En un taller internacional realizado en la Amazonía ecuatoriana, líderes y lideresas indígenas de toda la región concluyeron que los mercados de carbono aparecen como una pieza clave para reconfigurar las formas de control, acceso y decisión sobre la naturaleza. El encuentro permitió contrastar experiencias, identificar riesgos y construir una lectura colectiva sobre esta realidad. El debate debe ir más allá de lo técnico para colocarse en el terreno de la historia y el despojo: están en juego sus territorios de vida, sus derechos y su autonomía.
En Puyo, Ecuador, tuvo lugar el Taller Internacional Derechos Indígenas y Mercados de Carbono, del 19 al 21 de febrero de 2026, que reunió a más de 80 líderes y lideresas de nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana. El evento también contó con exposiciones de representantes de Colombia, Bolivia, Perú, Brasil, Guatemala, Ecuador y Costa Rica, quienes coincidieron en una preocupación central: bajo el lenguaje y el paradigma de la conservación y el financiamiento climático, se están configurando nuevas formas de intervención y control sobre territorios indígenas.
A lo largo del taller, una idea se repitió con fuerza: los mercados de carbono no pueden entenderse de manera aislada, sino como parte de una historia de intervención en territorios indígenas. En consecuencia, las y los participantes trazaron una línea que conecta distintos momentos —la colonización, la explotación del caucho, la expansión petrolera y minera— con las actuales iniciativas climáticas. En estos procesos, los territorios son objeto de interés externo, sin que los pueblos que los habitan tengan control sobre las decisiones.

El nuevo rostro del extractivismo
Desde esta perspectiva, el carbono aparece como un nuevo elemento dentro de una lógica conocida. No se trata únicamente de conservar bosques o reducir emisiones, sino de quién define el uso del territorio y bajo qué condiciones. Está más que claro que estos mecanismos responden a intereses globales orientados a sostener los modelos económicos actuales, al permitir que empresas y corporaciones continúen desarrollando actividades contaminantes. A su vez, las corporaciones buscan compensar sus emisiones trasladando la responsabilidad hacia los Pueblos Indígenas que históricamente han conservado sus territorios ancestrales.
Las experiencias compartidas reforzaron esta lectura. Se mencionaron casos de proyectos de conservación que han implicado restricciones al uso ancestral del territorio, limitando prácticas tradicionales como la caza, la pesca o la recolección. En otros casos, la creación de áreas protegidas en territorios indígenas o proyectos de carbono se realizó sin procesos adecuados de consulta, generando conflictos que aún persisten. Además, estos proyectos evidencian que el discurso conservacionista puede funcionar como mecanismo de control.
El problema no es únicamente el mercado de carbono. El lenguaje cambia, pero las relaciones de poder se mantienen. Por eso, más allá de la discusión técnica, el tema fue abordado como una disputa política sobre territorio, autonomía y derechos.
El problema no es únicamente el instrumento del mercado de carbono. El lenguaje cambia, pero las relaciones de poder se mantienen.
Estos procesos no llegan de manera aislada, sino acompañados de narrativas que prometen beneficios económicos, desarrollo local o las (mal) llamadas “mejoras en la calidad de vida”, reducidas a salud y educación, derechos básicos que el Estado debería garantizar plenamente. Varias intervenciones recordaron que promesas similares han sido parte de la historia, especialmente en el contexto petrolero, donde los resultados no correspondieron con las expectativas generadas. Esta memoria colectiva permite interpretar las propuestas vinculadas al carbono en su contexto histórico.
En ese sentido, el problema no es únicamente el instrumento del mercado de carbono, sino la forma en que se inserta en territorios con historias de despojo. El lenguaje cambia, pero las relaciones de poder se mantienen. Por eso, más allá de la discusión técnica, el tema fue abordado como una disputa política sobre territorio, autonomía y derechos, en que los Pueblos Indígenas buscan evitar repetir experiencias del pasado.

Decisiones desiguales y conflictos internos
Otro eje fue el análisis de cómo se toman las decisiones en estos procesos, ya que existen profundas asimetrías entre los actores involucrados. Mientras empresas, ONG y gobiernos cuentan con información técnica, recursos económicos y respaldo institucional, las comunidades enfrentan estas dinámicas con menor acceso a la información y en condiciones marcadamente desiguales. En muchos casos, los actores externos llegan con propuestas previamente definidas, buscando acuerdos rápidos que no responden a los tiempos ni a los mecanismos de deliberación comunitaria. Con frecuencia, las negociaciones se canalizan sin pasar por procesos colectivos como las asambleas, lo que genera tensiones internas.
Uno de los aspectos más destacados fue la falta de información clara y accesible: las comunidades no siempre cuentan con los datos completos sobre los beneficios, compromisos e implicaciones a largo plazo de los proyectos de carbono. Esta situación incrementa los riesgos de tomar decisiones bajo presión o con información incompleta, debilitando la capacidad de los Pueblos Indígena para ejercer plenamente su derecho a la libre determinación.
Frente a este escenario, se coincidió en la importancia de la consulta previa, libre e informada, pero también en la necesidad de ir más allá de su aplicación formal. Para ello, se enfatizó en la necesidad de fortalecer los mecanismos propios de decisión.
Las decisiones se construyen fuera de los territorios y después se trasladan a las comunidades para obtener validación, muchas veces de manera fraudulenta.
El rol del Estado también fue objeto de cuestionamiento. Casos estudiados y registrados de países como Colombia y Bolivia mostraron que leyes y normativas estatales no garantizan procesos transparentes ni equitativos y, en ocasiones, el propio Estado impulsa estos mecanismos sin asegurar la participación efectiva de los Pueblos Indígenas. Esto evidencia que las decisiones se construyen fuera de los territorios y después se trasladan a las comunidades para obtener validación, muchas veces de manera fraudulenta.
Frente a este escenario, se destacó la importancia de la consulta previa, libre e informada, así como la necesidad de ir más allá de su aplicación formal. Para ello, se enfatizó en la necesidad de fortalecer los mecanismos propios de decisión, las asambleas comunitarias, los estatutos internos y los gobiernos territoriales, como espacios fundamentales para garantizar procesos realmente colectivos y evitar decisiones impuestas o fragmentadas.

Autonomía, memoria y propuestas propias
Las intervenciones coincidieron en un punto clave: las decisiones sobre el territorio no pueden quedar subordinadas a agendas externas. La autonomía y la libre determinación no son principios abstractos, sino condiciones concretas para decidir qué se acepta, qué se rechaza y bajo qué términos. Y la memoria histórica atraviesa esta posición. Las experiencias del petróleo y la minería, y las políticas de “conservación y desarrollo” han dejado huellas: promesas incumplidas, territorios afectados y vidas arrebatadas. Por eso, los mercados de carbono no se leen como oportunidades aisladas, sino como parte de una continuidad de intervenciones externas sobre los cuerpos y territorios indígenas.
Lejos de colocarse en una posición reactiva, líderes y lideresas indígenas afirmaron que existen alternativas ya en marcha: gestión comunitaria del bosque, formas propias de producción, medicina ancestral, turismo comunitario y sistemas de conocimiento. Estas alternativas no son discursos, sino prácticas vigentes que sostienen la vida en los territorios, las cuales deben fortalecerse, marcando así un horizonte distinto al de los esquemas de compensación promovidos desde fuera.
En esa línea, el taller no cerró únicamente con cuestionamientos, sino con una orientación clara: fortalecer las agendas propias. El énfasis está en consolidar procesos desde los territorios (organización, economía, comunicación y articulación política) que permitan sostener decisiones autónomas en el tiempo. Más que adaptarse a los mercados de carbono, la apuesta es afirmar un camino propio, donde el territorio no sea un activo negociable, sino la base de la vida colectiva.

Comunicación, articulación y disputa por la narrativa
A partir de los intercambios durante el taller, emergió la necesidad de disputar no sólo el territorio, sino también el relato sobre lo que ocurre en él. Los mercados de carbono no avanzan únicamente a través de acuerdos económicos o marcos legales, sino mediante narrativas que los presentan como las únicas soluciones frente a la inevitable crisis climática. En ese escenario, la comunicación se convierte en un campo estratégico dado que existe una brecha entre cómo se presentan estos proyectos en espacios internacionales y cómo se viven en los territorios. A nivel global se describen como mecanismos de conservación sostenible, pero en las comunidades se viven como procesos de incertidumbre, restricciones, conflictos y vulneraciones de derechos.
Esta diferencia refuerza la necesidad de que los Pueblos Indígenas construyan y difundan sus propias narrativas. En este sentido, se planteó la importancia de fortalecer redes de comunicación indígena que permitan compartir información, visibilizar experiencias y generar análisis desde los territorios. No solo para informar, sino para construir una voz propia frente a discursos que se imponen desde fuera. La comunicación se constituye en una herramienta para la defensa territorial y la incidencia política.
En conjunto, la disputa en torno a los mercados de carbono no es sólo material sino, sobre todo, simbólica y política. Se trata de quién define el problema, quién propone las soluciones y desde qué lugar se toman las decisiones.
La disputa en torno a los mercados de carbono es simbólica y política: quién define el problema, quién propone las soluciones y dónde se toman las decisiones.
La articulación entre pueblos fue otro aspecto clave, pues aunque los contextos nacionales son distintos, existen problemáticas regionales comunes que les atraviesan. Compartir experiencias, aprendizajes y estrategias permite fortalecer posiciones colectivas y evitar que los procesos se desarrollen de manera aislada. Esta articulación no se limita al ámbito local o nacional, sino que se proyecta hacia espacios internacionales donde se toman decisiones que afectan directamente a los territorios.
Asimismo, se destacó la importancia de identificar aliados y actores en este escenario ya que no todos tienen los mismos intereses. Así, contar con un mapeo permite tomar decisiones informadas, pues es fundamental reconocer aquellas fuerzas que buscan incorporar a los Pueblos Indígenas en agendas que no han sido construidas desde sus propias realidades. En conjunto, la disputa en torno a los mercados de carbono no es sólo material sino, sobre todo, simbólica y política. Se trata de quién define el problema, quién propone las soluciones y desde qué lugar se toman las decisiones. En ese escenario, la comunicación y la articulación son herramientas fundamentales para sostener procesos de resistencia y construcción de alternativas desde los territorios.

Un escenario en disputa: el futuro de los territorios
Lo que dejó el taller no es una conclusión cerrada, sino la confirmación de que se está configurando un nuevo escenario de disputa sobre los territorios indígenas. Los mercados de carbono aparecen como una pieza más dentro de una dinámica global, en que se reconfiguran las formas de control, acceso y decisión sobre la naturaleza. Ya no se trata únicamente de extracción directa, sino de mecanismos más complejos que operan a través de normas, certificaciones, financiamiento y discursos sobre el clima.
En ese contexto, los Pueblos Indígenas no sólo enfrentan un desafío técnico o económico, sino profundamente político. Están en juego sus territorios de vida, sus derechos, su autonomía. Las intervenciones dejaron claro que no existe una aceptación pasiva de estos procesos, sino una lectura crítica que identifica la reconfiguración de formas anteriores de despojo, aunque se presenten con nuevos lenguajes y justificaciones. Al mismo tiempo, el debate no quedó en el rechazo, sino que dio lugar a una reflexión sobre el sentido de qué significa cuidar el territorio, cómo se enfrenta la crisis climática y qué tipo de futuro se quiere construir.
Lo que está en juego no es sólo un mecanismo, sino el sentido mismo del territorio. Y en ese punto, el mensaje es claro: no hay negociación posible cuando se trata de la vida, la autodeterminación y la soberanía de los pueblos.
La crisis climática no se resuelve trasladando responsabilidades a quienes históricamente han cuidado los bosques.
Frente a una narrativa global que convierte los bosques en activos de mercado, se debe pensar desde otra perspectiva, donde el territorio no es un recurso, sino un espacio de vida, relación y comunidad. Ese contraste define el momento actual. Para quienes participaron en el encuentro, los mercados de carbono no representan una solución, sino una nueva forma de intervención sobre los territorios que bajo el lenguaje de conservación y acción climática, reconfiguran viejas lógicas de control que buscan decidir sobre espacios que no les pertenecen.
Ante este escenario, la posición es clara: los territorios no están en venta, ni pueden ser convertidos en instrumentos de compensación para sostener economías que siguen contaminando. La crisis climática no se resuelve trasladando responsabilidades a quienes históricamente han cuidado los bosques. Lo que está en juego no es sólo un mecanismo, sino el sentido mismo del territorio. Y en ese punto, el mensaje es claro: no hay negociación posible cuando se trata de la vida, la autodeterminación y la soberanía de los pueblos.
Pamela Troya es activista LGBTIQ+ y de derechos humanos, experta en incidencia política y vocera del Matrimonio Igualitario en Ecuador. Además, es Licenciada en Comunicación Organizacional (Universidad San Francisco de Quito) y Magíster en Comunicación y Marketing Político (Universidad Internacional de la Rioja).
Sara Gómez es licenciada en Comunicación Social y Magíster en Ecología Aplicada. Cuenta con un diplomado en Ecofeminismo y otro en Género, Diversidad e Inclusión. Es consultora internacional en temas de género, ambiente, interculturalidad y educación (educación popular y educomunicación) con enfoque en innovación social y gestión del conocimiento.