Sin embargo, esta relación de larga data se encuentra sometida a presiones cada vez mayores. En distintas zonas del sur y el este de Camerún, los territorios forestales se ven afectados por la explotación maderera, la expansión agrícola, las actividades extractivas, el desarrollo de infraestructura y la ampliación de las áreas de conservación. A medida que el bosque se deteriora, el pueblo Baka debe recorrer distancias cada vez mayores para encontrar determinados frutos, plantas medicinales y otros productos forestales no maderables. Los peces y los animales de caza son cada vez más escasos, mientras que el acceso a determinadas áreas utilizadas tradicionalmente se vuelve más difícil.

En el sur y el este de Camerún, las restricciones al acceso a los recursos forestales y las dificultades relacionadas con la garantía de los derechos sobre la tierra afectan directamente los medios de vida de las comunidades.  El pueblo Baka depende en mayor medida de los productos forestales no maderables y la disminución de los recursos, especialmente cuando es consecuencia de restricciones al acceso al bosque, puede alterar profundamente sus patrones de producción y consumo. Esta situación demuestra que la protección de los bosques no puede separarse de la garantía de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas que dependen de ellos.

Cuando la conservación se convierte en una cuestión de justicia

El desafío resulta particularmente evidente en determinadas áreas protegidas. La conservación de la biodiversidad es esencial para preservar los bosques de la cuenca del Congo, pero los modelos de conservación que excluyen a las poblaciones indígenas de sus territorios pueden tener efectos adversos sobre los derechos humanos. Investigaciones realizadas en el sur y el este de Camerún han documentado las consecuencias socioeconómicas de los modelos de “conservación de fortaleza”, en los que las comunidades Baka tienen escasas posibilidades de negociar su acceso a las áreas forestales.

Por lo tanto, la cuestión no es elegir entre los bosques y las comunidades indígenas, sino cómo proteger el bosque junto con estas comunidades. El pueblo Baka posee conocimientos ancestrales sobre las especies, los ciclos estacionales, las fuentes de agua, las plantas medicinales y, las zonas de caza y recolección. Estos conocimientos constituyen un patrimonio ecológico que puede contribuir a los objetivos de conservación. Al mismo tiempo, las comunidades indígenas deben ser consideradas titulares de derechos y no meramente beneficiarias de proyectos ambientales.

Este enfoque requiere, en particular, garantizar la participación efectiva y significativa del pueblo Baka en las decisiones relativas a sus territorios. Además, los gobiernos de la región deben respetar su derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado cuando las medidas o los proyectos puedan afectar sus tierras, recursos o modos de vida.

La conservación basada en derechos

La experiencia de la African Indigenous Women Organization Central African Network (AIWO-CAN) demuestra que la participación indígena puede adoptar formas muy concretas. En 2010, un grupo de lideresas indígenas baka y bagyeli participaron en la creación de un jardín de bosque tropical presentado en el Chelsea Flower Show de Londres. Las mujeres dieron a conocer sus tradiciones, así como los desafíos que enfrentan sus comunidades: la deforestación, la expansión industrial, la discriminación y la pérdida de acceso a la biodiversidad de sus bosques. También se incorporaron al proyecto mapas elaborados por el pueblo Baka para representar sus usos tradicionales del bosque.

Este ejemplo es importante porque demuestra que los Pueblos Indígenas pueden documentar la relación con sus territorios y transmitir sus propios mensajes en espacios internacionales. Un mapa, por lo tanto, no es simplemente una herramienta técnica: se convierte en un medio para visibilizar un territorio y formas de uso del bosque que pueden estar ausentes de los mapas administrativos o de los planes de gestión.

Un proyecto de conservación no puede ser sostenible si las comunidades afectadas no cuentan con medios para plantear sus preocupaciones, cuestionar una decisión o solicitar reparación cuando consideran que sus derechos han sido vulnerados.

Un proyecto de conservación no puede ser sostenible si las comunidades afectadas no cuentan con medios para plantear sus preocupaciones.

Más recientemente, el paisaje de Dja ofrece un ejemplo interesante de este avance hacia una gobernanza más inclusiva. En el marco del programa GEF-8 dedicado al paisaje de Dja, AIWO-CAN recibió el encargo de contribuir al establecimiento de un Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos , diseñado para que los Pueblos Indígenas y las comunidades locales puedan expresar sus preocupaciones y acceder así a un mecanismo de reclamación accesible. Este mecanismo está concebido como complemento del proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado de los Pueblos Indígenas.

Esta experiencia resulta especialmente importante para la conservación de la cuenca del Congo. Un proyecto de conservación no puede ser sostenible si las comunidades afectadas no cuentan con medios para plantear sus preocupaciones, cuestionar una decisión o solicitar reparación cuando consideran que sus derechos han sido vulnerados. El establecimiento de mecanismos de diálogo y reclamación culturalmente apropiados puede, por lo tanto, transformar la conservación: pasar de un modelo en el que las comunidades indígenas son pensadas desde un rol pasivo a otro en el que pueden participar, cuestionar, proponer y exigir rendición de cuentas.

Las mujeres indígenas en el centro de la conservación

La participación de las mujeres también es fundamental. Las mujeres indígenas de Camerún desempeñan un papel importante en la transmisión de conocimientos relacionados con las plantas, la alimentación, la medicina tradicional y el uso de los recursos naturales. Asimismo, se ven directamente afectadas por las consecuencias económicas y sociales de la degradación de estos recursos.

La experiencia de AIWO-CAN demuestra la importancia de fortalecer sus capacidades para que las mujeres indígenas puedan participar en los procesos de toma de decisiones, defender sus derechos territoriales y contribuir a las políticas climáticas y ambientales. Este enfoque resulta especialmente pertinente en el contexto de la cuenca del Congo, donde la conservación y la adaptación al cambio climático deben basarse en las realidades de las comunidades.

La conservación sostenible de la cuenca del Congo debe ser una conservación basada en derechos: una conservación que proteja los ecosistemas sin desplazar a los Pueblos Indígenas que tradicionalmente los han protegido.

La conservación sostenible de la cuenca del Congo debe ser una conservación basada en derechos: una conservación valore los conocimientos indígenas.

El Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal ofrece una oportunidad importante para repensar las políticas de conservación desde un enfoque basado en derechos. Su implementación en Camerún no debería evaluarse únicamente en función del número de áreas protegidas o de especies conservadas, sino también del grado en que se garantizan los derechos y la participación de los Pueblos Indígenas.

Por lo tanto, alcanzar los objetivos mundiales de conservación no debería conducir a una mayor exclusión de las comunidades indígenas de los bosques. Por el contrario, las políticas de biodiversidad deberían reconocer sus conocimientos, garantizar su participación efectiva y significativa, proteger sus territorios y asegurar su intervención en las decisiones que afectan sus tierras y recursos. La 17° Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica ofrece una oportunidad para recordar que la conservación de la cuenca del Congo no puede separarse de los derechos de los pueblos que la habitan.

Hacia una conservación con los Pueblos Indígenas

Toda esta situación pone de manifiesto una realidad fundamental en materia de derechos humanos. La pérdida del acceso a los territorios forestales, o las restricciones impuestas sobre este, afectan los derechos a la cultura, la alimentación, la salud y los medios de vida de los Pueblos Indígenas de la Cuenca del Congo. En el mismo nivel, afecta el derecho a participar en las decisiones relativas a sus tierras y recursos naturales. Finalmente, la deforestación del bosque también puede socavar la transmisión de los conocimientos ancestrales.

El futuro de los bosques de la cuenca del Congo no dependerá únicamente de las políticas forestales, las inversiones internacionales o la ampliación de las áreas protegidas. También dependerá de la capacidad de los Estados y de los actores de la conservación para reconocer a los Pueblos Indígenas como socios en pie de igualdad y titulares de derechos. En Camerún, la experiencia del pueblo Baka demuestra que el bosque puede ser un espacio de subsistencia, cultura, transmisión de conocimientos y conservación de la biodiversidad. Las iniciativas a las que AIWO-CAN ha contribuido demuestran que la participación indígena puede materializarse de formas concretas: mapeo comunitario, participación en las políticas forestales, mecanismos de reclamación, Consentimiento Libre, Previo e Informado, y fortalecimiento del papel de las mujeres indígenas.

Por lo tanto, la cuestión ya no es simplemente cómo proteger los bosques de la cuenca del Congo, sino también quién decide sobre su futuro y qué garantías se ofrecen a quienes los han habitado durante generaciones. La conservación sostenible de la cuenca del Congo debe ser una conservación basada en derechos: una conservación que proteja los ecosistemas sin desplazar a los Pueblos Indígenas que tradicionalmente los han protegido, que valore los conocimientos indígenas sin explotarlos y que convierta a las comunidades indígenas de los bosques en verdaderos socios en la gobernanza de la biodiversidad.

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«Sinceramente, no entiendo muy bien cómo funcionan estos proyectos de carbono. Nos dicen que la tierra ahora está “almacenando carbono” y que eso tiene valor en algún lugar lejano. Pero aquí seguimos haciéndonos la misma pregunta: ¿cómo ayuda eso a mi familia hoy?»

Bulari Lolki, de Sesia, en el norte de Kenia

Los mercados de carbono están intensificando la presión sobre los territorios, especialmente en lugares donde los derechos colectivos sobre la tierra son débiles o carecen de reconocimiento formal. Esto ha generado la preocupación generalizada de que los proyectos de créditos de carbono puedan derivar en acaparamientos de tierras o excluir a las comunidades de la toma de decisiones.       

Sin embargo, muchas de las comunidades con las que trabajamos ven con buenos ojos los ingresos que los proyectos de carbono pueden generar para apoyar los medios de vida locales y los esfuerzos de conservación siempre y cuando puedan establecer las condiciones bajo las cuales estos proyectos avanzan.

En la práctica, que las comunidades puedan establecer las condiciones de los proyectos de mercado de carbono sigue siendo difícil. Entre los desafíos más frecuentes se encuentran:

● Lenguaje altamente técnico. Los proyectos de carbono suelen involucrar conceptos jurídicos, financieros y científicos complejos: la contabilidad del carbono (es decir, el proceso de medir y registrar cuánto carbono es almacenado o reducido por un proyecto), así como los derechos legales sobre las remociones y reducciones de emisiones derivadas de sus actividades. Esto dificulta que las comunidades comprendan plenamente los términos, riesgos y beneficios de los proyectos, limitando su capacidad para tomar decisiones informadas.

● Falta de transparencia. Las comunidades suelen tener un acceso limitado a información clara, oportuna y completa sobre los acuerdos del proyecto, los flujos de ingresos y las salvaguardas existentes. La falta de divulgación plena durante las etapas de diseño e implementación genera incertidumbre y puede conducir a la desconfianza o a procesos de consentimiento insuficientemente informados.

● Desequilibrios de poder en las negociaciones. Los desarrolladores de proyectos y los inversionistas suelen contar con recursos, conocimientos técnicos y apoyo legal significativamente mayores que las comunidades con las que interactúan. Muchas de estas comunidades se encuentran en zonas remotas y desatendidas, y han sido históricamente marginadas por los gobiernos, con acceso limitado a servicios básicos. Esto dificulta enormemente que puedan negociar en condiciones de igualdad con los desarrolladores.

Como resultado, las comunidades se encuentran en una encrucijada: buscan los beneficios económicos que prometen los proyectos de carbono para mejorar sus medios de vida, al tiempo que procuran mantener la autonomía sobre sus territorios y recursos. En un contexto de protección jurídica desigual de los derechos comunitarios, enfrentan presiones para aceptar condiciones desfavorables y, con frecuencia, encuentran dificultades para negociar acuerdos justos.

Organizarse colectivamente para superar las asimetrías de poder

En los Pastizales del norte de Kenia se encuentra el mayor proyecto de carbono de suelo del mundo, que incluye a Sesia, una comunidad pastoralista samburu. Inicialmente, la población tuvo dificultades para relacionarse con los promotores del proyecto en condiciones de igualdad. Si bien la primera década trajo numerosos beneficios, entre ellos la mejora de las tierras de pastoreo y la generación de más de 14 millones de dólares en ingresos para las comunidades, persistían preguntas e inquietudes sobre su funcionamiento. Las comunidades reclamaban una transparencia total sobre los ingresos generados y una mayor autonomía para decidir cómo utilizar los recursos que les correspondía.

En 2023, comunidades pastoralistas maasái, samburu, turkana, rendille y borana comenzaron a organizarse colectivamente en toda el área del proyecto, que abarca 2.000.000 de hectáreas. Por primera vez, los comités comunitarios de gestión de tierras lograron acceder al acuerdo de implementación del proyecto, que establecía las normas de manejo de los pastizales, las estructuras de gobernanza y los mecanismos de distribución de ingresos. De manera conjunta, elaboraron una serie de demandas compartidas para negociar un nuevo acuerdo con los responsables del proyecto.

La presentación de estas demandas dio inicio a un proceso de renegociación del acuerdo de implementación del proyecto que continúa en curso e impulsó la renovación del proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).

La demanda dio inicio a la renegociación del proyecto e impulsó la renovación del proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).

Entre sus principales demandas figuraban el acceso a los registros financieros y a los contratos con las empresas comercializadoras de créditos de carbono; la creación de una cuenta bancaria específica del proyecto, con las comunidades como firmantes autorizadas y en la que se depositaran todos los ingresos; y un nuevo esquema de distribución de beneficios que otorgara a las comunidades la mayor parte. Asimismo, propusieron una nueva estructura de gobernanza que incluyera representantes de todos los comités comunitarios de gestión de tierras y de las áreas de conservación involucradas.

La presentación de estas demandas dio inicio a un proceso de renegociación del acuerdo de implementación del proyecto que continúa en curso e impulsó la renovación del proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), con una amplia participación de la población sobre la aprobación de los términos del nuevo convenio. De este modo, Sesia y las comunidades vecinas demuestran que los proyectos de carbono pueden representar una oportunidad, siempre que sus derechos estén plenamente protegidos y que el proyecto se ajuste a su propia visión de futuro.

Estrategias prácticas para proteger los derechos comunitarios

Las herramientas que utilizaron las comunidades pastoralistas del norte de Kenia para superar estos desafíos compartidos reflejan algunas de las principales lecciones que hemos aprendido de las comunidades de primera línea en decenas de países. En conjunto, estas estrategias pueden ayudar a las comunidades a participar desde una posición de mayor fortaleza, al tiempo que refuerzan luchas más amplias por la autodeterminación, los derechos territoriales y la justicia climática.

1. Desmitificar la ley

Antes de relacionarse con los promotores de un proyecto, las comunidades deberían conocer los derechos que les reconocen las leyes nacionales sobre tierras. Las políticas de conservación y los marcos jurídicos que regulan el comercio de carbono también pueden incluir salvaguardas para proteger los derechos comunitarios. Si los derechos territoriales de una comunidad no cuentan con reconocimiento formal, los proyectos de carbono pueden implicar riesgos significativos y dificultar la negociación de acuerdos justos. Además de la legislación nacional, los estándares de carbono suelen exigir salvaguardas que las comunidades pueden utilizar para protegerse: el derecho a acceder a información, a otorgar o negar el consentimiento y a recibir beneficios de inversiones externas.

2. Realizar una investigación exhaustiva

Existen varios aspectos que las comunidades deben evaluar: el tipo de proyecto propuesto; los antecedentes de la entidad promotora; los impactos sobre el uso de la tierra, los ecosistemas locales y los medios de vida comunitarios; los posibles efectos sobre lugares de importancia cultural o espiritual; y los ingresos potenciales. La entidad promotora está obligada a compartir esta información como parte del proceso de CLPI. Se puede solicitar la información a la entidad promotora por escrito, formulando pedidos lo más específicos posible, y consultar registros nacionales e internacionales, como los administrados por Verra, una de las organizaciones que establece estándares para los proyectos y emite créditos de carbono. En este punto, existen dos documentos importantes: a) el Documento de Diseño del Proyecto y b) los informes de monitoreo y verificación.

3. Utilizar la negociación colectiva

La mayoría de los proyectos de carbono afectan a varias comunidades. Esto crea una oportunidad para construir poder colectivo. Las comunidades se encuentran en una posición más sólida cuando negocian juntas y actúan como un frente común. Hemos observado dos prácticas particularmente eficaces: a) formar un equipo negociador que represente los intereses colectivos de la comunidad o de las comunidades involucradas; b) identificar las demandas prioritarias de las comunidades y utilizarlas como base para proponer los términos de un acuerdo. Cuando las comunidades presentan una propuesta propia desde el comienzo, aumentan su capacidad de influir en el resultado.

4. Contar con apoyo jurídico

Las comunidades pueden negociar exitosamente por sí mismas, pero resulta útil contar con el apoyo de promotores jurídicos comunitarios o de abogados en etapas clave, especialmente durante la recopilación de información, la evaluación de ofertas y la revisión final de los borradores contractuales para asegurar que sean ejecutables y compatibles con la legislación vigente. Los promotores jurídicos comunitarios o defensores de la justicia de base también pueden acompañar a las comunidades durante todo el proceso: desde la comprensión de sus derechos y la recopilación de información hasta las negociaciones, el monitoreo y la exigibilidad de los acuerdos alcanzados.

En conjunto, estas estrategias pueden ayudar a las comunidades a participar desde una posición de mayor fortaleza, al tiempo que refuerzan las luchas más amplias y continuas por la libre determinación, los derechos territoriales y la justicia climática.

Construyendo un movimiento global por la justicia del carbono

A partir de la experiencia acumulada en el acompañamiento a comunidades que enfrentan proyectos de carbono en más de 20 países, integrantes de la Red de Justicia de Base (Grassroots Justice Network) han impulsado una campaña global para situar los derechos y el liderazgo comunitarios en el centro de los mercados de carbono. En conjunto, identificaron seis principios fundamentales para que los proyectos de carbono sean justos.

El primero establece que los créditos de carbono no pueden sustituir la obligación de las empresas de reducir sus propias emisiones de gases de efecto invernadero. Los otros cinco principios se centran en las personas que habitan los territorios donde se desarrollan estos proyectos: respetar los derechos sobre la tierra y el agua; garantizar el derecho al CLPI, incluido el derecho a rechazar proyectos propuestos; promover que la mayor parte de los ingresos beneficie a las comunidades; reconocer y valorar el liderazgo comunitario en el cuidado de la tierra; y asegurar la aplicación efectiva de salvaguardas.

Actualmente, se está trabajando para convertir los Principios de Justicia del Carbono en una realidad a escala comunitaria, nacional y global mediante procesos de aprendizaje entre pares y acción colectiva. En primer lugar, con herramientas y recursos prácticos para que los Pueblos Indígenas y las comunidades de primera línea puedan afrontar los desequilibrios de poder. Recientemente, se recopilaron enseñanzas en la guía práctica “Cómo negociar con desarrolladores de proyectos de carbono”, que ofrece estrategias para acceder a información clave sobre un proyecto, negociar desde una posición de mayor fortaleza y supervisar y exigir el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. La publicación incluye estudios de caso de Kenia, Liberia, Zambia, Brasil, Colombia y Filipinas. Asimismo, desarrollamos Carbon Justice 101, un curso virtual que ofrece una introducción práctica al funcionamiento de los mercados de carbono, así como a los riesgos y oportunidades para las comunidades. 

En segundo lugar, promovemos acciones colectivas para influir en las normas que regulan los mercados de carbono. Las leyes nacionales sobre comercio de carbono pueden establecer disposiciones fundamentales para garantizar los derechos territoriales de las comunidades, el derecho al CLPI y mecanismos justos de distribución de beneficios. Con este objetivo, elaboramos una segunda guía práctica, “Cómo la legislación nacional puede avanzar la justicia del carbono”, dirigida a organizaciones de la sociedad civil que participan en la formulación de políticas públicas.

Los marcos normativos internacionales también desempeñan un papel clave al definir los estándares que rigen el mercado global de carbono. Guiados por los Principios de Justicia del Carbono, miembros de la red han impulsado de manera colectiva reglas más estrictas en el marco de Verra y del artículo 6.4 del Acuerdo de París, el mecanismo de las Naciones Unidas que regulará la forma en que los Estados y las empresas podrán comerciar créditos internacionales de carbono mientras cumplen sus compromisos climáticos.

Para más información sobre Carbon Justice 101.

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Para las mujeres samburu, borana, rendille, ogiek, turkana, elmolo, pokot y sengwer que viven a cientos de kilómetros de tribunales, puestos policiales o centros de salud, la justicia rara vez se encuentra en instituciones formales. En cambio, suele negociarse bajo un árbol, donde los ancianos priorizan la armonía del clan por encima de la dignidad, la sanación o los derechos de la mujer sobreviviente. En estos sistemas informales, los testimonios de las mujeres son minimizados, la violencia es normalizada y los perpetradores quedan libres. Para las mujeres y niñas indígenas, el silencio no es una elección: es impuesto.

Cuando la violencia se encuentra con el silencio

En muchas comunidades pastoras, las sobrevivientes de violación o abuso sexual todavía son forzadas a los llamados “matrimonios de compensación”, donde una niña es entregada a la familia del perpetrador como arreglo. Otras son presionadas para retirar los casos en nombre del honor familiar o la unidad del clan. Denunciar la violencia se complica aún más por la geografía: la comisaría más cercana puede estar a 70 ó 120 kilómetros de distancia, sin transporte, sin combustible y sin garantía de ser escuchadas. En ocasiones, las autoridades locales intervienen para suprimir las denuncias, argumentando que la justicia formal “destruye familias”. Por el contrario, lo que se destruye es la confianza, la seguridad y el futuro de las niñas.

Para enfrentar esta realidad, el Samburu Women Trust (SWT) estableció un Centro Digital para Mujeres: un espacio modesto, pero transformador, equipado con computadoras, acceso a internet, teléfonos y herramientas de documentación. Por primera vez en su vida, las mujeres y niñas que viven en aldeas remotas pueden denunciar casos con velocidad, documentar violaciones y producir pruebas requeridas por el sistema de justicia sin viajar durante días. El centro se ha convertido en un salvavidas para sobrevivientes atrapadas en ciclos de violencia.

El camino hacia la justicia sigue siendo largo y frágil. Las sobrevivientes suelen caminar durante días a través de terrenos difíciles, cargando el trauma sufrido y enfrentando la intimidación de las familias de los perpetradores.

El camino hacia la justicia es largo y frágil. Las sobrevivientes caminan durante, cargando el trauma sufrido y la intimidación de las familias de los perpetradores.

El SWT también creó el Arboreto de Mujeres Indígenas Naramat, un lugar sagrado de sanación arraigado en la tierra, la cultura y el cuidado colectivo. Bajo la sombra de árboles indígenas, las mujeres se reúnen para la sanación del trauma, la reflexión y la solidaridad. En este espacio, las historias que antes se susurraban con miedo ahora se pronuncian en voz alta con valentía y el apoyo de otras mujeres que han vivido experiencias similares.

Aun así, el camino hacia la justicia sigue siendo largo y frágil. Las sobrevivientes suelen caminar durante días a través de terrenos difíciles, cargando el trauma sufrido y enfrentando la intimidación de las familias de los perpetradores. Para cuando llegan a un puesto policial, las pruebas pueden estar comprometidas, los expedientes pueden desaparecer y los casos colapsan. Es importante señalar que estas no son historias aisladas: son las realidades cotidianas de las mujeres indígenas en toda Kenia.

Acercando la justicia a las aldeas

Durante más de una década, el Samburu Women Trust y el Indigenous Women Council (IWC) han caminado junto a mujeres y niñas, cruzando lechos de ríos secos, colinas y caminos polvorientos, con el objetivo de cerrar una brecha de justicia que continúa ampliándose. Nuestro trabajo no se trata sólo de sensibilización, sino de transformar el poder, restaurar la confianza en las instituciones y garantizar que las mujeres puedan hablar sin miedo. Nuestro enfoque se basa en cinco pilares interconectados:

1. Empoderamiento legal comunitario. Capacitamos a mujeres indígenas paralegales para que acompañen a las sobrevivientes en cada paso del proceso de justicia: denunciar los casos, comprender sus derechos, reunir pruebas y, transitar los sistemas policiales y judiciales. Como hijas de confianza de sus comunidades, estas paralegales hacen que la justicia sea más accesible y culturalmente arraigada.

2. Desafiando los sistemas de justicia nocivos de los ancianos. Involucramos a ancianos varones para confrontar prácticas de mediación que tratan la violación o el abuso sexual como asuntos familiares negociables, resueltos mediante la entrega de ganado. A través del diálogo y procesos de capacitación sostenidos, más ancianos ahora están remitiendo los casos penales a las autoridades formales.

3. Espacios seguros para niñas. Bajo árboles de acacia y en círculos comunitarios, el SWT convoca foros de liderazgo para niñas, en donde aprenden sobre autonomía corporal, autoconfianza y su derecho a decir no a la mutilación genital femenina y al matrimonio forzado. Estos espacios fomentan que las niñas estén informadas sobre sus derechos y actúen con valentía.

4. Respuesta centrada en la sobreviviente. Colaboramos con centros de salud, la policía, jefes locales y oficinas de género para garantizar que las sobrevivientes reciban atención médica, apoyo psicosocial y seguimiento legal. Nuestro equipo acompaña a las niñas desde la presentación de denuncias en la policía hasta comparecer ante magistrados, abogando por una justicia oportuna y sensible a la niñez.

5. Incidencia nacional y global. A través del Indigenous Women Council, elevamos las realidades de las aldeas a plataformas nacionales, regionales e internacionales, abogando por sistemas de justicia con enfoque de género, tribunales móviles, policía con rendición de cuentas y reconocimiento de los derechos indígenas sobre la tierra y los recursos que configuran la seguridad de las mujeres.

El largo camino hacia la justicia

Una madre de la aldea de Narasha dice con tristeza: “La justicia de mi hija está a 75 kilómetros de distancia”. Sus palabras capturan una verdad dolorosa: la justicia está moldeada por la geografía, la pobreza, el género, el poder y la supervivencia. A través de un compromiso comunitario sostenido y el acompañamiento a sobrevivientes, el Samburu Women Trust ha reabierto investigaciones estancadas, evitado matrimonios forzados, apoyar a niñas durante los juicios y lograr condenas en casos que antes habían sido silenciados. Cada caso sienta un precedente. Cada voz rompe el silencio para muchas otras.

El cambio está emergiendo. Los ancianos están remitiendo cada vez más casos a la policía. Las niñas están rechazando la mutilación genital femenina y comienzan a denunciar las amenazas. Las mujeres se están organizando y exigiendo rendición de cuentas. Los jefes y los agentes de policía están más receptivos a medida que crece la conciencia. Pero el camino está lejos de haber terminado. El acceso a la justicia para mujeres y niñas indígenas requiere inversión en tribunales móviles, puestos policiales funcionales, refugios seguros y servicios culturalmente pertinentes y sensibles al género. Los actores comunitarios, las paralegales, las mujeres líderes y las autoridades tradicionales deben ser reconocidos como socios en igualdad de condiciones.

Lo más importante es que las mujeres y niñas indígenas deben estar en el centro de la solución. No son sólo sobrevivientes: son lideresas, defensoras y arquitectas de un futuro más justo. Para nosotras, en el Samburu Women Trust y el Indigenous Women Council, este trabajo es más que incidencia: es un compromiso de por vida. Llevamos sus historias, impulsamos sus casos y estamos junto a quienes sobreviven. Y, en los territorios, caminamos largas distancias para que la justicia finalmente alcance a la última mujer de la última aldea.

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Esta realidad cotidiana se despliega donde los roles tradicionales de género se intersectan con las circunstancias particulares de la vida de las y los pastores. Las comunidades de pastores cuidan vastas tierras de pastoreo y sostienen sistemas alimentarios construidos sobre un conocimiento intergeneracional acerca del ganado, la movilidad y el uso comunal de la tierra. Sus contribuciones a la seguridad alimentaria y al medio ambiente son significativas, aunque poco documentadas. Sin embargo, las oportunidades de participar plenamente en la vida económica y política a menudo son limitadas.

Para las mujeres de estas comunidades, los desafíos son aún mayores: las expectativas en torno a las responsabilidades del hogar y la familia, el acceso limitado a la educación, las ubicaciones remotas y la representación mínima en la toma de decisiones hacen que sea muy difícil que sus voces sean escuchadas. En conjunto, estos factores crean una brecha en el acceso a la justicia que está moldeada por la cultura y la tradición, así como por obstáculos estructurales.

La inseguridad territorial y una concepción de justicia

Aunque no parezca relevante, la distancia es una barrera muy importante, ya que los tribunales y las oficinas administrativas están lejos de las comunidades rurales y acceder a ellos es costoso. Los sistemas legales son complejos, operan en lenguas desconocidas y excluyen a las mujeres con una alfabetización limitada. Incluso, cuando estas barreras se superan, las normas patriarcales restringen la capacidad de las mujeres para hacer valer sus reclamos. En este sentido, las prácticas nocivas como el matrimonio temprano y forzado, la desheredación de viudas y la violencia de género limitan aún más el acceso a la justicia. Si bien la resolución de disputas prioriza la armonía social, a menudo deja a las mujeres vulnerables y refuerza el desequilibrio de poder, en lugar de brindar una protección imparcial.

Paralelamente, estas barreras se ven agravadas por presiones externas. El cambio climático, la expansión de las áreas de conservación, la agricultura comercial y el desarrollo de infraestructura invaden cada vez más las tierras de pastoreo. A medida que la competencia por la tierra se intensifica, las disputas se multiplican. A pesar de su rol central en la gestión de los hogares, la seguridad alimentaria y el trabajo relacionado con el ganado, las mujeres rara vez son consultadas (o compensadas) en las negociaciones cuando se pierde territorio. Su exclusión de la gobernanza de la tierra profundiza la inseguridad económica y debilita su capacidad para reclamar sus derechos, reforzando ciclos de vulnerabilidad.

Los derechos consagrados en instrumentos globales o en leyes nacionales tienen poco significado si las mujeres no los comprenden, tienen acceso limitado a ellos o no pueden ejercerlos de manera segura en sus propias comunidades.

Los derechos consagrados en instrumentos globales tienen poco significado si las mujeres no los comprenden o no pueden ejercerlos en sus comunidades.

Para las propias mujeres pastoras, la justicia se entiende de manera mucho más amplia que sólo el resarcimiento legal. Se trata de ser respetadas dentro de la familia, escuchadas por los ancianos y reconocidas por las autoridades estatales independientemente de su género, etnicidad, alfabetización o movilidad. Para ellas, la justicia significa protección frente a la violencia, acceso seguro a la tierra y al ganado, y la capacidad de participar en decisiones que dan forma al futuro de la comunidad. También significa rendición de cuentas y saber que el daño no será desestimado como un asunto privado ni absorbido silenciosamente en nombre de la tradición.

Las normas internacionales respaldan esta visión. La Declaración de las Naciones Unidas afirma el derecho de los Pueblos Indígenas a la libre determinación, a la tierra y a la participación en la toma de decisiones, y reconoce explícitamente los derechos de las mujeres indígenas a la igualdad y a la libertad frente a la violencia y la discriminación. Sin embargo, la distancia entre los compromisos internacionales y la realidad vivida sigue siendo enorme. Los derechos consagrados en instrumentos globales o en leyes nacionales tienen poco significado si las mujeres no los comprenden, tienen acceso limitado a ellos o no pueden ejercerlos de manera segura en sus propias comunidades.

Soluciones holísticas de base: Pastoral Women’s Council

Cerrar la brecha de justicia requiere enfoques culturalmente situados, liderados localmente, con equilibrio de género y atentos a las realidades cotidianas de la vida pastoril. Aquí es donde las organizaciones de base desempeñan un papel fundamental. El Pastoral Women’s Council (PWC) es una organización que representa a más de 8.000 mujeres pastoras en el norte de Tanzania y demuestra cómo el acceso a la justicia puede fortalecerse desde abajo. En lugar de tratar a las mujeres como beneficiarias pasivas, el PWC opera bajo la premisa de que las mujeres pastoras son titulares de derechos y agentes de cambio. Esta iniciativa para el acceso a la justicia, con un enfoque de equidad de género dirigida para Pueblos Indígenas, promueve:

Desarrollo de la voz y la agencia: a través de diálogos con arraigo local y formación en liderazgo, las mujeres adquieren confianza y habilidades para hablar en público, negociar dentro de los hogares e, involucrarse con líderes tradicionales y funcionarios gubernamentales. Este poder de agencia ha sido evidente en las acciones comunitarias sobre el derecho a la tierra, donde las mujeres que enfrentan el desplazamiento por inversiones en turismo han contribuido a obtener resultados más justos, mediante su participación directa en los diálogos. Las lideresas desafiaron con éxito la desposesión de tierras, defendieron sus derechos de herencia e intervinieron en casos de violencia doméstica, contribuyendo a cambiar las percepciones comunitarias sobre quién tiene la autoridad para hablar y decidir.

Liderazgo y toma de decisiones: cuando las mujeres ocupan posiciones de toma de decisiones, a nivel local o nacional, es más probable que los asuntos que las afectan a ellas y sus familias sean planteados, debatidos y abordados. El trabajo del PWC se vuelve visible cuando las mujeres ingresan en espacios formales de liderazgo. Hace 15 años, sólo tres mujeres pastoras fueron elegidas como Presidentas de Aldea. Ahora ese número asciende a 18, a la que se suman otras 1.400 mujeres pastoras en los órganos de gobierno de las aldeas. Junto con el logro individual, este crecimiento en la equidad del liderazgo muestra una transformación en las normas sociales y la inclusión política.

Prevención de la violencia de género y el cambio de normas: abordar la violencia requiere tanto de la prevención como de respuestas integrales. El PWC trabaja con mujeres y hombres para desafiar prácticas nocivas que normalizan el abuso, al tiempo que fortalece las rutas de derivación hacia servicios de salud, jurídicos y de protección. Involucrar a los hombres como aliados es una estrategia deliberada, reconociendo que el cambio duradero depende de transformar actitudes colectivas, y no simplemente de apoyar a sobrevivientes individuales.

Alfabetización jurídica y apoyo paralegal: muchas mujeres pastoras desconocen los derechos que les otorga la normativa y la forma en que éstos se intersectan con las prácticas consuetudinarias. Los Foros de Derechos de las Mujeres y Liderazgo del PWC traducen conceptos legales a lenguas locales y a escenarios de la vida cotidiana, permitiendo que las mujeres comprendan las leyes sobre la tierra, las regulaciones matrimoniales y las protecciones frente a la violencias de género. De este modo, el conocimiento se convierte en una herramienta de empoderamiento, reduciendo la dependencia de intermediarios masculinos y aumentando la confianza de las mujeres para hacer valer sus reclamos. Para descentralizar aún más el acceso a la justicia, el PWC capacita a promotoras y promotores jurídicos comunitarios, a menudo mujeres de las propias comunidades, que brindan orientación legal básica, median en disputas y conectan a víctimas de violencia con instituciones formales. En áreas donde los abogados y los tribunales están distantes, las promotoras jurídicas comunitarias sirven como puntos de entrada de confianza al sistema de justicia. Su presencia ayuda a desmitificar los procesos legales y garantiza que las mujeres no los enfrenten en soledad.

Derechos territoriales y empoderamiento económico: la tierra y la seguridad económica son esenciales para el acceso de las mujeres a la justicia. Sin derechos seguros sobre sus tierras, su poder de negociación sigue siendo limitado. Por eso, el PWC apoya a mujeres marginadas a obtener sus Certificados de Derechos Consuetudinarios de Ocupación, formalizando reclamos de tierra al tiempo que aborda la exclusión basada en el género. A través de los Bancos Comunitarios de Aldea, las mujeres generan ahorros, acceden a préstamos y reciben educación financiera, avanzado de manera progresiva hacia microfinanzas formales mediante socios como Engishon Microfinance. Así, la independencia económica reduce la vulnerabilidad a la explotación y fortalece la capacidad de las mujeres para desafiar las injusticias.

La justicia como transformación colectiva

En 2025, Vaileth Elias y Sarah Oltetia fueron elegidas como concejalas, un rol que tradicionalmente es dominado por hombres. En una reciente capacitación “Local to Local Dialog” del PWC, Vaileth compartió su experiencia: “Recibí capacitación en una etapa muy temprana de mi trayectoria de liderazgo y he visto grandes beneficios de ello. Esto me dio el valor para postularme a un cargo junto a cuatro hombres. Fue un momento tenso e incluso los hombres parecían confundidos. Finalmente, fui la ganadora por un amplio margen”. Esta generación de confianza fue confirmada por Sarah: “Ahora sé cómo convocar una reunión, a quién invitar y cómo capacitar a las personas para que comprendan claramente lo que estoy comunicando. Donde estoy hoy, sirviendo como concejala, es gracias a la educación que recibí a través del PWC”.

A pesar de su impacto comprobado y de sus modelos escalables, organizaciones como el Pastoral Women’s Council enfrentan barreras estructurales significativas, particularmente en la movilización de recursos financieros y técnicos. El financiamiento global para el cambio climático, la conservación y los derechos sobre la tierra rara vez llega directamente a organizaciones indígenas y locales lideradas por mujeres, socavando la sostenibilidad y limitando el crecimiento institucional. Si el acceso equitativo a la justicia para las mujeres pastoras indígenas es una prioridad genuina, las arquitecturas de financiamiento deben cambiar. El financiamiento directo, a largo plazo y con enfoque de género no es caridad: es una inversión estratégica en sistemas de justicia efectivos, sostenibles y localmente legítimos.

En conclusión, la experiencia de las mujeres pastoras en Tanzania desafía definiciones estrechas de justicia. Las leyes y los tribunales importan, pero son insuficientes sin la legitimidad cultural, la seguridad económica y el liderazgo de las mujeres. La justicia emerge cuando las mujeres pueden hablar, las comunidades reconocen su autoridad y las instituciones responden a las realidades vividas. El trabajo del PWC y la solidaridad de sus integrantes demuestran que los enfoques integrados, que combinan alfabetización jurídica, desarrollo de liderazgo, empoderamiento económico e incidencia comunitaria, pueden abordar las causas estructurales de la injusticia. El acceso equitativo a la justicia es una cuestión de poder: quién lo tiene, quién lo comparte y quién puede reclamarlo.

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Las comunidades cazadoras y recolectoras incluyen a los pueblos Ogiek, Sengwer, Yiaku, Waata y Awer (boni), mientras que entre los grupos de pastores se encuentran los Turkana, Rendille, Borana, Maasái, Samburu, Ilchamus, Somalíes, Gabra, Pokot y Endorois. A pesar de su diversidad, estas comunidades comparten desafíos comunes: la inseguridad en la tenencia de la tierra y sus recursos, el acceso limitado a servicios básicos, una representación política débil y, la persistencia de la discriminación y la exclusión. En los últimos años, estos problemas se han ido intensificando a medida que aumenta la presión por la tierra, el agua y los recursos naturales.

Dado que Kenia es en gran medida una sociedad patriarcal, las mujeres indígenas se ven afectadas tanto por su condición de integrantes de comunidades históricamente marginadas como por normas sociales arraigadas en sus propias sociedades. Estas dinámicas han limitado su acceso a la educación, a oportunidades económicas y a espacios de liderazgo, al tiempo que restringen su capacidad de incidir de manera significativa en la gobernanza cultural, la toma de decisiones y los procesos de desarrollo.

Contexto histórico de Kenia

Las raíces de las dinámicas de paz y conflicto que afectan a los Pueblos Indígenas del norte de Kenia están profundamente arraigadas a los legados coloniales y poscoloniales. En su mayoría son comunidades de pastores, junto con grupos minoritarios de pueblos cazadores-recolectores y herreros tradicionales. Estas remontan su presencia en la región al siglo XVII, cuando desarrollaron sistemas de subsistencia sostenibles, estructuras de gobernanza y tradiciones culturales, que favorecían la coexistencia pacífica, la responsabilidad compartida y el uso comunitario de los recursos.

Sin embargo, el dominio colonial británico alteró estos sistemas mediante el despojo sistemático de sus tierras más fértiles, a través de políticas como el establecimiento de las denominadas “Tierras Altas Blancas”, la imposición de sistemas de gobernanza colonial ajenos, la introducción de fronteras coloniales fijas y la criminalización de los modos de vida basados en la movilidad. Estas intervenciones fragmentaron los arreglos estacionales de uso compartido de los recursos y debilitaron las instituciones que históricamente habían regulado el acceso, mitigado los conflictos y preservado el equilibrio ecológico.

Tras la independencia, el Estado keniano mantuvo los modelos coloniales de gobernanza y desarrollo. Las políticas nacionales priorizaron la agricultura sedentaria, el desarrollo económico extractivo y el control estatal centralizado, mientras que las regiones de pastoreo permanecieron marginadas y con escasos recursos. El norte de Kenia fue concebido como una “frontera” periférica e insegura, y como “tierras baldías”, económicamente improductivas, que requerían control militar antes que inclusión basada en derechos. Esta visión consolidó patrones de subdesarrollo crónico, violencia estructural y conflictos recurrentes que aún persisten.

Herramientas globales de protección

Los mecanismos internacionales de derechos humanos han llamado la atención sobre la situación de las comunidades de pastores indígenas del norte de Kenia, en particular, en relación con el despojo de tierras, el desplazamiento inducido por el desarrollo y, la falta de consultas adecuadas en proyectos de gran escala de desarrollo, conservación y extracción. Las comunidades de pastores han realizado informes, consultas comunitarias, fortalecimiento de movimientos, labores de incidencia y trabajo con medios de comunicación, garantizando que las realidades locales sean consideradas en el escrutinio internacional. 

Relatores Especiales de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas han subrayado que la tenencia colectiva de la tierra, la autodeterminación y la gobernanza indígena son elementos centrales para la prevención de conflictos y la resiliencia climática. A nivel regional, los estándares desarrollados por la Comisión Africana y la Corte Africana sobre derechos territoriales colectivos han reforzado aún más las reivindicaciones de los pastores. Estos compromisos internacionales y regionales han fortalecido los esfuerzos de llevar a cabo reformas en Kenia y han posicionado los enfoques liderados por Pueblos Indígenas y basados en derechos como fundamentales para la paz y el desarrollo sostenible.

Las comunidades de pastores han sufrido procesos de marginación y exclusión social. Esto se ha traducido en un acceso limitado al desarrollo y a la representación política, en diversas formas de explotación y en el desplazamiento.

Las comunidades de pastores han quedado expuestas a situaciones de pobreza multidimensional en un contexto marcado por los efectos del cambio climático.

A nivel local, las comunidades indígenas han dependido históricamente de sistemas complejos de gobernanza tradicional, arraigados en el derecho consuetudinario, los consejos de ancianos, la autoridad espiritual y, los acuerdos recíprocos para el uso compartido de la tierra. Estos sistemas incluían un acceso cuidadosamente regulado a los pastizales y al agua, como la restricción del pastoreo en determinadas zonas durante la temporada de lluvias para garantizar su disponibilidad en los períodos de sequía. Esta gobernanza resultaba adecuada para los pastizales áridos y semiáridos, caracterizados por precipitaciones escasas e impredecibles, y contribuía a la protección de la biodiversidad y de ecosistemas vitales.

No obstante, estas comunidades han sufrido procesos de marginación y exclusión social. Esto se ha traducido en un acceso limitado al desarrollo y la representación política, en diversas formas de explotación y en el desplazamiento forzado. Como consecuencia, han quedado expuestas a situaciones de pobreza multidimensional en un contexto marcado por los efectos del cambio climático.  En el mismo sentido, con el paso del tiempo, los sistemas de resolución de conflictos se han visto debilitados por el despojo de tierras, el estrés ambiental, la proliferación de armas de fuego y la imposición externa de límites administrativos que fragmentaron los territorios indígenas. 

Tierra, gobernanza y resiliencia climática

Un factor central de los conflictos en el norte de Kenia es la inseguridad en la tenencia de la tierra y, la erosión de los sistemas y estructuras de gobernanza indígena. Garantizar los derechos colectivos sobre la tierra es un pilar fundamental para la construcción de paz. En más de dos décadas de trabajo en el territorio, la organización Indigenous Movement for Peace Advancement & Conflict Transformation (IMPACT) se ha guiado por la visión de que la “seguridad en la tenencia de la tierra es la base de comunidades prósperas”. Para los pastores y cazadores-recolectores, la tierra no es sólo un activo económico, sino el fundamento de la identidad, la cultura, los medios de vida y la cohesión social. 

Esta urgencia ha orientado las intervenciones de IMPACT hacia la construcción de programas y modelos que apoyan la protección de la tenencia de la tierra, la gestión sostenible de los recursos, el fortalecimiento de marcos de gobernanza inclusivos, la revitalización de las instituciones indígenas de toma de decisiones, la promoción de la inclusión y la convivencia pacífica. De este modo, el trabajo se basa en el fortalecimiento de capacidades comunitarias para la defensa de sus derechos y en la promoción de marcos normativos nacionales, respaldados por más de 30 años de construcción de confianza entre comunidades y sus instituciones tradicionales, así como por alianzas sostenidas en el territorio.

Al anclar la construcción de paz en los derechos territoriales y la autodeterminación, se abordan los conflictos desde sus raíces estructurales y reducen la dependencia de mecanismos convencionales de resolución de conflictos.

Al anclar la construcción de paz en los derechos territoriales y la autodeterminación, se abordan los conflictos desde sus raíces estructurales.

Como resultado de estos esfuerzos, se ha consolidado un programa de protección de tierras comunitarias que ha apoyado a más de 30 territorios comunitarios para obtener el reconocimiento legal formal en el marco de la Ley de Tierras Comunitarias de 2016. Al anclar la construcción de paz en los derechos territoriales y la autodeterminación, estas intervenciones abordan los conflictos desde sus raíces estructurales, reducen la dependencia de mecanismos convencionales de resolución de conflictos y de respuestas securitizadas. De esta forma, las comunidades indígenas pueden gobernar sus territorios y recursos de manera más equitativa y pacífica.

El cambio climático es otro factor que ha alterado las dinámicas de conflicto en el norte de Kenia al intensificar la competencia por la tierra, el agua y los pastizales. A lo largo del último siglo, Kenia ha experimentado más de 28 sequías, cuatro de ellas en la última década, lo que ha agravado la vulnerabilidad en el norte del país. En este contexto, la paz sostenible depende de construir medios de vida resilientes al clima, arraigados en el conocimiento indígena y adaptados a los ecosistemas de pastizales. En consecuencia, IMPACT apoya el pastoreo como un medio de vida viable; promueve la restauración de pastizales y prácticas sostenibles; y fortalece la conservación liderada por Pueblos Indígenas y la gobernanza de los recursos naturales.

Hacia una una construcción de paz inclusiva

La construcción de paz en contextos indígenas debe ser intergeneracional y culturalmente arraigada. Las mujeres y las juventudes experimentan los conflictos de manera diferenciada y quedan excluidas de los procesos formales de paz, pese a que soportan los mayores costos de la violencia y el desplazamiento. En consecuencia, IMPACT impulsa una construcción de paz inclusiva mediante la facilitación de comités comunitarios de paz, el apoyo a la incidencia liderada por mujeres, espacios de formación intensiva, y el acompañamiento a juventudes como embajadoras de paz que promueven el diálogo entre grupos étnicos.

En este camino, IMPACT Kenia ha apoyado iniciativas transfronterizas y movimientos pastoriles regionales orientados a fortalecer el pastoreo sostenible y a abordar los factores estructurales de conflicto que trascienden los límites administrativos y nacionales. En conjunto, estos enfoques se apoyan en los sistemas indígenas de justicia, la memoria colectiva y las prácticas restaurativas, priorizando la sanación, la reciprocidad y la convivencia por sobre respuestas punitivas o militarizadas. De este modo, se refuerza vías locales y legítimas hacia la paz.

La experiencia en el norte de Kenia demuestra que la paz sostenible no se alcanza mediante enfoques militarizados ni verticales, sino que emerge de comunidades seguras, de instituciones comunitarias robustas y del respeto a la autodeterminación.

La experiencia en el norte de Kenia demuestra que la paz sostenible emerge de comunidades seguras, de instituciones comunitarias robustas y del respeto a la autodeterminación.

De cara al futuro, las dinámicas de paz y conflicto en el norte de Kenia seguirán estando condicionadas por el estrés climático, la seguridad en la tenencia de la tierra, las influencias políticas y las presiones sobre el uso del territorio, con riesgos persistentes de militarización, expansión extractiva y desplazamiento por el clima. Al mismo tiempo, existen oportunidades significativas de transformación: el avance en el registro de tierras comunitarias, el fortalecimiento de los sistemas de gobernanza liderados por Pueblos Indígenas, el reconocimiento del Consentimiento Libre, Previo e Informado, y una mayor participación y reconocimiento de mujeres y juventudes en la construcción de paz.

La experiencia de los Pueblos Indígenas del norte de Kenia demuestra que la paz sostenible no se alcanza mediante enfoques militarizados ni verticales, sino que emerge de comunidades seguras y fortalecidas, de instituciones comunitarias robustas y del respeto al conocimiento indígena y a la autodeterminación. En un contexto de intensificación de conflictos bajo presiones climáticas y políticas, la construcción de paz liderada por Pueblos Indígenas y basada en derechos ofrece caminos viables anclados en la justicia, la autonomía y la coexistencia. Estos enfoques no sólo son esenciales en Kenia, sino también en los debates globales sobre derechos indígenas, resolución de conflictos y rutas descoloniales hacia la paz.

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El Foro de Organizaciones No Gubernamentales Indígenas Pastoralistas (Foro PINGO) llevó a cabo una investigación de campo mediante un enfoque de métodos mixtos, que incluyó entrevistas a informantes clave y líderes comunitarios, grupos focales para recoger perspectivas colectivas y encuentros comunitarios directos con las personas afectadas. Se puso especial énfasis en la inclusión, garantizando la participación de mujeres, jóvenes y grupos marginados, con el fin de recopilar una diversidad de voces y experiencias.

El estudio recopiló respuestas de tres de las regiones más afectadas: Manyara (35%), Dodoma (33%) y Tanga (31%), reflejando una participación equilibrada en las áreas encuestadas. En algunas comunidades, el fuerte involucramiento local del EACOP pudo haber influido en la cooperación con investigadores externos, mientras que las restricciones de seguridad vinculadas al proyecto limitaron el acceso a ciertas zonas. Estas dinámicas evidencian los desafíos de garantizar una participación plenamente inclusiva en contextos de desarrollo de alto impacto.

Fallas sistémicas en el proceso de consulta y participación comunitaria

El estudio registró una notable disparidad de género entre las personas encuestadas: 69% de hombres y 27% de mujeres. El resto no especificó su género o se identificó de otra manera. Este desequilibrio podría reflejar barreras sociales y culturales más amplias que limitan la participación de las mujeres en procesos de consulta, así como sesgos ocupacionales en los roles vinculados al proyecto, entre ellos las negociaciones de tierras, tradicionalmente dominadas por hombres.

La investigación de verificación de hechos reveló que sólo el 23% de las personas encuestadas fueron consultadas durante la planificación o implementación del EACOP, mientras que un 30% afirmó explícitamente haber sido excluida. Entre quienes fueron consultados, la participación se limitó en gran medida a reuniones comunitarias (18%), mientras que la intervención a nivel individual o familiar fue mínima (4% encuestas a hogares y 1% en entrevistas).

Estos hallazgos evidencian fallas sistémicas en el proceso de consulta, el cual no cumplió con los estándares del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), especialmente en el caso de grupos marginados con bajos niveles de alfabetización.

Estos hallazgos evidencian fallas sistémicas en el proceso de consulta, el cual no cumplió con los estándares del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).

La calidad de la inclusión fue evaluada de manera negativa: el 22% describió las consultas como “nada inclusivas” y apenas el 1% las consideró “muy inclusivas”. Sólo el 4% consideró que sus aportes influyeron en las decisiones del proyecto, mientras que el 25% manifestó que sus opiniones fueron ignoradas y el 30% dijo no estar seguro. Los principales obstáculos para una participación significativa incluyeron las dificultades con el idioma (25%), la falta de acceso a la información (18%) y una representación comunitaria limitada (6%). Algunos encuestados describieron que se trató de “reuniones colectivas que no fueron inclusivas”.

Estos hallazgos evidencian fallas sistémicas en el proceso de consulta, el cual no cumplió con los estándares del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), especialmente en el caso de grupos marginados con bajos niveles de alfabetización (52% sin educación formal) y escasa conciencia sobre el proyecto (inicialmente, el 32% no conocía el EACOP). Además, las personas consultadas informaron sentirse sin poder de decisión respecto de la realización o no del proyecto.

El impacto del oleoducto en los medios de vida

El estudio reveló también que el 43% de las personas participantes experimentaron impactos negativos en sus medios de vida a causa del Oleoducto de Crudo de África Oriental. Esto se debe, principalmente, por la pérdida de tierras para el pastoreo del ganado (34%) y a causa de los desplazamientos forzados (13%). A su vez, la exhumación de tumbas ha provocado un profundo impacto cultural en la población. En consecuencia, la gravedad de los impactos fue considerable: el 29% los describió como significativos, el 5% como moderados y el 1% como graves. 

En cuanto a los sistemas de compensación, sólo el 23% recibió algún tipo de reparación. Entre quienes sí fueron compensados, la satisfacción fue muy dispar: apenas el 9% consideró que la compensación fue adecuada, el 5% la calificó como inadecuada y otro 9% expresó incertidumbre. Combinadas con el 38% de no respuestas, estas cifras reflejan fallas estructurales en los mecanismos de reparación, especialmente para los grupos dependientes de la tierra. Cabe destacar que el 43% de las familias perdió tierras de pastoreo.

Estos incumplimientos resultan especialmente perjudiciales para los grupos que dependen de la tierra (el 69% de las personas encuestadas), cuyas relaciones culturales y económicas con el territorio no pueden medirse mediante criterios de mercado convencionales. Es fundamental destacar que todas las comunidades encuestadas informaron que los programas sociales prometidos por el Oleoducto de Crudo de África Oriental no se habían materializado. 

Falta de compensación y carencias laborales

El estudio también revela importantes deficiencias en las iniciativas de empleo local: el 34% de las personas consultadas confirmó que no se generaron oportunidades para miembros de la comunidad, mientras que el 36% indicó que nadie en su hogar fue empleado por el proyecto ni por sus contratistas. La accesibilidad sigue siendo un problema central, ya que el 21% reportó prácticas de contratación excluyentes y el 12% no estaba seguro de si las oportunidades eran equitativas. La ausencia de programas de capacitación agrava estas problemáticas: el 34% confirmó la inexistencia de iniciativas de formación.

En la aldea de Gorimba, un representante juvenil involucrado en cuestiones relacionadas con el EACOP denunció que los pagos por horas extra acordados en los contratos no se están cumpliendo: “Antes de comenzar a trabajar, acordamos una cantidad específica de dinero por un tiempo determinado, por ejemplo, de 8:00 a 16:00. Sin embargo, cuando llega la hora acordada y queda trabajo pendiente, nos dicen que lo terminemos y prometen compensarnos por las horas extra. Pero nunca nos pagan por ese tiempo adicional”.

El estudio revela deficiencias en las iniciativas de empleo local: el 34% confirmó que no se generaron oportunidades para miembros de la comunidad, mientras que el 36% indicó que nadie en su hogar fue empleado por el proyecto ni por sus contratistas.

El estudio revela deficiencias en las iniciativas de empleo local: el 34% confirmó que no se generaron oportunidades para miembros de la comunidad.

Otro caso es el de Othman, un joven de 25 años de la aldea de Kitwai B, quien descubrió una oportunidad de formación en línea anunciada por el Oleoducto de Crudo de África Oriental. Debido a la mala conectividad de la red, tuvo que viajar aproximadamente 20 kilómetros para trepar a un árbol de baobab y poder acceder a los cursos, y luego desplazarse 75 kilómetros hasta Orkesumet para continuar sus estudios en condiciones seguras.

A pesar de haber completado los nueve módulos con un promedio sobresaliente del 98% y de haber sido seleccionado para un curso de tres meses en el Instituto de Capacitación VETA Moshi durante un taller trimestral del EACOP en Arusha, finalmente no fue elegido por razones desconocidas y aparentemente sesgadas. Esta decisión contradice el plan firmado para el Oleoducto de Crudo de África Oriental, que supuestamente iba a priorizar las oportunidades de empleo y formación para las comunidades indígenas afectadas.

Profanación cultural en la aldea de Sendeni

Lukas Sonyo, un hombre de 52 años de la aldea de Sendeni, vivió una de las violaciones culturales más profundas cometidas. En 2021, al planificarse la ruta del oleoducto, se descubrió que atravesaría la tumba de su padre, fallecido en 2013. La familia se negó a aceptar la exhumación (una práctica desconocida e inaceptable en la cultura masái) y solicitó que se desviara el trazado. En su lugar, el EACOP insistió en realizar rituales tradicionales de reentierro. Lukas expresó su conmoción: “Nos quedamos en shock, porque nunca habíamos experimentado, visto ni oído algo así en territorio masái”.

El Oleoducto de Crudo de África Oriental compensó a la familia extensa con 1,8 millones de chelines tanzanos, una suma totalmente insuficiente para un hogar conformado por dos viudas sobrevivientes y cuatro hijos casados con sus familias: un total de más de veinte personas. La asistencia de la empresa se ha limitado a 10 kilos de arroz, 10 kilos de maíz y 3 litros de aceite de cocina por mes, sin tener en cuenta el tamaño de la familia ni sus necesidades culturales.

Aunque el Oleoducto de Crudo de África Oriental se comprometió a cubrir los costos de una ceremonia de reentierro adecuada: según la tradición, incluye el sacrificio de un toro y la unción del difunto con su grasa. Sin embargo, incumplió la promesa y obligó a la familia a usar una cabra en lugar del toro, lo que representó una profunda transgresión cultural.

Promesas incumplidas

En 2021, Kitwai B fue reconocida como la única aldea afectada en Simanjiro. Tres años después, el presidente de la aldea presentó una queja sobre la falta de compensación y la pérdida de seis kilómetros de tierras de pastoreo. La respuesta del EACOP afirmaba que no existía “una base verificada para reconocer a Kitwai B como afectada por el proyecto”. En Tanga, la compensación a una iglesia damnificada se otorgó, de manera injusta, a un solo individuo. De manera similar, en Aulo Oo Nkishu (un espacio comunal de 100 a 200 metros junto a un boma, utilizado por varias familias como corral para animales) también fue compensada sólo una persona. 

Por otra parte, el oleoducto pasa apenas a 351 pasos de tierras ancestrales Sandawe, un sitio de profunda importancia cultural e histórica, cercano a una roca sagrada inscrita en 1914 con la frase Sandawe “Mokolo wa nkwe” (“Salúdenlos”). A pesar de esta proximidad con su patrimonio, el pueblo Sandawe ha sido sistemáticamente excluido de las consultas del proyecto. Esta exclusión subraya un patrón más amplio de negligencia, donde las voces indígenas y las tradiciones ancestrales son borradas en nombre del progreso.

“Vemos todos los planes y actividades del proyecto, pero no sabemos qué está pasando con el Programa de Inversión Social. ¿Lo implementarán después de que termine el proyecto? ¿Cómo podemos estar seguros de que cumplirán?”.

“No sabemos qué está pasando con el Programa de Inversión Social. ¿Lo implementarán después del proyecto? ¿Cómo podemos estar seguros de que cumplirán?”.

El 16 de septiembre de 2023, el EACOP firmó un plan de compromiso para implementar un Programa de Inversión Social dirigido a grupos étnicos vulnerables. Sin embargo, el 100% de las comunidades con las que interactuó el Foro PINGO expresó preocupaciones sobre promesas incumplidas. El estudio encontró un conocimiento y beneficio comunitario severamente limitados: sólo el 12% de los encuestados conocían alguna iniciativa, mientras que el 36% informó que no había llegado ningún beneficio a sus comunidades.

De manera crítica, el 34% indicó que estos programas no abordaron sus necesidades más urgentes, como escuelas, atención médica y acceso al agua. Un miembro de la comunidad de la aldea Gisambalang, en el distrito de Hanang, declaró: “Vemos todos los planes y actividades del proyecto, pero no sabemos qué está pasando con el Programa de Inversión Social. ¿Lo implementarán después de que termine el proyecto? ¿Cómo podemos estar seguros de que cumplirán?”.

Conclusiones y recomendaciones

La investigación demuestra el fracaso sistemático del Oleoducto de Crudo de África Oriental en respetar los derechos de los Pueblos Indígenas, cumplir con los estándares internacionales del Consentimiento Libre Previo e Informado, y entregar los beneficios prometidos a las comunidades afectadas. A su vez, el enfoque del proyecto ha causado (y continúa causando) daños irreparables a las culturas y medios de vida indígenas.

Estos hallazgos exigen la suspensión inmediata de las operaciones del oleoducto hasta que se asegure un CLPI adecuado de todas las comunidades indígenas afectadas, acompañado de una revisión independiente de las compensaciones. Debe existir una plena participación indígena, con el objetivo de auditar pagos pasados e identificar medidas de reparación equitativas. 

Las voces de los Pueblos Indígenas de Tanzania deben ser escuchadas y sus derechos respetados. Continuar con la trayectoria actual pone en riesgo no sólo el progreso, sino la desaparición de culturas que han cuidado estas tierras durante generaciones.

Continuar con la trayectoria actual pone en riesgo no sólo el progreso, sino la desaparición de culturas que han cuidado estas tierras durante generaciones.

Paralelamente, el personal y los contratistas del EACOP deben recibir capacitación obligatoria sobre derechos indígenas, y se deben establecer mecanismos de supervisión gubernamental transparentes con representación indígena para garantizar la rendición de cuentas. Finalmente, los compromisos establecidos en el Programa de Inversión Social deben cumplirse con planes de implementación claros, plazos definidos y monitoreo independiente.

Las voces de los Pueblos Indígenas de Tanzania deben ser escuchadas y sus derechos respetados. Continuar con la trayectoria actual pone en riesgo no sólo el progreso, sino la sistemática desaparición de culturas que han cuidado estas tierras durante generaciones.

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En los últimos años, Mainyoito Pastoralists Integrated Development Organization (MPIDO) ha facilitado la recolección de datos mediante encuestas en comunidades maasai del condado de Kajiado. MPIDO es una organización indígena con sede en Kenia que trabaja junto a comunidades y otros actores para promover los derechos de los Pueblos Indígenas y comunidades marginadas. El proceso de recolección de datos se llevó a cabo en el marco del Navegador Indígena, una iniciativa que busca empoderar a los Pueblos Indígenas mediante el monitoreo sistemático del nivel de reconocimiento e implementación de sus derechos.

Generar confianza mediante la recolección de datos comunitarios

El proceso de recolección de datos comenzó con la identificación de jóvenes de la propia comunidad, quienes fueron capacitados por MPIDO como encuestadores. Durante la formación, se familiarizaron con los cuestionarios y compartieron estrategias para acercarse a sus comunidades. Para facilitar el proceso, MPIDO tradujo las encuestas a la lengua maa, lo que permitió que las comunidades comprendieran mejor la consulta y pudieran brindar respuestas más precisas. Así lo expresó Ole Sirere, un anciano de la comunidad que valoró el uso del propio idioma: “Nena taa taata enkilikwanare ang” (“Ahora, estas son nuestras preguntas, las hacemos nuestras”).

La encuesta comunitaria del Navegador Indígena incluyó a todos los sectores: mujeres, ancianos, jóvenes y líderes. La información se recabó a través de grupos focales (mujeres y jóvenes), entrevistas a informantes clave (líderes de opinión, jefes tradicionales y administrativos) y asambleas comunitarias con representantes de diferentes aldeas. Aunque las comunidades ya habían participado en muchos estudios, al inicio mostraron desconfianza y hablaron de “fatiga investigadora”, al sentirse sobreexpuestas a cuestionarios externos. Sin embargo, aceptaron con entusiasmo el proyecto por su carácter distinto: el involucramiento de encuestadores locales y la posibilidad de implementar pequeños proyectos comunitarios.

Tras el análisis, los resultados fueron devueltos a la comunidad para su validación. Los datos revelaron graves brechas en desarrollo, violaciones de derechos humanos y una clara marginación política. Entre las principales carencias se identificaron la falta de participación comunitaria en iniciativas de desarrollo, la ausencia de servicios básicos como escuelas, centros de salud y agua potable, y el despojo de tierras derivado de la inseguridad en la tenencia.

La inseguridad alimentaria frente al cambio climático

La Iniciativa del Navegador Indígena ofrece pequeñas subvenciones para que las comunidades desarrollen soluciones a los problemas más urgentes identificados en las encuestas. Una de esas iniciativas fue el Proyecto de Riego de Mujeres de Oltepesi, implementado por MPIDO. A partir de los datos y la validación comunitaria, se determinó que la inseguridad alimentaria era la máxima prioridad. En consecuencia, el proyecto de riego fue desarrollado como una respuesta directa a esta necesidad, reflejando un enfoque impulsado por la comunidad.

La comunidad maasai de Oltepesi se ubica a 70 kilómetros al oeste de Nairobi, en el corazón del Gran Valle del Rift, y cuenta con una población de aproximadamente 36.000 habitantes. El paisaje árido, con formaciones volcánicas dormidas, suelos cenicientos y sabanas intermitentes, es propicio para la ganadería. Sin embargo, el aumento de temperaturas y la irregularidad de las lluvias han hecho que esta zona sea extremadamente vulnerable a las sequías y hambrunas, claros indicadores de la crisis climática.

Las sequías recurrentes reducen pastizales y fuentes de agua, lo que obliga a los hombres a migrar con el ganado. En los casos más severos, pueden llegar a migrar durante nueve meses al año. Esto deja a las mujeres y los niños sin alimentos ni recursos básicos, obligando a las mujeres a ingeniárselas para sostener a sus familias. De este modo, el proyecto buscó apoyar a las mujeres en la lucha contra la inseguridad alimentaria a nivel doméstico.

Seguridad alimentaria y oportunidades para las mujeres

Aunque la comunidad de Oltepesi ya contaba con pozos perforados gracias a un proyecto previo de MPIDO, las mujeres no tenían los medios para utilizarlos más allá del consumo doméstico. Durante las encuestas, ellas propusieron incorporar sistemas de riego simples que canalizaran el agua hacia sus huertos, lo que les permitiría cultivar alimentos para el autoconsumo y vender el excedente. De esta manera garantizarían la alimentación de sus hijos e hijas, especialmente en los períodos secos cuando escasea la leche, y contarían con una fuente alternativa de sustento distinta de la ganadería.

MPIDO estableció una alianza con el Gobierno del condado de Kajiado y solicitó asistencia técnica al Ministerio de Agricultura de Kenia antes de iniciar el proyecto. Los expertos agrícolas realizaron visitas al terreno en la comunidad y brindaron orientación sobre métodos de riego adecuados, selección de cultivos y prácticas agrícolas sostenibles adaptadas a la región. Los análisis confirmaron que el suelo y las condiciones climáticas eran aptos para cultivar verduras y frutas como col rizada, tomate, calabaza, cebolla, repollo y sandía.

El cambio se percibe especialmente para las niñas, que antes no eran priorizadas. Como en la cultura maa las madres deben cubrir las necesidades básicas de las hijas, al mejorar la economía familiar, ahora más niñas pueden ir a la escuela.

Como en la cultura maa las madres deben cubrir las necesidades básicas de las hijas, al mejorar la economía familiar, ahora más niñas pueden ir a la escuela.

Financiado con una pequeña subvención del Navegador Indígena, el proyecto se implementó con éxito y hoy está en plena producción. Las mujeres cultivan alimentos para el hogar y venden el excedente, logrando estabilidad económica. Esto les permite enviar a sus hijos a la escuela y asegurar su permanencia, sentando las bases para romper el ciclo de pobreza. El cambio se percibe especialmente para las niñas, que antes no eran priorizadas debido a las barreras culturales. Como en la cultura maa las madres deben cubrir las necesidades básicas de las hijas, al mejorar la economía familiar, ahora más niñas pueden ir a la escuela.

Además, las mujeres, que solían cargar con el trabajo doméstico no remunerado (desde cuidar niños y animales enfermos hasta recolectar agua y leña), ahora cuentan con ingresos que les permiten contratar ayuda dentro de la comunidad. Así, disponen de tiempo para sí mismas y para emprender otras actividades productivas. Con los beneficios obtenidos, esperan expandir el proyecto e incluso replicarlo en otras aldeas.

Autodeterminación y defensa de derechos mediante el Navegador Indígena

Desde su creación en 2000, MPIDO ha implementado numerosos proyectos. Sin embargo, la Iniciativa del Navegador Indígena se destaca por dos razones. La primera es que este proceso ofreció a los Pueblos Indígenas la oportunidad de generar su información para su propio beneficio. Los encuestadores fueron seleccionados por las comunidades y capacitados por las organizaciones indígenas. Como señaló Nayiari Oyie, una mujer indígena de Oltepesi: “Me emociona profundamente ver a nuestros propios hijos entrevistándonos, porque ellos pertenecen aquí y realmente entienden nuestros problemas”.

La segunda característica distintiva es que el Navegador Indígena permitió a las comunidades identificar y priorizar sus problemas, apoyándolas con pequeños proyectos que respondieran a esas necesidades. Esto marcó una gran diferencia, ya que muchas veces los datos recopilados no son devueltos, dejando a las comunidades con la sensación de haber sido usadas. Así lo expresa Naboru Enole Kooshoi: “Estamos muy agradecidas, porque durante años nos entrevistaron y, una vez que se iban los encuestadores, nunca más volvíamos a verlos y quedábamos aquí con todos nuestros problemas sin resolver”.

Los datos del Navegador Indígena ya han sido incorporados en los Planes de Desarrollo Integrado del condado, lo que asegura que algunas de las brechas identificadas sean atendidas mediante presupuestos oficiales. 

La información generada a nivel comunitario es vital para elaborar políticas, fortalecer la participación social y orientar estrategias de gobernanza.

Más allá de los proyectos financiados, la información generada se ha convertido en una herramienta clave de incidencia política, alimentando planes de desarrollo a nivel local. Los datos del Navegador Indígena ya han sido incorporados en los Planes de Desarrollo Integrado del condado, lo que asegura que algunas de las brechas identificadas sean atendidas mediante presupuestos oficiales. De esta manera, las comunidades cuentan con información que les permite exigir rendición de cuentas a las autoridades locales y del gobierno nacional.

En resumen, la Iniciativa del Navegador Indígena empodera a las comunidades indígenas para recolectar y utilizar sus propios datos sobre temas cruciales para sus derechos y su desarrollo autónomo. La información generada a nivel comunitario es vital para tomar decisiones adecuadas, elaborar políticas, fortalecer la participación social y orientar estrategias de gobernanza y desarrollo determinadas por los propios Pueblos Indígenas.

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Muchas comunidades indígenas han sufrido la llamada “fatiga investigadora”, es decir, la sensación generada por los estudios externos que recaban información de los territorios sin dejar ningún beneficio tangible. En cambio, el Navegador Indígena empodera a las comunidades, asegurando que sus voces sean escuchadas y que sus necesidades se prioricen de una manera que respete su autonomía y su propio desarrollo. De este modo, su cosmovisión, prioridades y necesidades se ven reflejadas en la confección de las encuestas.

Este artículo pone el foco en las experiencias y resultados de la implementación de encuestas del Navegador Indígena en el condado de Narok, al sur de Kenia. Destaca cómo el proceso ha impulsado acciones de incidencia, mejorado el acceso al agua y posibilitado la construcción e implementación de centros de salud, fortaleciendo a los pueblos Maasai y Ogiek en la defensa de sus derechos, la definición de sus prioridades de desarrollo y la mejora de su bienestar económico y social.

Recolección de datos y empoderamiento

Un elemento clave de la Iniciativa Navegador Indígena es su énfasis en la recolección de datos liderada por las propias comunidades. Las organizaciones de derechos indígenas que trabajan de cerca con ellas juegan un papel central en este proceso. Una de ellas es Indigenous Livelihoods Enhancement Partners (ILEPA), una Organización No Gubernamental comunitaria y sin fines de lucro que opera en Kenia y promueve los derechos humanos, la justicia social, la protección ambiental, la incidencia en cambio climático y el desarrollo de base, con un enfoque especial en el apoyo a la comunidad maasai en el condado de Narok.

El proceso de recolección de datos comienza con la traducción del cuestionario desarrollado por el Navegador Indígena a los idiomas locales por parte de ILEPA, lo que garantiza la accesibilidad y comprensión. El siguiente paso es la identificación de las y los recolectores de datos en consulta con la comunidad. Estas personas, seleccionadas dentro de la propia comunidad, son capacitadas para que conozcan los puntos principales de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) y en la correcta administración de la encuesta.

Una vez recolectada la información, esta se presenta en asambleas comunitarias para su validación, asegurando que refleje las necesidades y preocupaciones de la población. Este proceso fomenta la participación activa y refuerza el sentido de apropiación. Luego, las y los recolectores de datos revisan y comentan la información con el apoyo técnico del equipo de ILEPA. Los datos cuantitativos se suben al portal en línea del Navegador Indígena, mientras que ILEPA realiza análisis cualitativos complementarios para elaborar estudios de caso específicos por cada lugar. Estos resultados se comparten nuevamente con la comunidad durante las asambleas, generando oportunidades de retroalimentación y discusión.

Un centro de salud para las mujeres en trabajo de parto

La iniciativa incluye un fondo de pequeñas subvenciones que permite a las comunidades participantes identificar sus problemáticas más urgentes a partir de los datos recogidos y, diseñar e implementar sus propias soluciones. La comunidad de Keneti fue identificada como la que más apoyo requería entre las cuatro que participaron en el proceso de encuesta comunitaria. Con el acompañamiento técnico de ILEPA, desarrollaron un proyecto destinado a mejorar el acceso a servicios básicos de salud mediante la construcción de un centro de salud de primer nivel.

A través de grupos focales, entrevistas a informantes clave y discusiones comunitarias con el cuestionario, distintos sectores de la población coincidieron en que la falta de acceso a servicios básicos de salud era el mayor problema. Asimismo, se coincidió en la necesidad de construir un reservorio de agua en Enkutoto, el dragado de una represa en Maji-moto para riego, la construcción de una maternidad en Maji-moto, otro dispensario en Ololoipang’i y la documentación de reclamos de tierras en Maji-moto y Enkutoto.

En ausencia de servicios de salud cercanos, las mujeres en trabajo de parto deben ser trasladadas en burros, mientras que personas con discapacidad o ancianas muchas veces no logran recorrer largas distancias.

En ausencia de servicios de salud cercanos, las mujeres en trabajo de parto deben ser trasladadas en burros.

A partir de la recolección de datos, surgió el problema de que los centros de salud más cercanos se encuentran entre 10 y 12 kilómetros fuera de Keneti, a lo que se suma la precariedad de la infraestructura vial. Grupos vulnerables como mujeres, personas con discapacidad y personas mayores se ven desproporcionadamente afectados por esta situación. En ausencia de servicios de salud cercanos, las mujeres en trabajo de parto deben ser trasladadas en burros, mientras que personas con discapacidad o ancianas muchas veces no logran recorrer largas distancias. 

Las pequeñas subvenciones son muy valiosas porque son impulsadas directamente por las comunidades indígenas. Las necesidades se identifican desde dentro, sin influencia externa, lo que garantiza que las iniciativas respondan a sus preocupaciones más urgentes. Además, al involucrar a la comunidad tanto en la recolección de datos como en la implementación de los proyectos, la iniciativa fortalece el sentido de propiedad y responsabilidad, contribuyendo a la sostenibilidad de estas acciones.

Principales logros e impactos positivos

El proyecto Navegador Indígena ha generado importantes logros e impactos positivos en las comunidades participantes. Estos resultados no sólo reflejan la efectividad de la iniciativa, sino que también destacan la importancia del desarrollo impulsado por las propias comunidades para mejorar la vida de los Pueblos Indígenas.

1. Disponibilidad de datos indígenas: los datos revelaron problemas críticos, como las largas distancias (un promedio de 15 kilómetros) que la gente debe recorrer para acceder a clínicas, lo que genera altas tasas de mortalidad materna. También se identificaron como desafíos centrales la escasez de agua y la acumulación de sedimentos en el embalse de Maji-moto.

2. Mejora en el acceso a servicios de salud: el acceso a la salud ha mejorado de manera significativa. La construcción de un dispensario y una sala de maternidad en Maji-moto y Ololoipang’i redujo la mortalidad materna y fortaleció los servicios de atención para madres, hijos e hijas. El dispensario y la maternidad de Maji-moto recibieron atención nacional al ser presentados en el documental Saving Mothers de la Kenya Broadcasting Corporation. Además, el gobierno del condado de Narok asignó tres profesionales de la salud a estos centros y se comprometió a garantizar el suministro continuo de medicamentos básicos.

3. Defensa de los derechos sobre la tierra: las encuestas revelaron casos de adjudicaciones ilegales y acaparamiento de tierras. Estos hallazgos fueron citados en un fallo judicial histórico que aseguró los derechos territoriales de la comunidad de Maji-moto. La sentencia permitió recuperar tierras públicas y comunitarias, en beneficio tanto de los hogares individuales como de la comunidad en general.

4. Seguridad alimentaria: la rehabilitación de un embalse en Maji-moto mejoró significativamente la seguridad alimentaria de más de 500 hogares agro-pastoriles, demostrando el vínculo vital entre acceso al agua y medios de vida sostenibles.

5. Acceso al agua: uno de los proyectos más importantes fue la construcción de un gran embalse en Enkutoto. Esta obra redujo la distancia que deben recorrer las mujeres para recolectar agua de entre 15 y 20 kilómetros a sólo 1 ó 3 kilómetros. El proyecto también contribuyó a disminuir los conflictos entre humanos y fauna silvestre al garantizar una fuente estable de agua para ambos.

6. Incidencia política y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): los datos recopilados han sido utilizados en el Informe del Foro de las OSC de Kenia sobre los ODS y en los informes nacionales voluntarios. En 2020, ILEPA recibió el Premio Nacional ODS Kenia por la localización de estos objetivos a nivel comunitario. Además, la información se ha usado en esfuerzos de incidencia tanto a nivel local como nacional, influyendo en decisiones de política pública como la reducción de las distancias de acceso al agua en el condado de Narok.

7. Reconocimiento nacional: el trabajo de ILEPA ha recibido reconocimiento a nivel nacional, incluida la colaboración con la Oficina Nacional de Estadísticas de Kenia para validar e integrar los datos generados por la comunidad en los reportes oficiales. La información del Navegador Indígena también ha sido citada en el Plan de Acción Climática de Kenia y en los procesos REDD+, subrayando su relevancia en la definición de estrategias nacionales de desarrollo. A nivel internacional, ILEPA recibió el Premio Ecuatorial en 2024, en reconocimiento a sus esfuerzos e intervenciones comunitarias.

Un modelo de desarrollo sostenible impulsado por la comunidad

Se espera que el impacto a largo plazo de la Iniciativa Navegador Indígena sea transformador para las comunidades involucradas. Al empoderar a los Pueblos Indígenas para liderar su propio desarrollo, el proyecto sienta las bases de un progreso sostenible y basado en derechos. Las comunidades ahora están mejor preparadas para defender sus necesidades y monitorear e incidir en las políticas tanto a nivel local como nacional.

Para la comunidad de Maji-moto, el Navegador Indígena se ha convertido en un modelo de desarrollo sostenible impulsado por la comunidad. Ha demostrado que, cuando los Pueblos Indígenas controlan la recolección de datos y toman decisiones sobre su desarrollo, los resultados no sólo son más relevantes y efectivos, sino también más sostenibles en el largo plazo.

Cuando las comunidades lideran el proceso de generación de datos, los resultados transforman realidades locales y escalan a nivel global, ofreciendo esperanza para un futuro en el que se respeten los derechos indígenas y sus prioridades de desarrollo.

Cuando las comunidades lideran la generación de datos, los resultados transforman realidades y ofrecen esperanza para un futuro que respete los derechos indígenas.

Las experiencias de las comunidades maasai y ogiek en el condado de Narok ofrecen un ejemplo poderoso de cómo el Navegador Indígena puede funcionar tanto como herramienta legal como catalizador de desarrollo: el avance en la justicia territorial, como lo demuestra el fallo judicial sobre tierras en Maji-moto; la mejora en el acceso al agua, la salud y la seguridad alimentaria de comunidades indígenas; la influencia en políticas nacionales sobre ODS y acción climática; el impulso al reconocimiento y el uso de datos generados por comunidades indígenas en los reportes oficiales.

A medida que la Iniciativa Navegador Indígena se expande a 30 países, la experiencia de Kenia se presenta como un modelo inspirador para el monitoreo basado en derechos. Demuestra que, cuando las comunidades indígenas lideran el proceso de generación de datos, los resultados no sólo transforman realidades locales, sino que también pueden escalarse a nivel global, ofreciendo esperanza para un futuro en el que se respeten los derechos de los Pueblos Indígenas y se atiendan sus prioridades de desarrollo.

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La organización Ujamaa Community Resource Team (UCRT) aborda estos desafíos apoyando a las comunidades en la obtención de Certificados de Tierras Comunales de la Aldea (CVL) y Certificados Comunales de Derecho Consuetudinario de Ocupación (CCRO), que son pasos fundamentales para asegurar la tenencia de la tierra. Los CVL se obtienen una vez que  las aldeas vecinas han llegado a un acuerdo sobre sus sus respectivos límites externos y, en ocasiones, requiere la resolución de conflictos existentes. Una vez completado el plan de uso de la tierra, las áreas de uso común, como las destinadas al pastoreo, la caza y la recolección, se titulan con un CCRO.

Estas herramientas legales proporcionan a las comunidades indígenas los medios para controlar y gestionar sus tierras de manera sostenible. Al promover la conectividad y las prácticas tradicionales de uso de la tierra, como el pastoreo rotacional, Ujamaa Community Resource Team ayuda a las comunidades a adaptarse a los impactos del cambio climático, como las sequías severas que son cada vez más frecuentes en las regiones áridas del norte de Tanzania.

Fortaleciendo la gobernanza para la gestión sostenible de los recursos

Asegurar los derechos territoriales es sólo el primer paso. Una gestión efectiva de los recursos requiere instituciones de gobernanza responsables que integren las prácticas consuetudinarias con los marcos legales formales. Ujamaa Community Resource Team aboga por estructuras de gobernanza transparentes y equitativas que empoderen a las comunidades para tomar decisiones colectivas sobre su tierra y sus recursos. Este enfoque no solo garantiza una gestión sostenible de los recursos naturales, sino que también contribuye a la preservación de las prácticas culturales y el conocimiento tradicional.

Los esfuerzos de UCRT incluyen la facilitación de Planes de Uso de la Tierra en Aldeas Participativas (PVLUP) y Planes de Uso de la Tierra en Aldeas Conjuntas (JVLUP) con el fin de promover una gestión coordinada de los recursos compartidos. Estos planes mejoran la conectividad de las tierras de pastoreo y permiten que tanto el ganado como la fauna silvestre se desplacen libremente por el paisaje. Esto es crucial para mantener el equilibrio ecológico y la resiliencia ante los impactos climáticos.

El enfoque de fortalecimiento de capacidades no solo mejora la resiliencia climática, sino que también incrementa la seguridad alimentaria y reduce la pobreza al diversificar las fuentes de ingresos mediante emprendimientos.

El enfoque de fortalecimiento de capacidades no solo mejora la resiliencia climática, sino que también incrementa la seguridad alimentaria y reduce la pobreza.

Por otra parte, uno de los objetivos fundamentales de Ujamaa Community Resource Team es fortalecer la capacidad comunitaria para la administración responsable del medio ambiente. Al promover prácticas como la gestión sostenible de las tierras de pastoreo e integrar el conocimiento científico con enfoques tradicionales, UCRT contribuye a que las comunidades creen ecosistemas más saludables y resilientes al cambio climático. Por ejemplo, en el distrito de Longido,  trabaja con las comunidades para mejorar la gestión de más de 400.000 hectáreas de tierras de pastoreo, lo que beneficia tanto al medio ambiente como a los medios de vida locales.

A través de estas iniciativas, Ujamaa Community Resource Team empodera a las comunidades para que tomen medidas proactivas en la adaptación a la variabilidad climática, como el desarrollo de estrategias para la conservación del agua y el control de la erosión del suelo. Este enfoque de fortalecimiento de capacidades diversifica las fuentes de ingresos mediante emprendimientos basados en la naturaleza, como el ecoturismo y los proyectos de carbono, desarrollados en alianza con actores externos. Esto no sólo mejora la resiliencia climática, sino que también incrementa la seguridad alimentaria y reduce la pobreza.

Promoviendo la gobernanza inclusiva y la equidad social

La gestión equitativa de los recursos es crucial para el desarrollo sostenible. Por eso, Ujamaa Community Resource Team pone un fuerte énfasis en empoderar a los grupos marginados,  las mujeres y los jóvenes. A través de los Foros de Derechos y Liderazgo de las Mujeres (WRLF), el enfoque inclusivo de UCRT fomenta la influencia social, el empoderamiento económico, las oportunidades de desarrollo de habilidades, el fortalecimiento de  las instituciones comunitarias y la  gobernanza justa de los recursos.

Al garantizar que todos los miembros de la comunidad amplifiquen sus voces en los procesos de toma de decisiones, UCRT busca crear sistemas de gobernanza que sean  efectivos y justos. Este modelo inclusivo respalda el objetivo más amplio de lograr derechos territoriales equitativos y una gestión adecuada de los recursos, que son esenciales para construir comunidades resilientes capaces de soportar los impactos del cambio climático.

Al colaborar con redes nacionales como PINGOs Forum y Tanzania Land Alliance, UCRT amplifica las voces de las comunidades indígenas y presiona por cambios en las políticas que reflejen sus necesidades y prioridades.

Al colaborar con redes nacionales como PINGOs Forum y Tanzania Land Alliance, UCRT amplifica las voces de las comunidades indígenas y presiona por cambios en las políticas.

El trabajo de UCRT en asegurar los derechos territoriales y promover la gestión sostenible de los recursos es vital para la resiliencia de las comunidades indígenas en Tanzania. Al vincular la seguridad en la tenencia de la tierra con la resiliencia climática, UCRT propone un modelo de conservación liderado por indígenas que apoya tanto el bienestar humano como el ambiental. A medida que los desafíos del cambio climático y la alienación de la tierra se intensifican, la necesidad de enfoques impulsados por la comunidad se vuelve cada vez más clave.

Los esfuerzos de defensa de UCRT se amplifican a nivel nacional gracias a su colaboración con organizaciones nacionales como PINGOs Forum y Tanzania Land Alliance. También,  trascienden las fronteras de Tanzania: sus miembros participan en plataformas internacionales, como la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC). Estos compromisos tienen como objetivo compartir las mejores prácticas sobre estrategias de resiliencia climática indígena basadas en la comunidad, influir en las políticas a múltiples niveles y asegurar que las perspectivas indígenas se incluyan en las discusiones sobre la gobernanza climática global.

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