La desaparición forzada es una forma de tortura continuada que se empleó contra disidentes políticos y guerrilleros en los años sesenta y setenta, tanto en México como en otras regiones de Abya Yala. A partir de 2006, empezó a ser utilizada de forma generalizada por agentes armados legales e ilegales como estrategia de castigo, control territorial y terror, cuando el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) inició lo que coloquialmente se conoce como “guerra contra el narco”. Esta estrategia militarizó la sociedad, implicó una mayor circulación de armas en el país e, incorporó técnicas de tortura y de manejo de los cuerpos que los militares habían aprendido en el marco de los conflictos armados. 

Si bien fueron los gobiernos de derecha los que iniciaron la “guerra contra las drogas”, los gobiernos de centro izquierda de Andres Manuel López Obrador (2018-2024) y Claudia Sheimbaum (2024 – ) han dado continuidad a esta estrategia, dándole más poder e impunidad al ejército mexicano. A pesar de que la retórica utilizada por estos gobiernos ha puesto en el centro la lucha contra la desigualdad, los derechos de las mujeres, de las víctimas y los Pueblos Indígenas, en la práctica han continuado las políticas de militarización de la seguridad pública, de despojo y violación a los derechos humanos por parte cuerpos policiales, militares y migratorios. Esto denunciaron los colectivos de búsqueda en sus movilizaciones durante el Mundial de Fútbol. 

Más de 70.000 cuerpos sin identificar

Entre las demandas de este movimiento se encuentra la identificación de los más de 70.000 cuerpos que están bajo custodia estatal: en morgues, instituciones de servicios periciales, hospitales y fosas comunes de fiscalías. Si faltan 133.000 personas y el Estado tiene bajo su custodia los restos de 70.000 personas, las familias saben que muchos de sus seres queridos podrían estar esperando ser identificados para regresar a casa. La respuesta estatal a esta demanda ha sido que no se cuenta con los recursos económicos ni materiales para llevar adelante esta tarea. El entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se refirió a esta realidad como “la crisis forense mexicana”.

Sin embargo, el saldo de la organización de la Copa del Mundo habla por sí solo: no hay dinero para buscar e identificar a las personas desaparecidas, pero sí para invertir 1.323 millones de dólares en obras de infraestructura para hacer posible el Mundial de Fútbol. Ante esta realidad, los colectivos de familiares de personas desaparecidas tomaron las calles de las tres ciudades en donde se realizó el mundial al clamor de “México, campeón en desaparición”. Mientras las sedes mundialistas se llenaron de carteles que anunciaban que la pelota regresaba a casa, las familias exigían: “La pelota vuelve a casa, ¿nuestros desaparecidos cuándo?”. 

Violencias en territorios indígenas, despojos y desapariciones

En el contexto del Mundial de Fútbol, los colectivos de familiares de personas desaparecidas buscaban mostrar este otro rostro de los llamados gobiernos de la “Cuarta Transformación”: gobiernos de centro-izquierda que han continuado con políticas de muerte e impunidad y han posibilitado que, solo en los seis años de gobierno de López Obrador y los dos primeros años de Claudia Sheibaum, hayan desaparecido 67.000 personas. Si bien no tenemos la cifra exacta de cuántos de estos desaparecidos pertenecen a Pueblos Originarios, debido a que no se cuenta con datos desglosados por origen étnico, sí sabemos que las violencias extremas tienden a concentrarse en territorios pobres y racializados, donde habitan las comunidades.

Las historias de personas indígenas desaparecidas en Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Chihuahua dan cuenta de un continuum de violencias que incluye la violencia estructural, que antecede a la desaparición forzada y forma parte del agravio. El racismo contribuye a concentrar las desapariciones en las regiones más pobres y marginadas del país. La estructura colonial ubica a determinados cuerpos en ciertos territorios, que reciben menos recursos y menos atención en las políticas públicas. En una sociedad racista y racializada como la mexicana, la identidad indígena es un factor que duplica las posibilidades de sufrir violencias. La denuncia, la búsqueda y el acceso a la justicia se vuelven un desafío mayor cuando no se habla el español (y no se cuenta con traducción) y escasean los recursos para trasladarse a las ciudades en donde se encuentran las instituciones judiciales y de búsqueda.  

Esta es la otra cara del México mundialista que los colectivos de búsqueda decidieron mostrar que, en las inmediaciones de los estadios de fútbol, hay fosas clandestinas donde se ocultan los cuerpos de quienes nos hacen falta.

Esta es la otra cara del México mundialista: en las inmediaciones de los estadios de fútbol, hay fosas clandestinas donde se ocultan los cuerpos de quienes nos hacen falta.

Por eso, nos referimos a las múltiples ausencias de indígenas desaparecidos porque, además de su ausencia física en las comunidades de las que formaban parte, hasta hace poco había una falta de reconocimiento a su identidad étnica en estadísticas oficiales sobre la desaparición, además de un silencio sobre el fenómeno en las movilizaciones indígenas. Muchos de sus cuerpos han terminado en fosas comunes estatales sin que existan expedientes forenses que permitan a sus familiares encontrarlos. 

En paralelo a los miles de jóvenes indígenas anónimos que han sido reclutados de manera forzada por el crimen organizado y desaparecidos, o han sido asesinados por resistirse al reclutamiento, están las historias documentadas por organismos internacionales de 46 defensores indígenas del territorio que, desde 2019, han sido asesinados o desaparecidos por defender sus territorios del despojo por parte de proyectos mineros o desarrollistas. Esta es la otra cara del México mundialista que los colectivos de búsqueda decidieron mostrar al tomar las calles y recordar a los aficionados que, en las inmediaciones de los estadios de fútbol, hay fosas clandestinas donde se ocultan los cuerpos de quienes nos hacen falta. 

Los colectivos de familias buscadoras ante el Mundial

La Ciudad de México fue la encargada de acoger la ceremonia y el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, concretamente en el Estadio Azteca, sede mundialista ubicada en la zona de Santa Úrsula Coapa, un Pueblo Originario cuyo territorio quedó fragmentado por la construcción del recinto deportivo. Por tercera vez en su historia, el pueblo de Santa Úrsula ha tenido que albergar un mundial de fútbol mientras el acceso a su territorio es restringido y obstaculizado. Además, en el marco de este mundial, tal y como sucedió en las ocasiones anteriores, el contexto social de México no es el que el gobierno ha querido vender al mundo.

Frente a una ciudad que es cada vez más hostil para sus habitantes y una FIFA bajo sospecha de corrupción y tráfico de influencias, las personas que buscan a un ser querido desaparecido prepararon una agenda de movilizaciones y acciones de memoria para agrietar la cancha de pasto verde y alzar sus demandas de justicia. Así, incluso bajo amenazas y acciones represivas por parte del gobierno, las familias buscadoras encontraron la manera de unirse a la euforia mundialista sin atacarla, porque, como ellas mismas dicen, sus hijos e hijas, esposos y esposas, hermanos y hermanos, y amigos y amigas también son fanáticos y fanáticas del fútbol. Por eso, las familias buscadoras han salido a la calle a expresar que no quieren que haya otro Mundial sin que sus seres queridos estén de regreso en casa. 

Estas acciones de protesta se han llevado a cabo tanto en Ciudad de México como en Guadalajara y Monterrey (las tres ciudades sede del Mundial en nuestro país) y han ocupado planas de medios a nivel nacional e internacional. El caso de Guadalajara ha sido de los más sonados, no solo por las movilizaciones, sino porque los colectivos de búsqueda han documentado que en las inmediaciones del Estadio Akron se han localizado varias fosas clandestinas. 

Las movilizaciones y acciones de las familias han sido múltiples: la caminata y velada nocturna previas al partido inaugural; la marcha llevada a cabo el día de la inauguración, en la que algunas familias lograron llegar a las inmediaciones al Estadio Azteca tras cruzar el cerco que les impedía el acceso; las intervenciones gráficas y visuales de la cultura mundialista; los carteles con el rostro de las personas desaparecidas como las figuritas del álbum Panini; las pegas masivas de fichas de búsqueda; las “cascaritas [como se llama en México a los partidos entre amigos] por la memoria y contra el olvido”; la creación de la botarga del “Ajolote buscador” (un anfibio endémico de las lagunas del Valle de México y divinidad en el mundo mexica).

Ante este clima de protestas, actos memoriales, actividades culturales y celebraciones interreligiosas, el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum dio una respuesta muy alejada de lo que podría esperarse: llegó incluso a insinuar que los colectivos habían acudido a las manifestaciones con financiamiento ilícito. En lugar de comprometerse a investigar las desapariciones de personas (muchas de ellas ocurridas durante su gobierno), el discurso oficial anunció que se investigaría dicho financiamiento, hecho que fue denunciado por las familias buscadoras como revictimizante. 

En consecuencia, el discurso oficial, los cercos policiales y los diversos intentos de limitar las protestas fueron parte de la respuesta estatal y federal. Entre los hechos destaca la lamentable acción represiva cometida por parte de la policía de la Ciudad de México contra familias buscadoras y personas solidarias que se encontraban realizando una acción pacífica sobre una de las avenidas que conectan directamente el centro de la ciudad con el Estadio Azteca, el día que se jugaba el partido entre México y Ecuador. Como resultado, Fernando Vargas, padre de Olin Hernando Vargas, desaparecido en 2024, fue herido. Mientras tanto, las movilizaciones por la memoria y contra el olvido continúan.

¡Todxs al Estadio!: crónica de la marcha nocturna pre-inauguración

El 10 de junio del 2026 tuvo lugar una caminata en Ciudad de México que, bajo el lema “Iluminemos la búsqueda”, salió de la estación del tren ligero Registro Federal con la intención de llegar al Estadio Azteca. A las ocho de la noche comenzamos a marchar, con una presencia masiva de medios nacionales e internacionales. Una de las familiares coordinadoras del evento agarró el megáfono y gritó: “¡Pedimos a todas las personas que dejen su rostro al descubierto!”. Esta petición resaltaba el carácter pacífico de la manifestación y buscaba evitar que actores externos desprestigiasen el interés genuino de la acción. 

Unos metros antes de llegar al límite de la ‘última milla’ –un perímetro de acceso restringido alrededor del estadio, al que solo lxs vecinxs y el público de los partidos tenían acceso–, la caminata se volvió más cautelosa. Lxs manifestantes nos agarramos de los brazos y decidimos seguir caminando. Mientras recorríamos esos últimos metros, a lo lejos comenzó a perfilarse una imagen extraña. En una subida de la calzada se veía un reflejo de luces que bloqueaba el paso. Algunas pensamos que podían ser los flashes de las cámaras de la prensa, pero conforme nos acercamos, la visión se volvió más nítida. Al menos diez hileras de policías obstaculizaban el paso, mientras la luz de las farolas se reflejaba en la superficie de sus escudos. De un lado, entonces, quedaba la coraza policial; del otro, las familias con sus megáfonos gritando: “¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos!”.

Cuando quedamos en frente de las hileras de policías, las familias mantuvieron los ánimos. Algunas cantaron y oraron en colectivo, mientras otras improvisaron un altar, en el que se fueron depositando las veladoras de la caminata. También se organizaron cascaritas en medio de la calzada. Poco a poco, y conforme avanzaba la noche, la concentración comenzó a dispersarse y los alrededores del estadio se vaciaron de manifestantes. Sin embargo, al igual que el Mundial estaba a punto de comenzar, las acciones de protesta frente al mismo también se dieron por inauguradas.

¡Hagamos que suceda!: la cascarita por la memoria y contra el olvido

En las inmediaciones de la Glorieta de las y los Desaparecidos, así renombrada por las familias buscadoras, el asfalto se ha transformado de manera espontánea en el estadio donde hoy se juega el partido “por la memoria y contra el olvido”. Pintura blanca delimita la cancha. Las porterías son señaladas por un par de mochilas. En la cancha, las y los jugadores portan jerseys de la selección nacional intervenidos a modo de visibilización y denuncia: algunos llevan impresos los rostros y nombres de personas desaparecidas; otros, consignas de denuncia contra la crisis de desaparición. Los equipos no se enfrentan como rivales: colaboran para “meter gol contra el olvido”. Cada gol marcado es un gol por la memoria.

Entre el público aficionado y los jugadores se levantan mantas y pancartas con los rostros y nombres de quienes nos hacen falta, aquellos y aquellas por quienes se juega esta cascarita. Verónica, Benita y Dioni, mujeres buscadoras pertenecientes al colectivo “Uniendo Esperanzas”, juegan en el equipo retador. En sus jerseys portan a sus hijos desaparecidos: Diego Maximiliano, Fernando Iván y Guillermo David. La alineación de su equipo se completa con Leo, el pequeño nieto de Benita, y un grupo de mujeres y hombres jóvenes que las acompañan solidariamente en la búsqueda de sus hijos. Con destreza y tenacidad, entregan todo en la cancha.

La cascarita por la memoria y contra el olvido, por la verdad y la justicia, se sigue jugando todos los días, hasta encontrar a todas y todos los que nos hacen falta.

La cascarita por la memoria y contra el olvido, por la verdad y la justicia, se sigue jugando todos los días, hasta encontrar a todas y todos los que nos hacen falta.

El marcador sigue en juego. Los equipos van entrando a la cancha según su turno. Cada gol es celebrado. Toda falta de solidaridad está “fuera de lugar”. En un momento de tensión en la cancha, la hermana Pao, árbitro voluntaria del partido y religiosa católica acompañante de las familias buscadoras, marca con firmeza una tarjeta roja contra la injusticia. Rápidamente, pone de nuevo el balón en juego, no sin antes recordarle a todos los presentes que este partido es colaborativo. Entre los retadores se encuentran jugadores que también entregan todo en la cancha por diversas causas justas. La colaboración entre todos los jugadores es estratégica para meter goles por la justicia.

A unos instantes de que caiga la lluvia, el último gol de esta jornada de fútbol callejero mexicano es anotado. Se acaba la cascarita. Las y los jugadores corren a resguardarse de la lluvia donde les sea posible. Sin embargo, este no es el fin del partido principal. El que a diario juegan las familias buscadoras. La cascarita por la memoria y contra el olvido, por la verdad y la justicia, se sigue jugando todos los días, hasta encontrar a todas y todos los que nos hacen falta.

La posibilidad de jugar un partido más

Durante los 39 días que duró el Mundial de Fútbol, las familias buscadoras no dejaron de levantar sus voces, de meter goles por la memoria y de recordar a la ciudadanía que la nación mexicana está incompleta y fracturada: nos faltan al menos 133.000 personas desaparecidas. Ante un nacionalismo futbolero, que muchas veces mostró poca empatía hacia el dolor de las familias, los colectivos de búsqueda mostraron la otra cara del México mundialista. Ante un gobierno y una sociedad que niegan la crisis de desapariciones, las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos continúan de-velando el rostro de un México profundamente herido.

Los territorios indígenas siguen siendo despojados, ocupados y convertidos en estadios de fútbol o en cementerios clandestinos, mientras que el gobierno inunda los medios de comunicación con propaganda indigenista sobre leyes y políticas públicas, que no responde a las políticas reales de despojo, violencia e impunidad que viven los Pueblos Originarios de México.

Mientras este país intenta ocultar su rostro lacerado por la desaparición, por las fosas clandestinas y por las múltiples violaciones a derechos humanos, las familias buscadoras no dejan de hacer visibles los nombres y rostros de las más de 133.000 personas que nos faltan. Sus acciones y movilizaciones son actos por la memoria y contra el olvido. Esperemos que cada una de esas ausencias no sea recordada solo por las familias que buscan a diario, sino también por aquellos que creemos que todas las personas merecen una cancha justa, un recuerdo digno y la igual oportunidad de ver (o jugar) un partido con aquellos a quienes aman.

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El profesor rural cajamarquino solo pudo gobernar 1 año y 132 días, entre el 28 de julio de 2021 y el 7 de diciembre de 2022. Fue destituido de manera irregular por “permanente incapacidad moral” y acusado de un supuesto “golpe de Estado” que nunca llegó a concretarse. Al no estar tipificada esa conducta como delito, la imputación fue  modificada posteriormente como “conspiración para la rebelión”. La destitución de Pedro Castillo permitió al denominado “pacto mafioso” designar gobiernos títeres bajo su influencia directa, como los de Dina Boluarte (2022-2025), José Jerí León (2025-2026) y José María Balcázar (2026).

El voto rural y el voto de la costa

Desde el primer gobierno de Alberto Fujimori, en 1990, Perú vive una crisis de representación política caracterizada por el colapso del sistema de partidos políticos. En ese marco, el proceso electoral de 2026 fue diseñado por el fujimorismo para generar las mejores condiciones para su conveniencia. La Ley 30.995 redujo drásticamente los requisitos de inscripción de partidos: se pasó de exigir alrededor de 700.000 firmas de adherentes a aproximadamente 25.000 afiliados (0,1 % del padrón electoral). Esa reducción estuvo vigente entre 2019 y comienzos de 2024, lo que permitió que decenas de organizaciones iniciaran o culminaran su inscripción.

Como resultado, el Registro de Organizaciones Políticas llegó a tener 43 partidos habilitados para las elecciones de 2026, un récord histórico. Además, la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fragmentó aún más la oferta electoral, que alcanzó 35 candidaturas presidenciales y una boleta de sufragio interminable. En este contexto, Keiko Fujimori se postuló por cuarta vez a la presidencia, a pesar de arrastrar graves acusaciones por corrupción y de haber permanecido tres periodos en prisión preventiva por presunto lavado de activos y aportes irregulares en el caso Odebrecht. Entre 2018 y 2020, Keiko acumuló 16,5 meses de encarcelamiento. “La acusación central fue anulada en 2025 por el Tribunal Constitucional, cuyos miembros fueron designados por un Congreso con una fuerte influencia fujimorista”, puntualiza el politólogo Omar Coronel. 

Roberto Sánchez obtuvo la mayoría en circunscripciones rurales y Keiko ganó principalmente en territorios de alta concentración poblacional de la costa, además de la ventaja de votos de peruanos en el exterior.

Roberto Sánchez obtuvo la mayoría en circunscripciones rurales y Keiko ganó principalmente en territorios de alta concentración poblacional de la costa.

Los resultados electorales muestran un país dividido, fragmentado y, hasta se podría decir, polarizado y desconfiado del régimen democrático. En la primera vuelta, Keiko Fujimori pasó al balotaje con 17,8% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) accedió con apenas 12,03%. Ambos candidatos representaron menos del 30 por ciento de los votos válidos en primera vuelta. La gran mayoría de los 35 candidatos quedó por debajo de 10 por ciento, lo que grafica la dispersión y pulverización del voto. Aunque en el balotaje Roberto Sánchez se impuso por un estrecho margen en el territorio nacional, la ventaja de Fujimori entre los votantes peruanos del exterior revirtió el resultado final.

Juntos por el Perú ganó en 18 de las 25 circunscripciones regionales (24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao), mientras que Fuerza Popular ganó solo en siete. Por otra parte, Roberto Sánchez obtuvo la mayoría en circunscripciones rurales y Keiko ganó principalmente en territorios de alta concentración poblacional de la costa, además de la ventaja de votos de peruanos en el exterior.

La agenda indígena y ambiental a la deriva

En el debate electoral el tema indígena y ambiental estuvo ausente y sin propuestas concretas. Esto refleja el deterioro del tema en la última década, un periodo marcado por la profunda inestabilidad política en el que Perú llegó a tener ocho presidentes en 10 años. Entre los principales retrocesos se destacan las modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre a través de la Ley 31.973 de 2024, conocida como Ley Antiforestal, a pesar de las advertencias sobre sus nefastas consecuencias. La reacción ciudadana fue enorme y la norma fue criticada incluso por instituciones públicas. En marzo de 2025, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales dos artículos de la ley por una mayoría de cinco votos contra dos, manteniendo en vigencia la disposición más nefasta de la norma: la Única Disposición Complementaria Final.

Manuel Pulgar Vidal, de la World Wide Fund for Nature (WWF), resume el debate electoral: “En estos diez años hemos visto un debilitamiento de las exigencias ambientales en el país. También es una consecuencia indirecta de que Perú haya tenido por diez años tanta inestabilidad política. Esto ha hecho que incluso en los medios de comunicación el tema ambiental esté absolutamente ausente. Ningún partido de gobierno tiene una sólida agenda ambiental en sus planes ni un funcionario sólido que pueda describir elementos básicos de la agenda ambiental”. Por otra parte, un factor grave de preocupación para las comunidades indígenas y para la naturaleza es el incremento de la criminalidad, en particular de la minería ilegal. Frente a este fenómeno, los candidatos no exhibieron propuestas firmes y, más bien, se mostraron condescendientes.

Por su parte, Isabel Calle, Directora Ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señala:“La minería ilegal se ha convertido en una de las principales amenazas para la Amazonía, la gobernabilidad y la seguridad nacional. A ella se suman la tala ilegal, el tráfico de fauna, el tráfico de tierras y la expansión desordenada de actividades que operan al margen de la ley. Estas actividades no son únicamente problemas ambientales: son expresiones de redes criminales que capturan territorios, corrompen instituciones, generan violencia y deterioran la confianza ciudadana. Combatirlas exige mucho más que operativos aislados. Requiere inteligencia financiera, presencia efectiva del Estado, fortalecimiento institucional, coordinación entre niveles de gobierno y alternativas económicas sostenibles para las poblaciones locales. 

El modelo peruano y la desigualdad estructural

Quienes observan a la distancia los indicadores macroeconómicos se sorprenden del “modelo peruano” que aparece como exitoso y prometedor. Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, el país fue una de las economías de mayor crecimiento en América Latina. Entre 2000 y 2019, el Producto Bruto Interno prácticamente se triplicó por el auge de las exportaciones mineras, la inversión privada y la estabilidad macroeconómica, lo cual se reflejó en el aumento del presupuesto público. Sin embargo, el crecimiento ha sido desigual y se ha concentrado en Lima y la costa. Muchas provincias andinas y amazónicas mantienen economías basadas en actividades de baja productividad y escasa presencia estatal.

La informalidad laboral sigue siendo uno de los principales obstáculos para una distribución más equitativa de los ingresos. Alrededor de siete de cada diez trabajadores se desempeñan en empleos informales, con bajos salarios y sin acceso a seguridad social, pensiones o protección frente al desempleo. Otro factor es la desigualdad en el acceso a servicios públicos. Aunque el presupuesto nacional aumentó de manera importante en las últimas dos décadas, la calidad de la educación, la atención de salud, el acceso al agua potable, al saneamiento y a internet siguen siendo muy desiguales; incluso, entre distritos de una misma región. 

Además, el Perú mantiene una de las presiones tributarias más bajas de América Latina y una elevada dependencia de actividades extractivas y de la economía informal. Esto limita la capacidad redistributiva del Estado y reduce los recursos disponibles para sostener políticas públicas universales y de largo plazo. En efecto, uno de los rasgos que caracterizan al país es la persistencia de desigualdades históricas y culturales. La población indígena, afroperuana y rural sigue enfrentando barreras de acceso a servicios, mercados y oportunidades. Estas brechas responden a procesos de larga duración, asociados al centralismo, la exclusión territorial y la discriminación.

Las advertencias sobre la deriva autoritaria

El escenario que proyecta el fujimorismo en el poder es el mismo de los últimos años: las normas a favor de la criminalidad y el paquete de leyes a favor de la amnistía y la impunidad de las Fuerzas Armadas y Policiales están creando las condiciones para un régimen de terror. El analista y fotógrafo Ezio Macchione advierte: “No veo motivos para el optimismo. Veo un país cansado, fracturado, con miedo, con enormes urgencias acumuladas y con una clase política que ha demostrado una y otra vez estar muy por debajo de la gravedad del momento. Y veo, sobre todo, el riesgo de confundir orden con autoritarismo, seguridad con represión, estabilidad con silencio, gobernabilidad con captura del Estado”.

Por su parte, Omar Coronel, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, escribe: “Desde 2022, el país ya era gobernado por una coalición autoritaria donde el fujimorismo tuvo un rol protagónico; las elecciones de 2026 le dan a ese liderazgo la legitimidad de las urnas. La presidenta cuenta con el respaldo de los gremios empresariales, de las Fuerzas Armadas y de una Policía beneficiadas por garantías de impunidad ante violaciones de derechos humanos. Si gobierna con baja popularidad y es sacudida por protestas sociales, su historial sugiere que recurrirá a la represión como principal herramienta de gobernabilidad, con el apoyo de los principales medios de comunicación. El fujimorismo es, a fin de cuentas, la amenaza a la democracia más organizada del país y con los aliados más poderosos”.

“La democracia peruana tendrá que seguir luchando para recuperar la institucionalidad formal que la define mínimamente como democracia, y, más allá de eso, también para conseguir que esta vuelva a ser representativa en alguna medida aceptable”.

“La democracia peruana tendrá que seguir luchando para recuperar la institucionalidad formal que la define mínimamente como democracia”.

En el mismo sentido, el analista norteamericano Steven Levitsky pone el énfasis en la concentración del poder: “Fujimori controlaría el Ejecutivo, tendría peso en el Congreso y, como sabemos, influencia en otras instituciones, incluido el Poder Judicial, las autoridades electorales y sectores de las fuerzas armadas y de seguridad. Además, contaría con un gobierno amigo en Washington bajo la administración de Donald Trump. Eso le daría la posibilidad de consolidar mucho poder, y la oposición tendría que organizarse y trabajar de manera mucho más seria si quiere defender derechos básicos y un sistema competitivo en el Perú”. 

Del mismo modo, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú advierte: “La democracia peruana tendrá que seguir luchando, en primer lugar, para mantener o recuperar la institucionalidad formal que la define mínimamente como democracia, y, más allá de eso, también para conseguir que esta vuelva a ser representativa en alguna medida aceptable”. En tanto, la activista social y comunitaria Nury García señala: “Pienso en el desafío de una nueva articulación política que pueda conectar memoria, precarización, violencia criminal, extractivismo, desigualdad, crisis ecológica, cuidados y nuevas formas de sufrimiento social. Es el desafío de poder producir un sujeto político amplio, sin borrar las memorias específicas de cada lucha”. 

La salida es colectiva

Un primer desafío de orden pragmático es que la oposición en el Congreso que defiende los derechos humanos y las libertades democráticas se mantenga unida y coordine plataformas vivas con los movimientos sociales y la sociedad civil. Para tal fin, será clave sostener una movilización persistente, activa y no violenta, para evitar darle al gobierno el pretexto represivo que busca. El movimiento indígena y las organizaciones de la sociedad civil corren el riesgo de ser avasalladas por el poder autoritario si se mantienen fragmentadas, en aislamiento, cada una con su agenda particular, sin construir diálogos y alianzas fructíferas que ensanchen el horizonte de cada perspectiva. 

El sectarismo, el oportunismo y el individualismo siguen siendo lastres que dividen y debilitan la capacidad de resistencia y de lucha de quienes defienden derechos y libertades en un mundo cada vez más asolado por el negacionismo, la vocación autoritaria, tanto de izquierda como de derecha, y la polarización a favor de intereses transnacionales. Juega a favor de los sectores populares que las promesas e ilusiones electorales del fujimorismo comenzarán a contrastar con la realidad y con las expectativas. De no ser atendidas y satisfechas generará descrédito e incrementará la frustración.

El pobre discurso de asunción de mando presidencial y el primer gabinete de ministros evidencia la ausencia de cuadros políticos y técnicos con capacidad para hacer un buen gobierno. Asimismo, el amplio pedido de facultades para legislar por decreto hace evidente que el gobierno de Keiko Fujimori desea tomar decisiones claves entre bambalinas, de espaldas a la ciudadanía y al escrutinio público.

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Durante el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) se observó una progresividad en el reconocimiento de derechos étnico-territoriales y de gobernanza ambiental de las comunidades indígenas. Una de sus prioridades fue la protección y garantía de los derechos territoriales, culturales y ambientales de los Pueblos Originarios, con “avances normativos en materia de autonomía territorial, fortalecimiento de los sistemas de conocimiento propio y reconocimiento de las autoridades ambientales”. Además, en los últimos cuatro años se impulsaron las reclamaciones de tierra en resguardos indígenas, a través de reparaciones colectivas, restablecimiento de derechos territoriales étnicos y restitución de tierras. Actualmente, los territorios colectivos legalizados en calidad de resguardos acumulados son un total de 935.

La política del racismo y la estigmatización

Durante la campaña política, el proyecto de extrema derecha se perfiló a través de discursos de discriminación, amenazas y estigmatización. El racismo apareció, de manera oportunista, en los comentarios hacia la fórmula vicepresidencial del candidato de izquierda, la mayora indígena y senadora del pueblo Nasa, Aida Quilcué. Abelardo de la Espriella declaró que la lideresa era incapaz de asumir el rol de segunda dignataria del país: “¿Ustedes se quedarían tranquilos si al señor Cepeda le pasa algo y asume su fórmula vicepresidencial? Se las dejó ahí, analícenlo. Eso no es responsable con el país, eso no es responsable con Colombia”.

A ello se le sumaron declaraciones estigmatizantes, con amenazas y posibles restricciones a la legítima protesta y movilizaciones de los Pueblos Indígenas: “Conmigo se organizan y se vuelven ciudadanos de verdad o van a saber también lo duro que muerde el tigre. Yo ese desorden de los indígenas y esa extorsión constante y esa presión no la voy a permitir. Son los dueños del 33% de la tierra en Colombia y siguen exigiendo más, una deuda ancestral que, a juicio de ellos, no hay como pagar. Los indígenas deberían pensar que una cosa es meterse a bloquear la carretera sin el tigre y otra con el tigre en el poder, porque yo soy de los tigres que rugen y que muerden”.

Estas falsas afirmaciones ya han generado discriminación, odio y racismo entre sus votantes, desconociendo los procesos históricos de restitución de derechos colectivos de los Pueblos Indígenas sistemáticamente vulnerados y segregados de la política nacional, a pesar de sus aportes al cuidado y restauración de ecosistemas vitales para la pervivencia, no solo de sus gentes, sino de las comunidades humanas y no humanas del país. Ello sin mencionar la instrumentalización y fractura de los procesos organizativos y comunitarios, utilizando el descontento de algunas comunidades por incumplimiento de compromisos del gobierno saliente, y adhiriendo liderazgos indígenas a su campaña con el objetivo de sumar capital político e intentar matizar las amenazas y estigmatización racista.

Propuestas que afectan a las Pueblos Indígenas

Desde su plan de gobierno, el proyecto político de extrema derecha anunció peligrosos retrocesos en la garantía y protección de los derechos colectivos relacionados con la consulta previa, libre e informada. En consecuencia, desconoce la jurisprudencia vigente sobre este derecho y, paralelamente, le da vía libre a los procesos extractivistas que generarían un alto impacto en los ecosistemas bioculturales de todo el país. 

En materia de “Economía”, sus propuestas sugieren que los licenciamientos ambientales y la consulta libre, previa e informada a las comunidades son trabas y cargas para el sector empresarial, por lo que propone licenciamientos express y acelerar las consultas. En cuanto a la “Política Minero-Energética”, expone supuestos tratamientos al sector extractivista a través de prejuicios ideológicos y desvaloriza los esfuerzos por adelantar procesos de transición energética justa y popular, que ya habían avanzado en el actual gobierno en consulta con las comunidades locales.

La falta de mención al pluriculturalismo y, a la diversidad étnica y cultural, no solo invisibiliza los aportes de los Pueblos Étnicos a la política cultural nacional, sino que podría anunciar un posible desfinanciamiento a las iniciativas de los Pueblos Indígenas.

La falta de mención al pluriculturalismo del país y, a la diversidad étnica y cultural, invisibiliza los aportes de los Pueblos Étnicos a la política cultural nacional.

En materia rural, en el apartado sobre “El Campo”, el programa de gobierno señala que se ha producido una “falsa reforma agraria” que desconoce los alcances de los procesos de restitución y entrega de tierras a comunidades rurales y, particularmente, resguardos indígenas. Propone, además, “ampliar la frontera agrícola productiva”, seguramente, a través de monocultivos industriales extensivos, lo cual pondría en alto riesgo ecosistemas esenciales para la pervivencia e integridad de los territorios indígenas y sus recursos vitales. 

Finalmente, en la sección sobre cultura se propone “apoyo fiscal a nuevas empresas de acción cultural y a mega eventos culturales y deportivos que atraigan ingresos del exterior”. De este modo, se reduciría la cultura a las lógicas de mercado. La falta de mención al pluriculturalismo del país y, a la diversidad étnica y cultural, no solo invisibiliza los aportes de los Pueblos Étnicos a la política cultural nacional, sino que podría anunciar un posible desfinanciamiento a las iniciativas de los Pueblos Indígenas. Eventualmente, la ausencia de recursos podría afectar la protección de conocimientos propios, revitalización de lenguas y pervivencia de prácticas ancestrales, que aportan de forma directa a su supervivencia física.

Designaciones que anuncian el huracán

Adicionalmente, los recientes nombramientos en carteras ministeriales claves para la protección de los derechos de las comunidades étnicas, como es el Ministerio del Interior y el de Ambiente, parecen ser el preludio de futuras decisiones ultraderechistas. Estas políticas que significan un giro de 180 grados podrían materializarse de forma temprana a través de una suerte de fast track vía decretos presidenciales durante los primeros 90 a 100 días del nuevo gobierno,  que entrará en vigor a partir del 7 de agosto.

En primer lugar, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, en 2018, como senador fue coautor del Proyecto de Ley Estatutaria 134, que pretendía reglamentar el derecho a la consulta previa. Este proyecto buscaba regular los procedimientos, plazos, competencias de autoridades y sus efectos, así como la coordinación entre el Estado y las comunidades étnicas. En el debate sobre el articulado, se presentaron críticas en cuanto a posibles mecanismos restrictivos para el ejercicio de este derecho, sin además prever consultas amplias a las comunidades directamente afectadas. En consecuencia, Lara Restrepo podría generar una agenda legislativa que busque restringir la consulta previa y otros derechos colectivos.

Por su parte, el ministro designado para la cartera de Ambiente, Fabio Arjona Hincapié, ya había hecho declaraciones sobre la consulta previa como un mecanismo “absolutamente transaccional”. Incluso había llegado a decir que “el tiempo de la consulta previa no puede seguir como un mecanismo extorsivo”, suscitando una grave deslegitimación de este derecho. Desde su perspectiva, las consultas han generado dificultades para el desarrollo de infraestructura. De más está decir que este tipo de declaraciones podría incentivar la estigmatización de las comunidades indígenas por, presuntamente, ir en contra del modelo de desarrollo neoliberal y extractivista, que desconoce los proyectos de vida propios y el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos para su bienestar. 

Alertas que se encienden hacia el futuro

Probablemente, en los primeros meses de gobierno, la designación de ministros con estos perfiles facilitará la ejecución de políticas que busquen materializar el modelo extractivo a gran escala propuesto en el plan de gobierno. Fue justamente lo que anunció Abelardo de la Espriella en campaña: “¡En el gobierno del tigre vamos a explotar el subsuelo a lo que da!”. Esta postura no solo desconoce, sino que también amenaza modelos alternativos de bienestar que se han ido consolidando por la gobernanza territorial en las comunidades étnicas, a través de apuestas propias para el sostenimiento mismo de la vida.

Finalmente, quisiera alertar, como advirtió la oposición liderada por Iván Cepeda, sobre posibles represiones y criminalización a la protesta social en el gobierno entrante. Esto podría traducirse en la limitación de las diversas expresiones de la movilización indígena y popular. La historia colombiana cuenta con procesos emblemáticos de Minga indígena que han jalonado la movilización civil en las carreteras y calles del país con el objetivo de exigir respeto y garantía de los derechos colectivos étnico-territoriales y de autodeterminación de los pueblos, esenciales para la construcción de paz desde una perspectiva territorial en Colombia.

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Finalmente, otra incógnita es si el conflicto sirvió para frenar las medidas estructurales de modificación del modelo económico (que inicialmente implicaba el retroceso en conquistas sociales) o si, más bien, le sirvió a las organizaciones movilizadas para potenciar la demanda de renuncia del presidente (pedido central en la última parte del conflicto). Sobre esto último, varios líderes de organizaciones y de comunidades campesinas explicaban que la demanda se canalizaría en la renuncia del primer mandatario, siguiendo la consecuente sucesión constitucional del vicepresidente, Edman Lara, y una convocatoria a nuevas elecciones en el plazo de tres meses. Algunos incluso proponían la habilitación del ex presidente Evo Morales, por ahora, negada por la Justicia.

Un presidente que nadie vio venir

Rodrigo Paz Pereira, hijo del ex presidente Jaime Paz Zamora, llegó a la primera magistratura como una completa sorpresa. De familia de izquierda y guerrillera, su padre fue presidente y jefe del antiguo Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), gracias a un insólito acuerdo político con el ex dictador de derecha Hugo Banzer, tras las elecciones de 1989. En 2025, Paz Pereira ganó el ballotage contra el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga con los votos que quedaron dispersos por la desaparición del MAS: estos votantes, de extracción popular, nunca habrían optado por un candidato de la ultraderecha como “Tuto”.

Asumido el cargo, Paz desactivó temporalmente la emergencia de la escasez de combustible, a través de acuerdos con Estados Unidos y países aliados de la región. Sin embargo, muy pronto empezó a firmar decretos y resoluciones destinadas a desmontar lo que él mismo llamó “Estado tranca”. En realidad, se trató de medidas que favorecían a los sectores de poder económico de la región del Oriente, dando la espalda a su electorado en la zona andina. Así, aprobó la eliminación del impuesto a las grandes fortunas y dictó el Decreto Supremo 5503, que a través de 121 artículos establecía un procedimiento fast-track de flexibilización en la aprobación de contratos de inversión extranjera en infraestructura y aprovechamiento de recursos naturales, sin aprobación parlamentaria ni consentimiento previo de los Pueblos Indígenas afectados. Además, eliminó casi en su totalidad el subsidio a los hidrocarburos líquidos, lo cual duplicó el precio de la gasolina y triplicó el del diésel. 

Justamente en estos primeros días se puede rastrear uno de los antecedentes del conflicto posterior. El presidente y su gobierno plantearon una posición distante del vicepresidente, Edman Lara, un ex policía de gran aceptación popular. Incluso antes de la asunción, Lara acusó al presidente, a través de sus redes sociales, de incumplir las promesas acordadas y construir un gobierno sin su participación. Cuando la reyerta escaló, el gobierno aprobó un decreto que eliminó las atribuciones constitucionales del vicepresidente y le quitó casi todo el financiamiento. Mientras Paz acusaba a Lara de ser una persona no apta para el cargo, un sector no despreciable de su electorado leyó esto como una traición de clase: sobre todo los sectores populares andinos representados por campesinos, comerciantes, cuentapropistas, transportistas y trabajadores, que son más refractarios a las clases medias y altas de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, considerados por ellos como de “derecha”.

Una sumatoria de demandas

La composición de la movilización fue cambiando con el tiempo. En abril, el presidente aprobó de manera completamente inconsulta la Ley 1720, con la que se pretendía convertir las pequeñas propiedades agrarias en medianas a través de un trámite administrativo y otorgar una moratoria de verificación de la función económica y social de predios medianos. El gobierno y los sectores del agronegocio intentaron posicionarla como una norma beneficiosa para el campesinado pequeño, aunque era evidente que estaba dirigida de manera directa a los terratenientes del Oriente. En efecto, el principal empresario y senador de esta región se encargó de difundir y defender su aprobación. 

En este contexto, la primera protesta fue protagonizada por las organizaciones campesinas del Norte Amazónico que iniciaron una marcha exigiendo la abrogación de la Ley 1720. En el camino se sumaron organizaciones indígenas del departamento del Beni, que se desmarcaron de los acuerdos asumidos por la Confederación de Naciones y Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (CIDOB) con el gobierno, el cual intentaba restarle peso a la marcha campesina. A su vez, esta movilización despertó a los mineros cooperativistas y al magisterio con sus propias peticiones. Hasta aquí, el gobierno había procesado las protestas como un conjunto de conflictos sectoriales atribuidos a la herencia de los “20 años del MAS” y al intento de desestabilización de líderes políticos, desplazados del poder y ligados al ex presidente Evo Morales. 

El 1° de mayo, la Central Obrera Boliviana (COB) presentó en El Alto su pliego petitorio y el conflicto entró en otra fase: asumió un carácter estructural y escaló la polarización social, que se expresó en las calles, en los medios y en las redes sociales.

El 1° de mayo, la Central Obrera Boliviana presentó su pliego petitorio y el conflicto entró en otra fase: asumió un carácter estructural y escaló la polarización social.

Abrogada parcialmente la ley 1720 y firmado el decreto 5613, que habilita la dotación de áreas fiscales de vocación forestal a las comunidades campesinas e indígenas amazónicas, el gobierno declaró que las movilizaciones ya no tenían carácter reivindicativo, sino político. Especialmente porque empezó a emerger con mayor fuerza el pedido de renuncia del presidente: una demanda de la cual se despegaron las organizaciones indígenas tras la abrogación parcial de la Ley 1720. Adicionalmente, el gobierno aprobó una resolución ministerial que otorgaba a los mineros la regularización de contratos en áreas protegidas y territorios indígenas, sin consulta previa. De este modo, se consolidó la violación de los derechos indígenas establecidos en la Constitución, con la única intención de neutralizar uno de los sectores más fuertes de la protesta. 

Por su parte, el 1° de mayo, la Central Obrera Boliviana (COB) presentó en El Alto su pliego petitorio y el conflicto entró en otra fase: adquirió un carácter estructural y escaló la polarización social, que se expresó en las calles, en los medios y en las redes sociales. En esta nueva etapa, las organizaciones movilizadas fueron otras: los cocaleros del Chapare, que iniciaron una marcha hacia La Paz, y los campesinos de la histórica “Túpac Katari”, que aglutina a los denominados “ponchos rojos”, uno de los sectores más combativos del país. Los bloqueos se extendieron por casi toda la zona andina y el campesinado comunitario se incorporó masivamente a las movilizaciones en sus territorios. Ahora sí, la demanda excluyente fue la renuncia de Rodrigo Paz por la comercialización de combustibles líquidos de mala calidad, la falta de dólares y la creciente inflación. 

Un conflicto que parecía nunca acabar

Otra arista del conflicto es el impacto en los sectores populares andinos por la alianza de Rodrigo Paz con los sectores de poder del Oriente (tras la victoria electoral). Sumado a las medidas de corte neoliberal que afectan las conquistas sociales inscriptas en la Constitución, las clases populares procesaron este acuerdo como una traición al voto que lo llevó a Paz a ganar las elecciones. A esto se agregó la ausencia de los elementos simbólicos indígenas en los símbolos del Estado y un cambio en el lenguaje y prácticas con las que el gobierno se relacionó con los sectores movilizados: sin interlocutores que entendieran las problemáticas sociales, el conflicto no encontraba salida y se extendía en el tiempo.

El gobierno apostó siempre al diálogo, sin ceder a la demanda de renuncia presidencial, y encaró al conflicto como sectorial. Durante varias semanas, la renuncia presidencial fue la única forma de levantar los casi 100 cortes de ruta que comenzaban a asfixiar a La Paz, la sede de gobierno. El lenguaje xenófobo y discriminatorio hacia los movilizados se impuso en las redes sociales y los medios de comunicación, completamente volcados hacia el gobierno. Por su parte, los movilizados respondieron con una agresividad solo justificada por la impotencia.

Como sucede en otros conflictos liderados por las organizaciones populares de la región andina, la polarización se expresó en el tensionamiento de las fisuras históricas de Bolivia, principalmente las de orden étnico y regional.

Como sucede en otros conflictos liderados por la región andina, la polarización se expresó en las fisuras históricas de Bolivia, principalmente de orden étnico y regional.

De este modo, el gobierno apeló a la estrategia del desgaste y evitó dictar el estado de excepción, para no activar otros sectores y generar un caos mayor. Si bien la ausencia de represión armada (como la vivida en tiempos de Jeanine Añez o Gonzalo Sánchez de Lozada, con un reguero de muertos, heridos y detenidos) mantuvo la protesta dentro de los carriles institucionales manejables, la extensión del conflicto le generó al presidente un daño político importante en el conjunto de la sociedad, que le exigía sacar el Ejército a las calles.

Como sucede en otros conflictos liderados por las organizaciones populares de la región andina, la polarización se expresó en el tensionamiento de las fisuras históricas de Bolivia, principalmente las de orden étnico y regional. En Santa Cruz, el bloqueo fue leído como una medida que, en realidad, iba dirigida contra ese departamento, en tanto proveedor de muchos productos consumidos en Occidente. Mientras que, desde la intelectualidad indígena de las ciudades, sobre todo aimara y quechua, el conflicto habría hecho aflorar el racismo y la discriminación contra la población originaria de los Andes, que era nuevamente postergada en la gestión pública. Asimismo, se planteaba de modo generalizado que las conquistas incorporadas en la Constitución estaban en peligro.

El rol de Evo Morales

Dentro de los ejes de descalificación mediática, el gobierno le endilgó a Evo Morales estar detrás de una intentona sediciosa y de financiar los bloqueos  a través del narcotráfico, con el único objetivo de lograr su habilitación para unos supuestos comicios post renuncia presidencial. En realidad, salvo por la movilización de los cocaleros del Chapare, el ex presidente tuvo más participación mediática que en las acciones concretas, en tanto está enfrentado a varios de los sectores que protestaron. Si bien confluyeron en la demanda principal del conflicto, la multiplicidad de actores articulados por la Central Obrera Boliviana y los campesinos fue mayor a la movilización del sector cocalero, desde su histórico enclave del Chapare hacia la sede del gobierno. 

Los momentos de mayor tensión se vivieron durante mayo, con la entrada de diferentes marchas a La Paz y el bloqueo total de la ciudad. Las organizaciones multiplicaron las agresiones contra comercios que no cerraban e, incluso, de ciudadanos de a pie que rechazaban la radicalidad de las medidas y el pedido de renuncia a solo seis meses de iniciado el gobierno de Rodrigo Paz. A nivel nacional, los bloqueos paralizaron la economía y provocaron, de manera directa e indirecta, la muerte de 22 personas: tanto por  impedir el paso en los puntos de bloqueo a las ambulancias (lo que imposibilitaba la atención médica) como por la escasez de insumos que no llegaron a los hospitales para pacientes en situación crítica. 

La sociedad urbana también le reprochó al Presidente una ineficiente gestión de la crisis, que desnudó la falta de conocimiento acerca de cuáles sectores reclamaban, sobre todo, en lo relacionado a la tierra y territorio. En este caso, la vocería fue manejada por el senador y empresario terrateniente Branko Marincovic, del partido Alianza Libre del ex candidato presidencial de extrema derecha Jorge “Tuto” Quiroga. Este fue otro de los ingredientes que potenció a los movilizados, puesto que veían en Marincovic a un descendiente de extranjeros, terrateniente, blanco y de la región oriental, promoviendo una reforma que claramente perjudicaba al campesinado pequeño, con argumentos poco creíbles ante la sociedad. 

La tregua y la incertidumbre

El conflicto finalizó con la firma del acuerdo el 26 de junio, que si bien no representa una agenda política del movimiento popular, podría ser una bisagra en el relacionamiento entre el Estado y un amplio espectro social sobre sus conquistas históricas: soberanía nacional; respeto a los Pueblos Indígenas; consulta y participación en las decisiones que puedan afectarles; y la no autorización de actividades mineras en áreas protegidas y territorios indígenas. Un punto fundamental fue el compromiso de Rodrigo Paz de no entregar los recursos naturales (gas y litio) ni privatizar las empresas estratégicas nacionales. Finalmente,  el resarcimiento por la afectación de vehículos por los combustibles en mal estado, medidas para proteger la canasta familiar, recomposición salarial y previsional. 

A casi un mes de la firma del acuerdo, es evidente que varias de las demandas no fueron solucionadas. En lo político, el presidente, Rodrigo Paz, no renunció y declaró el estado de excepción, que, de todos modos, no fue el mecanismo para desmontar los bloqueos. Además, la atomización en el Congreso se mantiene y las organizaciones populares no se han recompuesto ni fortalecido: negociaron demandas puntuales y volvieron a sus regiones. En lo económico, no existe claridad en la política de desarrollo, que combina discursos altisonantes con una indispensable dependencia de créditos internacionales para cubrir los huecos presupuestarios que dejó la caída de la renta gasífera.

El correr de los días y los meses demostrará quién venció a quién en este conflicto. El gobierno está reponiendo lentamente varios de los puntos de su agenda económica: dejar fluctuar el tipo de cambio para “sincerar” su cotización; proponer normas que atraigan la inversión extranjera directa; y la flexibilización de impuestos y trabas estatales. La conversión de la pequeña propiedad en mediana, que dio origen al conflicto, ha sido recientemente repuesta a partir de dos proyectos de ley, con varios retoques y una salvaguarda expresa para la propiedad colectiva de los territorios indígenas. No se sabe si se trata de una iniciativa del agronegocio o del propio gobierno. En este último caso, sería realmente jugar con fuego, sin haber salido aún de la crisis generada por los bloqueos.

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Siguiendo la misma lógica que los gobiernos anteriores, la actual gestión prorrogó la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en este territorio. Durante la presentación de la Cuenta Pública, el presidente Kast señaló: “La Araucanía es una de las regiones más hermosas y con más futuro de Chile. Su gente merece vivir en paz, trabajar tranquila y ver florecer su tierra. En esta región, como en todo Chile, necesitamos que aumente el turismo, regrese la inversión y recuperemos el desarrollo. Para lograrlo, estas medidas se acompañan con el diseño de una política indígena coherente que hemos estado trabajando”.

En este marco, no llama la atención que la propiedad y explotación de las tierras indígenas se hayan convertido en el foco del anuncio de lo que será la política indígena de este gobierno: “Una reforma a la Ley Indígena que otorgue mayores libertades y herramientas para el desarrollo, eliminando las restricciones al uso de sus tierras y permitiéndoles arrendarlas e hipotecarlas en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía chilena”. Con este objetivo, se reformulará el proceso de consulta sobre el nuevo sistema de tierras y se reordenará el sistema de compra de tierras, instaurando tasaciones a valor de mercado y trazabilidad en cada compra. 

Tierras indígenas y la institucionalización del despojo

La Ley Indígena (Ley N° 19.253) fue promulgada en 1993 bajo el gobierno de Patricio Aylwin, una vez recuperada la democracia. Si bien se han señalado algunas limitaciones en su forma de definir las tierras indígenas, cualquier modificación ha sido evaluada como una posible amenaza, especialmente en un contexto en el que no existe reconocimiento constitucional ni representación política de los Pueblos Indígenas en los espacios del Estado-nación. Esta ley crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y, establece normas sobre la protección, el fomento y el desarrollo de los indígenas. A su vez, define como tierras indígenas a aquellas que se poseen bajo los títulos de merced, título de comisario u otros que se enumeran en el artículo 12, así como las correspondientes a la ocupación histórica. 

En ese contexto, la propuesta de reformar la ley para permitir arriendos e hipotecas se presenta bajo el lenguaje de la libertad individual y de la igualdad ante el mercado. Sin embargo, la ley vigente ya permite arrendar tierras indígenas individuales por un plazo de hasta cinco años y constituir gravámenes con la autorización de la CONADI. Asimismo, prohíbe el arrendamiento de tierras comunitarias y protege a ambas frente a enajenaciones, embargos y adquisiciones externas. En efecto, cuando las restricciones a las tierras indígenas desaparecieron en Chile, principalmente entre 1943 y 1947, se enajenó cerca de una quinta parte de ellas. Más tarde, durante la dictadura, los arriendos a 99 años privaron a familias y comunidades indígenas del uso de sus predios. 

El actual gobierno busca no solo reducir la demanda territorial a un asunto de mercado, sino que lo hace sin considerar las 21 recomendaciones que la Comisión presentó sobre reparación territorial, institucionalidad, participación y desarrollo.

El actual gobierno busca reducir la demanda territorial a un asunto de mercado, sin considerar las recomendaciones sobre reparación territorial, institucionalidad, participación y desarrollo.

Para llevar adelante esta reforma, el Poder Ejecutivo ha señalado que reformulará el proceso de consulta sobre el nuevo sistema de tierras, que el gobierno de Gabriel Boric “abandonó sin resultados”, en alusión a las propuestas entregadas por la Comisión para la Paz y el Entendimiento (CPPyE). Esta Comisión, creada por Decreto Supremo Nº 14, tenía como principal mandato “realizar un diagnóstico de la demanda de tierras del pueblo Mapuche, las tierras ya entregadas por el Estado de Chile y las brechas persistentes en dicha materia, con el objeto de cuantificar dicha demanda”. 

Para abordar este mandato, la CPPyE realizó un diagnóstico exhaustivo de la demanda de tierras, las brechas existentes en esta materia y las limitaciones del mecanismo vigente. El diagnóstico concluyó que este mecanismo ha sido utilizado “prácticamente en su totalidad” por comunidades Mapuche de las cuatro regiones señaladas, representando un 99,59% de las compras realizadas hasta 2024 y manteniendo más de 1.100 solicitudes pendientes de resolución. En ese contexto, la Comisión recomendó avanzar hacia un nuevo sistema de tierras que armonizara la Ley Indígena con el Convenio Nº 169 de la OIT, incluyendo mecanismos de reparación territorial, criterios de priorización, reformas institucionales y herramientas para fortalecer la relación entre el Estado y el pueblo Mapuche. 

Dado que estas medidas impactaban directamente a comunidades y organizaciones mapuche, se configuró la susceptibilidad a una afectación directa, lo que obligó al Estado a realizar un proceso de consulta. Sin embargo, este proceso fue ampliamente rechazado por las comunidades y quedó sin efecto. De esa forma, el actual gobierno busca no solo reducir la demanda territorial a un asunto de mercado, sino que lo hace sin considerar las 21 recomendaciones que la Comisión presentó sobre reparación territorial, institucionalidad, participación y desarrollo. 

Los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originario bajo presión

Sin embargo, la política del gobierno de José Antonio Kast trasciende el anuncio de la reforma de la Ley Indígena. Más bien, el foco en la tierra y su propiedad debe entenderse como parte de una estrategia mayor que busca limitar los derechos de los Pueblos Indígenas y la toma de decisiones de las comunidades sobre los recursos. Desde una mirada neoliberal,  estos recursos deben ser explotados por capitales privados; al mismo tiempo, la propiedad de la tierra se encuentra asociada a una política de seguridad. Así, en paralelo a este anuncio, el Ejecutivo ha impulsado cambios a la denominada Ley Lafkenche. 

Por su parte, la Ley 20.249 (2008) creó los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) para resguardar los usos consuetudinarios y ceder su administración a las comunidades indígenas que los han habitado ancestralmente. Si bien los ECMPO no suponen propiedad sobre esos territorios, deben contar con un plan de administración que permita la coexistencia de diferentes actores vinculados a la pesca (industrial y artesanal), al turismo y a la navegación. Este plan debe ser aprobado por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) en una instancia final. Sin embargo, las comunidades han debido enfrentar la oposición de empresas pesqueras, principalmente salmoneras, y las propias instancias aprobatorias del Estado. En este marco, se ha instalado un discurso que cuestiona la eficiencia de las comunidades, las solicitudes desproporcionadas, la paralización de inversiones y la apropiación exclusiva del borde costero. 

Las organizaciones indígenas han defendido la ley como un instrumento de memoria, de soberanía alimentaria y de protección intergeneracional, que rompe con el mito de que la administración comunitaria no puede convivir con actividades productivas.

Lo que está en juego es la manera en que Chile decide relacionarse con el mar, los territorios y las comunidades.

Sólo en 2024, el 80% de las solicitudes presentadas por comunidades o asociaciones de comunidades indígenas han sido rechazadas en la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, donde las instituciones representantes del Estado han sido las principales opositoras a la creación de nuevos espacios costeros marinos. De esa forma, los rechazos se sustentan fundamentalmente en cuestiones políticas más que técnicas, pues el CRUBC interviene antes de que las comunidades presenten sus planes de administración. De hecho, la evidencia disponible rechaza la idea de que los ECMPO hayan paralizado a la industria salmonera, la cual continuó expandiendo su producción y sus exportaciones.

Organizaciones indígenas, como la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, han insistido en esta inversión de responsabilidades y han defendido la ley como un instrumento de memoria, de soberanía alimentaria y de protección intergeneracional, que rompe con el mito de que la administración comunitaria no puede convivir con actividades productivas. Más bien, sostiene que lo que está en juego es la manera en que Chile decide relacionarse con el mar, los territorios y las comunidades.  

Políticas indígenas y mercado: dos caras de la misma moneda

En cuatro meses de gobierno, la mercantilización de las tierras indígenas y de los recursos valorados por las empresas se perfila como el eje en la formulación de las políticas indígenas. En el caso de las tierras, la protección colectiva debe justificarse frente a la libertad contractual. En cuanto a los espacios costeros, el uso consuetudinario debe justificar su extensión frente a la inversión. En ambos casos, la carga de la prueba recae sobre los Pueblos Indígenas para demostrar que no son “recursos inutilizados”. No se trata, por lo tanto, de dos políticas aisladas. 

En Chile, el mercado se presenta como sinónimo de desarrollo, mientras que los derechos colectivos se convierten en restricciones que deben corregirse. Así, la tierra deja de ser entendida como base material de la continuidad histórica y cultural de los Pueblos Indígenas; al mismo tiempo que el maritorio deja de ser reconocido como espacio de memoria, de soberanía alimentaria y de protección intergeneracional. Así, el problema no radica en discutir mecanismos para mejorar las condiciones de vida de las familias y comunidades indígenas. El punto crítico es que esas necesidades no pueden utilizarse para debilitar los derechos colectivos ni para impedir la decisión de las comunidades sobre sus territorios con la excusa del desarrollo.

Por ello, los primeros meses de este gobierno no sólo abren una discusión legislativa sobre la Ley Indígena o la Ley Lafkenche, sino que también plantean una pregunta más profunda sobre el respeto de la política indígena en Chile y la aplicación de los derechos garantizados a nivel internacional. Si el punto de partida es la seguridad, la inversión y la certeza para los privados, los derechos indígenas quedan relegados bajo la mirada de un Estado colonial. En consecuencia, lo que está en juego no es sólo la propiedad, la tierra o el borde costero, sino la posibilidad de imaginar una relación distinta entre el Estado, el mercado y los Pueblos Indígenas, en la que sus derechos no sean la moneda de cambio. Por ahora, todo indica que estamos lejos de ese horizonte.

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Si bien históricamente el pueblo costarricense ha optado por candidatos presidenciales de centro, la elección de 2026 demostró un viraje a un gobierno conservador, con propuestas de “mano dura” a los crecientes desafíos que sufre el país. De igual manera, los diversos Pueblos Indígenas de Costa Rica mostraron un comportamiento similar al resto de la población. En las Juntas Electorales de Boruca (de mayoría indígena Brunka) y Amubri (de mayoría Bribri), el apoyo a la presidenta electa rondó el 57%. A nivel nacional, se estima que un 58% de la población que votó en territorios indígenas lo hizo por Laura Fernández. 

El amplio apoyo de la población indígena a un gobierno conservador genera una serie de interrogantes: a qué razones respondió y si este gobierno representa un avance o retroceso en materia de derechos de los Pueblos Indígenas. Las dudas aparecen porque la Presidenta electa prometió “continuidad” al gobierno anterior, cuya retórica buscó deslegitimar los procesos de recuperación de tierras de los Pueblos Indígenas. Además, anunció el interés de avanzar con el controversial proyecto hidroeléctrico el Diquís. Este último fue suspendido en el 2011 durante la visita del ex Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya. Y, posteriormente, fue cancelado en el 2016.

El voto indígena a una presidenta conservadora

La presidenta contó con un amplio apoyo en las zonas costeras y rurales. Históricamente, estas zonas han tenido un lugar secundario en las prioridades de la política e inversión pública. Esta situación contrasta con lo que se percibe que ocurre en el valle central, la región del país que concentra más del 60% de la población y tiene cuatro de las principales ciudades, incluida la capital. Los ocho Pueblos Indígenas, que habitan 24 territorios legalmente reconocidos en Costa Rica, se encuentran a largas distancias de la capital. La mayoría de estos territorios se encuentran en el Pacífico y el Atlántico Sur, dentro de los cantones con menor índice de desarrollo humano del país. La retórica populista de la anterior y actual administración resonó en un amplio sector de la población que no se ha visto representada ni escuchada por los gobiernos centrales. 

En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado una serie de crecientes retos: una crisis educativa catalogada como el “apagón educativo”; una creciente desigualdad, dado que es es el país más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); un aumento en el costo de vida; y la creciente e insólita crisis de inseguridad. En los últimos tres años, durante la administración de Chaves Robles, tuvo las tasas de homicidio más altas de su historia: 907 homicidios en 2023; 880 en 2024; y 873 en 2025. En efecto, el año 2023 fue el más violento de la historia del país, con una tasa de homicidios de 17,1 por cada 100,000 habitantes. La mayoría de estos homicidios están vinculados a disputas territoriales del crimen organizado y el narcotráfico.

En el plano electoral, la escasa presencia indígena en espacios de decisión no es nueva. En más de siete décadas de Segunda República, los ocho Pueblos Indígenas no han logrado incidir de manera proporcional en la estructura de poder.

La escasa presencia indígena en espacios de decisión no es nueva. En siete décadas, los ocho Pueblos Indígenas no han logrado incidir en la estructura de poder.

Los Pueblos Indígenas no son ajenos a esta creciente violencia. Dos defensores de los derechos de los Pueblos Indígenas fueron asesinados en un contexto de defensa de tierras indígenas. El líder Sergio Rojas del pueblo Bribri fue asesinado en el 2019 por su defensa y liderazgo en la recuperación de tierras ocupadas ilegalmente por personas no indígenas. En un contexto similar, el líder del pueblo Brörán (Teribe), Jerhy Rivera, fue asesinado en 2020. Rojas y Rivera habían cumplido un rol fundamental en la defensa de las tierras indígenas en Costa Rica, de las cuales alrededor del 43% están en manos de personas no indígenas.

En el plano electoral, la escasa presencia indígena en espacios de decisión no es nueva. En más de siete décadas de Segunda República, los ocho Pueblos Indígenas no han logrado incidir de manera proporcional en la estructura de poder: el país nunca ha tenido un ministro o viceministro indígena, y en la Asamblea Legislativa solo una persona autoidentificada como indígena ha ocupado un curul (escaño) recién durante el periodo 2022-2026. Esta ausencia no responde únicamente al tamaño poblacional (apenas 1,8% de la población nacional se identifica con un pueblo específico), sino a un sistema electoral que no prevé mecanismos diferenciados de participación para los Pueblos Indígenas.

Un plan de gobierno que no promete nada nuevo

En este contexto, el plan de gobierno de Laura Fernández promete “garantizar la dignidad humana de nuestra población indígena”, incluyendo el compromiso de fortalecer la participación política mediante “mecanismos de consulta eficientes y eficaces”. Esta consigna parece vacía de contenido debido a que promete algo que, jurídicamente, ya existe: desde 2018, Costa Rica cuenta con un mecanismo de consulta construido junto a los ocho Pueblos Indígenas.

El plan también promete “fortalecer el modelo de gobernanza” de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), una institución fundada en 1973 que arrastra décadas de cuestionamientos. Tras su visita a Costa Rica en 2021, el entonces Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí Tzay, documentó que la CONAI es “otra institución impuesta a los Pueblos Indígenas por el Estado y es inoperante”. Este pronunciamiento reafirmó la posición del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), que dos décadas antes ya había señalado que “en el pasado no ha cumplido sus funciones y tareas”.

La desconfianza y un desencanto más amplio con el sistema político también se reflejaron en las urnas: el abstencionismo en territorios indígenas alcanzó el 56%, casi el doble del promedio nacional  que fue del 30,92%.

La desconfianza y un desencanto más amplio con el sistema político también se reflejaron en las urnas: el abstencionismo en territorios indígenas alcanzó el 56%.

La promesa de “continuar con la recuperación y devolución de tierras” hereda un historial de bajo cumplimiento. El plan diseñado desde 2014 por el Ministerio de Justicia y Paz ha avanzado con lentitud frente a un problema de fondo: cerca del 43% del territorio legalmente reconocido a los Pueblos Indígenas permanece en manos de personas no indígenas. Este problema es central y crítico. Existen territorios indígenas como China Kichá del pueblo Bribri y Altos de San Antonio del pueblo Ngöbe, en los cuales los indígenas tienen control de solamente entre el 2 y el 3 por ciento de las tierras que legalmente les pertenecen. La falta de mecanismos efectivos, recursos e interés político han generado conflictos que costaron la vida a los líderes Sergio Rojas y Jerhy Rivera.

Frente a este historial, las promesas de campaña de Laura Fernández fueron recibidas con desconfianza. El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) acusó a la entonces candidata de instrumentalizar las demandas de sus comunidades: ”Repudiamos la práctica de Laura Fernández y Fernando Zamora utilizando nuestras necesidades y derechos como mecanismo de campaña”. La desconfianza y un desencanto más amplio con el sistema político también se reflejaron en las urnas: el abstencionismo en territorios indígenas alcanzó el 56%, casi el doble del promedio nacional que fue del 30,92%.

Una contradicción para los Pueblos Indígenas

¿Hasta dónde llega la “continuidad” que promete la nueva presidenta? Laura Fernández ofrece una pista importante. Nombró al expresidente Rodrigo Chaves Robles, quien terminó su periodo presidencial en mayo del 2026, como ministro de la Presidencia y de Hacienda. Este es un movimiento sin precedentes recientes en la política costarricense: mantuvo al expresidente como principal operador político y económico del nuevo gobierno. De este modo, extendió su inmunidad frente a investigaciones abiertas por el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Elecciones. 

En consecuencia, el panorama que deja este ciclo electoral aparenta ser de continuidades más que de rupturas. En este punto existe una contradicción para los Pueblos Indígenas de Costa Rica. Por un lado, un gobierno que ganó con amplio respaldo en territorios indígenas y que incluye en su plan de gobierno promesas explícitas de participación política, fortalecimiento institucional y devolución de tierras. Por otro, la continuidad de un gobierno cuya retórica y acciones dejaron entrever la falta de apoyo a los temas clave hacia las demandas de recuperación territorial.

Los próximos años pondrán a prueba si el “gobierno de la continuidad” representa una oportunidad real de avanzar en la implementación del mecanismo de consulta, la reforma de la CONAI y la devolución de tierras a los Pueblos Indígenas.

Los próximos años pondrán a prueba si el “gobierno de la continuidad” representa una oportunidad real de avanzar en la devolución de tierras a Pueblos Indígenas.

En balance, el respaldo electoral de las comunidades indígenas a Laura Fernández no parece, entonces, resultado de una identificación profunda con su agenda hacia los Pueblos Indígenas. Más bien, podemos observar un reflejo de dinámicas más amplias, como el abandono histórico de las zonas rurales y costeras alejadas del Valle Central y la fatiga con un sistema de partidos tradicionales percibido como ajeno.

Los próximos cuatro años pondrán a prueba si el “gobierno de la continuidad” representa una oportunidad real de avanzar en la implementación del mecanismo de consulta, la reforma de la CONAI y la devolución efectiva de tierras a los Pueblos Indígenas. Por otro lado, se podrían materializar las advertencias de organizaciones como el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), acerca de promesas de campaña que solo instrumentalizan las necesidades indígenas, sin atender sus causas estructurales. El elevado abstencionismo en los territorios indígenas sugiere que buena parte de la población ya no espera que ninguna de las dos respuestas provenga de las urnas. 

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El mecanismo REDD+ significa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal, y del papel de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo. Desarrollado originalmente en el marco de las negociaciones climáticas de la ONU para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal, este enfoque ha evolucionado hacia un sistema que involucra a desarrolladores privados, ONG de conservación, organismos de certificación, intermediarios financieros y agencias estatales.

Para los Pueblos Indígenas, las implicaciones son enormes. Las investigaciones muestran de manera consistente que los bosques bajo gobernanza indígena suelen registrar tasas más bajas de deforestación y mejores resultados ecológicos que las áreas protegidas administradas por el Estado. Sin embargo, los derechos territoriales indígenas, incluidos los derechos consuetudinarios sobre la tierra, siguen siendo débiles, incompletos o carecen de reconocimiento. Esto crea las condiciones para que gobiernos y actores privados reclamen autoridad sobre el «carbono forestal», eludiendo la gobernanza indígena y los derechos de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras y territorios.

El artículo 6 del Acuerdo de París corre el riesgo de ampliar estos daños al permitir que gobiernos y actores privados generen créditos de carbono jurisdiccionales en vastos territorios sin garantizar previamente los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, reconocer sus instituciones y autoridades consuetudinarias o asegurar un consentimiento significativo.

De las salvaguardas al despojo

Si bien las salvaguardas internacionales deberían proteger los derechos de los Pueblos Indígenas en el marco de los proyectos de carbono, en la práctica, estas protecciones suelen ser débiles, no vinculantes o fácilmente eludibles. En múltiples regiones, las organizaciones indígenas informan sobre patrones recurrentes: contratos opacos, procesos de consulta apresurados, acceso desigual a la información, decisiones adoptadas sin información suficiente y crecientes restricciones sobre la tenencia consuetudinaria de la tierra.

El Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) suele reducirse a una formalidad procedimental o a un simple requisito de verificación. A menudo, se contacta a las comunidades mediante reuniones aisladas, presentaciones técnicas o consultas realizadas en idiomas extranjeros y bajo una presión considerable. Los contratos suelen implicar complejos acuerdos jurídicos y financieros que se extienden durante décadas, mientras que las comunidades reciben escaso apoyo jurídico o técnico independiente para evaluar sus implicaciones a largo plazo. Esta brecha de información deja espacio para que intermediarios, a veces descritos como piratas o vaqueros del carbono, obtengan contratos abusivos.

En muchos casos, la asimetría de conocimientos y de poder es profunda. Los desarrolladores de proyectos de carbono, intermediarios y organismos de certificación operan con conocimientos especializados, equipos jurídicos y acceso a financiamiento internacional. Las comunidades, por el contrario, suelen verse obligadas a tomar decisiones sobre instrumentos financieros abstractos y futuras obligaciones territoriales con información limitada sobre las estructuras de precios, los riesgos contractuales o la distribución de ingresos. El resultado es un entorno en el que los territorios indígenas se incorporan a mercados globales de carbono volátiles sin que los titulares de derechos participen de manera informada y significativa en el proceso.

Proyectos piloto de REDD+ en África subsahariana han impuesto controles estrictos sobre la agricultura itinerante y el pastoreo en bosques, mientras las comunidades denuncian que los beneficios de la conservación no compensan la pérdida de medios de vida.

Proyectos piloto de REDD+ en África subsahariana han impuesto controles estrictos sobre la agricultura itinerante y el pastoreo en bosques.

Las restricciones impuestas en nombre de la conservación del carbono afectan prácticas como la agricultura itinerante, el pastoreo, la caza, la recolección o el uso forestal a pequeña escala. En algunos contextos, los proyectos de carbono reproducen antiguos modelos de «conservación fortaleza», en los que la propia presencia indígena es considerada una amenaza para la protección ambiental. Por ejemplo, proyectos piloto de REDD+ en África subsahariana han impuesto controles estrictos sobre la agricultura itinerante y el pastoreo en bosques, mientras las comunidades denuncian que los beneficios de la conservación no compensan la pérdida de medios de vida, lo que ha llevado a muchas de ellas a desvincularse de estos programas. Una investigación sobre una iniciativa fallida de REDD+ en Tanzania concluyó que las narrativas de la “naturaleza salvaje” fueron utilizadas para justificar medidas coercitivas, desalojos forzosos y el tratamiento de habitantes indígenas como intrusos en sus propios territorios.

Además, los proyectos de carbono transforman los sistemas de gobernanza local, profundizan las desigualdades internas y generan conflictos en torno a la representación, la distribución de beneficios y la autoridad territorial. La distribución de beneficios suele ser opaca, tardía y mínima, y las comunidades reciben apenas una pequeña fracción de los ingresos totales. Con frecuencia, mujeres, jóvenes y autoridades tradicionales quedan excluidos de las negociaciones —a pesar de soportar gran parte de la carga social y ambiental—, mientras que los ingresos de los proyectos, cuando llegan a materializarse, pueden ser capturados por élites locales o intermediarios externos.

Créditos fantasmas y la lógica de la compensación

Las investigaciones sobre los mercados voluntarios de carbono han constatado que una gran cantidad de créditos forestales  son “créditos fantasma”: créditos emitidos por reducciones de emisiones que no ocurrieron o que no pueden verificarse de manera fiable. Sin embargo, estos mismos créditos son utilizados de forma rutinaria por grandes corporaciones para respaldar afirmaciones de “cero emisiones netas” mientras continúan con la extracción de combustibles fósiles y modelos de negocio altamente emisores. De este modo, la compensación de carbono no funciona como una vía para superar la dependencia de los combustibles fósiles, sino como un mecanismo que permite que las emisiones continúen en otros lugares.

Esta contradicción pone de manifiesto uno de los problemas centrales de los mercados de carbono. Simplemente no existe suficiente tierra en el planeta para compensar los niveles actuales de consumo de combustibles fósiles manteniendo al mismo tiempo los patrones existentes de extracción y crecimiento económico. La idea de que las emisiones continuas en el Norte Global pueden equilibrarse indefinidamente mediante proyectos de conservación en el Sur Global se basa en supuestos ecológicos cada vez más insostenibles.

El problema también es epistemológico. Los mercados de carbono privilegian sistemas de medición, verificación y monitoreo basados en lógicas tecnocráticas y financieras: imágenes satelitales, cálculos de biomasa, contabilidad del carbono y registros digitales.

El problema también es epistemológico. Los mercados de carbono privilegian sistemas de medición que marginan las concepciones indígenas del territorio.

Para muchos Pueblos Indígenas, esto no constituye simplemente un fracaso técnico, sino una continuación de las relaciones coloniales. Los territorios del Sur Global se convierten en espacios encargados de absorber los costos ambientales de las economías industriales (como lo son las emisiones de gases de efecto invernadero) generados en otros lugares. De este modo, los bosques se reducen a reservas de carbono registradas en bases de datos distantes, mientras se espera que los Pueblos Indígenas carguen con el peso de la mitigación climática para economías que siguen dependiendo del petróleo, el gas y la minería.

El problema también es epistemológico. Los mercados de carbono privilegian sistemas de medición, verificación y monitoreo basados en lógicas tecnocráticas y financieras: imágenes satelitales, cálculos de biomasa, metodologías de contabilidad del carbono y registros digitales. Estos marcos suelen marginar las concepciones indígenas del territorio, fundamentadas en la reciprocidad, la relacionalidad y las responsabilidades entre la vida humana y la no humana.

Entre el rechazo y el involucramiento estratégico

Las respuestas de los Pueblos Indígenas frente a los mercados de carbono no son uniformes ni estáticas. En distintas regiones, numerosas organizaciones y movimientos territoriales rechazan de plano los mercados de carbono, argumentando que constituyen falsas soluciones que mercantilizan la naturaleza ypermiten que los principales contaminadores eviten realizar reducciones significativas de emisiones en origen.

Al mismo tiempo, la realidad sobre el terreno suele ser más compleja. Los mercados de carbono ya se están expandiendo rápidamente por los territorios indígenas, en contextos marcados por presiones simultáneas de la minería, el agronegocio, la tala, la expansión de infraestructuras y el crimen organizado, incluido el narcotráfico. Para algunas comunidades, la participación en proyectos de carbono no surge de una adhesión a estos mecanismos, sino de la necesidad de desenvolverse en un entorno político y económico cada vez más restrictivo.

Las organizaciones indígenas exigen protecciones territoriales, contratos transparentes, apoyo jurídico independiente, distribución de beneficios controlada por las comunidades y procesos de consulta de acuerdo con los sistemas de gobernanza indígena.

Las organizaciones indígenas exigen protecciones territoriales, contratos transparentes, apoyo jurídico independiente, distribución de beneficios y procesos de consulta previa.

En ciertos casos, las comunidades consideran que las iniciativas de carbono representan una amenaza menor en comparación con otras formas de desarrollo extractivo. Otras optan por involucrarse estratégicamente para obtener reconocimiento territorial, fortalecer la gobernanza colectiva o ganar capacidad de negociación en procesos que probablemente continuarán independientemente de la oposición de los Pueblos Indígenas. En este sentido, la participación funciona más como una estrategia de defensa y supervivencia política, que como una aceptación.

Esto ha dado lugar a formas de involucramiento cauteloso, basadas en derechos y centradas en fortalecer la capacidad de decisión de los Pueblos Indígenas, antes que en legitimar a los propios mercados de carbono. En distintas regiones, las organizaciones indígenas exigen protecciones territoriales, contratos transparentes, apoyo jurídico independiente, mecanismos de distribución de beneficios controlados por las comunidades y procesos de consulta diseñados de acuerdo con los sistemas de gobernanza indígena, y no en función de los cronogramas de los proyectos.

Más allá de los mercados de carbono

A pesar de la diversidad de posiciones de los Pueblos Indígenas respecto de los mercados de carbono, existe una demanda que se mantiene constante en todos los contextos: la autodeterminación. Ya sea que las comunidades opten por el rechazo, la negociación o una participación selectiva, la cuestión central es el derecho de los Pueblos Indígenas a decidir qué sucede en sus territorios de acuerdo con sus propias instituciones, sistemas de conocimiento y prioridades políticas. La seguridad en la tenencia colectiva de la tierra debe ser una condición previa para cualquier forma legítima de participación.

Cada vez más, las organizaciones indígenas promueven enfoques alternativos centrados en los derechos territoriales, el acceso directo al financiamiento climático y formas no mercantiles de acción climática. Estas propuestas ponen el énfasis en la gobernanza indígena y sus protocolos, los derechos colectivos sobre la tierra, la soberanía alimentaria, la restauración ecológica y la defensa de los territorios vivos.

La expansión de los mercados de carbono sugiere que la economía global sigue buscando formas de gestionar la crisis climática sin enfrentar las estructuras que la produjeron. Las críticas de los Pueblos Indígenas ponen de relieve los límites de ese enfoque.

La expansión de los mercados de carbono sugiere que la economía global sigue buscando formas de gestionar la crisis climática sin enfrentar las estructuras que la produjeron.

Estos enfoques también cuestionan la economía política más amplia que sustenta los mercados de carbono. Abordar el cambio climático requiere mucho más que nuevos instrumentos financieros. Exige una transformación estructural radical de la sociedad y la economía, que facilite una rápida eliminación progresiva de los combustibles fósiles; una regulación estricta de las industrias extractivas y de las cadenas de suministro vinculadas a la deforestación; la cancelación de deudas ilegítimas; y una inversión pública a gran escala en iniciativas lideradas por Pueblos Indígenas y comunidades locales.

La expansión de los mercados de carbono sugiere que la economía global sigue buscando formas de gestionar la crisis climática sin enfrentar las estructuras que la produjeron en primer lugar. Las críticas de los Pueblos Indígenas ponen de relieve los límites de ese enfoque. Nos recuerdan que los bosques no son simplemente reservorios de carbono y que la justicia climática no puede reducirse a ejercicios contables realizados en centros financieros distantes.

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Respecto a las razones que impulsan esta agenda, se nos dice con frecuencia que el principal obstáculo para abordar la crisis de la biodiversidad es la falta de financiamiento para la naturaleza. Según este argumento, la brecha de financiación es demasiado grande para que los gobiernos puedan cerrarla por sí solos, por lo cual se necesita reorientar el capital privado. En este marco, la creación de un mercado financiero de intercambio de créditos de biodiversidad sería la mejor manera. Este relato es discutible y políticamente sesgado.

El relato sesgado sobre la brecha de financiación

En primer lugar, la supuesta brecha de financiamiento anual de 700.000 millones de dólares podría cerrarse fácilmente reasignando una fracción de los 1.700.000 millones de dólares anuales que se destinan a subsidios  para actividades dañinas. Lo que significa que la brecha podría cerrarse por completo con financiamiento público, sin aumentar impuestos ni déficits, lo que cuestiona la supuesta  necesidad de capital privado.

Si se tomara la decisión política de seguir subsidiando la destrucción, y depender, en cambio, del capital privado para la conservación, la forma más eficaz y rápida de reorientarlo sería mediante regulaciones que limiten la degradación ambiental. Esto se debe a que cualquier regulación impactará en las ganancias futuras esperadas de los sectores involucrados y provocará que los flujos de capital privado se ajusten automáticamente a las nuevas expectativas de beneficios.

La creación de un mercado de créditos de biodiversidad constituye la última y menos eficaz opción si el objetivo es abordar la pérdida de biodiversidad.

La creación de un mercado de créditos de biodiversidad constituye la última y menos eficaz opción si el objetivo es abordar la pérdida de biodiversidad.

Pero incluso si consideráramos que las regulaciones ambientales alineadas con los límites planetarios serían demasiado “coercitivas” y eligiéramos usar solo incentivos (y no sanciones), seguiría siendo mucho más rápido, eficiente y rentable hacerlo mediante tratamientos fiscales o regulatorios favorables, en lugar de crear toda una nueva infraestructura de mercado financiero basada en una pseudo mercancía.

La creación de un mercado de créditos de biodiversidad constituye, por lo tanto, la última y menos eficaz opción si el objetivo es abordar la pérdida de biodiversidad. Precedentes como el rescate bancario de 2008, el plan de recuperación de la pandemia de Covid-19 o el reciente aumento del gasto en defensa de la Unión Europea también muestran que los gobiernos pueden encontrar dinero cuando quieren hacerlo.

Falta de integridad ambiental

La privatización y financiarización cambiarán las políticas de conservación, al introducir un requisito de rentabilidad, lo que a su vez las debilitará en comparación con políticas basadas en la regulación. Ya hemos observado las consecuencias perjudiciales de la financiarización en ámbitos como la salud, la educación y la vivienda. A su vez, los créditos de naturaleza implicarían una transferencia de soberanía del Estado hacia los mercados financieros, cuyas prioridades difícilmente coinciden con las prioridades ecológicas. De este modo, se pondría en  riesgo nuestro futuro y supervivencia.

También existe un problema fundamental entre la necesidad de contar con una gran cantidad de tipos de créditos para reflejar el elevado número de especies y, la necesidad de reducir esa diversidad en unos pocos tipos de créditos para contar con un mercado financiero líquido, donde compradores y vendedores puedan encontrar fácilmente contrapartes comerciales. Sin embargo, tal nivel de simplificación no es compatible con la integridad ambiental.

De manera crucial, es probable que los créditos de biodiversidad se utilicen principalmente con fines de compensación, ya que no existe otro modelo de negocio a gran escala. La hoja de ruta de la Unión Europea ya sitúa los créditos de naturaleza más allá de la jerarquía de mitigación, cuyo punto cúlmine es la compensación, lo cual refuerza y legitima este enfoque. Particularmente, porque el actual equilibrio de fuerzas políticas probablemente empuje a la Unión Europea a alinearse con el marco del Panel Asesor Internacional sobre Créditos de Biodiversidad, que explícitamente incorpora la compensación. 

Sin embargo, existe un consenso científico sobre el hecho de que la compensación de biodiversidad no es posible en la mayoría de los casos. Nuestro conocimiento científico sigue siendo incompleto: la ciencia de la restauración aún está en sus primeras etapas y, simplemente, no es posible transformar millones de especies en unos pocos activos líquidos comercializables. Por ello, la compensación de biodiversidad ha tenido un historial muy deficiente en las últimas décadas. Esto hace que la compensación de biodiversidad no sea “mejor que nada” (como a veces se afirma), sino “peor que nada”. Al crear la ilusión de que el problema está siendo abordado, ayuda a mantener la licencia social para destruir la naturaleza y reduce la presión pública para soluciones reales.

Los primeros escándalos ya están emergiendo

Probablemente, los créditos y compensaciones de biodiversidad se desarrollarán en el Sur Global, bajo el argumento de que allí se encuentra la mayor variedad de especies animales y vegetales intactas. Sin embargo, en realidad es porque en América Latina, África y Asia la tierra es mucho más barata como consecuencia del colonialismo. Esto podría conducir al mismo acaparamiento de tierras, tensiones y violaciones de derechos humanos que han sido documentadas con las compensaciones de carbono.

Además, recibir pagos para proteger la naturaleza en un territorio con el fin de permitir su destrucción en otro lugar del planeta podría contradecir los valores y la cosmovisión de muchas comunidades. Los Pueblos Indígenas entienden la tierra, las aguas, los animales y las plantas como parientes o como parte de un territorio vivo, no como “capital natural” externo o un conjunto de “servicios ecosistémicos”. Asimismo, los esquemas basados en el mercado corren el riesgo de subordinar la gobernanza territorial indígena a actores financieros externos y agencias estatales, recentralizando de hecho el control sobre territorios, cuya defensa ha sido sostenida durante generaciones.

Los ingresos pueden ser muy útiles para algunas comunidades indígenas. Sin embargo, la clave está en los detalles: qué proporción del órgano de gobernanza está compuesta por representantes indígenas y si reciben al menos el 50% de los ingresos.

Los ingresos pueden ser muy útiles para algunas comunidades indígenas. Sin embargo, como siempre, la clave está en los detalles.

Actualmente, existe un fuerte impulso para involucrar a los Pueblos Indígenas y otras comunidades dependientes del bosque en las diversas iniciativas internacionales de créditos de biodiversidad. Sin embargo, esto responde más a fines de comunicación que a un verdadero codiseño y a una distribución justa del poder de decisión y de los ingresos. Incluir a algunos líderes indígenas es una forma eficaz y poco costosa de evitar acusaciones de neocolonialismo verde y de desviar la atención de la falta de integridad ambiental de estos esquemas. 

Para ser claros, los ingresos pueden ser muy útiles para algunas comunidades indígenas. Sin embargo, como siempre, la clave está en los detalles: qué proporción de los miembros del órgano de gobernanza está compuesta por representantes indígenas y si reciben al menos el 50% de los ingresos. Además, los proyectos de créditos y compensaciones de biodiversidad suelen promoverse en situaciones en las que las comunidades están sometidas a una fuerte presión económica y política para aceptarlos, lo que puede debilitar el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), y convertirlo en coerción.

El impacto sobre la gobernanza indígena

Es importante aclarar dos puntos: primero, el énfasis actual en la participación indígena indica que una gran proporción de los proyectos de créditos y compensaciones de biodiversidad se llevará a cabo en sus territorios, más que en países del Norte Global.

En segundo lugar, las promesas de ingresos provenientes de la venta de estos créditos son hipotéticos y serán extremadamente volátiles, ya que dependen de los mercados financieros, los cuales son vulnerables a desaparecer en cuanto los líderes del Norte Global dejen de simular que abordan la crisis de la biodiversidad. De hecho, el Reino Unido proporciona un ejemplo claro. Tras iniciar en 2024 un mercado obligatorio de compensación de biodiversidad, el gobierno introdujo en 2025 una alternativa: los promotores inmobiliarios podrían optar por  compensar el 110% de la destrucción residual de la naturaleza causada por sus proyectos mediante el pago de una tarifa única a un fondo de conservación.

Si los mercados colapsan, las comunidades podrían perder la posibilidad de volver a sus medios de vida tradicionales (y sin ingresos estables). Así, serían empujadas hacia el despojo o una mayor mercantilización de sus tierras solo para sobrevivir.

Si los mercados colapsan, las comunidades podrían perder la posibilidad de volver a sus medios de vida tradicionales (y sin ingresos estables).

Eventualmente, las consecuencias para los Pueblos Indígenas serían especialmente graves: los contratos a largo plazo pueden restringir el uso de la tierra y la gobernanza, mientras que los ingresos prometidos suelen ser efímeros e inciertos. Si los mercados colapsan, las comunidades podrían perder la posibilidad de volver a sus medios de vida tradicionales (y sin ingresos estables). Así, serían empujadas hacia el despojo o una mayor mercantilización de sus tierras solo para sobrevivir.

Ya existe un número creciente de escándalos vinculados a los créditos de biodiversidad, que apuntan a problemas estructurales más profundos: TotalEnergies está destruyendo un parque nacional en Uganda para extraer petróleo; Eiffage está construyendo una represa en Costa de Marfil que daña el bosque, mientras promete falsamente una pérdida neta cero; en Mozambique, el megaproyecto de TotalEnergies ha estado asociado con afirmaciones ambientales engañosas; y en Guinea, proyectos mineros respaldados por actores financieros internacionales han estado vinculados a afectaciones ecológicas a gran escala enmarcados mediante mecanismos de compensación.

¿Quién promueve estos mercados?

Entonces, ¿por qué se están promoviendo estos mercados, sabiendo que probablemente serán un fracaso ambiental, igual que lo fueron antes las compensaciones de carbono? El principal objetivo político es proteger el statu quo durante unos años más. Estos mercados dan la ilusión de acción mientras evitan confrontar intereses privados que actualmente se benefician de la destrucción y se niegan a cuestionar paradigmas económicos obsoletos e insostenibles, incluidos la minería, la agroindustria, la infraestructura y el sector inmobiliario.

Dicho de otro modo, la Comisión Europea quiere abordar la crisis de la biodiversidad, pero solo en la medida en que ello no interfiera con el crecimiento económico a corto plazo y la competitividad, que siguen siendo sus prioridades centrales. Probablemente, este mercado pueda ser instrumentalizado para desmantelar aún más las regulaciones ambientales de la Unión Europea, argumentando que ya no son necesarias porque han sido reemplazadas por este mercado. Esto es similar a la política climática y, en particular, a las compensaciones de carbono, que son a la vez un fracaso ambiental y un éxito político, ya que lograron retrasar durante muchos años una acción climática significativa.

Y, por cierto, estos nuevos mercados tampoco están exentos de riesgos para los potenciales inversores privados, que estarían expuestos a altos niveles de riesgo regulatorio y reputacional en esta pseudo-mercancía. Los acontecimientos recientes en el Reino Unido también han puesto de relieve los riesgos de obtener ingresos estables de la venta de créditos de biodiversidad. 

Las soluciones son bien conocidas

Lo que se necesita es reorientar los subsidios dañinos existentes y aplicar regulaciones ambientales más estrictas que aborden las causas estructurales de la pérdida de biodiversidad y estén alineadas con los límites planetarios. El sistema alimentario global es el principal impulsor de la pérdida de biodiversidad, a través de la deforestación para la ganadería. Según la comisión EAT-Lancet, la solución es reducir el desperdicio de alimentos y cambiar la dieta, mediante la reorientación de los subsidios agrícolas, la imposición de impuestos a alimentos no saludables y la regulación de la publicidad. Esto reduciría masivamente la deforestación, recortaría las emisiones de gases de efecto invernadero y disminuiría la contaminación del agua por el uso excesivo de pesticidas.

Otro pilar central es el reconocimiento y fortalecimiento de la gestión indígena. Asegurar títulos colectivos de tierra; reconocer sus sistemas jurídicos y de gobernanza; y proporcionar apoyo público estable y sin condiciones a la conservación la defensa territorial lideradas por Pueblos Indígenas son algunas de las medidas más impactantes que los gobiernos pueden adoptar. Del mismo modo, la sobreexplotación de los recursos naturales, el cambio climático y la contaminación deben abordarse cambiando progresivamente la forma en que consumimos, comemos y viajamos. También se deben implementar regulaciones  como la reducción de la producción de plásticos. Por supuesto, esto requeriría enfrentarse a los lobbies privados como la industria alimentaria y agroindustrial, y el actual contexto político no es favorable.

Sin embargo, la historia del progreso social y ambiental muestra varios ejemplos de cómo los cambios transformadores ocurrieron, a pesar de contextos políticos desfavorables: desde el movimiento sindical hasta las sufragistas, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y el movimiento ambiental, así como las luchas de los Pueblos Indígenas en defensa de sus territorios. Asimismo, varias encuestas muestran que la mayoría de los ciudadanos en todo el mundo están dispuestos a cambiar la forma en que trabajan y viven para abordar la crisis climática. Probablemente, mostrarían el mismo apoyo para abordar la crisis de la biodiversidad. El futuro aún no está escrito: una vez que la organización de base alcance una masa crítica, eventualmente ganaremos.

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Un crédito representa una “unidad” cuantificada, medible y comercializable de un resultado positivo para la biodiversidad, como la restauración o protección de determinados ecosistemas o especies. Las principales iniciativas insisten que, a diferencia de las compensaciones tradicionales, estos créditos deberían servir únicamente como inversiones adicionales en biodiversidad y no como mecanismos para compensar daños causados en otros lugares. En este marco, se los presenta como una herramienta voluntaria para empresas e inversores que buscan demostrar contribuciones “positivas para la naturaleza”. Sin embargo, la distinción entre créditos y compensaciones sigue siendo poco clara en la práctica. 

Varios esquemas impulsados por Estados y actores privados han explorado el “uso dual”, mediante el cual las unidades de biodiversidad contribuyen tanto a requisitos regulatorios de compensación como a mercados voluntarios de “créditos para la naturaleza”. Sin embargo, esta posibilidad sigue siendo objeto de controversia debido a preocupaciones relacionadas con la doble contabilización y la integridad de los sistemas. Los enfoques nacionales varían. La Ley de Medio Ambiente de Inglaterra de 2021 estableció un mercado regulado obligatorio de unidades de biodiversidad. Nueva Zelanda, por su lado, apoya actualmente un mercado voluntario y gestionado por actores privados, que eventualmente podría interactuar con los mecanismos regulatorios de compensación.

La promoción del financiamiento privado

Los principales organismos de certificación de carbono y consultoras también están ingresando en este ámbito. Organizaciones como Verra, South Pole, Plan Vivo, rePLANET, Terrasos y ValueNature han desarrollado metodologías para certificar resultados positivos para la biodiversidad y crear unidades comercializables. El atractivo es evidente: un nuevo producto para inversores y empresas, y una nueva fuente de ingresos para intermediarios que ya controlan gran parte del mercado de carbono.

Una creciente red de iniciativas está configurando la arquitectura de las finanzas para la naturaleza y promoviendo mercados de biodiversidad de “alta integridad”: la Biodiversity Credit Alliance, la plataforma Financing for Nature del Foro Económico Mundial, el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza (TNFD) y el Fondo para el Marco Mundial de Biodiversidad del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Paralelamente, iniciativas como el Panel Asesor Internacional sobre Créditos de Biodiversidad están impulsando una Hoja de Ruta Global para los créditos de biodiversidad mediante procesos voluntarios y multipartícipes.

La Hoja de Ruta hacia los Créditos para la Naturaleza no aborda adecuadamente los derechos de los Pueblos Indígenas, incluidos sus derechos sobre tierras, territorios y recursos.

La Hoja de Ruta hacia los Créditos para la Naturaleza no aborda adecuadamente los derechos de los Pueblos Indígenas sobre sus territorios y recursos.

En la COP 16 del CDB, los gobiernos priorizaron la movilización de financiamiento privado para el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y la puesta en funcionamiento del Fondo para el Marco Mundial de Biodiversidad, pero evitaron respaldar formalmente los mercados de créditos de biodiversidad. Aunque el Fondo reconoce los derechos de los Pueblos Indígenas y contempla salvaguardas sociales, persisten serias dudas sobre cómo se garantizará el cumplimiento de estos compromisos en la práctica. Especialmente, a medida que aumente la financiación para la biodiversidad.

En julio de 2025, la Comisión Europea publicó su Hoja de Ruta hacia los Créditos para la Naturaleza, un marco basado en el mercado destinado a movilizar inversiones del sector privado para la conservación de la biodiversidad, bajo la premisa de que la financiación pública por sí sola es insuficiente. La Hoja de Ruta no aborda adecuadamente los derechos de los Pueblos Indígenas, incluidos sus derechos sobre tierras, territorios y recursos. Tampoco enfrenta de manera suficiente los impulsores estructurales de la pérdida de biodiversidad, como los subsidios perjudiciales para la biodiversidad, los flujos financieros y los sistemas de producción.

¿Puede la biodiversidad estandarizarse y venderse?

Sus defensores sostienen que los créditos de biodiversidad pueden desbloquear financiamiento para la conservación, recompensar una buena gestión ambiental e incentivar mejores prácticas empresariales. Sin embargo, el enfoque de la “brecha de financiamiento” adoptado en el MMBKM oculta el hecho de que las propuestas actuales dependen en gran medida del capital privado de los principales responsables de la pérdida de biodiversidad. Esto refuerza patrones en los que los Estados y las corporaciones más ricas mantienen el control sobre los flujos de “financiamiento para la naturaleza”. 

De este modo, los créditos de biodiversidad corren el riesgo de reproducir dinámicas coloniales, al concentrar el poder de decisión y la extracción de valor en el Norte Global, mientras los territorios y pueblos del Sur Global son presentados como espacios de “reparación” ambiental. El lenguaje técnico de la “integridad de los mercados” termina sosteniendo un proyecto político que preserva patrones económicos extractivos, al tiempo que desplaza la responsabilidad por los daños ecológicos hacia los territorios de los Pueblos Indígenas y las comunidades racializadas.

Las estrategias actuales privilegian de manera desproporcionada a los instrumentos basados en el mercado, evitando fortalecer los derechos territoriales, la paralización de proyectos destructivos o la reforma de subsidios.

Las estrategias privilegian los instrumentos del mercado, evitando fortalecer los derechos territoriales, la paralización de proyectos destructivos o la reforma de subsidios.

No obstante, los desafíos fundamentales suelen presentarse como cuestiones técnicas: definir una unidad de biodiversidad que sea científicamente sólida, medible y escalable. En la práctica, estos esfuerzos se enfrentan a problemas ecológicos y éticos más profundos. La biodiversidad está profundamente ligada al lugar: los ecosistemas no son intercambiables, sus relaciones son complejas y, a menudo, solo se comprenden de manera parcial. Los intentos de definir una “equivalencia ecológica” ya han fracasado en los sistemas de compensación de biodiversidad. Una revisión global concluyó que la mayoría de estos esquemas no logró cumplir su promesa de “ninguna pérdida neta”, debido a un monitoreo deficiente, una aplicación débil de las normas y plazos poco realistas para la restauración. 

También existe una cuestión más amplia sobre la dependencia de los mercados para resolver una crisis impulsada, en gran medida, por la acumulación de riqueza. Las herramientas económicas, como los créditos, deberían complementar —y no sustituir— la regulación, la financiación pública y las formas colectivas de gobernanza. Sin embargo, las estrategias actuales privilegian de manera desproporcionada a los instrumentos basados en el mercado, evitando fortalecer los derechos territoriales, la paralización de proyectos destructivos o la reforma de subsidios.

Los territorios indígenas en la primera línea de las finanzas para la biodiversidad

Muchos proyectos piloto de créditos de biodiversidad se están desarrollando en el Sur Global, particularmente en territorios boscosos gobernados por Pueblos Indígenas. Se trata de las mismas tierras que han albergado proyectos de compensación de carbono durante las últimas dos décadas, frecuentemente acompañados por violaciones de derechos y conflictos sociales. Las áreas protegidas se han establecido de manera reiterada sin reconocer la tenencia consuetudinaria, sin garantizar el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y con severas restricciones a los medios de vida tradicionales. Es probable que los créditos de biodiversidad intensifiquen estas dinámicas de diversas maneras: 

Presión sobre la tierra. La asignación de un valor financiero a los resultados de conservación de la biodiversidad hace que los territorios indígenas resulten más atractivos para los inversores en conservación, especialmente allí donde los derechos territoriales siguen sin resolverse, lo que genera el riesgo de acuerdos de gestión a largo plazo que marginen a las instituciones consuetudinarias.

Control y vigilancia. Los sistemas de verificación, como sensores remotos, indicadores estandarizados y tokens digitales, desplazan los conocimientos y sistemas de gobernanza indígenas al otorgar prioridad a expertos externos y, al mismo tiempo, posibilitar el monitoreo de la forma en que las comunidades utilizan sus propios territorios.

Contratos injustos. Al igual que ocurre con los proyectos de carbono, las comunidades suelen carecer de asesoramiento jurídico independiente; los contratos pueden ser firmados por grupos reducidos de liderazgo sin consentimiento colectivo, mientras que las pequeñas y poco transparentes participaciones en los ingresos son vulnerables a la captura por élites.

División y criminalización. Cuando hay sumas importantes de dinero en juego, los intermediarios pueden explotar las diferencias internas para obtener consentimiento. Quienes cuestionan los proyectos corren el riesgo de ser etiquetados como opositores al desarrollo o una amenaza para la conservación, una preocupación especialmente grave en un contexto de creciente criminalización y asesinato de personas defensoras del ambiente.

Detrás de estos riesgos concretos subyace un conflicto más profundo de valores. Las metodologías de los créditos de biodiversidad reducen la naturaleza a aquello que puede contarse, valorarse económicamente y comercializarse, mientras que muchos sistemas de conocimiento indígenas se basan en la responsabilidad, la reciprocidad y el carácter sagrado de la naturaleza, donde el territorio no puede fragmentarse en mercancías. Cuando esta visión relacional del mundo es tratada como un obstáculo y no como un fundamento para las políticas públicas, los créditos de biodiversidad se convierten en otra herramienta de colonización.

¿La integridad de quién?

En respuesta a las crecientes críticas, las iniciativas de créditos de biodiversidad destacan principios de “alta integridad”, como una gobernanza sólida, el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), una distribución equitativa de beneficios y mecanismos de reclamación. Algunos fondos multilaterales incluso reconocen a los Pueblos Indígenas como custodios de la biodiversidad. Sin embargo, existe una marcada brecha entre el discurso y la práctica. Los principios y metodologías fundamentales están siendo diseñados por coaliciones de instituciones financieras, ONG de conservación y organismos de establecimiento de estándares, con una participación indígena limitada o incorporada en etapas tardías.

Desde la adopción del MMBKM, numerosas organizaciones indígenas, entre ellas el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, han advertido reiteradamente que los mercados de biodiversidad corren el riesgo de reproducir las dinámicas de despojo, desigualdad y control territorial observadas en los proyectos de compensación de carbono. Estas organizaciones subrayan que el financiamiento para la biodiversidad debe abordar las injusticias históricas, fortalecer la financiación directa para los Pueblos Indígenas y evitar la mercantilización de la naturaleza a costa de debilitar la gobernanza territorial colectiva. Cualquier marco emergente de créditos de biodiversidad debe incorporar de manera crítica estas posiciones.

La gobernanza debe reflejar un liderazgo indígena genuino. Las organizaciones indígenas deben ocupar espacios reales de toma de decisiones en el diseño y la supervisión de los mecanismos de financiamiento para la biodiversidad.

Se necesitan normas vinculantes para evitar el uso de créditos para justificar actividades como la minería, la extracción de combustibles fósiles o grandes proyectos.

Se requieren tres transformaciones fundamentales para evitar que los créditos de biodiversidad reproduzcan los daños asociados a los mercados de carbono. En primer lugar, los derechos deben preceder a los mercados: el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras, territorios y formas colectivas de tenencia debe ser una condición previa para cualquier esquema de créditos, y no una aspiración futura. Esto implica la plena implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente en lo relativo al CLPI y a la libre determinación, tanto en la legislación como en la práctica.

En segundo lugar, la gobernanza debe reflejar un liderazgo indígena genuino. Las organizaciones indígenas deben ocupar espacios reales de toma de decisiones, y no meramente consultivos, en el diseño y la supervisión de los mecanismos de financiamiento para la biodiversidad, con financiamiento específico y respeto por la diversidad de sistemas de conocimiento. En tercer lugar, el papel de los créditos debe ser limitado. No deben servir para legitimar actividades destructivas mediante mecanismos de compensación ni para sustituir la regulación y la financiación pública. Por eso, se necesitan normas vinculantes para evitar la doble contabilización, el lavado verde y el uso de créditos para justificar actividades como la minería, la extracción de combustibles fósiles o grandes proyectos de infraestructura en otros lugares.

Elegir un camino diferente

El impulso a los créditos de biodiversidad busca responder a un problema real: la insuficiente financiación crónica para la biodiversidad, especialmente en contextos donde los Pueblos Indígenas son sus principales custodios, pese a haber sufrido una histórica marginación. Sin embargo, la financiación directa de iniciativas de conservación lideradas por Pueblos Indígenas, junto con reformas legales destinadas a garantizar los derechos territoriales y de gobernanza, probablemente produciría resultados mucho más duraderos que los esquemas especulativos de créditos.

Que los Pueblos Indígenas decidan o no participar en estos mercados es una cuestión de libre determinación. Sin embargo, cualquier decisión debe basarse en el Consentimiento Libre, Previo e Informado, con información transparente sobre los riesgos y las alternativas existentes. Los gobiernos y los actores privados no deben considerar los esquemas de créditos como un atajo para evitar decisiones más difíciles, como poner fin a las industrias destructivas y enfrentar las relaciones de poder desiguales.

La cuestión fundamental es qué visiones de la naturaleza, el desarrollo y la justicia definirán el futuro. Si los créditos de biodiversidad simplemente reafirman la lógica extractiva que generó la crisis de biodiversidad, representarán una nueva ronda de sacrificios impuesta a los Pueblos Indígenas.

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A lo largo del taller, una idea se repitió con fuerza: los mercados de carbono no pueden entenderse de manera aislada, sino como parte de una historia de intervención en territorios indígenas. En consecuencia, las y los participantes trazaron una línea que conecta distintos momentos —la colonización, la explotación del caucho, la expansión petrolera y minera— con las actuales iniciativas climáticas. En estos procesos, los territorios son objeto de interés externo, sin que los pueblos que los habitan tengan control sobre las decisiones.

El nuevo rostro del extractivismo

Desde esta perspectiva, el carbono aparece como un nuevo elemento dentro de una lógica conocida. No se trata únicamente de conservar bosques o reducir emisiones, sino de quién define el uso del territorio y bajo qué condiciones. Está más que claro que estos mecanismos responden a intereses globales orientados a sostener los modelos económicos actuales, al permitir que empresas y corporaciones continúen desarrollando actividades contaminantes. A su vez, las corporaciones buscan compensar sus emisiones trasladando la responsabilidad hacia los Pueblos Indígenas que históricamente han conservado sus territorios ancestrales.

Las experiencias compartidas reforzaron esta lectura. Se mencionaron casos de proyectos de conservación que han implicado restricciones al uso ancestral del territorio, limitando prácticas tradicionales como la caza, la pesca o la recolección. En otros casos, la creación de áreas protegidas en territorios indígenas o proyectos de carbono se realizó sin procesos adecuados de consulta, generando conflictos que aún persisten. Además, estos proyectos evidencian que el discurso conservacionista puede funcionar como mecanismo de control.

El problema no es únicamente el mercado de carbono. El lenguaje cambia, pero las relaciones de poder se mantienen. Por eso, más allá de la discusión técnica, el tema fue abordado como una disputa política sobre territorio, autonomía y derechos.

El problema no es únicamente el instrumento del mercado de carbono. El lenguaje cambia, pero las relaciones de poder se mantienen.

Estos procesos no llegan de manera aislada, sino acompañados de narrativas que prometen beneficios económicos, desarrollo local o las (mal) llamadas “mejoras en la calidad de vida”, reducidas a salud y educación, derechos básicos que el Estado debería garantizar plenamente. Varias intervenciones recordaron que promesas similares han sido parte de la historia, especialmente en el contexto petrolero, donde los resultados no correspondieron con las expectativas generadas. Esta memoria colectiva permite interpretar las propuestas vinculadas al carbono en su contexto histórico.

En ese sentido, el problema no es únicamente el instrumento del mercado de carbono, sino la forma en que se inserta en territorios con historias de despojo. El lenguaje cambia, pero las relaciones de poder se mantienen. Por eso, más allá de la discusión técnica, el tema fue abordado como una disputa política sobre territorio, autonomía y derechos, en que los Pueblos Indígenas buscan evitar repetir experiencias del pasado.

Decisiones desiguales y conflictos internos

Otro eje fue el análisis de cómo se toman las decisiones en estos procesos, ya que existen profundas asimetrías entre los actores involucrados. Mientras empresas, ONG y gobiernos cuentan con información técnica, recursos económicos y respaldo institucional, las comunidades enfrentan estas dinámicas con menor acceso a la información y en condiciones marcadamente desiguales. En muchos casos, los actores externos llegan con propuestas previamente definidas, buscando acuerdos rápidos que no responden a los tiempos ni a los mecanismos de deliberación comunitaria. Con frecuencia, las negociaciones se canalizan sin pasar por procesos colectivos como las asambleas, lo que genera tensiones internas.

Uno de los aspectos más destacados fue la falta de información clara y accesible: las comunidades no siempre cuentan con los datos completos sobre los beneficios, compromisos e implicaciones a largo plazo de los proyectos de carbono. Esta situación incrementa los riesgos de tomar decisiones bajo presión o con información incompleta, debilitando la capacidad de los Pueblos Indígena para ejercer plenamente su derecho a la libre determinación.

Frente a este escenario, se coincidió en la importancia de la consulta previa, libre e informada, pero también en la necesidad de ir más allá de su aplicación formal. Para ello, se enfatizó en la necesidad de fortalecer los mecanismos propios de decisión.

Las decisiones se construyen fuera de los territorios y después se trasladan a las comunidades para obtener validación, muchas veces de manera fraudulenta.

El rol del Estado también fue objeto de cuestionamiento. Casos estudiados y registrados de países como Colombia y Bolivia mostraron que leyes y normativas estatales no garantizan procesos transparentes ni equitativos y, en ocasiones, el propio Estado impulsa estos mecanismos sin asegurar la participación efectiva de los Pueblos Indígenas. Esto evidencia que las decisiones se construyen fuera de los territorios y después se trasladan a las comunidades para obtener validación, muchas veces de manera fraudulenta.

Frente a este escenario, se destacó la importancia de la consulta previa, libre e informada, así como la necesidad de ir más allá de su aplicación formal. Para ello, se enfatizó en la necesidad de fortalecer los mecanismos propios de decisión, las asambleas comunitarias, los estatutos internos y los gobiernos territoriales, como espacios fundamentales para garantizar procesos realmente colectivos y evitar decisiones impuestas o fragmentadas.

Autonomía, memoria y propuestas propias

Las intervenciones coincidieron en un punto clave: las decisiones sobre el territorio no pueden quedar subordinadas a agendas externas. La autonomía y la libre determinación no son principios abstractos, sino condiciones concretas para decidir qué se acepta, qué se rechaza y bajo qué términos. Y la memoria histórica atraviesa esta posición. Las experiencias del petróleo y la minería, y las políticas de “conservación y desarrollo” han dejado huellas: promesas incumplidas, territorios afectados y vidas arrebatadas. Por eso, los mercados de carbono no se leen como oportunidades aisladas, sino como parte de una continuidad de intervenciones externas sobre los cuerpos y territorios indígenas.

Lejos de colocarse en una posición reactiva, líderes y lideresas indígenas afirmaron que existen alternativas ya en marcha: gestión comunitaria del bosque, formas propias de producción, medicina ancestral, turismo comunitario y sistemas de conocimiento. Estas alternativas no son discursos, sino prácticas vigentes que sostienen la vida en los territorios, las cuales deben fortalecerse, marcando así un horizonte distinto al de los esquemas de compensación promovidos desde fuera.

En esa línea, el taller no cerró únicamente con cuestionamientos, sino con una orientación clara: fortalecer las agendas propias. El énfasis está en consolidar procesos desde los territorios (organización, economía, comunicación y articulación política) que permitan sostener decisiones autónomas en el tiempo. Más que adaptarse a los mercados de carbono, la apuesta es afirmar un camino propio, donde el territorio no sea un activo negociable, sino la base de la vida colectiva.

Comunicación, articulación y disputa por la narrativa

A partir de los intercambios durante el taller, emergió la necesidad de disputar no sólo el territorio, sino también el relato sobre lo que ocurre en él. Los mercados de carbono no avanzan únicamente a través de acuerdos económicos o marcos legales, sino mediante narrativas que los presentan como las únicas soluciones frente a la inevitable crisis climática. En ese escenario, la comunicación se convierte en un campo estratégico dado que existe una brecha entre cómo se presentan estos proyectos en espacios internacionales y cómo se viven en los territorios. A nivel global se describen como mecanismos de conservación sostenible, pero en las comunidades se viven como procesos de incertidumbre, restricciones, conflictos y vulneraciones de derechos. 

Esta diferencia refuerza la necesidad de que los Pueblos Indígenas construyan y difundan sus propias narrativas. En este sentido, se planteó la importancia de fortalecer redes de comunicación indígena que permitan compartir información, visibilizar experiencias y generar análisis desde los territorios. No solo para informar, sino para construir una voz propia frente a discursos que se imponen desde fuera. La comunicación se constituye en una herramienta para la defensa territorial y la incidencia política.

En conjunto, la disputa en torno a los mercados de carbono no es sólo material sino, sobre todo, simbólica y política. Se trata de quién define el problema, quién propone las soluciones y desde qué lugar se toman las decisiones.

La disputa en torno a los mercados de carbono es simbólica y política: quién define el problema, quién propone las soluciones y dónde se toman las decisiones.

La articulación entre pueblos fue otro aspecto clave, pues aunque los contextos nacionales son distintos, existen problemáticas regionales comunes que les atraviesan. Compartir experiencias, aprendizajes y estrategias permite fortalecer posiciones colectivas y evitar que los procesos se desarrollen de manera aislada. Esta articulación no se limita al ámbito local o nacional, sino que se proyecta hacia espacios internacionales donde se toman decisiones que afectan directamente a los territorios.

Asimismo, se destacó la importancia de identificar aliados y actores en este escenario ya que no todos tienen los mismos intereses. Así, contar con un mapeo permite tomar decisiones informadas, pues es fundamental reconocer aquellas fuerzas que buscan incorporar a los Pueblos Indígenas en agendas que no han sido construidas desde sus propias realidades. En conjunto, la disputa en torno a los mercados de carbono no es sólo material sino, sobre todo, simbólica y política. Se trata de quién define el problema, quién propone las soluciones y desde qué lugar se toman las decisiones. En ese escenario, la comunicación y la articulación son herramientas fundamentales para sostener procesos de resistencia y construcción de alternativas desde los territorios.

Un escenario en disputa: el futuro de los territorios

Lo que dejó el taller no es una conclusión cerrada, sino la confirmación de que se está configurando un nuevo escenario de disputa sobre los territorios indígenas. Los mercados de carbono aparecen como una pieza más dentro de una dinámica global, en que se reconfiguran las formas de control, acceso y decisión sobre la naturaleza. Ya no se trata únicamente de extracción directa, sino de mecanismos más complejos que operan a través de normas, certificaciones, financiamiento y discursos sobre el clima.

En ese contexto, los Pueblos Indígenas no sólo enfrentan un desafío técnico o económico, sino profundamente político. Están en juego sus territorios de vida, sus derechos, su autonomía. Las intervenciones dejaron claro que no existe una aceptación pasiva de estos procesos, sino una lectura crítica que identifica la reconfiguración de formas anteriores de despojo, aunque se presenten con nuevos lenguajes y justificaciones. Al mismo tiempo, el debate no quedó en el rechazo, sino que dio lugar a una reflexión sobre el sentido de qué significa cuidar el territorio, cómo se enfrenta la crisis climática y qué tipo de futuro se quiere construir. 

Lo que está en juego no es sólo un mecanismo, sino el sentido mismo del territorio. Y en ese punto, el mensaje es claro: no hay negociación posible cuando se trata de la vida, la autodeterminación y la soberanía de los pueblos.

La crisis climática no se resuelve trasladando responsabilidades a quienes históricamente han cuidado los bosques.

Frente a una narrativa global que convierte los bosques en activos de mercado, se debe pensar desde otra perspectiva, donde el territorio no es un recurso, sino un espacio de vida, relación y comunidad. Ese contraste define el momento actual. Para quienes participaron en el encuentro, los mercados de carbono no representan una solución, sino una nueva forma de intervención sobre los territorios que bajo el lenguaje de conservación y acción climática, reconfiguran viejas lógicas de control que buscan decidir sobre espacios que no les pertenecen.

Ante este escenario, la posición es clara: los territorios no están en venta, ni pueden ser convertidos en instrumentos de compensación para sostener economías que siguen contaminando. La crisis climática no se resuelve trasladando responsabilidades a quienes históricamente han cuidado los bosques. Lo que está en juego no es sólo un mecanismo, sino el sentido mismo del territorio. Y en ese punto, el mensaje es claro: no hay negociación posible cuando se trata de la vida, la autodeterminación y la soberanía de los pueblos.

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