Brooklyn Rivera falleció bajo custodia del gobierno de Nicaragua, donde permanecía en detención arbitraria desde el 29 de septiembre de 2023.

A lo largo de su vida se enfrentó a la adversidad con valentía y determinación, ganándose el respeto y la admiración de su pueblo y de pueblos indígenas en otras regiones del mundo.

Su legado como incansable defensor de los derechos de los Pueblos Indígenas seguirá siendo fuente de inspiración para todos quienes luchan por la justicia, los derechos humanos y la igualdad.

Taupla Brooklyn Rivera partió como vivió: fiel a su pueblo y a sus convicciones.

Mientras continúa la lucha por los derechos de los Pueblos Indígenas, su memoria permanece como un referente que nos recuerda la importancia de la justicia, la solidaridad y la lucha por la libre determinación.

Desde Debates Indígenas condenamos este accionar del gobierno nicaragüense y seguiremos denunciando que la larga práctica de criminalización y persecución de los Pueblos Indígenas del país.

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La desaparición forzada de Brooklyn Rivera plantea varias interrogantes. En primer lugar, desde una la dimensión personal: ¿donde y como está el Ta upla? En segundo lugar, desde una dimensión colectiva, sobre el futuro de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, y los derechos colectivos sobre la  tierra, territorio, recursos naturales, la libre determinación, la resistencia y el espacio democrático en Nicaragua. Finalmente, una dimensión global que lleva a preguntarnos sobre la capacidad del sistema internacional de derechos humanos para prevenir la erosión progresiva de derechos fundamentales en contextos de cierre democráticos.

Un líder del movimiento indígena regional

Brooklyn Rivera Bryan es un líder histórico del pueblo Miskitu, que durante más de cinco décadas, ha dedicado su vida al reconocimiento y la defensa de los derechos históricos y ancestrales de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes a nivel nacional y en América Latina. De este modo, se ha convertido en una de las principales figuras del movimiento indígena de Nicaragua. Como dirigente de la organización indígena YATAMA (Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka), ha desempeñado un papel fundamental en la defensa de los derechos territoriales, la autonomía política y la identidad cultural en la Costa Caribe.

En 1960, Brooklyn comenzó su trayectoria como defensor de los derechos colectivos en la Costa Caribe. Durante la década de 1980, se convirtió en una figura central de la resistencia indígena miskitu (la llamada “contra indígena”) en el contexto del conflicto armado interno nicaragüense. Este período estuvo marcado por graves violaciones de derechos humanos contra las comunidades indígenas: desplazamientos forzados, violencia generalizada y operaciones militares como la conocida “Navidad Roja”. Hasta la fecha, estos hechos son recordados por la memoria colectiva y siguen siendo denunciados por las organizaciones indígenas como graves violaciones a los derechos humanos que permanecen en total impunidad.

En consecuencia, su trayectoria política está estrechamente vinculada al proceso de reconocimiento de la existencia de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en la Constitución Política de Nicaragua de 1987. Posteriormente, fue una de las caras visibles de la lucha y la conquista de las autonomías regionales, establecidas con el Estatuto de Autonomía de 1987: uno de los avances más importantes en el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en Centroamérica.

El líder que luchó por la participación política

Tras el fin del conflicto armado, Rivera desempeñó un papel clave en la transición de la lucha armada hacia la participación política institucional de los Pueblos Indígenas dentro del sistema democrático nicaragüense, al consolidar a YATAMA como la principal fuerza política indígena de la Costa Caribe. Un hito importante ocurrió en 2005, cuando esta organización obtuvo una sentencia histórica y sin precedentes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante la cual se reconoció la violación del derecho a la participación política de los Pueblos Indígenas tras su exclusión de las elecciones municipales de 2000. No obstante, a más de 20 años de la adopción de esta decisión, el Estado de Nicaragua no ha dado cumplimiento pleno a las medidas ordenadas por el tribunal interamericano.

En 2007, Rivera fue elegido diputado de la Asamblea Nacional mediante una alianza política entre YATAMA y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Este acuerdo contemplaba iniciativas legislativas y administrativas sobre el reconocimiento y la protección de los derechos indígenas en la Costa Caribe y toda Nicaragua. Sin embargo, la relación política se deterioró por el incumplimiento respeto al proceso de demarcación de las tierras comunales, la autonomía regional y denuncias de irregularidades electorales. Mientras en 2015 Rivera fue despojado de su escaño legislativo, en 2016 fue nuevamente electo diputado por la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte bajo la bandera del partido indígena YATAMA. En 2021, nuevamente fue electo para el período legislativo 2022-2026, reafirmando así el respaldo de las comunidades indígenas a su liderazgo y su historia.

La trayectoria de Brooklyn Rivera refleja no sólo la historia de un líder político, sino la evolución de la lucha de los Pueblos Indígenas de la Costa Caribe y Nicaragua por el reconocimiento de sus derechos, su autonomía y su supervivencia cultural en un contexto político adverso. Por eso, su liderazgo ha estado marcado por distintas etapas que reflejan la historia del país: la resistencia armada, las demandas ante instancias internacionales, la participación en procesos de diálogo y la concreción de acuerdos políticos. Y siempre, Brooklyn Rivera persiguió el objetivo de alcanzar las legítimas reivindicaciones históricas de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes.

La detención arbitraria y la desaparición forzada

La última declaración pública de Brooklyn Rivera se escuchó en abril de 2023, durante la 22° sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, realizada en New York. En esa ocasión, el líder se dirigió al Foro como representante parlamentario y dirigente principal del pueblo Miskitu, se refirió a los avance alcanzado en el derecho internacional y nacional, así como los retrocesos en la implementación local por la falta de voluntad política de los Estados: “La grave situación de despojo de los territorios, el saqueo de los bienes ancestrales, la desarticulación de las estructura tradicionales, la suplantación de autoridades propias y la depredación del entorno ambiental. Se debe agregar el incremento de violaciones de los derechos humanos a los líderes y defensores”.

En represalia, el Gobierno de Nicaragua le negó la entrada al país. Tras permanecer varias semanas en el exilio decidió regresar y lo informó mediante un video publicado en redes sociales en junio de 2023: “Yo no tenía ninguna intención de quedarme fuera. Por esa razón tuve que viajar por otras rutas y posteriormente por el territorio de la Mosquitia, que, dicho sea de paso, está en dos países: Honduras y Nicaragua. Moviéndome entre mi gente, tanto en el norte como en el sur, logré entrar al país y estoy desde hace una semana en la Mosquitia nicaragüense”. El Ta Upla recalcó que este territorio no es sólo de un país y que los pueblos tienen una tradición de intercambio, vínculos familiares y actividades culturales y sociales con el pueblo Miskitu que vive también en Honduras. “Para nosotros no existen fronteras”, concluyó.

El 29 de septiembre de 2023, Rivera fue detenido arbitrariamente por la Policía Nacional en su casa de la ciudad de Bilwi, a donde se había trasladado para estar junto a su pueblo. Desde entonces, se encuentra en condición de desaparición forzada.

El 29 de septiembre de 2023, Rivera fue detenido arbitrariamente por la Policía Nacional. Desde entonces, se encuentra en condición de desaparición forzada.

Pese al impedimento migratorio impuesto por las autoridades nicaragüenses, el ingreso de Brooklyn Rivera a Nicaragua no constituyó un acto ilegal, sino el ejercicio de derechos fundamentales reconocidos tanto por el derecho constitucional como por el derecho internacional de los derechos humanos y de los Pueblos Indígenas a la libre determinación. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas son claros al reconocer que los Pueblos Indígenas transfronterizos pueden desarrollar libremente sus actividades de intercambio.

Meses después, el 29 de septiembre de 2023, Rivera fue detenido arbitrariamente por la Policía Nacional en su casa de la ciudad de Bilwi, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, a donde se había trasladado para estar junto a su pueblo. Posteriormente, el Gobierno le canceló la personería jurídica a YATAMA (sin un debido proceso); los bienes de la organización fueron ocupados; y los directivos, miembros, familiares y comunitarios fueron perseguidos. Desde entonces, Brooklyn Rivera se encuentra en condición de desaparición forzada. 

El silencio del gobierno de Nicaragua

Han transcurrido 30 meses desde la detención arbitraria de Brooklyn Rivera. Aún no hay información oficial sobre su condición de salud y su ubicación: dos prácticas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos. La ausencia de información oportuna constituye una violación de estándares internacionales básicos, incluyendo los establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgaron medidas cautelares en octubre de 2023. Cuatro meses después, en febrero de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales a favor de Brooklyn Rivera y requirió al Estado de Nicaragua que “de forma inmediata proceda a su liberación y adopte las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, integridad personal, salud y libertad personal”.

Mientras el Gobierno nicaragüense sigue guardando silencio, el derecho internacional sostiene que los Estados tienen obligaciones especiales cuando se trata de la protección de defensores de derechos humanos y representantes de Pueblos Indígenas.

Se han activado todos los mecanismos de derechos humanos a nivel internacional y regional. Mientras tanto, el Gobierno nicaragüense sigue guardando silencio.

Paralelamente, diversos organismos internacionales han expresado su preocupación por la desaparición de Brooklyn y han solicitado información oficial detallada que permita determinar su paradero: la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (ACNUDH), el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, Amnistía Internacional y, organizaciones y líderes de Pueblos Indígenas de todos los continentes.

Asimismo, se han activado todos los mecanismos de derechos humanos a nivel internacional y regional. Mientras tanto, el Gobierno nicaragüense sigue guardando silencio. El derecho internacional sostiene que los Estados tienen obligaciones especiales cuando se trata de la protección de defensores de derechos humanos y representantes de Pueblos Indígenas. Particularmente, cuando su labor está vinculada a la defensa del territorio y los recursos naturales, cuando existe el riesgo de que su desaparición tenga motivaciones políticas o cuando su ausencia puede generar efectos desproporcionados sobre la representación colectiva de sus pueblos, como lo sugiere este caso.

Violaciones a los derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes

En la última década, la situación de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en Nicaragua se ha deteriorado de manera progresiva y sostenida. Este deterioro afecta derechos fundamentales como la tierra y el territorio; la libre determinación; la vida, la integridad personal y la autonomía. Además, está estrechamente vinculado a la invasión sistemática de los territorios indígenas, el aumento de los conflictos violentos con los colonos, la minería y el tráfico ilegal de madera, así como al cierre de los espacios cívicos y al establecimiento de un modelo de control autoritario en el país.

Esta situación ha generado un clima permanente de violencia, inseguridad y desplazamiento en las comunidades indígenas, afectando de manera desproporcionada a poblaciones en situación de vulnerabilidad, como mujeres, niñas, personas adultas mayores y personas con discapacidad. En este sentido, entre 2020 y 2023, se registraron al menos tres masacres contra comunidades miskitu y mayangna ubicadas en la Reserva de la Biósfera Bosawás, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte: en las comunidades de Alal (2020), Kiwakumbaih (2021) y Wilu (2023). Estos ataques armados dejaron como saldo al menos 20 indígenas asesinados, así como denuncias de torturas, violencia sexual, quema de viviendas, desplazamientos forzados y una crisis humanitaria sin precedentes.

En Nicaragua, se ha reportado la injerencia política mediante la imposición de autoridades comunales afines al partido de gobierno, la creación de estructuras paralelas de gobernanza en los territorios, que debilitan las formas tradicionales de autoridad.

En Nicaragua, se ha reportado la imposición de autoridades comunales afines al gobierno y la creación de estructuras paralelas de gobernanza en los territorios.

Paralelamente, se vive un patrón de represión y criminalización contra líderes indígenas, autoridades territoriales, defensores de derechos humanos y líderes religiosos. Estas acciones incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de intimidación y otras medidas represivas destinadas a debilitar el liderazgo comunitario. Este contexto refuerza la percepción de que la detención de Rivera podría tener un efecto inhibidor sobre otros líderes.

También se han documentado medidas como la prohibición arbitraria de ingreso al país, destierros de facto, cancelación de documentos, expulsiones y otras formas que han sido denominadas “muerte civil”, que buscan excluir a líderes indígenas de la vida política y social. La situación también refleja serias afectaciones al derecho a la libre determinación y al régimen de autonomía indígena. Se han reportado prácticas de injerencia política mediante la imposición de autoridades comunales y territoriales afines al partido de gobierno, así como la creación de estructuras paralelas de gobernanza en los territorios indígenas, debilitando las formas tradicionales de autoridad.

Una prueba de vida de Brooklyn Rivera

La detención arbitraria y desaparición forzada del líder indigena Brooklyn Rivera es un reflejo del deterioro del respeto a los derechos humanos y a los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas en Nicaragua. Mediante la violencia contra las comunidades y la persecución de los liderazgos, el régimen sandinista nicaragüense busca debilitar los mecanismos de protección de sus territorios; sus formas de organización política, social y cultural; y sus prácticas tradicionales de vida, desapareciendo liderazgos y representantes.

La acciones de la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos deben orientarse a exigir que las autoridades nicaragüenses brinden prueba de vida de Brooklyn Rivera, su liberación inmediata e incondicional, la restitución de sus derechos fundamentales y el respeto de los derechos políticos de organización Yatama, como la legítima organización de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Asimismo, debe garantizarse el respeto de los derechos humanos individuales y colectivos en Nicaragua.

El caso de Brooklyn Rivera se convierte en un símbolo de los desafíos actuales que enfrentan los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en Nicaragua. Y, en especial, es una afrenta a los mecanismos de derechos humanos a nivel internacional y de la región.

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Cuando Valentina afirmó su derecho a contactar a un abogado, los agentes desestimaron la solicitud alegando que “no se trataba de un allanamiento, sino de una inspección”. Luego, exigieron las contraseñas para acceder a sus teléfonos, computadoras y discos externos, a lo que ella se negó. La operación duró cuatro horas y terminó con la confiscación de todos sus dispositivos. Valentina fue una de las más afortunadas: evitó la detención y logró salir del país. Desde entonces, ha denunciado lo que considera una campaña de represión contra los Pueblos Indígenas en Rusia, que remite a la persecución de líderes indígenas durante la dictadura de Iósif Stalin en la primera mitad del siglo XX. 

De defensora de los derechos indígenas a presa política

Las redadas terminaron en la detención de dos activistas. Una de ellas es Daria Egereva, mujer selkup de Siberia occidental, cuyo caso ha generado la indignación internacional del movimiento indígena. Las autoridades la acusan de “pertenecer a una organización terrorista”, cargos ampliamente considerados como fabricados. Al criminalizar el activismo pacífico, las autoridades buscan borrar las narrativas que se apartan del discurso aprobado por el Estado. De ser condenada, Daria enfrenta hasta 20 años de prisión, una pena que, dada la brutalidad ampliamente documentada del sistema penitenciario ruso, podría equivaler en la práctica a una condena de por vida.

Daria tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos indígenas. Siguiendo los pasos de su madre, comenzó a involucrase en este ámbito cuando era estudiante universitaria. Durante más de dos décadas, trabajó incansablemente para empoderar a jóvenes selkup y de otros Pueblos Indígenas en toda Rusia: los alentó a sentirse orgullosos de su herencia cultural, a comprender y reivindicar sus derechos, y a participar en el movimiento indígena global. Para muchos jóvenes activistas, Daria se convirtió en un modelo a seguir y en una mentora: un ejemplo de liderazgo arraigado en la comunidad.

En la última década, Daria se consolidó como una de las representantes indígenas más reconocidas de Rusia en los procesos globales sobre clima y biodiversidad. Como experta técnica en cambio climático, desempeñó roles de liderazgo en el Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático (IIPFCC) y, desde 2023, fue una de sus copresidentas. También contribuyó activamente a la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (LCIPP) en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP) y el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII).

La detención de Daria Egereva señala una tendencia preocupante: la utilización de la legislación antiextremista y antiterrorista de Rusia para reprimir a la sociedad civil independiente, incluidos los movimientos indígenas.

La detención de Daria señala una tendencia preocupante: el uso de la legislación antiextremista y antiterrorista para reprimir a la sociedad civil independiente.

A pesar de su amplio trabajo a nivel  internacional, Daria se mantuvo profundamente vinculada a su propia comunidad. Desde hace años es una firme defensora de la protección de la cultura selkup y de la implementación de los derechos indígenas reconocidos en la legislación rusa. Sus esfuerzos incluyeron impulsar el uso de la lengua selkup (en peligro de desaparición) como idioma de enseñanza en las escuelas; apoyar redes de mujeres indígenas emprendedoras y; fortalecer la participación comunitaria en decisiones que afectan al territorio, a la cultura y los medios de vida.

Nada en las actividades de Daria sugiere una promoción de la violencia o de acciones subversivas. Por el contrario, mantuvo un diálogo constructivo con las autoridades a nivel local y, en el plano internacional, participó en los mismos mecanismos y procesos de Naciones Unidas en los que el propio gobierno ruso también interviene. La diferencia clave es que Daria representaba una voz independiente, que cuestionaba la imagen idealizada del bienestar indígena promovida por las autoridades rusas y sus aliados. Su detención señala una tendencia preocupante: la utilización de la legislación antiextremista y antiterrorista de Rusia para reprimir a la sociedad civil independiente, incluidos los movimientos indígenas. 

Cuando la única voz es la del Estado

Las redadas de diciembre no fueron un hecho aislado, sino parte de una arquitectura de represión en constante escalada sobre los Pueblos Indígenas de Rusia. Tras un breve período de liberalización y democratización desde finales de la década de 1980 hasta comienzos de los 2000, durante el cual floreció un movimiento indígena independiente, las autoridades comenzaron a reforzar el control en la década de 2010. Este giro se aceleró drásticamente después de la decisión del presidente Vladímir Putin de invadir Ucrania: una medida que ha tenido consecuencias devastadoras para las comunidades indígenas, que perdieron una gran cantidad de jóvenes en la movilización hacia el frente de combate.

En este clima autoritario, los activistas indígenas enfrentan la vigilancia, el hostigamiento judicial y una presión constante para desvincularse de los mecanismos internacionales de derechos humanos. No es casual que las redadas del 17 de diciembre se produjeran poco después de que Daria Egereva y otros activistas regresaran de la COP climática de la Organización de Naciones Unidas en Brasil. La magnitud, el momento y la coordinación de la operación apuntan a un esfuerzo deliberado por eliminar los últimos espacios de organización indígena autónoma. El resultado fue inmediato. Los activistas mantienen un perfil bajo o abandonaron el país. Quienes aún permanecen se ven obligados a enfrentar una elección imposible: el silencio y la conformidad con las autoridades, o la criminalización.

El presidente de la Asociación Rusa de los Pueblos Indígenas del Norte (RAIPON) se negó explícitamente a solidarizarse con las y los activistas cuyas viviendas fueron allanadas y repitió la línea oficial que insinúa su supuesta participación en actividades extremistas.

El presidente de RAIPON se negó a solidarizarse con los activistas allanados y repitió la línea oficial que insinúa su supuesta participación en actividades extremistas.

A medida que las voces indígenas independientes son silenciadas, la Asociación Rusa de los Pueblos Indígenas del Norte (RAIPON), controlada por el Gobierno ruso, emerge como la voz dominante o, más bien, la única voz oficialmente permitida de los Pueblos Indígenas del país. La dirigencia de RAIPON, seleccionada desde 2013 bajo la supervisión gubernamental, mantiene estrechos vínculos con las grandes empresas extractivas, entre ellas, Nornickel, uno de los conglomerados industriales más contaminantes del mundo. Sus actividades han afectado durante años las tierras y aguas indígenas, además de destruir los medios de vida de las comunidades de Rusia.

En línea con el Gobierno, RAIPON nunca critica las políticas estatales ni los abusos corporativos que afectan a las comunidades indígenas. En una declaración difundida seis semanas después de las redadas de diciembre, el presidente de RAIPON se negó explícitamente a solidarizarse con las y los activistas cuyas viviendas fueron allanadas y repitió la línea oficial que insinúa su supuesta participación en actividades extremistas, una postura que generó conmoción entre numerosos líderes indígenas a nivel internacional. 

¿El golpe final?

Para quienes vieron sus hogares invadidos, sus dispositivos incautados y a sus seres queridos detenidos, esto fue más que una operación legal: fue un mensaje. Como señaló la defensora del pueblo Saami Valentina Sovkina, las autoridades rusas han optado por métodos especialmente duros para silenciar a activistas de los derechos indígenas que defienden pacíficamente su entorno ancestral, sus medios de vida y su cultura.

Las redadas del 17 de diciembre bien podrían ser recordadas como el momento en que el movimiento indígena independiente en Rusia fue llevado al borde de la extinción. Sin embargo, el coraje de quienes continúan alzando la voz, ya sea desde el exilio o bajo amenaza en su propio país, nos recuerda que la lucha por los derechos de los Pueblos Indígenas en Rusia no ha terminado. Sus voces, aunque perseguidas, siguen siendo una parte vital de la comunidad global de derechos humanos.

Debido al contexto político que vive el país, los autores prefieren mantener el anonimato.

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En el evento principal, los líderes de 21 países, junto con representantes de organismos internacionales, discutieron el crecimiento inclusivo, la transición a una economía formal y sostenible, y la digitalización como motor de desarrollo. Según el gobierno peruano, APEC representa una oportunidad clave para fortalecer los lazos con economías globales y posicionar al país en igualdad de condiciones con sus socios internacionales. Asimismo, logró acuerdos fitosanitarios que abren el mercado chino a productos peruanos como las castañas y frutas congeladas. Un reclamo del sector agroexportador.

Sin embargo, los logros destacados por el gobierno peruano no lograron disipar el difícil contexto político y social que vive el país. La presidenta, Dina Boluarte, enfrenta una fuerte desaprobación, agravada por una creciente crisis de inseguridad y polémicas decisiones gubernamentales. Una de las más controvertidas fue permitir el ingreso de tropas estadounidenses bajo el pretexto de colaborar en seguridad, lo que muchos analistas perciben como una amenaza a la soberanía nacional.

La desconexión de la presidenta

El gobierno de Dina Boluarte parece sordo ante las necesidades de los peruanos y cada vez más distante de su realidad. Si bien la presidenta insiste en que “la situación está bajo control”, las encuestas muestran una insatisfacción generalizada y la inseguridad es percibida por la ciudadanía como una amenaza constante. La reciente decisión de permitir el ingreso de tropas estadounidenses para “colaborar en temas de seguridad” ha encendido aún más los ánimos. A muchos les preocupa que esta medida afecte la soberanía nacional y no resuelva el problema de fondo: la decisión parece más destinada a complacer intereses externos que a proteger a sus ciudadanos y ciudadanas.

Esta decisión se suma a la orden gubernamental de “disparar en el paro” anunciado por los transportistas, lo cual refleja un enfoque represivo frente a los conflictos sociales. Además, la inseguridad ha impactado la vida diaria de los peruanos, obligando a cancelar conciertos, interrumpir vuelos y restringir actividades culturales. En este clima de tensión, la iniciativa APEC Ciudadano, que buscaba involucrar a la población en las discusiones globales del foro, parece haberse diluido. Aunque se planificaron actividades culturales, seminarios y ferias, no se concretaron plenamente debido a la inestabilidad política y social.

La desconexión de la presidenta quedó evidenciada durante una ceremonia con mujeres agrarias cuando afirmó: “Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito, nos la inventamos, así somos las mujeres”. Sin embargo, la realidad del Palacio de Gobierno contrasta drásticamente con su discurso: hasta octubre, se desembolsaron 1.394.841,49 soles para la alimentación de la sede presidencial, lo que equivale a un gasto promedio de 4.000 soles diarios. A ello se suma la contratación de servicios de una nutricionista exclusiva para el despacho presidencial, reflejando un evidente desbalance entre el discurso oficial y el uso de los recursos del Estado.

Un megapuerto chino en Perú

En el marco de la Semana de Líderes Económicos del Foro APEC y bajo el lema  “De Chancay a Shanghái”, el Ministerio de Transportes y Comunicación peruano inauguró el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay. Esta infraestructura está ubicada a 75 kilómetros de Lima y representó una megainversión a cargo de la empresa estatal china Cosco Shipping. Esta primera etapa cuenta con cuatro muelles con una longitud total de 1500 metros, y una profundidad de 18 metros, además de una capacidad para recibir a los buques más grandes del mundo con carga completa. La inversión requerida superó los 1400 millones de dólares.  

La inauguración del Terminal Portuario oculta cuestiones cruciales que deben ser analizadas. Por un lado, la desigualdad estructural que persiste entre los mercados peruanos y los de otros países miembros de APEC implica barreras críticas en el acceso a mercados internacionales y dificultan una competencia equitativa en el comercio global al limitar la diversificación productiva y el valor agregado de sus exportaciones. Por otro lado, muchos productores peruanos, especialmente los pequeños y medianos, carecen de las herramientas y conexiones necesarias para beneficiarse plenamente de esta clase de infraestructuras.

Además, la construcción y operación de un proyecto de esta magnitud no está exenta de costos ambientales, como el impacto en los ecosistemas marinos, la alteración de hábitats costeros, la modificación de las corrientes oceánicas y la contaminación del mar debido a derrames y residuos industriales. Estas consecuencias,  que suelen ser minimizadas, afectan directamente a las comunidades costeras y a la biodiversidad marina vital para la pesca y el sustento de muchas familias peruanas. 

La persecución a los pueblos indígenas

Mientras el gobierno pretende mostrar una imagen positiva ante la comunidad internacional, la persecución a los Pueblos Originarios permanece latente. Un ejemplo claro de esta realidad es el caso de Richard Camala, Ferdinan Huacanqui, Redy Huaman y Joel Hivallanca, habitantes de la comunidad de Cuyo Grande en Pisaq, Cusco, quienes fueron injustamente detenidos en enero de 2023 por ejercer su derecho a la protesta contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. A través de un proceso apresurado y con un rigor desproporcionado, fueron sentenciados a siete años de prisión y a pagar una reparación civil exorbitante, lo que evidencia un trato punitivo que criminaliza el legítimo derecho a la disidencia.

Esta condena contrasta dolorosamente con la lentitud e impunidad que caracterizan los procesos judiciales en casos de corrupción, delitos graves e incluso homicidios. Mientras los líderes originarios son perseguidos y encarcelados con prontitud, aquellos que saquean el erario público o cometen crímenes atroces enfrentan años de dilaciones en el sistema judicial. Esta disparidad en la aplicación de justicia no solo refleja una discriminación estructural, sino que perpetúa la invisibilización y el desprecio hacia las comunidades indígenas, que solo son tomadas en cuenta cuando resultan rentables para el discurso oficial o el turismo.

La humillación y la marginación son heridas que se perpetúan en las familias de Cuyo Grande y en tantas otras comunidades. Los Pueblos Originarios, exhibidos como postales vivas para promover una identidad cultural en beneficio de unos pocos, son relegados y estigmatizados cuando exigen derechos o alzan su voz. Convertidos en “terroristas” o “ignorantes” por defender su dignidad, enfrentan una narrativa estatal que los valora solo cuando callan, pero los reprime cuando incomodan. Es momento de romper con este ciclo de injusticia: la protesta no es un crimen, y los Pueblos Originarios no deben ser tratados como meros símbolos decorativos de una identidad selectiva y excluyente.

Lo que no se puede ocultar

El Perú necesita liderazgo que priorice el diálogo y la acción preventiva en lugar de respuestas represivas y medidas cuestionables. En este contexto, el éxito del APEC 2024 como evento internacional no será suficiente para ocultar las carencias de un gobierno que parece sordo a las demandas de su población, especialmente a las de los Pueblos Originarios.

El país necesita políticas de prevención y justicia, no intervenciones extranjeras ni respuestas represivas que sólo profundizan el malestar ciudadano. Un gobierno que no escucha a su gente está condenado a perder su confianza y, con ella, su legitimidad que nunca la tuvo.

Finalmente, es crucial que el Perú se reconozca y valore a sí mismo desde una perspectiva horizontal, integrando todas sus diversidades culturales, como la cosmovisión andina y amazónica. Este reconocimiento debe ir acompañado de políticas públicas que reivindiquen los derechos legítimos de los Pueblos Originarios, respetando sus territorios, culturas, cosmovisiones y liderazgos. Sólo así será posible construir un desarrollo sostenible, inclusivo y accesible, que garantice igualdad de oportunidades para todos los peruanos y las peruanas. 

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Patricia Tobón Yagarí (PTY): Yo creo que sólo el tiempo dirá si la Unidad entró en esa lógica. Lo que sí he dicho es que en mi experiencia también tuve no sólo insinuaciones, sino ese tipo de abordaje al que nunca cedí. Esta es una entidad que ha sido politizada, usada para el clientelismo y hemos denunciado hechos de corrupción, como fue la del Fondo de Reparación. Hemos rendido cuentas e hicimos cambios importantes, como no entregarnos al clientelismo político, reconociendo eso sí, que el gobierno tiene acuerdos políticos, pero no entregar los recursos públicos de las víctimas a la corrupción. Eso es importante decirlo. Hasta el último día he sido consecuente con la política de cambio que anunció el Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez.

MVJ: ¿Cuáles son las posibilidades de estar en el poder para líderes de pueblos étnicos?

PTY: Mi consejo para otros líderes es buscar estar en el poder, pero manteniendo esa voz colectiva. La experiencia nos ha mostrado que una voz individual y burocrática que se queda callada no trasciende ni produce cambios significativos. Por eso, creo firmemente en la importancia del carácter colectivo y en la necesidad de seguir exigiéndole al Estado. Vengo del mundo indígena, nací y crecí en el movimiento indígena, soy lideresa, vengo con ese compromiso. Por muchos años hemos estado luchando y exigiéndole a una cantidad de funcionarios que cumplan con los derechos de los pueblos. Ahora desde el otro lado le exijo a las entidades. La presencia de personas que vienen de esta realidad en la toma de decisiones públicas y políticas marca una diferencia, ya que tomamos decisiones en favor de esos derechos. Los movimientos sociales no deberían sólo seguir exigiendo desde las carreteras mientras otros, sin conocer nuestras realidades, toman decisiones desde un escritorio.

MVJ: ¿Es relevante que los pueblos étnicos se sumen al Estado?

PTY: Es importante que los movimientos sociales formen parte de la institucionalidad, no para llenar burocracias, sino para lograr una inclusión real. Aunque hemos tenido burócratas indígenas o afrodescendientes en cargos de poder, muchos no han defendido nuestros derechos por temor a perder sus puestos. Reconozco que este gobierno ha mostrado una apertura hacia los asuntos indígenas, respetando la dirigencia indígena que no viene a aplaudir, sino a exigir coherencia política para responderles a nuestras comunidades. Mantener esta ética ha implicado discusiones internas con otros ministerios y equipos técnicos, similar a las luchas que hemos enfrentado en el movimiento indígena, pero ahora desde posiciones de liderazgo.

MVJ: ¿Qué logros destacaría de su gestión?

PTY: En la Unidad logramos mayores metas en el Plan Nacional de Desarrollo. Con la Mesa de Concertación Indígena tratamos de resolver reclamos de más de 10 años que los pueblos indígenas tenían con esta institución y habían sido negados debido a decisiones prejuiciosas, desconocimiento de las normas, o racismo institucional. Por ejemplo, en 2011, el gobierno de Juan Manuel Santos había aprobado Decretos-Leyes para las víctimas indígenas, afrodescendientes y gitanas que nunca se habían cumplido. Nosotros estamos tratando de reglamentar esas normas y también la sentencia C-588/19 de 2011 de la Corte Constitucional.

MVJ: ¿Existen prejuicios sobre los funcionarios que provienen de grupos étnicos?

PTY: Dirigí una de las entidades más grandes de inclusión social y enfrenté dudas sobre mi capacidad de ejecución. Recuerdo comentarios públicos cuestionando cómo una indígena podría coordinar una política tan importante. Yo estaba preparada, con experiencia en diversos temas y diplomas académicos en derecho constitucional e internacional, además de ser comisionada. Tenía todos los requisitos. Aun así, surgían interrogantes. Por mi parte, logré que se respetara mi liderazgo demostrando que a los pueblos indígenas se les puede confiar cargos públicos del país. Somos confiables y nos preparamos adecuadamente cuando se nos da la oportunidad. Lideramos nuestros procesos organizativos y también podemos servir al país en roles de liderazgo. Vine con dignidad a demostrar que podemos cumplir con las tareas que el país necesita. Debemos enviar el mensaje de que los líderes indígenas pueden encargarse de áreas de política pública más amplias, no solo de asuntos específicos de los pueblos étnicos.

MVJ: También representó víctimas que no son de los grupos étnicos, ¿cómo se han sentido representadas por usted?

PTY: La mayoría de las víctimas no son étnicas y el 80% de la población a la que yo atiendo no es étnica. Las 600.000 indemnizaciones han sido mayoritariamente a esa población. Pero teníamos que cumplir también en un 100% con lo étnico porque estaba más rezagado. Debíamos resolver algunos puntos metodológicos que no se atienden, por ejemplo, la mendicidad en la población desplazada, tanto étnica como no-étnica. Personas que terminaron en situación de calle o en situación de prostitución forzada. Esos son asuntos que he trabajado en todos los niveles. Por eso, hicimos acuerdos con alcaldías y gobernadores para cumplir con el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Esto ha sido un logro importante de este gobierno. Si logramos estas metas de inversión y cumplimiento la población que más se ha beneficiado es la no-étnica. En los primeros seis meses encontré un rezago y logramos ejecutar más del 90%. El año pasado completamos toda la ejecución y ahora somos terceros en cumplimiento del Gobierno. Además, gané respeto como jefa de un equipo mayoritariamente no étnico, con algunos llenos de prejuicios. 

MVJ: Colombia es culturalmente diversa, pero las relaciones interétnicas e interculturales son tensas y están atravesadas por problemas culturales, étnicos y económicos. ¿Cómo se podría construir un país más intercultural y respetuoso de su diversidad? 

PTY: La Comisión de la Verdad analizó cómo la violencia sociopolítica en Colombia se explica por relaciones colonialistas vigentes y el racismo estructural que impide el desarrollo y la inclusión de narrativas que cambien las dinámicas de poder. Esto se manifiesta en la imposición de visiones que los excluyen de la creación de políticas públicas que los afectan. La comisión evidenció que el pasado colonial y el racismo han alimentado brechas culturales. Para revertir esto, es fundamental implementar políticas interculturales que reconozcan la historia y los derechos de estos pueblos. Sin esfuerzos en educación, comunicación e integración no avanzaremos en procesos interculturales. Se hicieron recomendaciones en el capítulo étnico para que la sociedad comprendiera que el desarrollo del país está ligado al desarrollo de los pueblos étnicos.

MVJ: ¿Qué rol jugó la Constitución de 1991?

PTY: Los diferentes momentos de reivindicación de los derechos étnicos han abierto importantes escenarios. La Constitución de 1991 abrió oportunidades. El proceso de paz también facilitó que personas como yo lideren instituciones como esta. Se espera que estas instituciones abran la posibilidad de transformaciones estructurales para construir una interculturalidad. Esta implica reconocer los desarrollos diferenciados que requieren las distintas regiones, así como visibilizar las contribuciones de la población negra y los pueblos indígenas al medio ambiente. Esto es algo que antes no se discutía. Aunque el discurso es positivo, en la práctica todavía enfrentamos importantes desafíos.

MVJ: El ataque de grupos armados a pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos provocó un trauma colectivo que debilita el tejido social, las costumbres y las formas de gobierno de las comunidades.

PTY: Nos enfrentamos a un país con diversas narrativas que no comprenden nuestra realidad, sumadas a una narrativa colonial llena de prejuicios y polarización. Los indígenas a menudo son etiquetados como colaboradores del Estado o guerrilleros, lo que, en lugar de contextualizar la situación, legitima la violencia y justifica odios y discursos racistas. Esto naturaliza y desestima la violencia que los pueblos indígenas están sufriendo. La violencia se profundizó aún más con el conflicto armado. En la Comisión de la Verdad manifestamos que los pueblos indígenas hemos vivido un continuum de violencia: no solo no nos hemos recuperado de las violencias que sufrieron nuestros abuelos y padres, sino que también enfrentamos las que vivimos en el presente. Esto ha generado no solo un trauma colectivo, sino un exterminio de nuestras culturas y comunidades, con efectos profundos en nuestra sociedad.

MVJ: ¿Cuáles son las consecuencias de este trauma colectivo?

PTY: Aunque la resistencia indígena intenta sobreponerse, el daño es desproporcionado. Se observan altos niveles de suicidio, desestructuración familiar y debilitamiento de nuestra autonomía como gobiernos y comunidades. La violencia de los grupos narcotraficantes ha cooptado y amenazado liderazgos; en algunas comunidades, los líderes no pueden entrar por el riesgo de ser asesinados. Así, la organización comunitaria y la resolución de asuntos a través del gobierno propio se vuelven imposibles, ya que el grupo armado controla el territorio y somete a la población. 

MVJ: ¿La Unidad de Víctimas y el Gobierno están preocupados por el impacto de estos traumas colectivos en los grupos étnicos?

PTY: Existe en la sociedad colombiana y en muchos funcionarios públicos, una profunda incomprensión de los asuntos étnicos, incluso dentro de este gobierno. Es necesario contextualizar estos temas para que las instituciones los asuman adecuadamente. Sin embargo, esta es una tarea monumental que trasciende a este gobierno y revela una deuda histórica. Por ejemplo, la situación de la población emberá en mendicidad es un reflejo de la falta de intervenciones adecuadas desde los años 70, cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ingresó a sus territorios, causando confrontaciones y desestructuración en sus comunidades. La falta de comprensión de estos temas ha llevado a que se aborden con medidas asistencialistas en lugar de fortalecer los gobiernos indígenas para que resuelvan sus problemas, organicen sus territorios y fomenten su propio desarrollo. Históricamente, las políticas implementadas han fragmentado a las comunidades, creando divisiones en lugar de promover la cohesión. Es crucial que el Estado adopte metodologías indígenas que prioricen el bienestar real de las comunidades, no el de las burocracias.

MVJ: ¿Qué perspectivas podría compartir sobre ser mujer en un cargo público de este calibre?

PTY: Yo creo que lograr un respeto en el movimiento indígena, en donde hay desigualdad de participación de las mujeres, me enseñó a trabajar en medio de hombres, a ganarme el respeto y a liderar en un mundo donde las mujeres indígenas muchas veces  tenemos participación, pero no poder. Para el movimiento indígena, es fundamental cualificar los liderazgos y la participación de las mujeres. Cuando fortalecemos nuestra capacidad de gobernanza, enviamos un mensaje claro: sí se puede. Hoy demuestro que los pueblos indígenas y las mujeres podemos gobernar, lo que también conlleva responsabilidades éticas hacia el país y la atención a problemas más allá de lo indígena y étnico. Mantener la coherencia con nuestra lucha histórica es esencial.

MVJ: ¿Y de su paso por la Comisión de la Verdad?

PTY: Estar en la Comisión de la Verdad siendo indígena, mujer y además la menor me enfrentó a muchos prejuicios. Logré hacer un trabajo con fuerza y con argumentos. Cuando llegué a la Unidad de Víctimas vine revestida de esa experiencia, de esa fuerza con la que ya contaba. Aquí uno se enfrenta todos los días a esa expresión sociocultural del machismo en la cotidianidad. Eso lo vivimos todas las mujeres en cualquier instancia de poder. Pero yo siempre intenté ser consciente de mi fuerza. Eso en algunos hombres genera extrañeza. Creo que cuando uno se prepara, argumenta, muestra la capacidad de las ideas, va derrumbando prejuicios. Y se va haciendo una reeducación de las personas con quien interactúa. 

MVJ: ¿Hay alguna costumbre, conocimiento o principio del pueblo Embera que le haya ayudado? 

PTY: Sí. El primer principio es que siempre es importante pensar en grande y estar abierto a la escucha, considerando las propuestas como oportunidades para construir a partir de diferentes puntos de vista, en lugar de verlos como antagonismos. Así, integré muchas visiones y convertí los procesos de participación en verdaderos espacios de inclusión para desarrollar agendas. En segundo lugar, que es crucial cumplir con los acuerdos pactados. No se trata de asumir que uno lo sabe todo y decide todo: es una construcción colectiva y participativa. Esto refuerza el compromiso con el bienestar de la comunidad y la efectividad de nuestro trabajo conjunto.

MVJ: ¿Han tenido un impacto positivo en su gestión?

PTY: Estos principios y valores han permitido no solo un avance, sino también un fortalecimiento de la confianza y la participación de las víctimas con la unidad, recuperando la confianza perdida en el Estado y acercando al Estado a la comunidad. Esto implica trabajar como lo hacemos en las comunidades indígenas: de gobierno a gobierno. Aquí es donde realmente se explica la situación de las instituciones y se comprende la realidad de las comunidades, llegando a acuerdos para establecer metas conjuntas. Además, hemos elegido equipos técnicos compuestos por líderes sociales y étnicos, lo cual es un aspecto destacado de esta entidad. Los directores territoriales son líderes que provienen de comunidades que han luchado por sus derechos. Este compromiso social es fundamental; no se trata solo de un puesto remunerado, sino de un verdadero compromiso con las víctimas. Esto asegura un mayor esfuerzo y dedicación. Por lo tanto, todas esas metodologías de trabajo comunitario que yo he promovido se han reflejado aquí en la Unidad.

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Desde la vacancia de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, tras su fallido intento de disolución del Congreso, se sucedieron protestas masivas a nivel nacional, sobre todo en las regiones del Perú donde la población indígena es mayoritaria. Asimismo, la represión más violenta y la mayor cantidad de víctimas mortales sucedieron en regiones con mayoría de población quechua y aymara, al sur del país.

En un análisis de los expedientes médicos de las 50 personas heridas y asesinadas por armas de fuego de alta velocidad, el medio Salud con Lupa descubrió que muchos de los disparos fueron a corta distancia y a la altura del tórax y abdomen, donde se encuentran los órganos vitales. Tras la masacre en Juliaca del 9 de enero, el Instituto de Medicina Legal confirmó que los proyectiles de armas de fuego de uso policial fueron dirigidos a la cabeza y al tórax por lo que se trataría de asesinatos extrajudiciales.

Víctimas de violencia policial durante las protestas, desde el inicio del estallido social hasta el 13 de enero de 2023. Fuente: Ruth Luque

Las organizaciones indígenas denuncian el racismo

El racismo estructural detrás de la violenta respuesta del gobierno para abordar el conflicto es innegable. Durante su visita al Perú, la Delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resaltó el componente étnico-racial en las violaciones de derechos humanos registradas. Medios internacionales como The Guardian han hecho hincapié en la brecha que separa a las élites peruanas de las poblaciones campesinas, indígenas y trabajadores, históricamente marginados, como una de las principales razones del colapso social.

Sin embargo, este racismo estructural se justifica en la creencia interiorizada por la mayoría de los peruanos y peruanas de que “el pobre es pobre porque quiere”. Según la Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades de OXFAM, el 59% piensa que una persona pobre que trabaja duro puede llegar a ser rica.

Los primeros en denunciar el racismo fueron los gobiernos autónomos y las organizaciones indígenas. El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), de la Amazonía peruana, condenó la “violencia racista del Estado peruano” y responsabilizó a “una clase política angurrienta, incapaz y lamentable que hace de la corrupción su modus operandi, ya que no aprendieron a hacer riqueza más que a partir del facilismo, la deshumanización del pueblo y la destrucción de nuestras fuentes de vida”.

El Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), que representa al segundo pueblo originario amazónico más numeroso del país, también condenó “los problemas de desigualdad históricamente postergados por la marginación y discriminación de los pueblos más olvidados del país” como razón primordial de la crisis.

Por su parte, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas (ONAMIAP) denunció la “institucionalización del racismo”, tras el nombramiento de Alberto Otárola Peñaranda como primer ministro. El abogado venía de ser ministro de Defensa y, por ende, era el responsable directo de los primeros asesinatos ocurridos entre el 10 y el 19 de diciembre de 2022.

Finalmente, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) alertó sobre “el asalto al poder de las mafias corruptas y racistas del Congreso de la República”. Además, exigió la cancelación de los proyectos de ley a favor de las industrias extractivas que afectan a la Amazonía y a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial.

La CIDH resaltó el componente étnico-racial en las violaciones de derechos humanos durante las protestas masivas. Foto: “Rupa” Flores

Inclusión performática e instrumentalización de lo indígena

Luego de las primeras matanzas en Apurimac, Ayacucho y Junín, durante el mes de diciembre, Dina Boluarte emprendió una campaña desesperada para legitimar su gobierno, demostrar que el rechazo era minoritario y probar que otros pueblos estaban con ella. Con este objetivo, utilizaron el lema de Un diálogo por la paz. Así, los diferentes ministerios organizaron reuniones sin agenda con supuestos representantes indígenas amazónicos y organizaciones cuya representatividad y agendas son cuestionables.

Este fue el caso de una reunión con supuestos líderes de una organización llamada “los siete pueblos de Manseriche”. Manseriche es un distrito con una extensión de casi 54.000 hectáreas que alberga 42 comunidades nativas y que se superpone a los territorios ancestrales Awajún y Wampís. Está ubicado en la provincia amazónica de Datem del Marañón, región Loreto, y cuenta con un historial de derrames petroleros que han minado los tejidos sociales. De este modo, han aparecido organizaciones, empresas remediadoras y líderes oportunistas que aprovechan las demandas de la población para beneficiarse a través de acuerdos con el gobierno y las empresas. El GTANW emitió un pronunciamiento deslindándose de dicha organización y de otras que se habían reunido con el Ministerio de Vivienda y con la Presidencia del Consejo de Ministros.

Otra reunión tuvo lugar en el Ministerio de Cultura con dirigentes de comunidades del circuito petrolero de Loreto, en el marco del “Plan de Cierre de Brechas” (establecido durante el gobierno anterior), que incluye proyectos de desarrollo para las comunidades, pero gestionados por las entidades ediles. El gobierno también promocionó una reunión con la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central, a pesar de que dicha organización había acordado, junto con todas las bases de AIDESEP, entrar en “movilización permanente”.

Esta inclusión performática y divisionismo dentro del movimiento indígena amazónico se ha podido realizar gracias a la gestión de la viceministra de Interculturalidad, Rocilda Nunta, la lideresa amazónica que llegó al poder con Pedro Castillo. Luego de la matanza de Juliaca, el GTANW y GTAA condenaron la violencia estatal y la instrumentalización de las naciones originarias “para diseñar sus campañas desesperadas que buscan deslegitimar la protesta e infundir miedo en la población”. Además, llamaron a las y los funcionarios indígenas a que evalúen la posibilidad de renunciar para no ser cómplices de las matanzas. Por su parte, la ONAMIAP fue más tajante y exigió la renuncia de Nunta.

Representantes de la cuestionada organización “7 pueblos de Manseriche” reunidos con Dina Boluarte y el Ministerio de Vivienda.

Estigmatización y terruqueo: fundamentos para la violencia

El 18 de enero se reportó un derrame de hidrocarburos a causa de un atentado al Oleoducto Norperuano en el territorio de la comunidad nativa Awajún Pantaam, en la región Amazonas. El derrame sucedió cuando dos plataformas del pueblo Awajún, el Comité de Lucha de Condorcanqui y el Comité del Distrito de Imaza, habían tomado medidas de protesta para exigir la renuncia de Dina Boluarte.

Rápidamente, el atentado fue asociado a los manifestantes awajún y wampís, lo que llevó al gobierno de Boluarte a declarar el Estado de Emergencia en la región Amazonas. Tanto los comités de lucha mencionados como el GTAA y el GTANW se deslindaron de la acción y denunciaron el uso político para deslegitimar las protestas awajún. Aclararon que este tipo de atentados los suelen hacer las empresas remediadoras que tienen las máquinas para realizar los arreglos y se benefician con las tragedias ambientales.

La sospecha generada sobre los indígenas amazónicos de sabotear los oleoductos ocurre dentro de un patrón discursivo racista que los tilda de primitivos, salvajes y brutos. A partir de allí, los funcionarios del gobierno y los principales medios de comunicación los acusan de “vándalos”, de “violentos” y, por último, de “terroristas”.

En Perú, el terruqueo significa asignar a una persona el delito de terrorismo. Terruquear debería estar penado ya que, cuando se acusa sin pruebas, se incurre en el delito de difamación. Sin embargo, esta práctica es llevada a cabo con ligereza con el objetivo de estigmatizar y deslegitimar a quienes protestan. Más allá de poner en evidencia el desprecio hacia los indígenas, el terruqueo los deshumaniza como un modo de justificar las acciones violentas que buscan eliminarlos.

En Perú hay un patrón discursivo racista que tilda de salvajes y brutos a los indígenas. Foto: “Rupa” Flores

El discurso de los medios y el gobierno

El 21 de enero, un tanque policial irrumpió en las inmediaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde se encontraban albergados manifestantes de las regiones del sur. Lo hizo destrozando un portón sobre el que se había colgado una banderola que decía: “No matarás, ni con hambre ni con balas”. Esta frase fue el lema de una manifestación barrial en 1989 tras el asesinato de María Huapaya, una dirigenta social, a manos del grupo terrorista Sendero Luminoso. En el acta de la intervención, la policía se refiere a esta banderola como una frase “alusiva a incentivar actos de violencia”.

Las imágenes de las vejaciones a las que fueron sometidas las 193 personas que se encontraban en la universidad han dado la vuelta al mundo. En un video, se ve a la policía maltratando a una anciana quechua que había sido obligada a tirarse al piso boca abajo. Tras su liberación, la mujer narró que le profirieron insultos racistas en referencia a su origen campesino. Entre los abusos policiales, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos registró que forzaron a personas quechua hablantes a firmar actas sin la presencia de intérpretes y obligaron a personas de la tercera edad con condiciones de salud preexistentes a pasar la noche en carceletas.

El día de la matanza de Juliaca, Dina Boluarte se encontraba en un espacio de diálogo denominado Acuerdo Nacional cuando recibió la noticia del primer manifestante asesinado por la policía. Su reacción fue señalar que no entendía qué querían los manifestantes ni por qué había tanta violencia. Días más tarde declaró ante la nación: “No voy a renunciar. Mi compromiso es con el Perú y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria”. Asimismo, expresó sus sospechas sobre el financiamiento de las protestas.

Desde el inicio de la crisis, el gobierno y los medios de comunicación han asociado las protestas a diversos intereses que pretenden “destruir la institucionalidad y la democracia”. Al principio, señalaron que los manifestantes eran financiados por el narcotráfico y la minería ilegal. Posteriormente, cuando se intensificaron las protestas en Puno, acusaron al ex presidente de Bolivia Evo Morales de instigador y le prohibieron la entrada al Perú. Finalmente, tras la intervención a dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, el Gobierno acusó a un supuesto remanente del grupo terrorista Sendero Luminoso. Todos estos discursos excluyen la posibilidad de que las comunidades, gremios y organizaciones indígenas y campesinos sean capaces de organizar y autofinanciar medidas de protesta a gran escala.

Portadas de diarios peruanos luego de la gran marcha en Lima del 19 de enero. Tanto el Gobierno como los medios de comunicación intentan deslegitimar las protestas sociales.

La falta de liderazgo

La estigmatización tiene que ver con la falta de lectura intercultural de las dinámicas colectivas de los pueblos. Lo que está aconteciendo es algo sin precedentes en el Perú. La última vez que personas de diversas regiones viajaron a Lima para derrocar un gobierno fue en 2000, en la llamada “marcha de los cuatro suyos”, que acabó con la dictadura fujimorista. A pesar de que muchos se refieren a la actual movilización como “la segunda marcha de los cuatro suyos”, las diferencias son notables.

Esta vez no se perciben oportunistas o figuras de caudillos que puedan aprovechar la coyuntura para posicionarse como líderes. Pedro Castillo, quien diera la espalda a su hoja de ruta para sumirse en su propio tejido de corrupción, está lejos de ser el “salvador de la democracia”. Antauro Humala, líder etnocacerista, quien tras cumplir su condena había crecido en aprobación, sobre todo en los sectores rurales y algunos segmentos de la izquierda, decidió no asumir el rol de caudillo al reconocer al gobierno de Dina Boluarte en medio de una plaza con centenares de manifestantes contrarios a ella.

La falta de un liderazgo visible y centralizado desconcierta a un sector social acostumbrado a las órdenes y los arquetipos de liderazgo que recaen en una persona, en lugar de las colectividades. Reconocer el poder de la organización colectiva, que es la forma de supervivencia ancestral de los pueblos indígenas, es reconocer por fin su agencia. En efecto, implica mirar a “los otros” como iguales y reconocer su capacidad de generar cambios por su propia fuerza e iniciativa.

Remover la ciudad, convertirla en pueblo es despojarla del racismo, es enseñarle a los privilegiados, a los poderosos, a las miradas indiferentes, a recordar la fuerza ancestral de los tejidos colectivos y la solidaridad inquebrantable ante, incluso, la violencia racista institucionalizada.

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