayor cantidad de pueblos en aislamiento y contacto inicial del mundo. Sus modos de vida y territorios están amenazados. La situación empeoró con Bolsonaro y la pandemia.
Los avances en la defensa de sus derechos adoptados por el Estado hace 14 años no se tradujeron en una protección efectiva, ya que ha primado el extractivismo. Las promesas sucumben ante la “esquizofrenia” del Estado.
La tragedia del pueblo Nükak por el contacto forzado por misioneros evangelistas, llevó a que el Estado constituyera el Parque Nacional Río Puré. Hoy, está amenazado por la minería ilegal, las madereras y el narcotráfico.
La implementación de la Ley N° 28736 para su protección es una gota de agua en medio del desierto. La creación de reservas y el correcto tratamiento de las políticas parece ser la oportunidad para consagrar estos derechos.
La elección de constituyentes reflejó un vuelco en la historia política del país. A los 21 escaños indígenas, se suma la paridad género. Las fuerzas conservadoras no alcanzaron el tercio para vetar los acuerdos.
La protesta irrumpió en centenares de ciudades y pueblos de forma anónima y pacífica. Los jóvenes son los portavoces del malestar general de un país asolado por un gobierno que se desmarcó de la democracia.
La desigualdad racial, heredada de la esclavización y el colonialismo, creció al calor del conflicto armado. Frente a la pandemia, la discriminación y el maltrato social, el paro es un espacio para expresar la indignación.
Las y los fotoperiodistas están en la primera línea de las protestas registrando la acción colectiva y la represión de las fuerzas de seguridad. El fotógrafo Manuel Rodríguez recorrió las manifestaciones en Bogotá.
La victoria en la primera vuelta de Pedro Castillo sorprendió al país y la región. El maestro rural supo representar la identidad indígena y campesina, al mismo tiempo que personificó el discurso de cambio.
Sandra Liliana Peña fue asesinada por su decisión de sacar a los grupos armados legales e ilegales, y acabar con los cultivos ilícitos. El Gobierno Nacional no toma medidas para hacer respetar los Acuerdos de Paz.
Con el objetivo de enfrentar el Covid-19, el Gobierno de Formosa tomó medidas que afectan a las mujeres indígenas en gestación: son llevadas sin su consentimiento a parir lejos de sus hogares y comunidades.
Las mujeres indígenas organizadas nos hemos preguntado por qué unas muertes son más visibles que otras. ¿Quién define qué cuerpos importan? Es momento de comenzar a hablar de las violencias hacia nosotras.
La minería del carbón destruye la selva congelada de Siberia y afecta la subsistencia del pueblo shor. Quienes se enfrentan al gobierno y las empresas reciben amenazas y hostigamiento hacia sus familias.
El proceso penal que enfrentó Reina Maraz, una mujer migrante boliviana, evidencia una urgencia del sistema judicial argentino: formar a los funcionarios judiciales en perspectiva de género e interculturalidad.
Las mujeres indígenas representan el 34% del total de reclusas. Como si fuera poco, el sistema de protección social separa a los niños aborígenes de sus familias y cultura, actuando como un mecanismo de asimilación forzada.
El racismo y el patriarcado plantean profundos desafíos a las cárceles guatemaltecas. El sistema penal refleja la discriminación que viven las mujeres originarias por ser mujeres, indígenas y pobres.
Rachel Mariano y Betty Belén, dos defensoras de derechos humanos, comparten sus historias de encarcelamiento bajo acusaciones y pruebas falsas. La causa de la persecución es clara: defienden sus territorios ancestrales.
Las estadísticas oficiales encubren que la mayor parte de la población penitenciaria es de ascendencia indígena y africana afectada por procesos de racismo, despojo y desplazamiento masivo hacia las ciudades.
En el mundo, poco se sabe de la situación política en la India. Con un régimen conservador que considera delito de sedición a la protesta social, el Estado persigue a pueblos indígenas y defensores de derechos humanos.
En medio de la crisis climática, las personas que defienden al medio ambiente son perseguidas por ejercer su derecho a la protesta social. Como guardianes de la naturaleza, los pueblos indígenas son los más perjudicados.
Desde mayo de 2020, Francisco Cali Tzay es el nuevo Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La lucha contra el cambio climático puede ser neutralizada por las condiciones en que se desarrolla la transición hacia las energías limpias. La Guajira es un ejemplo muy ilustrativo.
En la Autonomía de Charagua Iyambae, más de 25 jóvenes guaraníes se forman en las herramientas y la gestión de sus propios medios de comunicación.
Los resultados del plebiscito del 25 de octubre pasado fueron contundentes. Cuatro de cada cinco ciudadanos y ciudadanas se pronunciaron a favor de que Chile tenga una nueva Constitución Política.
Desde mayo de 2020, Francisco Cali Tzay es el nuevo Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El 9 de noviembre, el Congreso aprobó la vacancia al Presidente Martín Vizcarra abriendo una profunda crisis política e inestabilidad institucional. En solo una semana, hubo tres presidentes y se registraron las mayores movilizaciones de la historia peruana.
