Mercados de carbono en Ecuador: ¿compensación climática o control territorial?

En Ecuador, el debate sobre los mercados de carbono no puede entenderse únicamente como una discusión técnica sobre financiamiento climático, reducción de emisiones o mecanismos de compensación. En realidad, es una disputa política sobre quién controla los territorios, quién define el valor de la naturaleza y quién se beneficia de la crisis climática. Desde una mirada crítica, los mercados de carbono constituyen una nueva estrategia impulsada por gobiernos, organismos internacionales y grandes empresas para mantener intactas las estructuras que generan contaminación, bajo el discurso de la “compensación” o la “neutralidad”. 

De este modo, en lugar de reducir de manera real las emisiones en su origen, estos mecanismos permiten que los grandes contaminadores continúen con sus actividades mientras pagan por bonos de carbono generados en otros territorios, especialmente en zonas forestales y de alta biodiversidad. Bajo esta lógica, los bosques, ríos y territorios habitados por los Pueblos Indígenas dejan de ser espacios de vida, memoria y autodeterminación, para convertirse en activos climáticos transables dentro de un mercado global.

Este proceso implica una nueva forma de mercantilización de la naturaleza, donde el carbono almacenado en los territorios pasa a tener un valor económico, generalmente definido desde fuera de las comunidades. Estudios internacionales sobre Ecuador advierten precisamente que, junto con programas como la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal + (REDD+) y los esquemas de pago por resultados, se han ido consolidando mecanismos que insertan a los territorios en dinámicas de control, monitoreo y condicionalidad vinculadas al carbono, sin resolver de fondo las causas estructurales de la deforestación y la crisis climática.

Una sofisticada forma de despojo

Aunque se presentan como oportunidades de conservación o financiamiento, los bonos de carbono generan relaciones desiguales de poder, contratos poco transparentes, restricciones sobre el uso tradicional del territorio y nuevas presiones sobre la gobernanza comunitaria. La apertura de Ecuador hacia estos mercados se ha impulsado de manera acelerada, en un escenario marcado por vacíos normativos, falta de debate público y contradicciones estatales, como la continuidad de subsidios a combustibles fósiles, mientras se promueven mecanismos de compensación climática. Esa contradicción revela que el objetivo no es transformar el modelo que destruye los territorios, sino hacerlo compatible con nuevos negocios “verdes”.

En los últimos años, el gobierno ecuatoriano ha venido construyendo una serie de instrumentos para insertar al país en el marco de los mercados de carbono y de la compensación climática. Entre estas acciones destaca la creación del Programa Ecuador Carbono Cero (PECC) mediante acuerdo ministerial, concebido como un esquema voluntario para que las empresas e instituciones cuantifiquen, reduzcan y compensen su huella de carbono. Además, el Estado mantiene un sistema oficial de certificación de reducción de huella de carbono y ha fortalecido su andamiaje técnico con normas específicas para la aplicación del programa y con un Comité Estratégico de Huella de Carbono. 

Ahora, la apropiación no se da sólo sobre la tierra, el petróleo, los minerales o la madera, sino también sobre la capacidad de los bosques de capturar carbono. Se trata de una forma más sofisticada de despojo, en la que el lenguaje climático y financiero encubre nuevas formas de intervención sobre los territorios.

Los mercados de carbono no representan una respuesta justa frente al cambio climático, sino una extensión del mismo modelo colonial y extractivo.

A esto se suma el impulso a los mecanismos REDD+ y a los pagos por resultados en bosques, junto con pasos regulatorios para que la autoridad nacional registre proyectos de mitigación que generen créditos de carbono bajo mecanismos de mercado vinculados al Artículo 6 del Acuerdo de París. Visto críticamente, estas medidas muestran que el Estado no sólo está promoviendo políticas de gestión climática, sino que está adecuando su institucionalidad para facilitar la entrada del país al mercado del carbono que convierte la contaminación, la conservación y los territorios en objetos de certificación, compensación y transacción.

Desde esta perspectiva, los mercados de carbono no representan una respuesta justa frente al cambio climático, sino una extensión del mismo modelo colonial y extractivo. Ahora, la apropiación no se da solamente sobre la tierra, el petróleo, los minerales o la madera, sino también sobre la capacidad de los bosques de capturar carbono. Se trata de una forma más sofisticada de despojo, en la que el lenguaje climático y financiero encubre nuevas formas de intervención sobre los territorios. Por eso, la discusión sobre el carbono debe ir más allá de los beneficios económicos que prometen y centrarse en sus impactos sobre la autonomía, la libre determinación, los derechos colectivos y la soberanía territorial de los Pueblos Indígenas que históricamente han protegido esos ecosistemas.

Debate en torno a los mercados de carbono desde el territorio

Estas dinámicas globales adquieren expresiones concretas en los territorios, donde sus impactos y tensiones se vuelven evidentes. Si bien el tema forma parte de múltiples debates en espacios internacionales sobre cambio climático, como las Conferencias de las Partes (COPs) y otros foros vinculados al Convenio de la Diversidad Biológica (CDB), muy poco (o nada) se discute a nivel territorial; especialmente con las comunidades que contribuyen a la mitigación de los gases de efecto invernadero desde la primera línea. Ante este vacío, en febrero de 2026, representantes de pueblos de base de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza mantuvieron un espacio de análisis sobre los mercados de carbono en la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, en la Amazonía central del Ecuador. 

Este evento internacional fue convocado por Pastaza Kikin Kichwa Runakuna (PAKKIRU) y el Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supai (IQBSS), en coordinación con la International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) y, Paz y Solidaridad, y contó con la participación de líderes indígenas que compartieron experiencias de Bolivia, Guatemala, Costa Rica y Colombia. A partir del intercambio de los conocimientos entre Pueblos Indígenas y organizaciones de Mesoamérica y Sudamérica, se buscó fortalecer la capacidad de construir y ejercer soberanía, evitando la alineación con agendas coloniales que imponen políticas en contextos de desigualdad de poder.

Los mercados de carbono representan una forma de extractivismo moderno que amenaza los bosques, en los que más de 25.000 habitantes kichwas sostienen un ejercicio histórico y milenario de control y vigilancia de la llanura amazónica.

Los mercados de carbono representan una forma de extractivismo moderno que amenaza los bosques y sus más de 25.000 habitantes kichwas.

Entre las principales premisas trazadas por el encuentro, que reunió a más de 80 líderes y lideresas de los territorios, se concluyó que los mercados de carbono constituyen estrategias capitalistas y hegemónicas, en perjuicio de los territorios y las formas de vida de los pueblos. En el caso de Ecuador, los mercados de carbono representan una forma de extractivismo moderno que amenaza los bosques, en los que más de 25.000 habitantes kichwas sostienen un ejercicio histórico y milenario de control y vigilancia de la llanura amazónica. Esta mirada está fundamentada política e ideológicamente en la filosofía del Sumak Kawsay y sus cuatro pilares: Sumak Ayllu, Sumak Allpamma, Sumak Mirachina y Sacha Runa Yachay.

Este posicionamiento pone en evidencia al menos tres tensiones centrales: la disputa por el control territorial, la imposición de lógicas de mercado sobre las formas de vida indígenas y la persistencia de asimetrías de poder en la gobernanza climática. Convocado como un espacio de reflexión para analizar críticamente los mercados de carbono y otras formas de financiamiento climático que afectan a los territorios, el encuentro hizo hincapié en el rol primordial que las organizaciones y los Pueblos Indígenas tienen para fortalecer y dar continuidad a las agendas territoriales autonómicas. 

Las voces indígenas

En Ecuador, las agendas sobre los mercados de carbono se construyen de manera participativa basándose en los conocimientos ancestrales y en la filosofía del Sumak Kawsay. La Yanapak Kuraka (vicepresidenta) de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza, Pashpanzhu Vitery, reflexionó sobre el cierre del taller: “Es muy importante, como lo han hecho nuestros ancestros, generar escenarios de diálogo donde podamos informarnos y escuchar a los técnicos para generar posturas contra estas políticas extractivistas que pretenden controlar y gestionar los recursos de los territorios de los Pueblos Indígenas”.

Conectando las actuales propuestas de mercados de carbono con los ciclos históricos de despojo y evidenciando la continuidad de patrones extractivos bajo nuevas formas, Pashpanzhu Vitery concluyó: “Los miembros de nuestros ayllukuna, han venido escuchando cómo nuestros abuelos tuvieron que sobrevivir, luchar y mantener resistencias frente a varias olas de saqueo. Recuerdo muchas historias de explotación como el caucho, las mineras y las petroleras, y esperamos que los mercados de carbono no se conviertan en una nueva estrategia de neocolonización”.

“Mientras el 70% de las tierras mejor conservadas son los territorios indígenas, los recursos generados para la mitigación del cambio climático no llegan a los Pueblos Indígenas”, señaló Leonidas Iza.

“Mientras el 70% de las tierras mejor conservadas son los territorios indígenas, los recursos generados para la mitigación del cambio climático no llegan a los Pueblos Indígenas”, señaló Leonidas Iza.

Entre los invitados y expositores de alto nivel, se contó con la presencia de Leonidas Iza, expresidente de la CONAIE y actual presidente de la Ecuarunari, la regional andina del Movimiento Indígena que representa a los pueblos Kichwas de la Sierra. “Quienes están tras los mercados de carbono son las mismas industrias que están contaminando, por tanto se convierte en un negocio redondo controlado por las mismas empresas”, manifestó el líder y coincidió con los planteamientos de las y los participantes.

A lo largo de su ponencia, Leonidas Iza subrayó la contradicción entre el rol de los Pueblos Indígenas en la conservación de los territorios y su exclusión de los beneficios económicos derivados de los mecanismos climáticos: “Mientras el 70% de las tierras mejor conservadas son los territorios indígenas, y quienes mejor conocemos del cuidado y protección de la naturaleza somos las comunidades de base, los recursos generados para la mitigación del cambio climático no llegan a los Pueblos Indígenas. Ahora estamos discutiendo cómo vamos a acceder a los recursos económicos y estamos perdiendo el horizonte de nuestras luchas. No estamos discutiendo sobre nuestros derechos colectivos como la autodeterminación, sino sobre lógicas de mercado que nos impone el capital”.

Más allá del carbono: desafíos para la autonomía territorial

Tras tres días de debate, se identificaron líneas estratégicas que, más que constituir una agenda cerrada, reflejan horizontes en construcción desde los territorios: la necesidad de fortalecer el diálogo comunitario, la incidencia política, la articulación organizativa, las economías propias y la comunicación indígena.

En primer lugar, se destacó la importancia de sostener espacios de diálogo desde las asambleas comunitarias como núcleo de deliberación y toma de decisiones, incorporando herramientas propias que garanticen comprensión, participación y apropiación desde los territorios. Asimismo, se planteó la necesidad de fortalecer alianzas y procesos de articulación a diferentes escalas, que permitan consolidar posiciones comunes entre pueblos y organizaciones, así como ampliar redes de colaboración más allá de fronteras nacionales.

El desafío no radica únicamente en acceder a los beneficios económicos de los mecanismos climáticos, sino en definir las condiciones bajo las cuales estos no vulneren la libre determinación y los sistemas propios de vida de los Pueblos Indígenas.

El desafío no radica en acceder a los beneficios económicos, sino en definir las condiciones para que no vulneren la libre determinación de los Pueblos Indígenas.

En el ámbito de la incidencia política, se subrayó la urgencia de ampliar la participación de los Pueblos Indígenas en los espacios de decisión, tanto a nivel nacional como internacional, con el fin de posicionar agendas propias y exigir el cumplimiento de los derechos colectivos reconocidos en instrumentos internacionales. Por otro lado, se reafirmó la importancia de consolidar economías propias basadas en prácticas territoriales: las chakras, el turismo comunitario y la medicina ancestral, como base del autogobierno y de una autonomía efectiva, desvinculada de esquemas de financiamiento condicionados.

Finalmente, se planteó la necesidad de fortalecer sistemas de comunicación indígena que permitan articular redes entre territorios, visibilizar problemáticas y, sostener procesos de análisis y toma de decisiones desde las propias organizaciones. En este escenario, el desafío no radica únicamente en acceder a los beneficios económicos de los mecanismos climáticos, sino en definir las condiciones bajo las cuales estos no vulneren la autonomía, la libre determinación y los sistemas propios de vida de los Pueblos Indígenas.