El crecimiento del narcotráfico y la minería durante la última década ha impactado gravemente en los territorios indígenas. Si bien la nueva Constitución de 2008 ha elevado las garantías y derechos colectivos, el Estado permanece indiferente a la profundización de la violencia. En toda la Amazonía, las familias shuar, kichwa, waorani y siekopai se han visto obligadas a abandonar sus hogares con el objetivo de encontrar tierras aptas para sobrevivir. La producción de cocaína, la extracción de oro y la palma africana avanzan sin piedad sobre sus tierras.
El desplazamiento forzado interno en Ecuador ha experimentado un aumento significativo entre 2020 y 2024, impulsado por la violencia criminal, la expansión de grupos armados organizados y la crisis socioeconómica agravada por el Covid-19. Aunque el país no cuenta con una legislación específica para atender este fenómeno, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han documentado su crecimiento, especialmente en zonas fronterizas y urbanas marginales.
Pese a que la Constitución de 2008 garantiza los derechos colectivos, la realidad evidencia una brecha profunda: entre 2022 y 2024, más de 315.000 personas fueron desplazadas —muchas de ellas indígenas—, mientras el Estado prioriza intereses económicos sobre la protección de comunidades vulnerables. El país enfrenta una crisis socioambiental sin precedentes, donde la convergencia del capital extractivo y del capital criminal impulsa el avance de proyectos de minería, petróleo y narcotráfico, desencadenando desplazamientos forzados, violencia sistemática y la destrucción de territorios ancestrales indígenas.
En este contexto, es necesario preguntarse cuáles son las características, causas e impactos del desplazamiento forzado interno en Ecuador, en particular sobre sus pueblos y nacionalidades indígenas. Casos como el desalojo violento de la comunidad Shuar en Nankints en 2016 y la contaminación por minería en Napo revelan patrones de despojo, militarización e impunidad que diferencian al país del resto de la región. Frente a este panorama, las respuestas estatales deambulan entre el desinterés y la criminalización de líderes, al mismo tiempo que emergen alternativas como la minería comunitaria sostenible en Kenkuim.
Una economía que fomenta la violencia
Si bien la Constitución de 2008 posiciona a Ecuador como un país garantista de derechos humanos, en la práctica existe una brecha profunda entre sus avances normativos y el desplazamiento forzado interno. Aunque la Carta Magna prohíbe el desplazamiento arbitrario y protege los territorios ancestrales indígenas, la Defensoría del Pueblo ha denunciado la falta de una ley específica que garantice su protección, reparación o retorno de las víctimas, muchas de ellas pertenecientes a comunidades indígenas.
La violencia criminal y el narcotráfico son los principales motores de esta crisis. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Ecuador cerró 2023 con uno de los índices de muertes violentas más altos de América Latina y 315.000 personas desplazadas forzadamente. Provincias como Guayas, Esmeraldas y Sucumbíos son epicentros de control territorial por grupos armados, donde el 58 por ciento de los desplazados mencionan robos violentos como causa principal. La especialista Ana Julia Viteri señala que la violencia responde a motivos económicos, no políticos, lo que dificulta la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.
Mujeres, niños, niñas y grupos LGBTIQ+ representan el 55% de los desplazados, con un aumento del 42% en violencia de género entre 2023 y 2024.
Mujeres, niños, niñas y grupos LGBTIQ+ representan el 55% de los desplazados, con un aumento del 42% en violencia de género entre 2023 y 2024.
Las comunidades indígenas sufren impactos desproporcionados. Mientras ocurren desalojos violentos como el de la comunidad Shuar en Nankints, el crimen organizado recluta jóvenes por la fuerza y destruye la naturaleza a través de la minería ilegal. Además, la crisis económica profundiza el problema: el 93 por ciento de los empleos son informales y el 82 por ciento de los desplazados priorizan el acceso a alimentos y albergue. A esto se suman desastres climáticos, como el fenómeno de El Niño de 2024, que destruyó viviendas e infraestructura en 23 provincias.
Mujeres, niños, niñas y grupos LGBTIQ+ representan el 55 por ciento de los desplazados, con un aumento del 42 por ciento en violencia de género entre 2023 y 2024. Pese a ello, el Estado no reconoce el desplazamiento como categoría legal, lo cual limita las respuestas integrales. Por eso, se necesitan políticas públicas que combinen protección jurídica, inversión social y reparación, al mismo tiempo que la Corte Constitucional debe garantizar los derechos a los desplazados. Mientras tanto, miles de familias siguen atrapadas en un limbo, víctimas de una crisis que el Estado insiste en ignorar.
Desplazamiento forzado, violencia y extractivismo
La Amazonía ecuatoriana, hogar de nacionalidades como los Shuar, Kichwa, Waorani o Siekopai, enfrenta una crisis humanitaria debido al avance del crimen organizado transnacional y la explotación extractivista. Estos fenómenos han generado desplazamientos forzados, violencia sistemática y la destrucción de territorios ancestrales. La realidad de la última década evidencia un patrón de despojo donde el Estado, lejos de garantizar los derechos, prioriza intereses económicos.
En el centro-sur amazónico, el proyecto minero San Carlos-Panantza, operado por la empresa china Explorcobres S.A. (EXSA), desencadenó un conflicto emblemático. En agosto de 2016, 2.000 efectivos policiales y militares desalojaron violentamente a ocho familias shuar de Nankints. Posteriormente, un enfrentamiento en el campamento minero La Esperanza llevó a que el Gobierno declarara el Estado de Excepción, militarizara la zona y persiguiera a líderes como Agustín Wachapa. Al menos 35 familias shuar, incluyendo 46 niños y siete mujeres embarazadas, huyeron a la selva y se refugiaron en el centro Tlink en condiciones de hacinamiento, falta de atención médica y niños sin acceso a educación.
“Nos están matando, nuestro río está contaminado por mercurio, cianuro y combustible”, denuncian las comunidades Kichwa.
“Nos están matando, nuestro río está contaminado por mercurio, cianuro y combustible”, denuncian las comunidades Kichwa.
En la provincia de Zamora Chinchipe, al límite con Perú, proyectos como Mirador y Fruta del Norte han profundizado las desigualdades. Aunque la minería atrajo inversiones por 314,9 millones de dólares en inversiones en 2023, el 52 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza multidimensional. Entre 2015 y 2017, al menos 32 familias fueron desalojadas en Tundayme sin consulta previa. Las mujeres shuar, guardianas de saberes ancestrales, enfrentan una triple opresión por género, etnicidad y modelo económico. El 39,2 por ciento vive en la pobreza.
En la central provincia Napo, la minería de oro (legal e ilegal) ha devastado ríos como el Anzu y el Punino, ubicados en los territorios de los kichwa y quijos de esta región. La corporación china Terracarth Resources opera bajo un marco legal que prioriza el subsuelo sobre los derechos indígenas. Por su parte, la minería ilegal del oro, vinculada a grupos armados, ha deforestado 2.037 hectáreas y envenenado fuentes hídricas con mercurio. “Nos están matando, nuestro río está contaminado por mercurio, cianuro y combustible”, denuncian las comunidades Kichwa.
La minería y el narcotráfico: de la contaminación de ríos a la palma africana
El caso del cantón Carlos Julio Arosemena Tola resulta paradigmático. Allí, las concesiones mineras han avanzado sobre territorios ancestrales de las comunidades Kichwas. Las denuncias presentadas por los líderes comunitarios sobre la presencia de maquinaria pesada y contaminación en los ríos no han tenido respuesta efectiva por parte del Estado. “Las instituciones responsables del control ambiental y de los recursos naturales no ejercen una vigilancia efectiva, y en muchos casos actúan como cómplices de la expansión minera”, sostiene un informe del Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador.
Este patrón de complicidad institucional se repite en otros cantones, como Tena y Archidona, donde las empresas mineras suelen operar sin cumplir con requisitos como la consulta previa, libre e informada, un derecho reconocido por la Constitución del Ecuador. Las comunidades se ven obligadas a enfrentar solas a actores con poder económico y político, mientras el Estado permanece ausente o actúa como mediador en favor del capital. Una de las consecuencias más graves es el impacto sobre las fuentes de agua. La contaminación de los ríos Jatunyacu, Anzu y Napo afectan no sólo a la biodiversidad, sino también al consumo humano.
Los líderes que resisten la minería son amenazados, sufren campañas de desprestigio y padecen procesos judiciales infundados.
Los líderes que resisten la minería son amenazados, sufren campañas de desprestigio y padecen procesos judiciales infundados.
Además, se ha registrado un cambio en la organización social. La entrada de actores externos vinculados a la minería ha generado divisiones internas en las comunidades, donde algunos ven en la actividad extractiva una oportunidad económica, mientras otros resisten por la defensa de sus territorios. Esta tensión, muchas veces, se traduce en conflictos intracomunitarios y en la criminalización de los defensores del territorio. Peor aún, los líderes que resisten la minería son amenazados, sufren campañas de desprestigio y padecen procesos judiciales infundados.
El narcotráfico también corroe territorios indígenas. Situado entre Colombia y Perú, Ecuador es ahora un centro de acopio de cocaína. En 2020, se incautaron 128 toneladas de narcóticos, mientras grupos armados reclutan forzosamente a indígenas awá y siona. La minería ilegal y el narcotráfico también convergen en Esmeraldas, la provincia del litoral que limita con Colombia: los cultivos de palma africana camuflan las plantaciones de coca, desplazan a comunidades y, en 2019, destruyeron 114 kilómetros cuadrados de selva.
Respuestas estatales frente al desplazamiento forzado: omisiones y desafíos
El Estado ecuatoriano ha implementado medidas como la visa VIRTE, que regularizó a 95.809 personas hasta 2024, y la Iniciativa de Movilidad Segura para refugiados. Sin embargo, estas acciones contrastan con la falta de un registro unificado de desplazados internos: una carencia crítica que impide dimensionar la crisis y diseñar políticas públicas efectivas. La Defensoría del Pueblo ha exigido este sistema, pero los avances son mínimos.
Uno de los mayores obstáculos es la criminalización de líderes indígenas que defienden sus territorios. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) documentó los casos de dirigentes acusados de terrorismo o sabotaje por oponerse a megaproyectos. Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, denunció: Nos quieren enjuiciar por defender nuestros territorios. Es una estrategia para sembrar miedo”. Además de violar derechos individuales, la persecución debilita la organización comunitaria.
Muchas víctimas desconocen sus derechos constitucionales, lo que agrava su indefensión. A esto se suma la impunidad: los crímenes cometidos por grupos armados en zonas fronterizas rara vez se investigan.
Según ACNUR, las comunidades indígenas enfrentan barreras como la falta de intérpretes en lenguas originarias y la desconfianza histórica hacia las instituciones.
El acceso a la justicia también es limitado. Según ACNUR, las comunidades indígenas enfrentan barreras como la falta de intérpretes en lenguas originarias y la desconfianza histórica hacia las instituciones. Muchas víctimas desconocen sus derechos constitucionales, lo que agrava su indefensión. A esto se suma la impunidad: los crímenes cometidos por grupos armados en zonas fronterizas rara vez se investigan.
Frente al aumento de la violencia en el país, los organismos internacionales han emitido recomendaciones clave: 1) aprobar una ley de desplazamiento interno con un enfoque diferencial para Pueblos Indígenas, que incluya asistencia humanitaria y reparación integral; 2) garantizar la consulta previa en proyectos extractivos, conforme al Convenio 169 de la OIT, evitando formalismos y asegurando la participación real; 3) crear un registro nacional de víctimas, coordinado con la Defensoría del Pueblo y ACNUR, para visibilizar a esta población y asignar recursos de manera eficiente.
Alternativas que tejen esperanza
Mientras tanto, las familias desplazadas en la Amazonía, la Costa y los Andes sobreviven en condiciones precarias, sin acceso a la salud y la educación, y con escasas esperanzas de retorno. Frente al avance del extractivismo y el crimen organizado, surgen modelos como el de la comunidad Shuar de Kenkuim, que demuestran que otra minería es posible. Su proyecto Exploken Minera, pionero en Sudamérica, combina autonomía indígena y sostenibilidad ambiental, evitando el uso de mercurio y priorizando la remediación de daños históricos. “No usamos mercurio. Somos shuar y cuidamos nuestra tierra”, afirma el líder Alipio Wajari.
Este caso, aunque con tensiones internas y desafíos económicos, encarna una alternativa al extractivismo destructivo, alineado con el Sumak Kawsay y los derechos constitucionales. Sin embargo, estas iniciativas contrastan con la ausencia estatal y la falta de políticas integrales que protejan los territorios ancestrales. Mientras el Estado prioriza intereses económicos, las comunidades resisten: organizan brigadas de vigilancia, promueven las economías locales, crean proyectos de agroecología y turismo comunitario, y exigen reparación para las víctimas del desplazamiento forzado.
La brecha entre el discurso constitucional del Buen Vivir y la realidad de estas comunidades sigue creciendo. El crimen organizado no sólo explota recursos, sino que fractura la identidad de los Pueblos Originarios. Su lucha, marcada por la defensa de la tierra y la cultura, es un llamado urgente a repensar el desarrollo desde la justicia ambiental y de género. El camino hacia una transición justa requiere reconocer que estas violaciones son estructurales y apoyar las alternativas que, desde los territorios, tejen esperanza en medio de la crisis.
Pablo Ortiz-T. es sociólogo y doctor en Estudios Culturales. Además, es coordinador del Grupo de Investigación Estado y Desarrollo (GIEDE) de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, e investigador asociado de IWGIA. Contacto: portiz@ups.edu.ec