Si bien antes eran 22 comunidades, la comunidad de Galilea decidió separarse tras lograr obtener agua por su propia cuenta, por lo que ya no participa en los trabajos intercomunitarios para sostener este servicio. Más allá de esta particularidad, existe un respeto mutuo sobre el sistema normativo y el gobierno indígena de cada comunidad. Es importante aclarar que dentro de algunas de las 21 comunidades existen rancherías y pequeñas poblaciones.

Las 21 comunidades del municipio de este municipio ubicado en Chiapas son Cañada, Betania, Nuevo San Juan, Nueva Zinacantán, Nazareth, Benito Juárez, Dolores, Monte Líbano, Nueva Amatenango, Belén, San Geron, San Jerónimo, Jardín, Guadalupe, Damasco, Nuevo Belén, Nueva Palestina, Lluvia de Gracia, Vista hermosa, Vergel, Nuevo paraíso.  

El fortalecimiento del tejido social

A pesar del desplazamiento forzado debido a un contexto de violencia y exclusión, las 21 comunidades han logrado desarrollar un proceso de organización intercomunitario orientado a prevenir la violencia, transformar los conflictos y fortalecer las condiciones que les permiten vivir con dignidad, justicia y bienestar. En este sentido, la construcción de paz no se limita a la ausencia de conflictos, sino que implica la creación de relaciones sociales basadas en el respeto, la inclusión y la cooperación. 

A lo largo del tiempo, la experiencia ha demostrado que las interacciones a través del respeto y cooperación han permitido un desarrollo favorable en cada una de las comunidades, sustentado en la aplicación de normas comunitarias y en el reconocimiento de sus formas y estructuras de gobierno indígena. Este término, contrario al de “usos y costumbres”, posibilita comprender mejor la complejidad de su organización social y política.

Las reglas comunitarias se comunican mediante letreros que son claramente visibles y que indican lo que está permitido o prohibido.

Las reglas comunitarias se comunican mediante letreros que son claramente visibles y que indican lo que está permitido o prohibido.

En la comunidad de Dolores, la vida se rige por normas y leyes que se dividen en internas y externas. Esta lógica se debe a la necesidad de regular el uso compartido de recursos naturales, como el manantial, y de respetar la organización propia. Así, las normas de cada comunidad suelen ser similares con algunas variaciones, por lo que puede ser fácil para una persona cambiar de comunidad siempre y cuando se comporte con respeto. 

Las reglas comunitarias se comunican mediante letreros que son claramente visibles y que indican lo que está permitido o prohibido. Algunas reglas que suelen observarse son los límites de velocidad vehicular, el respeto a terrenos ajenos, el cuidado del monte, la prohibición de dañar animales y la restricción a cortar árboles. Este tipo de normas son comunes en la mayoría de las comunidades.

Dimensiones claves de la construcción de paz

La construcción de paz en las 21 comunidades de Teopisca se sostiene en diversas dimensiones que permiten la convivencia armónica entre los habitantes. Estas dimensiones están profundamente vinculadas con las formas, estructuras de organización, formas de gobierno, normas comunitarias y el respeto mutuo entre las personas y las comunidades vecinas . 

De esta manera, la paz, entendida como la capacidad de afrontar diferencias y conflictos derivados de desacuerdos y desavenencias, se construye a partir del diálogo, la cooperación colectiva y el cumplimiento de reglas que buscan el bienestar común y la protección de los recursos naturales compartidos. Desde su propia organización, cada comunidad aporta a la estabilidad regional, demostrando que el respeto a la diversidad de formas de gobierno comunitario es un elemento fundamental para mantener relaciones pacíficas y duraderas.

El cuidado del manantial, del monte y de los bienes comunes constituyen ejemplos concretos de cómo la organización comunitaria previene disputas, ya que establece límites claros sobre lo que está permitido y lo que no.

El cuidado del manantial, del monte y de los bienes comunes constituyen ejemplos concretos de cómo la organización comunitaria previene disputas.

Desde esta concepción, la prevención de la violencia en estas 21 comunidades indígenas del municipio de Teopisca se basa principalmente en la aplicación y respeto de normas internas y externas que regulan la convivencia social y el uso del territorio. Estas normas permiten anticipar conflictos y resolverlos de manera pacífica antes de que escalen a situaciones de violencia.

El cuidado del manantial, del monte y de los bienes comunes constituyen ejemplos concretos de cómo la organización comunitaria previene disputas, ya que establece límites claros sobre lo que está permitido y lo que no. Asimismo, los letreros y las reglas compartidas ayudan a que tanto los habitantes como las personas externas comprendan las responsabilidades que deben asumir al transitar o al permanecer en las comunidades, evitando tensiones y fomentando el respeto.

Participación de habitantes

Los derechos de los habitantes y de las comunidades se reflejan en el reconocimiento de su autonomía y de sus formas de organización, que conocemos comúnmente como sus usos y costumbres. Cada comunidad tiene el derecho de establecer normas que protejan su territorio, sus recursos naturales y su forma de vida. 

Al mismo tiempo, estos derechos implican responsabilidades: el respeto a las decisiones colectivas, a los acuerdos comunitarios e intercomunitarios, y a las normas establecidas para el bien común. Es importante señalar que el reconocimiento mutuo entre comunidades fortalece la convivencia regional, ya que permite que cada una conserve su identidad, sin imponerla a las demás.

La participación activa de los habitantes es un pilar fundamental en la construcción de paz. A través de asambleas, acuerdos comunitarios y la vigilancia colectiva del cumplimiento de las normas, las personas se involucran directamente en el cuidado de su comunidad. Esta participación fortalece el sentido de pertenencia y responsabilidad: no sólo se obedecen las reglas, sino que se entienden como parte de un esfuerzo colectivo. Mujeres, hombres, personas mayores y jóvenes contribuyen desde sus distintos roles a mantener el equilibrio social, demostrando que la paz se construye de manera comunitaria y cotidiana.

La paz como una práctica diaria

La construcción de paz en las 21 comunidades indígenas de Teopisca es el resultado de un proceso colectivo basado en el respeto, la cooperación y la observancia de normas comunitarias y estructuras propias. A través de la organización interna, la participación activa de los habitantes y el cuidado de los recursos naturales compartidos, las comunidades han logrado prevenir conflictos y fortalecer la convivencia social. 

El respeto a las normas internas y externas no sólo regula la vida cotidiana, sino que también promueve el reconocimiento de la autonomía de cada comunidad y fomenta relaciones armoniosas entre ellas. De esta manera, la paz se entiende no como la ausencia de conflictos, sino como una práctica diaria que se construye mediante el diálogo, la responsabilidad colectiva y el compromiso con el bienestar común, garantizando una vida digna, justa y equilibrada para las generaciones presentes y futuras.

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La reforma establece diversos aspectos: sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio; autonomía para gestionar recursos públicos; derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada en proyectos que afecten sus territorios; la protección del patrimonio cultural y territorial. La reforma agrega un apartado sobre los derechos específicos de los pueblos afromexicanos y otro especial para mujeres indígenas y afros. Si bien muchos de estos derechos ya tienen rango internacional, ahora han sido incorporados al marco jurídico mexicano (positivista y estatista).

El proceso de construcción de la reforma fue complejo, estuvo liderado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) e incluyó consultas con miles de autoridades comunitarias. Sin embargo, no cumplió los estándares de una consulta conforme al mecanismo de expertos. En consecuencia, podemos decir que, más bien, fue una serie de foros en donde se tomó nota sobre las opiniones.

Desafíos y críticas a la reforma constitucional

El reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio plantea una serie de desafíos y críticas que deben ser abordadas para evitar que se quede en un marco legal sin impacto real en sus condiciones de vida. 

En primer lugar, aunque el estatus de “sujeto de derecho público” otorga a las comunidades un mayor control sobre la gestión de sus recursos, incluyendo la posibilidad de recibir y administrar directamente fondos públicos, esto no garantiza automáticamente su empoderamiento. La falta de capacidades administrativas, infraestructura y acceso a formación adecuada puede limitar gravemente su capacidad para ejercer este derecho de manera efectiva. Sin un apoyo del Estado en capacitación sobre gestión financiera y administración pública, la autonomía que se promete podría quedar vacía y, en el peor de los casos, generar problemas de mal manejo o dependencia de actores externos.

Si bien la reforma da un paso importante hacia la formalización de los derechos colectivos, existe el riesgo de que este reconocimiento sea utilizado como un recurso retórico sin un compromiso real del Estado.

Existe el riesgo de que este reconocimiento sea utilizado como un recurso retórico sin un compromiso real del Estado.

Otra crítica central es la potencial instrumentalización política del reconocimiento de la personalidad jurídica como sujetos colectivos de derecho público. Si bien la reforma da un paso importante hacia la formalización de los derechos colectivos, existe el riesgo de que este reconocimiento sea utilizado como un recurso retórico sin un compromiso real del Estado para dotar a las comunidades de las herramientas necesarias para ejercer esos derechos. Han habido múltiples casos en los que el reconocimiento legal no se ha traducido en un cambio en sus vidas, lo que genera frustración y desconfianza hacia el gobierno.

El patrimonio propio es otro componente clave, pero también complejo. El hecho de que las comunidades puedan administrar su patrimonio de manera autónoma implica que tienen la capacidad de tomar decisiones sobre el uso de sus tierras, recursos naturales y culturales. Sin embargo, en la práctica, esto puede verse limitado por desigualdades estructurales que han precarizado los territorios indígenas por la presión de actores externos que buscan explotar sus recursos para proyectos extractivos o de infraestructura. A lo cual se agrega la presencia del crimen organizado. Sin mecanismos claros para proteger el patrimonio propio, el reconocimiento de su gestión autónoma podría ser más simbólico que real.

El riesgo de que las consultas se sigan haciendo como hasta ahora

La Consulta Previa, Libre e Informada es uno de los pilares más importantes de la reforma constitucional, ya que busca garantizar que las comunidades indígenas y afromexicanas participen activamente en decisiones que afectan sus territorios y modos de vida. Sin embargo, a pesar de su relevancia, este mecanismo presenta múltiples desafíos críticos que pueden limitar su eficacia y, en algunos casos, perpetuar las desigualdades existentes. Por ejemplo, que los protocolos sean elaborados por el Estado sin la participación de los pueblos, como fue el caso de las supuestas consultas sobre el mal llamado Tren Maya.

El principal riesgo es que las consultas se sigan haciendo como hasta ahora, es decir, que sean meramente formales y no cumplan con los estándares internacionales establecidos en el Convenio 169 de la OIT y en el mecanismo de expertos. En muchas ocasiones, las consultas previas realizadas en el contexto de megaproyectos se han llevado a cabo de manera superficial, sin garantizar que las comunidades realmente comprendan el alcance de los proyectos y sus impactos a largo plazo. Esto ha generado desconfianza hacia el Estado y los promotores de proyectos, lo que debilita el propósito del mecanismo y convierte a la consulta en un trámite, más que en un verdadero ejercicio de autodeterminación.

Las empresas y el Estado suelen tener más recursos y acceso a información técnica, lo que coloca a las comunidades en una situación de desventaja al momento de negociar o comprender el impacto total de los proyectos.

Las empresas y el Estado suelen tener más recursos y acceso a información técnica, lo que coloca a las comunidades en una situación de desventaja.

Un segundo riesgo es la falta de consentimiento real por parte de las comunidades. Aunque la reforma establece el derecho a la consulta, no siempre garantiza que las comunidades tengan la opción de rechazar proyectos que consideran perjudiciales. En muchos casos, la consulta se utiliza como un mecanismo para legitimar decisiones que ya han sido tomadas con mucha antelación por el Estado o las empresas, lo que convierte a las comunidades en simples observadoras de un proceso que no necesariamente respeta su voluntad. Esto plantea una contradicción fundamental entre el derecho a la autodeterminación que promueve la reforma y la práctica real de cómo se llevan a cabo estos procesos.

Además, la diferencia de poder entre las comunidades y los actores económicos es otro obstáculo significativo. Las empresas y el Estado suelen tener más recursos y acceso a información técnica, lo que coloca a las comunidades en una situación de desventaja al momento de negociar o comprender el impacto total de los proyectos. Sin un apoyo adecuado, como intérpretes, asesoría legal o defensores especializados, las comunidades quedan expuestas a presiones externas que pueden influir en sus decisiones. Esta falta de equilibrio en las consultas genera un escenario de inequidad, donde los intereses económicos tienden a imponerse sobre los derechos territoriales y culturales de las comunidades.

Asimismo, hay una crítica recurrente sobre la falta de seguimiento y cumplimiento efectivo de los acuerdos alcanzados durante las consultas. Incluso cuando las comunidades logran influir en las decisiones, muchas veces los compromisos establecidos no se cumplen, lo que perpetúa la sensación de abandono y desconfianza. Sin mecanismos claros de rendición de cuentas y supervisión independiente, la consulta previa se convierte en un proceso sin consecuencias reales para las empresas o el gobierno, lo que refuerza la percepción de que es una formalidad más que un verdadero ejercicio de justicia.

El desafío de que el pluralismo jurídico no quede en el plano simbólico

La reforma también establece la protección del patrimonio cultural y territorial de las comunidades, reconociendo sus sistemas normativos y la pluralidad jurídica. Sin embargo, este reconocimiento legal plantea varios desafíos que deben ser abordados para evitar que estos avances queden en el plano simbólico. Primero, no está claro cómo estos sistemas interactuarán de manera efectiva con el sistema jurídico nacional. Más cuando es claro que el pluralismo jurídico reconocido constitucionalmente en México es unitario y no igualitario. No son los indígenas los que ponen sus reglas de relacionamiento con el Estado, es el Estado a través del derecho positivo mexicano quien las pone.

La coexistencia de dos sistemas legales podría generar tensiones y conflictos en la jurisdicción, especialmente en contextos donde los derechos territoriales y los intereses económicos entran en colisión. Sin mecanismos claros para armonizar las leyes indígenas con las nacionales, este reconocimiento corre el riesgo de quedarse en una declaración sin un impacto práctico significativo. Además, la justicia intercultural requiere de una formación profunda y comprometida de los operadores judiciales, desde jueces hasta abogados y defensores públicos, lo cual no se ha desarrollado con suficiente claridad en la reforma.

En cuanto al fortalecimiento de la cohesión social, es importante reconocer que la pluralidad jurídica puede, en algunos casos, exacerbar las desigualdades dentro de las comunidades. No todas las comunidades cuentan con la misma capacidad de organización o recursos, lo que podría generar conflictos internos sobre la interpretación y aplicación de sus propios sistemas normativos. La reforma, si bien permite un mayor control sobre los territorios, debe acompañarse de políticas que promuevan la equidad dentro de las propias comunidades para evitar que las asimetrías existentes se profundicen. 

Una reforma que podría ser solamente simbólica

En relación con la justicia climática, el reconocimiento de los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas es un componente clave para la protección ambiental, dado que estas comunidades han sido históricamente guardianes de la biodiversidad. No obstante, este enfoque enfrenta tensiones con los intereses económicos del Estado y las empresas extractivas, que siguen priorizando megaproyectos sin el consentimiento real de las comunidades afectadas. La justicia climática sólo será alcanzable si la voz y los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas son respetados en la toma de decisiones sobre sus territorios, lo que requiere un cambio profundo en las políticas de desarrollo.

En cuanto a la equidad de género, la reforma incluye disposiciones para la participación de las mujeres indígenas y afromexicanas en la toma de decisiones. Sin embargo, este avance es insuficiente si no se acompaña de medidas concretas para asegurar que estas disposiciones se implementen en la práctica. En las comunidades, las mujeres enfrentan barreras tanto dentro de sus contextos culturales como en su relación con el Estado, lo que requiere políticas específicas de empoderamiento y apoyo para garantizar que su participación no sea simplemente un ideal en papel. Y esto sólo será posible con la participación de los pueblos indígenas como sistemas complejos.

Históricamente, el Estado mexicano ha otorgado reconocimientos formales a los derechos de los pueblos indígenas, pero sin comprometerse a transformar las dinámicas de poder que perpetúan la exclusión y la marginalización. 

Uno de los problemas más destacados es la falta de claridad sobre cómo se garantizará la asignación de recursos presupuestales específicos para implementar los derechos reconocidos. Sin un financiamiento adecuado, los mecanismos de Consulta Previa, Libre e Informada podrían convertirse en simples formalidades, sin un verdadero poder de decisión para las comunidades. Además, la autonomía prometida podría quedar vacía si las comunidades no cuentan con los recursos y la infraestructura necesaria para gestionar sus propios proyectos.

Finalmente, existe el riesgo de que la reforma se quede en un reconocimiento simbólico o retórico sin cambios estructurales profundos. Históricamente, el Estado mexicano ha otorgado reconocimientos formales a los derechos de los pueblos indígenas, pero sin comprometerse a transformar las dinámicas de poder que perpetúan la exclusión y la marginalización. Sin un cambio real en las políticas económicas que priorizan el extractivismo y los intereses comerciales, el impacto de la reforma podría verse limitado.

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Como ya se sabe, el ejecutivo federal representado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se ha dedicado a descalificar a quienes siquiera nos atrevemos a decirle: “Señor Presidente, deben cumplirse los estándares internacionales de consulta a los pueblos indígenas”. Lo cual se agrava por la presencia del crimen organizado en distintas regiones del país, sobre todo, en el área rural donde habita la población indígena y no indígena. Para algunos, el crimen organizado ya es crimen autorizado. 

La falta de obligatoriedad legal (y hasta moral), de pericia y diligencia para detener el éxodo de comunidades completas hacen dudar sobre la seriedad de las acciones que el gobierno federal mexicano diseña e implementa para salvaguardar los territorios indígenas y rurales. ¿Será que para AMLO y su gobierno son pocas las comunidades obligadas al desplazamiento forzado y no son representativas de los millones de mexicanos? Si así fuera, ¿entonces una vida no cuenta como la de miles? En este caso, ¿la vida de unos cuantos no vale la pena si el resto no vive la pesadilla del crimen organizado con la tolerancia de las autoridades?

Reformas que no ayudan

Las reformas llevadas a cabo por el sexenio gubernamental saliente han regulado los derechos de indígenas, afros y sus pueblos. Sin embargo, no han elevado el rango de su cumplimiento, sino más bien los han obligado a ceñirse al pluralismo unitario y desigual preexistente, que está institucionalizado en el artículo 2 de la Constitución (sancionada en 2001 y reformada en 2019). Además, las reformas propuestas en general y, especialmente, en materia indígena contrarrestan el bloque constitucional de Derechos Humanos aprobado en 2011. Estas son algunas de las reformas más relevantes:

1. La propuesta de reforma al artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público que fue aprobada por la Cámara de Diputados recientemente.

2. La reforma a la Ley de Salud en materia de partería tradicional y partería indígena con la correspondiente Política Nacional sobre Medicina Tradicional y Partería. 

3. El acuerdo por el que se expide el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

Adicionado a lo anterior, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (instancia creada al interior del Gobierno Federal denominada Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas) elaboró una propuesta de reforma judicial donde el tema central es que la integración del Poder Judicial Federal deberá incorporar los principios de pluriculturalidad, interculturalidad, pluralismo jurídico e igualdad de hombres y mujeres, pero también señala cuotas indígenas para ocupar cargos como operadores de justicia. A continuación, abordamos los puntos más relevantes.

El artículo 2 de la Constitución mexicana

Recordemos que en agosto de 2001, se había reformado el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. En aquella modificación, se había establecido el criterio de la “conciencia de ser” como mecanismo de “autoadscripción” para la autodenominación de pueblos y personas indígenas.

Sin embargo, en la actual reforma aprobada este año por la Cámara de Diputados se eliminó el párrafo que señalaba la conciencia de ser indígena como criterio para el reconocimiento de personas y pueblos indígenas. De este modo, se dejó el siguiente párrafo: “Para el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se deben tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos, de asentamiento físico y de autoadscripción”.

Las reformas legales y constitucionales pro indígenas o afro no atienden las bases estructurales de la desigualdad: el racismo, la discriminación, el paternalismo, el asimilacionismo y la racialización.

Las reformas legales y constitucionales pro indígenas o afro no atienden las bases estructurales de la desigualdad.

En consecuencia, se agregó la condición del reconocimiento de sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio: “Se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio”. Esto es loable porque abre el camino para concretar la exigencia (desde el levantamiento zapatista y los diálogos de San Andrés) sobre el reconocimiento de un cuarto nivel de gobierno, más allá del federal, estatal y municipal. Sin embargo, no se reforma el artículo 115 (que se refiere a la estructura del Estado), sino sólo el 2° de la Constitución. ¿Qué pasó? Seguramente los representantes del status quo se opusieron a compartir el poder con los indígenas.

Mientras tanto, en el municipio de Chicomuselo (Chiapas), las comunidades se movilizaron contra la minería de barita. La respuesta del crimen organizado fue violenta: desplazaron de manera forzada a decenas de comunidades. Igual de grave ha sido la tolerancia del Estado. ¿Cómo podrán hacer efectivo el derecho de ser sujetos de derecho público para ejercer sus facultades y proteger sus territorios? Algo similar les ocurre a los huicholes asfixiados por el crimen organizado y al líder Maurilio Ramírez Aguilar que fue secuestrado. Así, las reformas pro indígenas o afro no atienden las bases estructurales de la desigualdad: el racismo, la discriminación, el paternalismo, el asimilacionismo y la racialización.

La partería indígena y tradicional

La Reforma a la Ley de Salud en materia de partería tradicional y partería indígena es importante porque reconoce el saber biocultural de los pueblos indígenas y afros. Sin embargo, las malas prácticas en el sistema público de salud en su relación con los pueblos y, concretamente, con mujeres y hombres que ejercen la partería tradicional indica que su implementación será muy difícil hasta no cambiar las bases del racismo que sostienen al sector, las mentalidades de sus operadores y sus prácticas.

Si bien el gobierno ha creado protocolos para el personal de salud en la implementación de leyes, los movimientos locales y nacionales de parteras y la Agenda Nacional por la Partería Tradicional alertan de los riesgos y peligros de no empezar a limpiar la casa desde adentro. En pocas palabras, están diciendo que las mentalidades coloniales, soberbias, racistas y hegemónicas del sector salud sobre el conocimiento tradicional y la medicina indígena obstaculizan la implementación de la partería indígena.

Por la criminalización que han padecido, las parteras y parteros dudan de la elaboración de una Norma Oficial que logre tal cometido, lo cual violenta el derecho a la consulta conforme a estándares internacionales. Además, se corre el riesgo de perpetuar el clientelismo, la imposición, los privilegios y la desigualdad, incluso entre las propias personas que ejercen la partería tradicional. Esto es relevante ya que están las parteras indígenas, pero también aquellas que obtienen estos conocimientos en condiciones privilegiadas y exigen el mismo trato.

La burocratización y la ausencia de representación

El Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas tiene como objeto facilitar el acceso a recursos para aquellas comunidades que posean sus cédulas de identificación. Esto nos hace pensar por qué multiplicar los procesos burocráticos a pueblos asediados por megaproyectos, el crimen organizado y el desplazamiento forzado, si justamente ya existen bases de datos de fuentes oficiales. ¿Qué pasará con los grupos que también forman parte de la pluriculturalidad, pero que son privilegiados por políticas de colonialismo como los menonitas que han devastado la península de Yucatán? 

Finalmente, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) ha propuesto reformar el Poder Judicial Federal para que cumpla los principios de pluriculturalidad, interculturalidad, pluralismo jurídico y respeto a las condiciones de género. La propuesta hace hincapié en la jurisdicción indígena: “El Poder Judicial de la Federación deberá coordinarse con los pueblos y comunidades indígenas para el respeto y ejercicio de la jurisdicción indígena (…). En los Circuitos con población indígena y afromexicana, procurarán que las propuestas recaigan en personas que cumplan los requisitos indicados previamente y además conozcan la cultura y lengua indígena de dicha circunscripción”.

Lo que preocupa del CNPI es que no es un órgano representativo de los pueblos indígenas, pues se integró sin realizar las consultas conforme a los estándares internacionales. De igual forma, la propuesta no atiende las bases de la desigualdad estructural y, en el actual contexto de violencia y violación a derechos humanos, las reformas son de forma y no de fondo. Y solo buscan cambiar las burocracias y apuntalar viejas élites políticas o cambiar parte de ellas por nuevas. En los hechos, las reformas no quitan privilegios ni zanjan las brechas de la desigualdad y de la implementación de los derechos para todos y todas.

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