Si bien antes eran 22 comunidades, la comunidad de Galilea decidió separarse tras lograr obtener agua por su propia cuenta, por lo que ya no participa en los trabajos intercomunitarios para sostener este servicio. Más allá de esta particularidad, existe un respeto mutuo sobre el sistema normativo y el gobierno indígena de cada comunidad. Es importante aclarar que dentro de algunas de las 21 comunidades existen rancherías y pequeñas poblaciones.

Las 21 comunidades del municipio de este municipio ubicado en Chiapas son Cañada, Betania, Nuevo San Juan, Nueva Zinacantán, Nazareth, Benito Juárez, Dolores, Monte Líbano, Nueva Amatenango, Belén, San Geron, San Jerónimo, Jardín, Guadalupe, Damasco, Nuevo Belén, Nueva Palestina, Lluvia de Gracia, Vista hermosa, Vergel, Nuevo paraíso.  

El fortalecimiento del tejido social

A pesar del desplazamiento forzado debido a un contexto de violencia y exclusión, las 21 comunidades han logrado desarrollar un proceso de organización intercomunitario orientado a prevenir la violencia, transformar los conflictos y fortalecer las condiciones que les permiten vivir con dignidad, justicia y bienestar. En este sentido, la construcción de paz no se limita a la ausencia de conflictos, sino que implica la creación de relaciones sociales basadas en el respeto, la inclusión y la cooperación. 

A lo largo del tiempo, la experiencia ha demostrado que las interacciones a través del respeto y cooperación han permitido un desarrollo favorable en cada una de las comunidades, sustentado en la aplicación de normas comunitarias y en el reconocimiento de sus formas y estructuras de gobierno indígena. Este término, contrario al de “usos y costumbres”, posibilita comprender mejor la complejidad de su organización social y política.

Las reglas comunitarias se comunican mediante letreros que son claramente visibles y que indican lo que está permitido o prohibido.

Las reglas comunitarias se comunican mediante letreros que son claramente visibles y que indican lo que está permitido o prohibido.

En la comunidad de Dolores, la vida se rige por normas y leyes que se dividen en internas y externas. Esta lógica se debe a la necesidad de regular el uso compartido de recursos naturales, como el manantial, y de respetar la organización propia. Así, las normas de cada comunidad suelen ser similares con algunas variaciones, por lo que puede ser fácil para una persona cambiar de comunidad siempre y cuando se comporte con respeto. 

Las reglas comunitarias se comunican mediante letreros que son claramente visibles y que indican lo que está permitido o prohibido. Algunas reglas que suelen observarse son los límites de velocidad vehicular, el respeto a terrenos ajenos, el cuidado del monte, la prohibición de dañar animales y la restricción a cortar árboles. Este tipo de normas son comunes en la mayoría de las comunidades.

Dimensiones claves de la construcción de paz

La construcción de paz en las 21 comunidades de Teopisca se sostiene en diversas dimensiones que permiten la convivencia armónica entre los habitantes. Estas dimensiones están profundamente vinculadas con las formas, estructuras de organización, formas de gobierno, normas comunitarias y el respeto mutuo entre las personas y las comunidades vecinas . 

De esta manera, la paz, entendida como la capacidad de afrontar diferencias y conflictos derivados de desacuerdos y desavenencias, se construye a partir del diálogo, la cooperación colectiva y el cumplimiento de reglas que buscan el bienestar común y la protección de los recursos naturales compartidos. Desde su propia organización, cada comunidad aporta a la estabilidad regional, demostrando que el respeto a la diversidad de formas de gobierno comunitario es un elemento fundamental para mantener relaciones pacíficas y duraderas.

El cuidado del manantial, del monte y de los bienes comunes constituyen ejemplos concretos de cómo la organización comunitaria previene disputas, ya que establece límites claros sobre lo que está permitido y lo que no.

El cuidado del manantial, del monte y de los bienes comunes constituyen ejemplos concretos de cómo la organización comunitaria previene disputas.

Desde esta concepción, la prevención de la violencia en estas 21 comunidades indígenas del municipio de Teopisca se basa principalmente en la aplicación y respeto de normas internas y externas que regulan la convivencia social y el uso del territorio. Estas normas permiten anticipar conflictos y resolverlos de manera pacífica antes de que escalen a situaciones de violencia.

El cuidado del manantial, del monte y de los bienes comunes constituyen ejemplos concretos de cómo la organización comunitaria previene disputas, ya que establece límites claros sobre lo que está permitido y lo que no. Asimismo, los letreros y las reglas compartidas ayudan a que tanto los habitantes como las personas externas comprendan las responsabilidades que deben asumir al transitar o al permanecer en las comunidades, evitando tensiones y fomentando el respeto.

Participación de habitantes

Los derechos de los habitantes y de las comunidades se reflejan en el reconocimiento de su autonomía y de sus formas de organización, que conocemos comúnmente como sus usos y costumbres. Cada comunidad tiene el derecho de establecer normas que protejan su territorio, sus recursos naturales y su forma de vida. 

Al mismo tiempo, estos derechos implican responsabilidades: el respeto a las decisiones colectivas, a los acuerdos comunitarios e intercomunitarios, y a las normas establecidas para el bien común. Es importante señalar que el reconocimiento mutuo entre comunidades fortalece la convivencia regional, ya que permite que cada una conserve su identidad, sin imponerla a las demás.

La participación activa de los habitantes es un pilar fundamental en la construcción de paz. A través de asambleas, acuerdos comunitarios y la vigilancia colectiva del cumplimiento de las normas, las personas se involucran directamente en el cuidado de su comunidad. Esta participación fortalece el sentido de pertenencia y responsabilidad: no sólo se obedecen las reglas, sino que se entienden como parte de un esfuerzo colectivo. Mujeres, hombres, personas mayores y jóvenes contribuyen desde sus distintos roles a mantener el equilibrio social, demostrando que la paz se construye de manera comunitaria y cotidiana.

La paz como una práctica diaria

La construcción de paz en las 21 comunidades indígenas de Teopisca es el resultado de un proceso colectivo basado en el respeto, la cooperación y la observancia de normas comunitarias y estructuras propias. A través de la organización interna, la participación activa de los habitantes y el cuidado de los recursos naturales compartidos, las comunidades han logrado prevenir conflictos y fortalecer la convivencia social. 

El respeto a las normas internas y externas no sólo regula la vida cotidiana, sino que también promueve el reconocimiento de la autonomía de cada comunidad y fomenta relaciones armoniosas entre ellas. De esta manera, la paz se entiende no como la ausencia de conflictos, sino como una práctica diaria que se construye mediante el diálogo, la responsabilidad colectiva y el compromiso con el bienestar común, garantizando una vida digna, justa y equilibrada para las generaciones presentes y futuras.

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Así las cosas, las reformas no son suficientes en sí mismas, ni pueden dar resultados automáticamente con su simple promulgación si no son acompañadas de políticas, modelos o estrategias que sirvan de puente entre lo que en realidad viven estos pueblos y lo que señala la ley. La cuestión es sencilla: si las políticas empleadas no están dando los efectos esperados, es necesario transitar a otras que ofrezcan mayores y mejores resultados. Hasta ahora, el pluralismo o diversidad cultural reconocida en la Constitución Federal es sólo un reconocimiento formal, pues en la cotidianidad es perceptible la pobreza, el racismo, la migración involuntaria y la pérdida de sus territorios.

De ahí que consideremos que, una vez hechas las modificaciones constitucionales que otorgan derechos a estos pueblos, lo cual puede considerarse como un primer paso, es fundamental cuestionarse si el modelo de gestión de la diversidad actual, en este caso, el multiculturalismo, está cumpliendo con sus objetivos. O si, en en realidad, está siendo superado por una realidad en la que la diversidad cultural y la emergencia cada vez más activa, tanto a nivel nacional como internacional de los Pueblos Indígenas, es la norma y no la excepción.

El auge del multiculturalismo

En cuanto a la situación de los indígenas en México, el multiculturalismo no ha podido dar solución a sus problemáticas pues se siguen vulnerando sus derechos, territorios y demás expresiones propias. Su implementación en los años 90, se vio materializada, principalmente, a través de reformas constitucionales. Sin embargo, una de las razones de la crisis de este modelo es que no fue más allá del simple reconocimiento de un hecho que es por demás evidente, pero que se trató de pasar por alto: el fenómeno de la diversidad cultural.  

Si bien en su momento, el enfoque multiculturalista fue considerado como el adecuado, al mismo tiempo era visto como un peligro para el Estado-nación, pues se pensaba, o aún se piensa, que la diversidad de culturas en un mismo entorno puede poner en duda la aparente unidad nacional y, estabilidad política y social. En resumidas cuentas, el modelo intercultural nos ha dejado en claro que una realidad multicultural, reconocida formalmente, no necesariamente es sinónimo de convivencia entre pueblos y culturas divergentes en un mismo escenario.

Hacemos referencia a la interculturalidad como enfoque o proceso dinámico que plantea un acercamiento a las diversas formas de expresión que conviven en un mismo entorno.

La política multicultural no hizo sino remarcar las diferencias a partir de un reconocimiento que no promueve la interacción entre los diversos sectores de la sociedad.

Ahora bien, no pretendemos minimizar los resultados del multiculturalismo, pues el hecho de haber reconocido a nivel constitucional la diversidad cultural en 1992 no fue un hecho menor. No obstante, el reconocimiento de las divergencias culturales y de otras formas de percibir la realidad no ha sido suficiente. De cierta forma, la política multicultural no hizo sino remarcar las diferencias a partir de un reconocimiento que no promueve la interacción entre los diversos sectores de la sociedad. Por lo tanto, pensar en otros modelos de gestionar las diferencias no es una opción, es necesario si se quiere lograr una sociedad más democrática, justa e inclusiva.

En ese orden de ideas, el paradigma emergente que se nos presenta como alternativa es la interculturalidad. No nos referimos a la interculturalidad como la simple interacción de personas o el discurso político sin profundizar en las problemáticas reales. Hacemos referencia a la interculturalidad como enfoque o proceso dinámico que plantea un acercamiento a las diversas formas de expresión que conviven en un mismo entorno. Para ello, el interés, aprendizaje mutuo y un mayor entendimiento de sus necesidades, tradiciones, usos y costumbres es imprescindible. En concreto, es interesarse de manera genuina en otras formas de vida.

La interculturalidad, un nuevo paradigma

Por lo tanto, la interculturalidad se hace cada vez más necesaria debido a los límites y deficiencias que ha presentado el multiculturalismo en México en cuanto a la relación que se tiene con los Pueblos Indígenas desde el rol del Estado. Para fines prácticos, podemos decir que la interculturalidad es aquel modelo de gestión de la diversidad que plantea la posibilidad y necesidad de llegar a un nivel de convivencia superior entre diversos grupos sociales con base en el diálogo e interacción positiva.

Es una expresión dinámica que no se limita a describir y aceptar la existencia de una diversidad de grupos sociales en un entorno común. Es un modo de vida, de vivir interculturalmente. Vista desde otra perspectiva, es una aspiración que plantea una convivencia basada en la aceptación de las diferencias la cual conlleva la interacción de culturas heterogéneas en un mismo escenario.

La interculturalidad es aquel modelo de gestión de la diversidad que plantea la posibilidad y necesidad de llegar a un nivel de convivencia superior entre diversos grupos sociales con base en el diálogo e interacción positiva.

La interculturalidad es un modelo de gestión de la diversidad que plantea la posibilidad de llegar a un nivel de convivencia superior entre diversos grupos sociales.

Trae consigo, como hemos dicho, reconocimiento y comprensión de otras expresiones culturales, respeto recíproco, aumento en la capacidad de comunicación e interacción con personas culturalmente diferentes, así como el constante fomento de actitudes y acciones que favorezcan la diversidad cultural. La interculturalidad como paradigma emergente se caracteriza por ser un modelo integral el cual toma en consideración elementos que van más allá de visibilizar las discrepancias.

La interculturalidad no se basa solamente  en la simple inclusión de “los otros”: significa una transformación de tipo estructural y constructiva en donde el diálogo e interacción posibilitan una mayor participación y aceptación. De este modo, no se ejerce presión o influencia para que grupos minoritarios se alejen o dejen atrás usos, costumbres, tradiciones y demás rasgos culturales. Se refiere a la intercomunicación entre la diversidad de saberes, pero de un modo que mantengan cada una su identidad a partir de una actitud crítica y respetuosa entre lo propio y lo ajeno.

Hacia un horizonte intercultural

En el contexto mexicano, las políticas públicas se han enfocado principalmente en la educación intercultural. No obstante, no se ha profundizado el abordaje de la situación de los Pueblos Indígenas desde la interculturalidad. En general, existe un desconocimiento acerca de las condiciones en las que viven, lo que justifica transitar hacia un enfoque intercultural. En cuanto al tratamiento de la diversidad cultural, la interculturalidad pone énfasis en la experiencia mutua, la cooperación, el intercambio y la comunicación entre el Estado y los Pueblos Indígenas en aras de una convivencia que se vea enriquecida culturalmente por la diversidad de formas de pensamiento y cosmovisiones.

Este modelo pretende la interacción entre culturas de modo que mantengan su identidad cultural a partir de una actitud abierta, inclusiva y propositiva en un marco de coexistencia pacífica, que deje atrás la dicotomía mayoría-minoría. Es una necesidad para poder trascender de una realidad multicultural que, hasta ahora, sólo se ha conformado con contemplar las desigualdades. Por ende, es imprescindible arribar a un horizonte intercultural en el cual las diversas expresiones y manifestaciones convivan y se retroalimenten unas de otras.

Se trata de que el reconocimiento formal de la diversidad cultural no se quede simplemente en actos protocolarios. Se debe dar cumplimiento a las demandas reales de estos pueblos, a una serie de compromisos éticos y políticos. 

Se trata de que el reconocimiento formal de la diversidad cultural no se quede simplemente en actos protocolarios. 

En otras palabras, la interculturalidad no sólo se contenta con confirmar y respetar la diversidad cultural en un mismo entorno, sino busca llegar a un nivel de mayor entendimiento a través de una postura crítica en un marco de igualdad y tolerancia. Implica la posibilidad de construir lazos de entendimiento entre estos grupos con el propósito de hacer posible la fraternidad y libertad cultural. Fomenta una actitud de aprecio y afecto hacia las diversas manifestaciones culturales. De cierta manera, es ir del autoritarismo a la generación de canales de comunicación entre el mundo occidental y los Pueblos Indígenas.

Se trata de que el reconocimiento formal de la diversidad cultural no se quede simplemente en actos protocolarios. Se debe dar cumplimiento a las demandas reales de estos pueblos, a una serie de compromisos éticos y políticos tanto al interior como hacia el exterior. Debemos recordar que México es parte firmante de diversos instrumentos internacionales que reconocen y exigen positivar derechos indígenas. Es hacer frente a las necesidades y demandas de desarrollo, justicia e incluso de supervivencia de este sector de la sociedad.

Legislar desde el horizonte intercultural

En ese sentido, un campo fértil en el cual es posible poner en marcha la interculturalidad es el ámbito legislativo, sin perjuicio de poder hacerlo desde otras políticas públicas. Por consiguiente, legislar con enfoque intercultural permitirá crear puentes de comunicación y reconocimiento mutuo en un plano de igualdad y respeto de usos, costumbres, cosmovisiones, formas de organizarse y ver la realidad. Lo anterior irá creando un pluralismo jurídico de carácter igualitario que tome en cuenta otros derechos, que son igualmente válidos y, deben ser respetados y tomados en consideración.

Legislar desde el horizonte intercultural implica tomar en cuenta y poner en valor los diversos sistemas político-jurídicos de los Pueblos Indígenas en tanto genuinos derechos. Este paradigma emergente debe constituirse como un eje rector que contribuya a potenciar el valor social, cultural y político de estos grupos y como una forma de reivindicar de manera efectiva sus derechos. La idea es crear un ambiente de coordinación, más que de subordinación, en el que las diferencias no sean un obstáculo, sino áreas de oportunidad para crear una mejor sociedad.

En el presente siglo, el paradigma que debe prevalecer en México es el de la unidad basada en la heterogeneidad que permita transitar a una convivencia pacífica.

En el presente siglo, el paradigma que debe prevalecer en México es el de la unidad basada en la heterogeneidad que permita transitar a una convivencia pacífica.

A diferencia de otros modelos de gestionar las diferencias, la interculturalidad pretende la construcción de relaciones simétricas tomando como base las identidades propias de los Pueblos Indígenas. De ahí que sea necesaria la creación de leyes que no pasen por alto la realidad multiétnica de México. La interculturalidad es un paradigma sobre la diversidad cultural que toma como bases el respeto, la convivencia, el diálogo y el aprendizaje. Por eso,  permite pensar un escenario en donde las diversas culturas puedan convivir y construir una sociedad más democrática, incluyente y tolerante.

En el presente siglo, el paradigma que debe prevalecer en México es el de la unidad basada en la heterogeneidad que permita transitar a una convivencia pacífica. Todo esto en un marco de tolerancia que valore las diferencias, la dignidad y las diversas formas de pensar, en una atmósfera de tolerancia que fomente el aprendizaje recíproco.

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Si bien existen innumerables casos de desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara, aún no contamos con un estimado actualizado del número total de personas desplazadas, ya que el Estado no ha realizado un censo (a pesar de los mandatos legales existentes). Sin embargo, en 2022, un grupo de organizaciones documentó 61 eventos de desplazamiento que afectaron, al menos, a 1.703 personas. Este informe fue entregado con motivo de la visita oficial de Cecilia Jiménez-Damary, la Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos.

Sólo en los últimos dos años, los medios de comunicación han reportado cientos de familias desplazadas en varios municipios serranos, principalmente, pertenecientes a los pueblos Rarámuri, Ódami, Pima y Guarijío. Esta situación responde al poderío de organizaciones criminales que, además de controlar territorios, se han infiltrado en estructuras políticas, policiales e institucionales.

Crimen organizado y respuesta del Estado

Tras asumir la presidencia en 2006, Felipe Calderón lanzó la denominada “guerra contra el narcotráfico”. Durante su sexenio, se contabilizaron más de 70.000 homicidios violentos. Sin embargo, el resultado fue el opuesto al esperado. En ese periodo se multiplicaron los cárteles y formaron sus propios ejércitos. Mientras el tráfico de drogas se iba expandiendo, la violencia se intensificaba exponencialmente. A pesar de los pésimos resultados, los presidentes posteriores mantuvieron estrategias similares y generaron aún más violencia.

En contraste, la gestión de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se caracterizó por la omisión en el combate al narcotráfico, lo que facilitó el crecimiento, la fragmentación y la disputa territorial entre grupos criminales. Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, y bajo presión del gobierno estadounidense por el combate al fentanilo y el control migratorio, se ha anunciado una nueva política de seguridad. No obstante, en la Sierra Tarahumara no se observan aún resultados favorables.

Estas dinámicas han derivado en una diversificación de las economías criminales: tala ilegal a gran escala, control de ejidos (como se denomina a la forma legal de propiedad agraria en México), extorsiones a comercios (incluidos el turismo), cobros a beneficiarios de programas sociales, venta de alcohol y extracción ilegal de oro, donde también se exige “cuota” a los gambusinos (buscadores de oro artesanales).

Obligados a desplazarse

La violencia se presenta en distintos niveles de intensidad, pero la mayoría de las veces comienza con los asedios prolongados que impiden el acceso a alimentos, salud y educación. Luego, en su máxima expresión, se registran enfrentamientos armados intensos que, a veces, pueden llegar a durar varios días. En consecuencia, ante la falta de respuesta de las autoridades, a la población no le queda otra que refugiarse en sus propias casas. Los grupos armados (“los malos” o “los malandros”) amenazan a las familias para que se unan a sus filas, generando un clima generalizado de terror.

Cuando es posible, las familias enteras escapan a pie para evitar ser vistas, lo que agrava las condiciones físicas y emocionales, especialmente para niñas, niños y personas mayores. Cuando por fin llegan a una comunidad que los recibe, las personas suelen estar hambrientas, sin abrigos, enfermas y exhaustas.

Aunque muchas familias se resisten a dejar sus comunidades, el aumento de la violencia a través de asesinatos, amenazas, violaciones y reclutamiento forzado las obliga a desplazarse para proteger su vida y su libertad.

Aunque muchas familias se resisten a dejar sus comunidades, los asesinatos, violaciones y reclutamiento forzado las obligan a desplazarse para proteger su vida.

El control territorial de los grupos criminales impone restricciones al abastecimiento de alimentos con el objetivo de debilitar al grupo contrario. Esto suele provocar desnutrición severa (especialmente en infancias ya vulnerables), que sólo son detectadas cuando acuden brigadas médicas, que cada vez llegan con menos frecuencia. Las escuelas también se ven afectadas: cuando aumenta la violencia, las y los docentes dejan de acudir, generando retrasos académicos significativos.

Aunque muchas familias se resisten a dejar sus comunidades, el aumento de la violencia a través de asesinatos, amenazas, violaciones y reclutamiento forzado las obliga a desplazarse para proteger su vida y su libertad. Aun así, las personas desplazadas suelen ser criminalizadas por las autoridades y el resto de la sociedad, que cuestionan sus motivaciones o supuestos vínculos con grupos delictivos.

Ciclos agrícolas interrumpidos, reclutamiento forzado y violencia sexual

Los efectos del desplazamiento forzado pueden clasificarse en impactos comunitarios, familiares e individuales, incluyendo diferencias por género y edad. Además, la amenaza o el desplazamiento afectan profundamente a la organización colectiva, interrumpen la toma de decisiones a nivel colectivo, la cooperación entre las familias y las ceremonias tradicionales que celebra toda la comunidad.

Como los ciclos agrícolas se interrumpen por la violencia, las familias se ven obligadas a depender de la ayuda externa para su subsistencia. Las tierras y viviendas se pierden, y las personas desplazadas que no logran regresar a su hogar deben comenzar de nuevo, en contextos que no les permiten producir sus alimentos ni reproducir su cultura. El desarraigo implica un proceso de desterritorialización: alejarse del territorio es también alejarse de su identidad indígena, ya que está profundamente ligada al entorno natural. Las familias, antes sostenidas por la vida en el rancho, ahora viven hacinadas y deben asumir nuevas actividades económicas que suelen ser precarias.

Los hombres jóvenes son reclutados a la fuerza y, si se niegan, los acusan de pertenecer al cártel contrario, los amenazan y, en casos extremos, los asesinan. Muchas familias huyen especialmente para protegerlos. Por su parte, las mujeres jóvenes también enfrentan riesgos de violencia sexual, lo que motiva los desplazamientos preventivos. En algunas familias, los adultos mayores se resisten a dejar sus hogares y los demás miembros los apoyan a la distancia, pues cuando estos adultos son desplazados, el trauma emocional les suele provocar enfermedades.

Comunidades bajo ataque

En septiembre de 2024, la comunidad de Cinco Llagas, en el municipio de Guadalupe y Calvo, fue blanco de múltiples ataques armados. Quienes contaban con medios para huir lo hicieron ni bien comenzó el asedio. Posteriormente, las autoridades estatales y federales concentraron a la población en la escuela local, pero apenas brindaron ayuda humanitaria y no ofrecieron condiciones para salir, pese a la persistencia de la violencia.

En contraste, en Santa Tulita y sus rancherías, las familias resistieron el desplazamiento con apoyo de organizaciones civiles. Aunque muchas lograron permanecer en la comunidad, los hombres no pueden salir a conseguir víveres y el aislamiento persiste. Este lugar representa el centro social más importante para la población ódami, que tuvo que atestiguar cómo sus viviendas eran saqueadas o destruidas, su ganado robado y sus terrenos ocupados. El Estado no ha garantizado la protección de bienes ni el retorno seguro de las personas desplazadas.

A comienzos de 2025, fueron atacados a balazos un sacerdote, una presidenta seccional y el general del ejército. En consecuencia, en junio se suspendieron las clases y los servicios religiosos, y la presidente municipal pidió que no salgan de sus casas.

A comienzos de 2025, fueron baleados un sacerdote, una presidenta seccional y el general del ejército. Y en junio se suspendieron las clases y los servicios religiosos.

Asimismo, en diciembre de 2024, cientos de familias huyeron de sus hogares en la zona de Dolores, empujados por el terror, pues las balaceras no solo eran constantes, sino que también se prolongaban por horas y, a veces, hasta por días. A comienzos de 2025, también fueron atacados a balazos un sacerdote, una presidenta seccional y el general del ejército. En consecuencia, en junio se suspendieron las clases y los servicios religiosos, y la presidenta municipal de Guadalupe y Calvo pidió a la gente que no saliera de sus casas ante la ola de violencia.

A pesar de la profundización de los ataques de los grupos armados, las autoridades son completamente indiferentes al padecer de la sociedad. Recientemente, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, manifestó que no hay enfrentamientos armados entre criminales en Guadalupe y Calvo, y aseguró que sólo habían sido balazos tirados al aire para provocar la sensación de inseguridad. Sin embargo, lo que ocurre en este municipio se replica en otros como Uruachi y Moris: en los últimos seis meses se han desplazado cientos de familias del pueblo Guarijó a poblaciones urbanas para huir del conflicto armado.

En pie de lucha, con dignidad y con alegría

Mediante el trabajo de fortalecimiento y capacitación que las comunidades en Mala Noche han realizado durante los últimos tres años, se ha llegado a la conclusión de que la comunitariedad es la vía de protección y defensa de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas. La permanencia en sus lugares de origen y la garantía de medios de subsistencia para la vida son la base para que puedan vivir en comunidad, ejercer sus derechos y, expresar su identidad cultural y sus tradiciones.

Sin embargo, no existen, hasta ahora, programas integrales que ofrezcan soluciones duraderas. Algunos programas como Sembrando Vida, que requieren la permanencia de sus beneficiarios en el territorio, han ayudado a que ciertas familias mantengan vínculos con sus comunidades y consideren el retorno cuando las condiciones lo permiten. Pero estas medidas son insuficientes frente al desarraigo, la violencia y la injusticia.

Mientras tanto, las comunidades indígenas de Guadalupe y Calvo resisten día a día, buscan cuidar la vida e intentan adaptarse a sus nuevas realidades, en pie de lucha, con dignidad y, por momentos, con alegría.

 Las comunidades indígenas de Guadalupe y Calvo resisten día a día, buscan cuidar la vida e intentan adaptarse a sus nuevas realidades, en pie de lucha, con dignidad y con alegría.

La falta de reconocimiento de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, la ausencia de una política pública de prevención de la violencia que tome en cuenta la opinión y la acción de las comunidades, así como la falta de reconocimiento del problema y sus afectaciones son algunas de las causas por las cuales el fenómeno del desplazamiento forzado interno continúa siendo invisibilizado, desacreditado y minimizado por el Estado mexicano. 

Lejos de un acompañamiento, las personas afectadas son criminalizadas y abandonadas a su suerte, mientras se mantiene el discurso oficial que niega la realidad y, por tanto, niega a las víctimas. Esta es una omisión seria y una grave violación a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de Chihuahua y de México. Mientras tanto, las comunidades indígenas de Guadalupe y Calvo resisten día a día, buscan cuidar la vida e intentan adaptarse a sus nuevas realidades, en pie de lucha, con dignidad y, por momentos, con alegría.

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La cosmovisión hegemónica representada en la retórica de la democracia liberal protestante, que secuestró el relato ético de los derechos humanos universales desde 1948, se ha hecho inverosímil cuando las convenciones e instituciones multilaterales que arbitran las relaciones político-diplomáticas entre los Estados han perdido su legitimidad. Primero, con las guerras de Afganistán, Irak y Libia, luego con la crisis epidemiológica del Covid-19 y ahora por su silencio criminal sobre el genocidio del pueblo palestino perpetrado por Israel. Ocurre lo mismo con todo el Sistema de Naciones Unidas implantado por las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial. 

El cambio de régimen en México

En este contexto, la crisis de actuación y competencia de los organismos multilaterales impacta también en la relación semántica y política entre los Estados y sus pueblos, en el sentido de que la alineación de los sistemas constitucionales con esos estándares internacionales merma como paradigma jurídico. La presión diplomática internacional contra los gobiernos autoritarios y totalitarios, y frente al intervencionismo militar de las potencias dominantes dejó de tener la eficacia simbólica y pragmática de antaño.

De este modo, las ideas políticas neoliberales extractivistas globalistas han entrado en total contradicción con las formas de organización estatal soberanas y nacionalistas. Esto se observa en términos jurisdiccionales y de gobernabilidad; en materia de seguridad pública, control territorial y de recursos estratégicos; y en el monopolio de la violencia como garantía del interés público sobre el privado. La cuestión es dilucidar si estamos ante un modo emergente de descolonización o no.

Los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de su sucesora Claudia Sheinbaum Pardo han consolidado un discurso populista dirigido contra las ideas y prácticas político-económicas intervencionistas reguladas por Breton Woods.

El “nuevo régimen” mexicano ha impuesto una gran escalada de militarización en las funciones institucionales públicas civiles.

En el caso de México, las elecciones presidenciales de 2018 detonaron un cambio de paradigma en el gobierno federal que posibilitó una redistribución del poder político-administrativo y, hasta cierto punto, del político-parlamentario, desplazando a las élites locales que no se alinearon al discurso soberanista del gobernante electo. Al final de 2024, la elección de un nuevo Ejecutivo federal del mismo partido político y una abrumadora mayoría en las dos Cámaras del Congreso de la Unión consolidó el cambio de régimen.

De este modo, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de su sucesora Claudia Sheinbaum Pardo han consolidado un discurso populista dirigido contra las ideas y prácticas político-económicas intervencionistas reguladas por Breton Woods. Sin embargo, el “nuevo régimen” ha impuesto una gran escalada de militarización en las funciones institucionales públicas civiles, al mismo tiempo que descalifica y criminaliza el trabajo de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos violentados. 

Los Pueblos Indígenas como sujeto colectivo de derechos políticos y territoriales

Desde la suscripción del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo por el gobierno mexicano en 1990 y su ratificación por el Senado en 1991, se han llevado a cabo tres reformas constitucionales exprofeso para alinear las leyes y las instituciones con estos estándares: 1992, 2001 y 2024. Más allá del degradé enunciativo de cada ronda parlamentaria, emergió una nueva formación discursiva entre los Pueblos Indígenas y sus comunidades por sus derechos específicos, con el objetivo de denunciar su violación, exigir su justiciabilidad y promover su divulgación en todas sus lenguas maternas.

Aunque es verificable el cambio progresivo en el marco jurídico nacional en materia de derechos indígenas, el Estado mexicano se niega explícita y negligentemente al reconocimiento positivo en la letra de la Carta Magna de los derechos territoriales colectivos de los Pueblos Indígenas. Esto es muy grave cuando los derechos territoriales son una condición de su derecho a la vida, tal y como se ha definido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En tal circunstancia, el derecho a la autodeterminación con autonomía y al Consentimiento Previo, Libre e Informado son sólo retórica y propaganda.

 Las políticas económicas neoliberales extractivistas generalizaron la violencia en los territorios indígenas, vistos como grandes reservorios de recursos estratégicos (hidrológicos, genéticos, minerales y energéticos).

Las políticas económicas neoliberales extractivistas generalizaron la violencia en los territorios indígenas, vistos como reservorios de recursos estratégicos.

Con casi el 24 por ciento de sus 125 millones de habitantes, México es el país del continente americano con la mayor cantidad absoluta de población indígena por autoadscripción. Además, esta cifra representa una mega diversidad etnolingüística que persiste arraigada en sus territorios bioculturales. Sin embargo, las comunidades tradicionales y sus patrimonios territoriales se hallan en una encrucijada de violencia, despojo y violación sistemática de derechos que vulnera su existencia misma.

Al final del siglo XX se experimentó un cambio sociodemográfico de grandes proporciones en la población indígena mexicana, que provocó una gran diáspora migratoria hacia zonas urbanas, campos agroindustriales y los Estados Unidos. Simultáneamente, las políticas económicas neoliberales extractivistas generalizaron la violencia en sus territorios, vistos como grandes reservorios de recursos estratégicos (hidrológicos, genéticos, minerales y energéticos), lo que constituye una causal multifactorial de su desplazamiento forzado.

Los efectos de la organización indígena mexicana

El discurso político de los derechos indígenas facilitó la articulación de un movimiento heterogéneo e inédito, que vinculó a organizaciones y comunidades de todas las regiones del país. El proceso se expandió al movimiento indígena continental y activó nuevas estrategias de gestión dialógica con los gobiernos, creación de redes transfronterizas e, incluso, la formación de autodefensas armadas. Asimismo, se potenció el uso de tecnologías digitales para la articulación, defensa y denuncia de derechos violentados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

Emergió así una nueva generación de liderazgos con la integración generalizada de las mujeres a las estructuras organizativas, de representación y autoridad. A pesar de la reticencia de legisladores y gobernantes de todos los partidos, la movilización política provocó transformaciones recurrentes tanto en las leyes secundarias (que reglamentan la Constitución Federal) como en las constituciones estatales de las entidades federativas.

El discurso político de los derechos indígenas facilitó la articulación de un movimiento heterogéneo e inédito, que vinculó a organizaciones y comunidades de todas las regiones. El proceso se expandió al movimiento indígena continental.

El discurso político de los derechos indígenas facilitó la articulación de un movimiento inédito, que vinculó a organizaciones y comunidades de todas las regiones.

Resulta imposible hacer un recuento simple de las luchas de resistencia al despojo, por la autonomía política y el reconocimiento de estas comunidades como parte de la jurisdicción del Estado. Algunas de las experiencias más emblemáticas han sido la formación del Congreso Nacional Indígena (1993); el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas (1994); el Congreso Nacional de Mujeres Indígenas (1996); y la creación de la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán y Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en La Montaña de Guerrero (1995-1998).

Del mismo modo, se puede destacar la creación del Frente Nacional de Pueblos Indígenas Desplazados por Presas, reconocido por el Movimiento contra las Represas de Brasil (1997), la Coordinadora de Organizaciones Autónomas del Estado de Chiapas (2000), la elección de autoridades municipales por usos y costumbres en Cherán, Michoacán (2011) y la formación de autodefensas en Chiapas y Michoacán (2015-2025).

Consorcios empresarios, crimen organizado y desplazamiento forzado

Paralelamente al desarrollo de los movimientos autonómicos, se exacerbaron las formas públicas y privadas, legales e ilegales de desplazamiento forzado por despojo territorial y biocultural. Los consorcios industriales y el crimen organizado, en su dimensión transnacional, constituyen poderes fácticos que buscan el control o la cooptación del Estado. Por eso, su éxito está directamente relacionado a los niveles de corrupción e impunidad de los funcionarios públicos. En 2024, el Ejecutivo Federal ordenó a sus senadores a bloquear la ley general en materia de desplazamiento forzado, que había sido aprobada por la Cámara de Diputados en 2020 siguiendo estándares internacionales.

Lo que se observa en México y toda América Latina es que el espectro de intereses privados sobre los territorios indígenas se diversifica y profundiza constantemente: extracción masiva de recursos minerales y energéticos; apropiación y control de agua, viento y sol; megaproyectos de infraestructura; “desarrollos” inmobiliarios; agroindustrias y producción pecuaria intensiva; biopiratería para industrias de cosméticos, alimentos procesados, fertilizantes y medicamentos; explotación turística de alto impacto o de élite; trasiego de drogas, armas, migrantes, piezas arqueológicas y especies endémicas.

Más grave aún es que los desplazamientos por despojo se cruzan con la violencia de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y reclutamientos involuntarios. Sin garantías jurídicas sobre sus tierras y patrimonios, las comunidades están expuestas a todas las formas de criminalidad, en un contexto donde las Fuerzas Armadas son incapaces de garantizar la integridad del territorio nacional. Del mismo modo, las Fuerzas Policiacas no tienen capacidad de garantizar la seguridad pública ni la protección de personas o comunidades.

Frente al etnocidio, la resistencia

Durante los últimos 30 años, las organizaciones civiles y los grupos de académicos activistas hemos acompañado a comunidades indígenas desplazadas o en riesgo debido a la violencia, la inseguridad y la violación de derechos humanos en pos de la extracción de recursos. En contraste, los desplazamientos por desastres ambientales suelen ser atendidos por las instituciones de la Protección Civil y no incluyen el despojo territorial. Logramos identificar indicadores tempranos que hacen posible la prevención, siempre y cuando haya voluntad política por parte de las autoridades competentes.

Fenomenológicamente, hay un umbral en las comunidades más arraigadas a sus saberes y prácticas bioculturales que mantienen sus modos productivos primarios ancestrales, donde su vínculo con el territorio les garantiza autonomía alimentaria y energética, aún en situación de aislamiento y subsistencia. Cuando agentes externos con intereses sobre el agua, los recursos bióticos, minerales o energéticos aparecen, esa urdimbre sutil se quebranta de manera estructural y provoca un desplazamiento productivo (reasentamientos involuntarios por obras de infraestructura y proyectos de desarrollo) que rompe las cadenas reproductivas elementales de la formación comunitaria.

Los procesos comunitarios de resistencia, defensa y lucha contra el etnocidio requieren de alianzas con las organizaciones civiles defensoras, comunicadores sociales, académicos activistas y acompañantes multilaterales no gubernamentales.

La resistencia contra el etnocidio requiere de alianzas con organizaciones civiles, comunicadores, académicos y acompañantes multilaterales no gubernamentales.

Cuando los hogares dejan de tener suficiencia alimentaria y energética, se detona un cambio progresivo en los patrones de consumo, en una situación donde la falta de ingreso motiva la diáspora migratoria económica, especialmente entre los adultos más jóvenes. Entonces, las comunidades se pauperizan rápidamente y se desactivan sus sistemas normativos, lo que facilita la división interna, que constituye el preámbulo del despojo de facto y luego legalizado. Finalmente, cuando las comunidades son forzadas al desplazamiento su ethos etnolingüístico muere en una generación.

Los procesos comunitarios de resistencia, defensa y lucha organizada contra el etnocidio requieren de alianzas estratégicas con las organizaciones civiles defensoras, comunicadores sociales, académicos activistas y acompañantes multilaterales no gubernamentales. Frente al contexto de violencia que se vive en México, la negociación política por las garantías jurídicas sobre sus territorios es la piedra angular para evitar la extinción de las comunidades tradicionales por despojo.

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Desde que Roberto Sandoval Castañeda gobernó Nayarit entre 2011 y 2017, se produjo una clara y profunda articulación entre el poder político y la delincuencia organizada. Para el caso de los Pueblos Originarios, esto se tradujo en el aumento de la violencia en sus comunidades por la disputa entre el Cártel de Sinaloa (CS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control de sus territorios. Este enfrentamiento entre grupos delictivos fue ocasionado por la penetración del CJNG en territorios que históricamente habían estado bajo control de los grupos sinaloenses, debido a la doble venta de las plazas por parte de dichos personajes.

Los objetivos de la violencia

A pesar de que ya transcurrieron casi ocho años desde que concluyó ese periodo de gobierno, la íntima connivencia entre la política estatal y los grupos del narcotráfico parece no haber desaparecido. Por lo menos, desde la percepción de mucha gente que habita en las comunidades de Pueblos Originarios. Por el contrario, son crecientes las señales de que existen acuerdos entre los actores delictivos, el Estado y los partidos políticos, particularmente, en el nivel municipal. Y las formas de violencia empleadas por estos grupos delictivos contra las poblaciones indígenas son cada vez más crudas, así como los impactos multidimensionales que éstas producen en la vida ordinaria de personas, comunidades y pueblos.

Existen varios objetivos que estos grupos persiguen en la zona: el control de la producción, venta y consumo de drogas; el reclutamiento de jóvenes para labores de vigilancia y de sicarios en sus ejércitos (prácticamente como carne de cañón); el monopolio de la venta de cerveza y gasolina; y el cobro de piso a actividades comerciales, agrícolas, ganaderas y pesqueras. Todo ello para la obtención de recursos que permitan sostener económicamente sus ejércitos, garantizar su permanencia en la zona y controlar las rutas de trasiego, así como los espacios de seguridad y movilidad para sus jefes.

Existen varios objetivos que estos grupos persiguen: el control de drogas; el reclutamiento de jóvenes para sus ejércitos; el monopolio de la venta de cerveza y gasolina; y el cobro de piso a actividades comerciales, agrícolas, ganaderas y pesqueras.

La presión ejercida desde el Estado y los grupos económicos se ve robustecida por la presencia y acción intimidatoria de grupos delincuenciales armados.

Mediante la coordinación, el Estado, los grupos económicos y los actores delictivos buscan dividir y enfrentar a las comunidades para debilitar sus resistencias a los megaproyectos. Esto se observó con claridad durante la construcción de la presa hidroeléctrica Las Cruces, la explotación de concesiones mineras sin la anuencia de los pobladores (como la de Jazmín del Coquito) o en disputas por tierras de uso agropecuario en Huajimic. En todos estos casos, la presión ejercida desde el Estado y los grupos económicos se veía robustecida por la presencia y acción intimidatoria de grupos delincuenciales armados.

Frente a las distintas formas de violencia ejercidas por los cárteles del narcotráfico sobre la vida diaria de las comunidades de los Pueblos Originarios, podemos identificar distintas formas de respuesta: la adaptación, la huída, las respuestas espontáneas, los intentos de respuesta organizada y las capacidades latentes de innovación.

La adaptación o la huida comunitaria

En primer lugar, las comunidades intentan la adaptación cotidiana. En aquellos territorios donde los cárteles han logrado estabilizar su presencia y control, el uso de la violencia se vuelve más sutil. Si no hay enfrentamientos abiertos con otros grupos delictivos, el cartel puede normalizar su presencia en la vida cotidiana y establecer acuerdos con las autoridades tradicionales y civiles con el objetivo de hacer prevalecer sus intereses y prácticas: el cobro de cuotas, el monopolio de la venta de productos y la imposición de precios.

Asimismo, los cárteles participan en las festividades comunitarias, apoyan económicamente su realización e intervienen como instancia paralegal de impartición de justicia ante el reclamo de alguna parte. Con el paso del tiempo, las bandas criminales se vuelven omnipresentes, poseen una vigilancia total sobre el lugar y sus habitantes, incluso valiéndose de medios tecnológicos como los drones. En estos casos, su presencia no se traduce en agresión flagrante contra la población ni, particularmente, contra las mujeres. Los habitantes viven en una “paz imaginaria” y con el temor latente.

Si las amenazas y los asesinatos se convierten en moneda corriente del día a la noche, entonces el desplazamiento forzado ya no es solo de una persona o de una familia, sino de comunidades enteras, dejando a su paso una estela de pueblos fantasma.

Si las amenazas y los asesinatos se convierten en moneda corriente del día a la noche, el desplazamiento forzado es de comunidades enteras.

En segundo lugar, cuando la adaptación se vuelve insoportable, los Pueblos Originarios optan por la huida. Si en un territorio con relativa calma surge el desacato por parte de algún habitante respecto del orden impuesto por el cártel (vender producción a otros compradores o no cumplir con el pago de cuotas), la actuación del grupo delictivo se radicaliza y se traduce en amenazas, desaparición forzada, tortura y asesinato, ya sea de la persona o incluso de su familia. En ese contexto, la huida a otro municipio, otro estado o a los Estados Unidos es la única alternativa a mano de los afectados.

Esto sucede con mayor razón, cuando la disputa por el territorio entre grupos delictivos llega con mucha violencia. Si las amenazas y los asesinatos se convierten en moneda corriente del día a la noche, entonces el desplazamiento forzado ya no es solo de una persona o de una familia, sino de comunidades enteras, dejando a su paso una estela de pueblos fantasma. Este es el caso actual del municipio de Huajicori, donde al menos seis comunidades rurales fueron desplazadas por la disputa del control de la frontera con Sinaloa.

Entre la espontaneidad y la organización

Una tercera alternativa son las respuestas espontáneas. Estas se registran en los escenarios donde el abuso se ha vuelto prolongado y el contexto general no es aún tan violento contra las comunidades, ya que todavía no se ha impuesto con claridad la hegemonía del grupo delictivo. Un primer tipo de reacción, ha sido el linchamiento comunitario contra los presuntos perpetradores o cómplices de la violencia sufrida. Este es el caso de la muerte de tres integrantes de la policía municipal, abatidos por disparos y luego quemados en su vehículo en el municipio Del Nayar. 

Una cuarta opción es el intento de respuesta organizada. En la comunidad de Santa Teresa, el pueblo entero reactivó la figura tradicional de la policía comunitaria para hacer frente a los abusos de los grupos delictivos que saqueaban la madera en la región y a las autoridades policiales que los encubrían. Además, la policía intimidaba a los pobladores para forzarlos a aprobar el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, que pretendía ser construido por la Comisión Federal de Electricidad en el río San Pedro. Asimismo, se presume que había acuerdos entre las autoridades municipales y las mineras extranjeras para explotar yacimientos de oro y plata en la región. 

En Santa Teresa, el pueblo entero reactivó la figura tradicional de la policía comunitaria para hacer frente a los abusos de los grupos delictivos que saqueaban la madera en la región y a las autoridades policiales que los encubrían.

En Santa Teresa, el pueblo entero reactivó la figura tradicional de la policía comunitaria para hacer frente a los abusos de los grupos delictivos.

El llamado a conformar una policía comunitaria empezó a extenderse regionalmente y sus integrantes se armaron con lo que estaba a su alcance. El desenlace de esta iniciativa comunitaria fue la llegada de numerosos destacamentos policiales a la zona y la aprehensión de su impulsor, Pedro Hernández Delgado, el comisariado de los bienes comunales de Santa Teresa, bajo el cargo de asociación delictuosa. De este modo, el Estado desarticuló la naciente policía comunitaria. 

Finalmente, una quinta respuesta son las capacidades latentes de innovación. Hasta ahora, las comunidades han podido resistir, a pesar de la degradación que la violencia y el consumo de drogas han ocasionado en su vida cotidiana. Dicha capacidad estriba en las fortalezas culturales y organizativas que las comunidades poseen. Sin embargo, cuando los comunarios se percataron de que el propio Estado había saboteado su organización, al intervenir de forma temprana en la desmovilización de la policía comunitaria, se apagó completamente esa llama. 

Nuevas formas de lucha

No obstante las dificultades que enfrentan las comunidades, algunas de ellas se están planteando la reorganización para hacer frente a estos inmensos desafíos. Para algunos de los liderazgos locales, la vía para enfrentar la violencia y degradación social que viven las comunidades pasa por el retorno a la cultura, a la cosmovisión y por escuchar a los consejos de ancianos y su experiencia espiritual. Esto implica retomar la organización comunitaria, las normas propias y la vida política tradicional, así como movilizar estratégicamente los derechos consagrados en la Constitución y en los convenios internacionales signados por México.

Al mismo tiempo, las comunidades tienen que cambiar sus formas de lucha y sus estrategias. Si bien disponen de las formas tradicionales de organización comunal, así como del instinto de defensa de la tierra, cuentan cada vez más con los recursos humanos para revertir la situación en diferentes frentes: cultural, social, mediático, jurídico y político. Además, están aprovechando mejor a los medios de comunicación (convencionales y no convencionales) y a los recursos tecnológicos de punta para tal efecto. 

Este artículo es una versión resumida del texto “Narcotráfico y violencia en los territorios de Pueblos Originarios en Nayarit”, de próxima aparición en el libro “México: autonomías de norte a sur en escenarios violentos”, coordinado por Araceli Burguete y Carmen Ventura.

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Tras los antecedentes del Primer Congreso Indigenista Interamericano de 1940 en Pátzcuaro, la firma de tratados internacionales durante la segunda mitad del siglo XX, el levantamiento zapatista de 1994 y las demandas de organizaciones indígenas en la década de 1990, la cuestión de la educación intercultural bilingüe ha cobrado relevancia nacional mediante la creación de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe y de diversas Escuelas Normales Interculturales, dependientes de la Secretaría de Educación Pública. 

A partir de este escenario, es posible advertir dos grandes vertientes que enmarcan las acciones a favor de la educación intercultural y bilingüe. Por un lado, aquellas promovidas desde el Estado mexicano y, por otro, las desarrolladas por actores de la sociedad civil. Si bien las iniciativas pueden ser antagónicas, en ocasiones tienen puntos de encuentro, de diálogo y se reconfiguran, precisamente, mediante dichas relaciones. De este modo, puede haber confrontación directa hacia las políticas educativas del Estado, así como una constante revisión crítica de ellas.

La nueva escuela mexicana

Un ejemplo ilustrativo es el de las maestras y maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación del estado de Oaxaca. Aunque son trabajadores del Estado y las escuelas pertenecen a la Secretaría de Educación, muchas de las prácticas educativas con enfoque intercultural y bilingüe que implementan provienen de un modelo pedagógico propio. Este Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO) no tiene como base filosófica la interculturalidad sino la comunalidad, es decir, la forma de vida de los pueblos indígenas de Oaxaca, incluyendo su diversidad cultural y lingüística. 

Las políticas educativas interculturales bilingües promovidas por el Estado han transitado de ser meros instrumentos de asimilación cultural a adoptar una perspectiva intercultural crítica, mediante la denominada Nueva Escuela Mexicana. En efecto, el actual plan de estudios contempla a la interculturalidad crítica como un eje articulador: “Un diálogo permanente con la realidad más allá del aula, en los espacios escolares y en los lugares de la comunidad”. En este contexto, la interculturalidad se refiere a sujetos, comunidades e identidades lingüísticas, culturales, sociales y territoriales diversas que interactúan, dialogan, se interpelan y producen diferentes realidades en un marco de relaciones asimétricas. 

Si bien existen varios desafíos en torno a la práctica docente con enfoque intercultural bilingüe, el actual plan de estudios del sistema educativo mexicano insta a las y los profesores a “desarrollar procesos formativos y relaciones pedagógicas que permitan comprender, durante la educación básica, la lógica colonial que opera en nuestra experiencia humana cotidiana”. Surgido en 2019, el Colectivo Nacional de Normales Interculturales Bilingües trabaja en la construcción de una propuesta curricular para la formación inicial básica docente desde la interculturalidad. Esta propuesta responde a los principios de la Constitución Política y al fundamento de la Nueva Escuela Mexicana: cerrar las brechas históricas en materia de equidad y reconocimiento de los derechos educativos de los pueblos originarios.

Universidades interculturales y prácticas comunitarias

A nivel de educación superior, en 2003 surgen universidades interculturales promovidas por el Estado mexicano. Aunque el pronunciamiento oficial señala su calidad y pertinencia cultural y lingüística, en la práctica existe una confluencia entre el multiculturalismo neoliberal y el experimento con innovaciones educativas con enfoque intercultural y descolonial. En realidad la experiencia educativa de cada universidad es diversa, poniendo de manifiesto tensiones y contradicciones, a la vez que respuestas diversas que permiten una construcción diferenciada en relación con las prácticas educativas interculturales.

Por otra parte, existen esfuerzos promovidos por gestores culturales, comunidades indígenas, investigadores académicos, asociaciones civiles y profesores indígenas que generan prácticas educativas afines a la educación intercultural bilingüe: promueven prácticas y conocimientos territorialmente situados, con pertinencia cultural y mediante el uso de las lenguas indígenas. Especialmente, la transmisión intergeneracional de conocimientos en las comunidades indígenas que ha permitido dar continuidad a las lenguas originarias, a los diferentes rituales, al sistema de gobierno propio, a la organización sociopolítica y a las formas de relacionarse con sus territorios.

Si bien las prácticas comunitarias pasan desapercibidas para los investigadores, constituyen los esfuerzos más sólidos en pro de una educación cultural y lingüísticamente pertinentes. Aunado a ello, existen casos más conocidos como la educación autónoma zapatista en Chiapas, la educación comunitaria en Cherán (Michoacán) o la educación comunitaria en la Sierra Norte de Oaxaca, cuyas dinámicas están más sistematizadas y convocan la participación de diversos agentes educativos. En algunos casos, entablan alianzas con académicos o activistas interesados en fortalecer las prácticas educativas locales.

Interculturalizar la educación

En cuanto a la promoción y enseñanza de lenguas indígenas existen múltiples iniciativas y diferentes enfoques: cursos impartidos en las universidades, activismo digital, uso de cómics, generación de materiales didácticos para la educación básica, nidos de lenguas y mapeos lingüísticos. Quienes promocionan estas actividades suelen ser los propios hablantes de lenguas o especialistas en el tema. 

En ese sentido, en 2020, se firmó la Declaración de Los Pinos (Chapoltepek) – Construyendo un Decenio de Acciones para las Lenguas Indígenas, promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Gobierno de México. El objetivo principal de esta iniciativa es “llamar la atención sobre la grave pérdida de lenguas indígenas y la necesidad apremiante de conservarlas, revitalizarlas y promoverlas y de adoptar medidas urgentes a nivel nacional e internacional”.

Los verdaderos esfuerzos siguen siendo encabezados por los propios hablantes, la mayoría de las veces sin un respaldo financiero que les permita fortalecer los procesos.

A cuatro años de haberse firmado la Declaración, se puede afirmar, sin lugar a dudas, que la situación de las lenguas indígenas mexicanas no ha tenido ninguna mejora. Su desplazamiento continúa avanzando y aún no se vislumbran acciones firmes y concretas centradas en cada lengua en particular. De modo contrario, los verdaderos esfuerzos siguen siendo encabezados por los propios hablantes, la mayoría de las veces sin un respaldo financiero que les permita fortalecer los procesos.

Finalmente, el discurso del expresidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto en la mira nacional a los pueblos y las lenguas indígenas. Sin embargo, ha tenido matices de folclor y, aunque con buenas intenciones, los aspectos culturales y lingüísticos han sido banalizados, sirviendo como bandera para celebraciones nacionales o actos políticos. Este panorama ha sacado a la luz el carácter racista de la sociedad mexicana, reflejado en los comentarios discriminatorios hacia las culturas indígenas en las redes sociales. Esta situación refleja la imperiosa necesidad de interculturalizar la educación y las instituciones en aras de conformar una sociedad más dialógica.

Tender puentes para revitalizar las lenguas

Si bien hemos avanzado tanto en el discurso como en la práctica, sobre todo en relación con prácticas educativas interculturales, aún faltan muchos esfuerzos dirigidos hacia el fortalecimiento de las lenguas indígenas. El bilingüismo sigue inclinado hacia el español en detrimento de las decenas de lenguas originarias y sus variantes. Es necesario que tanto los esfuerzos promovidos por el Estado como las iniciativas particulares puedan tender puentes de colaboración y diálogo, en los términos que se consideran pertinentes, pensando en una meta común: el fortalecimiento y revitalización de nuestras lenguas y culturas mexicanas.

Asimismo, vale la pena recalcar el papel que, de manera particular y autogestiva, juegan los docentes que atienden escuelas en contextos indígenas. Muestra de ello son los egresados de la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca. En el marco del XXV aniversario de la unidad educativa, analizaban sus trayectorias docentes y enfatizaban la carencia de materiales educativos en lenguas originarias pero señalaban diversas estrategias de creación de materiales por cuenta propi: títeres, loterías, materiales audiovisuales, libros, juegos y cantos. Esto habla de un compromiso de los docentes hacia las niñeces indígenas. 

Finalmente, debemos advertir que los esfuerzos que existen en nivel primaria por llevar a cabo una educación intercultural bilingüe suelen verse afectados porque en nivel secundaria prácticamente no existen modelos educativos con perspectiva intercultural bilingüe (salvo algunos casos como las secundarias comunitarias indígenas). Y lo mismo ocurre en nivel media superior. Por todo esto, se requiere pensar en un sistema educativo integral donde prevalezca una línea intercultural que garantice el fortalecimiento de dichas prácticas durante toda la trayectoria escolar de los estudiantes.

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La reforma establece diversos aspectos: sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio; autonomía para gestionar recursos públicos; derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada en proyectos que afecten sus territorios; la protección del patrimonio cultural y territorial. La reforma agrega un apartado sobre los derechos específicos de los pueblos afromexicanos y otro especial para mujeres indígenas y afros. Si bien muchos de estos derechos ya tienen rango internacional, ahora han sido incorporados al marco jurídico mexicano (positivista y estatista).

El proceso de construcción de la reforma fue complejo, estuvo liderado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) e incluyó consultas con miles de autoridades comunitarias. Sin embargo, no cumplió los estándares de una consulta conforme al mecanismo de expertos. En consecuencia, podemos decir que, más bien, fue una serie de foros en donde se tomó nota sobre las opiniones.

Desafíos y críticas a la reforma constitucional

El reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio plantea una serie de desafíos y críticas que deben ser abordadas para evitar que se quede en un marco legal sin impacto real en sus condiciones de vida. 

En primer lugar, aunque el estatus de “sujeto de derecho público” otorga a las comunidades un mayor control sobre la gestión de sus recursos, incluyendo la posibilidad de recibir y administrar directamente fondos públicos, esto no garantiza automáticamente su empoderamiento. La falta de capacidades administrativas, infraestructura y acceso a formación adecuada puede limitar gravemente su capacidad para ejercer este derecho de manera efectiva. Sin un apoyo del Estado en capacitación sobre gestión financiera y administración pública, la autonomía que se promete podría quedar vacía y, en el peor de los casos, generar problemas de mal manejo o dependencia de actores externos.

Si bien la reforma da un paso importante hacia la formalización de los derechos colectivos, existe el riesgo de que este reconocimiento sea utilizado como un recurso retórico sin un compromiso real del Estado.

Existe el riesgo de que este reconocimiento sea utilizado como un recurso retórico sin un compromiso real del Estado.

Otra crítica central es la potencial instrumentalización política del reconocimiento de la personalidad jurídica como sujetos colectivos de derecho público. Si bien la reforma da un paso importante hacia la formalización de los derechos colectivos, existe el riesgo de que este reconocimiento sea utilizado como un recurso retórico sin un compromiso real del Estado para dotar a las comunidades de las herramientas necesarias para ejercer esos derechos. Han habido múltiples casos en los que el reconocimiento legal no se ha traducido en un cambio en sus vidas, lo que genera frustración y desconfianza hacia el gobierno.

El patrimonio propio es otro componente clave, pero también complejo. El hecho de que las comunidades puedan administrar su patrimonio de manera autónoma implica que tienen la capacidad de tomar decisiones sobre el uso de sus tierras, recursos naturales y culturales. Sin embargo, en la práctica, esto puede verse limitado por desigualdades estructurales que han precarizado los territorios indígenas por la presión de actores externos que buscan explotar sus recursos para proyectos extractivos o de infraestructura. A lo cual se agrega la presencia del crimen organizado. Sin mecanismos claros para proteger el patrimonio propio, el reconocimiento de su gestión autónoma podría ser más simbólico que real.

El riesgo de que las consultas se sigan haciendo como hasta ahora

La Consulta Previa, Libre e Informada es uno de los pilares más importantes de la reforma constitucional, ya que busca garantizar que las comunidades indígenas y afromexicanas participen activamente en decisiones que afectan sus territorios y modos de vida. Sin embargo, a pesar de su relevancia, este mecanismo presenta múltiples desafíos críticos que pueden limitar su eficacia y, en algunos casos, perpetuar las desigualdades existentes. Por ejemplo, que los protocolos sean elaborados por el Estado sin la participación de los pueblos, como fue el caso de las supuestas consultas sobre el mal llamado Tren Maya.

El principal riesgo es que las consultas se sigan haciendo como hasta ahora, es decir, que sean meramente formales y no cumplan con los estándares internacionales establecidos en el Convenio 169 de la OIT y en el mecanismo de expertos. En muchas ocasiones, las consultas previas realizadas en el contexto de megaproyectos se han llevado a cabo de manera superficial, sin garantizar que las comunidades realmente comprendan el alcance de los proyectos y sus impactos a largo plazo. Esto ha generado desconfianza hacia el Estado y los promotores de proyectos, lo que debilita el propósito del mecanismo y convierte a la consulta en un trámite, más que en un verdadero ejercicio de autodeterminación.

Las empresas y el Estado suelen tener más recursos y acceso a información técnica, lo que coloca a las comunidades en una situación de desventaja al momento de negociar o comprender el impacto total de los proyectos.

Las empresas y el Estado suelen tener más recursos y acceso a información técnica, lo que coloca a las comunidades en una situación de desventaja.

Un segundo riesgo es la falta de consentimiento real por parte de las comunidades. Aunque la reforma establece el derecho a la consulta, no siempre garantiza que las comunidades tengan la opción de rechazar proyectos que consideran perjudiciales. En muchos casos, la consulta se utiliza como un mecanismo para legitimar decisiones que ya han sido tomadas con mucha antelación por el Estado o las empresas, lo que convierte a las comunidades en simples observadoras de un proceso que no necesariamente respeta su voluntad. Esto plantea una contradicción fundamental entre el derecho a la autodeterminación que promueve la reforma y la práctica real de cómo se llevan a cabo estos procesos.

Además, la diferencia de poder entre las comunidades y los actores económicos es otro obstáculo significativo. Las empresas y el Estado suelen tener más recursos y acceso a información técnica, lo que coloca a las comunidades en una situación de desventaja al momento de negociar o comprender el impacto total de los proyectos. Sin un apoyo adecuado, como intérpretes, asesoría legal o defensores especializados, las comunidades quedan expuestas a presiones externas que pueden influir en sus decisiones. Esta falta de equilibrio en las consultas genera un escenario de inequidad, donde los intereses económicos tienden a imponerse sobre los derechos territoriales y culturales de las comunidades.

Asimismo, hay una crítica recurrente sobre la falta de seguimiento y cumplimiento efectivo de los acuerdos alcanzados durante las consultas. Incluso cuando las comunidades logran influir en las decisiones, muchas veces los compromisos establecidos no se cumplen, lo que perpetúa la sensación de abandono y desconfianza. Sin mecanismos claros de rendición de cuentas y supervisión independiente, la consulta previa se convierte en un proceso sin consecuencias reales para las empresas o el gobierno, lo que refuerza la percepción de que es una formalidad más que un verdadero ejercicio de justicia.

El desafío de que el pluralismo jurídico no quede en el plano simbólico

La reforma también establece la protección del patrimonio cultural y territorial de las comunidades, reconociendo sus sistemas normativos y la pluralidad jurídica. Sin embargo, este reconocimiento legal plantea varios desafíos que deben ser abordados para evitar que estos avances queden en el plano simbólico. Primero, no está claro cómo estos sistemas interactuarán de manera efectiva con el sistema jurídico nacional. Más cuando es claro que el pluralismo jurídico reconocido constitucionalmente en México es unitario y no igualitario. No son los indígenas los que ponen sus reglas de relacionamiento con el Estado, es el Estado a través del derecho positivo mexicano quien las pone.

La coexistencia de dos sistemas legales podría generar tensiones y conflictos en la jurisdicción, especialmente en contextos donde los derechos territoriales y los intereses económicos entran en colisión. Sin mecanismos claros para armonizar las leyes indígenas con las nacionales, este reconocimiento corre el riesgo de quedarse en una declaración sin un impacto práctico significativo. Además, la justicia intercultural requiere de una formación profunda y comprometida de los operadores judiciales, desde jueces hasta abogados y defensores públicos, lo cual no se ha desarrollado con suficiente claridad en la reforma.

En cuanto al fortalecimiento de la cohesión social, es importante reconocer que la pluralidad jurídica puede, en algunos casos, exacerbar las desigualdades dentro de las comunidades. No todas las comunidades cuentan con la misma capacidad de organización o recursos, lo que podría generar conflictos internos sobre la interpretación y aplicación de sus propios sistemas normativos. La reforma, si bien permite un mayor control sobre los territorios, debe acompañarse de políticas que promuevan la equidad dentro de las propias comunidades para evitar que las asimetrías existentes se profundicen. 

Una reforma que podría ser solamente simbólica

En relación con la justicia climática, el reconocimiento de los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas es un componente clave para la protección ambiental, dado que estas comunidades han sido históricamente guardianes de la biodiversidad. No obstante, este enfoque enfrenta tensiones con los intereses económicos del Estado y las empresas extractivas, que siguen priorizando megaproyectos sin el consentimiento real de las comunidades afectadas. La justicia climática sólo será alcanzable si la voz y los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas son respetados en la toma de decisiones sobre sus territorios, lo que requiere un cambio profundo en las políticas de desarrollo.

En cuanto a la equidad de género, la reforma incluye disposiciones para la participación de las mujeres indígenas y afromexicanas en la toma de decisiones. Sin embargo, este avance es insuficiente si no se acompaña de medidas concretas para asegurar que estas disposiciones se implementen en la práctica. En las comunidades, las mujeres enfrentan barreras tanto dentro de sus contextos culturales como en su relación con el Estado, lo que requiere políticas específicas de empoderamiento y apoyo para garantizar que su participación no sea simplemente un ideal en papel. Y esto sólo será posible con la participación de los pueblos indígenas como sistemas complejos.

Históricamente, el Estado mexicano ha otorgado reconocimientos formales a los derechos de los pueblos indígenas, pero sin comprometerse a transformar las dinámicas de poder que perpetúan la exclusión y la marginalización. 

Uno de los problemas más destacados es la falta de claridad sobre cómo se garantizará la asignación de recursos presupuestales específicos para implementar los derechos reconocidos. Sin un financiamiento adecuado, los mecanismos de Consulta Previa, Libre e Informada podrían convertirse en simples formalidades, sin un verdadero poder de decisión para las comunidades. Además, la autonomía prometida podría quedar vacía si las comunidades no cuentan con los recursos y la infraestructura necesaria para gestionar sus propios proyectos.

Finalmente, existe el riesgo de que la reforma se quede en un reconocimiento simbólico o retórico sin cambios estructurales profundos. Históricamente, el Estado mexicano ha otorgado reconocimientos formales a los derechos de los pueblos indígenas, pero sin comprometerse a transformar las dinámicas de poder que perpetúan la exclusión y la marginalización. Sin un cambio real en las políticas económicas que priorizan el extractivismo y los intereses comerciales, el impacto de la reforma podría verse limitado.

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Como ya se sabe, el ejecutivo federal representado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se ha dedicado a descalificar a quienes siquiera nos atrevemos a decirle: “Señor Presidente, deben cumplirse los estándares internacionales de consulta a los pueblos indígenas”. Lo cual se agrava por la presencia del crimen organizado en distintas regiones del país, sobre todo, en el área rural donde habita la población indígena y no indígena. Para algunos, el crimen organizado ya es crimen autorizado. 

La falta de obligatoriedad legal (y hasta moral), de pericia y diligencia para detener el éxodo de comunidades completas hacen dudar sobre la seriedad de las acciones que el gobierno federal mexicano diseña e implementa para salvaguardar los territorios indígenas y rurales. ¿Será que para AMLO y su gobierno son pocas las comunidades obligadas al desplazamiento forzado y no son representativas de los millones de mexicanos? Si así fuera, ¿entonces una vida no cuenta como la de miles? En este caso, ¿la vida de unos cuantos no vale la pena si el resto no vive la pesadilla del crimen organizado con la tolerancia de las autoridades?

Reformas que no ayudan

Las reformas llevadas a cabo por el sexenio gubernamental saliente han regulado los derechos de indígenas, afros y sus pueblos. Sin embargo, no han elevado el rango de su cumplimiento, sino más bien los han obligado a ceñirse al pluralismo unitario y desigual preexistente, que está institucionalizado en el artículo 2 de la Constitución (sancionada en 2001 y reformada en 2019). Además, las reformas propuestas en general y, especialmente, en materia indígena contrarrestan el bloque constitucional de Derechos Humanos aprobado en 2011. Estas son algunas de las reformas más relevantes:

1. La propuesta de reforma al artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público que fue aprobada por la Cámara de Diputados recientemente.

2. La reforma a la Ley de Salud en materia de partería tradicional y partería indígena con la correspondiente Política Nacional sobre Medicina Tradicional y Partería. 

3. El acuerdo por el que se expide el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

Adicionado a lo anterior, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (instancia creada al interior del Gobierno Federal denominada Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas) elaboró una propuesta de reforma judicial donde el tema central es que la integración del Poder Judicial Federal deberá incorporar los principios de pluriculturalidad, interculturalidad, pluralismo jurídico e igualdad de hombres y mujeres, pero también señala cuotas indígenas para ocupar cargos como operadores de justicia. A continuación, abordamos los puntos más relevantes.

El artículo 2 de la Constitución mexicana

Recordemos que en agosto de 2001, se había reformado el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. En aquella modificación, se había establecido el criterio de la “conciencia de ser” como mecanismo de “autoadscripción” para la autodenominación de pueblos y personas indígenas.

Sin embargo, en la actual reforma aprobada este año por la Cámara de Diputados se eliminó el párrafo que señalaba la conciencia de ser indígena como criterio para el reconocimiento de personas y pueblos indígenas. De este modo, se dejó el siguiente párrafo: “Para el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se deben tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos, de asentamiento físico y de autoadscripción”.

Las reformas legales y constitucionales pro indígenas o afro no atienden las bases estructurales de la desigualdad: el racismo, la discriminación, el paternalismo, el asimilacionismo y la racialización.

Las reformas legales y constitucionales pro indígenas o afro no atienden las bases estructurales de la desigualdad.

En consecuencia, se agregó la condición del reconocimiento de sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio: “Se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio”. Esto es loable porque abre el camino para concretar la exigencia (desde el levantamiento zapatista y los diálogos de San Andrés) sobre el reconocimiento de un cuarto nivel de gobierno, más allá del federal, estatal y municipal. Sin embargo, no se reforma el artículo 115 (que se refiere a la estructura del Estado), sino sólo el 2° de la Constitución. ¿Qué pasó? Seguramente los representantes del status quo se opusieron a compartir el poder con los indígenas.

Mientras tanto, en el municipio de Chicomuselo (Chiapas), las comunidades se movilizaron contra la minería de barita. La respuesta del crimen organizado fue violenta: desplazaron de manera forzada a decenas de comunidades. Igual de grave ha sido la tolerancia del Estado. ¿Cómo podrán hacer efectivo el derecho de ser sujetos de derecho público para ejercer sus facultades y proteger sus territorios? Algo similar les ocurre a los huicholes asfixiados por el crimen organizado y al líder Maurilio Ramírez Aguilar que fue secuestrado. Así, las reformas pro indígenas o afro no atienden las bases estructurales de la desigualdad: el racismo, la discriminación, el paternalismo, el asimilacionismo y la racialización.

La partería indígena y tradicional

La Reforma a la Ley de Salud en materia de partería tradicional y partería indígena es importante porque reconoce el saber biocultural de los pueblos indígenas y afros. Sin embargo, las malas prácticas en el sistema público de salud en su relación con los pueblos y, concretamente, con mujeres y hombres que ejercen la partería tradicional indica que su implementación será muy difícil hasta no cambiar las bases del racismo que sostienen al sector, las mentalidades de sus operadores y sus prácticas.

Si bien el gobierno ha creado protocolos para el personal de salud en la implementación de leyes, los movimientos locales y nacionales de parteras y la Agenda Nacional por la Partería Tradicional alertan de los riesgos y peligros de no empezar a limpiar la casa desde adentro. En pocas palabras, están diciendo que las mentalidades coloniales, soberbias, racistas y hegemónicas del sector salud sobre el conocimiento tradicional y la medicina indígena obstaculizan la implementación de la partería indígena.

Por la criminalización que han padecido, las parteras y parteros dudan de la elaboración de una Norma Oficial que logre tal cometido, lo cual violenta el derecho a la consulta conforme a estándares internacionales. Además, se corre el riesgo de perpetuar el clientelismo, la imposición, los privilegios y la desigualdad, incluso entre las propias personas que ejercen la partería tradicional. Esto es relevante ya que están las parteras indígenas, pero también aquellas que obtienen estos conocimientos en condiciones privilegiadas y exigen el mismo trato.

La burocratización y la ausencia de representación

El Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas tiene como objeto facilitar el acceso a recursos para aquellas comunidades que posean sus cédulas de identificación. Esto nos hace pensar por qué multiplicar los procesos burocráticos a pueblos asediados por megaproyectos, el crimen organizado y el desplazamiento forzado, si justamente ya existen bases de datos de fuentes oficiales. ¿Qué pasará con los grupos que también forman parte de la pluriculturalidad, pero que son privilegiados por políticas de colonialismo como los menonitas que han devastado la península de Yucatán? 

Finalmente, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) ha propuesto reformar el Poder Judicial Federal para que cumpla los principios de pluriculturalidad, interculturalidad, pluralismo jurídico y respeto a las condiciones de género. La propuesta hace hincapié en la jurisdicción indígena: “El Poder Judicial de la Federación deberá coordinarse con los pueblos y comunidades indígenas para el respeto y ejercicio de la jurisdicción indígena (…). En los Circuitos con población indígena y afromexicana, procurarán que las propuestas recaigan en personas que cumplan los requisitos indicados previamente y además conozcan la cultura y lengua indígena de dicha circunscripción”.

Lo que preocupa del CNPI es que no es un órgano representativo de los pueblos indígenas, pues se integró sin realizar las consultas conforme a los estándares internacionales. De igual forma, la propuesta no atiende las bases de la desigualdad estructural y, en el actual contexto de violencia y violación a derechos humanos, las reformas son de forma y no de fondo. Y solo buscan cambiar las burocracias y apuntalar viejas élites políticas o cambiar parte de ellas por nuevas. En los hechos, las reformas no quitan privilegios ni zanjan las brechas de la desigualdad y de la implementación de los derechos para todos y todas.

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La desaparición forzada es una forma de tortura continuada que se empleó contra disidentes políticos y guerrilleros en los años sesenta y setenta, tanto en México como en otras regiones de Abya Yala. A partir de 2006, empezó a ser utilizada de forma generalizada por agentes armados legales e ilegales como estrategia de castigo, control territorial y terror, cuando el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) inició lo que coloquialmente se conoce como “guerra contra el narco”. Esta estrategia militarizó la sociedad, implicó una mayor circulación de armas en el país e, incorporó técnicas de tortura y de manejo de los cuerpos que los militares habían aprendido en el marco de los conflictos armados. 

Si bien fueron los gobiernos de derecha los que iniciaron la “guerra contra las drogas”, los gobiernos de centro izquierda de Andres Manuel López Obrador (2018-2024) y Claudia Sheimbaum (2024 – ) han dado continuidad a esta estrategia, dándole más poder e impunidad al ejército mexicano. A pesar de que la retórica utilizada por estos gobiernos ha puesto en el centro la lucha contra la desigualdad, los derechos de las mujeres, de las víctimas y los Pueblos Indígenas, en la práctica han continuado las políticas de militarización de la seguridad pública, de despojo y violación a los derechos humanos por parte cuerpos policiales, militares y migratorios. Esto denunciaron los colectivos de búsqueda en sus movilizaciones durante el Mundial de Fútbol. 

Más de 70.000 cuerpos sin identificar

Entre las demandas de este movimiento se encuentra la identificación de los más de 70.000 cuerpos que están bajo custodia estatal: en morgues, instituciones de servicios periciales, hospitales y fosas comunes de fiscalías. Si faltan 133.000 personas y el Estado tiene bajo su custodia los restos de 70.000 personas, las familias saben que muchos de sus seres queridos podrían estar esperando ser identificados para regresar a casa. La respuesta estatal a esta demanda ha sido que no se cuenta con los recursos económicos ni materiales para llevar adelante esta tarea. El entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se refirió a esta realidad como “la crisis forense mexicana”.

Sin embargo, el saldo de la organización de la Copa del Mundo habla por sí solo: no hay dinero para buscar e identificar a las personas desaparecidas, pero sí para invertir 1.323 millones de dólares en obras de infraestructura para hacer posible el Mundial de Fútbol. Ante esta realidad, los colectivos de familiares de personas desaparecidas tomaron las calles de las tres ciudades en donde se realizó el mundial al clamor de “México, campeón en desaparición”. Mientras las sedes mundialistas se llenaron de carteles que anunciaban que la pelota regresaba a casa, las familias exigían: “La pelota vuelve a casa, ¿nuestros desaparecidos cuándo?”. 

Violencias en territorios indígenas, despojos y desapariciones

En el contexto del Mundial de Fútbol, los colectivos de familiares de personas desaparecidas buscaban mostrar este otro rostro de los llamados gobiernos de la “Cuarta Transformación”: gobiernos de centro-izquierda que han continuado con políticas de muerte e impunidad y han posibilitado que, solo en los seis años de gobierno de López Obrador y los dos primeros años de Claudia Sheibaum, hayan desaparecido 67.000 personas. Si bien no tenemos la cifra exacta de cuántos de estos desaparecidos pertenecen a Pueblos Originarios, debido a que no se cuenta con datos desglosados por origen étnico, sí sabemos que las violencias extremas tienden a concentrarse en territorios pobres y racializados, donde habitan las comunidades.

Las historias de personas indígenas desaparecidas en Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Chihuahua dan cuenta de un continuum de violencias que incluye la violencia estructural, que antecede a la desaparición forzada y forma parte del agravio. El racismo contribuye a concentrar las desapariciones en las regiones más pobres y marginadas del país. La estructura colonial ubica a determinados cuerpos en ciertos territorios, que reciben menos recursos y menos atención en las políticas públicas. En una sociedad racista y racializada como la mexicana, la identidad indígena es un factor que duplica las posibilidades de sufrir violencias. La denuncia, la búsqueda y el acceso a la justicia se vuelven un desafío mayor cuando no se habla el español (y no se cuenta con traducción) y escasean los recursos para trasladarse a las ciudades en donde se encuentran las instituciones judiciales y de búsqueda.  

Esta es la otra cara del México mundialista que los colectivos de búsqueda decidieron mostrar que, en las inmediaciones de los estadios de fútbol, hay fosas clandestinas donde se ocultan los cuerpos de quienes nos hacen falta.

Esta es la otra cara del México mundialista: en las inmediaciones de los estadios de fútbol, hay fosas clandestinas donde se ocultan los cuerpos de quienes nos hacen falta.

Por eso, nos referimos a las múltiples ausencias de indígenas desaparecidos porque, además de su ausencia física en las comunidades de las que formaban parte, hasta hace poco había una falta de reconocimiento a su identidad étnica en estadísticas oficiales sobre la desaparición, además de un silencio sobre el fenómeno en las movilizaciones indígenas. Muchos de sus cuerpos han terminado en fosas comunes estatales sin que existan expedientes forenses que permitan a sus familiares encontrarlos. 

En paralelo a los miles de jóvenes indígenas anónimos que han sido reclutados de manera forzada por el crimen organizado y desaparecidos, o han sido asesinados por resistirse al reclutamiento, están las historias documentadas por organismos internacionales de 46 defensores indígenas del territorio que, desde 2019, han sido asesinados o desaparecidos por defender sus territorios del despojo por parte de proyectos mineros o desarrollistas. Esta es la otra cara del México mundialista que los colectivos de búsqueda decidieron mostrar al tomar las calles y recordar a los aficionados que, en las inmediaciones de los estadios de fútbol, hay fosas clandestinas donde se ocultan los cuerpos de quienes nos hacen falta. 

Los colectivos de familias buscadoras ante el Mundial

La Ciudad de México fue la encargada de acoger la ceremonia y el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, concretamente en el Estadio Azteca, sede mundialista ubicada en la zona de Santa Úrsula Coapa, un Pueblo Originario cuyo territorio quedó fragmentado por la construcción del recinto deportivo. Por tercera vez en su historia, el pueblo de Santa Úrsula ha tenido que albergar un mundial de fútbol mientras el acceso a su territorio es restringido y obstaculizado. Además, en el marco de este mundial, tal y como sucedió en las ocasiones anteriores, el contexto social de México no es el que el gobierno ha querido vender al mundo.

Frente a una ciudad que es cada vez más hostil para sus habitantes y una FIFA bajo sospecha de corrupción y tráfico de influencias, las personas que buscan a un ser querido desaparecido prepararon una agenda de movilizaciones y acciones de memoria para agrietar la cancha de pasto verde y alzar sus demandas de justicia. Así, incluso bajo amenazas y acciones represivas por parte del gobierno, las familias buscadoras encontraron la manera de unirse a la euforia mundialista sin atacarla, porque, como ellas mismas dicen, sus hijos e hijas, esposos y esposas, hermanos y hermanos, y amigos y amigas también son fanáticos y fanáticas del fútbol. Por eso, las familias buscadoras han salido a la calle a expresar que no quieren que haya otro Mundial sin que sus seres queridos estén de regreso en casa. 

Estas acciones de protesta se han llevado a cabo tanto en Ciudad de México como en Guadalajara y Monterrey (las tres ciudades sede del Mundial en nuestro país) y han ocupado planas de medios a nivel nacional e internacional. El caso de Guadalajara ha sido de los más sonados, no solo por las movilizaciones, sino porque los colectivos de búsqueda han documentado que en las inmediaciones del Estadio Akron se han localizado varias fosas clandestinas. 

Las movilizaciones y acciones de las familias han sido múltiples: la caminata y velada nocturna previas al partido inaugural; la marcha llevada a cabo el día de la inauguración, en la que algunas familias lograron llegar a las inmediaciones al Estadio Azteca tras cruzar el cerco que les impedía el acceso; las intervenciones gráficas y visuales de la cultura mundialista; los carteles con el rostro de las personas desaparecidas como las figuritas del álbum Panini; las pegas masivas de fichas de búsqueda; las “cascaritas [como se llama en México a los partidos entre amigos] por la memoria y contra el olvido”; la creación de la botarga del “Ajolote buscador” (un anfibio endémico de las lagunas del Valle de México y divinidad en el mundo mexica).

Ante este clima de protestas, actos memoriales, actividades culturales y celebraciones interreligiosas, el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum dio una respuesta muy alejada de lo que podría esperarse: llegó incluso a insinuar que los colectivos habían acudido a las manifestaciones con financiamiento ilícito. En lugar de comprometerse a investigar las desapariciones de personas (muchas de ellas ocurridas durante su gobierno), el discurso oficial anunció que se investigaría dicho financiamiento, hecho que fue denunciado por las familias buscadoras como revictimizante. 

En consecuencia, el discurso oficial, los cercos policiales y los diversos intentos de limitar las protestas fueron parte de la respuesta estatal y federal. Entre los hechos destaca la lamentable acción represiva cometida por parte de la policía de la Ciudad de México contra familias buscadoras y personas solidarias que se encontraban realizando una acción pacífica sobre una de las avenidas que conectan directamente el centro de la ciudad con el Estadio Azteca, el día que se jugaba el partido entre México y Ecuador. Como resultado, Fernando Vargas, padre de Olin Hernando Vargas, desaparecido en 2024, fue herido. Mientras tanto, las movilizaciones por la memoria y contra el olvido continúan.

¡Todxs al Estadio!: crónica de la marcha nocturna pre-inauguración

El 10 de junio del 2026 tuvo lugar una caminata en Ciudad de México que, bajo el lema “Iluminemos la búsqueda”, salió de la estación del tren ligero Registro Federal con la intención de llegar al Estadio Azteca. A las ocho de la noche comenzamos a marchar, con una presencia masiva de medios nacionales e internacionales. Una de las familiares coordinadoras del evento agarró el megáfono y gritó: “¡Pedimos a todas las personas que dejen su rostro al descubierto!”. Esta petición resaltaba el carácter pacífico de la manifestación y buscaba evitar que actores externos desprestigiasen el interés genuino de la acción. 

Unos metros antes de llegar al límite de la ‘última milla’ –un perímetro de acceso restringido alrededor del estadio, al que solo lxs vecinxs y el público de los partidos tenían acceso–, la caminata se volvió más cautelosa. Lxs manifestantes nos agarramos de los brazos y decidimos seguir caminando. Mientras recorríamos esos últimos metros, a lo lejos comenzó a perfilarse una imagen extraña. En una subida de la calzada se veía un reflejo de luces que bloqueaba el paso. Algunas pensamos que podían ser los flashes de las cámaras de la prensa, pero conforme nos acercamos, la visión se volvió más nítida. Al menos diez hileras de policías obstaculizaban el paso, mientras la luz de las farolas se reflejaba en la superficie de sus escudos. De un lado, entonces, quedaba la coraza policial; del otro, las familias con sus megáfonos gritando: “¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos!”.

Cuando quedamos en frente de las hileras de policías, las familias mantuvieron los ánimos. Algunas cantaron y oraron en colectivo, mientras otras improvisaron un altar, en el que se fueron depositando las veladoras de la caminata. También se organizaron cascaritas en medio de la calzada. Poco a poco, y conforme avanzaba la noche, la concentración comenzó a dispersarse y los alrededores del estadio se vaciaron de manifestantes. Sin embargo, al igual que el Mundial estaba a punto de comenzar, las acciones de protesta frente al mismo también se dieron por inauguradas.

¡Hagamos que suceda!: la cascarita por la memoria y contra el olvido

En las inmediaciones de la Glorieta de las y los Desaparecidos, así renombrada por las familias buscadoras, el asfalto se ha transformado de manera espontánea en el estadio donde hoy se juega el partido “por la memoria y contra el olvido”. Pintura blanca delimita la cancha. Las porterías son señaladas por un par de mochilas. En la cancha, las y los jugadores portan jerseys de la selección nacional intervenidos a modo de visibilización y denuncia: algunos llevan impresos los rostros y nombres de personas desaparecidas; otros, consignas de denuncia contra la crisis de desaparición. Los equipos no se enfrentan como rivales: colaboran para “meter gol contra el olvido”. Cada gol marcado es un gol por la memoria.

Entre el público aficionado y los jugadores se levantan mantas y pancartas con los rostros y nombres de quienes nos hacen falta, aquellos y aquellas por quienes se juega esta cascarita. Verónica, Benita y Dioni, mujeres buscadoras pertenecientes al colectivo “Uniendo Esperanzas”, juegan en el equipo retador. En sus jerseys portan a sus hijos desaparecidos: Diego Maximiliano, Fernando Iván y Guillermo David. La alineación de su equipo se completa con Leo, el pequeño nieto de Benita, y un grupo de mujeres y hombres jóvenes que las acompañan solidariamente en la búsqueda de sus hijos. Con destreza y tenacidad, entregan todo en la cancha.

La cascarita por la memoria y contra el olvido, por la verdad y la justicia, se sigue jugando todos los días, hasta encontrar a todas y todos los que nos hacen falta.

La cascarita por la memoria y contra el olvido, por la verdad y la justicia, se sigue jugando todos los días, hasta encontrar a todas y todos los que nos hacen falta.

El marcador sigue en juego. Los equipos van entrando a la cancha según su turno. Cada gol es celebrado. Toda falta de solidaridad está “fuera de lugar”. En un momento de tensión en la cancha, la hermana Pao, árbitro voluntaria del partido y religiosa católica acompañante de las familias buscadoras, marca con firmeza una tarjeta roja contra la injusticia. Rápidamente, pone de nuevo el balón en juego, no sin antes recordarle a todos los presentes que este partido es colaborativo. Entre los retadores se encuentran jugadores que también entregan todo en la cancha por diversas causas justas. La colaboración entre todos los jugadores es estratégica para meter goles por la justicia.

A unos instantes de que caiga la lluvia, el último gol de esta jornada de fútbol callejero mexicano es anotado. Se acaba la cascarita. Las y los jugadores corren a resguardarse de la lluvia donde les sea posible. Sin embargo, este no es el fin del partido principal. El que a diario juegan las familias buscadoras. La cascarita por la memoria y contra el olvido, por la verdad y la justicia, se sigue jugando todos los días, hasta encontrar a todas y todos los que nos hacen falta.

La posibilidad de jugar un partido más

Durante los 39 días que duró el Mundial de Fútbol, las familias buscadoras no dejaron de levantar sus voces, de meter goles por la memoria y de recordar a la ciudadanía que la nación mexicana está incompleta y fracturada: nos faltan al menos 133.000 personas desaparecidas. Ante un nacionalismo futbolero, que muchas veces mostró poca empatía hacia el dolor de las familias, los colectivos de búsqueda mostraron la otra cara del México mundialista. Ante un gobierno y una sociedad que niegan la crisis de desapariciones, las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos continúan de-velando el rostro de un México profundamente herido.

Los territorios indígenas siguen siendo despojados, ocupados y convertidos en estadios de fútbol o en cementerios clandestinos, mientras que el gobierno inunda los medios de comunicación con propaganda indigenista sobre leyes y políticas públicas, que no responde a las políticas reales de despojo, violencia e impunidad que viven los Pueblos Originarios de México.

Mientras este país intenta ocultar su rostro lacerado por la desaparición, por las fosas clandestinas y por las múltiples violaciones a derechos humanos, las familias buscadoras no dejan de hacer visibles los nombres y rostros de las más de 133.000 personas que nos faltan. Sus acciones y movilizaciones son actos por la memoria y contra el olvido. Esperemos que cada una de esas ausencias no sea recordada sólo por quienes las buscan a diario, sino también por todos aquellos a quienes creamos que las personas merecemos una cancha justa, un recuerdo digno y la igual oportunidad de ver (o jugar) un partido con aquellos a quienes amamos.

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Foto: Ramón Martínez Coria

México es uno de los países latinoamericanos con mayor diversidad etnolingüística en referencia a sus pueblos originarios: hablan 364 variantes de 68 agrupaciones lingüísticas pertenecientes a 11 familias indoamericanas. Su población en términos de identificación y registro, ha sido por décadas un contrapunto entre el Gobierno Federal, académicos, sociedad civil y las comunidades que los constituyen. Tomando en cuenta el criterio de la autoadscripción calificada y el último censo de 2010 (el nuevo censo general que debía realizarse este año fue interrumpido por la crisis del coronavirus), podemos calcular que la población indígena total fluctúa entre los 14 y los 18 millones de personas.

La tribu guarijía forma parte de la familia lingüística yuto-nahua (que se extiende desde Alaska hasta El Salvador) en su rama tara-cahíta y sus comunidades están asentadas en la Sierra Madre Occidental, las montañas ubicadas en la frontera interestatal de Sonora y Chihuahua en el noroeste del país. Los guarijíos conforman una de las comunidades más vulnerables por su baja demografía, extrema pobreza y exposición a la violencia del crimen organizado. Actualmente, solo quedan cerca de 2000 guarijíos en Sonora y otro tanto en Chihuahua.

El territorio sonorense está enclavado en la selva baja caducifolia más al norte del continente y su cultura tradicional depende del vínculo milenario con el río Mayo en su cuenca media. Son comunidades que viven de la pesca ribereña, la agricultura de temporal, la cacería y la recolección, en un entorno de mega diversidad biológica. Si bien los anales españoles habían registrado como exterminados a los guarijíos desde el final de la época colonial, un activista canadiense llevó en 1978 a unos danzantes guarijíos ante el presidente de la República. A partir de este acontecimiento, el Estado mexicano reconoció su existencia y los dotó legalmente de tierras hasta 1980.

En 2010, el Gobierno estatal de Sonora con anuencia del Gobierno Federal, hizo pública la puesta en marcha arbitraria del proyecto para la construcción de la presa Los Pilares, justamente en el epicentro sagrado del territorio guarijío. Para ello, se especificó un supuesto interés público muy ambiguo, referido a la contención de avenidas de agua que previniera las inundaciones en el distrito de riego en la cuenca baja del mismo río, que desemboca en el Golfo de California. Se dio luz verde a la obra. La afectación del territorio guarijío y el consecuente desplazamiento forzado de su población, simplemente se consideró un problema colateral y los promotores asumieron que la tribu guarijía cedería su patrimonio colectivo sin la menor resistencia.

El riesgo de despojo territorial y desplazamiento forzado de los guarijíos en favor de la obra surgió cuando el gobierno no informó la concesión realizada al consorcio minero y agroempresarial para construir la represa: no acreditó evaluaciones de impacto socioambiental, no gestionó administrativamente la expropiación de tierras y bienes, y mucho menos pensó en un proceso de consulta previa, libre e informada a la tribu. Por mandato de sus asambleas, los gobernadores tradicionales de las comunidades directamente afectadas, buscaron el apoyo y acompañamiento de actores no gubernamentales para exigir y defender sus derechos humanos colectivos y sus derechos agrarios constitucionales.

En 2011, las autoridades tradicionales de la tribu guarijía invitaron a un grupo multidisciplinario de ocho asesores, conformado por académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio de Sonora, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la red de Científicos Comprometidos con la Sociedad AC, así como por defensores de las organizaciones Foro para el Desarrollo Sustentable AC y, Diálogo y Movimiento AC.

De este modo, junto con los gobernadores tradicionales y comisariados agrarios de las comunidades guarijías conformamos la Red Kabuéruma, que en lengua guarijía significa “lo que está bien hecho”. Aquí exponemos algunos elementos de la gestión por la Justicia para este pueblo ancestral, con quienes hoy seguimos luchando por su derecho a la vida, a no ser exterminados en aras del desarrollo y a conservar su patrimonio biocultural en condiciones de paz.

Los derechos colectivos violentados

Si bien México suscribió el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989, realizó reformas constitucionales en la materia en 1992 y 2001, y reformó su Carta Magna en 2011 para alinearla con los estándares de derechos humanos universales, existen asignaturas pendientes para hacer justiciable el reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas como entidades colectivas de derecho público, el reconocimiento de su patrimonio territorial y biocultural, y el ejercicio de su libre determinación con autonomía. El territorio y los recursos estratégicos de México siguen en manos de un Estado en ruinas y de poderes fácticos como el crimen organizado y los capitales trasnacionales. Los megaproyectos extractivos y de infraestructura de interés privado se imponen por decreto o por la violencia articulada de mercenarios y la fuerza pública.

Tampoco hay un reconocimiento legal e institucional (siguiendo los principios rectores del derecho internacional) de las poblaciones en situación de desplazamiento forzado interno, lo que impide a estas poblaciones el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. Esta situación se agrava cuando, además, se trata de comunidades indígenas y formaciones socioculturales únicas: la migración amenaza la desaparición, aunque su descendencia perviva en la diáspora migratoria.

El territorio guarijío está ubicado fisiográficamente en la región con los yacimientos de plata más grandes del país, donde la minería exige disponibilidad de agua en una escala que implica matar al único río perenne de la zona. Además de las comunidades guarijías, en la cuenca media y alta del río Mayo se asientan comunidades yoreme y o’ob en Sonora, así como rarámuri, odami y guarojío en Chihuahua.

Las comunidades guarijías de Sonora se distribuyen en un macizo montañoso entre los municipios de Quiriego y Álamos en el sureste del Estado. Dada su dispersión territorial, los poblamientos están circunscritos a diferentes núcleos agrarios legalmente reconocidos: los ejidos Guarijíos-Burapaco, Guarijíos Los Conejos y Guajaray, además de tres asentamientos de familias guarijías sin derechos agrarios dentro del ejido San Bernardo con tierras en copropiedad.

El primer reto del equipo multidisciplinario fue el de dialogar con todos los representantes de las asambleas guarijías para conocer su petición, la amenaza de despojo territorial y el riesgo a ser desplazados de manera forzada. Nos tomó un año la elaboración conjunta con las autoridades tradicionales y los representantes agrarios de cinco formaciones comunitarias, donde aportamos toda la información pública disponible respecto a la gestión de la represa. En su propia lengua, trabajamos con las asambleas los pormenores del proyecto y sus posibles implicaciones, así como fuimos ponderando las posibles estrategias de defensa de los derechos colectivos violentados.

Al cabo de ese proceso inicial, el conjunto de asambleas comunitarias, que representan a la tribu en Sonora, formalizó su vínculo con el grupo de asesores civiles para constituirnos en sus defensores ante las instancias de autoridad del Estado que correspondiera. En contraparte, los gobernadores tradicionales y los comisariados ejidales, así como la sociedad de copropietarios de los poblados no agrarios, se constituyeron en un solo locutor político para buscar la instalación de una mesa de diálogo y negociación con representantes de los tres niveles de gobierno.

Logramos una mesa de trabajo con el Gobierno estatal, las instancias federales corresponsables y el ayuntamiento de Álamos, a partir de lo cual se firmaron acuerdos en los cuales las instituciones gubernamentales y el consorcio empresarial dueño de la concesión y el contrato se comprometieron a cumplir con todos los protocolos de factibilidad obligados por la ley. También se comprometieron a presentar a las comunidades dueñas de la tierra información detallada de forma amigable y en su propia lengua, sobre las características del proyecto y sus impactos, así como el desglose de contraprestaciones y beneficios a la tribu.

Foto: Ramón Martínez Coria

Lamentablemente, ese año se llevaron a cabo elecciones de gobierno y legisladores federales, lo que cambió la correlación de fuerzas y el Gobierno Federal dejó de ser garante del proceso. En esa coyuntura, el Gobierno de Sonora y el consorcio empresarial dueño del contrato cambiaron radicalmente su actuación: se canceló la mesa de diálogo con la tribu guarijía, y el ayuntamiento y los operadores del Gobierno de Sonora comenzaron una intensa campaña de extorsión, suspensión de programas sociales y amenazas directas contra los representantes comunitarios guarijíos para que desistieran de sus exigencias.

Dada la situación, con el ejido Guarijíos-Burapaco y la sociedad de los guarijíos de San Bernardo, los directamente afectados en sus tierras, interpusimos en tribunales un amparo indirecto contra la ocupación de tierras a favor de la obra y contra el posible desplazamiento forzado. Inicialmente, señalamos la violación al derecho de consulta y consentimiento previo, libre e informado de las comunidades presuntamente afectadas, considerando que los trabajos de la obra se habían iniciado. También presentamos una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el clima de inseguridad y amenazas contra los representantes guarijíos por parte de la autoridad estatal y municipal, además de haber iniciado de manera ilegal la construcción de la represa.

En 2013, los asesores fuimos atacados y amenazados de muerte por mercenarios contratados por gestores del Gobierno local, lo que nos obligó a inscribirnos en el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno federal. Esa intervención violenta generó una profunda división en el seno de las comunidades guarijías, donde los representantes de las comunidades no afectadas en sus tierras fueron cooptados para respaldar el proyecto de represa y presionar a sus pares afectados patrimonialmente a que cedieran sus derechos agrarios. La inseguridad y la sistemática presencia de mercenarios, conocidos como operadores del tráfico de drogas y armas en la región, nos llevó a pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La justiciabilidad de derechos humanos en México y el Sistema Interamericano

El 31 de julio de 2012, dirigimos una petición a Santiago Cantón, entonces secretario General de la CIDH, denunciando la inminente construcción de la presa de referencia en el territorio ancestral de la tribu guarijía, solicitando medidas cautelares contra cualquier acto de autoridad del Estado mexicano para impedir su desplazamiento forzado y, con ello, poner en riesgo su derecho colectivo a la vida. La documentación anexada informaba las amenazas de muerte contra los gobernadores tradicionales guarijíos y sus asesores.

Simultáneamente, desarrollamos una campaña en los medios denunciando las presiones violentas y, convocando la solidaridad y apoyo de las redes civiles y de base comunitaria defensoras de los pueblos indígenas y, sus patrimonios territoriales y bioculturales. Al interior de las comunidades también nos abocamos a generar espacios de información y deliberación para mitigar las campañas gubernamentales de desinformación y presión sobre los programas sociales ordinarios.

Foto: Ramón Martínez Coria

La primera resolución en los tribunales concedió la protección contra el presunto desplazamiento, pero no detuvo ni canceló los trabajos de construcción de la represa, con el argumento de que no había de qué defender a las comunidades guarijías si aún no había presa que los afectara. En este sentido, tuvimos que apelar al juzgado distrital para llevar la defensa al Tribunal Colegiado. La segunda resolución aceptó que el juez de distrito había sido omiso y lo instruyó para ir al fondo de la investigación, sin embargo, su sentencia solo ratificó su resolución inicial y negó que hubiera materia jurídica.

Luego de la primera solicitud de medidas precautorias, el 19 de septiembre de 2012, CIDH-OEA nos escribió electrónicamente y nos pidió responder una serie de cuestiones sobre el tema. Las autoridades guarijías elaboraron la respuesta, incluyendo el envío de un dossier impreso por mensajería al despacho de la entonces secretaria Ejecutiva, Elizabeth Abi-Mershed. Dado que no recibimos confirmación alguna (aunque la mensajería confirmó su envío y recepción en Washington), insistimos en varias oportunidades en el envío de la información. Hasta la fecha no hemos podido avanzar con esta instancia.

Subsecuentemente, en el trabajo de defensoría hemos casi agotado las instancias jurisdiccionales nacionales, aún no se extingue el juicio de amparo indirecto, donde lo único que se ha logrado es que la autoridad judicial haya mandatado la revisión del Manifiesto de Impacto Ambiental y la implementación de una consulta en los términos que establece el Convenio 169 de la OIT, esta consulta no se ha llevado a cabo hasta la fecha. De cualquier modo, durante los últimos siete años, la construcción de la represa prácticamente se ha consumado, por lo que la inundación de las comunidades guarijías es una amenaza inminente.

Pensando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Podemos entender que los tiempos de gestión en las ventanillas de la CIDH pueden ser largos, que México es uno de los países pesadilla para el Sistema Interamericano por la cantidad de quejas, peticiones y casos en revisión que se acumulan todos los meses. Lo que es difícil de manejar es la desesperación de la gente, que busca protección inaplazable en escenarios donde las autoridades del Estado de referencia violentan los derechos humanos de los grupos de población más vulnerables en vez de garantizarlos. Hemos aprendido que acudir a la CIDH actúa como un imaginario que motiva la lucha, aunque con el paso del tiempo, la falta de resultados divide el corazón colectivo de la asamblea comunitaria y nos frustra un poco a todos.

En estos años, cambió el partido gobernante en el ayuntamiento de Álamos, en el estado de Sonora y en el Gobierno Federal, pero no ha cambiado ni un ápice la consumación de la presa y su puesta en funcionamiento. Procesalmente, pendemos del último hilo de la madeja para exigir contraprestaciones, reparación de los daños y disposición de beneficios contractuales concretos para la tribu guarijía en su conjunto y para los directamente afectados en su patrimonio territorial y biocultural.

Aunque no contamos ni siquiera con una recomendación específica de la CIDH al Gobierno mexicano, sabemos que este asunto ha sido referido entre otros por relatores del mismo Sistema Interamericano como del Sistema de Naciones Unidas. Probablemente, la capacidad de gestión de los guarijíos, en el mejor de los casos, dé lugar a una acción administrativa segmentada para reparación de daños y reasentamiento de los desplazados. Sin embargo, la gente desarraigada de su monte y su río tenderá a irse: muchos jóvenes se están convirtiendo en jornaleros agrícolas en territorio yaqui y en la costa, lejos del fogón de sus padres. Tal vez olviden su lengua y acaben por no regresar.

La cuestión es comprender que la eficacia del Sistema Interamericano radica en el lobby internacional, y la protección efectiva de los pueblos originarios contra su exterminio por despojo y desplazamiento forzado, con anuencia de los Estados. Como el guarijío, en México existen innumerables casos donde las comunidades indígenas tradicionales están perdiendo la batalla. La actual crisis por la coyuntura de la pandemia del coronavirus, apenas está entrando en esos territorios de marginación y refugio. De nuevo el Estado no está en capacidad ni en condición de prevenir, mitigar o atender la catástrofe humanitaria que se cierne, de nuevo la actuación de los sistemas internacionales multilaterales de derechos humanos están lejos de presionar a los Estados para alinear perfiles de intervención con grupos vulnerables.

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