Pese a que la Constitución de 2008 garantiza los derechos colectivos, la realidad evidencia una brecha profunda: entre 2022 y 2024, más de 315.000 personas fueron desplazadas —muchas de ellas indígenas—, mientras el Estado prioriza intereses económicos sobre la protección de comunidades vulnerables. El país enfrenta una crisis socioambiental sin precedentes, donde la convergencia del capital extractivo y del capital criminal impulsa el avance de proyectos de minería, petróleo y narcotráfico, desencadenando desplazamientos forzados, violencia sistemática y la destrucción de territorios ancestrales indígenas. 

En este contexto, es necesario preguntarse cuáles son las características, causas e impactos del desplazamiento forzado interno en Ecuador, en particular sobre sus pueblos y nacionalidades indígenas. Casos como el desalojo violento de la comunidad Shuar en Nankints en 2016 y la contaminación por minería en Napo revelan patrones de despojo, militarización e impunidad que diferencian al país del resto de la región. Frente a este panorama, las respuestas estatales deambulan entre el desinterés y la criminalización de líderes, al mismo tiempo que emergen alternativas como la minería comunitaria sostenible en Kenkuim.

Una economía que fomenta la violencia

Si bien la Constitución de 2008 posiciona a Ecuador como un país garantista de derechos humanos, en la práctica existe una brecha profunda entre sus avances normativos y el desplazamiento forzado interno. Aunque la Carta Magna prohíbe el desplazamiento arbitrario y protege los territorios ancestrales indígenas, la Defensoría del Pueblo ha denunciado la falta de una ley específica que garantice su protección, reparación o retorno de las víctimas, muchas de ellas pertenecientes a comunidades indígenas.

La violencia criminal y el narcotráfico son los principales motores de esta crisis. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Ecuador cerró 2023 con uno de los índices de muertes violentas más altos de América Latina y 315.000 personas desplazadas forzadamente. Provincias como Guayas, Esmeraldas y Sucumbíos son epicentros de control territorial por grupos armados, donde el 58 por ciento de los desplazados mencionan robos violentos como causa principal. La especialista Ana Julia Viteri señala que la violencia responde a motivos económicos, no políticos, lo que dificulta la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

Mujeres, niños, niñas y grupos LGBTIQ+ representan el 55% de los desplazados, con un aumento del 42% en violencia de género entre 2023 y 2024.

Mujeres, niños, niñas y grupos LGBTIQ+ representan el 55% de los desplazados, con un aumento del 42% en violencia de género entre 2023 y 2024.

Las comunidades indígenas sufren impactos desproporcionados. Mientras ocurren desalojos violentos como el de la comunidad Shuar en Nankints, el crimen organizado recluta jóvenes por la fuerza y destruye la naturaleza a través de la minería ilegal. Además, la crisis económica profundiza el problema: el 93 por ciento de los empleos son informales y el 82 por ciento de los desplazados priorizan el acceso a alimentos y albergue. A esto se suman desastres climáticos, como el fenómeno de El Niño de 2024, que destruyó viviendas e infraestructura en 23 provincias.

Mujeres, niños, niñas y grupos LGBTIQ+ representan el 55 por ciento de los desplazados, con un aumento del 42 por ciento en violencia de género entre 2023 y 2024. Pese a ello, el Estado no reconoce el desplazamiento como categoría legal, lo cual limita las respuestas integrales. Por eso, se necesitan políticas públicas que combinen protección jurídica, inversión social y reparación, al mismo tiempo que la Corte Constitucional debe garantizar los derechos a los desplazados. Mientras tanto, miles de familias siguen atrapadas en un limbo, víctimas de una crisis que el Estado insiste en ignorar.

Desplazamiento forzado, violencia y extractivismo

La Amazonía ecuatoriana, hogar de nacionalidades como los Shuar, Kichwa, Waorani o Siekopai, enfrenta una crisis humanitaria debido al avance del crimen organizado transnacional y la explotación extractivista. Estos fenómenos han generado desplazamientos forzados, violencia sistemática y la destrucción de territorios ancestrales. La realidad de la última década evidencia un patrón de despojo donde el Estado, lejos de garantizar los derechos, prioriza intereses económicos.

En el centro-sur amazónico, el proyecto minero San Carlos-Panantza, operado por la empresa china Explorcobres S.A. (EXSA), desencadenó un conflicto emblemático. En agosto de 2016, 2.000 efectivos policiales y militares desalojaron violentamente a ocho familias shuar de Nankints. Posteriormente, un enfrentamiento en el campamento minero La Esperanza llevó a que el Gobierno declarara el Estado de Excepción, militarizara la zona y persiguiera a líderes como Agustín Wachapa. Al menos 35 familias shuar, incluyendo 46 niños y siete mujeres embarazadas, huyeron a la selva y se refugiaron en el centro Tlink en condiciones de hacinamiento, falta de atención médica y niños sin acceso a educación.

“Nos están matando, nuestro río está contaminado por mercurio, cianuro y combustible”, denuncian las comunidades Kichwa.

“Nos están matando, nuestro río está contaminado por mercurio, cianuro y combustible”, denuncian las comunidades Kichwa.

En la provincia de Zamora Chinchipe, al límite con Perú, proyectos como Mirador y Fruta del Norte han profundizado las desigualdades. Aunque la minería atrajo inversiones por 314,9 millones de dólares en inversiones en 2023, el 52 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza multidimensional. Entre 2015 y 2017, al menos 32 familias fueron desalojadas en Tundayme sin consulta previa. Las mujeres shuar, guardianas de saberes ancestrales, enfrentan una triple opresión por género, etnicidad y modelo económico. El 39,2 por ciento vive en la pobreza.

En la central provincia Napo, la minería de oro (legal e ilegal) ha devastado ríos como el Anzu y el Punino, ubicados en los territorios de los kichwa y quijos de esta región.  La corporación china Terracarth Resources opera bajo un marco legal que prioriza el subsuelo sobre los derechos indígenas. Por su parte, la minería ilegal del oro, vinculada a grupos armados, ha deforestado 2.037 hectáreas y envenenado fuentes hídricas con mercurio. “Nos están matando, nuestro río está contaminado por mercurio, cianuro y combustible”, denuncian las comunidades Kichwa.

La minería y el narcotráfico: de la contaminación de ríos a la palma africana 

El caso del cantón Carlos Julio Arosemena Tola resulta paradigmático. Allí, las concesiones mineras han avanzado sobre territorios ancestrales de las comunidades Kichwas. Las denuncias presentadas por los líderes comunitarios sobre la presencia de maquinaria pesada y contaminación en los ríos no han tenido respuesta efectiva por parte del Estado. “Las instituciones responsables del control ambiental y de los recursos naturales no ejercen una vigilancia efectiva, y en muchos casos actúan como cómplices de la expansión minera”, sostiene un informe del Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador.

Este patrón de complicidad institucional se repite en otros cantones, como Tena y Archidona, donde las empresas mineras suelen operar sin cumplir con requisitos como la consulta previa, libre e informada, un derecho reconocido por la Constitución del Ecuador. Las comunidades se ven obligadas a enfrentar solas a actores con poder económico y político, mientras el Estado permanece ausente o actúa como mediador en favor del capital. Una de las consecuencias más graves es el impacto sobre las fuentes de agua. La contaminación de los ríos Jatunyacu, Anzu y Napo afectan no sólo a la biodiversidad, sino también al consumo humano.

Los líderes que resisten la minería son amenazados, sufren campañas de desprestigio y padecen procesos judiciales infundados.

Los líderes que resisten la minería son amenazados, sufren campañas de desprestigio y padecen procesos judiciales infundados.

Además, se ha registrado un cambio en la organización social. La entrada de actores externos vinculados a la minería ha generado divisiones internas en las comunidades, donde algunos ven en la actividad extractiva una oportunidad económica, mientras otros resisten por la defensa de sus territorios. Esta tensión, muchas veces, se traduce en conflictos intracomunitarios y en la criminalización de los defensores del territorio. Peor aún, los líderes que resisten la minería son amenazados, sufren campañas de desprestigio y padecen procesos judiciales infundados.

El narcotráfico también corroe territorios indígenas. Situado entre Colombia y Perú, Ecuador es ahora un centro de acopio de cocaína. En 2020, se incautaron 128 toneladas de narcóticos, mientras grupos armados reclutan forzosamente a indígenas awá y siona. La minería ilegal y el narcotráfico también convergen en Esmeraldas, la provincia del litoral que limita con Colombia: los cultivos de palma africana camuflan las plantaciones de coca, desplazan a comunidades y, en 2019, destruyeron 114 kilómetros cuadrados de selva.

Respuestas estatales frente al desplazamiento forzado: omisiones y desafíos

El Estado ecuatoriano ha implementado medidas como la visa VIRTE, que regularizó a 95.809 personas hasta 2024, y la Iniciativa de Movilidad Segura para refugiados. Sin embargo, estas acciones contrastan con la falta de un registro unificado de desplazados internos: una carencia crítica que impide dimensionar la crisis y diseñar políticas públicas efectivas. La Defensoría del Pueblo ha exigido este sistema, pero los avances son mínimos.

Uno de los mayores obstáculos es la criminalización de líderes indígenas que defienden sus territorios. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) documentó los casos de dirigentes acusados de terrorismo o sabotaje por oponerse a megaproyectos. Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, denunció: Nos quieren enjuiciar por defender nuestros territorios. Es una estrategia para sembrar miedo”. Además de violar derechos individuales, la persecución debilita la organización comunitaria.

Muchas víctimas desconocen sus derechos constitucionales, lo que agrava su indefensión. A esto se suma la impunidad: los crímenes cometidos por grupos armados en zonas fronterizas rara vez se investigan.

Según ACNUR, las comunidades indígenas enfrentan barreras como la falta de intérpretes en lenguas originarias y la desconfianza histórica hacia las instituciones.

El acceso a la justicia también es limitado. Según ACNUR, las comunidades indígenas enfrentan barreras como la falta de intérpretes en lenguas originarias y la desconfianza histórica hacia las instituciones. Muchas víctimas desconocen sus derechos constitucionales, lo que agrava su indefensión. A esto se suma la impunidad: los crímenes cometidos por grupos armados en zonas fronterizas rara vez se investigan.

Frente al aumento de la violencia en el país, los organismos internacionales han emitido recomendaciones clave: 1) aprobar una ley de desplazamiento interno con un enfoque diferencial para Pueblos Indígenas, que incluya asistencia humanitaria y reparación integral; 2) garantizar la consulta previa en proyectos extractivos, conforme al Convenio 169 de la OIT, evitando formalismos y asegurando la participación real; 3) crear un registro nacional de víctimas, coordinado con la Defensoría del Pueblo y ACNUR, para visibilizar a esta población y asignar recursos de manera eficiente.

Alternativas que tejen esperanza

Mientras tanto, las familias desplazadas en la Amazonía, la Costa y los Andes sobreviven en condiciones precarias, sin acceso a la salud y la educación, y con escasas esperanzas de retorno. Frente al avance del extractivismo y el crimen organizado, surgen modelos como el de la comunidad Shuar de Kenkuim, que demuestran que otra minería es posible. Su proyecto Exploken Minera, pionero en Sudamérica, combina autonomía indígena y sostenibilidad ambiental, evitando el uso de mercurio y priorizando la remediación de daños históricos. “No usamos mercurio. Somos shuar y cuidamos nuestra tierra”, afirma el líder Alipio Wajari.

Este caso, aunque con tensiones internas y desafíos económicos, encarna una alternativa al extractivismo destructivo, alineado con el Sumak Kawsay y los derechos constitucionales. Sin embargo, estas iniciativas contrastan con la ausencia estatal y la falta de políticas integrales que protejan los territorios ancestrales. Mientras el Estado prioriza intereses económicos, las comunidades resisten: organizan brigadas de vigilancia, promueven las economías locales, crean proyectos de agroecología y turismo comunitario, y exigen reparación para las víctimas del desplazamiento forzado. 

La brecha entre el discurso constitucional del Buen Vivir y la realidad de estas comunidades sigue creciendo. El crimen organizado no sólo explota recursos, sino que fractura la identidad de los Pueblos Originarios. Su lucha, marcada por la defensa de la tierra y la cultura, es un llamado urgente a repensar el desarrollo desde la justicia ambiental y de género. El camino hacia una transición justa requiere reconocer que estas violaciones son estructurales y apoyar las alternativas que, desde los territorios, tejen esperanza en medio de la crisis.

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Los territorios de los Pueblos Indígenas de Ecuador se caracterizan por su rica biodiversidad y, al mismo tiempo, por albergar importantes recursos del subsuelo, como hidrocarburos y minerales metálicos y no metálicos. La extracción de estos recursos ha sido el eje del modelo primario exportador de la economía del país durante el último medio siglo. Esto significa que es una economía anclada a la dinámica del mercado global de commodities, en especial, de petróleo, oro y cobre.

Por su parte, el mercado de minerales está controlado por las corporaciones transnacionales que suscriben contratos altamente favorables para los inversionistas extranjeros. Con el 80% de la minería andina bajo control de compañías de Canadá, Estados Unidos, China, Sudáfrica y Suiza, ¿cuánto de esta riqueza se queda realmente en casa? La explotación de minerales metálicos (como oro, cobre y plata) es priorizada como motor de crecimiento económico, pero con costos socioambientales elevados: vulneración de derechos indígenas, daños al territorio y desplazamientos de comunidades. Asimismo, la volatilidad de los precios internacionales incentiva ciclos de sobreexplotación durante los booms y de crisis durante las caídas.

Un avance sin freno

En ese contexto, la economía dolarizada de Ecuador, con un Estado dependiente de las rentas provenientes de actividades extractivas, ha buscado en la última década diversificar su matriz productiva y reducir su dependencia de la exportación del petróleo. En este marco, la expansión de la minería ha generado ciertas oportunidades de inversión formal y legal. Sin embargo, ha provocado dos grandes efectos perversos: la aparición agresiva de la minería ilegal y el incremento de conflictos socioambientales, acompañados por la vulneración de derechos colectivos y daños a los territorios de Pueblos Indígenas. 

Según el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador, el sector minero emplea de manera directa a más de 20.000 personas y de manera indirecta a cerca de 100.000. Asimismo, entre 1985 y 2023, la minería legal e ilegal alcanzó las 13.000 hectáreas a nivel nacional. En los últimos años, se ha expandido a un ritmo de 2.600 hectáreas por año, lo que representa un 35 por ciento del total alcanzado en los últimos 35 años.

La minería ilegal se ha expandido hasta en 500 hectáreas en sólo un año. En toda la región amazónica ecuatoriana, se estima que 7.490 hectáreas han sido afectadas por la minería ilegal, especialmente la aurífera. 

En toda la región amazónica ecuatoriana, se estima que 7.490 hectáreas han sido afectadas por la minería ilegal, especialmente la aurífera.

El 70 por ciento de la expansión se concentra en la Amazonía, donde operan los proyectos a cielo abierto, como Cóndor Mirador (en fase de explotación) y Warintza (en fase de exploración). Según la Fundación Ecociencia, en la Amazonía central, particularmente en Napo, la minería ilegal se ha expandido hasta en 500 hectáreas en sólo un año. En toda la región amazónica ecuatoriana, se estima que 7.490 hectáreas han sido afectadas por la minería ilegal, especialmente la aurífera. 

Según datos del Ministerio de Ambiente, la minería ilegal ha afectado 562 hectáreas en cuatro áreas protegidas de esta región: la Reserva Cofán Bermejo, el Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras, el Refugio de Vida Silvestre El Zarza y el Parque Nacional Podocarpus. La minería ilegal también afecta territorios en los Andes, en las provincias de Bolívar, Azuay e Imbabura, así como territorios indígenas y de comunidades afroecuatorianas de la provincia de Esmeraldas.

La minería y el crimen organizado en Napo

El territorio de la provincia de Napo ha sido el espacio de vida de los antiguos Quijos y Napo Runa, así como de los Waorani. A lo largo de los siglos XIX y XX, al menos dos grandes oleadas de colonos ocuparon parcialmente sus tierras, que se caracterizan por una gran biodiversidad y distintos pisos ecológicos. En esta zona, las comunidades indígenas han desarrollado empresas comunitarias de silvicultura y producción orgánica de cacao y chonta en Rukullacta, y la red de turismo comunitario manejada por la Federación de Organización Indígenas de Napo (FOIN). 

Sin embargo, todo se ha visto alterado de manera significativa, debido a la llegada de la minería legal e ilegal. Entre 2015 y 2021, las áreas con actividad minera crecieron en 855 hectáreas, según datos del Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos (MAAP) y la Fundación Ecociencia. El problema es aún más grave: entre 2022 y 2024, la expansión minera en los cantones Carlos Julio Arosemena Tola y Tena se duplicó, pasando de 1.118 a 2.024 hectáreas. El impacto ambiental es evidente. Entre 2019 y 2021, la deforestación minera arrasó 32 hectáreas de bosque, mientras que en 2022, la pérdida ascendió a 185 hectáreas. Además, ha habido un incremento del 300% en la actividad minera desde 2015.

La explotación minera en Napo ha generado una estructura de crimen organizado similar al narcotráfico.

La explotación minera en Napo ha generado una estructura de crimen organizado similar al narcotráfico.

Paradójicamente, a inicios de 2022, en Napo existían 142 concesiones de oro y materiales pétreos, pero ninguna cumplía con los requisitos para operar. De ellas, 62 estaban suspendidas, 45 habían perdido el derecho a explotación y 35 estaban en trámite. Es decir, al 18 de marzo de ese año, toda la actividad minera en la provincia era ilegal.  

En ese contexto, la explotación minera en Napo ha generado una estructura de crimen organizado similar al narcotráfico. Se estima que en seis zonas clave (Ahuano, CIAT, Río Punino, Río Jatun Yaku, Puninos y Río Anzú) se extraen entre 150.000 y 230.000 gramos de oro de 18 quilates diariamente, lo que equivale a ingresos de entre 8.000.000 y 11.000.000 de dólares por día. Adicionalmente, el aumento de la minería ha intensificado los conflictos sociales. Los líderes comunitarios y activistas han denunciado amenazas y agresiones.

La creciente tensión en Las Naves

El conflicto minero en el cantón Las Naves, en la Sierra Central, se ha intensificado debido a la expansión de la minería en la región. Uno de los hitos más importantes ocurrió en 1993, cuando la población expulsó a la compañía británica Río Tinto de la provincia, estableciendo un precedente de resistencia civil frente al extractivismo. En 2003, se otorgó la concesión minera Las Naves a un actor privado, que luego transfirió los derechos a la empresa Amlatminas y, posteriormente, a Curimining, filial de la canadiense Salazar Holdings. 

A pesar de la oposición, en 2015, el Ministerio de Ambiente autorizó la fase de exploración avanzada sin consulta previa a la población. En 2021, el gobierno de Guillermo Lasso impulsó la actividad minera mediante el Decreto Ejecutivo 151, facilitando la explotación de proyectos considerados estratégicos. Esta medida generó condiciones para que el conflicto escalara en octubre del 2021, cuando una “marcha por la paz” organizada por sectores afines a Curimining derivó en hechos de violencia y fragmentación social.

Un año después, el gobierno firmó un contrato por $292 millones de dólares con empresas mineras extranjeras para la explotación del yacimiento. En junio del 2023, el Ministerio de Ambiente anunció la consulta ambiental sobre el Estudio de Impacto Ambiental, pero las comunidades campesinas denunciaron que se llevó a cabo sin garantías democráticas. La consulta solo incluyó a siete comunidades del área de influencia, excluyendo a diez que dependen de las fuentes hídricas de la región. En respuesta, el 14 de julio la comunidad organizó una protesta que fue reprimida con gases lacrimógenos, dejando 13 personas heridas y dos detenidas.

El caso de Las Naves refleja la creciente tensión entre la expansión minera y la defensa del territorio. La población planea apelar a instancias internacionales para encontrar justicia.

El caso de Las Naves refleja la creciente tensión entre la expansión minera y la defensa del territorio. La población planea apelar a instancias internacionales para encontrar justicia.

En agosto de 2023, los detenidos fueron enjuiciados por daño a bien público, enfrentando un proceso judicial sin garantías. La criminalización de defensores del territorio continuó con nuevas detenciones y procesos judiciales en 2024. En junio pasado, las comunidades de Buenos Aires, Bellavista y Jerusalén presentaron una acción de protección contra el Ministerio de Ambiente, que fue rechazada. El caso de Las Naves refleja la creciente tensión entre la expansión minera y la defensa del territorio. La población planea apelar a instancias internacionales para encontrar justicia.

El caso de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo

La Reserva Ecológica Cofán Bermejo abarca 55.451 hectáreas en la frontera con Colombia. Con una densa cobertura de bosque tropical, esta área protegida es una de los principales santuarios de la biodiversidad y territorio de los a’i cofán. Las familias conviven con monos aulladores, cusumbos, osos hormigueros, jaguares, pumas y tigrillos. En los últimos 40 años, los a’i cofán han vivido múltiples amenazas a sus territorios: proyectos petroleros, tráfico de madera e invasión de colonos y traficantes de tierras. 

En tiempos recientes, se han sumado las actividades mineras. El Monitoreo de la Amazonía Andina ha identificado 337 hectáreas afectadas en la zona de amortiguamiento de la reserva por la minería ilegal. De este total, al menos 1,05 hectáreas se encuentran dentro de los límites del área protegida, un hecho que pone en jaque la integridad del ecosistema: ingresa maquinaria pesada, destruyen el bosque, excavan grandes cráteres, crean piscinas para extraer oro y contaminan el agua.

El caso de Las Naves refleja la creciente tensión entre la expansión minera y la defensa del territorio. La población planea apelar a instancias internacionales para encontrar justicia.

Los guardaparques, apenas una decena para toda la reserva, enfrentan un riesgo constante y han recibido amenazas tras realizar operativos contra la minería ilegal.

La avaricia por los recursos ha propiciado el surgimiento de grupos armados en la región, particularmente en Barranca Bermeja. Sin presencia estatal, los Comandos de Frontera, una disidencia de las FARC, imponen su autoridad y exigen identificación a los residentes. Además de la minería ilegal, actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando de combustibles y la trata de personas son sombras que se ciernen sobre esta región fronteriza. La pandemia, lejos de ser un respiro, intensificó el auge de la minería ilegal, especialmente, en la zona de amortiguamiento.

Las comunidades shuar, como Taruka y Etsa, han implementado controles internos para regular la actividad en sus territorios. La reserva, creada por el pueblo A’i Cofán para proteger su territorio ancestral, se encuentra en un punto crítico. Varios de sus líderes han recibido amenazas por monitorear la actividad ilegal, y el miedo a represalias silencia las voces que se atreven a hablar públicamente. Los guardaparques, apenas una decena para custodiar toda la reserva, enfrentan un riesgo constante y han recibido amenazas tras realizar operativos contra la minería ilegal.

Derechos humanos y conflictos en un futuro sombrío

Sin embargo, más que un problema ambiental, la actividad minera se ha convertido en una red de corrupción y crimen organizado que involucra empresarios, policías y funcionarios públicos. Carlos Mazabanda, de Amazon Frontlines, advierte que las concesiones mineras legales han servido como pantalla para la minería ilegal, mientras que investigaciones periodísticas han comprobado que los contratos oscuros facilitan su expansión. Además, datos del Banco Central de Ecuador y registros de China evidencian una discrepancia millonaria en la exportación de oro, lo que sugiere la existencia de una red de lavado de dinero. 

Para Mazabanda, la declaración del presidente Daniel Noboa sobre un conflicto armado interno ignora que la minería ilegal financia a grupos criminales. El oro se ha convertido en la actividad criminal más dominante en la Amazonía ecuatoriana, según Amazon Watch. Las bandas vinculadas al narcotráfico han encontrado en la minería ilegal una forma de lavado de dinero, intensificando la violencia, la extorsión y el contrabando de mercurio, armas y drogas. En provincias como El Oro, Azuay, Imbabura, Napo y Zamora Chinchipe, grupos como Los Lobos han tomado el control de la actividad minera.  

Empresas fantasma, creadas bajo el régimen de Sociedades Anónimas Simplificadas, facilitaron el blanqueo de capitales, lo que permitió que exportadores sin concesiones operaran libremente.

A pesar de que la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) suspendió el registro minero en 2018, otorgó más de 650 concesiones entre 2019 y 2024.

El auge de la minería de oro a pequeña escala es innegable: en 2023, las exportaciones superaron los $1.260.000, excediendo incluso a la única minera formal del país. Este crecimiento ha ido acompañado del dominio del crimen organizado. Entre 2019 y 2023, las tasas de homicidios se quintuplicaron, afectando especialmente a comunidades indígenas y ecosistemas frágiles. A pesar de que la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) suspendió el registro minero en 2018, se otorgaron más de 650 concesiones entre 2019 y 2024. Al menos 15 empresas y 18 individuos han obtenido oro ilegalmente con la complicidad de reguladores.

Fernando Benalcázar, exviceministro de Minería, señala que la desaparición de ARCOM en 2020 desató un descontrol total. Empresas fantasma, creadas bajo el régimen de Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), facilitaron el blanqueo de capitales, lo que permitió que exportadores sin concesiones operaran libremente. Mientras tanto, organismos como el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) han fallado en supervisar el origen del dinero que circula en este negocio multimillonario. En agosto de 2024, el gobierno reinstauró ARCOM, pero la pregunta sigue abierta: ¿será suficiente para frenar una industria en la que el crimen organizado ha echado raíces profundas?

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