En Noruega, Suecia y Finlandia, la lengua, la cultura y la sociedad sami están vinculadas a las obligaciones jurídicas de los Estados. De este modo, el derecho del pueblo Sami a la libre determinación está implícitamente incorporado en las disposiciones constitucionales, ya que su realización depende necesariamente de la participación activa y de la capacidad de acción de los propios sami. Al mismo tiempo, el reconocimiento constitucional no implica, por sí solo, una autoridad plena para la toma de decisiones. La cuestión central radica en determinar hasta qué punto este reconocimiento se traduce en legislación, presupuestos y prácticas administrativas.
El pueblo Sami habita Sápmi, un territorio ancestral que se extiende por las regiones septentrionales de Noruega, Suecia y Finlandia, así como por la península de Kola, en la actual Federación Rusa. La sociedad sami ha estado marcada por la movilidad, el uso estacional de tierras y aguas, los sistemas de parentesco y la organización local. La identidad cultural del pueblo Sami está profundamente arraigada a una presencia histórica en estos territorios y se sostiene a través de actividades tradicionales, como la cría de renos, la pesca, la caza, la recolección, la agricultura y la artesanía.
Aunque no existen datos definitivos, se estima que la población sami oscila entre 50.000 y 100.000 personas. La organización política sami contemporánea se estructura en dos niveles principales. El primero está compuesto por instituciones representativas establecidas por los Estados, sobre todo los parlamentos sami de Noruega, Suecia y Finlandia. El segundo está integrado por la sociedad civil sami: el Consejo Sami, asociaciones nacionales, organizaciones de pastoreo de renos, instituciones culturales, organizaciones juveniles, medios de comunicación e instituciones académicas.
Noruega, Suecia y Finlandia han reconocido al pueblo Sami en términos constitucionales. En Noruega, la Constitución (artículo 108) exige que las autoridades estatales creen condiciones que permitan a los sami, como Pueblo Indígena, preservar y desarrollar su lengua, cultura y forma de vida. En Finlandia, la Constitución protege el derecho del pueblo Sami a mantener y desarrollar su propia lengua y cultura, y establece formas de autogobierno lingüístico y cultural dentro de su territorio. En Suecia, el Instrumento de Gobierno establece que deben promoverse las posibilidades del pueblo Sami (y de las minorías étnicas, lingüísticas y religiosas) de preservar y desarrollar una vida cultural y social propia.
El Parlamento Sami en Noruega
El Parlamento Sami en Noruega fue inaugurado en Kárášjohka en 1989, tras un largo proceso político fuertemente influido por el conflicto de Alta y por el trabajo del Comité de Derechos Sami. Su base jurídica se sustenta en la Ley Sami de 1987, que estableció el Parlamento Sami como un órgano democráticamente elegido. El Parlamento cuenta con 39 representantes elegidos cada cuatro años en siete circunscripciones, simultáneamente con las elecciones parlamentarias noruegas. La asamblea plenaria es el órgano supremo, mientras que el Poder Ejecutivo recae en el Consejo de Gobierno, encabezado por la Presidencia del Parlamento Sami. En Noruega, las elecciones incluyen tanto partidos sami como listas sami vinculadas a partidos del país.
El Parlamento Sami noruego administra programas de subvenciones y tareas administrativas en ámbitos como la lengua, la cultura, la educación y el patrimonio. También influye en las políticas públicas mediante consultas con las autoridades estatales. No es un órgano legislativo en el mismo sentido que el Parlamento noruego; su poder combina legitimidad democrática, responsabilidades delegadas, influencia presupuestaria y derechos de consulta.
El Parlamento Sami en Suecia
El Parlamento Sami en Suecia fue establecido en 1993 mediante la Ley del Parlamento Sami y tiene su sede principal en Giron. Está integrado por 31 miembros elegidos cada cuatro años a través de una elección sami independiente. El pleno constituye el órgano político elegido, mientras que una junta directiva, encabezada por la Presidencia, ejerce el liderazgo ejecutivo. Las elecciones se organizan a través de partidos y listas electorales sami, en lugar de integrarse al sistema nacional de partidos.
Una característica definitoria del modelo sueco es el doble rol del Parlamento. Por un lado, es un órgano sami elegido democráticamente; por otro, funciona como una autoridad administrativa estatal bajo el Gobierno sueco. Esto significa que representa los intereses políticos sami y, al mismo tiempo, lleva a cabo tareas administrativas del Estado relacionadas con la cultura, la lengua y la cría de renos. Este doble rol otorga al Parlamento un lugar formal dentro de la administración estatal, pero también limita su independencia institucional, ya que su presupuesto, mandato y marco administrativo están controlados por el Estado.
El Parlamento Sami en Finlandia
En Finlandia, el Parlamento Sami adquirió su forma jurídica actual en 1996, reemplazando a un órgano representativo establecido en la década de 1970. Tiene su sede en Anár y está compuesto por 21 miembros y cuatro suplentes, elegidos cada cuatro años. Su pleno es el órgano supremo y normalmente se reúne varias veces al año. El pleno elige una Junta Ejecutiva, encabezada por la Presidencia. Las candidaturas se presentan de manera individual y las redes locales, las comunidades lingüísticas y los intereses vinculados a los modos de vida tradicionales suelen tener más peso que la afiliación partidaria formal.
En 2025, Finlandia aprobó una esperada reforma de la Ley del Parlamento Sami, reemplazando la norma de 1995, que había quedado desactualizada y había dado lugar a disputas interpretativas. La reforma entró en vigor el 1 de agosto de 2025 y busca fortalecer el ejercicio de la libre determinación sami, así como mejorar las condiciones para la autonomía lingüística y cultural y para el trabajo del Parlamento Sami de Finlandia. El Parlamento Sami de Finlandia desempeña, por tanto, un papel jurídicamente relevante en las negociaciones con las autoridades públicas. La ley exige que las autoridades cooperen y negocien con el Parlamento Sami en asuntos que puedan tener una importancia específica para el pueblo Sami.
Los procedimientos de consulta y el rol de la sociedad civil
Si bien los parlamentos sami son instituciones democráticas y reconocidas formalmente, su autoridad sigue siendo limitada. No controlan los principales marcos legislativos relativos al uso de la tierra, la energía, la minería, la infraestructura, la pesca, la tributación ni el bienestar social. Por ello, los mecanismos de consulta son fundamentales. Noruega, Suecia y Finlandia cuentan con procedimientos de consulta para asuntos que afectan al pueblo Sami, pero no implementan plenamente el Consentimiento Libre, Previo e Informado. En la práctica, su eficacia depende del momento en que se realizan, de la información disponible, de los recursos existentes y de la inclusión de las comunidades sami afectadas, así como si el Estado está dispuesto a modificar o detener las medidas previstas.
Por otro lado, la sociedad civil sami constituye una parte esencial de la gobernanza. El Consejo Sami, fundado en 1956, es una organización no gubernamental voluntaria con organizaciones miembros en Finlandia, Noruega, Suecia y Rusia. Antes de la creación de los parlamentos sami nórdicos, el Consejo era el principal órgano representativo de carácter transfronterizo. Las organizaciones de pastoreo de renos, las organizaciones de duodji (artesanía tradicional sami), las instituciones culturales, las organizaciones juveniles y las organizaciones lingüísticas contribuyen al desarrollo de políticas y al debate público. Los medios de comunicación sami también desempeñan un papel importante en la vida política y cultural.
Este amplio entramado de sociedad civil contribuye al equilibrio general y a la diversidad de la representación política. Los parlamentos sami cuentan con legitimidad electoral y canales formales de diálogo con las autoridades estatales, mientras que las organizaciones de la sociedad civil complementan ese papel al aportar voces, conocimientos especializados y formas adicionales de representación. Aunque no poseen el mismo mandato formal, estas organizaciones pueden desempeñar un papel importante en la movilización de las comunidades, la formulación de críticas constructivas, la articulación de preocupaciones provenientes de distintos sectores de la sociedad sami y la visibilización de temas en ámbitos nórdicos e internacionales.
Procesos de verdad y reconciliación
Noruega, Suecia y Finlandia han establecido procesos de verdad y reconciliación relacionados con las políticas estatales hacia el pueblo Sami, que difieren en alcance y temporalidad. En Noruega, la Comisión de Verdad y Reconciliación fue designada por el Storting en 2018 para investigar la política de norueguización y las injusticias cometidas contra los sami, los kvens/finlandeses noruegos y los finlandeses del bosque. La Comisión presentó su informe el 1° de junio de 2023. En noviembre de 2024, el Storting dio seguimiento al proceso mediante una disculpa formal y decisiones orientadas a comenzar a abordar las conclusiones de la Comisión.
En Suecia, el Gobierno decidió establecer una Comisión de la Verdad para el Pueblo Sami, y sus integrantes fueron designados en 2022. La Comisión tiene el mandato de documentar y examinar las políticas estatales hacia el Pueblo Sami y sus consecuencias para esta comunidad. Originalmente se esperaba que presentara su informe final en 2025, pero el mandato fue prorrogado y deberá entregarse antes del 1° de octubre de 2026. En Finlandia, la Comisión de Verdad y Reconciliación sobre el Pueblo Sami fue establecida en 2021 tras negociaciones entre el Estado, el Parlamento Sami y el Consejo Siida Sami Skolt. La Comisión presentó su informe final el 4 de diciembre de 2025, luego de realizar consultas con casi 400 personas sami y encargar 25 estudios especializados.
Estos procesos muestran que los Estados nórdicos reconocen cada vez más que las políticas de asimilación no fueron errores históricos aislados. Por el contrario, sus efectos continúan repercutiendo en la lengua, la educación, la salud, la identidad, los modos de vida, las actitudes públicas y la confianza en las instituciones. Sin embargo, decir la verdad es apenas el comienzo. La reconciliación depende de la implementación de medidas concretas: reformas legales, recursos, revitalización lingüística, gobernanza territorial, repatriación y educación.
Eirik Larsen (Lásse Ivvár Erke) es un abogado sami, jefe de la Unidad de Derechos Humanos del Saami Council y docente en la Sámi University of Applied Sciences. Anteriormente se desempeñó como miembro del Parlamento Sami en Noruega y ocupó funciones de asesoramiento sobre asuntos indígenas dentro del gobierno noruego.