Esmeralda Arosemena de Troitiño se retira de la CIDH. La abogada fue electa en 2016, Presidenta en 2019 y Vicepresidenta entre 2022 y 2023. Además, es Relatora para Pueblos Indígenas, Niñas, Niños y Adolescentes, así como Relatora para México, Guatemala, Nicaragua y Venezuela.
Los incendios afectaron los territorios indígenas y las áreas protegidas y también las fuentes de alimentación, el acceso al agua potable y hasta viviendas. Ahora, las comunidades saben que los incendios serán una nueva excusa para avanzar sobre sus territorios.
Costa Rica es reconocido como un país democrático entre el concierto de inestabilidad latinoamericano. En este marco, los tres poderes del Estado han tomado una serie de iniciativas que marcan un avance en el reconocimiento de derechos de la población afrodescendiente.
Yolanda Camacho es afromexicana y mixteca de Oaxaca. Es cofundadora de la Colectiva Ña'a Tunda y organizadora los Encuentros de Mujeres de los Pueblos Negros. Yolanda habla de la necesidad del reconocimiento de los pueblos negros y del vínculo con los indígenas.
La historia de las Américas fue moldeada por la introducción masiva de africanos en condición de esclavos. El pueblo afrodescendiente posee una rica herencia y diversas epistemologías que, al ser reinterpretadas en la diáspora, les permitieron establecer sus propios principios.
Las tierras de los afrocolombianos vienen siendo muy codiciadas por las industrias extractivas, lo cual atrajo a grupos armados ilegales. En este marco, la construcción de la interculturalidad y de los diálogos interétnicos son una forma de resistencia frente al despojo.
Nacidas al calor de la conquista y el tráfico de esclavos, las comunidades negras de América han desarrollado prácticas culturales propias. Tras los adelantos en las jurisprudencias nacionales, ahora es el turno de que la normativa internacional reconozca el avance de sus derechos colectivos.
Rosy Castro Salinas, lideresa de Charco Redondo (Oaxaca), es consejera de la Comisión Nacional contra la Discriminación e integra la Alianza de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes. Además, coordina el Foro de Mujeres Lideresas Indígenas, Afromexicanas, Mestizas, Pescadoras, Rurales.
Pese a los logros del Estado Plurinacional, el racismo persiste en Bolivia y la participación de los afrobolivianos en la política nacional no avanzó. Mientras, las mujeres afrobolivianas sufren la discriminación interseccional que agrava sus condiciones de vida.
Sally Ann García Taylor es una mujer raizal, estudió Ciencias Políticas y Gobierno en la Universidad del Rosario, realizó un Máster en estudios del Caribe y es Doctora en Ciencias Sociales. Actualmente, se desempeña como subdirectora en el Ministerio de Prosperidad Social de Colombia.
Los creoles luchan por la demarcación, la titulación y el saneamiento de sus tierras ancestrales. Además, buscan condiciones igualitarias a las de otras comunidades indígenas y afrodescendientes. Mientras, las actividades extractivas se expanden en sus tierras.
Si bien los mineros son señalados como los responsables de la depredación de los bosques, la fiebre del oro no existiría sin el consumo suntuoso, los bancos centrales y los especuladores. Mientras, en Brasil y Venezuela, la minería amenaza la vida de los indígenas.
El destacado antropólogo peruano dedica su vida a la Amazonía y los pueblos indígenas. Alberto posee una trayectoría que reúne diversos momentos que han marcado las transformaciones de su país, de la antropología y del movimiento indígena amazónico.
En las últimas décadas, los conflictos por la reivindicación de las tierras ancestrales mapuche se han agudizado en el país. Por eso, la Comisión se presenta como una posibilidad para abrir un diálogo social, determinar la demanda real de tierras y proponer mecanismos para lograr la paz.
Sin respetar los derechos al territorio del pueblo Kali'na, el Estado francés cedió las tierras a la corporación HDF Energy y movilizó un gran número de gendarmes. Los guerreros de la aldea de Atopo W+P+ mantienen una fuerte oposición y abogan por la reubicación del proyecto.
En 2006, Blackfire adquirió la concesión para la explotación de barita, pero violó la normativa y el derecho a la consulta previa, libre e informada de los indígenas. Tras el asesinato de un refente de la lucha, el gobierno del Estado la clausuró, pero el crimen organizado busca reactivarla.
Desde mediados del siglo XX, las áreas protegidas se expandieron por todo el planeta. Su extensión coincidió en un 50 por ciento con el de los territorios ancestrales. Sin embargo, se impuso el “modelo Yellowstone” que no tiene en cuenta que en esas tierras habitan pueblos indígenas.
Bajo una máscara verde, las ONG ambientalistas continúan el legado de opresión. La estrategia radica en apropiarse de nuestros territorios para vender bonos de carbono. Frente a esta nueva avanzada, la solución es apostar a la sociedad comunitaria del Sumak Kawsay.
El movimiento ambiental tardó en comprender el rol de los pueblos indígenas para la protección de la naturaleza. En Bolivia, los guaraníes crearon áreas protegidas bajo normas propias, mientras que cinco pueblos amazónicos conformaron un área de conservación rica en biodiversidad.
El ambientalismo y el Estado peruano no terminan de reconocer el papel que juegan los indígenas en la protección de la biodiversidad. La Nación Wampís busca implementar un sistema de control territorial basado en las enseñanzas tradicionales y los “bionegocios sostenibles”.
La conservación de la biodiversidad ha transitado un camino evolutivo, desde un enfoque centrado en la protección de la fauna silvestre a la alianza con comunidades. En Bolivia, la cooperación imprescindible con la Gestión Territorial Indígena converge en el Paisaje Madidi.
En África, el modelo de “conservación de fortaleza” avanza sobre las tierras indígenas y vulnera sus derechos. Un caso muy claro es el del pueblo Maasai, en cuyo territorio el Gobierno quiere crear un área de conservación para la caza deportiva destinada al turismo de lujo.
Las prácticas ancestrales indígenas usan métodos de extracción que respetan la naturaleza y fortalecen a la comunidad. La política minera de los últimos años permitió la proliferación de grandes mineras que degradan el ambiente y afectan la vida y el trabajo de los indígenas.
Tras más de una década de lucha, el Territorio Indígena Multiétnico (TIM) alcanzó su autonomía. Conformado por cinco pueblos indígenas, este territorio de la Amazonía boliviana eligió a sus autoridades. En este marco, Alfredo Matareco Maza fue elegido como el primer Cacique del autogobierno.
Rosalía Matene Mosúa participó de la primera elección del Cacique de la Autonomía del Territorio Indígena Multiétnico ubicado en Bolivia. Como Vicepresidenta de la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígenas Originarios Campesinos analiza este histórico momento.
La lucha de los pueblos indígenas por sus derechos territoriales ha incrementado los actos de violencia de parte de los colonos que los invaden. La Masacre de Alal y el ataque a los trabajadores de la mina Kiwakumbaih son los dos actos más emblemáticos.
En las últimas décadas, el país asiático promovió la minería aurífera y varias comunidades indígenas se vieron forzadas a abandonar sus tierras y sus formas de vida tradicionales. Desde 2015 hasta 2021, el Servicio Geológico de la India encontró y exploró 17 bloques de oro.
La crisis económica lleva a que miles de venezolanos migren al Amazonas para trabajar en minas ilegales de oro. A la deforestación y la contaminación de los ríos con mercurio, se suma la amenaza de ecocidio sobre cientas de comunidades indígenas.
Patricia Tobón Yagarí, del pueblo Embera Chambí, es la Directora de la Unidad para las Víctimas del conflicto armado interno. La abogada y especialista en derecho constitucional advierte que hay un gran rezago con las víctimas de las comunidades étnicas.
El Congreso aprobó el dictamen de un proyecto de ley que habilita a Perupetro a adjudicarse los lotes petroleros ubicados en el mar y la Amazonía. Mientras tanto, 6000 impactos ambientales siguen sin recibir atención para remediar la contaminación.
La activista de derechos indígenas y curadora en el Museo Iziko de Sudáfrica resalta la importancia de crear conciencia y fomentar la discusión acerca de la colección de restos humanos en museos y la repatriación a sus comunidades de origen.
Recientemente, la CIDH eligió a sus nuevos comisionados y aceptó la renovación de Stuardo Ralón. Sin embargo, el abogado guatemalteco ha recibido serias críticas de la sociedad civil por no ser respetuoso de los derechos humanos.
Alrededor de 12 comunidades tsimane se encuentran en peligro de extinción por la invasión de colonizadores y la deforestación. Mientras son despojados de sus tierras, tienen dificultades para acceder a la justicia.
Lola García-Alix, asesora principal de IWGIA, explica que el encuentro es una caja de resonancia en la comunidad internacional y un instrumento de los pueblos indígenas para que los Estados respeten sus derechos.
Jueces agroambientales y autoridades indígenas se reunieron para discutir los mecanismos para el ejercicio de la justicia. El debate giró en torno a la deforestación, la contaminación de ríos y la disputa de tierras entre campesinos e indígenas.
Las desapariciones forzadas y las ejecuciones políticas a mapuche durante la última dictadura deben enmarcarse como un continuum de la violencia colonial. A pesar del dolor, sus familias luchan por la verdad y la justicia.
La perspectiva de los enlhet sobre la guerra (1932-1935), la llegada de colonos menonitas y la epidemia de viruela es radicalmente diferente a la narrativa oficial. Esta historia fue plasmada en dos libros de Hannes Kalisch y Ernesto Unruh.
La expropiación de los territorios en manos de colonos pone en riesgo la vida, el sustento y la cultura mayangna. Aunque el Gobierno llama a una convivencia pacífica entre indígenas y colonos, sus formas de vida son incompatibles.
Es necesario hablar de las prácticas genocidas y desarrollar políticas de reparación. Pero también hay que asegurar lo esencial para que los pueblos indígenas puedan florecer. Los discursos de desprecio llegaron para quedarse.
El pueblo de la Amazonía brasileña perdió la tranquilidad que le brindaba la selva. La minería ilegal del oro afecta su vida social, su cultura y su bienestar. Lula prometió que la minería ilegal no existirá más, pero el pasado siguen repitiéndose.
Con la llegada de la hidroeléctrica, este pueblo del Noreste brasileño que habitaba el Río Operá fue desplazado por la fuerza a un territorio sin río. El autor se pregunta cuál es la compensación por haberles quitado una parte de su vida.
Para resistir al “desarrollo”, los últimos seis integrantes de estos pueblos indígenas debieron establecer relaciones interétnicas. Los akuntsú aportaron sus conocimientos en agricultura silvestre y los kanoé sus habilidades para la caza.
El plan de exterminio se ha reconfigurado una y otra vez para adaptarse a los distintos contextos del país. Recientemente, la políticas de Bolsonaro y la pandemia han vuelto a poner en debate la necesidad de descolonizar el delito de genocidio.
Un nuevo fallo judicial ha reducido su territorio y obligó a los sobrevivientes Ãwa a vivir en áreas inundables y sin acceso al río Javaés. El conflicto se complejiza aún más por un asentamiento de familias campesinas creado en los ‘90.
Esese era una niña cuando su familia fue capturada durante los ‘60. Hoy es la última sobreviviente del pueblo Karara. Su destino estuvo marcado por el caucho, la caza furtiva, la minería de hierro, las hidroeléctricas y la malaria.
Argentina cuenta con una de las colecciones más importantes de América Latina. La mayoría de los restos que se encuentran en museos provienen de tehuelches y mapuches víctimas de la denominada “Conquista del Desierto”.
Luego de la anexión de las islas Ryukyu en 1879, los antropólogos japoneses profanaron tumbas y robaron restos humanos de la población. El saqueo ha dañado las prácticas funerarias, el mundo espiritual y la dignidad de los pueblos.
Entre los siglos XVIII y XIX, los viajeros y militares que llegaron a las costas de este país profanaron sitios sagrados y sustrajeron una gran cantidad de restos humanos. Hasta el momento, ya se han restituido más de 700 ancestros.
Tras el asesinato de su familia, Kryýgi fue enviada como criada a la Argentina desde Paraguay. Al morir, su cuerpo fue vejado por la ciencia pero los aché lograron restituirlo desde el Museo de La Plata y una universidad alemana.
Para acompañar la construcción de Japón como un imperio poderoso, se realizaron investigaciones de restos de los ainus y otras minorías étnicas. Luego de años de lucha y reclamos judiciales, los restos comenzaron a ser devueltos a sus pueblos.
El proyecto financiado por el Fondo Verde para el Clima podría exponer a los indígenas a elevados niveles de violencia, desplazamiento de sus tierras e incentivar la destrucción climática. Los países con representación en el FVC deben frenarlo.
El pueblo amazónico se encuentra afectado por la expansión de la frontera petrolera, el monocultivo de palma africana, la invasión de colonos, los desplazamientos forzados y la contaminación de sus fuentes de alimentación.
El gobierno implementa políticas de asimilación, no lleva a cabo la consulta previa ni respeta los territorios. A su vez, el estado de sitio es el método recurrente para reprimir la protesta social y el “pacto de corruptos” consolida la impunidad.
En 1990, indígenas de las Tierras Bajas protagonizaron la Marcha por el Territorio y la Dignidad para reclamar por sus derechos. Tras 12 años de burocracia, el TIM está a pocos pasos de la constitución formal de su gobierno autonómico.
Desde que Dina Boluarte llegó al poder, la violencia no cesa. Mientras el Gobierno intenta deslegitimar las protestas acusando a los manifestantes de terrorismo, la organización colectiva gana poder sin un liderazgo concreto.
Tras cuatro años de vaciamiento de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas, su nueva presidenta afirma que la institución debe demarcar los territorios, indemnizar a los afectados y fiscalizar el respeto de los derechos indígenas.
Los pueblos aymaras, chancas, quechuas, ashaninkas y awajún resisten la violencia institucional. Mientras no se adelanten las elecciones y se convoque a una Asamblea Constituyente, el pueblo seguirá en las calles.
Si bien desde 2003 el Estado cuenta con una ley que regula el saneamiento, en la mayoría de los territorios titulados esta etapa no se termina de concretar y las personas ajenas a las comunidades continúan asentadas en las tierras indígenas.
Reninmer Huiñapi Cardenas, de la comunidad de Inchiyacu, fue elegido por voto popular. “Vamos a defender nuestro territorio y consolidar el gran sueño de que se reconozca al territorio integral”, sentenció el flamante líder.
Como parte de una tendencia internacional, el autogobierno consolida a la plurinacionalidad, la autodeterminación y el Buen Vivir como principios fundamentales de acción política en todos los movimientos indígenas de la región.
El Estado debe ser consciente de que la lucha por la garantía de nuestros derechos no debe interpretarse como una búsqueda de privilegios, sino como una deuda histórica y la restitución de los derechos usurpados.
La dirigenta waorani participó del Examen Periódico Universal (EPU) en Ginebra y explicó que este instrumento le permite a los pueblos indígenas dar a conocer su realidad y los atropellos que sufren en el territorio.
El presidente de la organización Cordillera Peoples Alliance advirtió que el gobierno no ha cumplido con las recomendaciones que se han realizado anteriormente. A su vez, lamenta que los pueblos indígenas no puedan hablar a nivel oficial.
El abogado del pueblo Marubo narra la violencia que se vive en el noroeste de la Amazonía brasileña y explica los mecanismos de protección desarrollados en los territorios indígenas frente a la ausencia del Estado en los últimos años.
Considerando sus costumbres y su derecho propio, se aplican sanciones distintas al encarcelamiento. Si bien debería existir igualdad de jerarquías, la justicia ordinaria limita las competencias de las autoridades indígenas.
El pueblo de la Amazonía peruana tiene la meta de construir una justicia autónoma e intercultural que reincorpore el derecho consuetudinario y las sanciones dialogadas que aplicaban los sabios y los ancianos.
La ley promueve la cooperación entre las justicias ordinaria, indígena y agroambiental. A pesar de que existe un amplio marco normativo, aún existen muchos obstáculos para el ejercicio y el respeto del derecho indígena.
Eliel Castillo, líder del pueblo Wayúu, explica cómo las comunidades son afectadas por los parques eólicos en La Guajira. Además, cuenta cómo conciben la práctica del palabreo, el autogobierno y el vínculo con el territorio.
Si bien Bolivia reconoce los derechos indígenas, la mayoría de las leyes posee palabras técnicas que dificultan su comprensión. En paralelo, faltan intérpretes y peritos que acompañen a los indígenas en los procesos judiciales.
La promesa de una Constitución de avanzada se vio frustrada por el rechazo de dos tercios de los chilenos. Elitismo, falta de trabajo territorial y, baja popularidad de los constituyentes y el gobierno asoman como razones de la derrota.
Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas permiten identificar las prioridades políticas y el nivel de reconocimiento otorgado a los pueblos indígenas. Sin embargo, la realidad demuestra que su participación aún es insuficiente.
A pesar de que la Corte Suprema de Noruega falló a favor de los pastores de renos Sámi y en contra de los parques eólicos de Fosen Vind, el gobierno no protege los derechos indígenas ni asegura una transición energética justa.
Las comunidades se encuentran entre los grupos más perjudicados por el cambio climático, la afectación a sus ecosistemas y las pérdidas culturales. Frente a la injusticia climática, reclaman el respeto a su autodeterminación.
Los Masai, Barbaig, Hadzabe y Akiyie son víctimas de la contaminación generada por la actividad económica. Mientras sufren la sequía y el hambre, los pastores indígenas protegen la naturaleza gracias a su conocimiento ancestral.
Con la participación de siete organizaciones indígenas nacionales y 8.000 asistentes, se consensuó un documento para ser presentado al nuevo gobierno. El pensamiento ancestral y el diálogo fueron los ejes transversales.
La lideresa del pueblo Arhuaco será la primera indígena en ser Embajadora ante las Naciones Unidas. Leonor considera que los pueblos indígenas pueden aportar al país su experiencia de construir soluciones a través del diálogo.
La elección de Petro y Márquez marca un hito en la historia del país. Pero la esperanza que hoy inunda a los colombianos atravesó muchas adversidades, que fueron el motor de una movilización popular que logró blindar el triunfo.
Asdrúbal Plaza, originario yanacona, lleva más de 40 años vinculado al movimiento indígena. De su trayectoria, se destaca el acompañamiento a procesos de recuperación de saberes ancestrales ambientales con los tewalas nasa.
La gobernadora del cabildo del resguardo indígena de Guambia, Mama Luz Dary Aranda Morales, manifiesta que el movimiento indígena debe apoyar al nuevo gobierno de Colombia, el cual se enfrenta a enormes desafíos.
Norman Bañol Álvarez es uno de los elegidos por la circunscripción especial indígena para la Cámara de Representantes. Ha sido fundador del partido MAIS, grupo político que hace parte del Pacto Histórico encabezado por Gustavo Petro.
Originaria del pueblo Pijao, Albeniz Ferreira Tique trabajó siempre en una búsqueda de lo propio y atendiendo la guía espiritual de las autoridades. Recientemente, hizo parte del proceso del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz.
En territorio awajún, la actividad de las dragas y el uso del mercurio contaminan el río y el agua ya no es apta para el consumo humano. Sin embargo, los habitantes se alimentan del pescado, lo cual afecta a su salud.
Frente al trauma que dejó el conflicto armado, el “vivir sabroso” ofrece una nueva visión de vida para el país. Este sentipensar de los indígenas y afrodescendientes ayuda a replantear la narrativa sobre cómo imaginamos la nación.
El Acta por la Paz marcó una tregua, pero el ambiente político no logra tranquilizarse y la sociedad está expectante del cumplimiento de las demandas acordadas. Los indígenas no volverán a dialogar si el Gobierno no cumple.
En la sesión preparatoria para el VII Foro Regional de las Naciones Unidas, los líderes indígenas compartieron sus experiencias de resistencia frente a los impactos negativos del extractivismo en sus territorios.
La asociación Diálogo y Movimiento creó el Diplomado de Formación de Intérpretes en Lenguas Indígenas para mejorar el acceso a la justicia. La capacitación evita las dificultades de los indígenas en conflicto con la ley penal.
La activista por los derechos indígenas y ambientales e integrante del pueblo Khoikhoi explica las consecuencias del colonialismo en su país y cómo se forzó a los indígenas a asumir una identidad mestiza.
Las mujeres indígenas enfrentan altos niveles de violencia debido a la colonización, el racismo, el patriarcado y la doble discriminación. Lejos de ser vistas solamente como víctimas, deben ser consideradas impulsoras cruciales del cambio.
La normativa habilita la creación de grupos armados que podrían ser usados por las economías extractivas o ilegales para reprimir a la población. Además, la ley no fue sometida a consulta y viola la autonomía indígena.
Como guardianas de la selva y los conocimientos ancestrales, sus modos de producción están en armonía con la naturaleza. Luchan por garantizar el acceso a la salud, la educación y el carnet de identidad de sus hijos, su principal inspiración.
El sureste de México está atravesado por la pobreza extrema y las economías criminales. La colectiva Fases de la Luna impulsa procesos de formación política para erradicar la violencia contra las mujeres y promover las autonomías.
La Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador convocó un paro nacional por el alza general de precios y de los combustibles. Las organizaciones reclaman por el desempleo, la inseguridad y la educación pública.
El asesinato de un periodista británico y un defensor indígena en Brasil, y el crimen de dos sacerdotes jesuitas en México volvieron a encender las alarmas sobre el narcotráfico y las economías ilegales en Latinoamérica.
Mientras el agronegocio, las madereras y la minería ilegal buscan lucrar con sus recursos naturales, la Fundación Nacional del Indio es el agente activo de una estrategia de exposición al contacto con personas ajenas al territorio.
La espiral de violencia sobre sus territorios y los desplazamientos forzados permiten hablar de un exterminio deliberado como estrategia de apropiación de sus recursos para el extractivismo y el narcotráfico bajo la complicidad del Estado.
Después de 98 años, el Juicio por la verdad reconoció la responsabilidad del Estado argentino en los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre como crímenes de lesa humanidad en un proceso de genocidio.
Aún existen unas 30 aldeas con menos de 1.000 habitantes. Ante la amenaza del desarrollo industrial intensivo, los izhoras se mantienen fuertes gracias a sus tradiciones ancestrales, la música folklórica y la defensa de sus territorios.
Como nunca antes, los líderes y lideresas se unieron para realizar una demostración de fuerza contra las políticas anti-indígenas y genocidas de Bolsonaro. Los pueblos indígenas quieren ser protagonistas de un nuevo modelo de desarrollo.
La crisis no es nueva. Pareciera que hemos tocado fondo, pero el desgobierno se potencia. Tras cinco presidentes en cinco años, en Perú lo único permanente son la represión y un modelo basado en la explotación de materias primas.
El control de la sociedad no se ha reflejado en la explotación de los yacimientos del Salar de Uyuni. A pesar de ser un derecho constitucional, la consulta previa nunca se implementó y el Gobierno del MAS no promueve el diálogo.
La campaña Acción Indígena frente al Cambio Climático busca visibilizar que los pueblos ancestrales protegen la cobertura boscosa de sus territorios de los incendios y la deforestación, y vigilan que no se contaminen sus ríos y lagunas.
Las críticas a la narrativa oficial en el sistema educativo generó un cambio de paradigma: visibilizó el destino de los sobrevivientes y la historia oral de los indígenas, y permitió pensar el país desde una mirada intercultural.
El país asiático se ha convertido en productor de Yaba, una droga sintética que se vende en forma de pastillas rojas. Mientras el narcotráfico se expande hacia el negocio inmobiliario, aumenta la criminalidad y el consumo entre los jóvenes.
El crimen organizado presiona a las comunidades para que cultiven amapola y marihuana. La estrategia de “combate contra el narcotráfico” militariza los territorios y despoja a los pueblos indígenas de sus recursos naturales.
La nación maya Máasewáal supo vivir épocas de abundancia. Sin embargo, el Estado y el turismo masivo nos convirtió en mano de obra barata. El arribo de turistas transformó a Cancún y Tulum en un mercado para el narcomenudeo.
A través de la violencia, los grupos armados aumentan los cultivos ilegales de hoja de coca, marihuana y amapola. La afectación del tejido social perjudica el desarrollo sostenible, la vida en armonía y la cultura de la solidaridad.
La expansión del narcotráfico en los territorios indígenas provoca la descomposición social de las comunidades. Bolivia se ha convertido en refinador de cocaína, productor de marihuana y país de tránsito hacia mercados vecinos.
La normalización de la violencia se agrava por la penetración de los carteles de drogas en las estructuras del Estado. Los pueblos indígenas sufren los desplazamientos forzados y, la criminalización de los policías y militares.
La elección de la mapuche Elisa Loncón como Presidenta de la Convención evidenció el protagonismo indígena en la redacción de la nueva Constitución. A su vez, la victoria de Boric significó un mayor respaldo institucional.
Tras el llamado de Boric a una solución pacífica, las organizaciones mapuche más radicales, los formadores de opinión y un grupo de diputados rechazó una negociación. La experiencia de otros países sugiere que la paz es posible.
Tras 130 años de incumplimiento del Acuerdo de Voluntades, el proceso constituyente abre una puerta de esperanza para que los rapa nui logren su derecho a la libre determinación y que el Estado se convierta en un “amigo del lugar”.
La comunicación desde una perspectiva indígena está ausente en Chile. La democratización de un ecosistema mediático concentrado debe visibilizar que los originarios tienen el derecho a generar sus propios contenidos culturales.
La nueva Constitución establecerá los lineamientos del Chile de los próximos 50 años. Por eso, los constituyentes indígenas promueven un debate político que incluya la autonomía territorial y el pluralismo jurídico.
Desde un enfoque intercultural, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe sobre diversas experiencias de autodeterminación en América y, testimonios de indígenas, expertos, ONG y Estados.
La publicación “Autonomías y autogobierno en la América diversa” piensa las autonomías territoriales indígenas como un ejercicio de libre determinación y, analiza sus orígenes y dinámicas en las últimas dos décadas.
Las luchas por los procesos autonómicos han cobrado protagonismo. Sin embargo, enfrentan la fragmentación del movimiento indígena y el prejuicio de los Estados por una supuesta afectación a la unidad nacional.
Los adivasi representan el 10% de la población y, resisten el avasallamiento de sus territorios y recursos en nombre del desarrollo. Su particular metodología de protesta se basa en levantar grandes rocas con mensajes.
La situación política siempre ha sido volátil en los países asiáticos, haciéndolos vulnerables a la violación de los derechos humanos. Reconocer la autodeterminación de los indígenas es fundamental para fortalecer las democracias.
Por la falta de agua potable, el extractivismo y la crisis humanitaria, los wayúu sobreviven al despojo y la inseguridad alimentaria. Además, se suma la violencia por la militarización, los grupos paramilitares y el narcotráfico.
La transmigración es muy común para los pueblos de Huehuetenango. Actualmente, el pueblo acateko mantiene viva su cultura a lo largo de tres países y las fiestas son un espacio para reencontrarse con su identidad.
La movilidad era característica de los antiguos nivaĉle, que fue transformada, junto a su identidad, ante la creación de los Estados de Argentina, Paraguay y Bolivia. Aún resisten al imaginario sobre su condición de extranjería.
La historia de la comunidad de Quilloac se entreteje con la de la ex hacienda Guántug. Mientras la hacienda se constituyó desde el registro escrito, las comunidades acudieron a la historia oral como modo de resistencia.
La comunicadora alteña e indianista Quya Reyna realiza un paralelismo con la Guerra del Gas que en 2003 marcó su niñez y cuestiona las construcciones racistas que la sociedad blancoide utilizó para justificar las masacres.
En nombre del desarrollo, la minería aurífera destruye nuestro ambiente, afecta a los pulmones de la Madre Tierra y a los sonidos de los animales silvestres. El silencio nos rodea mientras luchamos por respirar.
Mientras se contaminan los ríos, escasean los animales silvestres y disminuyen los alimentos del bosque, la minería lleva a las comunidades a ser más dependientes del dinero. Los arakbut deben reconstruir su autonomía.
Además del impacto de la extracción de carbón, los shors se ven afectados por las mineras de oro que ocupan y contaminan sus tierras. Su estilo de vida, economía tradicional y alimentación están en peligro.
El avance sobre las tierras indígenas ha crecido durante el gobierno de Bolsonaro. Mientras en el Congreso hay varios proyectos que responden a las necesidades mineras, la amenaza de un genocidio está latente.
El uso de mercurio para amalgamar el metal precioso en el río Kaka, contaminan los cultivos, los peces y el agua. Aunque los riesgos son evidentes, no hay estudios sobre cómo son afectados y expuestos en su salud.
Lejos de desarrollar la complejidad de la disputa territorial, los medios construyen miradas racistas del conflicto y promueven la militarización. La pacificación no pasa por la represión, sino en más y mejor política.
Las heridas por el genocidio de 60.000 hereros y 10.000 namas aún no cierran. Tras un siglo de negacionismo, los gobiernos acordaron una compensación económica, pero los familiares de las víctimas no se sienten escuchados.
El genocidio de 1994 se cobró la vida de más de 800.000 tutsis, hutus moderados y twas. Pese a ser celebrado por la comunidad internacional, el proceso de reconciliación rechaza la identidad indígena alegando “divisionismo étnico”.
A casi 24 años de su firma, la falta de implementación alcanzó niveles alarmantes. A la presencia de militares y paramilitares, el pueblo Jumma de Chittagong Hill Tracts padece la usurpación de sus territorios.
Luego del conflicto armado interno, las esperanzas de los pueblos indígenas en los Acuerdos de Paz se desvanecieron ante la falta de compromiso del Estado. El despojo de territorios y el racismo aún persisten.
Artecampo celebró a las culturas cruceñas en su museo y jardines. Los artistas exhibieron sus tejidos, el tallado de madera, el trenzado de la palma de jipi japa, la confección de muñecas y el pintado de retablos.
Los jóvenes indígenas privados de su libertad conviven con la tristeza, la depresión y la injusticia. A la dureza de sus historias de vida, se suman la pérdida de contacto con sus familias, su cultura y su comunidad.
A pesar de sus riquezas naturales, las niñas y niños mueren de hambre y de sed. A las deudas históricas, se suman la explotación de las multinacionales, la falta de lluvias y la contaminación de los pozos de agua.
Los niños y niñas de Chin no tienen clases desde hace un año y medio. Mientras las FFAA usan las escuelas como bases militares, la comunidad educativa ve a la desobediencia civil como un mecanismo de resistencia.
A la espera de un referéndum para aprobar su estatuto autonómico, las comunidades buscan fortalecer la gestión de su territorio y sus recursos naturales amenazados por la caza ilegal y el tráfico de madera.
La explotación de petróleo afecta al ambiente, la salud y los modos de vida de los pueblos indígenas de Loreto que luchan para que se respete su derecho a la consulta por la contratación de un operador para el Lote 192.
Con un sesgo anticolonial y antipatriarcal, visitan comunidades que resisten a la destrucción de la naturaleza y al despojo. El EZLN estrecha lazos de solidaridad que permitan pensar otros mundos posibles.
Los jödi, yanomami y uwottüja en aislamiento se ven amenazados por las actividades extractivas y por la presencia de grupos ilegales. El Covid-19 agrava la situación ante vulnerabilidad epidemiológica e inmunológica.
Cerca de 150 ayoreos en aislamiento sobreviven en el monte chaqueño ante la deforestación, los megaincendios y el avance agrícola-ganadero. Bolivia y Paraguay deben tomar medidas para asegurar su protección.
En marzo de 2021 se creó la reserva a favor de los pueblos en aislamiento de la Amazonía norte del Perú, luego de 18 años de su solicitud. Los intereses económicos dilataron el proceso afectando a los pueblos indígenas.
La Amazonía brasileña es la región con mayor cantidad de pueblos en aislamiento y contacto inicial del mundo. Sus modos de vida y territorios están amenazados. La situación empeoró con Bolsonaro y la pandemia.
Los avances en la defensa de sus derechos adoptados por el Estado hace 14 años no se tradujeron en una protección efectiva, ya que ha primado el extractivismo. Las promesas sucumben ante la “esquizofrenia” del Estado.
La tragedia del pueblo Nükak por el contacto forzado por misioneros evangelistas, llevó a que el Estado constituyera el Parque Nacional Río Puré. Hoy, está amenazado por la minería ilegal, las madereras y el narcotráfico.
La implementación de la Ley N° 28736 para su protección es una gota de agua en medio del desierto. La creación de reservas y el correcto tratamiento de las políticas parece ser la oportunidad para consagrar estos derechos.
La elección de constituyentes reflejó un vuelco en la historia política del país. A los 21 escaños indígenas, se suma la paridad género. Las fuerzas conservadoras no alcanzaron el tercio para vetar los acuerdos.
La protesta irrumpió en centenares de ciudades y pueblos de forma anónima y pacífica. Los jóvenes son los portavoces del malestar general de un país asolado por un gobierno que se desmarcó de la democracia.
La desigualdad racial, heredada de la esclavización y el colonialismo, creció al calor del conflicto armado. Frente a la pandemia, la discriminación y el maltrato social, el paro es un espacio para expresar la indignación.
Las y los fotoperiodistas están en la primera línea de las protestas registrando la acción colectiva y la represión de las fuerzas de seguridad. El fotógrafo Manuel Rodríguez recorrió las manifestaciones en Bogotá.
La victoria en la primera vuelta de Pedro Castillo sorprendió al país y la región. El maestro rural supo representar la identidad indígena y campesina, al mismo tiempo que personificó el discurso de cambio.
Sandra Liliana Peña fue asesinada por su decisión de sacar a los grupos armados legales e ilegales, y acabar con los cultivos ilícitos. El Gobierno Nacional no toma medidas para hacer respetar los Acuerdos de Paz.
Con el objetivo de enfrentar el Covid-19, el Gobierno de Formosa tomó medidas que afectan a las mujeres indígenas en gestación: son llevadas sin su consentimiento a parir lejos de sus hogares y comunidades.
Las mujeres indígenas organizadas nos hemos preguntado por qué unas muertes son más visibles que otras. ¿Quién define qué cuerpos importan? Es momento de comenzar a hablar de las violencias hacia nosotras.
La minería del carbón destruye la selva congelada de Siberia y afecta la subsistencia del pueblo shor. Quienes se enfrentan al gobierno y las empresas reciben amenazas y hostigamiento hacia sus familias.
El proceso penal que enfrentó Reina Maraz, una mujer migrante boliviana, evidencia una urgencia del sistema judicial argentino: formar a los funcionarios judiciales en perspectiva de género e interculturalidad.
Las mujeres indígenas representan el 34% del total de reclusas. Como si fuera poco, el sistema de protección social separa a los niños aborígenes de sus familias y cultura, actuando como un mecanismo de asimilación forzada.
El racismo y el patriarcado plantean profundos desafíos a las cárceles guatemaltecas. El sistema penal refleja la discriminación que viven las mujeres originarias por ser mujeres, indígenas y pobres.
Rachel Mariano y Betty Belén, dos defensoras de derechos humanos, comparten sus historias de encarcelamiento bajo acusaciones y pruebas falsas. La causa de la persecución es clara: defienden sus territorios ancestrales.
Las estadísticas oficiales encubren que la mayor parte de la población penitenciaria es de ascendencia indígena y africana afectada por procesos de racismo, despojo y desplazamiento masivo hacia las ciudades.
En el mundo, poco se sabe de la situación política en la India. Con un régimen conservador que considera delito de sedición a la protesta social, el Estado persigue a pueblos indígenas y defensores de derechos humanos.
En medio de la crisis climática, las personas que defienden al medio ambiente son perseguidas por ejercer su derecho a la protesta social. Como guardianes de la naturaleza, los pueblos indígenas son los más perjudicados.
Desde mayo de 2020, Francisco Cali Tzay es el nuevo Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La lucha contra el cambio climático puede ser neutralizada por las condiciones en que se desarrolla la transición hacia las energías limpias. La Guajira es un ejemplo muy ilustrativo.
En la Autonomía de Charagua Iyambae, más de 25 jóvenes guaraníes se forman en las herramientas y la gestión de sus propios medios de comunicación.
Los resultados del plebiscito del 25 de octubre pasado fueron contundentes. Cuatro de cada cinco ciudadanos y ciudadanas se pronunciaron a favor de que Chile tenga una nueva Constitución Política.
Desde mayo de 2020, Francisco Cali Tzay es el nuevo Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El 9 de noviembre, el Congreso aprobó la vacancia al Presidente Martín Vizcarra abriendo una profunda crisis política e inestabilidad institucional. En solo una semana, hubo tres presidentes y se registraron las mayores movilizaciones de la historia peruana.
